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Sentencia CP-37-10 — Registro 3355

Resumen

Se condenó en primer instancia a las imputadas por el delito Hurto Continuado y Estafa Continuada, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."La recurrente en el segundo motivo invocado, denuncia que el Sentenciador basó su sentencia en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, estableciendo como Precepto Autorizante el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Expone que tanto en los Hechos Probados como en la Valoración de la Prueba, el Sentenciador hace referencia a un Informe de Auditoría que nunca fue propuesto ni evacuado como medio probatorio, mismo que sirvió de base para la condena de su representada D. M. P. P., incurriendo en la infracción denunciada. II.- El Artículo 338, sección cuarta, numeral 2 del Código Procesal Penal, indica en el apartado “Valoración de las Prueba”, que el Tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen el proceso penal en la actividad probatoria. Asimismo, se observaría el vicio cuando el Tribunal utilice como elemento de convicción algún elemento no incorporado en el acto del debate, puesto que legalmente éste es el momento en que desfilarán ante el conocimiento del juzgador y las partes los distintos medios probatorios con los cuales pretenden hacer llegar a una conclusión al juzgador, de tal suerte que se infringiría el Artículo 336, primer párrafo, que establece que los jueces de juicio sólo tendrán en cuenta las pruebas que se haya ejecutado durante el debate. Ante esas situaciones, resulta incuestionable que se produciría un Estado de Indefensión en perjuicio de la parte afectada por el fallo basado en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, lo que a su vez generaría una vulneración al Principio Acusatorio, puesto que ubicaría al órgano jurisdiccional en una posición de interés con dicha incorporación ilegítima de prueba, viciando las formas esenciales del proceso penal y su garantía de legitimidad. III.- En el caso examiné, se denuncia que el Tribunal Sentenciador basó la condena de la procesada D. M. P. P., en un Informe de Auditaría que nunca fue propuesto ni evacuado en el juicio, en vulneración de los principios que rigen la normativa Procesal Penal; esta Sala de lo Penal, analizó el fallo recurrido y verificó que en efecto el A-quo al momento de fundamentar su fallo, valora e incluso le otorga credibilidad (Acápite “Valoración de la prueba”, Segundo Numeral, Pág. 7 y siguientes de la Sentencia) a un “Informe de Auditoría” que nunca fue presentada como medio de prueba por la acusación y, por ende, tampoco se evacuó en el debate. El informe de auditoría surge de las declaraciones de los testigos de cargo C. R. P., J. C. P. B., L. A. P. C., M. A. A. L. y C. R. P. M., quienes en aquél entonces eran empleados del BANCO ATLÁNTIDA y fueron comisionados por esa institución Bancaria para practicar dicho informe, por las irregularidades que presentaba la Sucursal en el Departamento de La Paz, y aunque todos afirmaron que dicho informe se practicó, nunca fue puesto a la orden de las partes para su respectivo análisis. El Tribunal se extralimita en sus funciones y decide asumir como prueba válida para la acreditación de los hechos, las conclusiones de una auditoría que no fue sometida al contradictorio (Véase folios 109 v, 110. Págs. 18 y 19 de la sentencia), y que aparece en lo relatado por los testigos mencionados, que aún y cuando estos la hayan practicado lo constatado en la misma debió presentarse como tal, al no haber sucedido así, se vulnera el Derecho de Defensa que le asiste a la imputada y el Debido Proceso que debe regir en un juicio oral y público. Con esta decisión del A-quo al valorar y tomar como parte del legajo probatorio el referido Informe de Auditoría, trasgredió los Principios que deben regir nuestro Proceso Penal, como ser Oralidad ya que nunca fue leído durante el debate, Inmediación ya que no fue puesto a disposición de las partes incluso de los jueces, Publicidad debido a que tampoco fue leído de forma pública durante el juicio oral y Contradicción porque no fue sometido al contradictorio por las partes; además, esto trae como consecuencia la violación a Derechos y Garantías Constitucionales como el Derecho de Defensa, ya que las partes no tuvieron la posibilidad de presentar alguna otra prueba que pudiera rebatir o cuestionar dicho informe, de igual forma el Debido Proceso por violentar la forma que la ley establece para evacuación y presentación de los medios de pruebas. IV.- En consecuencia de lo antes expuesto, la Sala encuentra claro que el error del A-quo vulnera gravemente Principios Constitucionales que informan el proceso penal y que deben prevalecer para legitimar el enjuiciamiento criminal en un sistema democrático, lo cual compete velar y controlar a través del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma; por tanto, es procedente declarar con lugar el presente motivo de Casación y ordenar el reenvío de la causa en lo que se refiere a la imputada D. M. P. P.. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA SEÑORA R. O. B.. I.- El recurrente denunció la Violación o aplicación incorrecta derivada de la interpretación errónea del artículo 223 numeral 1 del Código Penal que regula el delito de Hurto, consignando como Norma Autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que conforme los hechos probados, el Tribunal Sentenciador arribó erróneamente a calificar la acción de su patrocinada como un delito de HURTO CONTINUADO, por haberse realizado más de dos depósitos en su cuenta de cheques, mismo que según la principal testigo C. B. fueron efectuados a la cuenta de la señora R. O. B. por orden expresa de D. M. P. P.. Los hechos probados establecen que fue un tercero quien depositó el dinero en la cuenta de la señora R. O. B., comprobándose que devolvió el dinero a la señora D. M. P. P., por lo que considera, no puede hacérsele partícipe como autor a la señora B., pues como es conocido, para que se configure el HURTO deberá existir apoderamiento de bienes ajenos, lo cual aduce no ocurrió en la presente causa. II.- Esta Sala de lo Penal, recuerda que al tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de Derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la Interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los Hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la Norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Al conocer un Recurso de Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunción del hecho en el derecho, la tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). III.- La Sala entiende que, la redacción de los hechos probados es fundamental y un deber preciso del funcionario público -Juez- quien está en la obligación de realizar un adecuado desempeño de su cargo, apegándose estrictamente a lo establecido en el artículo 338 regla CUARTA 1., en el cual se establece que los hechos probados deberán ser descritos con claridad precisión y coherencia, sin términos que puedan predeterminar el fallo. La importancia de la redacción clara y precisa de los hechos probados identificando de acuerdo a la prueba vertida el suceso acaecido que se ha logrado probar en el juicio oral, resulta vital para poder efectuar una adecuada inserción del tipo penal calificado mostrando con nitidez que los hechos se reproducen en la norma penal seleccionada, la redacción confusa o imprecisa limitará la correcta labor de juzgamiento y correcta calificación jurídica, por ende, la eficiente y transparente labor jurisdiccional que debe ser inherente en la impartición de justicia como servicio público brindado en nombre del Estado. IV.- En el caso examiné, la Sala de lo Penal, encuentra que el recurso es de recibo, ya que al analizar los argumentos esgrimidos por el censor y proceder a examinar la redacción de hechos probados establecida por el Sentenciador en su fallo con el tipo penal calificado, se concluye que en efecto existe una interpretación errónea y/o aplicación indebida del artículo 223 numeral 1 del Código Penal que configura el delito de HURTO. El delito de HURTO consiste en el apoderamiento de bien ajeno sin la voluntad del dueño, pero sin emplear violencia ni intimidación en las personas o fuerzas en las cosas, se trata de la sustracción o desposesión subrepticia de bienes muebles. Así, en la doctrina para algunos juristas el bien jurídico protegido en el delito de HURTO es la “propiedad” y para otros “la posesión”; el objeto material es la “cosa mueble ajena” que se entiende como todo objeto del mundo exterior que sea susceptible de apoderamiento material y de desplazamiento. La acción consiste en apropiarse, es decir, en “tomar” las cosas muebles ajenas, el resultado de la acción es la apropiación de las cosas, por tanto el HURTO es un delito de resultado, ya que hace falta el desplazamiento patrimonial y exige la separación fáctica de una cosa del patrimonio de su dueño y su incorporación al sujeto activo[1]. La Sala, ya ha reiterado que el delito de HURTO regulado en el artículo 223 del Código Penal aplicado por el Tribunal sentenciador en el presente caso tutela la propiedad, para su concurrencia la norma citada exige que: “El autor sin la voluntad del dueño, tome bienes muebles ajenos, sin concurrir violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas”. El acto de tomar la cosa ajena sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas es la característica cardinal del hurto en sentido propio, la descripción normativa del delito de hurto en el artículo 223 de la ley penal sustantiva es sumamente clara al definir el acto del apoderamiento tomando las cosas ajenas sin la voluntad del dueño, perfeccionándose el tipo penal en el momento mismo que se toma la cosa y se priva a quien detenta el bien mueble de continuar en su posesión o tenencia. Al analizar el cuadro fáctico e identificar las acciones realizadas por la señora R. O. B., se puede concluir que los mismos no encuadran ni se pueden insertar en los elementos característicos regulados en la norma penal contenida en el artículo 223 numeral 1 del Código Penal, y que fue calificado en la modalidad de HURTO CONTINUADO por el que fue condenada la señora R. O. B., en primera instancia no se percibe cual fue la acción tendiente a apoderarse de bienes muebles ajenos, ya que los hechos probados no son claros en establecer si los depósitos que realizaban a la cuenta bancaria de la señora B., correspondía a un plan preconcebido entre las encartadas o simplemente era un favor que aquella le brindaba, ya que el cuadro fáctico refiere que los depósitos realizados a la cuenta de R. fueron entregados a la otra co-procesada, por tanto tampoco se puede determinar cuál sería la finalidad de la señora R. O. B. para apropiarse de dichos bienes, es decir, cual constituiría el beneficio económico que esta recibiría, que permita deducir una adecuación de su conducta al delito imputado, realizando actos de “tomar” bienes muebles ajenos desplazando a su “disponibilidad” los mismos. En consecuencia de lo anterior, esta Sala de lo Penal, considera que el Cuadro Fáctico no encaja de forma perfecta ni armónica con la norma penal del artículo 223 numeral 1 del Código Penal, por tanto el presente motivo de Casación debe ser declarado ha lugar..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil trece, por medio de la SALA DE PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) CONDENÓ a la señora R. O. B. por el delito de HURTO CONTINUADO en perjuicio del BANCO ATLÁNTIDA, a la pena de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSIÓN; 2) CONDENÓ a la señora D. M. P. P. por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio del BANCO ATLÁNTIDA, a la pena de DOCE (12) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una multa de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS.194,500.00) a favor del Estado de Honduras; 3) CONDENÓ a las encausadas a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL y 4) NO CONDENÓ en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpusieron el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada A. DEL C. R. H., actuando en su condición de Defensora Privada de la encausada D. M. P. P.; y el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, los Abogados J. R. H. V. Y J. M. V., en su condición de Defensores Privados de la encausada R. O. B.. SON PARTES: La Abogada A. DEL C. R. H. en su condición de Defensora Privada de la señora D. M. P. P., como parte recurrente; el Abogado J. M. V. en su calidad de Defensor Privado de la señora R. O. B., como parte recurrente y la Abogada M. E. G., en su condición de Representante del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El dos de abril del año dos mil tres, agentes de auditoría interna de Banco Atlántida, reciben información de una operación de remesa en efectivo por la cantidad de cinco millones de Lempiras procedente de la sucursal de Banco Atlántida de la ciudad de La Paz, con destino a la ciudad de Tegucigalpa, cantidad que no fue recibida en aquella ciudad, situación que motiva que el tres de abril del dos mil tres se realicen investigaciones de auditoría interna en la sucursal de la ciudad de La Paz, reportando un faltante en caja de reserva y bóveda por más de Ocho Millones de Lempiras. SEGUNDO: De la auditoría se descubre que el desvío de fondos de la institución bancaria originalmente se inicia a raíz de un préstamo informal por la cantidad de cien mil lempiras que la gerente para la fecha le otorgara a la señora D. M. P. P., quien valiéndose de la confianza que mantenía con aquella le convence en su entrega con la promesa que en dos días se lo pagaría, no haciéndolo en el término convenido, sino valiéndose de su incumplimiento para obtener cantidades variadas de dinero por parte de la gerente de la sucursal mencionada y bajo la advertencia que no le comunicase a nadie porque tenía hijos y había gente grande atrás, obteniendo así la cantidad de un millón setecientos cuarenta y cinco mil lempiras (Lps.1,745,000.00) bajo recibos de depósito detallados así: El 19 de septiembre del 2002 a las diez con veintidós de la mañana, sesenta mil lempiras (Lps.60,000.00); el 24 de septiembre del 2002, a las diez con cuarenta y cinco de la mañana, la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (Lps.75,000.00); el 24 de septiembre del 2002 a las doce y veintinueve de la tarde cien mil lempiras (Lps.100,000.00); el 27 de septiembre del 2002, a las nueve con cinco de la mañana cien mil lempiras (Lps.100,000.00); el 28 de septiembre de 2002 a las diez con cuatro minutos de la mañana, setenta mil lempiras (Lps.70,000.00); el veintinueve de septiembre del 2002, a las diez y veintidós de la mañana, sesenta mil lempiras (Lps.60,000.00); el 07 de octubre del 2002, a la una con veintidós de la tarde ciento sesenta mil lempiras (Lps 160,000.00), el 14 de octubre del 2002 a las nueve con cincuenta y cinco de la mañana doscientos mil lempiras (Lps 200,000.00), el 05 de noviembre del 2002, a las nueve con dieciocho de la mañana, setenta mil lempiras (Lps.70,000.00); el 08 de noviembre del 2002 a las diez con cuarenta y ocho de la mañana ciento setenta mil lempiras (Lps.170,000.00); 12 de noviembre del 2002 a las diez con once de la mañana, ciento cincuenta mil lempiras (Lps.150,000.00); el 18 de noviembre del 2002, a la una con treinta y cinco de la tarde, setenta mil lempiras (Lps.70,000.00), el 22 de noviembre del 2002 a las nueve con cuarenta y tres de la mañana ciento diez mil lempiras (Lps.110,000.00); El veintitrés de noviembre del 2002, a las nueve con treinta y cinco de la mañana, cien mil lempiras (Lps.100,000.00), El 27 de noviembre del 2002, a las nueve con treinta y tres de la mañana, doscientos cincuenta mil lempiras (Lps.250,000.00), además los dos recibos por la cantidad de cien mil lempiras cada uno, se depositaron en cuenta de cheques de R. O. B. y que ésta retiró y enteró a la señora D. M. P. P., de fechas 04 de noviembre del 2002 y 26 de febrero del 2003, que en total suman la cantidad de Un Millón novecientos Cuarenta y Cinco Mil Lempiras exactos (Lps.1,945,000.00). TERCERO: Para esa fecha se descubren cheques de caja librados por Banco Atlántida para responder con sus propios fondos a favor de Banco de Occidente números 80062463 por la cantidad de trescientos mil lempiras (Lps.300,000.00); 80062548, por la cantidad de cien mil lempiras (Lps.100,000.00); 80062515, por la cantidad de cien mil lempiras (Lps.100,000.00); 800445639 por la cantidad de cien mil lempiras (Lps.100,000.00), los que hacen un total de seiscientos mil lempiras exactos (Lps.600,000.00), los tres primeros depositados en cuenta de cheques 11701-00-10620, y el último depositado en cuenta de cheques número 11-701-0004697, que pertenecen a la señora R. O. B. y de los cuales enteró a D. M. P. la cantidad de Doscientos mil lempiras y sin devolución comprobada hasta entonces sobre la diferencia CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos por la Abogada A. DEL C. R. H., actuando en su condición de Defensora Privada de la encausada D. M. P. P.; y por los Abogados J. R. H. V. Y J. M. V., actuando en su condición de Defensores Privados de la encausada R. O. B., reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- La recurrente Abogada A. DEL C. R. H., formalizó su recurso de Casación de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: “No haber observado el sentenciador en la Valoración de la Prueba las Reglas de la Sana Crítica”.- SEGUNDO MOTIVO: “Por no haberse basado el sentenciador en medios o elementos probatorios incorporados legalmente al juicio.” PRECEPTO AUTORIZANTE: “El motivo de casación se encuentra comprendido en los laterales 2, y 3, del artículo 362 del Código Procesal Penal”. Para los efectos del presente recurso de Casación se consideran violados los artículos 202 del Código Procesal Penal que literalmente dice “Las pruebas serán valoradas conforme a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Asimismo los artículos 338, sección cuarta, numeral 2, mandan específicamente a los Tribunales a dictar las sentencias justificando, según las reglas de la sana crítica el valor que le haya dado las pruebas practicadas en el juicio. Como también el artículo 336, del mismo Código Procesal Penal, que manda que los Tribunales para resolver, solo tendrán en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la Sana Crítica.” EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO.- Es oportuno tener claro en qué consiste el sistema de valoración de las reglas de la Sana Crítica, conforme el artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el Código Procesal Penal es el de la Sana Crítica Racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo penal, debe de ser observada por el sentenciador al momento de emitir el fallo. Es en la sentencia en donde el Juez debe emitir un juicio de valor en forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico debe ser sustentado en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate, para los efectos de controlar el valor de las pruebas por el valor del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal decide en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de la prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no; y además porqué un elemento de prueba u otro le lleva a una determinada conclusión. Sobre este fundamento intelectivo recae el Reproche del Recurso de Casación por violación de las Reglas de la Sana Crítica. Por eso como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. La primera se refiere al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados, los de la psicología que se relaciona con conocimientos básicos y no son reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implica que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido, la derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficientes (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente convencimiento cierto del suceso que se juzga.)Es por eso que el VITTORIO DENTI ponente general en el V Congreso Internacional de Derecho Procesal de México manifestó: “En todos los ordenamientos procesales modernos, libre valoración de la prueba no significa tan solo la exclusión de eficacia de las pruebas en sí, determinada en la vía preventiva por el legislador; sino también valoración racional realizada a base de criterios objetivos verificables que por tanto no quedan librados a la arbitrariedad del juzgador. EXPLICACION SEGUNDO MOTIVO: El principio procesal de contradicción es uno de los principios básicos del juicio, concede a las partes la oportunidad de formular sus alegaciones, en base a la prueba y argumentos de la parte contraria incorporada al proceso. Teniéndose como prueba en sentido procesal estricto y por lo tanto la única valorable y utilizable para fundamentar la convicción del juzgador la que se practica en el acto del juicio. Este principio permite a las partes la igualdad de armas, confrontar las declaraciones de los testigos como de los acusadores en las contradicciones apreciadas entre tales declaraciones; lo mismo sucede en caso de contradicciones en el contenido de los informes periciales realizados en la fase preparatoria y lo manifestado por los peritos en el acto del juicio. De manera que, debe de introducirse toda la prueba en el debate a efecto de que alcance aptitud para ser valorada por el órgano sentenciador, por lo que se considera violador el artículo 336 del código procesal penal, al darle el sentenciador un valor probatorio a una auditoría que no fue incorporada al proceso. Esta defensa de la señora D. M. P. P. acreditará que el Tribunal de Sentencias en evidente confrontación con las reglas de la Sana Crítica, específicamente con las reglas de la máxima de la experiencia común y la valoración armónica y conjunta de los medios de prueba; así como la valoración de un medio de prueba que no fue incorporado al proceso; ha quebrantado la eficacia de valoración que estas reglas establecen, ya que el Tribunal de sentencias formula conclusiones por un lado dejando al margen, sin darle ningún valor probatorio, ni justificación a prueba que fue evacuada en el juicio oral y público, que de haberla valorado, en forma conjunta y armónica, y razonada con estricto respeto a las reglas de la sana Crítica, como se debe hacer; y por otro lado valora elementos probatorios que no fueron incorporados al proceso, mismo que solo se conocen por manifestaciones de testigos, donde aseguran que el dicho medio de prueba ser realizó, pero que no consta su contenido en el proceso. Si este Tribunal hubiese observado estricto apego jurídico y a la sana crítica habría concluido que debía dictar una sentencia absolutoria, por no existir certeza de la participación de la imputada en los hechos acaecidos y objeto del presente juicio. HECHOS PROBADOS SEGÚN EL TRIBUNAL JUZGADOR.- El Juzgador establece como hechos probados los siguientes: PRIMERO: El dos de abril del año dos mil tres, agentes de auditoría interna de Banco Atlántida, reciben información de una operación de remesa en efectivo por la cantidad de cinco millones de Lempiras procedente de la Sucursal de Banco Atlántida de la ciudad de La Paz, con destino a la ciudad de Tegucigalpa, cantidad que no fue recibida en aquella ciudad, situación que motiva que el tres de abril del dos mil tres se realicen investigaciones de auditoría interna en la sucursal de la ciudad de La Paz, reportando un faltante en caja de reserva y bóveda por más de Ocho Millones de Lempiras. Segundo: De la auditoría se descubre que el desvío de fondos de la institución bancaria originalmente se inicia a raíz de un préstamo informal por la cantidad de cien mil lempiras que la gerente para la fecha le otorgara a la señora D. M. P. P., quien valiéndose de la confianza que mantenía con aquella le convence en su entrega con la promesa que en dos días se lo pagaría, no haciéndolo en el término convenido, sino valiéndose de su incumplimiento para obtener cantidades variadas de dinero por parte de la gerente de la sucursal mencionada y bajo la advertencia que no le comunicase a nadie porque tenía hijos y había gente grande atrás, obteniendo así la cantidad de un millón setecientos cuarenta y cinco mil lempiras (Lps.1,745,000.00) bajo recibos de depósito detallados así: El 19 de septiembre del 2002 a las diez con veintidós de la mañana, sesenta mil lempiras (Lps.60,000.00); el 24 de septiembre del 2002, a las diez con cuarenta y cinco de la mañana, la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (Lps.75,000.00); el 24 de septiembre del 2002 a las doce y veintinueve de la tarde cien mil lempiras (Lps.100,000.00); el 27 de septiembre del 2002, a las nueve con cinco de la mañana cien mil lempiras (Lps.100,000.00); el 28 de septiembre de 2002 a las diez con cuatro minutos de la mañana, setenta mil lempiras (Lps.70,000.00); el veintinueve de septiembre del 2002, a las diez y veintidós de la mañana, sesenta mil lempiras (Lps.60,000.00); el 07 de octubre del 2002, a la una con veintidós de la tarde ciento sesenta mil lempiras (Lps 160,000.00), el 14 de octubre del 2002 a las nueve con cincuenta y cinco de la mañana doscientos mil lempiras (Lps 200,000.00), el 05 de noviembre del 2002, a las nueve con dieciocho de la mañana, setenta mil lempiras (Lps.70,000.00); el 08 de noviembre del 2002 a las diez con cuarenta y ocho de la mañana ciento setenta mil lempiras (Lps.170,000.00); 12 de noviembre del 2002 a las diez con once de la mañana, ciento cincuenta mil lempiras (Lps.150,000.00); el 18 de noviembre del 2002, a la una con treinta y cinco de la tarde, setenta mil lempiras (Lps.70,000.00), el 22 de noviembre del 2002 a las nueve con cuarenta y tres de la mañana ciento diez mil lempiras (Lps.110,000.00); El veintitrés de noviembre del 2002, a las nueve con treinta y cinco de la mañana, cien mil lempiras (Lps.100,000.00), El 27 de noviembre del 2002, a las nueve con treinta y tres de la mañana, doscientos cincuenta mil lempiras (Lps.250,000.00), además los dos recibos por la cantidad de cien mil lempiras cada uno, se depositaron en cuenta de cheques de R. O. B. y que ésta retiró y enteró a la señora D. M. P. P., de fechas 04 de noviembre del 2002 y 26 de febrero del 2003, que en total suman la cantidad de Un Millón Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Lempiras exactos (Lps.1,945,000.00). Tercero: Para esa fecha se descubren cheques de caja librados por Banco Atlántida para responder con sus propios fondos a favor de Banco de Occidente números 80062463 por la cantidad de trescientos mil lempiras (Lps.300,000.00); 80062548, por la cantidad de cien mil lempiras (Lps.100,000.00); 80062515, por la cantidad de cien mil lempiras (Lps.100,000.00); los que hacen un total de seiscientos mil lempiras exactos (Lps.600,000.00), los tres primeros depósitos a cuenta de cheques 11701-0004697, que pertenecen a la señora R. O. B. y de los cuales enteró a D. M. P. la cantidad de Doscientos mil lempiras. 1) Según el Tribunal Juzgador con la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, se ha probado la comisión del delito, mediante las declaraciones testificales de los señores C. R. P. M., J. C. P. B., L. A. P. C., quienes narraron la forma como se enteraron del faltante y la forma de cómo llegaron a la convicción de que la persona quien había cometido el ilícito era la señora C. I. M., sin embargo el presente recurso de casación recae sobre el hecho probado segundo ya que el sentido procesal estricto la única prueba valorable y utilizable para fundamental la convicción del juzgador es la que se practica en el acto del juicio oral. Sin embargo el tribunal juzgador dice que de la AUDITORÍA REALIZADA se desprende “De la auditoría se descubre que el desvío de fondos de la institución bancaria originalmente se inicia a raíz de un préstamo informal por la cantidad de cien mil lempiras que la gerente para la fecha le otorgara a la señora D. M. P. P.…”, razonando el Tribunal un medio de prueba denominado auditoría, el cual nunca fue ni propuesto ni evacuado durante el juicio oral y público, pues lo único que se recibió fueron declaraciones testificales de los señores C. R. P. M., J. C. P. B., L. A. P. C., quienes manifestaron ser las personas que realizaron la auditoría, no debe valorarse este testimonio como si fuese un informe de auditoría, pues en todo caso éste debió de ser presentado por escrito, de manera que pudiera constar en él todos los hallazgos y de esta forma garantizar el principio de igual entre las partes y cumplirse con el principio de NO CONTRADICCIÓN, que es un pilar fundamental de todo proceso penal, ya que al valorizar una auditoría que no pudo ser cuestionada por la defensa genera que el juzgador se forme un criterio solo con lo argumentado por una de las partes, b) Por su condición de juzgador jurídico está obligado a saber y conocer que las transacciones financieras son objeto de registro precisamente para cuidar el valor probatorio que de ella se desprenden, se cuestionó en el juicio oral que era vital para establecer y probar realmente las supuestas operaciones ilegales, el registro contable, más específicamente el informe de auditoría como lo establece el Código de Comercio en su apartado sobre el valor probatorio de los registros contables, tales inobservancias por parte del tribunal, lo lleva a caer precisamente en los errores que se busca evitar con los registros documentales de operaciones financieras, error que se establece al decir el juzgador que “De la auditoría se descubre que el desvío de fondos de la institución bancaria originalmente se inicia a raíz de un préstamo informal por la cantidad de cien mil lempiras que la gerente para esa fecha le otorgara a la señora D. M. P. P.,…” LO QUE ES TOTALMENTE FALSO, pues aparte de que durante el proceso no existió ningún informe de auditoría que arrojara esa prueba, tampoco lo manifestaron los testigos propuestos por el Ministerio Público, quienes se supone fueron los auditores y testimonios con los cuales el Tribunal valoró para llegar al convencimiento de la comisión del Ilícito; durante el debate se evacuó el testimonio de la señora C. I. M., quien fue la persona que declaró”… Que D. M. P. le había solicitado de inicio un préstamo sin cumplir con los requisitos, por lo que el tribunal al carecer de un medio de prueba eficaz para determinar realmente, los hallazgos de la auditoría le da un valor probatorio a un medio que ni existe en el proceso, generando incongruencia entre sus conclusiones y los medios de prueba evacuados. 2.) Así mismo como establece de la misma auditoría se desprende, esto conforme a las declaraciones testificales de los señores C. R. P. M. J. C. P. B., L. A. P. C., de los recibos originales de depósitos que la señora C. I. M. le hacía a D. M. P., y que por esto se da por probada su participación, esta conclusión del tribunal totalmente violatoria a las reglas de la sana crítica de hacer una valoración conjunta y armónica de los medios de prueba evacuados en el proceso, pues con la prueba de descargo consistente en los recibos de originales a favor de R. B. y J. P., así como el listado de recibos originales, que fueron encontrados en el escritorio de la señora C. I. M. Originales encontrados en el mismo escritorio, el mismo día, en el mismo momento, como se estableció con la declaración testifical de los testigos; los cuales el Tribunal sentenciador discriminó, sin darles ningún valor probatorio, a pesar de que de los mismos se desprende 1) Que no solo habían en ese lugar y en las mismas circunstancias recibos a nombre de D. M. P.. 2) El Tribunal le da un valor probatorio eficaz, al testimonio como prueba de cargo quien manifiesta: C. R. P. M., que se encontraron en el escritorio de C. I. M., originales de depósitos a la cuenta de D. M. P., y que al preguntársele por parte de esta defensa…”, además de los recibos a favor de D. M. P. y R. B., que otros recibos se encontraron en ese escritorio? Contesta: solamente; al preguntársele “… Todos esos depósitos correspondían a la cuenta habiente D. M. P.” contesta sí; testimonio que al compararlo con los elementos probatorios incorporados por la defensa y que fueron discriminados por el juzgador sin justificación razonada se evidencia que el testigo falta a la verdad. A los recibos de R. B. y Judith Padilla el tribunal no les da ningún valor probatorio a pesar de que se encontraron en el mismo lugar y circunstancias que los de D. M. P., a pesar de que califica”… Se ha expuesto en los apartados anteriores que uno de los aspectos relevantes en ocasión de la actividad de la auditoría en la Sucursal de Banco Atlántida en la ciudad de La Paz, es el hallazgo en el escritorio de la gerente de la sucursal recibos de depósitos a nombre de D. M. P. P.…” también en su testimonio el señor L. A. P. C., (prueba de cargo) introduce elementos importantes, como ser el hecho de que habían antecedentes anteriores a estos hechos de que la señora C. I. M. manipulaba cuentas diferentes, “… en octubre hicieron una auditoría, y como ya esta persona venía jugando con cuentas le determinaron faltante de dos millones y justificó que era la cancelación de un depósito que no había operado…” por lo que conforme a la lógica y sentido común los recibos a favor de D. M. P., contienen transacciones tan legales como las que contienen los demás documentos originales encontrados. 2) C. I. M., declara que su domicilio es en la Paz, y que la Agencia Corresponde a la Agencia de Banco Atlántida de La Paz lo que también dejan por sentado C. R. P. M., J. C. P. B., L. A. P., D. M. P. P. declara que su domicilio es en Comayagua y que el negocio está ubicado en el barrio el Torondón de Comayagua; conforme a la razón, sentido común, lógica, y la máxima de la experiencia, cuando se hacen transacciones comerciales con agentes de comercio de domicilios diferentes el que hace el depósito conserva el original a fin de acreditar el pago para el envío de su producto. Y que es uno de los mecanismos más utilizados para hacer pagos de pedidos en el mercado nacional e internacional. 3) Da por sentado el Tribunal que no existe contradicción entre los testigos a cargo y que refieren que los hechos se han suscitado a inicios del mes de abril del año dos mil tres. 4) Hace referencia el tribunal sobre los talonarios de recibos del mes de noviembre del 2002, así como el recibo por la venta de producto del mes de octubre del 2002; así como recibos a nombre de C. I. M. por L.100,000.00 del 23 de enero del 2003, elementos probatorios que aunque discriminados por el órgano sentenciador evidencia que los depósitos hechos por C. I. M. obedecían al pago de mercadería, por las relaciones con D. M. P. y R. O. B. (pág. 43 primero y segundo y tercer párrafo): 5) CONSTANCIA A FAVOR DE D. M. P. DEL 7 DE ABRIL DEL 2002 como propietaria de Inversiones Jerusalén. (Pág. 44 segundo párrafo). Que introduce al proceso el elemento probatorio que la señora D. M. P. P., si se dedicaba al comercio de abarrotería desde antes de constituirse legalmente y que los recibos de depósitos hechos a D. M. P. P. un año antes (en el 2002) de que ésta se constituyera legalmente como comerciante, si justifica una relación de comercio entre C. I. M. y D. M. P. P. (Pág.46, tercer párrafo) de la valoración conjunta y armónica de los medios de prueba enunciados como 3,4 se genera una serie de contradicciones, a) Por un lado establece que los hechos acaecidos fueron en abril del 2003, (testigos contestes) por otro lado los recibos por los cuales el Tribunal le deduce responsabilidad a D. M. P., son del año 2002. Quebranta inexplicablemente las Reglas de la Sana Crítica, especialmente las de la Máxima de la Experiencia, en el sentido que es de conocimiento común la existencia de los comerciantes NO FORMALES, y que los mismos se encuentran contemplados para disposiciones de tratamiento financiero y de cooperación, tanto por la Cámara de Comercio, como las mismas Instituciones financieras. De igual forma se cuestiona la valoración que el Tribunal hace de los elementos probatorios incorporados al proceso por la defensa de la señora R. O. B., quien busca inculpar a D. M. P., del testimonio de la señora C. I. M.; se desprende elementos fundamentales, como lo es el hecho que ella manifiesta, alejada de toda lógica, que una persona vecina va a llegar donde una gerente de una institución a solicitar un préstamo de L.100,000.00 sin hacer ningún trámite, además manifiesta “… cuando empecé hice la transacción por medio de la Taulabé,” “ella me habla de un negocio…” elemento importante, pues a pesar de la inconsistente declaración de C. I. M., a la cual el Tribunal le da un valor eficaz; se deja establecido que si efectivamente había una relación comercial entre ella y D. M. P., pues es conteste con lo manifestado por D. M. P., quien dijo que C. I. M. le dijo que el préstamo se lo iba a dar a una Cooperativa, por lo que D. M. P. P., no estaba obligada a saber ni cuestionar la procedencia del dinero con el cual se le compraba su producto. 6.) DE LAS DECLARACIONES TESTIFICALES, de los señores C. A. B. G. Y O. A. M.; TALONARIOS DE RECIBOS MEMBRETADOS, prueba que, D. M. P. y R. O. B., se conocían y que efectivamente existía la relación de comercio entre ellas, así como se desprende de la DECLARACIÓN DE LA SEÑORA D. M. P., que la persona que administraba el dinero era precisamente R. O. B., y que por su parte D. M. P., se dedicaba a la compra de la mercadería, por lo que es lógico que exista envío de dinero por parte de la señora R. O. B. a D. M. P.. 7) El Tribunal da por probado que el dinero que R. O. B. mandó a D. M. P., y que ésta recibió, provenía del dinero que C. I. M. depositaba en su cuenta, sin embargo de la misma, al analizar la prueba en conjunto con las declaraciones de la señora C. I. M., manifiesta que el depósito que hizo a R. O. B. era de L.300,000.00; C. A. B. G. y O. A. M. quienes dicen que por dos ocasiones diferentes fueron a dejar L.100,000.00, produciendo elementos como: a) Que R. O. B. era una persona que tenía diferentes tipos de negocios, por lo que D. M. P., no estaba obligada a saber que precisamente el dinero que manejaban con R. O. B., tenían un procedencia diferente a la compra y venta de productos de abarrotería b) Que por existir la relación de comercio con D. M. P., es lógico que existan recibos firmados por ésta por las entregas de dinero c) No se constató que efectivamente los dos recibos firmados de L.100,000.00 firmados por D. M. P. provenían del dinero que depositó C. I. M., en la cuenta de R. O. B.. Fernando de la Rúa define las máximas de la experiencia como “Aquellas nociones que corresponden a concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles, la sentencia que razona en contra de esas máximas o se funda en pretendidas máximas de las experiencia inexistente contiene un vicio indudable en su motivación, que sólo es controlable por vía de casación, por lo que por la máxima de la experiencia se establece que una persona que ejerce actos de comercio no está obligada a saber la procedencia del dinero con el cual se compra su producto, y que cuando el sentenciador bajo su potestad de valorar la prueba conforme a las razones de la Sana Crítica hacer valoraciones arbitrarias y erróneas, como ser el hecho de atribuirle valor probatorio a elementos de prueba inexactos. Por lo que se concluye que el Tribunal sentenciador a violentado y quebrantado las reglas de la Sana Crítica, específicamente la Máximas de la Experiencia común, así como dándole valor probatorio a una prueba que no fue incorporada ni evacuada en el proceso como ser la AUDITORÍA sobradamente enunciada por el Tribunal Sentenciador, razonamiento arbitrario que lo llevó a dictar una sentencia condenatoria en contra de la imputada D. M. P.. Por haberse producido el vicio In procediendo denunciado en ambos motivos de casación, en el mismo acto de sentenciar, no se ha podido presentar reclamo alguno para su subsanación.” III.- Los recurrentes Abogados J. R. H. V. Y J. M. V., en su condición de defensores privados de la señora R. O. B., procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACIÓN. Primero: Violación por aplicación incorrecta derivada de una interpretación errónea de la figura penal de hurto, tipificado en el numeral 1) de artículo 223 del Código Penal. Explicación del concepto de la violación. El tribunal sentenciador en su declaración de “HECHOS PROBADOS” deja establecido como premisa descriptiva que: “primero: El dos de abril del año dos mil tres, agentes de auditoría interna de Banco Atlántida, reciben información de una operación de remesa en efectivo por la cantidad de cinco millones de Lempiras procedentes de la Sucursal de Banco Atlántida de la Cuidad de La Paz, con destino a la ciudad de Tegucigalpa, cantidad que no fue recibida en aquella ciudad, situación que motiva que el tres de abril de dos mil tres se realicen investigaciones de auditoría interna en la sucursal de la ciudad de La Paz, reportando un faltante en caja de reserva y bóveda por más de Ocho Millones de Lempiras. Segundo: De la auditoria se descubre que el desvío de fondos de la institución bancaria originalmente se inicia a raíz de un préstamo informal por la cantidad de cien mil lempiras que la gerente para la fecha le otorgara a la señora D. M. P. P., quien valiéndose de la confianza que mantenía con aquella, le convence en su entrega con la promesa de que en dos días se lo pagaría, no haciéndolo en el término convenido, sino valiéndose de su incumplimiento para obtener cantidades variadas de dinero por parte de la gerente de la sucursal mencionada y bajo la advertencia que no le comunicase a nadie porque tenía hijos y que había gente grande atrás, obteniendo así la cantidad de un millón setecientos cuarenta y cinco mil lempiras (Lps 1,745,000.0O) bajo recibos de depósitos detallados así: El 19 se septiembre del 2002, a las diez con veintidós de la mañana, sesenta mil lempiras (Lps 60,000.00); El 24 de septiembre del 2002, a las diez con cuarenta y cinco de la mañana la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (Lps 75,000.00); el 24 de septiembre del 2002, a las doce y veintinueve de la tarde, cien mil lempiras (Lps 100,000.00) el 27 de septiembre del 2002, a las nueve con cinco de la mañana cien mil lempiras (Lps 100,000.00); el 28 de septiembre del 2002, a las diez con cuatro minutos de la mañana, setenta mil lempiras (Lps 70,000.00); el veintinueve de septiembre del 2002, a las diez y veintidós de la mañana, sesenta mil lempiras (Lps 60,000.00); el 07 de octubre del 2002, a la una con veintidós de la tarde, ciento sesenta mil lempiras (Lps 160,000.00), el catorce de octubre del 2002, a las nueve con cincuenta y cinco de la mañana doscientos mil lempiras (Lps 200,000.00). el 05 de noviembre del 2002, a las nueve con dieciocho de la mañana, setenta mil lempiras (Lps 70,000.00); el 08 de noviembre del 2002, a las diez con cuarenta y ocho de la mañana ciento setenta mil lempiras (Lps 170,000.00); el 12 de noviembre del 2002 a las diez con once de la mañana, ciento cincuenta mil lempiras (Lps 150,000.00); el 18 de noviembre del 2002, a la una con treinta y cinco de la tarde, setenta mil lempiras (Lps 70,000.00), el 22 de noviembre del 2002, a las nueve cuarenta y tres de la mañana ciento diez mil lempiras (Lps 110,000.00); El veintitrés de noviembre del 2002, a las nueve con treinta y cinco de la mañana, cien mil lempiras (Lps 100,000.00) El 27 de noviembre del 2002, a las nueve con treinta y tres de la mañana, doscientos cincuenta mil lempiras (Lps 250,000.00) además los dos recibos por la cantidad de cien mil lempiras cada uno se depositaron en cuenta de cheques de R. O. B. y que ésta retiró y enteró a la señora D. M. P. P., de fecha 04 de noviembre del 2002 y 26 de febrero del 2003. Que en total suman la cantidad de Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Lempiras exactos (Lps 1,945,000.00). Tercero: Para esa fecha se descubren cheques de caja librados por Banco Atlántida para responder con sus propios fondos a favor de Banco de Occidente números 80062463 por la cantidad de trescientos mil lempiras (Lps 300,000.00); 80062548, por la cantidad de cien mil lempiras (Lps 100,000.00); 80062515, por la cantidad de cien mil lempiras (Lps 100,000.00) 800445639 por la cantidad de cien mil lempiras (Lps 100,000.00). Los que hacen un total de seiscientos mil lempiras exactos (Lps 600,000.00) los tres primeros depositados a cuenta de cheques 11701-00- 10620, y el último depositado en cuenta de cheques número 11-701-0004697, que pertenecen a la señora R. O. B. y de los cuales enteró a D. M. P. la cantidad de Doscientos mil lempiras y sin devolución comprobada hasta entonces sobre la diferencia.” Con la declaración de hechos probados que queda transcrita, el Tribunal sentenciador inapropiadamente arriba a la conclusión de que nuestra representada incurrió en el delito de hurto, y que lo califica como continuado por la circunstancia de que se le hizo más de un depósito a sus cuentas de cheques con los números que quedan señalados en la referida declaración de hechos probados. En sustento de tal calificación jurídica en el apartado correspondiente a la fundamentación jurídica, específicamente en el inciso segundo, el Tribunal, luego de transcribir lo que prescribe el artículo 223 numeral 1) del Código Penal, es decir lo relativo al tipo penal de hurto, con un razonamiento no del todo inteligible, a renglón seguido aduce que Para la sala el comportamiento de R. O. B. permitir el depósito de los cheques de caja no negociables que Banco Atlántida libra a favor de Banco de Occidente, y por la cantidad de cuatrocientos mil lempiras (Lps 400,000.00) bajo las condiciones o los medios de la norma antecedente ha de ser considerada como una conducta típica, ha quedado probado que R. O. B., que al permitir el depósito de los cheques de caja, para responder con los fondos del banco librador (Banco Atlántida), sin haber devuelto los fondos, sin duda que sin la voluntad de Banco Atlántida como persona jurídica o su directiva, y sin un trámite legal para el depósito en sus cuentas, toma bienes ajenos, abstrae de la posibilidad material de disposición de Banco Atlántida de los cheques de caja no negociables que fueron depositados a sus cuentas de cheques de Banco de Occidente.” Posición que se pretende reforzar con lo que se expone en el numeral tercero, en donde se hace una especie de análisis de los elementos de la parte objetiva del tipo penal, lo que independientemente de los reparos que pueden hacérsele, por ahora no nos merece alguna consideración. En ese mismo apartado se retoma lo relativo a los hechos que se tienen por probados con respecto a nuestra representada y en tal sentido se describen nuevamente las circunstancias que tienen que ver con los depósitos efectuados a sus cuentas de cheques, así como lo relacionado con los recibos firmados por la señora D. M. P. en razón de la devolución de parte del dinero, a lo que debe agregarse que según versión de la principal protagonista de los hechos, señora C. I. B. C., quien no obstante haber sido condenada en un juicio previo que se le siguió, ya que era la encargada de la agencia bancaria en referencia, compareció como testigo en la causa que nos ocupa, y en la cual dejó claramente sentado que el o los depósitos que hizo en la cuenta bancaria de nuestra representada fue porque la señora D. M. P. así se lo pidió debido a que no podía ir a recibir personalmente el dinero. Sin hacer acopio de una elaborada interpretación de la figura del hurto, no cabe duda que los hechos tenidos por probados por el Tribunal con respecto a nuestra representada, es decir el que un tercero haya efectuado depósitos en sus cuentas de cheques y sólo acreditar que devolvió una parte del dinero a la supuesta beneficiaria, señora D. M. P., no la puede hacer partícipe del delito en referencia a título de autor, pues es de sobra conocido que el hurto como típico delito contra la propiedad que es, implica en principio el apoderarse de bienes muebles ajenos, lo que dogmáticamente se entiende como el acto de desapoderar con un apoderamiento correlativo, es decir sacar la cosa de la esfera de custodia de otro y pasarla o transferirla a la nuestra. En ese orden de ideas, el ilustre jurista argentino Sebastian Soler, citado por C. A. T. en un opúsculo titulado “El Apoderamiento en el Delito de Hurto”, contenido en una obra en co-autoría con otros autores, denominada “De las penas”, página 487, deja dicho lo siguiente: “Apoderarse exige no solamente la pérdida de poder de parte de la víctima, sino la adquisición de poder de parte del autor. Y siendo el caso de considerar al hurto como una forma de compartir con nadie ese dominio, es forzoso considerar que el momento consumativo del hurto, esto es, el de la consolidación del propio poder, debe coincidir con la exclusión de hecho del poder del dueño o de quien por éste tema la cosa”. Por su parte, C. C., en su obra” Derecho Penal”. (Parte especial) pagina 392., luego de varias consideraciones acerca de delito que nos ocupa expresa que: “En el hurto hay, pues, una sustracción de la cosa de la esfera de disponibilidad del tenedor que la hace pasar a la esfera de disponibilidad del agente, lo cual implica, en aquélla, un desplazamiento de un sujeto por otro el agente quita al tenedor la titularidad de la esfera de disponibilidad de la cosa para constituirse él en titular de ella”. Si retomamos el caso de autos y ponemos los hechos probados en relación con el tipo penal en cuestión, la conclusión inevitable a la que se llega es que se está ante una absoluta atipicidad pues, se reitera, nuestra representada no desapoderó al Banco Atlántida de los fondos cuestionados, ese acto, si es que podría calificarse de desapoderamiento, lo realizó quien puso los fondos en su cuenta para que los mismos le fueren entregados a la señora D. M. P. Si el supuesto fuera, tal como se deja entrever en la sentencia, que nuestra representada no devolvió todo el dinero depositado en su cuenta a la señora P., el sujeto pasivo del delito no podrá ser la institución bancaria en referencia sino la misma señora P., y en todo caso tampoco se podría postular la comisión de un delito de hurto. Con respecto a los otros elementos objetivos del tipo penal de hurto, consideramos que resulta un tanto ocioso su abordaje dado que la atipicidad se cumple con la sola ausencia de uno de los elementos del tipo, lo mismo resulta predicable en lo que tiene que ver con el dolo. Así las cosas, la sentencia condenatoria recurrida adolece de un grave vicio de fondo (in indicando) al calificarse en ella un delito de hurto con unos hechos probados que no pueden encuadrarse o subsumirse en ese tipo penal. Motivo de casación que se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. Segundo: Motivación jurídica contradictoria e insuficiente. Explicación del concepto de la violación. El Tribunal sentenciador, con la prueba ejecutada en juicio tiene como hecho probado con respecto a nuestra representada el que específicamente describe en el numeral “Tercero” del apartado correspondiente, es decir que Para esa fecha se descubren cheques de caja librados por Banco Atlántida para responder con sus propios fondos a favor de Banco de Occidente números 80062463 por la cantidad de trescientos mil lempiras (Lps 300,00.00); 80062548, por la cantidad de cien mil lempiras (lps 100,000.00); 80062515, por la cantidad de cien mil lempiras (Lps 100,000.00); 800445539 por la cantidad de cien mil lempiras (Lps 100,000.00), los que hacen un total de seiscientos mil lempiras exactos (Lps 600,000.00) los tres primero depositados a la cuenta de cheques 11701-00-10620, y el último depositado en cuenta de cheques número 11-701-0004697, que pertenecen a la señora R. O. B. y de los cuales enteró a D. M. P. la cantidad de Doscientos mil lempiras y sin devolución comprobada has entonces sobre la diferencia.” Esto además de que en varios acápites del apartado de Valoración de la Prueba se retoma el hecho en referencia, incluso con mayor descripción, en tal sentido, en el numeral tercero, al hacerse relación a la prueba documental se describe el recibo respectivo, fecha de depósito, descripción de cheque con su respectivo valor, así como la persona que aparece haber efectuado el depósito; apareciendo K. K. relacionado con el recibo N° 80951815, la señora C. M. con los recibos números 11364369 y 8092638, así como el señor C. E. M. con el recibo 7966991. Depósitos que sumaron una cantidad total de seiscientos mil lempiras (Lps 600,000.00), pero que aparece documentada la devolución de doscientos mil lempiras (Lps 200,000.00) a la señora D. M. P., hecho que lo tiene así acreditado el Tribunal, pues además de señalarlo en los hechos probados, al valorar la deposición de algunos testigos del cargo en conexión con la prueba documental deja expresado: “Los testigos han relatado ante la sala que producto de la auditoria descubre en el escritorio de la gerente recibo de depósitos y giros a nombre de D. M. P. P., además como lo expuso con más claridad el testigo A. L. se encontraron cuatro cheques no negociable cuyo endoso aparece a nombre de R. O. B., en este sentido la versión del testigo concuerda con la prueba documental de recibo de depósitos en cuenta de cheques en el número de cuatro y por las cantidades de trescientos mil y cien mil lempiras los que hacen un total de seiscientos mil lempiras, lo que según los recibos de depósitos estaban ordenados para su depósito a las cuentas 117010010620 y 117010004697, que además en los recibos de depósito se establecen a nombre de R. O. B., consignándose como nombre de los depositantes C. M. C. K. y C. E. M.” En la parte final del apartado que nos ocupa, el Tribunal, haciendo una especie de conclusión o resumen vuelve a retomar los hechos probados, y al respecto deja establecido: De la prueba en su conjunto esta sala de tribunal concluye que entre el 19 de septiembre del año 2002 y 27 de noviembre del mismo año, C. M., supervisora de la agencia La Paz de Banco Atlántida, deposita de los fondos que administraba el banco, a la cuenta 12100005532 que D. M. P. P. manejaba en Banca Atlántida, la cantidad de un millón setecientos cuarenta y cinco mil lempiras, además de doscientos mil lempiras que le envía mediante cuentas de Banco de Occidente que manejaba la señora R. O. B., que recibe D. P. en fechas 24 de noviembre del 2002 y 23 de febrero del 2003, actividad que inicia bajo un préstamo directo de fondos del banco bajo el engaño de D. M. sobre su pago en dos días. También se acredita con la prueba evacuada que la supervisión del Banco Atlántida Sucursal La Paz, se libraron 4 cheques de caja no negociables a favor de Banco de Occidente para responder con sus propios fondos que finalmente fueron depositados a cuenta de cheques de R. O. B. mantenía en Banco de Occidente, con números terminales 620 y 4697. Por las cantidades de seiscientos mil lempiras exactos, de los cuales la señora B. entrega a la señora P. la cantidad de Doscientos mil lempiras.” En la fundamentación jurídica, que es el acápite de la sentencia en donde, de acuerdo a lo prescrito por el numeral 3) del artículo 338 del Código Procesal Penal, el Tribunal debe sustentar dogmáticamente la correspondiente calificación jurídica de los hechos tenidos por probados, el Tribunal en la sentencia recurrida empieza por señalar que “Según nuestro ordenamiento jurídico son responsables penalmente los autores de un delito, considerando como tales aquellas personas que realizan según una acción típica, antijurídica o culpable. De acuerdo a esta disposición, para realizar una declaración de culpabilidad, es necesario realizar un análisis sobre la concurrencia de los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad que exige la teoría del delito en los hechos que han sido declarados probados por este Tribunal,” Declaración esta que es susceptible de algunos reparos. Ya que no solo son responsables de un hecho delictivo los autores sino también los cómplices, tampoco es del todo correcta afirmar que solamente se consideran autores aquellos que realizan la acción típica, antijurídica y culpable, pues el artículo 32 del Código Penal amplifica el concepto de autor encuadrando dentro de la autoría a otros partícipes que no ejecutan directamente el núcleo de la acción típica. En el numeral segundo, luego de transcribirse la definición del delito de hurto, tipificado en el numeral 1 del artículo 223 del Código Penal, se deja expresado, en una especie de argumento, que: desprendiéndose de esta disposición que la acción tomar bienes ajenos, sin la voluntad de su dueño y sin los conceptos objetivos de intimidación o violencia en las personas y fuerza en las cosas” Razonamiento que en si puede considerársele valido; sin embargo, a renglón seguido, sin hacerse ningún análisis o relación entre esa premisa normativa y los hechos que resultan probados, se aduce que “Para la sala el comportamiento de R. O. B. permitir el depósito de los cheques de caja no negociables que Banco Atlántida libra a favor de Banco de Occidente, y por la cantidad de cuatrocientos mil lempiras (Lps 400,000.00) bajo las condiciones o los medios de la norma antecedente ha de ser considerada como una conducta típica, a quedado probado que R. O. B., que al permitir el depósito de los cheques de caja, para responder con los fondos del banco liberador (Banco Atlántida), sin haber devuelto los fondos, sin duda que sin la voluntad de Banco Atlántida como persona jurídica o su junta directiva, y sin un trámite legal para el depósito en sus cuentas, toma bienes ajenos, abstrae de la posibilidad material de disposición de Banco Atlántida de los cheques de caja no negociables que fueron depositados a su cuenta de cheques de Banco de Occidente “Como fácilmente se puede apreciar, en muy poco se relaciona este argumento con la norma penal que se deja transcrita líneas atrás, pues el tomar bienes muebles, sinónimo de apoderarse, implica un desapoderamiento de la cosa de quien la tiene en posesión, con un apoderamiento correlativo, y en tal sentido no puede sostenerse válidamente que nuestra representada tomó o desapoderó al Banco Atlántida de los fondos en referencia, los hechos indican que fue la señora C. I. M. C., quien fungía como encargada de la agencia bancaria, quien sacó los fondos y depositó personalmente dos cheques y mandó a depositar otros dos a la cuenta de nuestra representada, esto porque, así lo dejó expresado ésta en su deposición, se lo pidió la señora D. M. P., que era con quien tenía una relación en toda la trama para aparentemente defraudar al Banco Atlántida Nuestra representada, sin saber a qué respondía la operación, pues así también lo afirmó la señora M. C., simplemente sacó el dinero de su cuenta y lo devolvió a la señora P., documentando únicamente la devolución de doscientos mil lempiras (Lps 200,000.00), condenándosele por el delito de hurto por no acreditar la devolución de los restantes cuatrocientos mil lempiras (Lps 400,000.00), Así las cosas, no entendemos cómo puede calificarse el hecho en referencia como constitutivo del delito de hurto y que se tenga a nuestra representada como autora material a directa, pues el desapoderamiento, si así se le pudiere calificar, lo reiteramos, lo efectuó la señora C. M., pues fue ella quien ubicó los fondos en las cuentas de nuestra representada. De haberse eventualmente quedado ella con algunos fondos, tampoco se podría postular la comisión de un delito de hurto ni el sujeto pasivo del delito sería Banco Atlántida, ya que los fondos al depositarse en las cuentas ya había salido de la disponibilidad o posesión de la institución bancaria, esto al margen o independientemente si la posesión de quien los había sustraído era licita o no, pues en este delito lo que simplemente se protege es la posesión o tenencia de la cosa sin consideración al origen de la misma En el numeral tercero del aparte en alusión se hacen otras consideraciones sobre el delito en análisis, y en tal sentido se dice que “la tipicidad se divide en objetiva que consiste en tomar la cosa (bien mueble) que debe ser entendido como tomar o extraer ya que basta con la disponibilidad ilegítima de la cosa que estaba en poder de otro.” Se agrega que “También es necesario que esa cosa mueble tenga valor económico, para adquirir relevancia penal en perseguir una sanción por el hecho” Sin estar del todo de acuerdo con ese argumento, rescatamos la parte sustancial del mismo, es decir que la tipicidad objetiva se cumple con el tomar o extraer la cosa de la esfera de custodia ajena para transmitirla a la de la agente que realiza la acción, con lo que del mismo argumento se colige que los hechos probados no pueden acomodarse a la norma que se dispone aplicar. Se agrega, luego de hacer una digresión para volver a insertar elementos relacionados con el hecho probado que, “Junto a estos elementos positivos para el tipo de hurto que se requiere de elementos negativos como la falta de voluntad de su dueño, ya que el consentimiento conduciría a la atipicidad.- En el caso juzgado Banco Atlántida o su directiva no otorgó su consentimiento para que la acusada se apoderase de la cantidad de Cuatrocientos mil lempiras (Lps 400,000.00), por lo que ese elemento negativo es cumplido” En cuanto a este argumento, si bien se puede estar de acuerdo con su consideración jurídica, no se puede estar con la conexión que se hace al caso concreto pues, como ya queda expresado, quien desapoderó al Banco Atlántida, si así se pudiere entender, no fue nuestra representada, y por otra parte, se detecta aquí una grave contradicción del Tribunal al tener a nuestra representada como autora del delito en razón de los cuatrocientos mil lempiras (Lps 400,000.00) que se dice no acreditó haber devuelto a la señora D. P., y no así por los doscientos mil (Lps 200,000.00); que sí documentó haber devuelto a ésta Nos preguntamos entonces ¿Si nuestra representada hubiera acreditado que devolvió los seiscientos mil lempiras a la señora P. estaría exenta de responsabilidad ¿No hay duda que con la lógica que opera el Tribunal así sería Entonces ¿Quién es el sujeto pasivo del delito? El Tribunal viene sosteniendo en la sentencia que es el Banco Atlántida, pero con el razonamiento que emplea para vincular a nuestra representada con el hecho, sin duda que no puede tenerse a esa institución como tal, sino a la señora D. M. P., ya que de tenérsele como sujeto pasivo al Banco, el hecho de la “devolución” de los doscientos mil lempiras o la cantidad total a la señora P. carecería de relevancia para los efectos de la imputación, pues en todo caso el perjudicado patrimonial siempre sería el Banco, devueltos o no los seiscientos mil lempiras (Lps 600,000.00) a la señora P. Con respecto al tipo subjetivo, es decir el dolo, sin estar del todo de acuerdo con lo que se expone en la sentencia, no nos merece alguna consideración, en la medida de que faltando la parte objetiva del tipo. Su abordaje resulta inútil, igual o lo mismo puede decirse con respecto a los otros elementos esenciales del delito, como son la antijuricidad y la culpabilidad. Con lo antes expuesto queda evidenciado que la sentencia recurrida adolece de una adecuada motivación jurídica, e incluso en los tramos, en que se intentó hacerse se aprecian insalvables contradicciones lo que en el fondo también implica una falta de motivación, Motivar dice Fernando de la Rúa, en su obra “El Recurso de casación” página 149, “Es exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución”. Agrega al igual un concepto atribuido a Eduardo Conture, quien dice que “Es el conjunto de razonamientos, tanto en el aspecto fáctico como jurídico, en los cuales el Tribunal apoya las conclusiones que han de ser el basamento del dispositivo” Criterios estos que están en consonancia con lo que al respecto prescribe el artículo 138, párrafo tercero de nuestro Código Procesal Penal Concepto que también descompone la motivación en fáctica y jurídica, siendo la falta de esta última la que le atribuimos a la sentencia recurrida, ya que, lo volvemos a reiterar, la motivación jurídica que se expone en la sentencia es insuficiente y contradictoria, y en ningún momento puede hacer posible que dogmáticamente los hechos que se tienen por probados puedan encuadrar o subsumir en el tipo penal que se tiene o invoca como infringido. Motivo de casación que se encuentra autorizado en el numeral 3 del artículo del Código Procesal Penal, vicio sobre el cual no se ha hecho reclamo previo en razón de que el mismo se produce en la propia sentencia que se impugna”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA IMPUTADA D. M. P. P.. I.- El recurrente plantea la violación a las Reglas de la Sana Crítica por parte del Sentenciador al momento de la Valoración de la Prueba, instituyendo como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explica el censor, que el sistema de valoración que reconoce nuestro Código Procesal Penal es el de la Sana Crítica Racional, de tal forma que los hechos probados deben estar sustentados en la Fundamentación Probatoria del Tribunal, que el Tribunal debe explicar porqué un medio de prueba le merece credibilidad o no y además el por qué un elemento de prueba le lleva a determinada conclusión. II.- La Sala, ya ha reiterado que las reglas de la sana crítica racional garantizan que el juzgador no llegue a juicios de valor arbitrario, antojadizo o subjetivo, pues debe fundarse en parámetros claros y objetivos como lo son los principios de la lógica, psicológica y la experiencia común. La vulneración se puede dar al rechazar arbitrariamente medios de prueba, o al atribuir a los medios un valor que evidentemente no lo tienen o al quitarles el que les corresponde, debe ser claro que la valoración de la prueba efectuada por el juzgador tiene un grave error de razonamiento, que deriva en conclusiones absurdas, lo cual debe tratar de demostrar el recurrente en casación explicando claramente como se vulneran las reglas de la sana crítica en relación a los medios de prueba valorados, la sola interpretación subjetiva del recurrente distinta a la valoración objetiva del juzgador, no es violatoria de las reglas de la sana crítica. Corresponde al Tribunal de Casación determinar si las conclusiones del Tribunal de instancia se derivan sistemáticamente y de manera coherente, armónica y lógica de la prueba recibida en juicio. III.- En el caso examiné, observa esta Sala, que el recurrente ha limitado la explicación de su impugnación en la trascripción literal de artículos del Código Procesal Penal y citas de doctrina de varios autores que discurren y tratan el tema de las Reglas de la Sana Crítica, incurriendo, en el yerro de no establecer cual Regla considera violentada, cuáles fueron los medios de prueba erróneamente valorados y los razonamiento correctos que debió utilizar el sentenciador; en conclusión, no desarrolló el punto central de su impugnación, de acuerdo a lo explicado supra, volviendo el presente recurso falto de claridad en su exposición; imposibilitando dar una respuesta concreta y acertada sobre los supuestos vicios denunciados. No obstante, en consideración del principio de tutela judicial efectiva, se ha analizado la sentencia recurrida, así como los juicios de valor utilizados por el Sentenciador; al respecto, la Sala de lo Penal encuentra que las pruebas fueron analizadas de forma conjunta, razonando el juzgador de forma correcta cada medio de prueba, valoraciones donde se puede verificar la aplicación de las Reglas del Correcto Entendimiento Humano. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar el primer primero motivo de Casación. EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA IMPUTADA D. M. P. P.. I.- La recurrente en el segundo motivo invocado, denuncia que el Sentenciador basó su sentencia en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, estableciendo como Precepto Autorizante el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Expone que tanto en los Hechos Probados como en la Valoración de la Prueba, el Sentenciador hace referencia a un Informe de Auditoría que nunca fue propuesto ni evacuado como medio probatorio, mismo que sirvió de base para la condena de su representada D. M. P. P., incurriendo en la infracción denunciada. II.- El Artículo 338, sección cuarta, numeral 2 del Código Procesal Penal, indica en el apartado “Valoración de las Prueba”, que el Tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen el proceso penal en la actividad probatoria. Asimismo, se observaría el vicio cuando el Tribunal utilice como elemento de convicción algún elemento no incorporado en el acto del debate, puesto que legalmente éste es el momento en que desfilarán ante el conocimiento del juzgador y las partes los distintos medios probatorios con los cuales pretenden hacer llegar a una conclusión al juzgador, de tal suerte que se infringiría el Artículo 336, primer párrafo, que establece que los jueces de juicio sólo tendrán en cuenta las pruebas que se haya ejecutado durante el debate. Ante esas situaciones, resulta incuestionable que se produciría un Estado de Indefensión en perjuicio de la parte afectada por el fallo basado en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, lo que a su vez generaría una vulneración al Principio Acusatorio, puesto que ubicaría al órgano jurisdiccional en una posición de interés con dicha incorporación ilegítima de prueba, viciando las formas esenciales del proceso penal y su garantía de legitimidad. III.- En el caso examiné, se denuncia que el Tribunal Sentenciador basó la condena de la procesada D. M. P. P., en un Informe de Auditaría que nunca fue propuesto ni evacuado en el juicio, en vulneración de los principios que rigen la normativa Procesal Penal; esta Sala de lo Penal, analizó el fallo recurrido y verificó que en efecto el A-quo al momento de fundamentar su fallo, valora e incluso le otorga credibilidad (Acápite “Valoración de la prueba”, Segundo Numeral, Pág. 7 y siguientes de la Sentencia) a un “Informe de Auditoría” que nunca fue presentada como medio de prueba por la acusación y, por ende, tampoco se evacuó en el debate. El informe de auditoría surge de las declaraciones de los testigos de cargo C. R. P., J. C. P. B., L. A. P. C., M. A. A. L. y C. R. P. M., quienes en aquél entonces eran empleados del BANCO ATLÁNTIDA y fueron comisionados por esa institución Bancaria para practicar dicho informe, por las irregularidades que presentaba la Sucursal en el Departamento de La Paz, y aunque todos afirmaron que dicho informe se practicó, nunca fue puesto a la orden de las partes para su respectivo análisis. El Tribunal se extralimita en sus funciones y decide asumir como prueba válida para la acreditación de los hechos, las conclusiones de una auditoría que no fue sometida al contradictorio (Véase folios 109 v, 110. Págs. 18 y 19 de la sentencia), y que aparece en lo relatado por los testigos mencionados, que aún y cuando estos la hayan practicado lo constatado en la misma debió presentarse como tal, al no haber sucedido así, se vulnera el Derecho de Defensa que le asiste a la imputada y el Debido Proceso que debe regir en un juicio oral y público. Con esta decisión del A-quo al valorar y tomar como parte del legajo probatorio el referido Informe de Auditoría, trasgredió los Principios que deben regir nuestro Proceso Penal, como ser Oralidad ya que nunca fue leído durante el debate, Inmediación ya que no fue puesto a disposición de las partes incluso de los jueces, Publicidad debido a que tampoco fue leído de forma pública durante el juicio oral y Contradicción porque no fue sometido al contradictorio por las partes; además, esto trae como consecuencia la violación a Derechos y Garantías Constitucionales como el Derecho de Defensa, ya que las partes no tuvieron la posibilidad de presentar alguna otra prueba que pudiera rebatir o cuestionar dicho informe, de igual forma el Debido Proceso por violentar la forma que la ley establece para evacuación y presentación de los medios de pruebas. IV.- En consecuencia de lo antes expuesto, la Sala encuentra claro que el error del A-quo vulnera gravemente Principios Constitucionales que informan el proceso penal y que deben prevalecer para legitimar el enjuiciamiento criminal en un sistema democrático, lo cual compete velar y controlar a través del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma; por tanto, es procedente declarar con lugar el presente motivo de Casación y ordenar el reenvío de la causa en lo que se refiere a la imputada D. M. P. P.. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA SEÑORA R. O. B.. I.- El recurrente denunció la Violación o aplicación incorrecta derivada de la interpretación errónea del artículo 223 numeral 1 del Código Penal que regula el delito de Hurto, consignando como Norma Autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó el censor que conforme los hechos probados, el Tribunal Sentenciador arribó erróneamente a calificar la acción de su patrocinada como un delito de HURTO CONTINUADO, por haberse realizado más de dos depósitos en su cuenta de cheques, mismo que según la principal testigo C. B. fueron efectuados a la cuenta de la señora R. O. B. por orden expresa de D. M. P. P.. Los hechos probados establecen que fue un tercero quien depositó el dinero en la cuenta de la señora R. O. B., comprobándose que devolvió el dinero a la señora D. M. P. P., por lo que considera, no puede hacérsele partícipe como autor a la señora B., pues como es conocido, para que se configure el HURTO deberá existir apoderamiento de bienes ajenos, lo cual aduce no ocurrió en la presente causa. II.- Esta Sala de lo Penal, recuerda que al tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del Juicio de Derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la Interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los Hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la Norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Al conocer un Recurso de Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunción del hecho en el derecho, la tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). III.- La Sala entiende que, la redacción de los hechos probados es fundamental y un deber preciso del funcionario público -Juez- quien está en la obligación de realizar un adecuado desempeño de su cargo, apegándose estrictamente a lo establecido en el artículo 338 regla CUARTA 1., en el cual se establece que los hechos probados deberán ser descritos con claridad precisión y coherencia, sin términos que puedan predeterminar el fallo. La importancia de la redacción clara y precisa de los hechos probados identificando de acuerdo a la prueba vertida el suceso acaecido que se ha logrado probar en el juicio oral, resulta vital para poder efectuar una adecuada inserción del tipo penal calificado mostrando con nitidez que los hechos se reproducen en la norma penal seleccionada, la redacción confusa o imprecisa limitará la correcta labor de juzgamiento y correcta calificación jurídica, por ende, la eficiente y transparente labor jurisdiccional que debe ser inherente en la impartición de justicia como servicio público brindado en nombre del Estado. IV.- En el caso examiné, la Sala de lo Penal, encuentra que el recurso es de recibo, ya que al analizar los argumentos esgrimidos por el censor y proceder a examinar la redacción de hechos probados establecida por el Sentenciador en su fallo con el tipo penal calificado, se concluye que en efecto existe una interpretación errónea y/o aplicación indebida del artículo 223 numeral 1 del Código Penal que configura el delito de HURTO. El delito de HURTO consiste en el apoderamiento de bien ajeno sin la voluntad del dueño, pero sin emplear violencia ni intimidación en las personas o fuerzas en las cosas, se trata de la sustracción o desposesión subrepticia de bienes muebles. Así, en la doctrina para algunos juristas el bien jurídico protegido en el delito de HURTO es la “propiedad” y para otros “la posesión”; el objeto material es la “cosa mueble ajena” que se entiende como todo objeto del mundo exterior que sea susceptible de apoderamiento material y de desplazamiento. La acción consiste en apropiarse, es decir, en “tomar” las cosas muebles ajenas, el resultado de la acción es la apropiación de las cosas, por tanto el HURTO es un delito de resultado, ya que hace falta el desplazamiento patrimonial y exige la separación fáctica de una cosa del patrimonio de su dueño y su incorporación al sujeto activo[1]. La Sala, ya ha reiterado que el delito de HURTO regulado en el artículo 223 del Código Penal aplicado por el Tribunal sentenciador en el presente caso tutela la propiedad, para su concurrencia la norma citada exige que: “El autor sin la voluntad del dueño, tome bienes muebles ajenos, sin concurrir violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas”. El acto de tomar la cosa ajena sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas es la característica cardinal del hurto en sentido propio, la descripción normativa del delito de hurto en el artículo 223 de la ley penal sustantiva es sumamente clara al definir el acto del apoderamiento tomando las cosas ajenas sin la voluntad del dueño, perfeccionándose el tipo penal en el momento mismo que se toma la cosa y se priva a quien detenta el bien mueble de continuar en su posesión o tenencia. Al analizar el cuadro fáctico e identificar las acciones realizadas por la señora R. O. B., se puede concluir que los mismos no encuadran ni se pueden insertar en los elementos característicos regulados en la norma penal contenida en el artículo 223 numeral 1 del Código Penal, y que fue calificado en la modalidad de HURTO CONTINUADO por el que fue condenada la señora R. O. B., en primera instancia no se percibe cual fue la acción tendiente a apoderarse de bienes muebles ajenos, ya que los hechos probados no son claros en establecer si los depósitos que realizaban a la cuenta bancaria de la señora B., correspondía a un plan preconcebido entre las encartadas o simplemente era un favor que aquella le brindaba, ya que el cuadro fáctico refiere que los depósitos realizados a la cuenta de R. fueron entregados a la otra co-procesada, por tanto tampoco se puede determinar cuál sería la finalidad de la señora R. O. B. para apropiarse de dichos bienes, es decir, cual constituiría el beneficio económico que esta recibiría, que permita deducir una adecuación de su conducta al delito imputado, realizando actos de “tomar” bienes muebles ajenos desplazando a su “disponibilidad” los mismos. En consecuencia de lo anterior, esta Sala de lo Penal, considera que el Cuadro Fáctico no encaja de forma perfecta ni armónica con la norma penal del artículo 223 numeral 1 del Código Penal, por tanto el presente motivo de Casación debe ser declarado ha lugar. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA SEÑORA R. O. B. EN SU SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. I.- Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia concretamente sobre el presente motivo de Casación, toda vez que ha prosperado el primer motivo que por Infracción de Ley ha desarrollado la Defensa de la señora R. O. B.. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 37, 223.1 del Código Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por los Abogados J. R. H. Y J. M. V., ambos en su condición de Defensores Privados de la señora R. O. B.. SEGUNDO: CASANDO la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, en el sentido siguiente: I.- ABSOLVER de toda responsabilidad penal a la señora R. O. B.O por el delito de HURTO CONTINUADO en perjuicio del BANCO ATLÁNTIDA, S.A. II.- Ordenar la inmediata libertad de la señora R. O. B.. TERCERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por la Abogada A. DEL C. R. H. en su condición de Defensora Privada de la imputada D. M. P. P. CUARTO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo, interpuesto por la Abogada A. DEL C. R. H. en su condición de Defensora Privada de la imputada D. M. P. P., contra el fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve.- QUINTO: SE REVOCA la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve y, por tanto, se decreta su NULIDAD así como del juicio oral que se llevó a cabo en relación a la imputada D. M. P. P.. SEXTO: Ordena que se celebre un nuevo juicio en relación a la imputada D. M. P. P. que deberá conocer jueces distintos al que participaron en el debate anulado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan los antecedentes al Tribunal de origen para los efectos legales pertinentes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-37-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase. Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal (Parte Especial), Decimotercera Edición, Valencia, España. 20001, Págs. 356-358.