Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-340-10 — Registro 14262

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por los delitos de robo de vehículo y portación ilegal de armas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo no es de Recibo.- El Tribunal de Sentencia haciendo una valoración conjunta de los medios de prueba documentales consistentes en la fotocopia de la factura de “La Armería” No. 0904565 (f. 124), la Constancia de Traspaso de un Arma de Fuego (f. 123) y la Constancia del Departamento de Balística (f.120), ha indicado en el último párrafo de la valoración probatoria (f. 133v), que ésta documentación es coherente con la declaración que rindiese el acusado en debate, y así concluyo que el arma de fuego decomisada a éste había sido adquirida legalmente y no había sido inscrita por causas ajenas que no le eran imputables; de éste modo la conclusión que ha subrayado el Censor como carente de respaldo probatorio y por tanto violatoria al Principio Lógico de Derivación, en realidad si cuenta con él, al desprenderse del análisis de tres medios de prueba documental y de la propia declaración del acusado.- Es necesario recordar que la tarea de éste Tribunal Ad-quem se limita a verificar si dicho criterio es producto de un correcto y respetuoso proceso intelectivo en el cual se haya seguido el cauce que marcan las reglas de la sana crítica sin entrar en consideraciones sobre aspectos que únicamente pueden ser valorados en su justa dimensión por el órgano jurisdiccional de instancia que ha tenido la inmediación sobre los medios de prueba evacuados en juicio.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de Diciembre de dos mil trece (2013), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual absolvió al señor CARLOS ALBERTO AMAYA AZUCENA, como autor responsable del delito de ROBO DE VEHÍCULO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado EDY TABORA, actuando en su condición de Representante del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Karla María Arita Mendoza, Agente de Tribunales del Ministerio público, en su condición de Recurrente y la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes, Defensora del acusado Carlos Alberto Amaya Azucena, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: El día jueves 19 de marzo de dos mil nueve, como a eso de las diez con quince minutos de la mañana, el señor JOSE AMILCAR VARELA ALFARO, se encontraba frente a su casa de habitación, ubicada en la 16 calle, entre 10 y 11 avenida del Barrio Cabañas, disponiéndose a abordar su motocicleta, marca Italika, color amarillo, año 2008, placas MPL 7916, cuando fue interceptado por dos individuos, uno de los cuales portaba un arma de fuego, con la cual lo encañona, luego ambos sujetos le despojan de su motocicleta y huyen con rumbo desconocido. SEGUNDO: Posteriormente el señor VARELA interpone la denuncia respectiva, y momentos después es detenido para efectos de investigación el señor CARLOS ALBERTO AMAYA AZUCENA a la altura de la 8 calle, 7 avenida del Barrio Cabañas, decomisándole a éste un arma de fuego marca taurus, calibre 9mm, siendo puesto a la orden de la autoridad competente”. CONSIDERANDO I.-El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- El recurrente, Abogado EDY TABORA, formalizó su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Exclusión de Prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓNDEL MOTIVO: El Juzgador resolvió dictar una Sentencia Absolutoria a favor de Carlos Alberto Amaya Azucena por los delitos por los cuales se le acusa; razonando en cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego, que si bien el procesado poseía una arma de fuego tipo comercial, no portaba un permiso de portación de la misma emitido por autoridad competente tal como lo exige la Ley; sin embargo ésto último no resultaba posible para él obtenerlo, dado que el Registro Balístico Nacional cuya entidad es la competente para emitir el referido permiso, por razones administrativas no se encontraba funcionando para la fecha 02 de enero del 2009, día en el cual el encausado obtuvo mediante legítima compra el arma de fuego que le fue decomisada por la Policía, como tampoco dicha oficina operaba para el 22 de junio del 2009, fecha en la cual se efectuó el decomiso en relación; acreditándose tales circunstancias mediante una constancia autenticada, extendida por el Jefe de Registro Balístico de la ciudad de San Pedro Sula, la cual establece que desde el 01 de abril del 2008 hasta el 22 de junio del 2009, dicha oficina no estuvo realizando trámites de registro de armas, ni traspasos, ni renovaciones de carné para la portación de armas de fuego, en virtud que el proceso fue suspendido por parte de la Secretaría de Seguridad por vencimiento de contrato con la compañía encargada y que luego en fecha 23 de noviembre del 2009, entró en vigencia el decreto No. 031-09 de Desarme General, por lo que nuevamente se suspendieron los trámites, volviéndose a habilitarse hasta el lunes 22 de febrero del2010. Por lo anterior el Juzgador estimó que siendo que la función de registrar armas de fuego, es un servicio especializado y supervisado por el Estado por razones de seguridad pública, por lo que al no existir el lugar abierto para que los particulares acudieran a registrar sus armas de fuego, dicha obligación no le era exigible al acusado y por lo tanto el no actuó como dolo, es decir con la voluntad y la conciencia de no portar su permiso correspondiente por no querer hacerlo. En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas, resulta obvio que con la prueba evacuada en juicio Oral y Público se acreditó que el acusado portaba una arma de fuego sin contar con la autorización de la autoridad competente para ello; lo que se acreditó con la misma prueba documental aportada por la defensa, consistente en una constancia extendida por el Jefe del Registro balístico de la ciudad de San Pedro Sula, ya antes señalado y ha sido la posición del Ministerio Público desde la génesis del presente proceso; que la circunstancia de que la Oficina competente para otorgar el documento que autoriza la portación de armas a la fecha en que se suscitaron los hechos enjuiciados no se encontraba en funciones por las razones descritas en la constancia, ello no es motivo suficiente para que entonces el encausado portase el arma de fuego que le fue decomisada, pues no existe ninguna ordenanza emanada de autoridad competente, que autorice a cualquier ciudadano a portar armas de fuego sin el debido permiso correspondiente ante la inoperancia de la Oficina de Registro Balístico, indistintamente por las razones que sea y mientras ello no suceda, no puede entonces presumirse la falta de conocimiento de que existe la prohibición legal que es de público conocimiento como ser “el portar armas de fuego aunque sea comercial sin el correspondiente permiso”. Es por ello que el Tribunal de Sentencia, al razonar el alcance del contenido del medio de prueba comercial consistente en la Constancia emitida por el Jefe del Registro Balístico de San Pedro Sula en la manera en que lo hizo; excluyó el correcto sentido de dicho medio de prueba el cual resulta de valor decisivo en el proceso; pues si tomamos la literalidad del artículo 332-B del Código Penal, el cual tipifica el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, advertimos que el A-quo ha incurrido en el vicio señalado, dado que el delito de Portación Ilegal de Armas, es un delito cuya característica respecto a su comisión se encuentra dentro de los delitos de mera actividad, en el cual basta que la persona posea un arma de fuego sin contar con el permiso de la autoridad competente, para que éste se considere consumado; por tanto resulta que el fallo emitido por el A quo indudablemente debe ser corregido por Vuestra Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Aclaramos que no habíamos realizado reclamo previo para subsanar el vicio invocado, en virtud que este se produce en el acto mismo de sentenciar.- III.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: El Juzgador al haber dictado un fallo absolutorio a favor de Carlos Alberto Amaya Azucena por el delito de Portación Ilegal de Armas, arribó a dicha decisión inobservando en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Desarrollamos nuestro argumento recursivo, reprochando la errónea decisión tomada por el Juzgador como resultado de una incorrecta valoración de la prueba desarrollada en el juicio oral y público de la causa en relación respecto a la concurrencia y participación del procesado en el delito de Portación Ilegal de Armas tipificado en el art. 332-B del Código Penal. Lo anterior se advierte de la misma motivación de la sentencia respecto a la valoración de la prueba; para lo cual transcribimos la misma, específicamente el párrafo segundo del numeral octavo de la sección antes referida del fallo, en el cual el Juzgador dice: “A criterio de esta Sala, la declaración del señor CARLOS AMAYA, resulta coherente con la prueba de descargo que ha sido evacuada, por lo tanto resulta útil para establecer que se encontraba en un lugar distinto al momento en que dos sujetos desconocidos despojan de su motocicleta al señor VARELA y además que portaba un arma de fuego comercial que había adquirido lícitamente para su defensa personal, sin haberla podido registrar por causas ajenas a su voluntad, por otra parte la Fiscalía no allegó prueba suficiente que lograra acreditar la tesis acusatoria”. (Lo subrayado y en negrita es nuestro). Cabe señalar que lo resaltado en el acápite anterior cuyo razonamiento estima el órgano juzgador resulta de la prueba evacuada en el proceso, ello vulnera de plano la regla de la veracidad que integra la regla de la lógica de razón suficiente, integrante del postulado de derivación, que exige un razonamiento judicial sujeto a probanzas allegadas al juicio en legal y debida forma, hipótesis que no concurre en el caso subjudice, pues la conclusión ya indicada no se desprende de probanza alguna incorporada al juicio cuestionado. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que por todo lo antes señalado, la conclusión judicial infringe lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia”.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, EN LA QUE SE ABSUELVE AL ACUSADO CARLOS ALBERTO AMAYA AZUCENA, COMO AUTOR DE UN DELITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL.- IV.__ El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que ordinaria y normalmente desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto a las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino también en lo que concierne a la sustanciación del procedimiento penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, mismas que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de ésta, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- V.__ El Ministerio Pública solicita que se declare inválida la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, por ser del criterio que la misma adolece de vicios in procedendo, mismo que explica en dos motivos: 1).- Exclusión de un Medio de Prueba de Valor Decisivo; y 2).- Violación de las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de los medios de prueba.- PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NO SE INDICA NORMA INFRINGIDA.- SE DENUNCIA EXCLUSIÓN DE UN MEDIO PROBATORIO DE VALOR DECISIVO.- VI.__ El Ministerio Público indica que el Tribunal de Sentencia, al analizar el alcance del medio de prueba documental consistente en la Constancia extendida por el Jefe de Registro Balístico de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, excluyÓ el correcto sentido del medio probatorio, dándole un sentido distinto al que realmente tiene.- VII.__Para explicar el sentido del motivo invocado por el Ministerio Público, exclusión de un medio de prueba de valor decisivo, es menester indicar que el Proceso Penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del Principio de Legalidad y del Debido Proceso.- Entre esos actos está el proceso probatorio que inicia con la proposición, pasa por la reproducción y finaliza con la valoración de los distintos medios de prueba; incluye la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), en la cual las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP); seguidamente se celebra la audiencia de juicio en la cual solamente se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP); o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP); y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en la cual la totalidad de la prueba reproducida DEBE ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye Actividad Procesal Defectuosa toda acción mediante la cual el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que reprocha cuando la sentencia “excluya (…) alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba se presenta cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador, en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno. Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba se produce cuando el Tribunal de Sentencia, haciendo una incorrecta aplicación de la Ley, refuta un medio de prueba como ilícito sin serlo, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige, para la configuración del vicio, que el medio de prueba excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método de la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, a fin de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, ello comporta que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al Vicio In Procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal.- VIII.DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo.- El medio de prueba Documental consistente en una Constancia del Departamento de Balística (f. 120) fue objeto de motivación descriptiva (F. 132 v.) e intelectiva (f. 133) por parte del Tribunal de Sentencia, de ahí que no sea cierta la denuncia hecha por el Censor en cuanto a que haya sido indebidamente excluido de la valoración probatoria.- Es claro para el Tribunal de Casación que el Ministerio Público erró en el concepto de la infracción procesal alegada, por cuanto el verdadero sentido de la misma era la protesta en cuanto al alcance valorativo que los Juzgadores dieron al medio de prueba mencionado, lo que no es tema atacable mediante el motivo previsto por el artículo 362.2 del Código Procesal Penal y del que echó mano el Ministerio Público como vía impugnativa.- Por lo expresado procede declarar sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo.- SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- NO SE INDICA NORMA INFRINGIDA.- SE DENUNCIA VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN PROBATORIA.- IX. El Ministerio Público, en su segundo motivo, puntualmente señala que los Juzgadores violentaron el principio lógico de derivación, componente de las reglas de la sana critica, al establecer en el párrafo segundo del numeral octavo de la sección de la valoración de la prueba que el imputado “portaba un arma de fuego comercial que había adquirido lícitamente para su defensa persona sin haberla podido registrar por causas ajenas a su voluntad”, ello porque dicha conclusión no se desprende de probanza alguna incorporada al debate.- X.__DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO.- El Motivo no es de Recibo.- El Tribunal de Sentencia haciendo una valoración conjunta de los medios de prueba documentales consistentes en la fotocopia de la factura de “La Armería” No. 0904565 (f. 124), la Constancia de Traspaso de un Arma de Fuego (f. 123) y la Constancia del Departamento de Balística (f.120), ha indicado en el último párrafo de la valoración probatoria (f. 133v), que ésta documentación es coherente con la declaración que rindiese el acusado en debate, y así concluyo que el arma de fuego decomisada a éste había sido adquirida legalmente y no había sido inscrita por causas ajenas que no le eran imputables; de éste modo la conclusión que ha subrayado el Censor como carente de respaldo probatorio y por tanto violatoria al Principio Lógico de Derivación, en realidad si cuenta con él, al desprenderse del análisis de tres medios de prueba documental y de la propia declaración del acusado.- Es necesario recordar que la tarea de éste Tribunal Ad-quem se limita a verificar si dicho criterio es producto de un correcto y respetuoso proceso intelectivo en el cual se haya seguido el cauce que marcan las reglas de la sana crítica sin entrar en consideraciones sobre aspectos que únicamente pueden ser valorados en su justa dimensión por el órgano jurisdiccional de instancia que ha tenido la inmediación sobre los medios de prueba evacuados en juicio.- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo.- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformado de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público.-SEGUNDO: Se declara firme la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dieciocho (18) de Agosto de dos mil diez (2010).- Y MANDA.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, con certificación de la presente sentencia, para que proceda conforme a Derecho.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-340-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

1 de 10