Sentencia CP-343-11 — Registro 3223
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. En segunda instancia se resolvió Sin Lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. El recurrente manifiesta que el A-quo incurrió en Infracción de Precepto Constitucional por falta de aplicación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que el imputado F. R. R. G., no sólo no tuvo la oportunidad de intervenir en debate público y contradictorio al momento de la evacuación del medio de prueba en base al cual se formulan cuatro de los cinco hechos probados (primero, segundo, tercero y quinto), por cuanto éste fue introducido mediante lectura, como medio denominado “acta de declaración testifical con las formalidades de la prueba anticipada del señor F. R. C.” en el que se incorpora al proceso la prueba incriminadora sobre la cual reposa la tesis acusatoria de responsabilidad penal del señor F. R. R., sin que éste haya contado con asistencia técnica y defensa, ni tuviese la posibilidad de ejercer su defensa material; en el acta de declaración testifical mencionada constan las personas que estuvieron presentes en la audiencia, dentro de las cuales no figura el imputado F. R. R. G.; aduciendo que tampoco consta en dicha acta que el imputado F. R. R. estuviera representado o asistido técnicamente por profesional del Derecho. II. Esta Sala recuerda, que la Constitución en el artículo 82 establece que: “El derecho de defensa es inviolable”, y que el debido proceso esta regulado por la misma norma primaria en el artículo 90 y que también establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. El debido proceso tiene relación con el ideal garantista para juzgar, que no solo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley. III. Esta Sala, considera que no es de recibo el reclamo del recurrente, ya que el acusado ha sido juzgado por Juez competente con todas las formalidades derechos y garantías establecidas en las normas primarias y secundarias; para el caso en lo concerniente a la práctica de las pruebas anticipadas declaración testifical de F. R. C. (folio # 16 y 17), y reconocimiento de rueda (folios # 18 y 19), las mismas fueron practicadas con las formalidades establecidas en la norma adjetiva, siendo controlados dichos actos procesales por el Juez de Garantías, así como con la presencia del Fiscal del Ministerio Público y los miembros de la Defensa Pública, en el caso concreto, en la declaración testifical comparecen como defensores públicos el Abogado A. P. y la abogada F. C. L., y en el reconocimiento en rueda comparecen además de los antes mencionados, los Abogados J. G. F. y J. R. P., todos conformando un equipo de defensores públicos que estuvieron presentes en la práctica de las pruebas anticipadas supraindicadas controlando los actos, mismos que fueron llevados a cabo antes de la judicialización de la causa y ordenados por órgano jurisdiccional competente, sin que haya quedado evidenciado vulneración al derecho de defensa o debido proceso, ya que para salvaguardar ambas garantías se acudió a la asistencia técnica de defensores públicos, que tuvieron participación activa en las pruebas anticipadas practicadas en la forma prevista para el debate, cumpliéndose los principios de inmediación, oralidad y contradicción. IV. También es de hacer notar, que el Tribunal A-quo, fundamenta la declaración de culpabilidad del imputado F. R. R. G., no solamente en la declaración testifical practicada como prueba anticipada como lo quiere hacer ver el recurrente, sino que también en el resto de las pruebas testifícales, periciales y documentales evacuadas en el juicio oral y público; en consecuencia, como ya se dijo no hay evidencia de flagrante violación a las garantías fundamentes del derecho a la defensa y del debido proceso, por lo que procede declarar sin lugar..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...
Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. Argumenta el censor que la sentencia recurrida carece de motivaciones fácticas y jurídicas, e infringe las reglas de la sana crítica, ya que queda evidenciado sucintamente lo ilícito del acto (declaración de F. R. C. rendida con las formalidades de la prueba anticipada), recordaremos que teniéndose ya individualizado y detenido al imputado F. R. R. G., se solicitaron dos pruebas anticipadas para incriminarle (una declaración y su reconocimiento); sin embargo, desatendiendo la inviolabilidad del derecho de defensa (82 Constitucional y 14 del Código Procesal Penal) no se le dio el derecho a estar presente, ni de nombrar un profesional del Derecho que representase sus intereses legales, viciando así de nulidad absoluta la prueba producida (15 del Código Procesal Penal); en consecuencia, la sentencia carece de motivaciones fácticas y jurídicas válidas en relación a la participación del imputado F. R. R. G., en los hechos que se le imputan y a su vez infringe las reglas de la sana crítica por transgredir la regla lógica de derivación, al inferir la participación del imputado a partir de prueba prohibida e ilícita. II. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea, a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. III. En relación al alegato del recurrente de que declaración de F. R. C., rendida con las formalidades de la prueba anticipada, fue evacuada transgrediendo derechos fundamentales, ya esta Sala, anteriormente motivó que a la evacuación de dicha prueba asistieron técnicamente defensores públicos, que participaron activamente controlando el acto procesal; y en cuanto a que la sentencia carece de motivaciones fácticas y jurídicas válidas en relación a la participación del imputado F. R. R. G. en los hechos que se le imputan, esta Sala sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada en el debate, considera que no es de recibo el reclamo del recurrente, ya que los sentenciadores concluyen correctamente en cuanto a que si fue posible establecer con la prueba evacuada en el debate la responsabilidad penal del acusado en el hecho que se le imputa, tal y como se desprende de las pruebas anticipadas evacuadas (folios # 16 a 19), así como de las testifícales, periciales y documentales, con las que el Tribunal sentenciador concluyó correctamente que el acusado era la persona encargada de custodiar mil cuatrocientos punto setenta y seis (1,400.76) kilos de cocaína en la propiedad que había sido vendida por el testigo F. R., y que el acusado incurrió en los elementos objetivos del tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas tales como poseer dolosamente, almacenar, ocultar y custodiar una cantidad considerable de droga, por lo que la sentencia no carece de motivaciones fácticas y jurídicas, concordando las conclusiones con la prueba evacuadas legalmente en el juicio oral y público, no apreciándose que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, sin transgredir las leyes fundamentales de la derivación; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica; en consecuencia, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el la defensa en su primer motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. El recurrente alega que los sentenciadores dejaron de considerar prueba de valor decisivo, siendo esta el medio de prueba documental No. 3 denominado “informe preliminar sobre incautación de 73 fardos de supuesta cocaína”, en el cual se describe en forma detallada como sucedieron los hechos objeto del debate y la información de inteligencia con que contaban, más su lectura también constata la falsedad de lo posteriormente manifestado en declaración testifical rendida con las formalidades de la prueba anticipada por el señor F. R. C., versión que no se concilia con esta prueba no considerada por el Tribunal en su valoración, constatándose que nunca incriminó a su representado y mucho menos hace mención a que éste haya pretendido huir, argumenta también que en relación al señor R. G. sólo se dice que estaba nervioso y luego que se le dio a conocer sus derechos. En consecuencia consideramos, que pese a que el Tribunal transcribe parcialmente este medio de prueba proveniente de otro co-imputado, en realidad no lo valora, sobre todo en lo referente a la no participación del imputado F. R. R. G. que hubiese sido decisivo para mostrar la no veracidad de la única prueba que el Tribunal se hace valer para acreditar la responsabilidad del acusado. II. Esta Sala recuerda, que a los juzgadores se les impone el deber de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba, por lo que no le es permitido a los Tribunales de Instancia omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso, esto es una prueba que por su contenido revista de singular importancia para la resolución de la causa; por lo que en estos casos lo importante es que para apreciar el vicio en relación, hay que analizar primero si la prueba fue considerada o no, o si la misma fue excluida, que es la otra hipótesis, partiendo de la fundamentación del fallo, para luego arribar a la conclusión si es de valor decisivo o no. III. En el caso examiné, la prueba que menciona el recurrente consistente en “informe preliminar sobre incautación de 73 fardos de supuesta cocaína” (folios # 544 al 550), no ha sido dejada de ser considerada por lo juzgadores, y si se ha procedido a su valoración en la sentencia (ver folios 721 v. y 722 f.), consignándose las razones del por qué se le daba credibilidad a dicho medio de prueba, por lo que el mismo ni ha sido dejado de ser considerado, ni ha sido excluido de la valoración hecha por los juzgadores de forma conjunta y armónica, al plasmar en la sentencia que el medio de prueba documental aludido, resulta confiable al ser contrastado con las testifícales de cargo, en especial con lo vertido en juicio por el testigo F. R., oficial de policía, concatenándose en cuanto a la existencia de la autorización para ingreso a la propiedad privada, para el registro, el hallazgo y decomiso de los kilos de droga y la captura del acusado F. R. R. G., lo que lleva a la convicción de que dichos medios de prueba si fueron valorados, al igual que el resto de la prueba legalmente evacuada en el debate y que sirvió para que los sentenciadores concluyeran en la participación material del acusado en el hecho que se le imputó; razón por la cual, al no cumplirse las hipótesis del artículo 362 numeral 2, o sea que, no se dejó de considerar, ni se excluyó prueba alguna de valor decisivo, no es posible tampoco efectuar la operación de “inclusión hipotética”..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de marzo de de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló CONDENANDO al imputado F. R. R. G. por el delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, más una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (LPS.1,000,000.00), y a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma el Abogado W. L. R. G., en su condición de Defensor Privado del señor F. R. R. G.. SON PARTES: El Abogado W. L. R. G., en su condición de Defensor Privado del señor F. R. R. G., como parte recurrente; y la Abogada K. M., en su condición de representante del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: En los primeros meses del año dos mil cuatro, el señor F. R. R., aprovechándose que era amigo del señor F. R. C., llegó a la casa de éste, situada en la comunidad de Bajamar del municipio de Puerto Cortés, contiguo a la laguna de La Alegría, consultándole si tenía un pedazo de terreno que le vendiera, a lo que éste respondió que si, que le vendería una manzana y media de terreno por la cantidad de diez mil lempiras, días después, llegó nuevamente F. R. R. en compañía de otra persona del sexo masculino, siendo esta última persona el comprador del terreno y quien entregó a don F., la cantidad de dinero antes mencionada. SEGUNDO: Quince días después, y en horas de la noche, estas mismas personas volvieron a llegar a la propiedad de F. R. C., solicitándole que les ayudara a construir una caseta en el terreno que previamente había vendido. Posteriormente, y siempre en horas de la noche, F. R. R. y su acompañante, llegaron a la playa del sector de Bajamar, donde arribó una lancha conducida por personas desconocidas, de la cual descargaron unos sacos que contenían varios paquetes con clorhidrato de cocaína. Inmediatamente este cargamento fue trasbordado a un camión que disponían para tal fin en ese lugar. Seguidamente F. R. R. y su acompañante, se trasladaron a bordo del camión, hasta la propiedad de F., adyacente a la playa, solicitándole el acompañante de F., que les ayudara a descargar el vehículo, ingresando los paquetes a la caseta que previamente habían construido, la cual quedo bajo la vigilancia de F. R. R. y dos personas más. TERCERO: El día siete de junio del año dos mil cuatro, miembros de la Policía Nacional Preventiva, asignados a la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, fueron informados del trasiego de un cargamento de droga en el sector de Bajamar, ante lo cual se desplegó un equipo de investigación para constatar dichos extremos. Ante la presencia policial en el sector, F. R. R. y sus acompañantes, trasladaron la droga que tenían bajo su custodia a la orilla de la Laguna la Alegría, dentro del predio del señor F. R. C. CUARTO: El día nueve de junio del mismo año, a las cinco de la tarde, elementos de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, se personaron en la propiedad de F. R. C., donde además se encontraba F. R. R.A y contando con autorización del primero, ingresaron con el objeto de realizar un registro en búsqueda del cargamento de droga del cual habían sido informados previamente, y luego de una búsqueda dentro de dicha propiedad, el agente J. C. M., encontró, aproximadamente a trescientos metros de la vivienda de F. R., en la orilla de la Laguna de La Alegría, cubiertos con maleza recién cortada, setenta y tres fardos de nylon, que contenían en su interior un total de mil cuatrocientos sesenta paquetes de sustancia blanca, que luego de ser sometida al análisis respectivo resulto ser Clorhidrato de cocaína con un peso neto de mil cuatrocientos ocho, punto setenta y seis kilos. QUINTO: Mientras los agentes de Policía procedían a la búsqueda de la droga, el señor F. R. R., huyó del lugar a bordo de una bicicleta, de lo cual se percató F. R. C.N, informándoles a los policías, que la persona que se había marchado (F. R. R.) era uno de los encargados de cuidar la droga, por lo que un agente de policía salió en persecución de éste, logrando detenerlo momentos después, cuando este se dirigía por la carretera que conduce desde aquel sector de Bajamar, hasta Puerto Cortés. CONSIDERANDO. I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado W. L. R. G., en su condición de Defensor Privado del señor F. R. R. G., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRIMER MOTIVO. “Infracción de Precepto Constitucional por falta de aplicación de los artículos 82 y 90 de la constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “Articulo 361 del Código Procesal Penal”. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Para invocar este motivo, consideramos absolutamente indispensable partir de la interpretación jurisprudencial que del Derecho Fundamental a la Defensa nos ha proporcionado la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, al resolver justamente un motivo de Casación por Infracción del Precepto contenido en el artículo 82 de la Constitución, a saber:“...el derecho de defensa se caracteriza en su esencia por la oportunidad que tenga el procesado de allegar prueba al juicio e intervenir en la evacuación de la propuesta por la otra parte en un debate público y contradictorio (en su caso), así como de tener acceso a la interposición de los recursos legales correspondientes,…” (Sentencia del dieciocho de febrero del 2005, causa seguida a Héctor Alfonso Mata por el delito de Homicidio). Es así que, ya en nuestro caso, el imputado F. R. R. G. no solo no tuvo la oportunidad de intervenir en debate público y contradictorio al momento de la evacuación del medio de prueba en base al cual se formulan cuatro de los cinco hechos probados (primero, segundo, tercero y quinto), por cuanto éste fue introducido mediante lectura, como medio denominado “acta de declaración testifical con las formalidades de la prueba anticipada del señor F. R. C.” en el que se incorpora al proceso la prueba incriminadora sobre la cual reposa la tesis acusatoria de responsabilidad penal del señor F. R. R., sin que éste haya contado con Asistencia Técnica y Defensa, ni tuviese la posibilidad de ejercer su defensa material, afirmación contundente que a continuación se detalla: Al señor F. R. C. (Testigo y co-imputado de los mismos hechos) le fueron leídos sus derechos como detenido el día miércoles 9 de junio de 2004 a las cinco de la tarde y, por su parte a nuestro representado el señor F. R. R. (Imputado) le fueron leídos sus derechos como detenido el mismo miércoles 9 de junio de 2004, sólo algunos minutos después (Véase Acta de Registro de la Propiedad Ubicada en la Laguna de la Alegría e informe preliminar sobre incautación, introducidos como medio de prueba documental No. 2 y 3, así como las correspondientes actas de lectura de derechos de ambos imputados). A partir de lo cual, indiscutiblemente, ambos ostentaban ya la calidad de imputados (Art. 101 CPP) por el delito de posesión y tráfico de drogas, con la diferencia que al primero (F. R. C.) por “colaborar” con el Ministerio Público, se le dictó un sobreseimiento provisional seis días después (el 15 de junio 2004) al celebrarse la audiencia inicial contra todos los co-imputados y al segundo (F. R. R. G.) como resultado de la colaboración referida, actualmente se le sigue la presente causa penal. Así las cosas, el día 10 de junio de 2004, el señor F. R. C. quien como referimos arriba ya ostentaba la calidad de imputado desde el día 9 de junio, es llamado primero a rendir declaración testifical con las formalidades de la prueba anticipada y luego para realizar la diligencia de reconocimiento en rueda, igualmente con las formalidades de la prueba anticipada.- Asimismo, en virtud de que le fue incoado requerimiento fiscal ese mismo día (10 de junio de 2004) por el delito de facilitación de local para el tráfico de drogas, se lo llamó a rendir su correspondiente declaración de imputado, como así aconteció.- Conforme al derecho de toda persona imputada a “ser asistida, desde que sea detenida o llamada a prestar declaración, por un profesional del Derecho”, en la referida audiencia de declaración testifical es asistido por el Abogado y Defensor Público A. P. en conjunto con la Licenciada F. C. L. (También Defensora Pública); minutos después, en la Audiencia de Reconocimiento en Rueda es igualmente asistido por los dos Defensores Públicos referidos, consignándose además la asistencia de un tercero de ellos, precisamente el Abogado J. M. G. F., manteniendo los dos primeros la representación conjunta del testigo y co-imputado F. R. C. hasta la audiencia inicial inclusive, donde el representante del Ministerio Público lo benefició solicitando a su favor el dictado de un sobreseimiento provisional, así acaecido. A diferencia del trato dado al testigo y co-imputado F. R. C., a quien en la primera audiencia (declaración como testigo) lo asistieron dos profesionales del derecho y en la segunda (reconocimiento en rueda) tres profesionales del derecho, todos de la defensa pública, garantizándosele así su derecho a asistencia técnica y defensa; con el otro imputado, nuestro defendido F. R. R. no sucedió lo mismo. Esto último fácilmente puede y podrá constatarse revisando las dos actas que documentan dichos actos sucesivos que tenían por objeto incorporar elementos de prueba contra nuestro representado el señor F. R. R. y otro de los co-imputados. En el acta de declaración testifical introducida por lectura como prueba anticipada al debate constan las personas que estuvieron presentes en la audiencia, dentro de las cuales no figura el imputado F. R. R. G., pese a que nuestra normativa, que garantiza ampliamente el ejercicio del derecho de defensa, le daba el derecho a estar presente en actos como éste que tenía por objeto producir prueba en su contra (Inviolabilidad del Derecho de Defensa Art. 82 de la Constitución de la República, recogido en el Art. 14 del Código Procesal Penal). Por otro lado, tampoco consta en dicha acta, que el imputado F. R. R. estuviera representado o asistido técnicamente por profesional del derecho como esta genéricamente determinado en el artículo 15 del Código Procesal Penal. Pero además de las disposiciones genéricas de inviolabilidad de la defensa en todos los actos del proceso (82 Const. y 14 CCP) y de Asistencia Técnica (82 Const. Y 15 CPP), también se violentó la disposición especifica contemplada en la regulación de los “Actos Jurisdiccionales: Pruebas Anticipadas” (Art. 277 CPP) que señala que cuando el imputado se encuentre detenido, será representado por su Defensor, salvo si pide intervenir personalmente (en este caso lo primero no sucedió como puede constatarse de la lectura del acta donde no se hace referencia alguna al imputado F. R. G., ni a un defensor que lo representara o asistiera técnicamente simplemente porque la defensa de sus intereses legales no fueron tenidos en cuenta, siendo esto un exceso de la autoridad y una flagrante vulneración del debido proceso, y lo segundo no fue posible porque al imputado no se le avisó ni se le llevó a la audiencia, pese a que estaba detenido y a la orden del Ministerio Público) . La normativa procesal expresa también que en aquellos casos en que se desconozca quien es el imputado y la práctica de la prueba sea de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir la intervención del Juez para que actúe de la manera más expedita, debiendo éste citar un Defensor de oficio para que controle el acto, lo cual era improcedente en este caso porque tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional sabían a quiénes iba a reconocer e incriminar el testigo y co— imputado F. R. C.. Dicho de otra forma, nuestro representado no contó con un letrado que pudiese contradecir la prueba con la cual el testigo co-imputado se exculpaba a sí mismo y le inculpaba a él, prueba en la que no se permitió al imputado F. R. R. un defensor que velara por sus intereses legales, ni tampoco se le permitió ejercer su defensa material, sin embargo, en base a esta prueba hoy se le ha condenado, violentando abiertamente su Derecho a la Inviolabilidad de la Defensa y de Asistencia Técnica. Empero, el tribunal en la fundamentación jurídica de su sentencia externa una opinión distinta cuando en su numeral tercero dice: ...“En lo concerniente a la ilicitud de la prueba, argumentada por la defensa, en cuanto a la declaración del señor F. R. C., recibida con las formalidades de prueba anticipada, esta sala considera que al momento de rendirse la misma, al acusado y otro acompañante aun no se les había presentado el requerimiento fiscal correspondiente, de tal suerte que al haberse evacuado la misma con la asistencia de un defensor público queda salvaguardado el derecho de defensa técnica de las personas sujetas a la investigación, sin haberse menoscabado este derecho, pues el órgano jurisdiccional actuó conforme a la normativa procesal de acuerdo a los artículos 277, 14, 15 del Código Procesal Penal y 82 Constitucional.” Hay dos aspectos puntuales de esta fundamentación que merecen un especial análisis, primero, no es posible entender de cual derecho carecía el imputado F. Rubén Rivera por el hecho de que “aún no se les había presentado el requerimiento fiscal correspondiente” ya que el artículo 101 del Código Procesal Penal que establece a quiénes habrá de considerarse imputados y cuáles son sus derechos; lo cierto es que la norma equipara a estos efectos a las personas privadas cautelarmente de su libertad a las que en virtud de querella o requerimiento fiscal se le atribuya la comisión de delito. Forzosamente debemos señalar y así lo hacemos, otro vicio en que incurre la propia fundamentación jurídica de la sentencia en contra del derecho de defensa de mi representado y de una prohibición legal, cuando considera salvaguardado “el derecho de defensa técnica de las personas sujetas a la investigación” — F. R. R. (imputado), F. R. C. (testigo imputado) y J. R.- con la “asistencia técnica de un defensor público”. En otras palabras que con la asistencia del Licenciado A. P. en su condición de Defensor Público “en conjunto” con la Licenciada F. C. L. quedó salvaguardado el derecho a la defensa técnica de F. R. R. (imputado), F. R. C. (Testigo imputado) y J. R. (imputado) que eran las tres personas sujetas a la investigación en el momento a que se refiere el Tribunal.-Durante el proceso (dos debates) hemos sostenido que los dos defensores públicos, no representaron los intereses legales del señor F. R. R., —asistían técnicamente al testigo co-imputado F. R. C., que es quien en ese momento declaraba como testigo y a quien siguieron asistiendo en la audiencia de reconocimiento en rueda, declaración de imputado y audiencia inicial—. Nuestro representado nunca fue asistido por ellos, careció de toda asistencia técnica en la evacuación de la declaración testifical en base a la cual hoy se le condena; sin embargo, aún admitiendo que los defensores públicos A. P. y F. C. L. actuaban en forma conjunta salvaguardando “el derecho de defensa técnica de las personas sujetas a la investigación” incluido nuestro representado, partiendo de que “la defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común”, conforme lo establece el artículo 120 del Código Procesal Penal, en este caso en particular se estaría obviando la disposición de que la defensa común de varios imputados será posible solamente: “siempre que no exista entre aquellos intereses contrapuestos”, con lo cual también se estaría violentando el derecho a asistencia técnica y defensa de nuestro representado. En este caso no hablamos del incumplimiento de un mero formalismo, sino de un agravio real sufrido, recordemos que se trata de un co—imputado (cuya conducta, partiendo de la prueba evacuada, no hay duda configura con claridad al menos los elementos objetivos del tipo penal de facilitación de local para el tráfico de drogas, delito por el cual el Ministerio Público le presento requerimiento Fiscal), que aunque se le denomine testigo materialmente no pierde aquella condición de imputado, quien declara exculpándose e incriminando a alguien que no tuvo la posibilidad real por sí o por alguien, de velar por sus intereses legales de cuestionar sus dichos, interrogar para evidenciar inconsistencias, contradicciones, pedirle aclaraciones etc. Sería penoso en nuestro sistema de garantías que luego de ésta declaración, el ente persecutor solicite el sobreseimiento para el imputado declarante, es decir renuncie a la persecución penal, en el ejercicio del principio de oportunidad por un lado y por otro reclame una sentencia condenatoria contra otro co—imputado, en base a un medio de prueba que vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, con lo cual además se contraría el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de que Honduras forma parte. Y es que, en el ámbito constitucional y procesal penal existe un debate abierto sobre la legitimidad y el valor probatorio de la declaración testifical de un co-imputado beneficiado por un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del proceso, un sobreseimiento o cualquier procedimiento que disfrace una aplicación del principio de oportunidad.— Una corriente sostiene que estas declaraciones son inválidas, por ser producto de la coacción que el sistema ejerce sobre el acusado, al cual se le pone ante la disyuntiva de afrontar una situación más gravosa, si no confiesa, como hubiese sucedido en este caso sí el co— imputado no atribuye la responsabilidad a otras personas. Pero aún reconociendo legitimidad y por ende que si debe ser valorada la declaración rendida por un co-investigado o coimputado, resulta inaceptable desde la perspectiva del derecho de defensa, que los otros co-imputados no tengan la posibilidad real de contradecir esa prueba que es evacuada para incriminarle. Recapitulando diremos que los señores F. R. C., F. R. R.y J. R. ostentaban la calidad de imputados, conforme al artículo 101 del Código Procesal Penal, ya que habían sido privados cautelarmente de su libertad el día previo al acto cuestionado, sin dejar de serlo para conveniencia de alguna de las partes mediante ningún artificio, por lo que el Estado tenía la obligación de proveerlos de asistencia técnica; pero además atendiendo a que los intereses de F. R. C. por un lado, y F. R. R. y J. R. eran completamente contrapuestos, ya que el primero se exculpaba a sí mismo, inculpando a los otros, no era posible una representación, defensa o asistencia conjunta a los detenidos, porque mediante el silencio (como sucedió) o contradicción, los defensores públicos, en su condición de asistentes técnicos, afectarían (como efecto lo hicieron) los intereses legales de alguno (s) de a quién (es) asistían. Esto último es la razón material o la afectación sustantiva del Derecho de Defensa que garantiza el artículo 82 de la Constitución de la República, cuya violación quiere evitar la norma adjetiva del artículo 120 del Código Procesal Penal, y que al ser infringida según artículo 15 párrafo tercero del mismo cuerpo legal produce la Nulidad Absoluta (es decir que puede ser declarada de oficio o a petición de parte en cualquier momento), cuya declaratoria se reclama, por haber infringido el Derecho de Defensa en su garantía de Asistencia Técnica y Defensa Material del imputado F. R. R. G., pidiéndose casar la sentencia por infracción del precepto contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República. Dicho lo anterior es necesario hacer una acotación para mostrar cómo la sentencia que se recurre producto de un nuevo juicio, como consecuencia de un reenvió por falta de motivación en la exclusión de una prueba en la sentencia absolutoria anterior, en conjunto implican una violación al debido proceso. Hay que recordar que cuando la honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió un vicio en la motivación de la sentencia absolutoria anterior que fue casada, ordenando el reenvío, lo que aprecia en concreto es que se había excluido una prueba de valor decisivo, “decisivo porque sin ella procedía absolver, pero con su inclusión hipotética el resultado sería otro”, esa prueba es justamente el acta de la declaración testifical con las formalidades de la prueba anticipada del señor F. R. C., que pese a que había sido incorporada por lectura había sido excluida en forma “inmotivada”, lo que configuraba la causal de Casación de exclusión de prueba de valor decisivo, pero lo que en absoluto llegó a decir el tribunal fue que ese medio de prueba era lícito, dejando este extremo al tribunal que conocería en reenvío, pero éste asombrosamente al valorar esta prueba lo hace en forma conjunta con toda la prueba documental y solo hace referencia expresa al abordarla junto a otra prueba anticipada para justificar que se llenaban los presupuestos procesales de ésta, pero el problema concreto que ha sido planteado por la defensa ya en dos debates, apenas lo viene a mencionar en el numeral tercero de la fundamentación jurídica, donde para descartar la ilicitud de la prueba señala que a los imputados no se les había presentado aún requerimiento fiscal, como sí antes de éste puede infringirse el Derecho de Defensa en sus garantías de asistencia técnica y de defensa material; y por otro lado, hace la afirmación de que los defensores públicos que actuaban en conjunto representaban a quienes estaban siendo investigados, incluido nuestro representado, lo cual como en su momento explicamos implica una violación sustantiva al derecho de defensa. Hemos dicho lo anterior para dejar constancia que el Estado no sólo perjudicó a mi representado con una primera sentencia que aunque materialmente justa no fue debidamente motivada, sino que ahora con una sentencia injusta tampoco motivó en forma suficiente la legalidad o no de la prueba cuya exclusión implicó la sentencia absolutoria anterior y cuya inclusión, sin consideración a la forma en que se obtuvo, produce la actual condena. Tanto en la primera sentencia como en la segunda se inobservó la obligación de motivar suficientemente la sentencia en relación a la violación o no del Derecho de Asistencia Técnica y Defensa Material, así como de la licitud o ilicitud de la prueba que al no haber sido el objeto de la casación de la sentencia que absolvía a mi representado, tampoco fue objeto de pronunciamiento de la Sala, que si habrá de serlo al pronunciarse sobre el presente recurso. En conclusión, consideramos que mediante la violación del Derecho de Defensa en sus garantías de asistencia técnica y defensa material se ha infringido el precepto contenido en el artículo 82 de la Constitución, que sumado a la falta de motivación suficiente que ha venido afectando a mi representado durante el proceso, subraya que se ha producido un juzgamiento sin las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece en infracción del art. 90 Constitución de la República, lo cual hace procedente casar la sentencia. III. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. SEGUNDO MOTIVO “Carecer de motivaciones fácticas y jurídicas, e infringir las reglas de la sana critica”. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La sentencia deriva indebidamente la participación del imputado de las siguientes valoraciones: Primero: al valorar el acta de declaración testifical con las formalidades de prueba anticipada del señor F. R. C. (testigo co-imputado) el Tribunal de Sentencias sostiene:“...esta declaración es útil para la configurar los hechos probados por este Tribunal, en cuanto a la forma y tiempo de comisión del delito, así mismo sirve para individualizar la participación del señor F. R. R....” (Valoración de la prueba, pág. 16 y 17). Segundo: al valorar lo declarado por los agentes policiales F. A. R. y J. C. M., quienes detuvieron al testigo co-imputado F. R. C. señala “...obteniendo información referencial por parte del señor F. R. C., sobre el hecho de que el acusado era la persona que realizó el acercamiento con él para lograr que esos predios fueran utilizados para el ocultamiento de la droga y además era el encargado de su custodia, lo cual más adelante ha sido ratificado por el testigo en declaración judicializada recibida con las formalidades de prueba anticipada...” Para mostrar que se infringe la regla lógica de derivación y así las reglas de la sana critica al extraer la responsabilidad del imputado de las anteriores valoraciones tomaremos dos rutas, a saber, la primera la norma procesal y la segunda de la jurisprudencia: 1. El artículo 200 del Código Procesal Penal señala: “Pruebas prohibidas o Ilícitas. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte;” En el motivo anterior fuimos amplios en mostrar la violación de las garantías de defensa material y de defensa técnica, los cuales son validos para fundamentar lo ilícito de la prueba, pero para evidenciar sucintamente lo ilícito del acto (declaración de F. R. C. rendida con las formalidades de la prueba anticipada), recordaremos que teniéndose ya individualizado y detenido al imputado F. R. R., se solicitaron dos pruebas anticipadas para incriminarle (una declaración y su reconocimiento), sinQW embargo desatendiendo la inviolabilidad del derecho de defensa (82 Const. y 14 CPP) no se le dio el derecho a estar presente, ni de nombrar un profesional del derecho que representase sus intereses legales, viciando así de nulidad absoluta la prueba producida (15 CPP). En la doctrina hay consenso sobre que la prueba invocada debe ser válida. Así Fernando de la Rua sostiene que “La sentencia que se funda principalmente en una prueba ilegal es una sentencia legalmente inmotivada. Una prueba es ilegal en cuanto a su validez intrínseca cuando el acto que la contiene es nulo o inadmisible. El vicio consiste en una inadecuación del acto con las normas que determinan y regulan sus formas esenciales” (La Casación Penal, Fernando de la Rua, con la colaboración de Fernando Díaz Canton, Primera edición, Página 129). Continúa señalando el mismo autor: Importando la aplicación de una sanción procesal la privación al acto de sus efectos, ésta se produce para múltiples derivaciones. Sea en cuanto a su eficacia para determinar otros actos consecutivos, como en cuanto su eficacia para ser invocado como fuente de convencimiento (En nuestra legislación por mandato de la norma antes trascrita, aún evacuada en debate la prueba carecerá de eficacia probatoria). Por tanto, “la sentencia que se funda de manera esencial en una prueba procesalmente ilegítima, no está debidamente motivada. Si el defecto recae sobre un aspecto esencial de la sentencia, procederá la anulación de ésta en casación”, como precede en el presente caso donde cuatro de los cinco hechos probados se basan en la prueba ilícita cuya nulidad se reclama por vulnerar garantías del derecho de defensa como ser la defensa material y defensa técnica. En consecuencia consideramos que la sentencia carece de motivaciones fácticas y jurídicas validas en relación a la participación del imputado F. R. R. en los hechos que se le imputan y a su vez infringe las reglas de la sana crítica por transgredir la regla lógica de derivación al inferir la participación del imputado a partir de prueba prohibida e ilícita. 2. “Esta Sala en varias sentencias dictadas ha reiterado, que las declaraciones de agentes de de policía en las que manifiesten haber escuchado decir a los imputados o personas mencionadas posteriormente como testigos, hechos que los incriminen no pueden ser valorados pues equivaldría a violentar el ius tacendi o derecho al silencio que tiene el imputado..., en el juicio oral y público y contradictorio no basta con afirmar un hecho, hay que demostrarlo de tal manera que produzca certeza positiva en el juzgador, si la prueba no produce ese estado de conocimiento prevalece el in dubio pro reo.” Sentencia de la Sala de lo Penal del 11 de mayo de 2005 contra J. H. C.). En el presente caso, donde al imputado F. R. R. G., ni a su defensor le fue posible interrogar al testigo co—imputado F. R. C. sobre los puntos que supuestamente los agentes policiales escucharon de él, tenemos que dichos extremos no pasan de haber sido una afirmación que no fue ni cercanamente acreditada, o siendo recatados diríamos con De la Rua que no se puede decir que esos dichos fueron acreditados, sin violentar el principio in dubio pro reo, por lo que el haber utilizado éstas declaraciones para inferir la participación del imputado F. R. R. G. violenta la regla lógica de derivación, debiendo en consecuencia casar la sentencia. IV. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. TERCER MOTIVO: “Se dejo de considerar prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: “Artículo 362 No. 2 Código Procesal Penal”. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El medio de prueba documental No. 3 denominado “Informe Preliminar Sobre Incautación de 73 Fardos de Supuesta Cocaína”, describe en forma detallada como sucedieron los hechos objeto del debate y la información de inteligencia con que contaban, mas su lectura también constata la falsedad de lo posteriormente manifestado en declaración testifical rendida con las formalidades de la prueba anticipada por el señor F. R. C. (que se entendió como colaboración previa a solicitar a su favor un sobreseimiento), así como también por los policías que comparecieron a juicio con una versión que no se concilia con esta prueba no considerada por el tribunal en su valoración; en este informe se narra lo manifestado por el testigo co—imputado F. R. C., constatándose que nunca incriminó a mi representado y mucho menos hace mención a que éste haya pretendido huir (como vinieron a sostener los agentes de policía que incluso dijeron que uno de ellos le dio persecución y lo fueron a capturar a quinientos metros (en versión de F. A. R.), otro agente no sabe la distancia (J. C. M.), o hasta tres kilómetros como acepta el Tribunal que pudo suceder al precisar el lugar donde el imputado Rivera Guzmán, fue detenido, el intento de fuga de un sospechoso no es un asunto irrelevante en un operativo como éste, por lo que las máximas de la experiencias nos dicen que de haber sucedido sin la menor duda hubiese sido recogido en este informe, sin embargo lo que tenemos es que en relación al señor R. G. solo se nos dice que estaba nerviosa y luego que se le dio a conocer sus derechos. En consecuencia consideramos que pese a que el Tribunal transcribe parcialmente este medio de prueba proveniente de otro co-imputado, en realidad no lo valora, sobre todo en lo referente a la no participación del imputado F. R. R. G. que hubiese sido decisivo para mostrar la no veracidad de la única prueba que el tribunal se hace valer para acreditar la responsabilidad de mi representado, por lo que se considera procedente casar la sentencia. Reclamación hecha para la subsanación del yerro jurisdiccional: En relación a la violación de derechos y garantías que implicaba la tan referida declaración con las formalidades de la prueba anticipada, permanentemente se señaló la ilicitud de la prueba, tanto así que en la sentencia del debate anterior la tesis fue acogida, pero lamentablemente con una pobre motivación que devino en causa para casar dicha sentencia, ahora en el presente juicio oral y público incluso en conclusiones para restarle eficacia probatoria se dijo: “resulta que su representado F. R. no fue citado para presenciar esa declaración, siendo un derecho de todo imputado estar presente en todo acto que genere prueba en su contra y en todo caso no se permitió que estuviera presente en dicha diligencia, un profesional del derechos de la elección de su cliente, sino que el Juez de garantías procedió a nombrar a un defensor público para que interviniera en la diligencia, lo cual torno dicha defensa técnica en ineficaz, pues no hubo control para evitar que se violentara el derecho de defensa de su representado, por lo tanto esta prueba se vuelve prohibida conforme a lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Penal y se traslado dicho vicio a todas las demás pruebas que sean consecuencia necesaria de aquella”. Por otro lado, como se reclama una nulidad absoluta conforme al artículo 15 del Código Procesal Penal, por violentar derechos y garantías constitucionales el vicio puede ser declarado incluso de oficio en cualquier momento. El tercer motivo es producido exclusivamente en el fallo, en consecuencia solo es posible la subsanación del éste a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex ante. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU UNICO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. El recurrente manifiesta que el A-quo incurrió en Infracción de Precepto Constitucional por falta de aplicación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que el imputado F. R. R. G., no sólo no tuvo la oportunidad de intervenir en debate público y contradictorio al momento de la evacuación del medio de prueba en base al cual se formulan cuatro de los cinco hechos probados (primero, segundo, tercero y quinto), por cuanto éste fue introducido mediante lectura, como medio denominado “acta de declaración testifical con las formalidades de la prueba anticipada del señor F. R. C.” en el que se incorpora al proceso la prueba incriminadora sobre la cual reposa la tesis acusatoria de responsabilidad penal del señor F. R. R., sin que éste haya contado con asistencia técnica y defensa, ni tuviese la posibilidad de ejercer su defensa material; en el acta de declaración testifical mencionada constan las personas que estuvieron presentes en la audiencia, dentro de las cuales no figura el imputado F. R. R. G.; aduciendo que tampoco consta en dicha acta que el imputado F. R. R. estuviera representado o asistido técnicamente por profesional del Derecho. II. Esta Sala recuerda, que la Constitución en el artículo 82 establece que: “El derecho de defensa es inviolable”, y que el debido proceso esta regulado por la misma norma primaria en el artículo 90 y que también establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. El debido proceso tiene relación con el ideal garantista para juzgar, que no solo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley. III. Esta Sala, considera que no es de recibo el reclamo del recurrente, ya que el acusado ha sido juzgado por Juez competente con todas las formalidades derechos y garantías establecidas en las normas primarias y secundarias; para el caso en lo concerniente a la práctica de las pruebas anticipadas declaración testifical de F. R. C. (folio # 16 y 17), y reconocimiento de rueda (folios # 18 y 19), las mismas fueron practicadas con las formalidades establecidas en la norma adjetiva, siendo controlados dichos actos procesales por el Juez de Garantías, así como con la presencia del Fiscal del Ministerio Público y los miembros de la Defensa Pública, en el caso concreto, en la declaración testifical comparecen como defensores públicos el Abogado A. P. y la abogada F. C. L., y en el reconocimiento en rueda comparecen además de los antes mencionados, los Abogados J. G. F. y J. R. P., todos conformando un equipo de defensores públicos que estuvieron presentes en la práctica de las pruebas anticipadas supraindicadas controlando los actos, mismos que fueron llevados a cabo antes de la judicialización de la causa y ordenados por órgano jurisdiccional competente, sin que haya quedado evidenciado vulneración al derecho de defensa o debido proceso, ya que para salvaguardar ambas garantías se acudió a la asistencia técnica de defensores públicos, que tuvieron participación activa en las pruebas anticipadas practicadas en la forma prevista para el debate, cumpliéndose los principios de inmediación, oralidad y contradicción. IV. También es de hacer notar, que el Tribunal A-quo, fundamenta la declaración de culpabilidad del imputado F. R. R. G., no solamente en la declaración testifical practicada como prueba anticipada como lo quiere hacer ver el recurrente, sino que también en el resto de las pruebas testifícales, periciales y documentales evacuadas en el juicio oral y público; en consecuencia, como ya se dijo no hay evidencia de flagrante violación a las garantías fundamentes del derecho a la defensa y del debido proceso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. Argumenta el censor que la sentencia recurrida carece de motivaciones fácticas y jurídicas, e infringe las reglas de la sana crítica, ya que queda evidenciado sucintamente lo ilícito del acto (declaración de F. R. C. rendida con las formalidades de la prueba anticipada), recordaremos que teniéndose ya individualizado y detenido al imputado F. R. R. G., se solicitaron dos pruebas anticipadas para incriminarle (una declaración y su reconocimiento); sin embargo, desatendiendo la inviolabilidad del derecho de defensa (82 Constitucional y 14 del Código Procesal Penal) no se le dio el derecho a estar presente, ni de nombrar un profesional del Derecho que representase sus intereses legales, viciando así de nulidad absoluta la prueba producida (15 del Código Procesal Penal); en consecuencia, la sentencia carece de motivaciones fácticas y jurídicas válidas en relación a la participación del imputado F. R. R. G., en los hechos que se le imputan y a su vez infringe las reglas de la sana crítica por transgredir la regla lógica de derivación, al inferir la participación del imputado a partir de prueba prohibida e ilícita. II. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea, a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. III. En relación al alegato del recurrente de que declaración de F. R. C., rendida con las formalidades de la prueba anticipada, fue evacuada transgrediendo derechos fundamentales, ya esta Sala, anteriormente motivó que a la evacuación de dicha prueba asistieron técnicamente defensores públicos, que participaron activamente controlando el acto procesal; y en cuanto a que la sentencia carece de motivaciones fácticas y jurídicas válidas en relación a la participación del imputado F. R. R. G. en los hechos que se le imputan, esta Sala sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba evacuada en el debate, considera que no es de recibo el reclamo del recurrente, ya que los sentenciadores concluyen correctamente en cuanto a que si fue posible establecer con la prueba evacuada en el debate la responsabilidad penal del acusado en el hecho que se le imputa, tal y como se desprende de las pruebas anticipadas evacuadas (folios # 16 a 19), así como de las testifícales, periciales y documentales, con las que el Tribunal sentenciador concluyó correctamente que el acusado era la persona encargada de custodiar mil cuatrocientos punto setenta y seis (1,400.76) kilos de cocaína en la propiedad que había sido vendida por el testigo F. R., y que el acusado incurrió en los elementos objetivos del tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas tales como poseer dolosamente, almacenar, ocultar y custodiar una cantidad considerable de droga, por lo que la sentencia no carece de motivaciones fácticas y jurídicas, concordando las conclusiones con la prueba evacuadas legalmente en el juicio oral y público, no apreciándose que los sentenciadores hayan fundado sus conclusiones irrespetando las reglas de la sana crítica, o que al momento de valorar la prueba el A-quo haya arribado a conclusiones contradictorias, incompletas e incoherentes, siendo que en la sentencia se plasman conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencia de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, sin transgredir las leyes fundamentales de la derivación; por lo que esta Sala considera que en el fallo recurrido no se han violado las reglas de la sana crítica; en consecuencia, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el la defensa en su primer motivo. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. El recurrente alega que los sentenciadores dejaron de considerar prueba de valor decisivo, siendo esta el medio de prueba documental No. 3 denominado “informe preliminar sobre incautación de 73 fardos de supuesta cocaína”, en el cual se describe en forma detallada como sucedieron los hechos objeto del debate y la información de inteligencia con que contaban, más su lectura también constata la falsedad de lo posteriormente manifestado en declaración testifical rendida con las formalidades de la prueba anticipada por el señor F. R. C., versión que no se concilia con esta prueba no considerada por el Tribunal en su valoración, constatándose que nunca incriminó a su representado y mucho menos hace mención a que éste haya pretendido huir, argumenta también que en relación al señor R. G. sólo se dice que estaba nervioso y luego que se le dio a conocer sus derechos. En consecuencia consideramos, que pese a que el Tribunal transcribe parcialmente este medio de prueba proveniente de otro co-imputado, en realidad no lo valora, sobre todo en lo referente a la no participación del imputado F. R. R. G. que hubiese sido decisivo para mostrar la no veracidad de la única prueba que el Tribunal se hace valer para acreditar la responsabilidad del acusado. II. Esta Sala recuerda, que a los juzgadores se les impone el deber de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba, por lo que no le es permitido a los Tribunales de Instancia omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso, esto es una prueba que por su contenido revista de singular importancia para la resolución de la causa; por lo que en estos casos lo importante es que para apreciar el vicio en relación, hay que analizar primero si la prueba fue considerada o no, o si la misma fue excluida, que es la otra hipótesis, partiendo de la fundamentación del fallo, para luego arribar a la conclusión si es de valor decisivo o no. III. En el caso examiné, la prueba que menciona el recurrente consistente en “informe preliminar sobre incautación de 73 fardos de supuesta cocaína” (folios # 544 al 550), no ha sido dejada de ser considerada por lo juzgadores, y si se ha procedido a su valoración en la sentencia (ver folios 721 v. y 722 f.), consignándose las razones del por qué se le daba credibilidad a dicho medio de prueba, por lo que el mismo ni ha sido dejado de ser considerado, ni ha sido excluido de la valoración hecha por los juzgadores de forma conjunta y armónica, al plasmar en la sentencia que el medio de prueba documental aludido, resulta confiable al ser contrastado con las testifícales de cargo, en especial con lo vertido en juicio por el testigo F. R., oficial de policía, concatenándose en cuanto a la existencia de la autorización para ingreso a la propiedad privada, para el registro, el hallazgo y decomiso de los kilos de droga y la captura del acusado F. R. R. G., lo que lleva a la convicción de que dichos medios de prueba si fueron valorados, al igual que el resto de la prueba legalmente evacuada en el debate y que sirvió para que los sentenciadores concluyeran en la participación material del acusado en el hecho que se le imputó; razón por la cual, al no cumplirse las hipótesis del artículo 362 numeral 2, o sea que, no se dejó de considerar, ni se excluyó prueba alguna de valor decisivo, no es posible tampoco efectuar la operación de “inclusión hipotética”. Es por lo anterior, que se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la defensa en su segundo motivo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362.2.3. y 369 del Código Procesal Penal; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, invocados por el Abogado W. L. R. G., en su condición de Defensor Privado del señor F. R. R. G., en la causa seguida por el delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. Redacto: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-343-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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