Sentencia CP-377-11 — Registro 2904
Resumen
Se condenó en primer instancia por el delito de encubrimiento y desarme de vehículo robado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DENUNCIANDO QUE EXISTIÓ VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA RELACIONADOS CON EL ACUSADO J. ERNESTO GARCÍA BONILLA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 336 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público, impetra Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en contra de la sentencia, al ser del criterio que el Tribunal de Sentencia se alejó de las reglas de la sana crítica al valorar los medios de prueba relacionados con el acusado J. E. G. B., quien fue indebidamente condenado por el delito de ENCUBRIMIENTO, cuando debió haber sido condenado por el delito de DESARME DE VEHÍCULO ROBADO. Indica que existe una incorrecta valoración de la declaración del señor J. A. A. H., puesto que no se consideró lo relevante de su testimonio y es que el taller automotriz es propiedad del acusado J. G. y que el acusado D. D. realizó trabajos de desarme sobre un vehículo robado en dicho lugar; agrega que con las declaraciones de los señores policías M. M. C. y J. C. V., se acreditó que el vehículo robado se encontraba desarmado y que algunas de las piezas estaban en el vehículo y otras en la bodega del taller; denuncia que los Juzgadores han incurrido en contradicción al valorar positivamente la declaración del acusado J. G. para emitir sentencia condenatoria en contra del acusado D. D., por el delito de D. DE V. R., pero al mismo tiempo la valoran de manera negativa al no considerar sus propios dichos para también encontrarlo culpable por el mismo delito. II.- EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El Recurso interpuesto por el Ministerio Público no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 363 del Código Procesal Penal; el Recurso que se plantea carece de precisión, debido a que denuncia violación de las reglas de la sana crítica, más no se señala puntualmente cuál de estas reglas fue la que inobservó el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración, más aún, el Ministerio Público no siguió la debida técnica recursiva que exige éste tipo de motivo obviando confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las reglas que componen la sana crítica y así demostrar la disparidad entre unos y otros, sino que por el contrario, en su libelo desarrollan argumentos respecto al por qué no están de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Instancia confundiendo esta Única Instancia con una Segunda Instancia. III. El Ministerio Público aqueja de que el Tribunal de Sentencia no haya concluido de que el señor D. D. al desarmar el vehículo tenía la autorización del propietario del taller señor J. G., y por ende de que ambos acusados estuviesen involucrados en el delito, aseveraciones que contrario a lo dicho por el Impetrante, si se encuentran establecidas en la sentencia, así pues en el hecho probado segundo (F. 188) se indica que el acusado J. G. B. aceptó que dejaran en su taller el vehículo que habían despojado a la señora D. L. H., donde el acusado D. A. D. procedió a desmantelarlo, hecho que es correspondiente al análisis de la prueba de la sentencia: 1) En la valoración de las declaraciones de los señores J. M. M. C. y J. C. V., los juzgadores indican que las piezas que le fueron retiradas al vehículo de la señora D. H., se encontraban en el interior del vehículo y otras en el taller (F. 189v.), particularmente en una bodega, y 2) En la valoración de la declaración del acusado J. E. G., los Juzgadores no dan crédito a sus argumentos justificantes y determinan que éste permitió que el vehículo con procedencia ilícita permaneciera dentro de su taller y que además le fueran removidas las piezas (F. 191v.). IV. Como es deducible el cuestionamiento del Recurrente, no es en realidad en cuanto a la observancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba (el cual como se dijo fue equívocamente planteado), véase que aquellas conclusiones que denuncia como faltantes fueron expuestas por los Juzgadores, el verdadero cuestionamiento va dirigido a la errónea aplicación de la norma penal del artículo 388.3 del Código Penal y la consiguiente inobservancia del artículo 218-B último párrafo del mismo cuerpo legal, dado que el argumento central recursivo consiste precisamente en resaltar que J. G., consintió que su taller sirviese para que el acusado D. D. desmantelara un vehículo con procedencia ilícita, y que contrariamente si bien al acusado D. D. se le condenó por el delito de DESMANTELAMIENTO DE VEHÍCULO ROBADO, al acusado J. G. indebidamente se le condenó por ENCUBRIMIENTO siendo lo correcto la condena por el mismo delito que aquél. La Sala de lo Penal señala, que efectivamente existe un conflicto en la aplicación de las normas sustantivas, más sin embargo, no le es posible hacer pronunciamiento alguno sobre ello porque el Recurso interpuesto no es de aquellos destinados a auditar la aplicación de las normas sustantivas, la Sala de lo Penal, por disposición del artículo 350 del Código Procesal Penal, no puede extender su competencia a aspectos que no hayan sido objeto de la impugnación. V. Lo expuesto determina, que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo deba de ser declarado sin lugar..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, contra la sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual FALLÓ: 1º.- CONDENANDO al acusado J. G. B., por el delito de ENCUBRIMIENTO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, DECRETÁNDOSELE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA POR UN PERIODO DE PRUEBA DE CINCO AÑOS. 2º.- CONDENANDO al señor D. A. D. L. del delito de DESARME DE UN VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de la señora D. L. H. C., a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN. 3º.- DECLARO la responsabilidad civil de los imputados J. G. B.Y D. A. D. L. del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los que son condenados. 4º.- NO CONDENO a los señores J. G. B. Y D. A. D. L. en costas procesales. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado E. A. T. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTE: La Abogada C. M. P., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados M. R. A. E. Y A. A. G., en su condición de Defensores Públicos del acusado J. E. G. B., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha siete de octubre del año dos mil nueve (7 de octubre del 2007), aproximadamente a las siete de la mañana (7:00 a.m.), mientras la señora D. L. H. C. se encontraba en su casa de habitación, ubicada en la Colonia La Pradera de esta ciudad y donde también labora elaborando y vendiendo tortillas, llegaron dos individuos desconocidos, uno de los cuales entró preguntándole a cuanto vendía las tortillas, respondiéndole ella que a dos por un lempira, mientras el otro sujeto se quedaba en la parte de afuera de la vivienda, acto seguido el mismo sujeto que entró a la casa le dijo que se trataba de un asalto, que le entregara el celular que portaba y las llaves de su vehículo, tipo pick up, marca Toyota, color gris, 22 R, año 1994, placas PCI 5203, por lo que doña D. le entregó sus pertenencias, así como las llaves de su vehículo, luego los individuos tomaron el automotor y se lo llevaron del lugar, procediendo doña D. junto a su hijo J. A. A. H. a interponer la denuncia respectiva. SEGUNDO: Posteriormente, los individuos que despojaron del automotor a doña D. lo llevaron hasta el Taller García, ubicado en la colonia Centralito del sector Rivera Hernández, aceptando el dueño de dicho Taller el señor J. G. B. que lo dejaran allí; luego el señor D. A. D. L. se encargó de desarmar el vehículo, por lo que comenzó a retirarle piezas como asientos, tonó, vías, duralainer, llantas, así mismo arrancó el número de identificación del vehículo que viene adherido a la pared de fuego. TERCERO: En fecha 12 de octubre del mismo año, en horas de la tarde, el joven J. A. A. H. iba pasando por la colonia central y observó dentro del Taller García, un vehículo de similares características al que había sido despojado a su madre, por lo que al día siguiente, es decir, el día 13 de octubre del mismo año, dio aviso a las autoridades de la policía, desplazándose un equipo de la unidad de análisis de la Policía Preventiva hasta dicho sector. CUARTO: Al llegar al taller los miembros de la policía que se hacían acompañar del joven J., pidieron autorización para ingresar al señor J. G. B. y éste se las concedió, posteriormente practicaron un registro que dio como resultado el hallazgo del vehículo propiedad de la señora D. L. H., mismo que estaba en las condiciones ya descritas, así mismo, las piezas de éste que le habían sido removidas estaban almacenadas en una bodega dentro del taller, siendo todas estas reconocidas por el señor A. H.; durante el registro, los miembros de la policía también encontraron unas placas con números de vin (códigos de identificación de fábrica) de otros vehículos, y materiales propios para el cambio de color de vehículos, tales como pintura, flex, tiner, lijas y otros, además de un chasis de vehículo de un modelo antiguo, procediendo don J. a revelar a los miembros de la policía, que la persona que estaba trabajando haciendo el desarme del vehículo con reporte de robo era el joven D. A. D. L., quien en ese momento no se encontraba porque acababa de irse a su casa, por lo que una hija de la compañera de hogar de don J. condujo a los miembros de la policía hasta la casa de habitación de D., pero en el camino este venia de regreso con rumbo al taller, siendo capturado por los agentes.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II. El Abogado recurrente E. A. T. G. procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera Siguiente: ”EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.- MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Sentenciador en la Valoración de la Prueba las reglas de la Sana Crítica.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: «Artículo 202 del Código Procesal Penal. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Esta disposición se relaciona con el párrafo primero del artículo 336 del C. P. P.- Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el Sentenciador de instancia: En el numeral Segundo del Apartado de Valoración Probatoria del fallo censurado, el Sentenciador al valorar probatoriamente la deposición de J. A. A. H. (hijo de la ofendida), encontró que dicho testimonio aporta elementos probatorios suficientes que acreditaron cual fue la participación de cada uno de los imputados en el hecho juzgado.- La apreciación precitada indiscutiblemente está alejada de la verdad, puesto que J. H., lo que declaró es: “Al llegar al taller acompañado de la policía, observó que al vehículo le habían cambiado las llantas, no tenía el duralainer, los asientos y el tonó se encontraban en el taller, le hacía falta un vidrio pequeño, en el taller estaba un señor de avanzada edad, una señora y una niña le dijeron que el señor que estaba pintando acababa de salir”; pues al examinar el contenido de tal probanza evidencia que ésta no es suficiente para que el Juzgador determine cuál fue la participación de uno u otro imputado, pues este testigo se circunscribe en señalar lo que observó en el taller y lo manifestado por personas que vieron trabajar al coimputado Dennis Díaz en el vehículo propiedad de la ofendida; lo relevante es el hecho que el taller es propiedad de J. G. B. y el que D. D. realizó trabajos de desarme sobre un vehículo robado en dicho lugar.- Asimismo, si examinamos las deposiciones de los policías J. M. M. C. y J. C. V.; el primero de éstos manifestó que: “el vehículo estaba completamente desarmado, habían más vehículos del año 79 y también piezas de chasis, varias piezas del vehículo, además de bines, placas; en la paila del vehículo con reporte de robo se encontraron dos latas de pintura, lija, diluyente y cinta aislante; el dueño del taller d(/o que en horas de la mañana una persona había dejado una pintura. Al interrogarlo la Defensa, contestó, que el dueño del taller estaba en medio del portón y el carro y en el momento que llegaron (la policía) se encontraba lijando un hierro, habían dos vehículos viejitos de color amarillo y crema, el dueño del taller les dijo quién llevó el vehículo y los materiales; el segundo testigo J. C. V., agente de investigación del departamento de Robo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, dijo que “al llegar al taller observó que al vehículo le hacía falta el tonó, la placa de frente; se encontraba semidesmantelado, de igual forma le falta el duralainer, el asiento y habían herramientas, bines en una repisa; en el taller se encontraba el señor L. (propietario)”. Al interrogatorio de la Defensa contestó, entre otros, había dos vehículos viejos, no dieron explicación de los bines encontrados en el taller, éste estaba abierto, en el vehículo reportado como robado había unas latas de pintura. Es importante acotar que del testimonio de dichos testigos, no se desprende el deseo de éstos de querer engañar al Tribunal, por lo que el Juzgador debe apreciar la fidelidad de la percepción y de la transmisión de lo percibido, para ello se debe considerar el desarrollo y la calidad de las facultades mentales de los testigos; funcionamiento de los sentidos; las condiciones en que se produjo la percepción; las condiciones de trasmisión[1]; y éstos fueron claros y precisos al describir cómo es que se produce el hallazgo del vehículo propiedad de la víctima, por tanto con estas deposiciones se acreditó la comisión del delito, ya que se constató plenamente que el automotor de la ofendida se encontraba desarmado y que las piezas del mismo, unas estaban en el vehículo y otras en la bodega, que el propietario del taller y coimputado en esta causa, el señor J. G. B., se encontraba lijando un hierro, de igual forma el hallazgo de varios bines de vehículos que no logró explicar su procedencia, así como la presencia de diferentes piezas de automotores, todos estos elementos constituyen indicios inequívocos que en ese taller se dedicaban a desmantelar vehículos de procedencia irregular, es decir, que al hacer una valoración en conjunto de todos estos indicios, nos hace llegar a la conclusión que el señor J. G. B., es autor del delito de Desarme de Vehículo Robado; y sí bien compartimos lo expresado por el Tribunal, en el apartado Tercero de la Valoración Probatoria en el sentido que con la declaración de éstos, es decir, los testigos supra indicados, se acreditó la participación de los imputados en los hechos sometidos a juzgamiento, entendiéndose como tales los que configuran el delito de Desarme de Vehículo Robado; constituyéndose ambos imputados en autores directos de esta infracción, pues no es posible entonces creer en la declaración del imputado J. G., propietario del taller, que dijo no saber quién es el propietario del vehículo, que no estaba cuando lo llevaron al taller, pero es entendible que en un afán de exculparse sostenga estos dichos, en este sentido el Juzgador debió considerar, la sinceridad del testimonio, es decir, sí no hay algún interés que pueda influir sobre su voluntad, además que el hecho confesado debe ser posible, verosímil, coherente y concordante con otros medios de prueba[2] sin embargo las máximas de la experiencia nos hacen concluir que no es posible que el empleado D. D. (coimputado) haya procedido a desarmar el vehículo sin la autorización del propietario del taller, por lo que se entiende que ambos estaban confabulados en la misma acción ilícita, y el hecho de encontrar en el taller bines de otros vehículos evidencian sin duda la practica ilícita de tal actividad (desarmar vehículos robados) de forma cotidiana. El Tribunal sentenciador en base a la fundamentación realizada en el fallo ahora impugnado, resuelve absolver, por el delito de Desarme de Vehículo Robado al señor J. E. G. B., pero lo condena por el delito de Encubrimiento, basándose en la propia declaración del mismo al considerar que la versión por él brindada no fue rebatida por otra prueba en la audiencia de debate y que el Ministerio Público no logró acreditar la participación de éste en delito por el cual fue enjuiciado, considerando que éste únicamente permitió que el vehículo con reporte de robo permaneciera dentro de su taller y que le fueran removidas las piezas al mismo; pero es la misma declaración del encausado que sirve para condenar al co-imputado D. D., por lo que resulta ilógico que le de un valor distintos a los mismos dichos, ya que la declaración del imputado es una idea indivisible, de ahí que no puedan tomarse una parte de ella en sentido positivo y otra en sentido negativo, además que no existe justificación alguna para que el vehículo de la ofendida se encontrase en su taller, totalmente desmantelado, sin que él no tuviese conocimiento y participación en los hechos.- Con el análisis anterior concluimos que los señalamientos efectuados logran demostrar la existencia del supuesto vicio In procedendo en los que supuestamente incurrió el Tribunal, y por ello carece de razones suficientes y fundadas en cuanto a la discusión de fondo, imponiéndose la procedencia del mismo conforme al párrafo primero del artículo 369 del CPP.-Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DENUNCIANDO QUE EXISTIÓ VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA RELACIONADOS CON EL ACUSADO J. ERNESTO GARCÍA BONILLA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 336 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público, impetra Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en contra de la sentencia, al ser del criterio que el Tribunal de Sentencia se alejó de las reglas de la sana crítica al valorar los medios de prueba relacionados con el acusado J. E. G. B., quien fue indebidamente condenado por el delito de ENCUBRIMIENTO, cuando debió haber sido condenado por el delito de DESARME DE VEHÍCULO ROBADO. Indica que existe una incorrecta valoración de la declaración del señor J. A. A. H., puesto que no se consideró lo relevante de su testimonio y es que el taller automotriz es propiedad del acusado J. G. y que el acusado D. D. realizó trabajos de desarme sobre un vehículo robado en dicho lugar; agrega que con las declaraciones de los señores policías M. M. C. y J. C. V., se acreditó que el vehículo robado se encontraba desarmado y que algunas de las piezas estaban en el vehículo y otras en la bodega del taller; denuncia que los Juzgadores han incurrido en contradicción al valorar positivamente la declaración del acusado J. G. para emitir sentencia condenatoria en contra del acusado D. D., por el delito de D. DE V. R., pero al mismo tiempo la valoran de manera negativa al no considerar sus propios dichos para también encontrarlo culpable por el mismo delito. II.- EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El Recurso interpuesto por el Ministerio Público no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 363 del Código Procesal Penal; el Recurso que se plantea carece de precisión, debido a que denuncia violación de las reglas de la sana crítica, más no se señala puntualmente cuál de estas reglas fue la que inobservó el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración, más aún, el Ministerio Público no siguió la debida técnica recursiva que exige éste tipo de motivo obviando confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las reglas que componen la sana crítica y así demostrar la disparidad entre unos y otros, sino que por el contrario, en su libelo desarrollan argumentos respecto al por qué no están de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Instancia confundiendo esta Única Instancia con una Segunda Instancia. III. El Ministerio Público aqueja de que el Tribunal de Sentencia no haya concluido de que el señor D. D. al desarmar el vehículo tenía la autorización del propietario del taller señor J. G., y por ende de que ambos acusados estuviesen involucrados en el delito, aseveraciones que contrario a lo dicho por el Impetrante, si se encuentran establecidas en la sentencia, así pues en el hecho probado segundo (F. 188) se indica que el acusado J. G. B. aceptó que dejaran en su taller el vehículo que habían despojado a la señora D. L. H., donde el acusado D. A. D. procedió a desmantelarlo, hecho que es correspondiente al análisis de la prueba de la sentencia: 1) En la valoración de las declaraciones de los señores J. M. M. C. y J. C. V., los juzgadores indican que las piezas que le fueron retiradas al vehículo de la señora D. H., se encontraban en el interior del vehículo y otras en el taller (F. 189v.), particularmente en una bodega, y 2) En la valoración de la declaración del acusado J. E. G., los Juzgadores no dan crédito a sus argumentos justificantes y determinan que éste permitió que el vehículo con procedencia ilícita permaneciera dentro de su taller y que además le fueran removidas las piezas (F. 191v.). IV. Como es deducible el cuestionamiento del Recurrente, no es en realidad en cuanto a la observancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba (el cual como se dijo fue equívocamente planteado), véase que aquellas conclusiones que denuncia como faltantes fueron expuestas por los Juzgadores, el verdadero cuestionamiento va dirigido a la errónea aplicación de la norma penal del artículo 388.3 del Código Penal y la consiguiente inobservancia del artículo 218-B último párrafo del mismo cuerpo legal, dado que el argumento central recursivo consiste precisamente en resaltar que J. G., consintió que su taller sirviese para que el acusado D. D. desmantelara un vehículo con procedencia ilícita, y que contrariamente si bien al acusado D. D. se le condenó por el delito de DESMANTELAMIENTO DE VEHÍCULO ROBADO, al acusado J. G. indebidamente se le condenó por ENCUBRIMIENTO siendo lo correcto la condena por el mismo delito que aquél. La Sala de lo Penal señala, que efectivamente existe un conflicto en la aplicación de las normas sustantivas, más sin embargo, no le es posible hacer pronunciamiento alguno sobre ello porque el Recurso interpuesto no es de aquellos destinados a auditar la aplicación de las normas sustantivas, la Sala de lo Penal, por disposición del artículo 350 del Código Procesal Penal, no puede extender su competencia a aspectos que no hayan sido objeto de la impugnación. V. Lo expuesto determina, que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo deba de ser declarado sin lugar. POR TANTO.- LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público en contra de la sentencia dictada en relación al acusado J. E. G. B.; SEGUNDO: Declarando firme y ejecutable la sentencia de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- MANDA.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de agosto del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-377-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] La Prueba en el Proceso Penal, José Cafferata Nores,Pag.121
[2] La Prueba en el Proceso Penal, José Cafferata Nores,Pag. 164