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Sentencia CP-35-12 — Registro 2836

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de homicidio, robo agravado y portación ilegal de armas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Censor, ha errado en el motivo planteado, primero porque la falta de consideración es distinta a la exclusión de un medio de prueba, por lo que al agrupar en un solo motivo los dos conceptos, hace que éste sea impreciso, además el Censor con su motivo ha procedido a expresar su desacuerdo con la valoración hecha por los Juzgadores de varios medios de prueba, planteando lo que a su parecer debió de ser las conclusiones que la instancia estaba obligada a arribar, más ello, no es un alegato que compagine con el motivo seleccionado, de hecho es antagónico puesto que por un lado se protesta que los juzgadores dejaron de considerar y excluyeron prueba, es decir, que ésta no fue apreciada en la sentencia y, por otro lado, se critica la forma en cómo fue apreciada. La mala técnica recursiva del Censor ha condenado la suerte de la impugnación presentada, debiendo ser declarado Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Nuevamente el Censor erra en el planteamiento del motivo, si bien, señala concretamente que a su consideración se ha violentado el principio lógico de derivación, no efectúa el señalamiento y análisis de la motivación en la sentencia que juzga como violatoria, téngase en cuenta que éste tipo de motivo exige confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las reglas que componen la sana crítica y así demostrar la disparidad entre unos y otros, puesto que no se trata de determinar cómo debió valorarse la prueba, sino que la valoración hecha y plasmada en la sentencia que se impugna es carente de los principios que rigen el recto entendimiento humano; el Censor en su libelo desarrolla argumentos respecto al por qué no están de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Instancia, aportando lo que su criterio debió ser, confundiendo esta Única Instancia con una Segunda Instancia. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de agosto del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual CONDENÓ al señor C. A. M. C. como autor del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor H. O. B. C. a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN. Lo CONDENÓ a la pena de ONCE (11) AÑOS, UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS DE RECLUSIÓN, por considerarlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO en perjuicio de nueve miembros de la FAMILIA CLAROS. También se le CONDENÓ al señor C. A. M. C. a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, por considerarlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; Asimismo se le CONDENÓ a UN (01) AÑO DE RECLUSIÓN por considerarlo responsable del delito de ATENTADO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, haciendo un total entre todas las penas de TREINTA (30) AÑOS, UN (01) MES y DIEZ (10) DÍAS, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL; y se le declara responsabilidad civil del condenado el señor C. A. M. C. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. A. N. Z., actuando en su condición de Defensor del señor C. A. M. C. SON PARTES: El Abogado R. A. N. Z., en su condición de Apoderado Defensor Privado del acusado C. A. M. C., como parte recurrente y la Abogada C. M. P., en su condición de Fiscal del Ministerio público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día lunes tres de agosto de dos mil nueve, entre las siete y media y ocho de la mañana, llegaron hasta la casa de habitación de la señora J. M. C., ubicada entre la 6 y 7 calle, 17 avenida de la colonia Aurora, de ésta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dos personas portando armas de fuego, entre ellas el señor C. A. M. C., encontrándose, en un primer momento, en la parte frontal de dicha vivienda a la señora D. Y. B. C., a quien despojaron de su cartera, que contenía en su interior un celular y un monedero, después de lo cual, la empujaron hacia un lado, y cuando las hermanas de esta, M. Y L., ambas de apellidos B. C., se aprestaban a salir, fueron interceptadas y obligadas a entrar de nuevo a la sala de la vivienda en mención, una vez dentro de la misma, procedieron a despojar de sus bienes personales y dinero en efectivo, a ocho personas que se encontraban en el interior de dicha vivienda, entre estos el señor H. O. B. C., quien, al pretender recoger un lápiz que se le había caído, llamó la atención al acompañante del acusado, que lo puso en conocimiento de éste, provocando que el señor C. A. M. C. se regresara, se dirigiera hacia el señor B. C., le colocaron un arma de fuego calibre 22, en el pecho, cuando éste, intentó quitar el arma de fuego de su cuerpo, el acusado le infirió un disparo que le causó la muerte. SEGUNDO: Simultáneamente a estos hechos, la señora D. Y. B. C., aprovechó para salir de la vivienda para pedir auxilio, y en este momento pasaba una patrulla policial, la que por intervención de un vecino del sector, de nombre M., detuvo su marcha, e inmediatamente la señora B. C., le informó a sus ocupantes sobre los hechos que estaban ocurriendo en la casa de su madre, quienes de inmediato acudieron a la vivienda en mención, observando que del interior de la misma, salieron dos personas a quienes trataron de capturar, siendo repelida esta acción por el acusado y su acompañante, disparando sus armas de fuego contra la humanidad de los agentes de la policía. Y en el intercambio de disparos resultó herido el acusado C. A. M. C., el cual fue capturado y al hacerle el registro le encontraron el arma de fuego, calibre 40mm, en su cintura, de la cual no portaba el permiso de la autoridad respectiva”. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. El recurrente Abogado R. A. N. Z., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICION DE MOTIVOS. MOTIVO PRIMERO: Haber excluido o dejado de considerar el Juzgador en toda su Dimensión prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “…Excluya o deja de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Los hechos constitutivos de este motivo los explico a continuación: PRIMERO: En la audiencia de debate o juicio oral y público, se evacuaron los medios de pruebas documentales, testifícales y periciales siguientes: 1.- Dictamen del Laboratorio Criminalístico de Ciencias Forenses con registro número 1103-1005 y que fue ratificado por el técnico L. F. M. H., con el cual se establece: • Se analizó el arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, calibre 40, modelo THUNDER, serie 608582, color cromo, con empuñadura plástica, con su respectivo cargador con capacidad de 13 cartuchos más uno en recamara. • Se analizaron 09 cartuchos sí percutir, con troqueles en su base que se leen; AP4O S&W, todos calibre 40/10 mm. • El laboratorio recibió una bala de plomo, con baño electrolítico de cobre, deformada y con abolladuras, rayado irregular, calibre 22LR, misma que fue extraída del cadáver del señor H. O. B. C., durante la autopsia. • Se solicitó al laboratorio que se realizaran los respectivos análisis y la comparación entre los cartuchos y el arma. Concluye el dictamen que el arma analizada, es un arma comercial de fabricación argentina, semi-automática y presenta un buen estado de funcionamiento. De los nueve proyectiles se extrajeron seis para muestras patrones. Respecto as la comparación solicitada, no se pudo realizar porque, la bala calibre 22LR y las balas patrones no son compatibles, debido a que no comparten las mismas características de clase e individualizantes, pues son de calibres distintos y por tanto no se puede establecer un símil de comparación entre ellos. 2.- Declaración testifical del señor N. A. L. D., Agente de la Policía Nacional Preventiva que le dio detención al señor C. A. A. C., quien manifestó en el acto del Debate, según quedó plasmado en el acta correspondiente, que el imputado fue detenido a media cuadra de la casa de los ofendidos, y que el arma de fuego la portaba en sus cintura. Como podéis observar Honorables Magistrados, pruebas de valor decisivo, que no fueron consideradas ni valoradas por el Órgano Juzgador en su Sentencia, omitiendo exponer en la redacción de la misma lo declarado en el acto del Debate por parte del referido testigo N. A. L. D. (Policía Preventivo), exponiendo en los acápites relativos a la Valoración de la Prueba, Que si bien para estos Juzgadores, esta arma (marca BERSA, calibre 4Omm) no fue la que el señor C. A. M. C. utilizó para privar de la vida al señor H. O. B. C., esto no descarta la participación del imputado en los hechos por los cuales ha sido sometido a juicio, basando esta aseveración únicamente en prueba testifical, de la cual no se acredita que mi poderdante portara otra arma de fuego, desvalorando la prueba científica como lo es el dictamen de balística referido, careciendo de fundamentación legal el Tribunal Sentenciador, para ignorar el hecho de que al occiso se le dio muerte con un arma que jamás fue presentada como evidencia en el Juicio y no existiendo Prueba alguna de que mi representado alguna vez portó dicha arma de fuego calibre 22, faltando a la obligación legal referente a que el Tribunal resolverá únicamente con la prueba reproducida en Juicio; así mimo establece, que por otra parte, el acusado al retirarse del lugar después de efectuados los disparos salió en veloz carrera desplazándose por varias calles del sector, trayecto en el cual, tuvo la posibilidad material y el tiempo suficiente para desprenderse del arma utilizada para privar de la vida al ahora occiso, lo cual es nuestro parecer, es totalmente falaz y desapegado a la prueba que materialmente se reprodujo en el Juicio Oral y Público, ya que el Agente de la Policía Preventiva N. A. L. D. declaró de viva voz ante los Jueces de Sentencia, tal y como quedó plasmado en el Acta del Debate, que el imputado fue detenido por él, a media cuadra del lugar de los hechos, que nunca lo perdió de vista y que el arma al momento de su detención, la portaba en su cintura, siendo este incapaz de identificar a señor M. C. como la persona que le disparó a los Agentes Policiales, fundamentando los miembros de la Sala Sentenciadora sus argumentos, en meras suposiciones, y emitiendo juicios discordantes con la prueba reproducida en el acto del Juicio, fortaleciendo además, los alegatos de la Defensa, el hecho de que en los alrededores del lugar, no se encontraron por parte del Agente de Inspecciones Oculares, casquillos correspondientes al arma de mi defendido, ni ninguna otra arma de la que se pudiera haberse desprendido el imputado, lo cual nos obliga a expresar que un derecho fundamental como el de La Libertad Personal, no puede ser afectado, amparándose los Tribunales Penales de nuestro País, en conjeturas y supuestos de hecho, siendo la obligación de estos Entes Impartidores de Justicia, la de valorar todos los medios de prueba en conjunto. 3.- Factura comercial B7662299 extendida por la empresa TIGO de fecha 25 de noviembre de 2008, a nombre del señor C. A. A. C. mediante la cual se hace constar la compra de un teléfono celular marca Motorola V3i, con número 9757-4972, y factura comercial B7662299 extendida por la empresa TIGO de fecha 25 de noviembre de 2008, a nombre de C. A. A. C., mediante la cual se hace constar la compra de un teléfono celular marca Motorola Z3 con número 9757-8069. A las cual no se les dio por parte del Juzgador una valoración en toda su dimensión, ya que dicha prueba documental tal y como consta en el texto de la Sentencia dice: Que estos medios de prueba no pueden valorarse para exculpar la responsabilidad penal del señor C. A. M. C., por no tener relación directa con los hechos por los cuales éste ha sido traído a juicio, pues con ello, solo se prueba que portaba dos teléfonos celulares de los cuales era poseedor legítimo. Esto, resulta nuevamente nocivo e injusto para mi representado, ya que de la lectura de la Sentencia, se puede apreciar en varios párrafos de la misma, que se hace referencia a que al momento de su detención, al señor C. A. M. C., se le decomisaron pertenencias del señor H. O. B. C. (occiso), lo cual carece de veracidad, ya que de las actas de decomiso únicamente se evidencia, que al imputado se le decomisó el arma de fuego calibre 40 mm. y dos teléfonos celulares, los cuales, con las facturas de compra se acreditó la propiedad de los mismos, además del hecho de que al indiciado no se le decomisaron pertenencias de ninguno de los ofendidos, lo que descarta la existencia del INJUSTO PENAL DE ROBO, pero al no ser valorados en toda su dimensión como medíos de prueba de descargo las facturas de compra de los aparatos de telefonía, se deja en indefensión a mí representado, por no poder hacer efectivo a su favor el Principio de Igualdad de los Intervinientes consignado en el artículo 13 de nuestra Norma Penal Adjetiva. 4.- Factura comercial número 729998, extendida por La Armería de la ciudad de Puerto Cortés, de fecha 22 de abril de 2009 a nombre del señor C. A. M. C., con la que se acreditó que mi representado adquirió de forma legal el arma decomisada y el hecho de que el arma en cuestión no haya sido debidamente inscrita en el Registro Balístico Nacional, responde al hecho de que en esa época no se estaba realizando el mismo. El carácter de valor decisivo de la prueba correspondiente al hecho de existir, se pone de manifiesto, porque si se le excluye totalmente, (como es el caso de que se trata) surge aun más la duda de si en realidad el arma de fuego calibre 40 mm, es considerada de legal portación, pero sí se le incluye y valora en toda su dimensión de acuerdo a la tesis propuesta, tenemos que, indefectiblemente su peso y consistencia se traduce en certeza positiva de que el arma es de uso y tenencia legal, no siendo imputable a mi representado, que el Estado de Honduras tenga deficiencias en lo relativas al servicio de Registro y Legalización de armas de Fuego, ya que al momento en que sucedieron los hechos, no se estaba llevando a cabo registro balístico. Para desvanecer el fundamento del tribunal para excluir y no valorar la prueba documental consistente en Factura comercial número 729998, extendida por La Armería de la ciudad de Puerto Cortés, de fecha 22 de abril de 2009 a nombre del señor C. A. M. C., basta con remitirse al hecho de que la empresa Comercial denominada La Armería, no ha dejado de vender al público en General armas de fuego de carácter comercial, pese a que en muchas ocasiones y en distintas épocas y por diversos motivos, el Registro Balístico Nacional se ha visto paralizado, situación que no puede ser imputada a los particulares que han adquirido armas de fuego de forma legal en esos períodos de tiempo, siendo nuestro humilde parecer, que debería ser el Estado de Honduras quien implemente mecanismos de control para regular la venta de armas comerciales o eficientar el sistema de Registro de Armas. 5.- En cuanto a la prueba reproducida y que va orientada a acreditar responsabilidad penal por el Ilícito de ATENTADO, es necesario retrotraemos a la declaración del Agente Policial N. A. L. D., quien lejos de toda duda, declaró que el Imputado fue detenido a escasa media cuadra de la casa de los ofendidos, que él jamás lo perdió de vista y que el arma de fuego decomisada a mi representado al momento de su detención, este la portaba en su cintura, manifestando además, que vio salir a dos personas y que les dispararon, pero en ningún momento de su declaración identifica a C. A. M. C. como la persona que les disparó a los Agentes Policiales, siendo además la ausencia de casquillos de calibre 40 mm, evidencia de que mi representado no disparó el arma que portaba, siendo la inevitable conclusión, que quien realizó los disparos fue la persona que de acuerdo al relato del Agente Policial, no fue habida en ese momento”.- III.- Continúa manifestando el recurrente en su: “MOTIVO SEGUNDO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “…si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Los hechos constitutivos de este motivo los explico a continuación: Como impetrante, se cuestiona por esta vía impugnativa, la existencia un vicio que atenta de manera directa en contra de las reglas de la Sana Crítica, al no estimar el Honorable Tribunal razonablemente las pruebas presentadas enjuicio, vulnerando la regla de la lógica de derivación en su postulado de razón suficiente. Referimos además, que el juzgador está obligado a que todas sus conclusiones vertidas en el fallo, deben de ir amparadas en razonamientos convincentes y lógicos, para que no exista contradicción, ya que al emitir su sentencia se aprecia, que los hechos ahí plasmados, no son congruentes con la prueba que se evacuó en el debate de Juicio Oral y Público, en virtud que lo expresado por los testigos, como ser las señoras D. Y. B. C. y M. B. C. resulta equivocado ya que a mi patrocinado no se le encontró ni decomisó pertenencias del occiso como lo manifestaron las testigos referidas, lo que deja evidenciada la falta de contundencia derivada de tales testimonios, y al expresar el Tribunal en su sentencia, se aprecia a todas luces que basó buena parte de la misma en Prueba Testifical débil, y en situaciones que nunca fueron probadas en juicio, aspectos que ni siquiera fueron introducidas al mismo, como ser, documentos que acreditasen en efecto que al imputado se le hayan decomisado pertenencias del occiso. Por otro lado, las reglas fundamentales de la lógica, la sicología y la experiencia deben ser interpretadas y puestas en practicadas por el Órgano Sentenciador al momento de valorar en el presente caso, el testimonio de personas sometidas a altos niveles de estrés, como lo fueron los hermanos B. C., quienes al ser sometidos por dos personas armadas como lo manifestaron a lo largo del proceso, y al ser amenazadas con armas de fuego, resulta lógico pensar que fueron víctimas de un profundo y sobrecogedor miedo, mismo que fácilmente pudo haberse transformado en terror, aspecto que perfectamente pudo haber afectado su normal desenvolvimiento psíquico provocando en ellos una percepción distorsionada de la forma en que sucedieron los hechos, prueba de ello, el hecho de manifestar las dos testigos B. C., tal y como quedó plasmado en el acta del debate, que el momento de su detención, al señor C. A. M. C. le habían decomisado artículos pertenecientes al hoy occiso (su hermano), situación que fue desvirtuada totalmente con la prueba reproducida en el acto del Debate, lo cual desacredita, no la honorabilidad de las testigos, sino que deja entrever la muy humana condición de cometer un error, por lo cual es preciso señalar que de haber valorado de forma lógica, las pruebas testificales, el Tribunal debió haber tenido en cuenta que la experiencia común nos ha enseñado que al vivir una experiencia traumática, los seres humanos se ven sometidos al instinto de conservación, restándole atención a detalles que no resultan cruciales para el propósito de conservar la vida, pudiendo equivocarse tal y como aconteció en la presente causa cuando las testigos manifestaron situaciones que resultaron erróneas, condición que no fue valorada por el Tribunal de Sentencia, quien tuvo como hechos probados condiciones que fueron a lo largo de Debate, incongruentes e ilógicas. Así mismo, Honorables Magistrados, resulta ilógico sentenciar a mi representado amparándose en el hecho de que el Agente de la policía Preventiva manifestó que al llegar al lugar de los hechos, observó a dos sujetos que salían de la casa de los ofendidos, que los mismos les dispararon y que lograron detener solo a uno de ellos C. A. M. C., a medía cuadra del lugar y que jamás lo perdió de vista y al detenerlo, el mismo portaba el arma en su cintura; por lo que es preciso preguntarse: ¿En que momento mi representado dispara el arma, si la lleva en su cintura? El Agente Policial N. A. L. D. jamás menciona que lo haya visto disparar y meterse el arma en la cintura, tampoco declara de forma contundente que mi representado le haya disparado a los Policías, sus palabras en la Audiencia de Debate fueron entre otras: “Escuchamos dos disparos y salieron dos individuos y cuando nos miraron comenzaron a dispararnos y repelimos el ataque y les dimos persecución y media cuadra después le dimos detención a C. A. M.” Como se puede observar, jamás el testigo individualiza a mi representado, únicamente menciona que les dispararon, lo cual resulta lógico, porque mi representado nunca disparó su arma, ni contra el señor H. O. B. C., ni contra los Agentes Policiales, por dos sencillas razones: Primero porque el Agente Policial no lo identificó plenamente, y Segunda, porque en la escena del crimen y, sus alrededores, no se hallaron casquillos provenientes del arma de mi poderdante, convirtiéndose en el pilar de la Sentencia Condenatoria, las declaraciones de dos testigos (hermanas B. C.) que evidentemente se encontraban alteradas en su psiquis, por haber sido víctimas de una situación en la que se encontraban en riesgo sus vidas. Con la prueba científica consistente Dictamen del Laboratorio Criminalístico y de Ciencias Forenses con registro número 1103-1005 y que fue ratificado por el técnico L. F. M. H., del arma de fuego marca BERSA calibre 4Omm, decomisada a mi patrocinado, se deriva la conclusión lógica, que la misma no se utilizó para segar la vida del señor H. O. B. C., ya que de otro medio de prueba practicado en la etapa de Debate como lo es la autopsia del hoy occiso, se desprendió que la bala que causó la mortal herida fue disparada por un arma calibre 22mm, la cual no fue presentada ni evacuada como medio de prueba y nunca se probó que mi representado haya portado o disparado, despojando de valor probatorio de conformidad a las reglas de la Sana Crítica a la mencionada pericia balística, la cual demostró que el arma de mi representado no fue la que se utilizó para arrebatarle la vida al occiso. El juzgador con el fallo condenatorio dado, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de Cargo suficiente, requiere una TRIPLE COMPROBACIÓN. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él (resulta evidente la existencia de varios hechos delictivos, no así los medios de prueba que vinculen al encausado en la comisión de los mismos). En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas, que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea, situación a la que no se le ha dado cumplimiento en virtud de no haberse apegado el Tribunal Sentenciador a las máximas de la lógica, la sicología y la experiencia. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Es por ello que la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equívoca como resultado de una mala valoración de la prueba evacuada en el debate, indudablemente transgrede la regla lógica de la Derivación en su apartado de Razón suficiente, pues como antes indicamos, del proceso intelectivo de la valoración de la prueba de cargo se infiere la duda razonable a favor del procesado; habiendo sido procedente conceder a mí representado el llamado In dubio pro reo, por ende la Defensa Técnica como recurrente, es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le deben merecer al juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que dicho Tribunal no la valoró de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL ABOGADO R. A. N. Z., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO C. A. M. C., EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES. I. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia, en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste, el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Censor, expresa su desacuerdo por la Sentencia impugnada, a la cual califica de violatoria de normas procesales, explicando su fundamento en dos motivos de casación por quebrantamiento de las formas procesales: 1) Los Juzgadores excluyeron o dejaron de considerar en toda su dimensión prueba de valor decisivo y 2) Los Juzgadores en el proceso de valoración de los medios de prueba no observaron las reglas de la sana crítica como sistema obligatorio de valoración. PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: EXCLUSIÓN O FALTA DE CONSIDERACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Es criterio del Censor, que los Juzgadores indebidamente excluyeron o dejaron de considerar prueba de valor decisivo y fue por ello que erróneamente emitieron una sentencia condenatoria en contra de su representado, prueba que consiste en: 1) Dictamen de Laboratorio Criminalístico No. 1103-1005; 2) Declaración testifical del Agente de Policía N. A. L. D.; 3) Factura comercial No. B7662299 extendida por la Empresa Celtel, S.A., (Tigo) y 4) Factura comercial No. 729998, extendida por la Empresa “La Armería”. II. El Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos esta el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del Código Procesal Penal), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1) Existe exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico; 2) Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos en su sentencia, es decir, que no existe ninguna mención al medio de prueba. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aún cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. III. Como resultado de la revisión a la foliada judicial, la Sala de lo Penal ha podido constatar que de los medios de prueba propuestos y admitidos en la audiencia de proposición de prueba celebrada en fecha 29 de abril del 2009 (F. 115), la totalidad fue reproducida en juicio a excepción de las declaraciones testificales de los señores M. U., G. C. S. M. y L. Y. V., por renuncia del Ministerio Público aceptada por el Tribunal de Sentencia (F. 126); además la Sala de lo Penal, ha constatado que los medios de prueba reproducidos en juicio fueron relacionados en la sentencia del Tribunal de la instancia y valorados, es decir, que de cada uno de ellos existe motivación descriptiva e intelectiva. IV. El Motivo no es de Recibo. El Censor, ha errado en el motivo planteado, primero porque la falta de consideración es distinta a la exclusión de un medio de prueba, por lo que al agrupar en un solo motivo los dos conceptos, hace que éste sea impreciso, además el Censor con su motivo ha procedido a expresar su desacuerdo con la valoración hecha por los Juzgadores de varios medios de prueba, planteando lo que a su parecer debió de ser las conclusiones que la instancia estaba obligada a arribar, más ello, no es un alegato que compagine con el motivo seleccionado, de hecho es antagónico puesto que por un lado se protesta que los juzgadores dejaron de considerar y excluyeron prueba, es decir, que ésta no fue apreciada en la sentencia y, por otro lado, se critica la forma en cómo fue apreciada. La mala técnica recursiva del Censor ha condenado la suerte de la impugnación presentada, debiendo ser declarado Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. En su segundo motivo, el Censor señala que se ha violentado el principio lógico de derivación en su apartado de razón suficiente por parte de los Juzgadores al momento de valorar los medios de prueba reproducidos en la audiencia de debate puesto que de haber realizado un correcto proceso intelectivo hubiesen llegado a inferir duda razonable a favor del acusado y por tanto a emitir una sentencia absolutoria en aplicación del principio Indubio pro Reo; el censor, para demostrar lo acertada de su aseveración relaciona y analiza los medios de prueba testifical de las señoras D. Y. B. y M. B. C., además analiza la declaración del señor N. A. L. D., aportando su criterio respecto a cómo debe de ser valorada ésta prueba junto con la prueba pericial balística No. 1103-1005.- II. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Nuevamente el Censor erra en el planteamiento del motivo, si bien, señala concretamente que a su consideración se ha violentado el principio lógico de derivación, no efectúa el señalamiento y análisis de la motivación en la sentencia que juzga como violatoria, téngase en cuenta que éste tipo de motivo exige confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las reglas que componen la sana crítica y así demostrar la disparidad entre unos y otros, puesto que no se trata de determinar cómo debió valorarse la prueba, sino que la valoración hecha y plasmada en la sentencia que se impugna es carente de los principios que rigen el recto entendimiento humano; el Censor en su libelo desarrolla argumentos respecto al por qué no están de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Instancia, aportando lo que su criterio debió ser, confundiendo esta Única Instancia con una Segunda Instancia. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado R. A. N. Z., en su condición de Defensor Privado del acusado C. A. M. C.. SEGUNDO: Se declara firme y ejecutable la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil once (2011). Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de agosto del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-35-2012.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL