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Sentencia CP-367-10 — Registro 3388

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de asesinato

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo es de Recibo: La Sala de lo Penal ha examinado en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada concluyendo que la misma es insuficiente, debido a que no sirve de puente explicativo entre los hechos declarados probados con los pronunciamientos de la parte Resolutiva.- En el numeral primero, los Juzgadores señalan que como responsables de la comisión de un delito se encuentran los autores y los cómplices, definiendo a continuación que se debe considerar como autor, más adelante, en el numeral cuarto, se indica como autor al Señor R. N. C. M. por tener éste el dominio funcional del hecho, afirmando que el acusado M. I. V. es quien promueve la acción delictiva y termina calificando como co-autores a los acusados L. A. C., R. A. C., W. A. R. T. y M. I. V. (de nuevo), como co-autores, por considerar que éstos han realizado actos simultáneos, mereciendo tal calificación como consecuencia del principio de imputación reciproca, obviando el Tribunal de Sentencia explicar en que consiste la co-autoria, igualmente que es el principio de imputación reciproca, cuales son los “actos simultáneos” cometidos por los acusados y porqué es aplicable la figura de coautoría en el caso concreto.[1]- Suma a lo anterior la falta de claridad acusada en la fundamentación jurídica ya que en relación al acusado M. I. V., se deja entrever que su participación es de inductor[2], cuando se indica que fue éste quien señaló darle muerte al ofendido, pero más adelante se le califica como co-autor, adicionalmente en el mismo numeral cuarto (Folio No. 114) los Juzgadores hacen un tratamiento diferenciado entre la persona que fue considerada como autora y los que fueron considerados como co-autores, pero en el numeral Séptimo (F. 115 v.), se trata de manera unitaria a la totalidad de los acusados, señalándolos a todos como autores y esto mas en ese mismo numeral Séptimo se afirma que todos los acusados de manera personal realizaron “la totalidad de la conducta típica que determino el fatal resultado”, cuando en el numeral Cuarto se señala algo totalmente diferente puesto que aquí se señala que fue el acusado R. N. C. M., quien realizo la acción y que los demás acusados realizaron actos simultáneos (sin definir cuáles) y que por ello son co-autores.- VI.- En el presente caso es procedente declarar con lugar el recurso de casación por quebrantamiento en su único motivo, no sólo a favor del acusado W. A. R. T., sino también respecto de aquellos imputados que se encuentran en su misma situación, es decir, los encartados L. A. C., R. A. C. y M. I. V., en aplicación de los efectivos extensivos del recurso al tenor de lo prescrito por el artículo 349 del Código Procesal Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero de dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de agosto de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual: 1) absolvió a los señores R. N. C. M., L. A. C. M., R. A. C., W. A. R. T. y M. I. V., de los delitos de: a) ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; b) ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de J. I. A. D. 2) condenó al señor N. C. M., como autor del delito de ASESINATO en perjuicio de J. I. A. D. 3) Condenó a los señores L. A. C. M., R. A. C., W. A. R. T. y M. I. V., como co-autores del delito de ASESINATO en perjuicio de J. I. A. D. Ya definidos y circunstanciados a la pena TOTAL DE VEINTIUN (21) AÑOS de reclusión por el delito de ASESINATO; más las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. R. H. V., actuando en su condición de Apoderado Legal del señor W. A. R. T. SON PARTES: El Abogado J. R. H. V., en su condición de Apoderado Defensor Privado del Señor W. A. R. T., y por ende parte Recurrente y la Abogada M. E. G., Agente del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. HECHOS DECLARADOS PROBADOS El Tribunal de Sentencia juzgador, en el fallo objeto de impugnación, declaró como probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El dos de enero del año 2008, en el lugar conocido como la Chanchera, desvío a los Pinos del Municipio de Comayagua a eso de las once con treinta minutos de la mañana el señor J. I. A. D. quien se conducía en esos instantes a bordo de su vehículo tipo pick-up, marca Toyota, de color rojo, rumbo a su trabajo, cuando en el recorrido los señores R. N. C. M., W. A. R. T., L. A. C., R. A. C. y M. I. V. que se encontraban a inmediaciones de Cohdefor le hacen señal de parar su marcha, éste se detiene y por la fuerza lo conducen internándolo en una maleza, el señor J. I. A. D. al intentar corrérseles y mediante la aprobación de M. I. V. el acusado R. N. C. M. que portaba arma de fuego le dispararon por la espalda produciéndole múltiples heridas que le ocasionan la muerte, posteriormente los acusados huyen del lugar con dirección a Comayagua”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, de ahí que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- El recurrente, Abogado J. R. H., formalizó su recurso de casación de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Insuficiente motivación jurídica para tener como partícipe a título de co-autor a mi representado en el hecho sometido a proceso, esta infracción de lo que preceptúa el numeral 3 del artículo 338 del Código Procesal Penal, en lo relativo a la exigencia de motivación o fundamentación jurídica de la sentencia penal. Explicación del Concepto de la infracción. El Tribunal sentenciador, tal como ya queda expresado, condena a mi representado por tenerlo como co-autor en el delito de asesinato cometido en contra de quien en vida fuera J. I. A. D., para tal efecto en la sentencia impugnada declara tener como probados los hechos siguientes: PRIMERO: El dos de enero del año 2008, en el lugar conocido como la Chanchera, desvío a los pinos del municipio de Comayagua a eso de las once con treinta minutos de la mañana el señor J. I. A. D. quien se conducía en esos instantes a bordo de su vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, de color rojo, rumbo a su trabajo, cuando en el recorrido los señores R. N. C. M., W. A. R. T., L. A. C., R. A. C. y M. I. V., que se encontraban a inmediaciones de Cohdefor le hacen señal de parar su marcha, éste se detiene y por la fuerza lo conducen internándolo en una maleza, el señor J. I. A. D., al intentar corrérseles y mediante la aprobación de M. I. V. el acusado R. N. C. M. que portaba arma de fuego en mano le dispararon por la espalda produciéndole múltiples heridas que le ocasionan la muerte, posteriormente los acusados huyen del lugar con dirección a Comayagua” con esos hechos que dice tener probados el Tribunal en el apartado de la Fundamentación Jurídica de la sentencia luego de hacer las consideraciones pertinentes acerca de la falta de congruencia de los elementos de la tipicidad de los delitos de Robo y Asociación Ilícita que también se les habían imputado, al pretender fundamentar lo correspondiente al delito de asesinato y la participación de los imputados en el mismo en el numeral cuarto empieza una especie de resumen de la postura sostenida por el Ministerio Público desde la formalización de la acusación hasta la culminación de la audiencia del juicio oral, y en lo relativo a la supuesta participación de los éstos con muy poca coherencia, deja dicho que: “… de los actos que exteriorizan del cual se infiere tal intención siendo autor del hecho R. N. C. M., por el dominio funcional del hecho cuando M. I. V. expresa que lo maten, según los actos simultáneos realizados por el resto del grupo éstos son Co-autores del hecho L. A. C., R. A. C., W. A. R. T. y M. I. V. por el principio de imputación recíproca, se comete delito cuando el agente actúa de manera alevosa lo hacer mediante precio…” Sin ahondar más en la supuesta coautoría en el numeral quinto se reitera lo de supuesta participación a tal título, mientras que en numeral séptimo se deja dicho ahora que todos los imputados son responsables penalmente a título de autores. Si nos atenemos a los hechos probados vemos que, con respecto a la muerte del señor A. D., la que se dice tener por acreditada es que cuando éste intentó correrse al ser objeto de un supuesto asalto, con la aprobación del imputado M. I. V. el también acusado R. N. C. M. le disparó por la espalda produciéndose múltiples heridas que le ocasionaron la muerte. Partiendo de tales hechos probados y al no existir prácticamente motivación acerca de cómo es que a los demás imputados se les tiene como coautores en el hecho, queremos decir que cuando se dice que el imputado R. N. C. M. al disparar a la víctima tenía el dominio funcional del hecho y por consiguiente se le tiene como autor del mismo, ello resulta ser correcto de acuerdo con la teoría en que se inscribe tal postura, que es la material objetiva, en donde autor es precisamente quien tiene el dominio, no funcional sino final del suceso, mientras que serán o son partícipes quienes carezcan de ese dominio del hecho. Según Welzel, citado por Bacigalupo, en su obra “Manual de Derecho Penal” tiene dominio sobre el hecho el que en base a su decisión de voluntad lo realiza finalmente. Ahora bien, el asunto en el caso que nos ocupa es que si bien el Tribunal puede justificar la autoría de quien supuestamente disparó en contra de la víctima, e incluso de quien ordenó o instigó el hecho, que en todo caso no sería un supuesto de coautoría, ello no puede hacerse con respecto a mi representado, que según los propios hechos probados prácticamente fue un espectador en el acontecimiento específico de la muerta de la víctima. Tal como lo dejamos apuntado anteriormente, de lo que se trata en el caso de autos es de la injustificada imputación a nuestro representado como coautor en un hecho en el cual los hechos probados no le atribuyen ninguna participación en la base ejecutiva del acontecimiento. Son coautores según la propia teoría que invoca el Tribunal los que toman parte en la ejecución del delito condominando el hecho, y que ese orden de ideas el citado Doctor Bacigalupo en su obra también referida dice que “El elemento esencial de la coautoría es el codominio del hecho y que este elemento ha sido caracterizado por ROXIN como un dominio funcional del hecho en el sentido de que cada uno de los coautores tiene en sus manos el dominio del hecho a través de una parte que le corresponde en la división del trabajo” por su parte, Carlos Chinchilla Sandi, en su obra “La Autoría en el Derecho Penal Costarricense”, también citando a Raxin, dice que lo que éste ha querido es designar a la coautoría como autoría funcional donde varios corealizan la ejecución en distintos papeles (funciones) de tal forma que sus aportes al hecho tomadas en si completan la total realización del tipo”. Esto es lo que se llama “dominio funcional del hecho”. Si buscamos una solución dogmática al caso, que es la obligada, vemos que el artículo 32 del Código Penal, que por cierto constituye una disposición amplificativa de la participación criminal en la medida de que quien es autor directo o principal lo define el correspondiente tipo penal prescribe que se consideran autores, entre otros, “quienes toman parte directa en la ejecución del hecho”. Fórmula que sin duda alguna comprende la referida coautoría, entendida como una participación conjunta en la ejecución del hecho con el reparto de funciones esenciales encaminadas a la consumación del mismo, en el cual cada uno de los intervinientes codomina el hecho, pues el que no tiene ese dominio funcional, aunque ponga o haga un aporte a la ejecución del hecho no podría ser coautor, sino un simple cómplice. De ahí que entendemos y esto porque en la sentencia tampoco se explica, cómo es que a mi representado se le puede tener como coautor, cuando en los hechos probados no se le atribuye ningún concurso a la ejecución del hecho específico de la muerte de la víctima, que finalmente es por lo que se les termina condenando e incluso encontramos una contradicción con esa imputación en el apartado de los Antecedentes Procesales de la sentencia, en donde se dice que en la audiencia preliminar el Ministerio Público formalizó acusación contra R. N. C. M. y M. I. V. E. a títulos de autores directos y L. A. C., W. A. R. T. y R. A. C. como cooperadores en la ejecución del hecho. No se explica entonces cómo es que habiéndose formalizado la acusación en contra de los últimos imputados como colaboradores en el hecho, se les termina condenando como coautores, esto porque de acuerdo al principio de congruencia previsto en el artículo 337 del Código Procesal Penal, los hechos no se pueden calificar en forma distinta a la dada en la formalización de la acusación o eventualmente a la hecha en la ampliación de acusación, cuando esto vaya en perjuicio del acusado y recordemos que de acuerdo a la propia postura del Tribunal que invoca la teoría del dominio del hecho el ser colaborador en la ejecución del mismo, que no implica por consiguiente codominio funcional del hecho, entonces no puede calificarse esa participación como coautoría, sino a la sumo como una complicidad. Solo para efectos de ahondar un poco más sobre el tema y reforzar, nuestra postura, queremos agregar que el citado autor Chinchilla Sandi en la obra también referida, al analizar alguna jurisprudencia de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de su país expresa que: “Se debe tener presente que ha pesar de que la participación del sujeto al hecho cuente con los elementos de acuerdo en común (ideación del plan, distribución de funciones o roles), se necesita la realización del hecho en común la cual comprende la actualización de la contribución en la fase ejecutiva, así como la esencialidad de esa aportación al hecho, si llegare a faltar alguno de esos elementos, no podemos decir que se cuente con el dominio funcional del hecho y por tanto no estaríamos ante una actuación realizada bajo coatoría sino de complicidad”. Si retomamos el caso de autos, nos toca reiterar que, respetando el cuadro fáctico del Tribunal no resulta posible dogmáticamente atribuir una participación criminal a título de coautor a nuestro representado y lo que es peor, el Tribunal ni siquiera hace un intento plausible para justificar jurídicamente esta atribución en el apartado de la Fundamentación Jurídica por lo que el fallo resulta privado de razones en su parte resolutiva, lo que debe tener por consecuencia su anulación de conformidad con el motivo que se invoca. Motivo de casación que se encuentra autorizado en el artículo 332, numeral 3, del Código Procesal Penal, como supuesto de quebrantamiento de forma o vicio in procedendo y respecto del cual no se hizo reclamo formal para su subsanación en razón de que el vicio se produce en la sentencia misma”. III.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. R. H. V., EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DEFENSOR DEL ACUSADO W. A. R. T., DENUNCIANDO MOTIVACIÓN JURÍDICA INSUFICIENTE; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia valida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, pues éste es el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- El Censor cuestiona la sentencia de instancia por considerar que la misma adolece de vicios in procedendo que explica en un único motivo, denunciado la insuficiente motivación jurídica contenida en la sentencia para considerar coautor a su representado; El Censor divide su denuncia en tres puntos: 1).- La Sentencia con muy poca coherencia hace una especie de resumen en la fundamentación jurídica, tratando de explicar el porqué su representado es coautor de los hechos, lo cual realiza sin éxito alguno, por lo que no existe prácticamente motivación en cuanto a ése aspecto; 2).- Se ha hecho una indebida aplicación del artículo 32 del Código Penal, en virtud de que el acusado W. A. R. fue un espectador de los hechos; El Censor cita doctrina defendida por Enrique Bacigalupo, Claus Roxin y Carlos Chinchilla Sandi, explicando la teoría del dominio del hecho y el concepto doctrinario de co-autor y como éste no es aplicable a su representado conforme a los hechos declarados probados, concluyendo que W. A. R. T., no tuvo dominio funcional de los hechos y que en todo caso le correspondería la figura de cómplice; 3).- La Sentencia adolece de una incongruencia entre la acusación y la sentencia, ya que por un lado en la formalización de cargos el Ministerio Público acusó a los Señores L. A. C., R. A. C. y a su representado W. A. R. T., como cooperadores en la ejecución de los hechos, siendo condenados como co-autores, lo que representaría una violación del artículo 337 del Código Procesal Penal.- III.- La Sala de lo Penal concuerda con lo expuesto por el Ministerio Público en su pronunciamiento casacional en cuanto a que el Censor ha puesto de manifiesto una deficiente técnica recursiva en su libelo, ya que bajo el título de INSUFICIENTE MOTIVACIÓN JURÍDICA, además de cuestionar la motivación jurídica aprovecha para atacar aspectos de la sentencia que solo son abordables mediante otras causales de casación, como ser la infracción de ley por la errónea aplicación del artículo 32 y la inobservancia del artículo 33 ambos del Código Penal (vid. 360 del Código Procesal Penal) y el quebrantamiento de forma por la Violación del Principio de Congruencia entre las Pretensiones de las partes y la Sentencia (Art. 362.6 del Código Procesal Penal); en este sentido podemos afirmar que el Censor ha pasado por alto lo ordenado en el artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal, presentando un recurso de casación que carece de precisión al agrupar varios motivos que denuncian vicios muy diferentes bajo un mismo título y bajo una misma norma autorizante.- La Sala de lo Penal considera que la imprecisión del Censor no puede significar el rechazo total del Recurso de Casación, ya que ello vendría en perjuicio del Principio de Tutela Judicial Efectiva, que corresponde ejercer a los órganos jurisdiccionales del Estado, mas si ocasiona como consecuencia de que el Tribunal de Casación se circunscriba específicamente al motivo que fue invocado y que corresponde a la norma procesal autorizante que el propio Censor definió, el cual es la insuficiente motivación jurídica de la sentencia, aspecto a estudiar y definir mediante este recurso.- IV.- En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación.- El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; El artículo citado establece que no constituye motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales.- Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria; El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a).- En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b).- En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar porqué una norma legal debe de regir un caso concreto; añade que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código Referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.- En resumen la motivación debe de observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA.- Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues la falta de una motivación COMPLETA como INSUFICIENTE comportan vicios in procedendo, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia.- Es importante recordar que las sentencias constituyen una forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas a la segunda de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia resuelve un conflicto surgido de la inobservancia de la ley pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes.- Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: A).- Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario.-B).- Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo; Son ejemplos de éste vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables; La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (vid. Artículo 2-D del Código Penal).- V .-De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.- El Motivo es de Recibo: La Sala de lo Penal ha examinado en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada concluyendo que la misma es insuficiente, debido a que no sirve de puente explicativo entre los hechos declarados probados con los pronunciamientos de la parte Resolutiva.- En el numeral primero, los Juzgadores señalan que como responsables de la comisión de un delito se encuentran los autores y los cómplices, definiendo a continuación que se debe considerar como autor, más adelante, en el numeral cuarto, se indica como autor al Señor R. N. C. M. por tener éste el dominio funcional del hecho, afirmando que el acusado M. I. V. es quien promueve la acción delictiva y termina calificando como co-autores a los acusados L. A. C., R. A. C., W. A. R. T. y M. I. V. (de nuevo), como co-autores, por considerar que éstos han realizado actos simultáneos, mereciendo tal calificación como consecuencia del principio de imputación reciproca, obviando el Tribunal de Sentencia explicar en que consiste la co-autoria, igualmente que es el principio de imputación reciproca, cuales son los “actos simultáneos” cometidos por los acusados y porqué es aplicable la figura de coautoría en el caso concreto.[1]- Suma a lo anterior la falta de claridad acusada en la fundamentación jurídica ya que en relación al acusado M. I. V., se deja entrever que su participación es de inductor[2], cuando se indica que fue éste quien señaló darle muerte al ofendido, pero más adelante se le califica como co-autor, adicionalmente en el mismo numeral cuarto (Folio No. 114) los Juzgadores hacen un tratamiento diferenciado entre la persona que fue considerada como autora y los que fueron considerados como co-autores, pero en el numeral Séptimo (F. 115 v.), se trata de manera unitaria a la totalidad de los acusados, señalándolos a todos como autores y esto mas en ese mismo numeral Séptimo se afirma que todos los acusados de manera personal realizaron “la totalidad de la conducta típica que determino el fatal resultado”, cuando en el numeral Cuarto se señala algo totalmente diferente puesto que aquí se señala que fue el acusado R. N. C. M., quien realizo la acción y que los demás acusados realizaron actos simultáneos (sin definir cuáles) y que por ello son co-autores.- VI.- En el presente caso es procedente declarar con lugar el recurso de casación por quebrantamiento en su único motivo, no sólo a favor del acusado W. A. R. T., sino también respecto de aquellos imputados que se encuentran en su misma situación, es decir, los encartados L. A. C., R. A. C. y M. I. V., en aplicación de los efectivos extensivos del recurso al tenor de lo prescrito por el artículo 349 del Código Procesal Penal.- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 349, 361 y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.-Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por el José Roberto Hernandez Velásquez; II.- Declarando la nulidad de la sentencia de fecha trece (13) de Agosto y la audiencia de debate que le origina de fecha cuatro (4) de Marzo, ambos del año dos mil diez (2010), en relación a los acusados W. A. R. T., L. A. C., R. A. C. y M. I. V.; III.- Declarando firme y ejecutable la sentencia condenatoria dictada en contra del acusado R. N. C. M., a quien se le encontró responsable penalmente como autor de un delito consumado de Asesinato, en perjuicio del Señor J. I. A. D.- MANDA.- I.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha trece (13) de Agosto de dos mil diez (2010); II.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.-.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.367=2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] Como lo explica el tratadista colombiano VELASQUEZ V., “refiriéndose a la coautoría: “…se presenta esta forma de autoría cuando varias personas- previa celebración de un acuerdo común (expreso o tácito)- llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una contribución objetiva a su realización, dicha figura, pues, se basa también en el dominio del hecho final-social- que aquí es colectivo y de carácter funcional- por lo que cada coautor domina todo el suceso en unión de otro o de otros. Un buen ejemplo lo brinda la banda de asaltantes que planea hurtar un banco, y con tal fin se distribuyen las diversas tareas: imposibilitar a los celadores, controlar a los concurrentes a la entidad crediticia, abrir la caja fuerte, vigilar el exterior, administrar el producto del ilícito, repartir las utilidades entre ellos, etc.., todos los concurrentes, pues, pueden considerarse coautores a condición de que reúnan las exigencias correspondientes….vid. VELASQUEZ V., FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª Edición, Bogotá, 2009, pág. 899.

[2] Como lo explica el tratadista colombiano VELASQUEZ V., “por “instigación” o “inducción” se entiende la figura en virtud de la que una persona determina a otra a realizar el injusto doloso concreto, de allí que el instigador sea quien se limita a provocar en el autor la resolución delictiva determinada sin tener el dominio del hecho, lo que lo distingue del coautor. Se puede instigar mediante regalos, promesas, amenazas, violencia, coacción, provocación de error en el instigado, con abuso del ascendiente o autoridad que se detenta, mediante la emisión de consejos, a través de la expresión de deseos, valiéndose de apuestas, etc…, lo importante es que cualquiera de los medios utilizados sea idóneo y eficaz de cara a la realización de la conducta perseguida…”, vid. VELASQUEZ V., FERNANDO, en Derecho Penal, Parte General, 4ª Edición, Bogotá, 2009, pág. 915.