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Sentencia CP-381-11 — Registro 2905

Resumen

Se condenó al imputado por el delito de actos preparatorios para la elaboracion de drogas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...La Sala de lo Penal señala, que los argumentos del Censor no son de recibo, éstos por una parte se plantean de forma errónea, abordando varios temas de manera pendular y por otra parte, se señalan alegatos que no son propios al Recurso de Casación por Infracción de Ley. Ahora bien, y habiéndose abierto el examen de legalidad sustantiva esta Sala de lo Penal, determina que los hechos declarados probados se ajustan al ámbito situacional descrito en el

artículo 17 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas, por lo que ha existido de parte de los juzgadores una indebida aplicación del artículo 19 de la misma ley y no una indebida interpretación como lo refirió el Censor, considerando: 1) Los hechos probados establecen que el acusado M. T. S. pertenecía a una agrupación de personas que se dedicaban a la obtención de Pseudofedrina para la elaboración de drogas ilegales como Ice y Éxtasis, es pues que la participación del acusado es a título de coautor en los hechos, al acordar con otros la realización de conductas diferenciadas penalmente relevantes, existiendo entre ellos una división funcional de roles, cuya suma permitía la ejecución del delito; 2) Los hechos probados señalan, que el acusado junto con otras personas compraron en comercios grandes cantidades de medicamentos que tenían entre sus componentes la Pseudoefedrina, los que procesaban en cuatro inmuebles diferentes para aislarla, y una vez esto el componente era colocado en tambos mezclado con maíz quebrado para ocultarlo, trasladándolo fuera de Tegucigalpa para la elaboración de las drogas ilegales conocidas como Ice y Éxtasis; estos hechos dan cuenta de un acto consumado y no de actos preparatorios, no se trata entonces de que el acusado por si sólo o en colusión con otros, estaban obteniendo la pseudofedrina para en el futuro proceder a la fabricación de drogas ilegales o de obtener la sustancia para que terceros más tarde fabricaran las drogas, los hechos probados determinan que la sustancia estaba siendo usada por el acusado y su grupo para la fabricación de las drogas ilegales. Comprueba este Tribunal de Casación que es improcedente la calificación hecha por el A-quo al señalar que los hechos probados dan cuenta de un delito de Actos Preparatorios para la Fabricación de Drogas, ya que estos responden a un delito consumado y por tanto el delito reprochable al acusado es el que describe el artículo 17, el cual indica que será sancionado quien “…fabrique ilícitamente drogas, estupefacientes o sustancias controladas, que produzcan dependencias, será castigado con reclusión de nueve a quince años y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras”. Como consecuencia de lo anterior, esta Sala de lo Penal, es del parecer que el acusado M. T. S., es penalmente responsable a título de coautor de un delito consumado de FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo que debe de ser condenado a la pena abstracta que señala el artículo 17 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, criterio que no colisiona con el Principio de Correlación entre sentencia y acusación contenido en el artículo 337 del Código Procesal Penal, el que exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia y el contenido de la acusación fijada en la audiencia de formalización de cargos, y que no se rompe cuando conforme a lo probado en juicio se da una recalificación jurídica de la figura penal siempre que: 1) El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2) En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; 3) El delito apreciado y por el cual se hace la recalificación no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de menos gravedad o incluso una falta. En el presente caso, procede la recalificación de la figura delictiva por ser concordante con los hechos declarados probados, por ser el delito de Actos Preparatorios para el Tráfico Ilícito de Drogas por el cual imputó el Ministerio Público (f. 417) un tipo penal que se relaciona con el delito de Fabricación de Drogas Ilícitas, al proteger ambos el mismo bien jurídico como es la Salud de la Población del Estado de Honduras, por no implicar la recalificación la inclusión de hechos distintos a los debatidos y porque la nueva figura delictiva no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público al tener señalada una pena menos grave. Tampoco éste criterio colisiona con el Principio de la No Reforma Peyorativa contenido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, dado que el delito por el cual se recalifican los hechos declarados probados tiene señalada una pena menor al que originalmente calificó el Tribunal de Sentencia, aún cuando irónicamente el delito por el cual se condenó al acusado en la instancia reproche actos preparatorios para la fabricación de drogas ilícitas y el delito por el cual esta Sala de lo Penal, esta recalificando sea un delito consumado de FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS, lo cual evidencia que en dicha materia las penas no han sido establecidas de manera coherente por el Legislador, pues se sanciona con más gravedad los hechos “preparativos” que al delito “consumado”. V. Para efectos de la individualización de la pena concreta, éste Tribunal de Casación, ha considerado que las partes en la audiencia de individualización de pena no propusieron medios de prueba alguno, siendo acertadas las aseveraciones de los Juzgadores de la instancia (F. 617) al determinar dentro de la prognosis criminal del acusado el hecho de que ejecutó el delito en colusión de varias personas, algunos de ellos no nacionales, quienes atentaron no solamente en contra de los intereses del Estado de Honduras, sino además en contra de los intereses de la República de Guatemala, hasta donde se trasladaba la pseudoefedrina, por lo que la pena concreta de reclusión debe de ser superior a la pena mínima abstracta y la pena principal de multa debe de ser la contemplada en el extremo máximo del marco abstracto. VI. Por lo expuesto, procede en este caso declarar parcialmente con lugar el único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. J. A. C., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO M. T. S., DENUNCIANDO QUE EXISTIÓ VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales, constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Censor señala en su recurso, que el órgano sentenciador no valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; subraya que el mismo sentenciador admite que en el presente caso no ha existido prueba directa, sino que solo indicios circunstanciales; comparte su criterio que las actas de inspecciones oculares carecen de sustento legal, al no arrojar ningún elemento de identificación de los hechores, junto con el álbum fotográfico, causando violación al principio del debido proceso y consecuentemente al derecho de defensa. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...El Censor incurre en un nuevo error en el planteamiento, al carece de precisión debido a que se señala la violación de las reglas de la sana crítica más no se puntualiza cuál de estas reglas fue la que inobservó el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración, más aún el Censor no siguió la debida técnica recursiva que exige éste tipo de motivo obviando confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las reglas que componen la sana crítica y así demostrar la disparidad entre unos y otros, sino que simplemente se limitó a señalar que existía violación de las reglas de la sana crítica y falta de valoración conjunta de la prueba agregando argumentos respecto al por qué no están de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Instancia, confundiendo esta Única Instancia con una Segunda Instancia. Adicionalmente, el Censor incurre en otro error, al cuestionar la legalidad del medio de prueba acta de inspecciones oculares trasladándose del motivo previsto en el artículo 362.3 al contenido en el artículo 362.2, ambos del Código Procesal Penal, para luego a continuación afirmar la violación de preceptos constitucionales, alejándose por mucho del campo de acción del motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto. IV. Lo expuesto determina que, el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo debe de ser declarado Sin Lugar..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO dicta sentencia conociendo del Recurso de CaBsación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de junio de dos mil once, mediante la cual CONDENO al señor M. T. S., por encontrarlo culpable del delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACION DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION y MULTA DE UN MILLON DE LEMPIRAS (LPS.1,000.000.00), más la penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL.- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado M. J. A. C., actuando en su condición de Defensor Privado del señor M. T. S. SON PARTES: El Abogado M. J. A. C., en su condición de Defensor Privado del acusado M. T. S., como parte recurrente y la Abogada Y. M., en su condición de Fiscal del Ministerio público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Durante el año dos mil ocho, varias personas de origen hondureño y extranjero, entre las cuales se encontraba el señor M. T. S., trabajaban en conjunto para la obtención de polvo de Pseudofedrina en grandes cantidades, ya que la Pseudofedrina es un compuesto básico para la elaboración de la Metanfetamina y drogas prohibidas que en el mercado ilegal se les conoce comúnmente como Ice Éxtasis y la que luego de obtenerse la trasladaban hacia otros lugares para que se elaborasen las drogas antes mencionadas. SEGUNDO: Para tales efectos, cada una de las personas, incluido el señor M. T. S., realizaba diferentes actividades, y para lograr su objetivo se procedió a comprar a diferentes comercios grandes cantidades de medicamentos que tenían entre sus componentes la Pseudoefedrina, medicamentos como ser Sarinex D, y luego de ello procedieron a aislar el componente Pseudoefedrina, con la utilización de balanzas y utensilios de cocina como licuadoras y ollas que se encontraban en casas de habitación que usaban para esos efectos y que estaban ubicadas en las colonias Palmeras de San Ignacio, colonia Miramontes y Residencial Monteverde de esta ciudad de Tegucigalpa, y unas bodegas de Emergencias Fúnebres, ubicada en colonia el Prado de Tegucigalpa. Una vez hecho lo anterior, el componente de pseudoefedrina era colocado en tambos que estaban identificados con viñetas con el nombre de Agropecuaria López y mezclado componente con maíz quebrado, a fin de aparentar ser un producto de legítimo comercio, posterior a lo cual la Pseudofedrina era trasladada fuera de Tegucigalpa para que la misma se usará para la elaboración de las drogas ilegales antes indicadas”. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. El Abogado M. J. A. C., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley Sustantiva y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “ANTECEDENTES PROCESALES. La presente causa se inicio en fecha dos Agosto del año dos mil ocho, se recibe una denuncia vía teléfono en la cual una persona manifestaba que se encontraba a inmediaciones de la carretera que conduce a San Pedro Sula y que necesitaba asistencia médica, indicando que quería colaborar con las autoridades ya que se dedicaba al tráfico de sustancias controladas. Además dicha persona expreso que en ese momento residía en una casa ubicada en la residencial El Trapiche de Tegucigalpa, señalando que era parte de una organización delictiva. Así mismo, refirió el testigo X1 que los lugares utilizados para operar eran la Residencial Monteverde, las Palmeras de San Ignacio y en una bodega de la Funeraria Espíritu Santo de la colonia Miramontes e indicó dicho testigo que una persona de nombre J. M. era el dueño de dicha funeraria a quien él le había vendido cierta cantidad de pastillas. El testigo W. E. relaciona a varias personas que se trasladaban de la funeraria Espíritu Santo y los cuales fueron detenidos en las habitaciones 601, 605, 606 del Hotel Intercontinental, encontrando durante el registro más de 38,000.00 dólares americanos y se establece en las actas que en dichas habitaciones se encontraban tres personas de origen mexicano, pero también se establece que se encontraron medicamentos, todos ellos conteniendo pseudoefedrina. Que en las vigilancias se pudo observar el momento en que el vehículo Toyota Tacoma salió con dos tambos que llevaba un sticker de la Agropecuaria López, una vez analizado el producto luego de haber sido decomisado, resultó positivo a pseudoefedrina. Pretendido establecer el Ministerio Público que al relacionar toda la prueba evacuada puede apreciarse la existencia de actos preparatorios para la elaboración de droga, ya que a criterio del Ministerio Público la intención de esta organización era separar la pseudoefedrina para hacerla pasta y luego trasladarla a México de manen dolosa con el objeto de hacer drogas. La defensa en sus conclusiones finales manifestó que si se analiza toda la prueba en su conjunto se puede observar que ninguna persona vio a su representado en el vehículo X-terra. El testigo de la defensa argumentó el motivo por el cual dicho vehículo estaba a su favor y se refería a la falta del documento del RTN de la persona extranjera que compró el mismo, puesto que se le piden varios requisitos para obtener dicho documento y este señor de origen mexicano fue el que contrato al acusado para que lo trasladara en su taxi y fue además la persona que compró el vehículo, pero consideró la defensa que si su representado fuera dueño de este vehículo él tendría las llaves y los documentos del mismo, pero ambos fueron decomisados en un lugar diferente a la vivienda de su representado. Refirió la defensa que toda la evidencia encontrada se les decomisó a otras personas, pero a su representado no se le ha vinculado con la pseucioefedrina ya que no se ha acreditado que el acusado era la persona que trasladaba la droga a México. Consideró además la defensa que en el año 2008 todos los medicamentos que contenían pseudoefedrina se vendían en las farmacias y que además se dieron los nombres de las personas que lo compraban estos medicamentos pero nunca se dijo que el señor M. T. S. las compraba o las mezclaba. En esta investigación lo único que se le reprocha a su representado es trabajar para una persona de origen mexicano. El vehículo es lo único que lo vincula porque el vehículo estaba a nombre de él. Otro aspecto que acotó la defensa fue que a los mexicanos se les decomisó más de 35,000.00 dólares pero se comprobó que tenían establecimientos y nombre comercial. En cuanto al testigo XI se le aplicó un criterio de oportunidad ya que este se quiso independizar y había lucha de poderes pero no se dice que M. T. S. era la persona que alquilaba casas o que comprara pseudoefedrina. Además estimó la defensa que en el año 2009 la pseudoefedrina era prohibida, pero en el año 2008 en que se realizaron los hechos su venta era legal. A criterio de la defensa no hay nada que pueda ligar al acusado con la preparación de sustancias, ya que no se comprobó que se agenciaría de sustancias por lo cual solicitó el dictado de una sentencia absolutoria a su favor. EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal…… El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS. Esta defensa en el desarrollo de este recuro pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla cuarta numeral 3 que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la fundamentación Jurídica que dice: “En párrafo también separados y numerados se consignaran de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación legal de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas, y de las penas que se impongan en caso de condena así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados”. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán declaró como hechos probados los siguientes: PRIMERO: Durante el año dos mil ocho, varias personas de origen hondureño y extranjero, entre las cales se encontraba el señor M. T. S., trabajaban en conjunto para la obtención de polvo de pseudoefedrina en grandes cantidades, ya que la pseudoefedrina es un compuesto básico para la elaboración de metanfetaminas y drogas prohibidas que en el mercado ilegal se les conoce comúnmente como ice y éxtasis y las que luego de obtener la trasladaban hacia otros lugares para que se elaborasen las drogas antes en mención. SEGUNDO: Para tales efectos, cada una de las personas, incluido el señor M. T. S., realizaba diferentes actividades y para lograr su objetivo se procedió a comprar a varios comercios grandes cantidades de medicamentos que tenían entre sus componentes pseudoefedrina, medicamentos como ser Sarinex D, y luego de ello procedieron a aislar el componente de pseudoefedrina, con la utilización de balanzas y utensilios de cocina como licuadoras y ollas que se encontraban en casas de habitación que se usaban efectos y que estaban ubicadas en las colonias Palmeras de San Ignacio, colonia Miramontes y Residencial Monteverde de esta ciudad de Tegucigalpa, y una bodega de Emergencias Fúnebres, ubicada en la colonia el Prado de Tegucigalpa. Una vez hecho lo anterior el componente de pseudoefdrina era colocado en tambos que estaban identificados con viñetas con el nombre de Agropecuaria López y mezclado componentes con maíz quebrado, a fin de aparentar ser un producto de legítimo comercio, posterior a lo cual la pseudoefedrina era trasladada fuera de Tegucigalpa para la misma se usara para la elaboración de drogas ilegales antes indicadas. Al analizar cada uno de los hechos probados de la Sentencia nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido, en este sentido nos permitiremos analizar cada uno de los hechos probados. 1.-UNICO: Durante el año dos mil ocho, varias personas de origen hondureño y extranjero, entre las cuales se encontraba el señor M. T. S., trabajaban en conjunto para la obtención de polvo de pseudoefedrina en grandes cantidades, ya que la pseudoefedrina es un compuesto básico para la elaboración de metanfetaminas y drogas prohibidas que en el mercado ilegal se les conoce comúnmente como ice y éxtasis y las que luego de obtener la trasladaban hacia otros lugares para que se elaborasen las drogas antes en mención. SEGUNDO: Para tales efectos, cada una de las personas, incluido el señor M. T. S., realizaba diferentes actividades y para lograr su objetivo se procedió a comprar a varios comercios grandes cantidades de medicamentos que tenían entre sus componentes pseudoefedrina, medicamentos como ser Sarinex D, y luego de ello procedieron a aislar el componente de pseudoefedrina, con la utilización de balanzas y utensilios de cocina como licuadoras y ollas que se encontraban en casas de habitación que se usaban para esos efectos y que estaban ubicadas en las colonias Palmeras de San Ignacio, colonia Miramontes y Residencial Monteverde de esta ciudad de Tegucigalpa, y una bodega de Emergencias Fúnebres, ubicada en la colonia el Prado de Tegucigalpa. Una vez hecho lo anterior el componente de pseudoefedrina era colocado en tambos que estaban identificados con viñetas con el nombre de Agropecuaria López y mezclado componentes con maíz quebrado, a fin de aparentar ser un producto de legítimo comercio, cual la pseudoefedrina era trasladada fuera de Tegucigalpa para la misma se usara para la elaboración de drogas ilegales antes indicadas. ERROR IN IUDICANDO POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURRIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA, POR EL ORGANO SENTENCIADOR. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Para SERVIO TULIO RUIZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad… entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (Ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39). Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134). Al establecer el A-quo como hecho probado lo antes mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica interpretó erróneamente la Ley especial en su artículo 19 relacionado con los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias sicotrópicas que se refiere al tráfico de drogas, cuando decide declarar culpable a mi representada y la condena por el delito de Actos Preparatorios para la elaboración de drogas, por existir un supuesto Dolo Directo y su participación a titulo de autor, situación que no logró probar el ente acusador, en virtud que la ley especial está en contra de la ley sustantiva en donde no se contempla el castigo a los actos preparatorios, en virtud de no estar considerados como delito punible. Para ser responsable de la comisión de un delito penal, es necesario tener participación en el mismo, ya sea a titulo de autor o coautor, y esa participación en la comisión del delito debe ser dolosa o culposa Genéricamente por DOLO simplemente se entiende como conciencia y voluntada de realizar el tipo objetivo de un delito.- De esta definición se desprende que el dolo está constituido por dos elementos: A.- ELEMENTO INTELECTUAL: Para actuar dolosamente el sujeto de la acción debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica, es decir los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material; el conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando uno meramente potencial, es decir el sujeto ha de saber lo que hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo.- B.- ELEMENTO VOLITIVO: Para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, además, querer realizarlos.- El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo (Típico) que el autor cree que puede realizar. (Ver Muñoz Conde en la obra supra indicada páginas 269, 270, 271, 272). Atendiendo la mayor o menor intensidad de estos elementos (intelectual o volitivo) tradicionalmente la jurisprudencia distingue entre dolo directo y dolo eventual.- DOLO DIRECTO: El autor quiere realizar precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad): el autor quería matar y mata, quería dañar y rompe la cosa, etc.>> DOLO EVENTUAL: El sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización.- El sujeto no quiere el resultado, pero <<cuenta con él>>. <<Admite su producción>>, <>. (Ver idem Págs. 272 y 273). >> El párrafo segundo del artículo 13 de nuestro Código Penal establece que: “el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan.”: La primera parte de la definición anterior constituye lo que se llama dolo directo, mientras que la segunda parte se refiere lo que la jurisprudencia conoce como dolo eventual Por lo cual en ningún momento hay que confiar en la declaración del testigo protegido XI que dijo: yo entre a Honduras el 19 de Octubre del año dos mil siete, vine aquí con una persona llamada S. G. G. y vine a comprar pastillas, y ella me presentó a varias personas. entre ellas C. A., a su hermano A. R., a un señor que se hace llamar R., con los que tuve negocios, yo por mi cuenta contrate a un señor que se hace llamar G., de san Pedro sula quien tiene tratos con M. F. que me vendió una vez, eso fue de octubre a diciembre, y el 21 de diciembre salí para México regresé a Honduras en enero, y a comprar pastillas con las mismas personas, después conocí a A. que me vendió pseudoefedrina, me vendió 25 kilos y en otra ocasión 25 kilos: yo estoy colaborando en todo lo que puedo con la fiscalía porque las personas para las que trabaja mataron a mi sobrino cuando yo me quise independizar y hacer las cosas por mi cuenta. PARECER DE LA DEFENSA: Es claro y evidente que de conformidad a la Doctrina penal actual, el A-quo interpretó erróneamente la aplicación de los conceptos de Dolo, Autoría y Delito. Para el Tribunal Sentenciador en el caso sometido a juicio oral y público, analizando el cuadro fáctico , se desprende lo siguiente: a).- El señor M. T. S. fue mencionado en una declaración tomada como prueba anticipada y que la fiscalía influyó en esa declaración en virtud que él en ningún momento manifestó el nombre pero el fiscal ante la complacencia de todos los ahí presentes dio nombres completos y recibió el testimonio de una persona que se estaba tomando con motivo personal en virtud de haber supuestamente perdido a un sobrino y por querer ser el manda más en la organización por tal razón os preguntamos cómo tomar credibilidad a dicha declaración, si a mi representado en ningún momento le pudieron probar que el proporcionará fondos, para la compra de la pseudooefeclrina, trasportara a Guatemala dicha pseudoefedrina en virtud que no existió ningún movimiento migratorio que lo comprobara, y más aun no se dio ninguna prueba que él fuera el que separara y embasara la pseudoefedrina. Tal como se aprecia mi representado M. T. S., en cuanto al delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACION DE DROGA que se le imputa, no tuvo ninguna participación directa o indirecta, a que mi representado no se le encontraron con ningún indicio que lo vincula con esta organización, por lo que no encontramos el grado de participación de mi representado en el ilícito penal, siendo objeto de una Sentencia Injusta por el Sentenciador, al aplicar incorrectamente la norma penal. Por tal razón no se probó que mi representado haya participado en el delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACION DE DROGA, no existe prueba de cargo alguna que directamente incrimine, a mi representada como autor del delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACION DE DROGA, no se probó en el juicio que M. T. S., financiara, trasportara, comprara o separara la pseudoefedrina de la cual se habla en este juicio, el sentenciador no es claro en sus considerándoos, en cuanto no plasma de forma clara y sucinta en que momento era que la encartado colaborara con esta supuesta organización. Por lo que se vuelve prudente buscar el saneamiento del error indicando por infracción de Ley, por interpretación y aplicación errónea por el A-quo de preceptos sustantivos, como lo es el artículo 13 párrafo Segundo del Código Penal Vigente que se relaciona con el Dolo Directo, artículos 31 y 32 del Código Penal que se relaciona a la forma de participación de la imputada, y que su participación fue a título de autor artículo 37 del Código, subsumiendo la supuesta participación de M. T. S. en base al artículo 19 de la ley especial SOBRE EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, considera el A-quo que el delito contra la SALUD se realizó por más de dos personas, fijando como indicio fuerte el hecho que el señor M. T. S., concluyendo por ello que es autor del delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACION DE DROGA, lo que no es congruente con lo demostrado enjuicio, y será a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley que la Suprema Corte de Justicia debe dictar una nueve sentencia en apego a derecho, en la que se deba absolver de toda responsabilidad penal al señor M. T. S., ya que mi representado es inocente del delito imputado.- Existiendo y haciendo referencia que en el presente caso solo existió evidencia circunstancial y no evidencia directa que relacionara a mi representado como partícipe de una organización delictiva ya que esta defensa se pregunta el porqué si existen personas con nombre y apellidos reconocidos no fueron puestos a la orden de las autoridades, por la razón que el dicho popular que circula en nuestra sociedad es que la justicia es para los pobres, ya que estas personas eran las que vendían y proporcionaban la pseudoefedrina, esta única prueba que vincula supuestamente a M. T. S. fue el testimonio del testigo protegido X1, el cual por su ambición de poder quiso dar un testimonio en el cual el pretendía sacar de circulación a toda persona que no le permitiera o le interfiriera el negocio, violentando el articulo 101 del Código Procesal Penal en el que se establece que toda persona desde el primer momento que esta siendo investigado debe de ser notificado para que aporte todas las pruebas de cargo como de descargo para saber si es partícipe o no de una conducta delictiva o contraria a derecho, pero en nuestra sociedad es al contrario primero se le juzga y luego se le da la oportunidad de defenderse, porque lo reitero no existió otro elemento de prueba que pudiera dar credibilidad a todo lo relatado por el testigo X1 que era otro miembro más de la organización delictiva de la cual el ya no quería formar parte por querer independizarse. JURISPRUDENCIA DICTADA POR LA HONORABLE SALA DE LO PENAL Señalando jurisprudencia dentro del presente caso fue la sentencia dictada en fecha once de febrero del año dos mil ocho, en el caso numero 100-2007, en donde se establece que los actos preparatorios no son punibles, ya que se observa que la ley especial no puede estar sobre la constitución de nuestra República, ya que en nuestro estado de derecho solo se castigan los delitos consumados”. III. Continúa manifestando el recurrente en su: “2. EXPOSICIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTMUENTO DE FORMA UNICO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica: PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el articulo 202 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma con junta y armónica toda la prueba producida.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador no valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llevándolo a formar su convicción sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, por lo que lo llevó a incurrir en un error improcedendo. El órgano jurisdiccional en base al error de apreciación de la prueba producida en juicio, señaló en la sentencia que ahora se recurre, que los hechos por los cuales se Juzga al señor M. T. S. no se subsumen en el ningún tipo penal a que el Código Penal vigente no tipifica LOS ACTOS PREPARATORIOS, si no que se basa en una ley especial que tipifica los actos preparatorios para la elaboración de drogas, en perjuicio de la salud de la población del estado, de conformidad al artículo 19 de la Ley especial para el control de drogas. El mismo sentenciador admite en sus conclusiones que en el presente caso no existe prueba directa, únicamente existen indicios circunstanciales de participación del encartada, indicios que finalmente valorados llevan al Juzgador a determinar el grado de participación de M. T. S., pero nunca hubo elementos de prueba que lo vincularan directamente en el presente caso. SANTIAGO SENTIS MELENDO, en su obra la prueba, Buenos Aires, 1978, Pág. 346, dice: El indicio no es una cantidad de prueba; tampoco es un medio de prueba en especial, ya que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio. Contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada; pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial. GERMAN PABON GOMEZ, en su obra de la Casación y la revisión Penal, segunda adición, Bogotá dos mil tres Pág. 387 y 388. Considera que las formas de censura, en tratándose de indicios puede darse, a saber, respecto: Del hecho indicador, (cuando no esté probado), cuando se trata de impugnación del hecho indicador, porque no esté probado, ha lugar a la censura de vía de error de VALORACDIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO Para esta defensa la declaración de los Agentes de Investigación L. A. C. M. y W. R. E. solo se remite a hablar de las investigaciones realizadas por lo cual no sabe nada del hecho y solo se remite a declarar y repetir lo que los testigos protegidos le manifestaron y en ningún momento se refieren en que algún momento ellos, hayan observado a mi representado en ningún momento y Solo lo vinculan con la declaración del testigo protegido x1, ya que de todas las diligencias practicadas en ningún momento se le decomisó algo a mi representado. El testigo protegido X1, si bien es cierto habla de un hecho realizado en su casa de habitación en compañía de otra que no fue M. T. S., ni si quiera se acredito en el juicio la existencia física de esta persona, ya el mismo testigo manifiesta que M. T. S., era la persona que trabajaba para él, como el testigo protegido era miembro de la misma organización y por pelea de poder quiso desarticular supuestamente la organización delictiva. ANALISIS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y PERICIAL DE CARGO En cuanto a la prueba Documental, la introducción del acta de inspecciones oculares al juicio carece sustento legal, ya que la misma arroja ningún elemento de identificación de los hechores junto con el álbum fotográfico, para la defensa carecen de legalidad probatoria puesto que fueron realizadas en lugares distintos a la casa de habitación del señor M. T. S. y toda las evidencias presentadas fueron decomisadas a personas de origen mexicano, ya que esto causa indefinición y viola el principio del debido proceso consignado en el articulo 90 párrafo primero Constitucional y que dice “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” Y violente consecuentemente los artículos. 13, 14 15 y 16 del Código Procesal Penal en cuanto al derecho de defensa se refiere y a la representación legal de su defensor en todos los actos en lOS cuales se tenga por objeto incorpore prueba al proceso en cualquier etapa del juicio. HECHO POR EL CUAL SE CONSIDERA EL ERROR IMPROCEDENDO Después de haber hecho una trascripción de la prueba presentado durante el debate del juicio oral, se puede señalar claramente que el A-quo al condenar a mi representado M. T. S. por el delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACION DE DROGA en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS supuestamente por haber actuado mi representada mediante un plan preconcebido, lo que considera el Tribunal como dolo directo, y su participación fue a titulo de auto. Valoración de la Prueba que lleva a un vicio improcedente de parte del Juzgador: La valoración de la prueba constituye, indudablemente, una operación fundamental, de gran importancia en todo proceso y, más aún en el proceso penal, puesto que de ella depende que el tribunal llegue o no a una certeza; es decir va a determinar el carácter absolutorio o condenatorio de la sentencia para el acusado, sin lugar a duda esta defensa no hubiese hecho uso de este recurso si el tribunal hubiera aplicado la normativa penal y hubiere hecho la calificación penal correcta, ya que otras personas por las misma causan fueron condenadas por posesión de sustancias químicas controladas, y a mi representado lo califican con los mismos hechos y pruebas como actos preparatorios para la elaboración de droga. Esta valoración de la prueba, como dice RICARDO VACA ANDRADE “tiene por objeto establecer la utilidad y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal”. En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia” JOSÉ GARCÍA FALCONÍ en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que “Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia condicional de los elementos de la prueba recibidos.- Es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad”. La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin No existe ninguna acción para considerar que mi representado es el autor del cielito que se le imputa, los indicios que el A-quo manifiesta que se relacionan entre si en forma coherente y concomiten, y que dan lugar a una univocidad de indicios los que están debidamente probados, es un error del Sentenciador al no valorar la prueba en todo su conjunto, puesto que se prescindió de la declaración mas importante y toral que era la de la otra persona que aprecio lo sucedido. Si el órgano jurisdiccional sentenciador hubiese valorado de manera conjunta y armónica toda la prueba antes. señalada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y las máximas de la experiencia, hubiese llegado a la conclusión final y sin lugar a duda bajo una operación intelectual razonada, que mi representado M. T. S., no ejercito ninguna acción tendiente a quebrantar su principio de inocencia y habiendo ocurrido lo contrario, por la falta de aplicación de las Reglas de la Sana Crítica al momento de la valoración de la prueba, bajo aspecto importantes de la recta razón del ser Humano, la Lógica y la Psicología sin olvidar las reglas de la sociología, es necesario requerir al amparo vía recurso de Casación por Quebrantamiento de la Forma ante la Corte Suprema de Justicia a través de su sala Especializada del área penal, y que al producirse la revisión del motivo y del precepto autorizante, se anule de plano la sentencia y se absuelva a mi representada del delito imputado Por todo lo antes descrito es que se considera que el tribunal de Sentencia incurrió en un error improcediendo por violación de los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, ya que estos enunciados jurídicos le ordenan al A-quo, que las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica Y que El órgano jurisdiccional forman su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, situación que no sucedió en los autos de merito. Ahora bien, si bien es cierto el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir no debe ser una valoración arbitraria sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones, erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir ya que el Tribunal de Sentencia al emitir su criterio sobre valoración de la prueba lo hace de manera individualizada y no conjunta y armónica, y eso los llevo a apreciar y valorar incorrectamente la prueba al exponer que la prueba evacuada en el debate del Juicio oral demostró que mi representado M. T. S. actuó con conocimiento y aceptación del resultado, a titulo de autor y que esa es la convicción a la que llegaron, lo que pone de manifiesto la valoración individualizada de la prueba en franca violación de los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal y que ahora autoriza a la Defensa de M. T. S. para recurrir mediante este recurso de casación.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO EL ABOGADO M. J. A. C., DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO M. T. S., SEÑALANDO COMO NORMA INFRINGIDA EL ARTÍCULO 338 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El Código Procesal Penal prevé, que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer Recurso de Casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello, el legislador ha previsto tres tipos de Recursos de Casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de las Formas Procesales. En una debida técnica recursiva, el Censor en primer lugar debe precisar el tipo de Recurso de Casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales que provocan el vicio mediante el desarrollo de Motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste.- Tratándose del Recurso de Casación por Infracción de Ley, establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que: “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 2) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II. El Censor señala en su impugnación, que la sentencia padece de vicio in iudicando al haberse infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, debido a que los Juzgadores no realizaron una valoración armónica de los medios de prueba; señala además, que existe una indebida interpretación del artículo 19 relacionado con los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, al decidir declarar culpable a su representado cuando aún no se probó la existencia de dolo directo, dado que en la ley sustantiva no se contempla castigo para los actos preparatorios; el Censor insiste en que en el caso examiné, no se probó la participación de su representado, existiendo mera evidencia circunstancias y no evidencia directa relacionada con éste; finaliza señalando, que la ley penal sólo castiga delitos consumados. III. EL RECURSO ES DE RECIBO PARCIALMENTE: El Censor esboza una serie de ideas sin el cuidado de hilvanar cada una de ellas de manera clara y diferenciada. Iniciando el libelo, el Censor incurre en error al señalar como norma infringida un artículo del Código Procesal Penal, norma de carácter adjetivo, pasando por alto que el Recurso de Infracción de Ley refiere a la inobservancia, errónea aplicación o errónea interpretación de normas de carácter sustantivo; además, el Censor comparte su criterio en cuanto a que existió insuficiencia probatoria para un pronunciamiento condenatorio, alegato que es propio de la primera instancia y que no es admisible en el Recurso que nos ocupa regido por el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; seguidamente, el Censor desarrolla la teoría del Dolo y que por ello no se debió confiar en la declaración del testigo X1, dejando a esta Sala de lo Penal, en las sombras al no entender como ésta teoría de carácter sustantiva y que audita el conocimiento subjetivo del acusado sobre los elementos objetivos del tipo, se puede relacionar con la valoración de un medio de prueba testifical. Finalmente señala el Censor, que la ley penal hondureña solo castiga delitos consumados, aseveración que es incorrecta, por cuanto el legislador ha considerado como punibles diferentes fases del Iter Criminis según considera necesario por política criminal, así pues y en retrospectiva, existen tipos penales que sólo son reprochables en caso de que lleguen a consumarse (Delitos Culposos), existen muchos otros donde se reprocha tanto su ejecución y consumación (delitos dolosos) como el intento de ejecución (Teoría de la Tentativa) y otros más en donde el legislador adelanta el reproche y sanciona los actos preparatorios para la ejecución del delito (Delitos de Peligro); es claro ejemplo de un delito de Peligro el contenido en el artículo 19 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, que establece sancionable todos los “actos preparatorios conducentes a la realización de los hechos enunciados en los Artículos 16, 17 y 18 precedentes, se le impondrá la pena de quince a veinte años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de lempiras, de acuerdo con la gravedad de la infracción”, siendo el artículo 16 el referente al delito de Producción Ilícita de Drogas, artículo 17 Fabricación Ilícita de Drogas y artículo 18 Tráfico Ilícito de Drogas, entiéndase como actos preparatorios toda conducta humana desplegada con el fin de facilitar la ejecución futura de delito, ya sea que dicha ejecución esté a cargo de la misma persona o de terceros.- IV. La Sala de lo Penal señala, que los argumentos del Censor no son de recibo, éstos por una parte se plantean de forma errónea, abordando varios temas de manera pendular y por otra parte, se señalan alegatos que no son propios al Recurso de Casación por Infracción de Ley. Ahora bien, y habiéndose abierto el examen de legalidad sustantiva esta Sala de lo Penal, determina que los hechos declarados probados se ajustan al ámbito situacional descrito en el artículo 17 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas, por lo que ha existido de parte de los juzgadores una indebida aplicación del artículo 19 de la misma ley y no una indebida interpretación como lo refirió el Censor, considerando: 1) Los hechos probados establecen que el acusado M. T. S. pertenecía a una agrupación de personas que se dedicaban a la obtención de Pseudofedrina para la elaboración de drogas ilegales como Ice y Éxtasis, es pues que la participación del acusado es a título de coautor en los hechos, al acordar con otros la realización de conductas diferenciadas penalmente relevantes, existiendo entre ellos una división funcional de roles, cuya suma permitía la ejecución del delito; 2) Los hechos probados señalan, que el acusado junto con otras personas compraron en comercios grandes cantidades de medicamentos que tenían entre sus componentes la Pseudoefedrina, los que procesaban en cuatro inmuebles diferentes para aislarla, y una vez esto el componente era colocado en tambos mezclado con maíz quebrado para ocultarlo, trasladándolo fuera de Tegucigalpa para la elaboración de las drogas ilegales conocidas como Ice y Éxtasis; estos hechos dan cuenta de un acto consumado y no de actos preparatorios, no se trata entonces de que el acusado por si sólo o en colusión con otros, estaban obteniendo la pseudofedrina para en el futuro proceder a la fabricación de drogas ilegales o de obtener la sustancia para que terceros más tarde fabricaran las drogas, los hechos probados determinan que la sustancia estaba siendo usada por el acusado y su grupo para la fabricación de las drogas ilegales. Comprueba este Tribunal de Casación que es improcedente la calificación hecha por el A-quo al señalar que los hechos probados dan cuenta de un delito de Actos Preparatorios para la Fabricación de Drogas, ya que estos responden a un delito consumado y por tanto el delito reprochable al acusado es el que describe el artículo 17, el cual indica que será sancionado quien “…fabrique ilícitamente drogas, estupefacientes o sustancias controladas, que produzcan dependencias, será castigado con reclusión de nueve a quince años y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras”. Como consecuencia de lo anterior, esta Sala de lo Penal, es del parecer que el acusado M. T. S., es penalmente responsable a título de coautor de un delito consumado de FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo que debe de ser condenado a la pena abstracta que señala el artículo 17 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, criterio que no colisiona con el Principio de Correlación entre sentencia y acusación contenido en el artículo 337 del Código Procesal Penal, el que exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia y el contenido de la acusación fijada en la audiencia de formalización de cargos, y que no se rompe cuando conforme a lo probado en juicio se da una recalificación jurídica de la figura penal siempre que: 1) El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2) En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; 3) El delito apreciado y por el cual se hace la recalificación no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de menos gravedad o incluso una falta. En el presente caso, procede la recalificación de la figura delictiva por ser concordante con los hechos declarados probados, por ser el delito de Actos Preparatorios para el Tráfico Ilícito de Drogas por el cual imputó el Ministerio Público (f. 417) un tipo penal que se relaciona con el delito de Fabricación de Drogas Ilícitas, al proteger ambos el mismo bien jurídico como es la Salud de la Población del Estado de Honduras, por no implicar la recalificación la inclusión de hechos distintos a los debatidos y porque la nueva figura delictiva no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público al tener señalada una pena menos grave. Tampoco éste criterio colisiona con el Principio de la No Reforma Peyorativa contenido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, dado que el delito por el cual se recalifican los hechos declarados probados tiene señalada una pena menor al que originalmente calificó el Tribunal de Sentencia, aún cuando irónicamente el delito por el cual se condenó al acusado en la instancia reproche actos preparatorios para la fabricación de drogas ilícitas y el delito por el cual esta Sala de lo Penal, esta recalificando sea un delito consumado de FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS, lo cual evidencia que en dicha materia las penas no han sido establecidas de manera coherente por el Legislador, pues se sanciona con más gravedad los hechos “preparativos” que al delito “consumado”. V. Para efectos de la individualización de la pena concreta, éste Tribunal de Casación, ha considerado que las partes en la audiencia de individualización de pena no propusieron medios de prueba alguno, siendo acertadas las aseveraciones de los Juzgadores de la instancia (F. 617) al determinar dentro de la prognosis criminal del acusado el hecho de que ejecutó el delito en colusión de varias personas, algunos de ellos no nacionales, quienes atentaron no solamente en contra de los intereses del Estado de Honduras, sino además en contra de los intereses de la República de Guatemala, hasta donde se trasladaba la pseudoefedrina, por lo que la pena concreta de reclusión debe de ser superior a la pena mínima abstracta y la pena principal de multa debe de ser la contemplada en el extremo máximo del marco abstracto. VI. Por lo expuesto, procede en este caso declarar parcialmente con lugar el único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ABOGADO M. J. A. C., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO M. T. S., DENUNCIANDO QUE EXISTIÓ VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales, constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Censor señala en su recurso, que el órgano sentenciador no valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; subraya que el mismo sentenciador admite que en el presente caso no ha existido prueba directa, sino que solo indicios circunstanciales; comparte su criterio que las actas de inspecciones oculares carecen de sustento legal, al no arrojar ningún elemento de identificación de los hechores, junto con el álbum fotográfico, causando violación al principio del debido proceso y consecuentemente al derecho de defensa. III. El Censor incurre en un nuevo error en el planteamiento, al carece de precisión debido a que se señala la violación de las reglas de la sana crítica más no se puntualiza cuál de estas reglas fue la que inobservó el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración, más aún el Censor no siguió la debida técnica recursiva que exige éste tipo de motivo obviando confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las reglas que componen la sana crítica y así demostrar la disparidad entre unos y otros, sino que simplemente se limitó a señalar que existía violación de las reglas de la sana crítica y falta de valoración conjunta de la prueba agregando argumentos respecto al por qué no están de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Instancia, confundiendo esta Única Instancia con una Segunda Instancia. Adicionalmente, el Censor incurre en otro error, al cuestionar la legalidad del medio de prueba acta de inspecciones oculares trasladándose del motivo previsto en el artículo 362.3 al contenido en el artículo 362.2, ambos del Código Procesal Penal, para luego a continuación afirmar la violación de preceptos constitucionales, alejándose por mucho del campo de acción del motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto. IV. Lo expuesto determina que, el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo debe de ser declarado Sin Lugar. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar PARCIALMENTE el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Abogado M. J. A. C., en su condición de Apoderado Defensor Privado del acusado M. T. S.; en consecuencia, se CASA LA SENTENCIA dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres (03) de junio del año dos mil once (2011), reformando el numeral primero de su parte resolutiva en el sentido de que se condena al acusado M. T. S., como coautor responsable de un delito consumado de FABRICACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena principal de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSIÓN y a una pena principal de multa a favor del Estado de Honduras de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00), debiendo deducírsele de la pena de reclusión el tiempo en que el ahora condenado haya estado en efectiva prisión preventiva por esta causa. SEGUNDO: Se declaran firmes y ejecutables los numerales Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, de la sentencia de fecha tres (03) de junio del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, interpuesto por el Abogado M. J. A. C., en su condición de Apoderado Defensor Privado del acusado M. T. S. MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un día del mes de octubre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-381-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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