Sentencia CP-358-10 — Registro 2641
Resumen
Se condenó al imputado por el delito de secuestro y de portación ilegal de armas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MEDIANTE APLICACION INDEBIDA DEL ARTICULO 192 DEL CODIGO PENAL EN SU MOTIVO PRIMERO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. La Recurrente alegó Infracción de Ley por aplicación indebida del Artículo 192 del Código Penal, invocando como precepto autorizante el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A Quo, a efecto de determinar si el precepto penal invocado ha sido indebidamente aplicado, tal como lo afirma la Recurrente, o si por el contrario, su aplicación es correcta. Así, esta Sala de lo Penal considera: I) Que los Hechos Probados constituyen la base de la Sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata, definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. II) Que si bien la Recurrente pretendió demostrar que los Hechos Probados no reflejan la participación delictiva del Encartado, este Tribunal de Casación encuentra que la intervención del Señor R. Z. P., es determinante y vinculante de manera tal que se torna indispensable y complementaria para la ejecución del delito de secuestro, lo que se desprende de los Hechos Probados: el Primero, que dejó establecido con claridad suficiente que el día siete (7) de enero de dos mil nueve (2009), el ofendido M. G. DEL C. C., transitaba a bordo de un vehículo de su propiedad por el Boulevard del Sur de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento Cortés, siendo interceptado a inmediaciones de Chamelecón por dos (2) vehículos que intempestivamente frenaron frente a Él y lo obligaron a detener la marcha, ubicándose a su lado izquierdo un tercer (3er) vehículo del cual salieron dos (2) personas que lo amenazaron apuntándole directamente con armas de fuego, lo obligaron a bajarse de su vehículo y lo introdujeron a una camioneta color blanco, en la que lo trasladaron hasta la vivienda número ciento dos (102), ubicada en el Bloque dieciocho (18) de la Colonia Felipe Zelaya, de la Ciudad de San Pedro Sula, donde lo mantuvieron sometido, cautivo y vigilado desde ese momento hasta el veintiuno (21) de enero de dos mil nueve, día en que fue recatado por agentes pertenecientes al Grupo Antisecuestro de la Policía Nacional; el Segundo, que establece que durante el tiempo que el Señor M. G. DEL C. C., permaneció sometido y cautivo, las personas que lo cuidaron y custodiaron, le pidieron los números telefónicos de sus familiares y que el día ocho (8) de enero del dos mil nueve (2009), uno de ellos se comunicó con sus parientes y le exigió la entrega de cinco millones de dólares (US$5,000,000.00) por su liberación; y el Tercero, que establece que el día veintiuno (21) de enero de dos mil nueve (2009), Agentes de la Policía Nacional Preventiva, pertenecientes al Grupo Antisecuestro, se hicieron presentes en la dirección supra indicada, en vista que habían recibido información que indicaba que en dicha casa se encontraba una persona secuestrada. Al llegar llamaron desde el portón y del interior de la casa salió el Señor R. Z. P., quien al ver la presencia policial intentó introducirse de nuevo a la casa, siendo advertido por los agentes de que no lo hiciera, informándole el motivo de su presencia y pidiéndole autorización para realizar un registro dentro de la vivienda, por lo que el Señor R. Z. P. retiró el candado del portón, permitiendo el paso a los policías, quienes registraron al Señor Z. P., encontrándole en la cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Ruger, calibre nueve milímetros (9mm), sin autorización para portarla, por lo que le fue decomisada en el acto junto a un teléfono celular. Posteriormente los agentes ingresaron a la vivienda, encontrando en una de las habitaciones al Señor M. G. DEL C. C., atado con las manos hacia delante y la cara cubierta con una camiseta, procediendo a rescatarlo y liberarlo y a detener al Señor R. Z. P. III) Que la acción del Señor R. Z. P., demuestra la distribución de tareas complementarias y necesarias para la consecución del objetivo, en este caso el delito de secuestro, por lo que nos encontramos, sin lugar a dudas, ante un caso de coautoría, pues como afirma Welzel, “Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios…El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos: no a un individuo, ni tampoco varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario”[1], en consecuencia, luego de un estudio comparativo entre el precepto invocado como infringido y los Hechos Probados, no aprecia esta Sala de lo Penal error de subsunción alguno; no se colige en forma alguna que el Tribunal de Instancia erró en la diagnosis al aplicar a los hechos probados un precepto penal sustantivo que ciertamente le es atribuible, consecuentemente, no procede el motivo de casación invocado
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
VI. DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I) La Recurrente argumentó en su Recurso que hay Infracción de Ley por aplicación indebida del Artículo 332 B del Código Penal, en virtud de que los Hechos Probados de la Sentencia Recurrida inducen a concluir que en el caso del Señor R. Z. P., no se cumplen los requisitos objetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Armas. La Recurrente también alegó que si bien es cierto se le decomisó un arma de fuego al Señor R. Z. P., por carecer de permiso para portarla, no es menos cierto que existe en el expediente de mérito y que se evacuó como medio de prueba documental aportado por la Defensa, una constancia emitida por el Departamento de Registro Balístico Nacional de Armas, en la cual claramente se establece que desde el uno (1) de abril de dos mil ocho (2008) hasta el ocho (8) de junio de dos mil nueve (2009), no se realizaron en la Ciudad de San Pedro Sula trámites de registro de armas, traspasos ni renovaciones de carnet para la portación de armas de fuego, por lo que evidentemente cuando le fue decomisada el arma de fuego al Señor R. Z. P., el veintiuno (21) de enero de dos mil nueve (2009), no era posible la obtención de dichos permiso, no por causa atribuida al portador del arma, sino por causas atinentes únicamente al emisor de permisos. También expuso la Recurrente que partiendo de este extremo “consideramos que en el caso de nuestro representado R. Z. P., el Tribunal sentenciador aplico indebidamente el articulo 332b del Código Penal, sin tomar en consideración la Constancia extendida por el Registro Balístico Nacional de Armas, circunstancia que impedía aplicar esta norma penal a los hechos sometidos a su juzgamiento.” II) Según nuestra Normativa Procesal Penal, el Recurso de Casación por Infracción de Ley procede cuando “dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada……”; en el caso de Autos, la Recurrente se limitó a señalar el artículo de la norma sustantiva que a su parecer ha sido infringido; y después hizo cuestionamientos a la valoración de la prueba que hizo el Tribunal A Quo, pero no expuso en que parte del cuadro fáctico plasmado en la sentencia existe la infracción al precepto penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica, requisito indispensable para que esta Sala de lo Penal pueda ejercer debidamente el control casacional, lo que no es posible en este caso ya que la Recurrente no expuso de forma clara porqué el precepto penal que supone infringido, no está de acuerdo con los Hechos Probados de la Sentencia y, como ya se dijo, centró su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación con el cuadro fáctico, confundiendo un motivo que podría tener su acceso por vía del quebrantamiento de forma, lo que imposibilita a esta Sala poder pronunciarse en relación a la supuesta Infracción de Ley indicada como Segundo Motivo. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar este Segundo Motivo de Casación por Infracción de Ley
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete (7) de mayo del año dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de junio del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual condenó al señor R. Z. P., a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION; como autor del delito de SECUESTRO en perjuicio del señor M. G. DEL C. C.; se le condenó a la pena de CINCO (5) AÑOS; por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; haciendo un total de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, asimismo se le declara condenado civilmente.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada ORBELINA FERRERA ALVARENGA, actuando en su condición de Defensora Pública del señor R. Z. P.- SON PARTES: La Abogada REBECA LILIANA SARAVIA en su condición de Defensora Pública del Señor R. Z. P. en su condición de recurrente y la Abogada ROXANA LUCILA CASTRO en su condición de Fiscal del Ministerio Publico como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día siete de enero del dos mil nueve, en torno de las nueve de la noche, el señor M. G. DEL C. C., circulaba a bordo de un vehículo de su propiedad, por el bulevar del Sur de esta ciudad y cuando iba por el sector de Chamelecón, fue interceptado por dos vehículos que intempestivamente frenaron frente al vehículo que conducía, obligándolo a detener la marcha, de inmediato se ubicó al lado izquierdo de su automotor, un tercer vehículo tipo camioneta color blanco, del cual descendieron dos personas portando armas de fuego en sus manos, quienes se dirigieron al carro del señor DEL C. C. y apuntándole directamente con armas lo obligaron a bajar de su vehículo y lo introdujeron en la camioneta. De inmediato del vehículo en el que introdujeron al señor Del C. C. retornó nuevamente hacia San Pedro Sula, siendo el señor DEL C. C. trasladado hacia la vivienda con número 102, ubicada en el bloque 18 de la Colonia Felipe Zelaya de esta ciudad, donde lo mantuvieron sometido, cautivo y vigilado desde la fecha antes indicada, hasta el día veintiuno del mismo mes y año, día en que fue rescatado por agentes pertenecientes al grupo Antisecuestros de la Policía Nacional. SEGUNDO: Durante el tiempo que el señor D. C. CASTRO permaneció sometido y cautivo, las personas que lo cuidaban y custodiaban, le pidieron los números telefónicos de sus familiares y el día ocho de enero del dos mil nueve, uno de ellos se comunicó con sus parientes y les exigió la entrega de cinco millones de dólares ($5,000.000) por su liberación, diciéndoles que matarían al señor del C. C., si no pagaban la cantidad pedida, estando vigilado el señor ofendido, desde el momento en que fue detenido por tres personas, dos hombres y una mujer, sin que lo hayan dejado solo un momento. TERCERO: El veintiuno de enero de dos mil nueve, Agentes de Policía Nacional Preventiva, pertenecientes al grupo Antisecuestros, se hicieron presentes a la vivienda en la dirección antes indicada, en vista que habían recibido información que indicaba que en dicha casa, se encontraba una persona secuestrada, al llegar los agentes llamaron desde el portón y del interior de la casa salió el señor R. Z. P. y al observar la presencia policial, intentó introducirse de nuevo a la casa, pero los agentes le advirtieron que no lo hiciera y le información el motivo de su presencia y le pidieron autorización para realizar un registro dentro de la vivienda, por lo que el señor Z. P., retiró el candado del portón permitiendo el paso a los policías, quienes procedieron a registrar al señor Z. P., encontrándole en la cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Ruger, calibre 9mm, de la que no tenía autorización para portarla y que le fue decomisada en el acto, al igual que un teléfono celular, de inmediato ingresaron a la vivienda, encontrando en una de las habitaciones al señor M. G. DEL C. C., atado con las manos hacia delante y la cara cubierta con una camiseta, por lo que procedieron a su liberación y rescate y a la detención del señor R. Z. P.”. III.- La recurrente, Abogada ORBELINA FERRERA ALVARENGA, formalizó su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. La norma penal que se infringe y cuya aplicación es indebida relata: “Artículo 192.- Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos, u otra utilidad o beneficio. b) Obligar a alguien que haga o deje de hacer algo. c) Publicitarios o políticos....” La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente qué hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de esa realidad concreta se extraen todas las consecuencias que de ella se deriven, entre éstas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. El Tribunal Sentenciador, consideró como hechos probados en la sentencia recurrida los siguientes: “PRIMERO: El día siete de enero del dos mil nueve, en torno de las nueve de la noche, el señor M. G. DEL C. C., circulaba a bordo de un vehículo de su propiedad, por el boulevard del Sur de esta ciudad y cuando iba por el sector de Chamelecón, fue interceptado por dos vehículos que intempestivamente frenaron frente al vehículo que conducía, obligándolo a detener la marcha, de inmediato se ubicó al lado izquierdo de su automotor, un tercer vehículo tipo camioneta color blanco, del cual descendieron dos personas portando armas de fuego en sus manos, quienes se dirigieron al carro del seño DEL C. C. y apuntándole directamente con las armas, lo obligaron a bajar de su vehículo y lo introdujeron en la camioneta. De inmediato el vehículo en el que se introdujeron al señor Del C. C. retorno nuevamente hacia San Pedro Sula, siendo el señor DEL C. C. trasladado hacia la vivienda con numero 102, ubicada en el bloque 18 de la Colonia Felipe Zelaya de esta ciudad, donde lo mantuvieron sometido, cautivo y vigilado desde la fecha antes indicada, hasta el veintiuno del mismo mes y año, día en que fue rescatado por agentes pertenecientes al grupo Antisecuestro de la Policía Nacional. SEGUNDO: Durante el cuidaban y custodiaban, le pidieron los números telefónicos de sus familiares y el día ocho de enero del dos mil nueve, uno de ellos se comunico con sus parientes y les exigió la entrega de cinco millones de dólares ($ 5,000,000) por su liberación, diciéndoles que matarían al señor DEL C. C., si no pagaban la cantidad pedida, estando vigilado el señor ofendido, desde el momento en que fue detenido por tres personas, dos hombres y una mujer, sin que lo hayan dejado solo un momento. TERCERO. El veintiuno de enero del dos mil nueve, Agentes de Policía Nacional Preventiva, pertenecientes al grupo antisecuestro, se hicieron presentes a la vivienda en la dirección antes indicada, en vista que había recibido información que indicaba que en dicha casa, se encontraba una persona secuestrada, al llegar los agentes llamaron desde el portón y del interior de la casa salió el señor R. Z. P. y al observar la presencia policial, intento introducirse de nuevo a la casa por los agentes le advirtieron que o lo hiciera y le informaron el motivo de su presencia y le pidieron autorización para realizar un registro dentro de la vivienda, por lo que el señor Z. P., retiro el candado del portón permitiendo el paso a los policías, quienes procedieron a registrar al señor Z. P., encontrándole en la cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Ruger, calibre 9mm, de la que no tenía autorización para portarla y que le fue decomisada en el acto, al igual que un teléfono celular, de inmediato ingresaron a la vivienda, encontrando en una e las habitaciones al señor M. G. DEL C. C., atado con las manos hacia delante y la cara cubierta con una camiseta, por lo que procedieron a su liberación y rescate y a la detención del señor R. Z. P.” Según se plasma en el cuadro fáctico probatorio, estos no establecen de forma alguna, los elementos objetivos y subjetivos del tipo pena de Secuestro, consistentes en “sustraer, retener, desplazar, ocultar o privar de la libertad a una persona utilizando la violencia, intimidación, engaño con el propósito de recibir algún beneficio” y la intencionalidad del autor en ejecutar el hecho, estos elementos no se ven encajados de manera perfecta en la participación de nuestro defendido R. Z. P. Si disgregamos los hechos probados y verificamos cuales fueron las acciones que le adjudica el sentenciador, a mi representado R. Z. P.; comienza diciendo el relato de acontecimientos probados. “El día siete de enero del dos mil nueve, en torno de las nueve de la noche, el señor M. G. DEL C. C., circulaba a bordo de un vehículo de su propiedad, por el boulevard del Sur de esta ciudad y cuando iba por el sector de Chamelecón, fue interceptado por dos vehículos que intempestivamente frenaron frente al vehículo que conducía, obligándolo a detener la marcha, de inmediato se ubicó al lado izquierdo de su automotor, un tercer vehículo tipo camioneta color blanco, del cual descendieron dos personas portando armas de fuego en sus manos, quienes se dirigieron al carro del señor DEL C. C. y apuntándole directamente con las armas, Io obligaron a bajar de su vehículo y lo introdujeron en la camioneta. De inmediato el vehículo en el que se introdujeron al señor Del C. C. retornó nuevamente hacia San Pedro Sula, siendo el señor DEL C. C. trasladado hacia la vivienda con número 702, ubicada en el bloque 18 de la Colonia Felipe Zelaya de esta ciudad, donde lo mantuvieron sometido, cautivo y vigilado desde la fecha antes indicada, hasta el veintiuno del mismo mes y año, día en que fue rescatado por agentes pertenecientes al grupo Antisecuestro de la Policía Nacional..., En esta primera parte, el sentenciador relata la forma violenta en que fue interceptado el ofendido DEL C. C. y cuando dos personas portando armas lo obligaron a salir de su vehículo, curiosamente el sentenciador hace referencia a “DOS PERSONAS” pero no plasma como verdad real que uno de esos individuos haya sido nuestro patrocinado R. Z. P., por lo que no podríamos decir que en este primer apartado de hechos, el Tribunal le otorgue acción alguna a nuestro patrocinado, es decir en el momento mismo de suceder la intercepción al ofendido para obligarlo a salir del vehículo y llevarlo secuestrado, no se establece que en dichas acciones haya participado nuestro representado, recordemos que los hechos probados deben ser claros y terminantes sin dejar nada a la imaginación; continúa diciendo el Tribunal, “...Durante el tiempo que el señor DEL C. C. permaneció sometido y cautivo, las personas que lo cuidaban y custodiaban, le pidieron los números telefónicos de sus familiares y el día ocho de enero del dos mil nueve, uno de ellos se comunicó con sus parientes y les exigió la entrega de cinco millones de dólares ($ 5,000,000) por su liberación, diciéndoles que matarían al señor DEL C. C., si no pagaban la cantidad pedida, estando vigilado el señor ofendido, desde el momento en que fue detenido por tres personas, dos hombres y una mujer, sin que lo hayan dejado solo un momento...” En este segundo hecho probado, el sentenciador utiliza expresiones tales como: “Las personas que lo cuidaban..." “...uno de ellos se comunicó con sus parientes...” “...estando vigilado el señor ofendido desde el momento en fue detenido por tres personas...”, pero en ninguna de ellas plasma o hace mención, a que una de esas personas fuera nuestro patrocinado R. Z. P., al no hacerlo da por probado que fueron otras personas las que ejecutaron esas acciones y que por lo tanto el señor Z. P. no participó de ninguna manera, en la captura y retención del ofendido. El sentenciador continúa diciendo en el numeral tercero: “El veintiuno de enero del dos mil nueve, Agentes de Policía Nacional Preventiva, pertenecientes al grupo antisecuestro, se hicieron presentes a la vivienda en la dirección antes indicada, en vista que había recibido información que indicaba que en dicha casa, se encontraba una persona secuestrada, al 11egar los agentes llamaron desde el Portón y del interior de la casa salió el señor R. Z. P. y al observar la presencia policial, intentó introducirse de nuevo a la casa por los agentes le advirtieron que no 1o hiciera y le informaron e1 motivo de su presencia y le pidieron autorización para realizar un registro dentro de la vivienda, por lo que el señor Z. P., retiró el candado de1 portón permitiendo el paso a los policías, quienes procedieron a registrar a1 señor Z. P., encontrándole en la cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Ruger, calibre 9mm, de la que no tenía autorización para portarla y que 1e fue decomisada en el acto, al igual que un teléfono celular, de inmediato ingresaron a la vivienda, encontrando en una de las habitaciones al señor M. G. DEL C. C., atado con 1as manos hacia delante y fa cara cubierta con una camiseta, por lo que procedieron a su liberación y rescate y a la detención del señor R. Z. P. “En este último hecho probado, ya el sentenciador le adjudica varias acciones específicas a nuestro patrocinado, consistente en concurrir al llamado que hace la policía, abrir el portón de la casa, acceder a practicar un registro en la casa y en su persona; pero curiosamente todas estas acciones, no constituyen por ningún punto, los elementos objetivos del tipo penal de Secuestro. En vista de lo anterior podemos concluir, que los hechos probados no encajan de manera perfecta -en relación a las acciones atribuidas por el sentenciador a nuestro imputado R. Z. P.-, en el tipo penal de SECUESTRO, ya que requiere la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos, mismo que no son plasmados por el sentenciador en las acciones adjudicadas a nuestro poderdante, en consecuencia el sentenciador aplicó de forma incorrecta el delito establecido en el artículo 192 del Código Penal. IV.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: Aplicación indebida del artículo 332B Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. La norma penal que se invoca y que fue aplicada incorrectamente por el sentenciador expresa: “Artículo 332B: Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre y venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas...”. Si leemos los hechos probados de la sentencia recurrida y que fueron transcritos en el primer motivo de este recurso, llegaremos a la conclusión que en el caso de nuestro representado R. Z. P., no se cumplen con los requisitos objetivos el tipo penal de portación legal de armas. Si bien es cierto, se le decomisó al señor Z. P. un arma de fuego, tipo pistola store Ruger, misma que no tenía permiso para portarla, no es menos cierto también que existe en el expediente de mérito y que se evacuó como medio de prueba documental aportado por la defensa, una Constancia emitida por el Departamento de Registro balístico Nacional de Armas, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal DNIC, en la cual claramente se establece que desde el 0l de abril de 2008 hasta el 08 de junio de dos mil nueve, en la ciudad de San Pedro Sula no se estuvo realizando tramites de registro de armas, traspasos ni renovaciones de carnet para la portación de armas de fuego, por lo que evidentemente para la fecha en que le fue decomisada el arma de fuego a nuestro representado R. Z. P. -21 enero 2009- no era posible la obtención de dichos permisos, no por causa atribuida al portador del arma, sino que por causas atenientes únicamente al emisor de permisos, en ese orden de ideas claramente establece el Artículo 332B del referido Código Penal que “Quien sin permiso de la autoridad competente” entonces como podemos exigirles a los ciudadanos el llevar un permiso para portar armas, cuando la autoridad competente -Registro Balístico Nacional- ha tenido más de un año sin extender los mismos, en ese sentido, esta norma penal no solo exige a los ciudadanos el tramitar un permiso para portar armas sino también exige al Estado, contar con los medios y mecanismo que sean suficientes y necesarios para extender los mismos. La ley manda a que los ciudadanos cumplamos la ley conforme a los preceptos y normas ya establecidos y si alguien las infringen deben ser castigados, pero si el Estado no cumple con la parte que le corresponde, es decir con lo pactado en la misma ley -en el caso subjudice extender los permisos para portar armas-, no se puede por ningún punto exigírseles a los ciudadanos que cumplan una disposición si el propio Estado no cumple con su parte. En tal sentido consideramos que en el caso de nuestro representado R. Z. P., el Tribunal sentenciador aplicó indebidamente el artículo 332b del Código Penal sin tomar en consideración la Constancia extendida por el Registro Balístico Nacional de Armas, circunstancia esta que impedía aplicar esta norma penal a los hechos sometidos a su juzgamiento. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Como recurrente pretendo con la interposición del presente recurso que por no existir prefecta armonía entre los hechos probados, con los tipos penales por los cuales se condena a mi defendido, R. Z. P. como autor directo de los delitos de SECUESTRO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS, por esa consideración someto a control de logicidad a efecto de que ese Honorable Tribunal de Casación a través del presente recurso aplicando el derecho en armonía con la justicia declare HA LUGAR el Recurso de mérito y dicte la sentencia que en derecho corresponde, es decir absolviendo a nuestro patrocinado de toda responsabilidad penal”. V. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MEDIANTE APLICACION INDEBIDA DEL ARTICULO 192 DEL CODIGO PENAL EN SU MOTIVO PRIMERO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. La Recurrente alegó Infracción de Ley por aplicación indebida del Artículo 192 del Código Penal, invocando como precepto autorizante el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A Quo, a efecto de determinar si el precepto penal invocado ha sido indebidamente aplicado, tal como lo afirma la Recurrente, o si por el contrario, su aplicación es correcta. Así, esta Sala de lo Penal considera: I) Que los Hechos Probados constituyen la base de la Sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde, hecho y precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata, definitivamente, de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. II) Que si bien la Recurrente pretendió demostrar que los Hechos Probados no reflejan la participación delictiva del Encartado, este Tribunal de Casación encuentra que la intervención del Señor R. Z. P., es determinante y vinculante de manera tal que se torna indispensable y complementaria para la ejecución del delito de secuestro, lo que se desprende de los Hechos Probados: el Primero, que dejó establecido con claridad suficiente que el día siete (7) de enero de dos mil nueve (2009), el ofendido M. G. DEL C. C., transitaba a bordo de un vehículo de su propiedad por el Boulevard del Sur de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento Cortés, siendo interceptado a inmediaciones de Chamelecón por dos (2) vehículos que intempestivamente frenaron frente a Él y lo obligaron a detener la marcha, ubicándose a su lado izquierdo un tercer (3er) vehículo del cual salieron dos (2) personas que lo amenazaron apuntándole directamente con armas de fuego, lo obligaron a bajarse de su vehículo y lo introdujeron a una camioneta color blanco, en la que lo trasladaron hasta la vivienda número ciento dos (102), ubicada en el Bloque dieciocho (18) de la Colonia Felipe Zelaya, de la Ciudad de San Pedro Sula, donde lo mantuvieron sometido, cautivo y vigilado desde ese momento hasta el veintiuno (21) de enero de dos mil nueve, día en que fue recatado por agentes pertenecientes al Grupo Antisecuestro de la Policía Nacional; el Segundo, que establece que durante el tiempo que el Señor M. G. DEL C. C., permaneció sometido y cautivo, las personas que lo cuidaron y custodiaron, le pidieron los números telefónicos de sus familiares y que el día ocho (8) de enero del dos mil nueve (2009), uno de ellos se comunicó con sus parientes y le exigió la entrega de cinco millones de dólares (US$5,000,000.00) por su liberación; y el Tercero, que establece que el día veintiuno (21) de enero de dos mil nueve (2009), Agentes de la Policía Nacional Preventiva, pertenecientes al Grupo Antisecuestro, se hicieron presentes en la dirección supra indicada, en vista que habían recibido información que indicaba que en dicha casa se encontraba una persona secuestrada. Al llegar llamaron desde el portón y del interior de la casa salió el Señor R. Z. P., quien al ver la presencia policial intentó introducirse de nuevo a la casa, siendo advertido por los agentes de que no lo hiciera, informándole el motivo de su presencia y pidiéndole autorización para realizar un registro dentro de la vivienda, por lo que el Señor R. Z. P. retiró el candado del portón, permitiendo el paso a los policías, quienes registraron al Señor Z. P., encontrándole en la cintura un arma de fuego tipo pistola, marca Ruger, calibre nueve milímetros (9mm), sin autorización para portarla, por lo que le fue decomisada en el acto junto a un teléfono celular. Posteriormente los agentes ingresaron a la vivienda, encontrando en una de las habitaciones al Señor M. G. DEL C. C., atado con las manos hacia delante y la cara cubierta con una camiseta, procediendo a rescatarlo y liberarlo y a detener al Señor R. Z. P. III) Que la acción del Señor R. Z. P., demuestra la distribución de tareas complementarias y necesarias para la consecución del objetivo, en este caso el delito de secuestro, por lo que nos encontramos, sin lugar a dudas, ante un caso de coautoría, pues como afirma Welzel, “Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios…El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos: no a un individuo, ni tampoco varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario”[1], en consecuencia, luego de un estudio comparativo entre el precepto invocado como infringido y los Hechos Probados, no aprecia esta Sala de lo Penal error de subsunción alguno; no se colige en forma alguna que el Tribunal de Instancia erró en la diagnosis al aplicar a los hechos probados un precepto penal sustantivo que ciertamente le es atribuible, consecuentemente, no procede el motivo de casación invocado. VI. DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA.- I) La Recurrente argumentó en su Recurso que hay Infracción de Ley por aplicación indebida del Artículo 332 B del Código Penal, en virtud de que los Hechos Probados de la Sentencia Recurrida inducen a concluir que en el caso del Señor R. Z. P., no se cumplen los requisitos objetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Armas. La Recurrente también alegó que si bien es cierto se le decomisó un arma de fuego al Señor R. Z. P., por carecer de permiso para portarla, no es menos cierto que existe en el expediente de mérito y que se evacuó como medio de prueba documental aportado por la Defensa, una constancia emitida por el Departamento de Registro Balístico Nacional de Armas, en la cual claramente se establece que desde el uno (1) de abril de dos mil ocho (2008) hasta el ocho (8) de junio de dos mil nueve (2009), no se realizaron en la Ciudad de San Pedro Sula trámites de registro de armas, traspasos ni renovaciones de carnet para la portación de armas de fuego, por lo que evidentemente cuando le fue decomisada el arma de fuego al Señor R. Z. P., el veintiuno (21) de enero de dos mil nueve (2009), no era posible la obtención de dichos permiso, no por causa atribuida al portador del arma, sino por causas atinentes únicamente al emisor de permisos. También expuso la Recurrente que partiendo de este extremo “consideramos que en el caso de nuestro representado R. Z. P., el Tribunal sentenciador aplico indebidamente el articulo 332b del Código Penal, sin tomar en consideración la Constancia extendida por el Registro Balístico Nacional de Armas, circunstancia que impedía aplicar esta norma penal a los hechos sometidos a su juzgamiento.” II) Según nuestra Normativa Procesal Penal, el Recurso de Casación por Infracción de Ley procede cuando “dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada……”; en el caso de Autos, la Recurrente se limitó a señalar el artículo de la norma sustantiva que a su parecer ha sido infringido; y después hizo cuestionamientos a la valoración de la prueba que hizo el Tribunal A Quo, pero no expuso en que parte del cuadro fáctico plasmado en la sentencia existe la infracción al precepto penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica, requisito indispensable para que esta Sala de lo Penal pueda ejercer debidamente el control casacional, lo que no es posible en este caso ya que la Recurrente no expuso de forma clara porqué el precepto penal que supone infringido, no está de acuerdo con los Hechos Probados de la Sentencia y, como ya se dijo, centró su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación con el cuadro fáctico, confundiendo un motivo que podría tener su acceso por vía del quebrantamiento de forma, lo que imposibilita a esta Sala poder pronunciarse en relación a la supuesta Infracción de Ley indicada como Segundo Motivo. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar este Segundo Motivo de Casación por Infracción de Ley. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 192, 322b del Código Penal; 359, 360, 362 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, en sus Dos Motivos, interpuesto por la Abogada ORBELINA FERRERA ALVARENGA, en su condición de Defensora Pública del Señor R. Z. P. Y MANDA: Que con certificación de este Fallo se remitan las diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-358-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Véase Gimbernat Ordeig Enrique. Autor y Cómplice en Derecho Penal. Universidad de Madrid Facultad de Madrid Sección de Publicaciones e intercambio. P.128.