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Sentencia CP-348-10 — Registro 2638

Resumen

Se condeno a los imputados en primer instancia por el delito de daños

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Sostiene la libelista que se ha violentado el principio lógico de derivación en el proceso de valoración de los medios de prueba, dando lugar a la concurrencia de un vicio in procedendo que afecta la validez de la sentencia; puntualiza que la errónea valoración gira alrededor de los hechos siguientes: 1) Cantidad de la semilla de papa: No existe claridad en cuanto a la cantidad de semilla de papa: a) El testigo G. R., señala por una parte que le fue robado 500 quintales, pero igual señala que había negociado 1000 quintales; b) En la Nota enviada por Serviverduras S. de R.L., se hace referencia a 2,000 sacos de semilla de papa; c) En la Demanda Civil No. 1001-2009-00012, presentada en el Juzgado de Letras Departamental de Intibucá, promovida por el señor G. I. R. A., en la relación de hechos de la demanda se señalan que son dos mil quinientos quintales de semilla de papa; d) El testigo S. M. C., indica que se traían quinientos quintales; e) La testigo S. R. M. A., indica que se trataron quinientos sacos; y f) La Inspección realizada por la DNIC, determina que son aproximadamente 500 sacos. 2) Compra de la Semilla de la Papa: Prueba contradictoria: a) Testigo G. I. R., indica que compró la semilla al señor V. B. y que después la semilla se negoció con S. M.; b) La testigo S. M., indica que G. y su esposo (S. M.) trataron 500 sacos; c) Testigo S. M., indica que la semilla era de su propiedad. 3) Participación de R. N. P. A.: Prueba contradictoria: a) Testigo G. I. R., afirmó que el robo de la papa fue encabezado por el acusado, pero después indicó que no estuvo en el lugar de los hechos; b) Testigo S. R. M., se hizo presente al lugar, mirando al acusado en el sitio, quien al hablarle no dijo nada, no le contestó; c) Testigo S. M. C., indicó que no fue testigo de nada. II. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. III. El Recurso no es de recibo. El Tribunal de Casación no comparte lo señalado por la recurrente, ya que al examinar los medios de prueba ha determinado que los mismos han sido valorados conforme a las reglas de la sana crítica, de modo que de ellos se extrajo las conclusiones que sirvieron para elaborar el hecho único que se ha declarado probado: 1) En cuanto a la participación del acusado: El Tribunal de Sentencia relaciona la Resolución No. 245-2001 de fecha 25 de Junio del 2001, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (Folio No. 29 del Tomo II), mediante la cual se otorga la personería jurídica a la Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPA), de la cual para el 30 de abril de 2004 (día de los hechos) fingía como su presidente el acusado R. N. P. A. (F. 30 del Tomo II). Se señaló que un grupo de personas se apostó en el desvío a Pueblo Viejo, en el Departamento de Intibucá, en protesta por la introducción de semilla de papa al sector, interceptando dos camiones que transportaban dicho producto y que en esta protesta se encontraba presente el acusado R. N. P. A. Finalmente el Tribunal de Sentencia relaciona el Acta de fecha 30 de abril del 2004 del Libro de Actas de la FENAPA, donde se señala que se decomisaron dos camiones procedente de Tegucigalpa, siendo las once de la noche conteniendo Papa Certificada (Folio. 64 Tomo I). Con todo lo anterior, el Tribunal de Sentencia concluyó que el grupo de personas que se encontraba en el desvío a Pueblo Viejo fueron las que interceptaron los dos camiones con semilla de papa, los cuales fueron decomisados ilegítimamente por la FENAPA, cuyo presidente es el acusado, quien igualmente se encontraba ese día 30 de abril del 2004, en el lugar en donde se realizó la intercepción de los camiones y decomiso del producto que transportaban, de ahí que el Tribunal de Sentencia no albergara duda alguna al determinar que el acusado participó en estos actos debido a que en ese momento él se desempeñaba precisamente como Presidente de la FENAPA, que agrupa a productores de papa, que era el mismo producto que se transportaban en los camiones. 2) En cuanto a la cantidad de semilla de Papa: La prueba es coincidente en establecer que en suma se trataban al menos de 500 quintales de semilla de papa, ello resulta determinado en primer lugar por la propia acta de decomiso que levantó la FENAPA, al indicar que en un camión se transportaban 250 quintales y en otro 272.5 quintales (F. 64 tomo I), ello sumado a la Inspección ocular que realizara la Dirección Nacional de Investigación Criminal, cuando relaciona que se observaron aproximadamente 500 quintales de semilla de papa determinan que por lo mínimo esa era la cantidad que transportaban los dos camiones interceptados. 3) En cuanto a la propiedad de la semilla de papa: La semilla fue importada por la Empresa Servi Verduras, cuyo gerente es el señor V. B. P. (F. 20 Tomo II), quien a su vez la vendió al señor G. R.; el señor R. por su parte negoció la semilla con el señor S. M., quien interesado en el producto contrató el flete para su transporte hasta el Departamento de Intibucá, más cuando los camiones fueron interceptados, declara el señor S. M., que realizó formal reclamo al señor G. R., debido a que éste era el encargado de garantizar que la semilla llegara a su destino sin ningún problema como parte de la negociación que habían realizado (F. 39 Tomo II), de modo que al no entregarse el producto como se había acordado, no se perfeccionó la tradición, ergo la semilla de papa seguía siendo propiedad del señor G. R. al momento en que fue interceptada; véase que ni el testigo G. R. (F. 36v y 37 Tomo II), ni el testigo S. M. (F. 39 Tomo II) o la Testigo S. M. (F. 37 v. Tomo II), hablan de que se perfeccionó la compra venta entre los dos primeros, sino que se refieren a que la semilla de papa “la habían tratado”, en referencia a que era un negocio pendiente de perfeccionarse..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: LOS HECHOS PROBADOS NO SON CLAROS Y TERMINANTES; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.1, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 338, CUARTA REGLA, NUMERAL UNO, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. La Libelista, indica que la falta de claridad que adolece el hecho único declarado probado se debe a que éste parte de que en el desvío a Pueblo Viejo, entre otras personas no identificadas, se encontraba el acusado R. N. P. A., “quien fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores)”, para luego señalar “quien sin motivo alguno interceptÓ dos camiones….”, siendo el criterio de la Libelista que al agregar el pronombre “quien” a continuación, el hecho probado esta relatando como la FENAPA (no el acusado) interceptó y desvío los camiones hacia los predios de la Fundación de Investigación Agrícola (FHIA); agrega que el hecho probado no explica el papel que juega en lo expuesto la FHIA, ni como fueron obligados los conductores de los camiones a desviarse de su ruta sin la intervención de ninguna autoridad, ni quien tomó la decisión de que la semilla de papa se dejara a la intemperie; concluye que el hecho probado ha sido redactado de manera confusa, dubitativa e imprecisa, violentando así la regla cuarta, numeral uno del artículo 338 del Código Procesal Penal. II. Los hechos probados constituyen una descripción, donde los Juzgadores hacen un relato cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del mismo; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán determinar las norma legal aplicable al caso y de ahí su trascendental importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato; 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010, en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c) Coherentes: Implica armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de Noviembre del 2010 en el Exp 920-2009). III. No es de Recibo el Motivo, en tanto que haciendo una lectura total del hecho único, se puede establecer sin dificultad, gracias al contexto del relato, que los juzgadores al referirse a “quien” en el folio 47 vuelto, línea 4, están haciendo alusión al acusado R. N. P. A., y no a la FENAPA. Dicho de otra manera: la mención de la FENAPA, es solo para establecer que el acusado era su presidente, es decir, la calidad por la cual estaba actuando en ese momento, por lo que cuando a continuación se agrega el pronombre “quien”, los juzgadores se siguen refiriendo al acusado. Por otro lado, el hecho probado contrario a lo que expone la recurrente, expone que el acusado, junto con otras personas, fueron los que interceptaron los dos camiones y quienes los desviaron a las instalaciones de la FHIA, de tal manera que la FHIA, conforme al relato, no tiene ninguna participación como institución, sino que simplemente fue a sus predios donde fueron conducidos los camiones y se dejó a la intemperie la semilla de papa, como consecuencia del accionar del acusado y sus acompañantes.."

Legislación citada

Sentencia

S.P 348-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su condición de Coordinador por Ley, RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1º) CONDENANDO al acusado R. N. P. A. por el delito de DAÑOS, a la pena de TRES AÑOS (3) DE RECLUSION, en perjuicio de la propiedad del señor G. I. R. A.; asimismo, lo condenó a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, 2º.) DECLARO al acusado R. N. P. A. responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido.3º) DECLARO a favor del condenado R. N. P. A., el beneficio de la Suspensión Condicional de la Persecución de la Pena. 4º) NO CONDENO en costas al Señor R. N. P. A. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley la Abogada ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA, en su condición de Defensora Privada del señor R. N. P. A. SON PARTES: La Abogada ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA, en su condición de Defensora Privada del señor R. N. P. A., como parte recurrente y la Abogada MIRIAM EMILDA GARCÍA, en su condición de Representante del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHO PROBADO ÚNICO: Que a eso de las diez de la noche del día treinta de abril de dos mil cuatro, a la altura del desvío del Pueblo Viejo, de la Jurisdicción del Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá entre otras personas no identificadas plenamente en este juicio y armados de palos y piedras, se encontraba el señor R. N. P. A., quien fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa) quien sin motivo alguno interceptó dos camiones que transportaban quinientos (500) quintales de semilla de papa de la variedad provento, valorada en la cantidad de Lps. 600.000.00 (SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS) propiedad del Señor G. I. R. A., desviando los aludidos camiones para los predios que ocupa la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en donde el producto en referencia, por falta de protección por estar a la intemperie y transcurridos unos días entró en estado de descomposición y por ende no apto para la siembra como fin principal.” CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto por la Abogada ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA, en su condición de Defensora Privada del señor R. N. P. A., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. LA RECURRENTE ABOGADA ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE LA MANERA SIGUIENTE: “CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. He interpuesto el presente recurso actuando en mi condición de Defensora y en consecuencia parte interesada y agraviada por la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha diecisiete (17) de agosto dos mil diez (2010) según lo dispone el artículo 15, 101 del Código Procesal Penal, en relación a haber dictado sentencia condenatoria contra R. N. P. A. en el proceso seguido ante este Tribunal por el supuesto DELITO DE DAÑOS en perjuicio del señor G. I. R. A.. Así mismo el objeto impugnable de la casación se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso al tenor de lo establecido en el artículo 359 y 360 del Código Procesal Penal (CPP en adelante). IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA. Se ha considerado como motivos para la interposición del presente recurso de casación los que a continuación detalló: PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN, POR FALTA DE APLICACIÓN, DE UN PRECEPTO PENAL DE CARÁCTER SUSTANTIVO, CONSISTENTE, COMO ADELANTE SE EXPLICA, EN EL ARTÍCULO 34-A DEL CÓDIGO PENAL. DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA: Artículo 34-A del Código Penal, que establece y regula la Responsabilidad Penal y Civil de Las Personas Jurídicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo se encuentra previsto en el artículo 360 del Código Procesal Penal. DESCRIPCIÓN DEL VICIO: Falta de Aplicación de la norma sustantiva penal establecida en el artículo 34-A del Código Penal. A fin de evidenciar el vicio denunciado transcribo la declaración de hechos declarados probados fijados por el Tribunal A-Quo, que se leen así: “Que a eso de las diez de la noche del día treinta de abril del año dos mil cuatro, a la altura del desvío del Pueblo Viejo, de la jurisdicción del Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, entre otras personas no identificadas plenamente en este juicio y armados de palos y piedras, se encontraba el señor R. N. P. A. quien fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa) quien sin motivo alguno interceptó dos camiones que transportaban quinientos quintales de semilla de papa de la variedad provento, valorada en la cantidad de Lps. 600.000.00 (SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS), propiedad del señor G. I. R. A., desviando los aludidos camiones para los predios que la ocupa la Fundación Hondureña de investigación Agrícola (FHIA) de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en donde el producto en referencia, por falta de protección por estar a la intemperie y transcurridos unos días entró en estado de descomposición y por ende no apto para la siembra como fin principal” (Lo resaltado con subrayado y negrilla es nuestro). En base a dicha declaración de hechos probados el Tribuna A-Quo en su Fundamentación Jurídica dispone: “QUINTO: De acuerdo con el artículo 105 del Código Penal, todo aquel que incurre en responsabilidad penal por un delito o falta es también responsable civilmente. Esta responsabilidad civil comprende según lo establece el artículo 107, la restitución, la reparación de los daños materiales, y morales y la indemnización...” En la parte dispositiva el Tribunal A-Quo dispone en el numeral: “PRIMERO: DECLARAR al acusado R. N. P. A., de generales de identidad anteriormente detalladas, penalmente responsable como autor director del Delito de Daños, y por ende….”“SEGUNDO: Se declara al condenado R. N. P. A., responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el Delito cometido, siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda” .-Con base a los hechos declarados probados, y haciendo un análisis de la norma que se considera infringida por falta de aplicación se llega a la conclusión de que en la declaración fijada en el numeral segundo de la parte dispositiva del Tribunal A-Quo se infringió por falta de aplicación el artículo 34-A del Código Penal, que literalmente establece:“Artículo: 34-A.- Por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita. La responsabilidad civil, sin embargo, recaerá en la persona jurídica”. Retomamos nuevamente el contenido de la declaración de hechos probados que para evidenciar el vicio, fijó el Tribunal: “Que a eso de las diez de la noche del día treinta de abril del año dos mil cuatro, a la altura del desvío del Pueblo Viejo, de la jurisdicción del Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, entre otras personas no identificadas plenamente en este juicio y armados de palos y piedras, se encontraba el señor R. N. P. A., guíen fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa) quien sin motivo alguno interceptó dos camiones que transportaban quinientos quintales de semilla de papa de la variedad provento....”. Si bien es cierto el motivo alegado, es de infracción de Ley, a fin de evidenciar a partir de que elementos de pruebas llegó a la conclusión de fijar el hecho probado, determinando que el señor R. N. P. A., fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa), y que fue precisamente bajo ésa condición, en que se le atribuye la participación en los hechos, transcribo algunos elementos de prueba de los cuales se valió el Tribunal para fijar ese punto de los hechos declarados probados:1) Declaración del señor G. I. R. A.: testigo al que el Tribunal A-Quo le da credibilidad (numeral primero número 1) de valoración de la prueba en la sentencia) y quien entre sus manifestaciones dice: “. ese día 30 de abril más o menos a las once de la mañana, nos hicimos presentes al Kilómetro 16 que conduce a la carretera de Olancho en Serviverduras, a conducir la semilla hacia la ciudad de La Esperanza, Intibucá, lamentablemente a las diez de la noche de esa hora dichos camiones fueron interceptados a la altura del desvío a la Aldea de Pueblo Viejo por un grupo de campesinos pertenecientes a la FENAPA, encabezado por el señor R. N. P., obligando a los motoristas a cambiar el destino original que traían esos dos camiones que eran las bodegas del señor S. M.….” (Ver página 4 del acta de juicio y público), más adelante el mismo a preguntas del Ministerio Público fijó:”…él era presidente de la FENAPA,aproximadamente había más o menos unas quince personas, todos miembros pertenecientes a la FENAPA, del traslado de aquí de Pueblo Viejo fue el señor R. N. P., como Presidente y Cabecilla del Grupo...”. (Ver página 5 del acta de juicio oral y público).-2) Nota enviada de Serviverduras, S. de R.L., que fue valorada como prueba documental por el Tribunal A-Quo, y a la cual de igual manera le da credibilidad (numeral segundo número 3) de valoración de la prueba en la sentencia) y quien en su contenido afirma: “...Grupos que están en desacuerdo con la importación de dicho producto, al margen de la Ley incautaron y la tienen decomisada en las Instalaciones de la FHIA…”-3)Copia debidamente autenticada del libro de actas de FENAPA, que fue valorada como prueba documental por el Tribunal A-Quo, y a la cual de igual manera le da credibilidad (numeral séptimo número 1) de valoración de la prueba en la sentencia) y a partir de las cuales se determina que los hechos fijados por el Tribunal como probados, la participación del R. N. P. A. fue como Presidente de la Organización FENAPA, y que es corroborada precisamente por el hecho fijado como probado por el Tribunal.-4) Resolución número 245-2001 La Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 25 de junio del 2000, que fue valorada como prueba documental por el Tribunal A-Quo, y a la cual de igual manera le da credibilidad (numeral séptimo número 3) de valoración de la prueba en la sentencia) y a partir de las cuales se determina la organización a la que representaba en aquel entonces el R. N. P. A. como Presidente, tiene personalidad jurídica y que es corroborada precisamente por el hecho fijado como probado por el Tribunal.-5) Constancia extendida por el señor Secretario de la Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPA) Sabas Martínez, que fue valorada como prueba documental por el Tribunal A-Quo, y a la cual de igual manera le da credibilidad (numeral séptimo número 4) de valoración de la prueba en la sentencia) y a partir de las cuales se determina la condición de Presidente que ostentaba el Sr. R. N. P. A. y que es corroborada precisamente por el hecho fijado como probado por el Tribunal.-Ahora bien, se han relatado elementos de Prueba a través de los cuales el Tribunal A-Quo fijó en la declaración de hechos probados, y a partir de los cuales se puede determinar que la condición en la cual actuó el señor R. N. P. A. como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa), y si el Tribunal ha considerado su participación a Título de autor en el delito de Daños, lo ha sido precisamente como Presidente de dicha organización.-Al hacer un análisis de la norma en referencia conforma a los hechos fijados por el Tribunal se determina que es aplicable, veamos los elementos de la norma penal sustantiva invocada; a) Por los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderán personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita: Conforme a los hechos probados, no cabe duda que el Tribunal A-Quo reconoce, que la condición del actuar del condenado fue cuando fungía como Presidente de FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa), y del resto de los hechos probados determinar que fue la persona que hizo posible la acción descrita, razón por la cual lo condena por el Delito de Daños. Resulta entonces que la responsabilidad penal por tales ilícitos, recae en los representantes legales, en el caso en concreto, el Presidente, de esa persona jurídica, que es precisamente FENAPA. b) La responsabilidad civil, sin embargo, recaerá en la persona jurídica: Se considera que el error de la sentencia, es no haber tomado en consideración, que pueden concurrir dos factores de atribución de responsabilidad; uno, que si ha fijado que el imputado tomó parte en los hechos como Presidente de FENAPA, que es precisamente una persona jurídica de conformidad a La Ley, y otro; objetivo, que en base a esa relación la Federación Nacional de Productores de Papa es el responsable civilmente.-Del artículo antes citado se infiere que para que se de este tipo de responsabilidad es necesario, no solo que el delito se cometa en nombre y por cuenta de una persona jurídica, como en el caso concreto ocurrió, sino también que el imputado sea el representante legal y que haya hecho posible la acción u omisión de que se trate, como se deriva de los hechos declarados probados.- En suma, por el hecho concreto imputado el acusado responde como un representante legal de la persona jurídica, corresponden los hechos con la norma que invocó para que sea aplicada, y siendo que la falta de aplicación solo se da “cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de que al resultado se haya llegado porque se ignoraba su existencia, porque no se la considere vigente, o un equivocado entendimiento de su significación o alcance” (Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 220) concurre en el caso en concreto este supuesto, ya que la norma invocada por nuestra parte es conocida y vigente, y su significado o alcance compatible con los hechos declarados probados. A pesar de lo anterior el Tribunal dictó sentencia condenatoria, considerando la responsabilidad de R. N. P. A., sin considerar su responsabilidad penal lo fue como Presidente de la Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPA), y lo declara de igual manera civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido, a pesar de que como antes se ha demostrado, se cumplen la totalidad de los requisitos del Artículo 34-A del Código Penal, lo que evidencia la falta de aplicación de la norma sustantiva penal enunciada.- La Parte defensora en virtud de lo expuesto se siente agraviada por el vicio descrito, por ello la parte que represento está legitimada para solicitar la aplicación correcta de la ley en el caso en concreto.- PRETENSIÓN: Por lo antes expuesto la Defensa de R. N. P. A., con el presente motivo pretende: 1.- Que la Sentencia que se Recurre sea parcialmente casada: a) En cuanto a la parte en que se declara a R. N. P. A., del Delito de daños, b) en la parte que resuelve en el numeral segundo de la parte dispositiva en la que declara al condenado responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito Cometido.- 2. Que la Corte Suprema de Justicia emita nueva Sentencia en la que declare: a)Al imputado R. N. P. A., en su condición de Presidente de la Federación Nacional de Productores de Papa, como autor del Delito de Daños, b) Se establezca a La FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa), responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito Cometido por su presidente, todo en aplicación a la norma de carácter sustantivo que el Tribunal A-Quo a dejado de Aplicar.-En caso de no observarse el motivo anterior, solicito analizar el siguiente: SEGUNDO MOTIVO: INFRACCIÓN, POR APLICACIÓN INDEBIDA, DEL ARTICULO 254 DEL CÓDIGO PENAL. DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA: Artículo 254 del Código Penal que a la letra dispone: “Se impondrá reclusión de tres a cinco años, a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo, deteriore cosas muebles o inmuebles, o animales de ajena pertenencia, siempre que el hecho no constituya un delito de los previstos en el Capítulo siguiente”, en relación con el artículo 13 del mismo ordenamiento jurídico, párrafos uno y dos, en la parte que dice: “El delito ... necesariamente debe ser doloso o culposo. El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo ...“.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo lo considero comprendido en el artículo 360, párrafo primero, del Código Procesal Penal, en la parte que se lee así: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley ..., cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal ... de naturaleza sustantiva, DESCRIPCIÓN DEL VICIO: Para poder explicar el motivo, principiaré por transcribir el hecho único declarado probado en la sentencia: “Que a eso de las diez de la noche del día treinta de abril del año dos mil cuatro, a la altura del desvío del Pueblo Viejo, de la jurisdicción del Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, entre otras personas no identificadas plenamente en este juicio y armados de palos y piedras, se encontraba el señor R. N. P. A., quien fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa) quien sin motivo alguno interceptó dos camiones que transportaban quinientos quintales de semilla de papa de la variedad provento, valorada en la cantidad de Lps. 600.000.00 (SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS), propiedad del señor G. I. R. A., desviando los aludidos camiones para los predios que la ocupa la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en donde el producto en referencia, por falta de protección por estar a la intemperie y transcurridos unos días entró en estado de descomposición y por ende no apto para la siembra como fin principal”. Veamos, ahora, si en ese hecho así declarado probado se incluyen los elementos objetivos que configuran el delito de daños al tenor del artículo 254 del Código Penal, que son los siguientes: destruir, inutilizar, hacer desaparecer o, de cualquier otro modo, deteriorar cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia. Implicando todo delito un comportamiento, una acción, es importante determinar cuál es el comportamiento atribuido a P. A. en el hecho declarado probado en la sentencia, que corresponda a alguna de las conductas tipificadas en el citado artículo 254 del Código Penal. Para ello preguntémonos ¿Cuál fue la acción en que el imputado incurrió? ¿Qué fue lo que él hizo? Según el mencionado hecho probado, el procesado hizo lo siguiente: PRIMERO: “Interceptar dos camiones que transportaban quinientos quintales de semilla de papa de la variedad provento”; y, SEGUNDO: “Desviar los aludidos camiones para los predios que ocupa la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) de la ciudad de La Esperanza, Intibucá”. Y eso es todo lo que se declara probado en la sentencia impugnada en cuanto a lo que hizo P. A. ¿Podrá ese comportamiento subsumirse en la previsión contenida en el artículo 254 del Código Penal? Ni aún echando mano de la lógica más pedestre y forzando situaciones se podrían hacer caber en el citado precepto penal las acciones que se atribuyen a mi defendido.-En conclusión, tenemos que en la sentencia de que se recurre, dados los hechos que en la misma se declaran probados, es evidente que al haber condenado a mi defendido por el delito de daños se ha infringido el artículo 254 del Código Penal, por aplicación indebida, pues como se ha demostrado no fue declarado probado ninguno de los comportamientos que configuran el delito tipificado en ese precepto.-Pero, además, resulta que lo que al final se declara probado en la sentencia, es decir que la semilla de papa a que se hace mención “entró en descomposición y por ende no apto para la siembra como fin principal”, no es el resultado de la interceptación ni de la desviación de los camiones que se atribuye al imputado; no existe relación de causalidad entre aquel resultado y estos comportamientos. Mucho menos puede sostenerse que la descomposición de la semilla es resultado de la intención de mi representado, pues de lo que él hizo, según la declaración de hechos probados, no puede inferirse, en una deducción lógica, que era su propósito que se descompusiera el producto señalado; y es de más trascendencia aún, que no se declara probado que haya sido P. A. quien ordenó que la semilla de papa que venía en los camiones, fuera dejada a la intemperie, que como se declara probado en el fallo fue la causa de la descomposición del indicado producto. Por todo lo cual, tenemos que de los hechos declarados probados no resulta que haya habido dolo de parte del encausado.-Ha sido, pues, infringido por aplicación indebida el artículo 254 del Código Penal, como antes se ha demostrado, y lo ha sido también, en relación, el artículo 13 del mismo Código, en la parte que se transcribe en el planteamiento del motivo, en igual sentido. PRETENSIÓN: Por lo antes expuesto la Defensa de R. N. P. A., con el presente motivo pretende: 1.- Que la Sentencia que se Recurre sea casada en cuanto a la de condenar al señor R. N. P. A., por el delito de daños.- 2. Que la Corte Suprema de Justicia emita nueva Sentencia en la que declare al imputado absuelto de los hechos por los cuales ha sido enjuiciado y se declare que indebidamente se ha aplicado el artículo 254 del Código Penal en relación al artículo 13 del mismo cuerpo de Leyes.” III. EL RECURRENTE DESARROLLO SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:” CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.-IMPUGNABILIDAD OBJETIVA.-He interpuesto el presente recurso actuando en mi condición de Defensora y en consecuencia parte interesada y agraviada por la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha diecisiete (17) de agosto del dos mil diez (2010)según lo dispone el artículo 15, 101 del Código Procesal Penal, en relación a haber dictado sentencia condenatoria contra R. N. P. A. en el proceso seguido ante este Tribunal por el supuesto DELITO DE DAÑOS en perjuicio del señor G. I. R. A. Así mismo el objeto impugnable de la casación se encuentra como causa que habilita la interposición del presente recurso al tenor de lo establecido en el artículo 359 y 362 del Código Procesal Penal (CPP en adelante).-IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA.-El presente recurso se interpone por no estar de acuerdo con la resolución recurrida. Motivos que a continuación detallo: MOTIVO PRIMERO: No HABER DECLARADO POR PARTE DEL TRIBUNAL SENTENCIADOR, LOS HECHOS EN FORMA CLARA, TERMINANTE.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 Numeral uno del Código Procesal penal, “Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El recurso de casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) Que la declaración de hechos probados…. No sea clara y terminantemente….”DESCRIPCION DEL VICIO: Para los efectos de este motivo se considera infringido el Artículo 338, cuarta regla, numeral uno del Código Procesal Penal; que dice: “1) Declaración de hechos Probados.-En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”.Como se determina en las lecciones de capacitación de Jueces, de las cuales transcribo algunos párrafos, La fijación de los hechos probados fundamenta el fallo en cuanto concreta el objeto de la valoración jurídica. La declaración de los hechos probados constituye -como la caracteriza El Abogado Palacios Mejía- «... el cimiento, “el arranque”, de la sentencia penal ». Es un presupuesto necesario del fallo, porque mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el proceso; pero no integra propiamente la motivación de su decisión.-La declaración de los hechos probados tienen requisitos: a) Ha de hacerse de forma expresa y terminante.-Se proscribe, de este modo, la fijación de hechos probados (o su negación) esto es, por pura y simple remisión global a los hechos alegados por las partes acusadoras o por la Defensa; la «verdad judicial» ha de quedar declarada sin lugar a dudas; se prohíbe, de este modo, «... hacer uso de expresiones dubitativas que infundan al equívoco….>Por eso, procederá el recurso de casación por quebrantamiento de forma, a tenor del artículo 362.1 CPP, «... si la declaración [de los hechos probados] no es terminante ... [porque] en ella se pone de manifiesto indecisión por parte del Tribunal, como en este caso que afirma el Tribunal en el numeral uno que la transacción realizada fue una compraventa, pero al mismo tiempo afirma que lo que realizaron fue un préstamo.-b) La descripción de los hechos que se declaran probados ha de hacerse 1.con claridad .-Para ello, como explica Gutiérrez Domínguez, el discurso tendrá que ser, por su expresión literaria, «... fácilmente comprensible, evitando que, por la utilización de frases ininteligibles se produzca cierta incomprensión de lo que realmente se pretendió manifestar .. . ».2. con precisión.- Las palabras empleadas en la descripción han de ser precisas que el significante elegido se corresponda inequívocamente con el objeto que se quiere significar. 3. con coherencia.-La reconstrucción de lo sucedido habrá de tener coherencia interna desde el punto de vista meramente lógico. La inclusión de hechos entre sí contradictorios, impide conocer con la imprescindible seguridad cuál es la «verdad judicialmente declarada». La declaración de hechos -explica Gutiérrez López- «... debe ser coherente, sin que exista tal contradicción en el relato, que los hechos sean irreconciliables y antitéticos, de forma que la afirmación de uno implique la negación del otro, y que la contradicción sea tan manifiesta, patente e insubsanable que ni siquiera con la integración de otros pasajes del relato pueda rehacerse la comprensión; o bien que afecte a partes esenciales del silogismo judicial de modo que pongan de manifiesto la incongruencia existente entre lo que se acuerda y sus antecedentes fácticos. .. . ». 4. sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.-Se procura, de este modo, garantizar la neutralidad lingüística del mensaje comunicativo que es, en definitiva, toda sentencia.-Dicho lo anterior, la defensa, acreditará de manera convincente que el Tribunal de Sentencia en abierta confrontación de los requisitos enunciados, incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia impugnada, siendo dichos vicios fundamentales en las conclusiones arribadas por el Tribunal para decidir la condena de los imputados.-Basta una simple lectura del hecho que en la sentencia se declara probado, para establecer que efectivamente ahí no hay ni claridad, ni la calidad de ser terminante, para ello vuelvo a transcribir el hecho único contenido en la declaración de hechos probados del fallo recurrido, el cual se lee así: “Que a eso de las diez de la noche del día treinta de abril del año dos mil cuatro, a la altura del desvío del Pueblo Viejo, de la jurisdicción del Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, entre otras personas no identificadas plenamente en este juicio y armados de palos y piedras, se encontraba el señor R. N. P. A., quien fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa) quien sin motivo alguno interceptó dos camiones que transportaban quinientos quintales de semilla de papa de la variedad provento, valorada en la cantidad de Lps. 600.000.00 (SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS), propiedad del señor G. I. R. A., desviando los aludidos camiones para los predios que la ocupa la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en donde el producto en referencia, por falta de protección por estar a la intemperie y transcurridos unos días entró en estado de descomposición y por ende no apto para la siembra como fin principal”. En efecto, no puede aceptarse que ahí hay claridad, si partimos de la afirmación de que en el desvío a Pueblo Viejo, entre otras personas no identificadas, se encontraba R. N. P. A., quien fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa); y hasta ahí llega toda la referencia que en el hecho probado se hace a mi defendido. Luego, se declara probado, al colocar el pronombre “quien” a continuación de la respectiva denominación y sin hacer uso de la conjunción “y” antes del pronombre “quien”, el empleo de la cual habría dado a entender que quien realizó la acción que se narra a continuación fue el procesado, pero al no usarse esa conjunción, la única interpretación que cabe es que la FENAPA interceptó y desvió los camiones hacia los predios de la Fundación de Investigación Agrícola (FHIA). Hay más, no se expresa qué papel juega en todo lo expuesto la Fundación de Investigación Agrícola (FHIA), ni cómo fueron obligados los conductores de los camiones a desviarse de su ruta sin la intervención de ninguna autoridad, ni quien tomó la decisión de que la semilla de papa se dejara a la intemperie. Con todo lo antes expuesto se ha demostrado de manera contundente la falta de claridad en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida, configurándose así el motivo en la forma que se alega.-Con todo lo anterior se demuestra en consecuencia que los hechos probados han sido redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, con contradictorios entre si, de forma que la afirmación de uno implique la negación del otro, violentando entonces las reglas fijadas en el legislador en el Artículo 338, cuarta regla, numeral uno del Código Procesal Penal.-La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo en la forma ya descritos, que vician el fallo, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Ar. 69 de la Constitución de la República en relación al artículo 338 CPP), como requisito indispensable de la decisión judicial, Así mismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también del Derecho de Defensa y de la Tutela Judicial Efectiva (art. 82, 90 de la Constitución de la República). La motivación de una resolución judicial penal es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva a que alude el art. 82 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en relación con el art. 7.2.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observo las reglas de la sana crítica, y siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley.- MOTIVO SEGUNDO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA POR NO HABER OBSERVADO EL SENTENCIADOR EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3) parte final del Código Procesal Penal.-DESCRIPCION DEL VICIO: En la valoración de la prueba el sentenciador no observó las reglas de la Sana Crítica infringiendo para los efectos del presente motivo el artículo 202 del Código Procesal Penal que al respecto determina “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica….”, en relación al artículo 338 regla cuarta numeral segundo del mismo código que sobre el particular determina que “… se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para probar declarados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las prácticas enjuicio...”Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada por el sentenciador al momento de emitir el fallo, como se ha sostenido. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada.- Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El Tribunal de Sentencia al fundamentar su decisión de acuerdo al Sistema seguido por el Código Procesal Penal debe de valorar la prueba no en una tarifa que la ley le asigna, sino con base al principio de inmediación analizar la credibilidad que se otorga a cada medio de prueba, dando las razones al respecto conforme a las reglas de la sana crítica, reconociendo en efecto su discrecionalidad, pero su sometimiento a criterios objetivos, por lo tanto, pueden ser invocables para impugnar una valoración errónea. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, Las reglas del correcto entendimiento humano, siendo estas las reglas: Las reglas de la EXPERIENCIA (conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe de partirse de la condición de hombre que tiene el Juzgador). Las reglas de la PSICOLOGIA (referidas a mínimos conocimientos de la psicología). Las reglas de la LOGICA son leyes del pensamiento que se presentan en nuestro raciocinio como necesarias, evidentes o indiscutibles cuando analizamos nuestros pensamientos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la COHERENCIA de la cual se deducen los principios formales del pensamiento, a saber” a) Identidad, b) Contradicción; c) Tercero excluido, y a su vez de la ley de derivación se extrae el principio de la Razón Suficiente. Dicho lo anterior, la defensa, acreditará de manera convincente que el Tribunal de Sentencia en abierta confrontación con las reglas de la sana crítica, ha soslayado ese límite que las mismas establecen por cuanto extrajo conclusiones contradictorias que le informan la prueba evacuada en la vista pública, de tal manera que incurrió en un vicio in procedendo que invalida la sentencia impugnada, siendo dichos vicios fundamentales en las conclusiones arribadas por el Tribunal para decidir la condena de los imputados.- Explicó detalladamente los aspectos en los que argumentamos el presente motivo:1° La sentencia impugnada declara expresa y terminantemente probado: Que a eso de las diez de la noche del día treinta de abril del año dos mil cuatro, a la altura del desvío del Pueblo Viejo, de la jurisdicción del Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, entre otras personas no identificadas plenamente en este juicio y armados de palos y piedras, se encontraba el señor R. N. P. A., quien fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa) quien sin motivo alguno interceptó dos camiones que transportaban quinientos quintales de semilla de papa de la variedad provento, valorada en la cantidad de Lps. 600.000.00 (SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS), propiedad del señor G. I. R. A., desviando los aludidos camiones para los predios que la ocupa la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en donde el producto en referencia, por falta de protección por estar a la intemperie y transcurridos unos días entró en estado de descomposición y por ende no apto para la siembra como fin principal”2° Los hechos relacionados se tienen por acreditados tomando varios medios de prueba de acuerdo a una fundamentación probatoria intelectiva que no concuerda con las reglas que la ley determina, veamos: Un aspecto fundamental de la sentencia es el fragmento de la declaración de hechos probados, que determina 1) R. N. P. A., quien fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores de Papa) quien sin motivo alguno interceptó dos camiones.-2) Que los camiones que transportaban quinientos quintales de semilla de papa de la variedad provento, 3) valorada en la cantidad de Lps. 600.000.00 (SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS),4) Propiedad del señor G. I. R. A. Veamos el sentido que fueron erróneamente aplicadas las reglas de la sana crítica tomando en consideración las pruebas que sirven de sustento a la anterior declaración de hechos y que de haberse considerado de manera correcta sin lugar a duda no podrían haber servido de base a esas afirmaciones: En primer término, veamos la valoración de las pruebas que hace el Tribunal A-Quo en relación a la declaraciones testificales de G. I. R. A., S. R. M. A., y S. M. C., a partir de las cuales fija en la declaración de hechos probados aspectos tales como la participación de los imputados en los hechos, cantidad de papa decomisada, y valor de la misma.-Con respecto al primer testigo G. I. R. A. y de S. R. M. A. el Tribunal A-Quo valora estos testimonios en los términos siguientes: “Para estos Jueces, las declaraciones antes referidas resultan confiables al ser coincidentes entre si, es decir ubican en el desvió de Pueblo Viejo carretera de La Esperanza, Departamento de Intibucá, entre otras personas armadas de palos y piedras al señor R. N. P. A., quien sin razón alguna detuvo el paso de dos camiones cargados de semilla de papa, propiedad del señor G. I. R. A., para trasladarlos a las instalaciones de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) producto que al ser tirado sobre el suelo sin ninguna protección se deterioró totalmente, versiones que coinciden con el peritaje agrícola rendido por el señor Jorge Alberto delgado Cruz”. (ver numeral primero número 1 y 2 de la valoración de la prueba de la sentencia).-Con respecto a S. M. C., el Tribunal A-Quo valora su testimonios en los términos siguientes: “Para estos Juzgadores con la anterior deposición se desprende que efectivamente en fecha 30 de abril del año dos mil cuatro, hacia la ciudad de La Esperanza, Intibucá, se transportaban dos camiones cargados de quinientos quintales de semilla de papa, producto que fue comprado por S. M. C. al señor Ofendido G. I. R. A.”. (ver numeral primero número 3 de la valoración de la prueba de la sentencia).- Ahora veamos las afirmaciones de los deponentes en relación a los aspectos principales de las afirmaciones que hace el Tribunal en la declaración de hechos probados: SOBRE LA CANTIDAD DE PAPA: El señor G. I. R. A., afirmó en juicio oral y público, lo siguiente: ”yo soy el principal afectado del robo de 500 quintales de papa encabezado por el señor R. N. P. A., quien fungía como Presidente de la Asociación de Productores de Papá...”, A solicitud de la defensa el mismo ofendido sobre el aspecto anterior se interesó en evidenciar la contradicción mantenida en declaraciones anteriores, evidenciando que anteriormente el mismo testigo afirmó lo siguiente “….negocie 1000 quintales al momento de ser detenidos los camiones, no estuve presente en los hechos...” posteriormente con la finalidad de aclarar la contradicción el testigo quiso afirmar con respecto al mismo tema lo siguiente: “La presentación de los sacos era de 500 quintales, en total eran mil sacos de 50 libras, por eso parece una contradicción” (ver sentencia numeral primero número 1 de la valoración de prueba).-La señora S. R. M. A., afirmó en juicio oral y público, lo siguiente: “...trataron 500 sacos, mi esposo y Don G. R. lo habían tratado..(ver sentencia numeral primero número 2 de la valoración de prueba).-El Señor S. M. C., afirmó en juicio oral y público, lo siguiente: “...traían 500 quintales, no participé en la recuperación de los camiones, no puedo acusar a nadie porque yo no vi. nada, yo venía tomado.. .“. (ver sentencia numeral primero número de la valoración de prueba).-En cuanto a la cantidad de papa determina el Tribunal que dichas versiones son coincidentes con lo declarado por el Perito, ahora bien requiere que sobre ese mismo aspecto corroboremos los medios de pruebas documentales evacuados y que el mismo Tribunal de sentencia les dio credibilidad y consecuentemente sirven de sustento para la construcción de los hechos probados: 1) El acta de inspección con su álbum fotográfico practicada por los Agentes de Investigación Criminal y Peritos de Inspecciones Oculares de la DNIC, en la cual se determina que se verificó que se encontraban aproximadamente 500 sacos de papa. (ver sentencia numeral segundo número 1 de la valoración de prueba). 2) Nota enviada de Serviverduras, S. de R. L. en la que se refiere lo relacionado a la incautación de la semilla de papa que le hicieron al señor G. I. R. A., y en la misma se menciona que la cantidad que determina fue de 2,000 sacos.-3) Inspección realizada en el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá en la Demanda de Indemnización de daños y perjuicios promovida por el señor G. I. R. A. contra el señor R. N. P. A., en el expediente número 1001-2009-00012, en la cual en la relación a la cantidad de papa de la cual relata haber sido despojado refiere la cantidad de Dos mil quinientos quintales de semilla de papa.-Los anteriores medios de prueba, a los cuales el Tribunal les confiere credibilidad, no sustenta las manifestaciones de los testigos, e igualmente el perito.-SOBRE LA COMPRA DE PAPA: El señor G. I. R. A., afirmó en juicio oral y público lo siguiente:”…Con fecha 30 de abril del 2004 yo había comprado al señor Vicente Barahona en Tegucigalpa, posteriormente esta semilla yo había hecho negociaciones con el señor Saúl Martínez a quien se le iba a vender...” (ver sentencia numeral primero número 1 de la valoración de prueba).La señora S. R. M. A., afirmó en juicio oral y público, lo siguiente: “...trataron 500 sacos, mi esposo y Don G. R. lo habían tratado, los camiones los llevaron a la FHIA no me acuerdo cuantos días... “S. Pagó a los Camiones, porque el ya los había tratado.. .“. (ver sentencia numeral primero número 2 de la valoración de prueba). Así mismo aclaró: “...trataron 500 sacos, mi esposo y Don G. R. lo habían tratado, los camiones los llevaron a la FHIA no me acuerdo cuantos días... “Saúl Pagó a los Camiones, porque él ya los había tratado...“. (ver acta de juicio oral y público página número 7).-El Señor S. M. C., afirmó en juicio oral y público, lo siguiente: “...yo precisamente negocie con él antes de recibir la semilla, 18 días antes la semilla era mía, pero él tenía que asegurar el producto….. “. (ver acta de juicio oral y público página número 10)..Sobre la participación de R. N. P. A., y la manera por la cual cada uno de los testigos tomó conocimiento de los hechos, es de aclarar aspectos importantes de la declaración del supuesto ofendido: el señor G. I. R. A., afirmó en juicio oral y público, lo siguiente: “...yo soy el principal afectado del robo de 500 quintales de papa encabezado por el señor R. N. P. A., quien fungía como Presidente de la Asociación de Productores de Papá...”, (ver sentencia numeral primero número 1 de la valoración de prueba).-sobre su presencia en el lugar de los hechos aclaró “...en ese momento no estuve presente allí por que el hecho se suscitó a las diez de la noche, a esa hora estaba descansando en mi casa, la noche que se le cambió el destino al producto esa noche yo no estaba, pero si fue llevado, yo no estuve presente”, afirma haberse enterado de los hechos en virtud de que “... el señor S. M. y su esposa a mi me llamaron en el momento que se estaba produciendo el hecho, pues aproximadamente a las diez de la noche...” (ver página 6 declaración 1 del acta del juicio oral y público).-La señora S. R. M. A., afirmó en juicio oral y público, lo siguiente: “...nosotros estábamos esperando con S. mi esposo, y como a eso de la diez de la noche, como no venían nos fuimos con un chofer a la posta, y no había nada, y nos fuimos mas adelante, y cuando miramos los camiones detenidos con un montón de gente cerca de mi con leños, le pregunto a Don Ramón que porque eso y que me ayudara, no me contestó y se fue, yo me fui para mi casa...“ (ver sentencia numeral primero número 2 de la valoración de prueba). A preguntas del Ministerio Público aclaró “...nosotros estábamos esperando con S. mi esposo, y como a eso de la diez de la noche, como no venían nos fuimos con un chofer a la posta, y no había nada, y nos fuimos mas adelante, y cuando miramos los camiones detenidos con un montón de gente cerca de mi con leños, le pregunto a Don R. que porque eso y que me ayudara, no me contestó y se fue, yo me fui para mi casa”. El Señor S. M. C., afirmó en juicio oral y público, lo siguiente: “...a mi me extraña porque yo no he participado no fui testigo en nada, yo pase ese día como tipo nueve y medio, venía adelante, del problema no me dijeron nada porque yo venía tomado, en la mañana tipo siete me dijeron que habían detenido la semilla allí...” (ver acta de juicio oral y público página número 9). En relación a como se enteró de los hechos y como informó al denunciante dijo: “...hasta el día siguiente me dijo ella que habían parado los carros esa gente, fui a participarle que había problema con la semilla porque no se daba cuenta, le hablé a N. para que mediara en el momento porque como había mucha gente...” (ver acta de juicio oral y público página número 10).-Al verificar la correspondencia de las declaraciones testificales relacionadas, podemos obtener varias conclusiones: 1) Por un lado que acuerdo al material probatorio no existe claridad en cuanto a la cantidad de semilla de papa que se dice fue decomisada, consecuentemente con respecto al precio de la misma.2) El Sr. G. I. R. A. afirma que era N. P. el que le decía a las personas que detuvieran el vehículo y que lo llevaran hacia la FHIA, hechos que no vio personalmente si no que afirma que da razón de ello ya que fue S. R. M. A. y S. M. C. que de inmediato le comunicaron.-3) Sobre ese mismo aspecto S. R. M. A. manifiesta que eran muchas las personas que gritaban pero que N. no dijo nada, que ella le habló pero que no le contestó, de tal manera que no le da razón suficiente a lo que G. I. R. A. quien afirma que era el imputado el dirigía el grupo y que de inmediato se comunicaron con él. La testigo sostiene que ese mismo día al llegar a la casa se lo comento a S., no confirma que se haya comunicado en el mismo instante vía celular a Don G. R.-4) Contrario a ambas versiones dice el testigo S. M. C. afirma que no supo nada porque andaba bolo, si no que se enteró hasta el siguiente día y que le fue a decir a Don G. R. quien tampoco sabía lo ocurrido.-5) S. M. C. afirma no saber nada de lo que pasó en el momento de decomiso ni sobre la participación de N., solo afirma que le habló y él le manifestó que iba hablar con el padre L., este último testigo también afirma ser la persona que entregó el dinero para la compra de la semilla de papa, que fue decomisada contrario a lo afirmado por el Testigo G. R. A. quien afirma que al estar la semilla en La Esperanza, realizaría la negociación con este último testigo. Tomando como base los anteriores elementos de prueba y la valoración realizada por el Tribunal de las declaraciones de G. I. R. A., S. R. M. A., y S. M. C., que les da plena credibilidad, no se pudo más haber fijado lo establecido en los hechos probados fijados por el Tribunal, de tal manera que dicha conclusión no se deriva de la prueba que lo informa o en su caso, la prueba no le da la razón suficiente. En Ese sentido se puede verificar que el contenido de los hechos probados el Tribunal lo tomó de la declaración del testigo G. I. R. A. que no es testigo presencial, y que lo que manifiesta en relación a la participación de los imputados, cantidad de semilla de papa, forma de negociación, etc., no es corroborado ni coincidente con los testigos que es precisamente la razón por la cual afirma la confiabilidad del Testimonio de los Testigos, y el resto de medio de prueba documentales a los cuales el tribunal les da credibilidad tampoco es coincidente en este aspecto, la presencia del imputado en el lugar de los hechos de acuerdo a la prueba no puede ser negado, sin embargo no encuentra sustento probatario los actos afirmados por el Tribunal en la Declaración de hechos probados y atribuidos a mi representado, no puede ser una conclusión válida, toda vez, que existen circunstancias de hecho que no la corroboran. Si bien la valoración de la prueba y la fijación de las hechos probados son potestad del Tribunal A-Quo, no es menos cierto que con la valoración practicada por el sentenciador tanto de la prueba testifical y tomando en consideración la valoración de misma prueba documental (ya relacionado anteriormente), resulta el vicio denunciado por quebranto de las reglas de la derivación (lo subrayado y en negrilla es nuestro), propia de la regla de la lógica, valorando la prueba de manera parcial y arbitraria, como ya se ha dejado demostrado, al confrontar lo expuesto en la sentencia y lo que consta en el acta de debate y la fijación de los hechos. Si bien es cierto, el Juez tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen la discrecionalidad, le someten a criterios objetivos, que nos permiten libramos de valoraciones arbitrarias o erróneas.-Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, tanto al rechazar o excluir indebidamente elementos de convicción pertinentes, como al atribuir a las pruebas recibido un contexto inexacto o al desdeñar el verdadero, como ocurre en el presente caso. En efecto, con sobradas razones como las ya expuestas, se concluye que el Tribunal de Sentencias recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las pruebas relacionadas.-La defensa se siente agraviada por los vicios descritos, ya que al dictarse la sentencia impugnada se cometieron errores in procedendo en la forma ya descrita, que vician el fallo, constituyendo en definitiva la violación a las reglas de la sana crítica falta de fundamentación, y por haberse producido dichos vicios en el acto de dictar la sentencia, no se ha efectuado en consecuencia la reclamación alguna para la subsanación de los mismos, sin embargo conllevan a la violación de derechos fundamentales de la parte que represento para llevar al convencimiento de la justicia de la decisión adoptada, entre ellos el carácter de jurisdiccionalidad (Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República) lo que exige como desarrollo de ese carácter de jurisdiccionalidad surge la necesidad de motivación; el Principio de Legalidad (Art. 69 de la Constitución de la República en relación a artículo 338 CPP), como requisito indispensable de la decisión judicial, Así mismo la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales, deriva también del Derecho de Defensa y de la Tutela Judicial Efectiva (art. 82, 90 de la Constitución de la República).-La motivación de una resolución judicial penal es un derecho fundamental que forma parte de la tutela judicial efectiva a que alude el art. 82 de la Constitución, interpretado sistemáticamente en relación con el art. 7.2.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- PRETENSION: Por lo antes expuesto procede que se case la sentencia recurrida, por ser un acto realizado de manera irregular, toda vez que no observó las reglas de la sana crítica, siendo que la estimación del presente motivo determina la nulidad de la sentencia, por lo tanto solicito, se Ordene, la devolución de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, que deberá ser distinto, en aras de mantener imparcialidad, para que el juicio sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley.” DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA ABOGADA ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA, APODERADA DEFENSORA PRIVADA DEL IMPUTADO R. N. P. A. I. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. II. La recurrente, plantea en su Recurso la existencia de dos vicios in iudicando en la sentencia que impugna: 1) Inobservancia del Artículo 34-A del Código Penal, al no haber señalado la sentencia que la responsabilidad civil derivada del delito por el cual se condenó al señor R. N. P. A., debe de ser exigida a la Federación Nacional de Productores de Papa y 2) Aplicación indebida del artículo 254 del Código Penal que contiene el delito de daños, al no haberse probado los elementos objetivos y subjetivos que le componen. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY: INOBSERVANCIA DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 34-A DEL CÓDIGO PENAl; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Arguye la Libelista que el Tribunal de Sentencia omitió aplicar en el presente caso el artículo 34-A del Código Penal que establece que “los delitos cometidos en nombre y por cuenta de una persona jurídica responderá personalmente los representantes legales de la misma que hayan hecho posible la acción u omisión ilícita. La responsabilidad civil, sin embargo, recaerá en la persona jurídica”; señala que en la sentencia se determina que la acción cometida por el acusado R. N. P. A., fue realizada como presidente de la Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPA), sin embargo, no se determinó que la responsabilidad civil derivada del delito debe de ser deducida a dicha Federación; concluye la Libelista que es su pretensión mediante este Recurso que al declararse la responsabilidad criminal del acusado R. N. P. A., en su condición de Presidente de la Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPA), como autor del delito de Daños, se establezca que la FENAPA, es responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido por su Presidente. II. El artículo 34-A del Código Penal hondureño supracitado recoge la figura que doctrinariamente se conoce como la “actuación en nombre de otro”, Refiriéndose a la misma, el tratadista MUÑOZ CONDE expone lo siguiente: “En la teoría del Derecho penal, sólo la persona humana, individualmente considerada, puede ser sujeto de una acción penalmente relevante. Ni los animales ni las cosas pueden ser sujetos de acción, por más que en épocas pretéritas existieran procesos contra cosas que habían producido resultados dañosos o animales que provocaran epidemias, muerte de personas, etc.. Tradicionalmente se considera que tampoco pueden ser sujetos de acción penalmente relevante, aunque sí puedan serlo en otras ramas del Ordenamiento jurídico, las personas jurídicas (“societas delinquere non potest”). Desde el punto de vista penal, la capacidad de acción, de culpabilidad y de pena exige la presencia de una voluntad, entendida como facultad síquica de la persona individual, que no existe en la persona jurídica, mero ente ficticio, al que el Derecho atribuye capacidad a otros efectos distintos a los penales. Pero incluso los más recalcitrantes partidarios de esta concepción defienden la necesidad de que el Derecho penal pueda reaccionar de un modo u otro frente a los abusos que, especialmente en el ámbito económico, se producen a través de la persona jurídica, sobre todo cuando ésta adopta la forma de una sociedad mercantil, principalmente anónima o de responsabilidad limitada. Pero, para evitar contradicciones con el principio de irresponsabilidad de las personas jurídicas, se propone, ante todo, castigar a las personas físicas individuales que cometen realmente tales abusos, sin perjuicio de las medidas civiles o administrativas que proceda aplicar a una persona jurídica como tal (disolución, multa, prohibición de ejercer determinadas actividades, etc..). …En algunos casos, e independientemente del problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no es posible, sin embargo, castigar directamente a las personas físicas que actúen en nombre de las personas jurídicas porque algunos tipos de delitos exigen determinadas cualidades personales (“deudor”[1], “obligado a pagar impuestos[2]”) que no se dan en tales personas físicas, sino en las personas jurídicas en cuyo nombre actúan. Para evitar estas indeseables lagunas de punibilidad, el legislador puede optar por una doble vía: sancionar expresamente en los tipos penales delictivos cuando se den estos casos a las personas físicas que actúan en nombre de la jurídica (gerentes, administradores, etc..), o crear un precepto general que permita esta sanción en todos los casos donde concurran problemas de este tipo. [3]. Una interpretación estrictamente literal del artículo 34-A del Código Penal, podría llevarnos a estimar que cuando una persona natural comete un delito, en su condición de representante legal, y por ende, actuando en nombre y por cuenta de una persona jurídica, la responsabilidad civil solamente podrá deducirse en contra de esta última, de tal manera que contra el condenado penalmente, no podrá ejercerse acción civil alguna de carácter resarcitorio. No obstante lo anterior, esta Sala es del criterio que para desentrañar el verdadero alcance y sentido de lo dispuesto en el artículo 34-A del Código penal hondureño, debemos recurrir al método de interpretación lógico-sistemático a que alude el artículo 19 del Código Civil, mismo que resulta aplicable a las diversas ramas del ordenamiento jurídico, incluyendo a la penal, al tenor del cual se establece que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”.El artículo 105 del Código Penal, establece que “el que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente.” Por su parte, el artículo 107 del mismo texto punitivo dice que “la responsabilidad civil comprende: 1) la restitución 2) la reparación de los daños materiales y morales y 3) la indemnización de perjuicios. Frente a lo previsto por esas disposiciones contenidas en el Código penal, cabe preguntarse si quien comete un delito, actuando en nombre y por cuenta de una persona jurídica, y resulta condenado penalmente, ¿está exento de responsabilidad civil?, y que por lo tanto, ¿ese es el sentido y alcance de institución de actuación en nombre de otro, que regula el artículo 34.- A del Código Penal?. A criterio de este Tribunal de Casación, una interpretación lógica y sistemática nos conduce a una respuesta negativa por las siguientes razones: a)Si partimos del clásico ejemplo del delito que doctrinariamente se conoce como alzamiento de bienes, tipificado en el artículo 237 del Código Penal hondureño, cuando su representante legal X, con la finalidad de sustraer a la persona jurídica de las obligaciones que tiene frente a sus acreedores, enajena o grava sus bienes; y al cabo de algunos años se ejerce la acción penal contra el imputado X cuando la persona jurídica ya ha caído en total insolvencia, en tanto que el autor del delito es titular de un gran patrimonio, ¿será justo que el perjudicado por el delito esté impedido de ejercer la acción civil contra el condenado por el delito de alzamiento de bienes y por lo tanto resignado a soportar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal?. La respuesta atendiendo a criterios de justicia, ha de ser negativa. b) Al tenor de lo prescrito por el artículo 56 No. 1) del Código Civil, el Estado es una persona jurídica.. Si una persona natural, representante legal del Estado, actuando en nombre y por cuenta de éste comete delitos, una interpretación estrictamente literal de lo dispuesto en el artículo 34-A del Código Penal, nos llevaría a la conclusión de que la responsabilidad civil únicamente podría deducirse en contra del Estado de Honduras, lo que no es consecuente con lo establecido en el artículo 324 de la Constitución de la República donde se establece que “si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre…..La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativas y penal contra el infractor. c) Un análisis de Derecho Comparado no nos permite compartir la tesis formulada por el Censor, particularmente si tenemos en cuenta lo previsto en legislaciones de nuestro entorno geográfico y cultural, así por ejemplo el artículo 106 No. 2) del Código Penal de Costa Rica dice que “..es solidaria la acción de los participes de un hecho punible, en cuanto a la reparación civil. Están igualmente obligados solidariamente con los autores del hecho punible, al pago de los daños y perjuicios:….2) Las personas jurídicas cuyos gerentes, administradores o personeros legales, resulten responsables de los hechos punibles.” De este modo, una interpretación armónica, basada en el método lógico-sistemático, nos lleva a concluir, que el artículo 34-A del Código Civil, no debe entenderse en el sentido de que la persona natural condenada por los delitos cometidos en nombre y cuenta de una persona jurídica, está exenta de responsabilidad civil, puesto que en muchos casos, sobre todo en el ámbito de la criminalidad económica, dejaría vacío de contenido el artículo 105 del Código Penal en aquellos casos en la persona moral es insolvente pero al mismo tiempo y al contrario, el condenado goza de solvencia patrimonial; por otro lado contravendría lo previsto en el artículo 324 de la Constitución, de ahí que el precepto legal en cuestión debe interpretarse en el sentido de que en los casos de actuación en nombre y por cuenta de una persona jurídica, la responsabilidad penal únicamente podrá deducirse en contra de la persona natural y nunca contra la persona jurídica, pero que si se podrá ejercer la acción civil en contra de esta última. O dicho en otros términos la frase “sin embargo” utilizado en la dicción legal, debe interpretarse no como una excepción a la responsabilidad “personal” del que actúa por cuenta o en nombre de la persona jurídica (dejando a éste al margen de la responsabilidad civil), sino como excepción a la irresponsabilidad penal de la persona jurídica. Por ello, siendo la persona jurídica, por fuerza de la dicción legal, no responsable criminalmente, resultaba necesario introducir a través del artículo 34-A una excepción (de ahí el “sin embargo”, que ha de entenderse como “a pesar de que no es responsable criminalmente por ser persona jurídica”) para que responda civilmente. Es pertinente recordar que gramaticalmente “sin embargo” constituye, en sentido lingüístico, una locución conjuntiva adversativa, es decir, una conjunto de palabras que denota contrariedad de sentido u oposición. Pero esta contrariedad u oposición no se predica respecto de la responsabilidad civil del imputado (persona física), cual si esa responsabilidad ya no recayera en él sino sólo en la persona jurídica; sino que se predica respecto de la exclusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en el sentido de que en oposición a esa idea anclada en el principio "societas delinquer non potest" la responsabilidad civil no se ve excluida (sólo se excluye la responsabilidad penal). En el caso bajo examen, el procesado R. N. P. A., fue condenado por la comisión de un delito de DAÑOS, infracción penal que precisamente comporta la destrucción o menoscabo de bienes ajenos y por ende la causación de un perjuicio de carácter patrimonial lesivo para el ofendido, de ahí que la pretensión del recurrente dirigida a dejar sin efecto la declaración genérica que ha realizado el Tribunal de Sentencia en torno a la responsabilidad civil en que habría incurrido el encartado, no encuentra respaldo en preceptos de orden jurídico ni en criterios de justicia material, razón por la cual esta Sala es del criterio que el motivo de casación invocado por el recurrente debe ser desestimado; sin perjuicio de señalar que en todo caso, y dado el supuesto de que el perjudicado ejerza la acción civil ante el Juzgado de Ejecución competente en contra de la persona jurídica cuya Presidencia ostentaba el imputado, será dicho órgano jurisdiccional a quien corresponderá dilucidar si la denominada Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPA), es o no responsable civilmente por la comisión del delito atribuido a su Presidente, ello explica porqué el artículo 437 del Código Procesal Penal, ubicado sistemáticamente en el Capítulo VI del Libro Quinto, relativo al “Procedimiento para deducir la responsabilidad civil”, atribuye al Juez de Ejecución la competencia para resolver en torno a la procedencia o improcedencia de la excepción de falta de legitimación opuesta por el demandado. Por las razones anteriormente expuestas se declara sin lugar el presente motivo. DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY: FUNDADO EN LA APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 254 DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. La Libelista rechaza la sentencia al ser del criterio que la misma condena al acusado R. N. P. A., como responsable penalmente del delito de DAÑOS, al amparo del artículo 254 del Código Penal, norma que a su criterio ha sido indebidamente aplicada, por cuanto los hechos declarados probados no reflejan que las acciones realizadas por el acusado efectivamente hayan causado el daño que posteriormente sufriera la semilla de papa; sintetizando la Libelista expone que en los hechos declarados probados no se identifican los elementos objetivos del tipo penal de daños. II. Dando respuesta a la recurrente, es importante señalar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por Propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de daños, que es uno de los delitos en contra del patrimonio sin que exista lucro por parte del sujeto activo. El artículo 254 del Código Penal establece: “Se impondrá reclusión de tres (3) a cinco (5) años a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo, deteriore cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia, siempre que el hecho no constituya un delito de los previstos en el capitulo siguiente (Incendio y otros Estragos). La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.” Así las cosas, constituyen elementos objetivos del tipo penal de daños (doloso): 1) Sujeto Activo: puede ser cualquier persona diferente al titular del bien mueble o inmueble, ya que el tipo penal exige que se trate de bienes de ajena pertenencia; 2) Sujeto Pasivo, podrá ser cualquier persona natural o jurídica que sea el propietario del bien mueble o inmueble; 3) Objeto material del delito, es el “bien mueble o inmueble” de “ajena pertenencia”, entendiéndose como: i) Bien mueble lo señalado por el artículo 601 Código Penal, los animales incluidos como indica el artículo 254 del Código Penal; ii) Bien inmueble lo señalado por el artículo 602 del Código Civil; y iii) “ajena pertenencia” que ese bien mueble o inmueble no le es propio del sujeto activo, ni tampoco es objeto de accesión u ocupación en los términos de los artículos 634 y 660 del Código Civil respectivamente. Otro aspecto importante es que los daños pueden ser producidos a un bien ajeno que legítimamente se esté poseyendo (Como el arrendador). Finalmente, es importante decir que el objeto material del delito debe tener un valor superior a los diez lempiras (L.10.00), ya que de lo contrario no constituiría delito sino una falta, como lo determina el artículo 400.7 del Código Penal; 4) Conducta criminosa, centrada en los verbos rectores, que en este caso implican: a) Destruir: Que implica tener como resultado que el bien mueble o inmueble sea reducido a pedazos o cenizas por una acción diferente al fuego; cuando hablamos de animales implicaría dar muerte; b) Hacer Desaparecer: Es imposibilitar la localización del bien mueble o inmueble. En el caso de los animales, estaría abarcada la conducta de dejarlos libres aquellos que estuviesen en legítimo cautiverio; c) Inutilizar: Es la conducta que tiene como resultado que el bien no pueda ser aprovechado para fin para el cual está construido o para el fin para el cual estaba siendo destinado y que además cause un detrimento en el patrimonio del sujeto pasivo, por cuanto existen formas de inutilizar algunos bienes sin que acarree disminución de su valor y por tanto sin perjuicio en el patrimonio (Desinflar las llantas de un vehículo); y d) Deteriorar: Constituye una conducta que ponga en una condición de menor valor el bien, por afectar su funcionamiento o rendimiento, o por afectar su estética que la haga menos atractivo al comercio; 5) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser ejecutada de cualquier manera o forma, lo que convierte a éste tipo de delito en un tipo penal abierto. Por otra, parte el elemento subjetivo del delito de daños del artículo 254 es el dolo, conformado por el conocimiento de que la conducta desplegada implica la ejecución de uno de los verbos rectores (destruir, desaparecer, inutilizar o deteriorar) un bien mueble o inmueble de ajena pertenencia, el conocimiento que ello perjudica el patrimonio de la persona titular del bien y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el propósito. No es excesivo recalcar, que con la acción el sujeto activo no debe de perseguir conseguir lucro para sí o para tercera persona, ya que de ser éste el propósito, estaríamos frente a un delito diferente al de daños. De este modo, las características del tipo penal de daños del artículo 254 del Código Penal son: A) Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente uno o varios modelos de comportamiento humano en una sola descripción; ii) Tipo Penal Compuesto: ya que en él se describen varios modelos de comportamiento, cada uno de los cuales está en la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica; B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante la destrucción el desaparecimiento, la inutilización o el deterioro del bien mueble o inmueble; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal abierto ya que si bien, la conducta criminosa está determinada mediante cuatro verbos rectores, la modalidad criminosa para ejecutar los mismos pueden presentarse de diversas maneras a depender la naturaleza del bien mueble o inmueble y la función a la que este destinado, todo a evaluar en cada caso concreto por el Juzgador; C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Propiedad; ii) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. III. El Motivo no es de Recibo. Los hechos probados relatan que quinientos quintales de semilla de papa variedad provento propiedad del señor G. I. R., eran transportados en dos camiones cuando fueron interceptados por un grupo de personas, entre ellos el señor R. N. P. A., indicando que este grupo de personas obligó a los conductores de los camiones a desviar su curso, para dirigirlos a las instalaciones donde funciona la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), en donde tras pasar algunos días, la semilla de papa entró en estado de descomposición, por lo que ya no pudo ser utilizada para la siembra; el acusado, junto con otras personas, realizó una acción voluntaria consistente en interceptar los camiones, llevando a éstos a las instalaciones de la FHIA, dejando el cargamento de papa a la intemperie, lo que provocó que el proceso natural de descomposición se produjese con mayor celeridad hasta deteriorarse la semilla, a tal grado que perdió la utilidad para la cual estaba destinada, que era la siembra, de esta manera se constata que existe un claro nexo causal entre la acción del acusado y el resultado obtenido, el que le es atribuible a título de dolo, por cuanto como Presidente de la FENAPA, persona jurídica que agrupa precisamente a productores de papa, es fácil deducir que le era previsible que las condiciones en las cuales se dispuso la semilla acarrearía su deterioro y posterior inutilización. Se debe considerar que estamos ante un tipo penal abierto, en donde la conducta criminosa puede ser ejecutada por una variedad de modalidades que solo la casuística nos podrá revelar. La Libelista yerra al señalar que el acusado no ejecutó directamente alguno de los verbos rectores del tipo en la semilla de papa, olvidando que se ha realizado una acción que desencadena un curso causal que produce el resultado lesivo buscado por el autor y que precisamente es lo que reprocha la norma penal. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS PROCESALES INTERPUESTO POR LA ABOGADA ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA, APODERADA DEFENSORA PRIVADA DEL ENCARTADO R. N. P. A. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. II. La Libelista indica que la sentencia impugnada adolece de vicios in procedendo, que provocan su ineficacia, por lo que debe de ser declarada su nulidad; señala que son dos los vicios que acarrean la consecuencia descrita: 1) La declaración de hechos probados no es clara y terminante; y 2) La valoración de la prueba ha sido realizada por los Juzgadores con violación a las reglas de la sana crítica. DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: LOS HECHOS PROBADOS NO SON CLAROS Y TERMINANTES; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.1, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 338, CUARTA REGLA, NUMERAL UNO, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. La Libelista, indica que la falta de claridad que adolece el hecho único declarado probado se debe a que éste parte de que en el desvío a Pueblo Viejo, entre otras personas no identificadas, se encontraba el acusado R. N. P. A., “quien fungía como Presidente de la FENAPA (Federación Nacional de Productores)”, para luego señalar “quien sin motivo alguno interceptÓ dos camiones….”, siendo el criterio de la Libelista que al agregar el pronombre “quien” a continuación, el hecho probado esta relatando como la FENAPA (no el acusado) interceptó y desvío los camiones hacia los predios de la Fundación de Investigación Agrícola (FHIA); agrega que el hecho probado no explica el papel que juega en lo expuesto la FHIA, ni como fueron obligados los conductores de los camiones a desviarse de su ruta sin la intervención de ninguna autoridad, ni quien tomó la decisión de que la semilla de papa se dejara a la intemperie; concluye que el hecho probado ha sido redactado de manera confusa, dubitativa e imprecisa, violentando así la regla cuarta, numeral uno del artículo 338 del Código Procesal Penal. II. Los hechos probados constituyen una descripción, donde los Juzgadores hacen un relato cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del mismo; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán determinar las norma legal aplicable al caso y de ahí su trascendental importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato; 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010, en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c) Coherentes: Implica armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de Noviembre del 2010 en el Exp 920-2009). III. No es de Recibo el Motivo, en tanto que haciendo una lectura total del hecho único, se puede establecer sin dificultad, gracias al contexto del relato, que los juzgadores al referirse a “quien” en el folio 47 vuelto, línea 4, están haciendo alusión al acusado R. N. P. A., y no a la FENAPA. Dicho de otra manera: la mención de la FENAPA, es solo para establecer que el acusado era su presidente, es decir, la calidad por la cual estaba actuando en ese momento, por lo que cuando a continuación se agrega el pronombre “quien”, los juzgadores se siguen refiriendo al acusado. Por otro lado, el hecho probado contrario a lo que expone la recurrente, expone que el acusado, junto con otras personas, fueron los que interceptaron los dos camiones y quienes los desviaron a las instalaciones de la FHIA, de tal manera que la FHIA, conforme al relato, no tiene ninguna participación como institución, sino que simplemente fue a sus predios donde fueron conducidos los camiones y se dejó a la intemperie la semilla de papa, como consecuencia del accionar del acusado y sus acompañantes. DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202 AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Sostiene la libelista que se ha violentado el principio lógico de derivación en el proceso de valoración de los medios de prueba, dando lugar a la concurrencia de un vicio in procedendo que afecta la validez de la sentencia; puntualiza que la errónea valoración gira alrededor de los hechos siguientes: 1) Cantidad de la semilla de papa: No existe claridad en cuanto a la cantidad de semilla de papa: a) El testigo G. R., señala por una parte que le fue robado 500 quintales, pero igual señala que había negociado 1000 quintales; b) En la Nota enviada por Serviverduras S. de R.L., se hace referencia a 2,000 sacos de semilla de papa; c) En la Demanda Civil No. 1001-2009-00012, presentada en el Juzgado de Letras Departamental de Intibucá, promovida por el señor G. I. R. A., en la relación de hechos de la demanda se señalan que son dos mil quinientos quintales de semilla de papa; d) El testigo S. M. C., indica que se traían quinientos quintales; e) La testigo S. R. M. A., indica que se trataron quinientos sacos; y f) La Inspección realizada por la DNIC, determina que son aproximadamente 500 sacos. 2) Compra de la Semilla de la Papa: Prueba contradictoria: a) Testigo G. I. R., indica que compró la semilla al señor V. B. y que después la semilla se negoció con S. M.; b) La testigo S. M., indica que G. y su esposo (S. M.) trataron 500 sacos; c) Testigo S. M., indica que la semilla era de su propiedad. 3) Participación de R. N. P. A.: Prueba contradictoria: a) Testigo G. I. R., afirmó que el robo de la papa fue encabezado por el acusado, pero después indicó que no estuvo en el lugar de los hechos; b) Testigo S. R. M., se hizo presente al lugar, mirando al acusado en el sitio, quien al hablarle no dijo nada, no le contestó; c) Testigo S. M. C., indicó que no fue testigo de nada. II. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. III. El Recurso no es de recibo. El Tribunal de Casación no comparte lo señalado por la recurrente, ya que al examinar los medios de prueba ha determinado que los mismos han sido valorados conforme a las reglas de la sana crítica, de modo que de ellos se extrajo las conclusiones que sirvieron para elaborar el hecho único que se ha declarado probado: 1) En cuanto a la participación del acusado: El Tribunal de Sentencia relaciona la Resolución No. 245-2001 de fecha 25 de Junio del 2001, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (Folio No. 29 del Tomo II), mediante la cual se otorga la personería jurídica a la Federación Nacional de Productores de Papa (FENAPA), de la cual para el 30 de abril de 2004 (día de los hechos) fingía como su presidente el acusado R. N. P. A. (F. 30 del Tomo II). Se señaló que un grupo de personas se apostó en el desvío a Pueblo Viejo, en el Departamento de Intibucá, en protesta por la introducción de semilla de papa al sector, interceptando dos camiones que transportaban dicho producto y que en esta protesta se encontraba presente el acusado R. N. P. A. Finalmente el Tribunal de Sentencia relaciona el Acta de fecha 30 de abril del 2004 del Libro de Actas de la FENAPA, donde se señala que se decomisaron dos camiones procedente de Tegucigalpa, siendo las once de la noche conteniendo Papa Certificada (Folio. 64 Tomo I). Con todo lo anterior, el Tribunal de Sentencia concluyó que el grupo de personas que se encontraba en el desvío a Pueblo Viejo fueron las que interceptaron los dos camiones con semilla de papa, los cuales fueron decomisados ilegítimamente por la FENAPA, cuyo presidente es el acusado, quien igualmente se encontraba ese día 30 de abril del 2004, en el lugar en donde se realizó la intercepción de los camiones y decomiso del producto que transportaban, de ahí que el Tribunal de Sentencia no albergara duda alguna al determinar que el acusado participó en estos actos debido a que en ese momento él se desempeñaba precisamente como Presidente de la FENAPA, que agrupa a productores de papa, que era el mismo producto que se transportaban en los camiones. 2) En cuanto a la cantidad de semilla de Papa: La prueba es coincidente en establecer que en suma se trataban al menos de 500 quintales de semilla de papa, ello resulta determinado en primer lugar por la propia acta de decomiso que levantó la FENAPA, al indicar que en un camión se transportaban 250 quintales y en otro 272.5 quintales (F. 64 tomo I), ello sumado a la Inspección ocular que realizara la Dirección Nacional de Investigación Criminal, cuando relaciona que se observaron aproximadamente 500 quintales de semilla de papa determinan que por lo mínimo esa era la cantidad que transportaban los dos camiones interceptados. 3) En cuanto a la propiedad de la semilla de papa: La semilla fue importada por la Empresa Servi Verduras, cuyo gerente es el señor V. B. P. (F. 20 Tomo II), quien a su vez la vendió al señor G. R.; el señor R. por su parte negoció la semilla con el señor S. M., quien interesado en el producto contrató el flete para su transporte hasta el Departamento de Intibucá, más cuando los camiones fueron interceptados, declara el señor S. M., que realizó formal reclamo al señor G. R., debido a que éste era el encargado de garantizar que la semilla llegara a su destino sin ningún problema como parte de la negociación que habían realizado (F. 39 Tomo II), de modo que al no entregarse el producto como se había acordado, no se perfeccionó la tradición, ergo la semilla de papa seguía siendo propiedad del señor G. R. al momento en que fue interceptada; véase que ni el testigo G. R. (F. 36v y 37 Tomo II), ni el testigo S. M. (F. 39 Tomo II) o la Testigo S. M. (F. 37 v. Tomo II), hablan de que se perfeccionó la compra venta entre los dos primeros, sino que se refieren a que la semilla de papa “la habían tratado”, en referencia a que era un negocio pendiente de perfeccionarse. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su sus dos motivos, interpuesto por la Abogada ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA SEGUNDO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuestos por la Abogada ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA. MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR POR LEY.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud del Abogado SALVADOR CUESTAS AREVALO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-348-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Para ilustrar sobre este punto, en el Derecho penal hondureño, por ejemplo, el artículo 237 del Código sanciona al “deudor” que para sustraerse al pago de sus obligaciones enajenare o gravare sus bienes…No cabe duda que el deudor, puede ser una persona jurídica, aunque naturalmente los actos de disposición patrimonial fraudulentos hayan sido ejecutados por una persona natural que no reúne las condiciones de tal.

[2] En los delitos tributarios, igualmente, la defraudación puede hacerse en beneficio de una persona jurídica, sujeto obligado del tributo, pero en virtud de operaciones realizadas por una persona natural. (vid. Art. 392-D del Código Penal, en relación al artículo 18 del Código Tributario.

[3] Vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, en MUÑOZ CONDE, FRANCISCO / GARCIA ARAN, MERCEDES, Derecho Penal, Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pág. 247 y ss.