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Sentencia CP-362-10 — Registro 2642

Resumen

Se absolvió a la imputada en primer instancia por el delito de estafa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Explica el Ministerio Público, que los medios de prueba no fueron valorados en su conjunto como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal, reprochando del Sentenciador no haber derivado la participación de la acusada en el delito que le fue imputado; reclama que con las declaraciones testificales de la acusada E. F. A., la ofendida G. Y. S. B., de los testigos G. A. A., además de la prueba documental de los traspasos de derechos hecha por la acusada a favor de la ofendida, se acreditan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Estafa. II. Para efectos de contextualizar el conflicto venido a juicio y verificar si efectivamente el Tribunal de Sentencia ha llegado a conclusiones no derivadas de los medios de prueba, es importante señalar que para el 21 de diciembre del 2004, la Asociación de Vendedores Independientes de la Plaza los Dolores de Tegucigalpa (AVIPLADT), y el Banco Hondureño del Café (Banhcafe), sirviendo como aval la Alcaldía Municipal del Distrito Central, firman un Contrato de Préstamo de treinta millones de lempiras (F. 252), para la construcción del Mercado Municipal Los Dolores, pagadero a un plazo de 10 años en 108 cuotas, así pues la Alcaldía Municipal arrendaría los locales a los beneficiarios y éstos en retribución pagarían el préstamo para la construcción del mercado a la Institución Bancaria, en el entendido que los locales seguirían siendo municipales, como explica el testigo G. A. A. (F. 352). Este préstamo se hizo efectivo a la AVIPLADT el 11 de abril del 2005, siendo parte de ésta asociación la acusada E. F. A. y las señoras N. G. F. F. y S. E. F., por lo que éstas también estaban obligadas al pago de dicho préstamo (F. 181); Los testigos G. Y. S. (F. 348), M. de J. R. (F. 353) y D. R. G. L. (F. 354) explican que una vez construido el Mercado Los Dolores se autorizó a los locatarios ocupar el nuevo Mercado el mes de Mayo del 2006, asignándole a la acusada E. F. A., el local No. 314, a la señora N. G. F. F. el local No. 57 y a la Señora S. E. F. F. el local No. 60, con la peculiaridad que los locales 57 y 60 se encontraban contiguos (F. 73), sin embargo la acusada y las Señoras F. F. y F. F., al momento de declarar explican que en realidad todos esos locales eran propiedad de la acusada E. F. A. y que consintieron que éstos estuvieran a sus nombres porque la Alcaldía Municipal no permite que una sola persona este en posesión de más de un local, es pues que la acusada, en aras de retener más de un local en el Mercado Los Dolores fraudulentamente puso otros locales de su propiedad a nombre de terceras personas. Para el mes de junio, la ofendida G. Y. S. B., después de recibir una cantidad de dinero en concepto de prestaciones laborales (F. 323), compra los derechos de uso (derecho de Llaves) del local 57 en fecha 16 de junio del 2006, dicha venta de derechos la realiza la acusada E. F. A., por un monto de veinticinco mil lempiras, aún cuando el lote se encontraba a nombre de la señora N. G. F. F., (F. 10 y 11) en el traspaso de derechos se consigna que la compradora (ofendida G. S.) se compromete a pagar la cuota correspondiente a Banhcafe y realizar los trámites de inscripción, y para el 20 de junio del mismo año la ofendida G. S. le compra a la acusada E. F. el derecho de uso (derechos de llaves) del local No. 60 (F. 14) por la cantidad de veinte mil lempiras, entregándole la acusada a la ofendida un traspaso autenticado firmado por la señora N. G. F. F.; de estas ventas de derecho es importante hacer varias acotaciones: 1) Los dos locales (Local 57 y Local 60), a la fecha en que fueron cedidos los derechos de uso por la acusada a la ofendida, se encontraban en mora del pago de la cuota correspondiente a Banhcafe desde el mismo mes de otorgamiento del préstamo según informa la Alcaldía Municipal del Distrito Central (F. 186), porque las locatarias beneficiadas nunca hicieron ningún pago, lo que no fue informado por la acusada a la ofendida al momento de la venta de derechos de uso de los locales; 2) La cesión de derechos del Local 57 es vendido y firmado por la acusada E. F. A., aún cuando estaba inscrito a nombre de la señora N. G. F. F., por lo que éste documento no serviría para realizar traspaso de inscripción en la Alcaldía Municipal; 3) La cesión del Local 60 es vendido por la acusada y firmado el documento por la señora N. F. F., pero éste se encontraba a nombre de la señora S. E. F. F., así éste documento tampoco serviría para hacer el trámite de cambio de registro en la Alcaldía Municipal. La ofendida toma posesión de los dos locales en el mes de junio del 2006 y comienza un negocio y durante ese tiempo efectúa pagos en Banhcafe, pagos que realiza a nombre de la acusada E. F. (F. 329 y 330) creyendo que estaba pagando los montos adeudados por el derecho del local 57 y pagos a nombre de la señora N. G. F. F., creyendo que estaba pagando los montos adeudados por el derecho del local 60, pero en realidad cuando hizo los pagos a nombre de la señora E. F., estaba pagando los montos adeudados por el derecho de uso del local 314 que era el único que aparecía en la institución bancaria a nombre de la acusada y cuando hizo los pagos a nombre de la señora F. F. por el local 60, en realidad estaba pagando la deuda del local 57 que es el que aparece inscrito a nombre de ésta (F. 323, 324, 325 y 326), resultando que el local 60 no estaba siendo pagado, explica la ofendida (F. 349) después pagó las cuotas a nombre de la señora S. F. (adjudicataria del local 60), pagando la ofendida dos montos en los meses de diciembre del 2006 (F. 328) y enero del 2007 (F. 327), además la ofendida explica que inicio los trámites para inscribir los locales a su nombre, sacando el carnet de salud, solvencia municipal (F. 349), que son precisamente los requisitos que exige la Alcaldía Municipal para ello (F. 204) pero que no pudo completar porque los locales tenían problemas, después la ofendida decide cerrar su negocio que funcionaban en los locales 57 y 60 en el mes de enero del 2007, el que fue recuperado por la Alcaldía Municipal el mes de marzo del 2007, por la deuda que acumulaban esos locales (F. 186), misma que ascendía a la cantidad de L. 29,064.76 por el local 57 (F. 43) y de 34,262.83 por el local 60 (F. 44). III. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Los Juzgadores han arribado a conclusiones que no derivan de la prueba reproducida en la audiencia de debate, lo que no hubiese ocurrido si el proceso de valoración se hubiese hecho de manera individual por cada pieza probatoria, como de manera conjunta. 1) Indican los Juzgadores que no existe controversia en cuanto a la venta de los locales (F. 361), sin considerar que la cesión de derechos que hizo la acusada de los dos locales no era conforme a la realidad: La acusada primero cede el derecho del local 57, señalando que el mismo está a nombre suyo, pero en realidad estaba a nombre de la señora N. G. F. y días después le la acusada le cede los derechos del local 60, extendiéndole a la ofendida un documento firmado por la señora N. F., como dueña de los derechos, cuando en realidad lo era la señora S. E. F., así lo hace constar la Alcaldía Municipal conforme la prueba documental que corren a folios 73 y 187 de la Foliada Judicial; 2) Señala el Tribunal de Instancia que la recuperación de los locales 57 y 60 fue realizado por la Alcaldía Municipal por encontrarse cerrado (F. 361), sin considerar además que hace constar la prueba documental de folio 186, que señala que éstos locales fueron recuperados por las deudas en mora que tenían; 3) Afirma el Órgano Jurisdiccional que la acusada E. H. A., no tenía deuda pendiente por los locales cuyos derechos fueron cedidos a la ofendida (F. 361v), sin considerar que a folio 252 consta que el 21 de diciembre del 2004, la Asociación de Vendedores Independientes de la Plaza los Dolores de Tegucigalpa (AVIPLADT), y el Banco Hondureño del Café (BANHCAFE), sirviendo como aval la Alcaldía Municipal del Distrito Central, firman un Contrato de Préstamo de treinta millones de lempiras, para la construcción del Mercado Municipal Los Dolores, siendo parte de ésta asociación la acusada E. F. A. y los señoras N. G. F. F. y S. E. F., por lo que también estas personas figuraban como obligadas por el préstamo, mismo que se hizo efectivo el 11 de abril del 2005, como lo hace constar el Banco Hondureño del Café con la prueba documental que corre a folio 181, una vez construido el mercado le fueron asignados locales a la acusada y a las señoras F. F. y F. F., además la prueba documental determina que éstas incurrieron en mora a partir del mes de abril del 2005, como lo hace constar la Alcaldía Municipal del Distrito Central con la constancia que corre a folio 186; 4) Señala el Tribunal de Sentencia, que no existe mecanismo engañoso de parte de la acusada en la venta de los derechos de los locales del mercado ya que en el documento de venta de derechos se determina que la ofendida deberá de seguir pagando las cuotas de BANHCAFE y de hacer los trámites de inscripción de los locales (F. 363), conclusión que va en contra de la prueba de debate, en primer lugar de la declaración de la ofendida que señala que realizó los trámites para el cambio de inscripción de los locales, sacando el carne de salud, solvencia municipal, lo que es concordante con los requisitos que señala la Alcaldía Municipal para ello, en el documento prueba del folio 204, pero explica la ofendida que no pudo realizar el trámite porque los locales tenían problema, como efectivamente se desprende en virtud que la cesión de derechos del local 57 realizado por la acusada como si ésta fuera su dueña, en realidad pertenecían a la señora N. F. F., y la cesión de derechos que realizo la acusada del local 60, extendiendo un documento donde figura como dueña de estos derechos la señora N. F. F., en realidad estaba a nombre de la señora S. E. F., todo ello impedía que se realizara el cambio de registro, además de lo expuesto en cuanto a la deuda en mora que tenían las adjudicatarias originales de los locales del mercado; 5) Indican los Juzgadores, que no existió perjuicio patrimonial para la ofendida (F. 363), conclusión que riñe con la prueba documental respecto a que los locales que le fueron cedidos por venta arrastraban una mora de un año (abril del 2005) y que además la ofendida efectuó pagos en beneficio del local 314 cuya adjudicataria era la acusada E. H., bajo la falsa creencia que estaba cancelando lo concerniente al local 57, cuyos derechos de uso había comprado.

Legislación citada

Sentencia

S. P 362-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, contra la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló 1º ABSOLVIENDO a la acusada señora E. H. A., del delito de ESTAFA en perjuicio de G. Y. S. B. 2º No CONDENO a la acusada en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. 3º NO DECLARO la responsabilidad civil de dicha acusada. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado FOAD ALEJANDRO CASTILLO FERRUFINO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado SALVADOR CUESTAS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la Abogada ASTRID AGUILAR VELASQUEZ, en su condición de Defensora Privada de la señora E. F. A., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: La señora E. F. A. realiza actos de comercio informal desde año mil novecientos ochenta y cinco en la calle del lugar denominado plaza los dolores del municipio del Distrito Central, lugar en donde se le adjudican cuatro locales. SEGUNDO: El siete de diciembre del dos mil cuatro la alcaldía municipal del Distrito Central y la asociación de vendedores firman un contrato con el Banco Bancahfé, para la construcción de los locales que hoy ocupa el mercado los dolores, los cuales son entregados el cinco de mayo del dos mil seis, por la municipalidad del Distrito Central a todos los locatarios, quienes se trasladan a los locales del mercado los Dolores hasta el día treinta de mayo del mismo año. En esa fecha E. F. A. recibe cuatro locales, de los cuales uno se encuentra a nombre de N. G. F. F. otro a nombre de S. E. F. y dos locales más. TERCERO: En fecha dieciséis de junio del dos mil seis, la señora E. F. A. le traspasa el derecho de llaves a G. Y. B. de un local, quien a su vez se compromete a pagar ante el banco Bancahfe las cuotas correspondientes. Asimismo, en fecha veinte de junio del mismo año la señora N. G. F. F. le traspasa otro local a la señora G. Y. S. B. CUARTO: Una vez recibidos los locales la señora G. Y. B. monta un negocio de abarrotería, el cual mantiene abierto al público, por espacio de un año aproximadamente, posteriormente procede a cerrarlos, siendo recuperados dichos locales por la alcaldía municipal aproximadamente tres meses después de permanecer cerrados.” CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. El recurrente Abogado FOAD ALEJANDRO CASTILLO FERRUFINO, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente:” EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE LA CASACION. PRIMER MOTIVO: Insuficiencia de las motivaciones fácticas y jurídicas de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal.-EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Se considera que la sentencia es contentiva de un vicio que taxativamente establece el artículo 362, numeral dos de nuestra ley penal adjetiva, puesto que el honorable Tribunal en las fundamentaciones de orden probatorio y jurídico no hace un análisis acertado de la causa, dejando de lado la minuciosidad. Para una motivación eficiente, tiene una extraordinaria importancia el dominio, por parte del argumentante, de los principios “jurídicos” tanto generales como los de la especialidad así como de la doctrina jurídica, a condición de que sean adecuadamente aplicados. Asimismo, la eficiencia en la motivación depende, de la versación especializada. Es evidente que el Honorable Tribunal no toma en cuenta en el fallo a escrutinio, las disposiciones establecidas en el Reglamento de Mercados vigente. El citado cuerpo legal en su artículo 64 reza que es prohibido “efectuar traspasos, ventas o permutas sin la autorización de la Comisión de Mercados”. Asimismo determina la imposibilidad de poseer derechos de llave en más de un puesto. Aspecto por demás relevante, ya que la hipótesis acusatoria se basa en el engaño al que se indujo a la ciudadana G. Y. S. B., quien nunca fue informada por parte de la acusada de la obligatoriedad de comparecer a La Comisión de Mercados. Las reglas previstas en los artículos 615 y 616 del Código de Comercio no pueden ser aludidas, sin concatenarse a otras, a efecto de una correcta apreciación del tipo penal de estafa imputado. Otro claro vicio en el fallo es la inexcusable falta de mención de las máximas referentes al saneamiento, comprendidas en los artículos 1620, 1631 del Código Civil. Se observa también en la resolución un escueto análisis del acervo probatorio, en vista que el ente juzgador básicamente se limita sólo a enumerar los testimonios y documentos evacuados durante la vista pública. Es importante expresar que la argumentación sobre el elemento fáctico (fundamento de hecho) derivado de la evaluación conjunta del material probatorio, consiste en abordar con precisión y claridad el caso, evitar la superficialidad; del modo que, resulte nítidamente reconstruida la identidad del hecho, que, a su vez, permita conocer lo esencial y las circunstancias del mismo, la causa y las condiciones por las que tuvo lugar, los efectos que ha producido, las cualidades y condiciones de los protagonistas del caso.- No era para nada pertinente, obviar referirse a las “irregularidades” en los documentos de Traspaso de “derechos de llave” de los puestos 57 y 60 del “Mercado Los Dolores” a favor de G. Y. S. B., lo cual, sin lugar a dudas, es el “punto toral del proceso”. Con tales documentos el Tribunal de Sentencias estima “equivocadamente” que la ciudadana E. F. A. avisa a G. Y. S. de la existencia de la deuda acumulada en el Banco Bancahfe, cuando en realidad nos dicen muchísimo más. También omite profundizar en lo referente a los oficios y demás notas examinadas en el debate, tales como la de 03 agosto de 2007, la de 23 de agosto de 2007 y la de 31 de mayo de 2007, las cuales plasman la posición “oficial” de la Alcaldía Municipal del Distrito en lo concerniente al asunto de autos. En síntesis el juzgador intencionalmente se queda corto en su exposición sobre la prueba documental, haciéndolo ver en su “valoración descriptiva”. III.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU SEGUNDO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria, a favor de la imputada E. F. A., lo hizo valorando la prueba, inobservando las reglas de la sana crítica.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal.-EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por adolecer la sentencia de vicios: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” De acuerdo a éste artículo, nuestro sistema acusatorio incorporado a través del Código Procesal Penal, determina el principio de libertad de valoración de la prueba, en el cual el Juzgador a efecto de dictar sentencia tomará en cuenta la prueba evacuada durante el juicio, las que deberán ser apreciadas en forma conjunta y de acuerdo a las reglas de la sana crítica.-En el caso que nos ocupa, el sentenciador al momento de dictar sentencia definitiva absolutoria en fecha diecisiete (17) de marzo de 2010, respecto a la imputada, lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la sana crítica; transgrediendo así, la ciencia de la lógica y las máximas de experiencia, tal como se demuestra a continuación: La indiciada E. F. A., en el juicio depuso: “que ella tenía cuatro puestos, uno a nombre propio, otro a nombre del esposo, otro a nombre de la cuñada, y finalmente uno a nombre de la hija.” En los mismos términos afirma que “hizo una transacción con G. Y. S. B. en la que supuestamente le transfirió derechos de dos puestos en el Mercado Los Dolores que SE VERIFICÓ no le correspondían, ya que el Número 57 se le había asignado a N. F. F. y el 60 a S. F. F. La señora G. Y. S. B., manifestó que “la acusada le aseguró categóricamente estar en posesión de los derechos de los puestos 57 y 60, ubicados en el Mercado Los Dolores, lo cual no era cierto, puesto que otras ciudadanas eran las adjudicatarias”. También dijo que la señora E. F. A. jamás le mencionó la existencia de deudas atrasadas con el Banco Bancahfe.- Por su parte G. A. A., jefe de Mercados declaró en la audiencia del juicio que: “es una costumbre “mercantil” entre los locatarios la de vender derechos sin la autorización del ente regulador”. La aseveración anterior pone de manifiesto el grado de irrespeto por la ley al que llegó la ciudadana E. F. A.-Al respecto de estos tres medios de prueba testificales, estimamos que no fueron valorados en su conjunto, pues todos son armónicos y coincidentes entre sí, como a continuación exponemos:La deposición de la señora acusada E. F. A. corrobora la tesis del engaño, en virtud que ella evidencia la falsedad en los traspasos. En la misma línea se maneja la ofendida G. Y. S. B. quien dice que le engañaron porque la encartada no tenía los “derechos” de llave de los cubículos 57 y 60 del Mercado Los Dolores, por los cuales pagó las sumas de veinticinco mil y veinte mil lempiras, respectivamente. Señala además que pagó al Banco Bancahfe cuotas de la mora no informada y letras del cubículo número 314, único a nombre de la encausada, pero, a todas luces, ajeno al convenio, perdiendo con ello veintisiete mil setecientos veintitrés lempiras exactos. Considerando la escasa formación educativa de esta, la declaración fue suficientemente coherente. El señor G. A. A.O da fe de lo anómalo en las peculiares actividades comerciales de la señora E. F. A., debido a que está plenamente consciente de las prohibiciones en la cesión de derechos de llave, dada su condición de Jefe de Mercados.-Mención especial merece la prueba documental. Los Traspasos, fuera de definirnos el marco histórico del conflicto, son una muestra de lo dolosa de la conducta de la acusada. En uno de ellos firma en calidad de titular, mintiendo atrevidamente. El notario autorizante sólo se hace responsable de la firma, mas no del contenido en el citado documento.-En el traspaso del cubículo 57, la encartada —sagazmente- se hace pasar como adjudicataria, haciendo caer en error a la señora G. Y. S. B. Los distintos oficios enviados por el jefe de mercados de La Alcaldía Municipal del Distrito Central patentizan la prohibición de la multipropiedad de derechos de llave y del traspaso sin autorización de la Comisión de Mercados.- Partiendo de lo anterior a continuación se exponen algunos aspectos valorativos utilizados por el sentenciador, para desestimar las “rarezas” en la declaración de los testigos y en los traspasos, especialmente el de fecha dieciséis de junio de dos mil seis, donde la acusada se coloca como adjudicataria de puestos que no se le asignaron nunca. Se evidencia con ello el total alejamiento de las reglas de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, específicamente las reglas de la razón suficiente en su elemento de concordancia y de la derivación: a) La no acreditación del elemento objetivo de engaño.-La posición del Tribunal de Sentencias vulnera la regla de la razón suficiente, pues la misma no se deriva de la prueba en estudio, en virtud que del contenido de las declaraciones y “todos los documentos evacuados” se colige la fingida calidad de la acusada como poseedora de derechos en las hartamente indicadas piezas.-b) La inexistencia de error y perjuicio.-Del mismo modo el sentenciador cuando ratifica que la víctima no fue inducida al error, y por consiguiente es imposible estimar perjuicio alguno, quebranta una vez más las reglas de la sana crítica, en lo concerniente a la lógica y los axiomas de la experiencia. Debió el Tribunal fundamentar de mejor manera el orden y dependencia de los pensamientos fijados en el fallo absolutorio. Únicamente podrán ser apreciados los conocimientos que se basen en otros reconocidos como verdaderos.-Al decir el juzgador que “no se manifiesta engaño y error porque la cuñada y la hija de la imputada sabían que esta había vendido los locales y reconocían a la señora G. S. B. como su única propietaria” cae en una inferencia ilógica.-El supuesto de la inobservancia de las reglas la sana crítica generalmente plantea pequeños problemas, debido a que el Tribunal de Sentencias a causa del principio de inmediación es quien tiene contacto directo con las pruebas practicadas en el acto de juicio. La prueba documental —afortunadamente- es más fácil de ser examinada por La Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta sus singulares características.-Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos). La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga).-Se reprocha que con la prueba evacuada en el juicio, el sentenciador no haya derivado establecer la participación criminal de la acusada.-Al respecto en el Manual Teórico — Práctico de Derecho Procesal Penal de Honduras, en su página 468 se cita al jurista Ricardo Pérez, quien interpreta que el juez, “ al valorar las pruebas debe sujetarse a criterios de pensamientos racionales, juicioso, como corresponde a una persona culturalmente formada. Y debe saber expresar la utilización de esos criterio en la sentencia, porque la sana crítica los jueces no tienen que darla por supuesta, sino que tienen que demostrarla en cada sentencia que dicten; es decir, que el juzgador deberá valorar ineludiblemente las pruebas de acuerdo con las reglas del criterio racional o del criterio humano, conforme con las reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y de la experiencia….”En consecuencia el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la sana crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el supracitado artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formas tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público no acepta el fallo proferido por el Tribunal de Sentencia, presentando contra el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mismo que explica en motivos separados, solicitando en definitiva se declare la invalidez de la sentencia y se ordene el reenvío para la celebración de un nuevo debate. Indica que dos son los motivos que comprenden el Recurso: 1) La Falta de motivaciones suficientes tanto fácticas como jurídicas y; 2) La Violación de las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de los medios de prueba reproducidos en la audiencia de debate. DEL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO INSUFICIENTE MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Expone el censor, que el Tribunal de Sentencia no realiza un análisis acertado en las fundamentaciones probatorias y jurídicas que desarrolla en la Sentencia impugnada, ello debido a: 1) No toma en cuenta en el fallo las disposiciones del Reglamento de Mercados, en especial el artículo 64 que prohíbe el traspaso, venta o permita de derechos de locales de los mercados capitalinos, sin autorización de la Alcaldía Municipal; 2) No se hace relación a lo señalado en el artículo 1620 y 1631 del Código Penal, referente al saneamiento de los derechos reales en el contrato de compra venta; 3) Un escueto análisis de los medios de prueba, dado que los Juzgadores solo se limitan a enumerar los testimonios y documentos reproducidos durante la vista pública. II. Dado el Recurso interpuesto conviene definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal, señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado, establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace uso del Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria; el Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a) En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b) En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade además que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código Referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procedendo por insuficiente motivación, y la falta de una motivación EXPRESA se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar, que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado; finalmente, la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: A) Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. B) Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, más no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del porque, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). III. EL MOTIVO ES DE RECIBO. El censor en el primer motivo de su Recurso, equivocadamente aqueja aspectos de inobservancia de normas legales y reglamentarias, lo cual no es tarea de análisis de este Recurso de Casación, también reciente la desatinada valoración probatoria que realizaron los juzgadores, tema que tampoco atañe al motivo interpuesto, más si es relacionado su denuncia de un escueto análisis de la prueba. En la fundamentación probatoria, numeral primero (F.359 v) los Juzgadores hacen una enumeración de los medios de prueba que fueron reproducidos en juicio, sin extender éste a una descripción de los medios de prueba, así explican que se tomaron las declaraciones de 11 testigos, cuando en realidad solo fueron nueve, ya que la declaración de E. H. A., no tiene el carácter de testifical sino una declaración de la acusada en el ejercicio de la defensa material y la declaración del señor H. L. M. S., no fue a título de testigo, sino que fue llamado a estrado como Perito (F. 352), además enumeran 24 medios de prueba documental y a continuación proceden a desarrollar la motivación descriptiva e intelectiva. El defecto de la sentencia se produce en relación a la prueba pericial y la prueba documental: 1) En cuanto a la prueba pericial no existe ninguna relación de ella por parte del Tribunal de Sentencia, ni descriptiva ni intelectiva, no hay mención en la sentencia de la comparecencia del señor H. L. M. S., quien realizó inspección a los locales comerciales que dieron origen al conflicto, ubicados en el Mercado Los Dolores de la Ciudad de Tegucigalpa, lo que implica una carente motivación de este medio de prueba; 2) En cuanto a la prueba documental, tal como habíamos mencionado esta consistió en veinticuatro medios de prueba diferentes, de los cuales fueron descritos y valorados solamente tres: Contrato autenticado, celebrado entre la Alcaldía del Distrito Central y AVIPLAT (F. 249 al 251), la Copia autenticada del traspaso de derechos de un local del Mercado Los Dolores a favor de la ofendida (F. 10 al 11) y la copia autenticada del traspaso de un puesto de venta en el Mercado Los Dolores a favor de la ofendida (F. 14 al 15). En relación a los veintiún (21) medios de prueba documental restantes, no existe en la sentencia una descripción de las mismas o una valoración intelectiva bajo la sombra de las reglas de la sana crítica, de ellas el Tribunal de Sentencia hace una mención en el segundo párrafo del numeral cuarto de la fundamentación probatoria (F. 362), indicando que estos medios de prueba “no son objeto de análisis porque no aportan información alguna para la conclusión del Tribunal”, agregan que informan sobre hechos no controvertidos y “en el hipotético caso que aportaran alguna información controvertida, tampoco es relevante para acreditar el tipo penal…”, finalizando que “no tienen ningún valor probatorio” (Lo resaltado es nuestro). Lo declarado por el Tribunal de Sentencia, no solo resulta ser alarmante e inaceptable por la galbana omisión de realizar un estudio puntual de cada uno de los medios de prueba, sino que además por diáfana lesión a las normas procesales relacionadas a la valoración de la prueba, a saber: a) El momento procesal para que los Jueces de Sentencia examinen la pertinencia de los medios de prueba, es al momento de su proposición por las partes procesales, ya sea en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal) o en la etapa de incidentes de la audiencia de debate ( Art. 320 del Código Procesal Penal), una vez admitidos los medios de prueba es OBLIGATORIO para el Tribunal de Sentencia reproducir el medio de prueba en el debate, describirlo y valorarlo en la sentencia, salvo que exista renuncia CONSENSADA de las partes y aceptada por el órgano jurisdiccional o porque sea materialmente imposible su reproducción en debate, lo cual debe de ser explicado por los Juzgadores en la Sentencia. El Artículo 202 del Código Procesal Penal, señala la obligación de valorar toda la prueba reproducida en debate, lo que implica la descripción de sus elementos más importantes y su valoración, el Tribunal de Sentencia no puede dejar de cumplir la norma procesal bajo la afirmación que los hechos que reportan la prueba no son controvertidos; b) Los Jueces de Sentencia señalan que no realizaron análisis alguno de veintiún medios de prueba documental propuestos, explican que tratan sobre hechos no controvertidos por las partes, lo cual es una mera figuración precisamente porque no se dieron a la tarea de analizarla, pero además agregan que en el hipotético caso de que sean controvertidos los elementos que aporten ello no resultaría relevante para acreditar el delito; los Jueces de Sentencia olvidan cumplir con lo preceptuado en el artículo 82 de la Constitución referente al Derecho de Defensa que le asiste tanto al Ministerio Público, parte Acusadora y la Defensa, quienes tratando de hacer valer sus respectivas hipótesis, presentaron los medios de prueba documentales, que fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia, más privados de descripción y valoración alguna por una mera hipótesis. La Sala de lo Penal, no puede menos que manifestarse en desacuerdo con la sentencia impugnada por la falta de cumplimiento de los artículos 141, 202, 333, 338 del Código Procesal Penal, relacionados con los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. DEL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SEÑALANDO LA VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Explica el Ministerio Público, que los medios de prueba no fueron valorados en su conjunto como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal, reprochando del Sentenciador no haber derivado la participación de la acusada en el delito que le fue imputado; reclama que con las declaraciones testificales de la acusada E. F. A., la ofendida G. Y. S. B., de los testigos G. A. A., además de la prueba documental de los traspasos de derechos hecha por la acusada a favor de la ofendida, se acreditan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Estafa. II. Para efectos de contextualizar el conflicto venido a juicio y verificar si efectivamente el Tribunal de Sentencia ha llegado a conclusiones no derivadas de los medios de prueba, es importante señalar que para el 21 de diciembre del 2004, la Asociación de Vendedores Independientes de la Plaza los Dolores de Tegucigalpa (AVIPLADT), y el Banco Hondureño del Café (Banhcafe), sirviendo como aval la Alcaldía Municipal del Distrito Central, firman un Contrato de Préstamo de treinta millones de lempiras (F. 252), para la construcción del Mercado Municipal Los Dolores, pagadero a un plazo de 10 años en 108 cuotas, así pues la Alcaldía Municipal arrendaría los locales a los beneficiarios y éstos en retribución pagarían el préstamo para la construcción del mercado a la Institución Bancaria, en el entendido que los locales seguirían siendo municipales, como explica el testigo G. A. A. (F. 352). Este préstamo se hizo efectivo a la AVIPLADT el 11 de abril del 2005, siendo parte de ésta asociación la acusada E. F. A. y las señoras N. G. F. F. y S. E. F., por lo que éstas también estaban obligadas al pago de dicho préstamo (F. 181); Los testigos G. Y. S. (F. 348), M. de J. R. (F. 353) y D. R. G. L. (F. 354) explican que una vez construido el Mercado Los Dolores se autorizó a los locatarios ocupar el nuevo Mercado el mes de Mayo del 2006, asignándole a la acusada E. F. A., el local No. 314, a la señora N. G. F. F. el local No. 57 y a la Señora S. E. F. F. el local No. 60, con la peculiaridad que los locales 57 y 60 se encontraban contiguos (F. 73), sin embargo la acusada y las Señoras F. F. y F. F., al momento de declarar explican que en realidad todos esos locales eran propiedad de la acusada E. F. A. y que consintieron que éstos estuvieran a sus nombres porque la Alcaldía Municipal no permite que una sola persona este en posesión de más de un local, es pues que la acusada, en aras de retener más de un local en el Mercado Los Dolores fraudulentamente puso otros locales de su propiedad a nombre de terceras personas. Para el mes de junio, la ofendida G. Y. S. B., después de recibir una cantidad de dinero en concepto de prestaciones laborales (F. 323), compra los derechos de uso (derecho de Llaves) del local 57 en fecha 16 de junio del 2006, dicha venta de derechos la realiza la acusada E. F. A., por un monto de veinticinco mil lempiras, aún cuando el lote se encontraba a nombre de la señora N. G. F. F., (F. 10 y 11) en el traspaso de derechos se consigna que la compradora (ofendida G. S.) se compromete a pagar la cuota correspondiente a Banhcafe y realizar los trámites de inscripción, y para el 20 de junio del mismo año la ofendida G. S. le compra a la acusada E. F. el derecho de uso (derechos de llaves) del local No. 60 (F. 14) por la cantidad de veinte mil lempiras, entregándole la acusada a la ofendida un traspaso autenticado firmado por la señora N. G. F. F.; de estas ventas de derecho es importante hacer varias acotaciones: 1) Los dos locales (Local 57 y Local 60), a la fecha en que fueron cedidos los derechos de uso por la acusada a la ofendida, se encontraban en mora del pago de la cuota correspondiente a Banhcafe desde el mismo mes de otorgamiento del préstamo según informa la Alcaldía Municipal del Distrito Central (F. 186), porque las locatarias beneficiadas nunca hicieron ningún pago, lo que no fue informado por la acusada a la ofendida al momento de la venta de derechos de uso de los locales; 2) La cesión de derechos del Local 57 es vendido y firmado por la acusada E. F. A., aún cuando estaba inscrito a nombre de la señora N. G. F. F., por lo que éste documento no serviría para realizar traspaso de inscripción en la Alcaldía Municipal; 3) La cesión del Local 60 es vendido por la acusada y firmado el documento por la señora N. F. F., pero éste se encontraba a nombre de la señora S. E. F. F., así éste documento tampoco serviría para hacer el trámite de cambio de registro en la Alcaldía Municipal. La ofendida toma posesión de los dos locales en el mes de junio del 2006 y comienza un negocio y durante ese tiempo efectúa pagos en Banhcafe, pagos que realiza a nombre de la acusada E. F. (F. 329 y 330) creyendo que estaba pagando los montos adeudados por el derecho del local 57 y pagos a nombre de la señora N. G. F. F., creyendo que estaba pagando los montos adeudados por el derecho del local 60, pero en realidad cuando hizo los pagos a nombre de la señora E. F., estaba pagando los montos adeudados por el derecho de uso del local 314 que era el único que aparecía en la institución bancaria a nombre de la acusada y cuando hizo los pagos a nombre de la señora F. F. por el local 60, en realidad estaba pagando la deuda del local 57 que es el que aparece inscrito a nombre de ésta (F. 323, 324, 325 y 326), resultando que el local 60 no estaba siendo pagado, explica la ofendida (F. 349) después pagó las cuotas a nombre de la señora S. F. (adjudicataria del local 60), pagando la ofendida dos montos en los meses de diciembre del 2006 (F. 328) y enero del 2007 (F. 327), además la ofendida explica que inicio los trámites para inscribir los locales a su nombre, sacando el carnet de salud, solvencia municipal (F. 349), que son precisamente los requisitos que exige la Alcaldía Municipal para ello (F. 204) pero que no pudo completar porque los locales tenían problemas, después la ofendida decide cerrar su negocio que funcionaban en los locales 57 y 60 en el mes de enero del 2007, el que fue recuperado por la Alcaldía Municipal el mes de marzo del 2007, por la deuda que acumulaban esos locales (F. 186), misma que ascendía a la cantidad de L. 29,064.76 por el local 57 (F. 43) y de 34,262.83 por el local 60 (F. 44). III. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Los Juzgadores han arribado a conclusiones que no derivan de la prueba reproducida en la audiencia de debate, lo que no hubiese ocurrido si el proceso de valoración se hubiese hecho de manera individual por cada pieza probatoria, como de manera conjunta. 1) Indican los Juzgadores que no existe controversia en cuanto a la venta de los locales (F. 361), sin considerar que la cesión de derechos que hizo la acusada de los dos locales no era conforme a la realidad: La acusada primero cede el derecho del local 57, señalando que el mismo está a nombre suyo, pero en realidad estaba a nombre de la señora N. G. F. y días después le la acusada le cede los derechos del local 60, extendiéndole a la ofendida un documento firmado por la señora N. F., como dueña de los derechos, cuando en realidad lo era la señora S. E. F., así lo hace constar la Alcaldía Municipal conforme la prueba documental que corren a folios 73 y 187 de la Foliada Judicial; 2) Señala el Tribunal de Instancia que la recuperación de los locales 57 y 60 fue realizado por la Alcaldía Municipal por encontrarse cerrado (F. 361), sin considerar además que hace constar la prueba documental de folio 186, que señala que éstos locales fueron recuperados por las deudas en mora que tenían; 3) Afirma el Órgano Jurisdiccional que la acusada E. H. A., no tenía deuda pendiente por los locales cuyos derechos fueron cedidos a la ofendida (F. 361v), sin considerar que a folio 252 consta que el 21 de diciembre del 2004, la Asociación de Vendedores Independientes de la Plaza los Dolores de Tegucigalpa (AVIPLADT), y el Banco Hondureño del Café (BANHCAFE), sirviendo como aval la Alcaldía Municipal del Distrito Central, firman un Contrato de Préstamo de treinta millones de lempiras, para la construcción del Mercado Municipal Los Dolores, siendo parte de ésta asociación la acusada E. F. A. y los señoras N. G. F. F. y S. E. F., por lo que también estas personas figuraban como obligadas por el préstamo, mismo que se hizo efectivo el 11 de abril del 2005, como lo hace constar el Banco Hondureño del Café con la prueba documental que corre a folio 181, una vez construido el mercado le fueron asignados locales a la acusada y a las señoras F. F. y F. F., además la prueba documental determina que éstas incurrieron en mora a partir del mes de abril del 2005, como lo hace constar la Alcaldía Municipal del Distrito Central con la constancia que corre a folio 186; 4) Señala el Tribunal de Sentencia, que no existe mecanismo engañoso de parte de la acusada en la venta de los derechos de los locales del mercado ya que en el documento de venta de derechos se determina que la ofendida deberá de seguir pagando las cuotas de BANHCAFE y de hacer los trámites de inscripción de los locales (F. 363), conclusión que va en contra de la prueba de debate, en primer lugar de la declaración de la ofendida que señala que realizó los trámites para el cambio de inscripción de los locales, sacando el carne de salud, solvencia municipal, lo que es concordante con los requisitos que señala la Alcaldía Municipal para ello, en el documento prueba del folio 204, pero explica la ofendida que no pudo realizar el trámite porque los locales tenían problema, como efectivamente se desprende en virtud que la cesión de derechos del local 57 realizado por la acusada como si ésta fuera su dueña, en realidad pertenecían a la señora N. F. F., y la cesión de derechos que realizo la acusada del local 60, extendiendo un documento donde figura como dueña de estos derechos la señora N. F. F., en realidad estaba a nombre de la señora S. E. F., todo ello impedía que se realizara el cambio de registro, además de lo expuesto en cuanto a la deuda en mora que tenían las adjudicatarias originales de los locales del mercado; 5) Indican los Juzgadores, que no existió perjuicio patrimonial para la ofendida (F. 363), conclusión que riñe con la prueba documental respecto a que los locales que le fueron cedidos por venta arrastraban una mora de un año (abril del 2005) y que además la ofendida efectuó pagos en beneficio del local 314 cuya adjudicataria era la acusada E. H., bajo la falsa creencia que estaba cancelando lo concerniente al local 57, cuyos derechos de uso había comprado. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo primero y segundo, interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Se declara la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diez (2010) y la audiencia de debate que le origina de fecha tres (3) de marzo del año dos mil diez (2010). Y MANDA. PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diez. SEGUNDO: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada YESSENIA MARIA MARQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-362-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL