Sentencia CP-334-10 — Registro 2637
Resumen
En primer instancia se condenó a los imputados por el delito de violación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA PRIVADA DE LOS ACUSADOS C. A. O. H. Y D. J. M. T., DENUNCIANDO LA INDEBIDA INCORPORACIÓN POR LECTURA DE UN MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 311, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Determinan los Censores, que el Tribunal de Sentencia ha infringido lo estipulado el artículo 311 del Código Procesal Penal, al incorporal indebidamente por lectura a la audiencia de debate la declaración de la ofendida M. L. A., que rindiese en audiencia inicial. Consideran que esta incorporación no fue planteada en el momento procesal oportuno, como ser la audiencia de proposición de medios de prueba o, en su defecto, en la etapa de incidentes al inicio de la audiencia de debate. II. Uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado de la garantía de juicio previo establecida en el artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, es decir, el ser oído implica una comunicación oral, también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, el Código Procesal Penal en el artículo 310 determina que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4 del Código Procesal Penal), la concentración (Art. 306 y 312 del Código Procesal Penal) y la publicidad (Art. 308 del Código Procesal Penal). Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código Procesal Penal en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia. Entre estas circunstancias, tenemos la prevista en el numeral 2) del artículo 311, que señala que podrán ser introducidos por lectura “los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.” Partiendo de la norma, se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en forma previa a la audiencia de debate: 1) Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 del Código Procesal Penal); 2) Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: i) Imposibilidad, derivado de que el perito o testigo haya fallecido a la fecha de la audiencia de debate o padezca de enfermedad incapacitante que no le permita rendir su declaración aun por escrito; ii) Extraordinaria dificultad debido a que el testigo o perito se encuentra fuera del país sin fecha de retorno o con fecha de retorno mayor a los quince días (Art. 312 del Código Procesal Penal), o porque no se sepa su paradero aun cuando se hayan realizado las gestiones pertinentes para su localización; y 3) Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 del Código Procesal Penal) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de ser valorado por el Tribunal de Sentencia conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 del Código Procesal Penal), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación . III. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, constata en la foliada judicial que la introducción de la declaración rendida por la ofendida M. L. A. en la audiencia inicial de fecha veinte de octubre del dos mil cinco (F. 14), a la audiencia de debate se ajusta al presupuesto excepcional que regula el artículo 311.2 del Código Procesal Penal. La declaración de la ofendida fue propuesta por el Ministerio Público en la audiencia de proposición de prueba celebrada en fecha siete de noviembre del año dos mil seis (F. 107) y admitida por el Tribunal de Sentencia para su reproducción en la audiencia de debate, por lo que la Defensa de los acusados eran sabidos desde entonces que la misma sería llamada a estrado; aconteció para la audiencia de debate celebrada en fecha dieciséis de febrero del dos mil diez (F. 241v.), que la ofendida no pudo ser localizada para ser citada o llevada a prestar su declaración testifical, aun a pesar de haberse publicado edictos para su comparecencia y haber encargado su búsqueda al analista en Investigación señor Jesús Perdomo Chavez (F. 228), diligencias que comprobaron que en ese momento era extraordinariamente difícil la localización de la testigo (Art. 311.2 del Código Procesal Penal), resolviendo de manera correcta el Tribunal de sentencia introducir por lectura la declaración hecha por ésta en la audiencia inicial misma que se desarrolla en la etapa preparatoria del proceso penal. Por lo explicado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en el primer motivo expuesto
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 311 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
S.P 334-2010
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo de los RECURSOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, interpuestos contra la sentencia de fecha siete de abril de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual CONDENO A: C. A. O. H. y D. J. M. T., como autores responsables del delito de VIOLACIÓN, en perjuicio de M. L. A., a la pena principal de DOCE (12) AÑOS CON SEIS (6) MESES y a TRECE (13) AÑOS DE RECLUSIÓN, RESPECTIVAMENTE, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. Interpusieron los Recursos de Casación los Abogados MANUEL DE JESÚS AREVALO, actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor C. A. O. H., y MARCO TULIO AMAYA OVIEDO, actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor D. J. M. T. SON PARTES: El Abogado MANUEL DE JESÚS ARÉVALO, Apoderado defensor privado del acusado C. A. O., y el Abogado PERCY FERNANDO ELVIR LANDA, Defensor Privado del acusado D. J. M. T., ambos en su calidad de Recurrentes y el Abogado SALVADOR CUESTAS AREVALO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte en su calidad de Recurrido. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día quince de octubre del 2005, en horas de la madrugada la señora M. L. A. se conducía por una calle ubicada en la colonia La Pradera de la ciudad de Comayagüela, cuando fue interceptada por los señores C. A. O. H. y D. J. M. T., quienes la sujetaron entre ambos y le dijeron que tenía que mantener relaciones sexuales con ellos, lo cual ocurriría por las buenas o por las malas caso contrario la matarían, precediendo tanto el señor C. A. O. H. y D. J. M. T., a penetrar su pene vía anal, vaginal y bucal, en la señora M. L. A. en contra de la voluntad de ella. SEGUNDO: En esos precisos momentos llegó al lugar una patrulla de la policía la que había sido avisada de que en ese lugar ocurría un hecho delictivo, quienes al observar lo que ocurría procedieron a la detención de los señores C. A. O. H. y D. J. M. T.” CONSIDERANDO I. Los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II. El recurrente, Abogado MANUEL DE JESÚS ARÉVALO, en su condición de Apoderado Defensor del señor C. A. O. H., desarrolló su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera:” PRIMER MOTIVO: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Por haber acusado el Tribunal Sentenciador en su fallo y declaración de hechos probados en base a medios o elementos probatorios no incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal, y no por observarse las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2) y 3) del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación dice lo siguiente: Artículo 338, las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: PRIMERA:………, SEGUNDA: 1)………, 2)………, 3)………, 4)………, TERCERA: ………, CUARTA: se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1)………, 2) valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación correcta prescriben. a) Artículo 311, Lecturas Autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el secretario: 1)--- 2)--- 3)--- 4)--- 5)--- 6)---, penúltimo párrafo, --- último párrafo; Ningún otro elemento de prueba podrá ser introducido al juicio para su lectura. Por lo anterior debe señalarse que al considerar el tribunal como un hecho probado la declaración de la ofendida la que fue incorporada como lectura autorizada al juicio y siendo que la misma no se planteó en el momento procesal oportuno como lo es en la etapa de propiación de pruebas o de los incidentes lo cual hizo ver la defensa al Tribunal, y aun así este procedió a su incorporación al debate, ya que el artículo 311 en relación con el 320 el cual prescribe lo siguiente: Artículo 320); A instancia de cualquiera de las partes del presidente el Tribunal abrirá un turno de intervenciones, para que aquellas puedan exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del orden judicial, reacusación de algunos miembros, causas de nulidad o exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces, y acerca de cualquier otra cuestión incidental. Podrán también las partes proponer nuevos medios de prueba siempre que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones de juicio. El Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las cuestiones planteadas, o se reservarán para resolver todas o algunas de ellas en su sentencia. Como puede apreciarse en la misma sentencia, el tribunal basa la mayor parte de su fallo como hechos probados lo que narra la ofendida en la incorporación de la lectura autorizada, medio de prueba que no debió ser admitido por haber sido este planteado extemporáneamente, ya que como se reitera nuevamente este debió ser propuesto en los medios de prueba propuestos en su momento, y de no ser posible en este momento procesal, en el momento de los incidentes, pues ya si no se sigue el proceso indicado para los juicios orales y públicos se esta dando una total desfiguración al debido proceso o al procedimiento del mismo juicio, y por ende en cualquier etapa del proceso cualquiera de las partes puede proponer medios de prueba en la etapa del debate en que se evacuán las mismas. Como entonces con un medio de prueba incorporado como LECTURA AUTORIZADA, viciado de ilegalidad por haber sido incorporado en el debate extemporáneamente puede ser el sustento de una sentencia de un tribunal. b) Artículo 202 del Código Procesal Penal, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas de acuerdo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El artículo 336 del mismo cuerpo legal en su párrafo primero señala. El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y el artículo 338 siempre del mismo Código Procesal Penal señala como se debe estructurar una sentencia, por lo que el Tribunal Sentenciador, debe hacer la valoración de las pruebas. Seguidamente, se expresan las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio. De lo anterior conlleva a que los hechos probados en una Sentencia Penal no constituyen más que la verdad a que cree haber llegado el juzgador, y que deben de estar sustentados en el acervo probatorio que se plasmó en la fundamentación probatoria, y como es sabido la fundamentación probatoria se divide en la fase descriptiva e intelectiva. Donde en la primera fase el juzgador describe cada una de las pruebas en que basa su decisión, y en la segunda el juzgador debe de explicar por que un medio probatorio se da como probado, y otro no merece tal calificación y el porqué un elemento de prueba u otros le llevan a la conclusión determinada. En base a lo anterior se interpone el presente recurso de casación por considerarse la violación de las reglas de la sana crítica, ya que de acuerdo al motivo planteado las reglas enunciadas anteriormente son las que deben de corregir en correcto entender humano y las que constituyen el problema de fundamentación de la sentencia, es por ello que el Legislador en el artículo 338 de nuestro Código Procesal Penal, sabiamente establece determinar dentro de la fundamentación de todo fallo, la valoración de la prueba. Por lo tanto de lo anterior se deduce que la sana crítica no es más que el proceso mental lógico que lleva el juzgador, después de analizar en su conjunto la prueba, determinar, cómo, cuándo, donde y porqué se da un hecho determinado, en el presente caso tanto las pruebas periciales no tienen la total concordancia con la testifical de lo que se deduce que no existe un enlace o una relación vinculante y por ello llegamos a conclusiones diferentes, pues los medios de prueba de cargo en el respectivo Juicio Oral y Público, deben convencer al Juzgador de la existencia irrefutable del hecho y que en dicho hecho se determinan todos los elementos que tipifican el delito con el grado absoluto de certeza, de no lograrse lo anterior durante la substanciación de la prueba el Juzgador únicamente deberá dictar una sentencia absolutoria, por la simple razón de que no exista prueba de cargo alguna o porque el conjunto total de las pruebas evacuadas provocan la duda del Tribunal Juzgador. En el presente caso la prueba propuesta por el Ministerio Público como ser la declaración de la ofendida incorporada al debate mediante lectura autorizada la cual no debió de hacerse por la razón expuesta al principio del presente recurso, donde si bien es cierto que el Tribunal Juzgador en su sentencia enuncia, aunado a esto debe considerarse que las declaraciones de los testigos propuestos por el Ministerio Público quienes fueron los señores H. D. M. M. y N. G. E. G., son totalmente concordantes con la lectura cuestionada, no es menos cierto todas las contradicciones que se dan en ese análisis del tribunal como ser: Nunca los testigos H. D. M. M. y N. G. E. G., fueron presenciales del acto de violación pues se limitan no más que a describir que al momento de llegar al lugar solo vieron y describen posiciones corporales, como se sujetaba a la ofendida, pero jamás describen haber visto a mi representado manteniendo una relación sexual plenamente, al igual que al momento de la captura hayan visto a mi representado con los aruñones que describe el perito forense al momento de evacuar a uno de los imputados, olvidándose el tribunal que uno de los testigos sostiene que la ofendida agredió a los detenidos y que tuvieron ellos que retirarla por lo que dichos aruñones se pudieron producir en ese preciso momento y no necesariamente en un hecho de violación que no existió, al igual que las amenazas de que dijo la ofendida de que fue objeto ya que al capturar a los imputados ninguno de ellos portaba arma alguna. Siempre en el mismo orden de las declaraciones los mismos testigos sostienen que tanto los imputados como la ofendida despedían olor a alcohol, lo cual es concordante con los testigos propuestos por la defensa ya que en su deposición declaran que llegó una mujer diciendo que la asaltaron y que la misma andaba injerida de bebidas alcohólicas, tal como lo manifestó el testigo del Ministerio Público, lo cual el Tribunal Juzgador le resta total credibilidad a los testigos de la defensa, y claramente manifiesta el Tribunal en la deposición de los testigos de la defensa que: el hecho de que una mujer haya llegado gritando que la asaltaron y que estuviera en el mismo lugar una patrulla tampoco implica necesariamente que esa fuese la patrulla que detuvo a los acusados y que dicha señora fuese la señora M. L., habida cuenta que ninguno de los testigos de defensa adujo tal situación por ello la declaración de estos testigos, merece valor probatorio únicamente en el sentido de que ubica a los señores O. y M., en el lugar de los hechos, corroborando lo dicho por la señora M. L. A., y los testigos H. D. M. y N. G. E., denotándose en esta aseveración del Tribunal un total prejuicio ya que como señala y precisa: Que debido al tiempo transcurrido los testigos propuestos por el Ministerio Público hay muchos elementos que se les escapan porque entonces no considerar lo mismo en los testigos propuestos por la defensa, o es que acaso se establece solo a quién se le debe creer por un simple prejuicio y con lo que se denota la no objetividad de realidad valorativa de las pruebas propuestas y evacuadas en juicio. En cuanto a la valoración de los dictámenes de evaluación física, psicológica tanto a la ofendida como a los imputados el Tribunal manifiesta que son de total credibilidad ya que fueron realizados por profesionales con suficientes conocimientos en el ramo por lo tanto merecen valor probatorio, en el dictamen físico realizado a uno de los imputados refleja que presenta contusiones simples o contusiones emáticas en ambos lados del Cuello y tórax, y extremidades superiores antebrazo y manos compatible a las producidas por uñas, agregando la perito que estas fueron causadas por una persona que en ese momento se pudo haber considerado víctima de una agresión, por lo que este dictamen aunado con la detención hacha por los policías a los acusados en el lugar de los hechos, constituye un indicio que definitivamente la señora M. L. A., fue objeto de una agresión sexual en la que tuvo participación uno de los imputados y que la versión rendida por esta se encuentra a pegada a la verdad. Así mismo en cuanto a los demás dictámenes se enfocan a que la ofendida presentaba dos lesiones en el área anal, y una lesión en el área vaginal, aunado a ello se encontró presencia de semen en la ofendida, lo que demostraba en ese momento que la misma había sido sometida a una relación sexual reciente y en el dictamen psicológica se refiere a un pos traumático como consecuencia de un hecho violento lo cual es compatible con una situación sexual sufrida por esta. De lo anterior esta defensa se pregunta en qué manera se hace esta valoración de pruebas como lo establece nuestra legislación penal ya que si bien seria cierto todo lo anterior no se ha demostrado con ello una penetración carnal por parte de los imputados en contra de la ofendida, ya que esta acto es el que establece y determina claramente la comisión del delito por el que se les acusa, así como también no se considera en tal valoración que la ofendida agredió a uno de los imputados y que en ese momento pudo haber sido que si esta hubiese sido quien le causó los daños en ese momento y no en el momento que pretende el sentenciador, acto de agresión que fue depuesto por uno de los testigos del Ministerio Público, y que casualidad que dichas lesiones son en las partes que solo se hacen sin que exista otra evidencia, ya que si hubiese sido en el acto de la violación porqué el imputado no tiene lesiones de este tipo en otra parte de su cuerpo como ser su espalda y extremidades inferiores, así como en cuanto al juzgador manifiesta en su fundamentación jurídica inciso segundo literal d), último párrafo, donde señala que la participación de los acusados fue acreditada en juicio mediante la concurrencia de prueba directa como ser la declaración de la ofendida que como ya se dijo es una prueba viciada al ser incorporada de la manera en que se hizo, y en cuanto al elemento subjetivo del delito, el mismo se concretó al ser trasladada la ofendida a una zona llena de maleza, desolada, y en la oscuridad de la noche para proceder a mantener relaciones sexuales sin testigos y en contra de la voluntad de esta. A lo que esta defensa se pregunta entonces cómo vieron los policías lo que depusieron en sus declaraciones, así como también cómo es posible que los dictámenes si fueron realizados por peritos capaces ninguno de ellos acredite en el presente caso contundentemente el acceso carnal, así como también que los indicios en que se basa el tribunal en su fallo sin ningún soporte científico para que los mismos sean prueba indubitada que no genere ningún tipo de duda razonable a favor de los imputados, así como que esos indicios de evidencias pertenezcan realmente a los imputados. De lo anterior lógicamente se deduce y enlaza que la valoración de las pruebas periciales no son contundentes en sus dichos ya que no prueban en nada la existencia de los elementos del delito por el que se acusa a mi representado como ser el acceso carnal, ya que no se acreditó científicamente que mi representado haya cometido el DELITO DE VIOLACIÓN, por lo que con estos argumentos en ningún momento se puede probar con la declaración de la ofendida, ni mucho menos con testigos presenciales que ratifiquen esa declaración que señale que mi representado haya cometido el delito que se le imputa. A manera de colofón expreso: La sana crítica racional que se implementa en nuestro sistema Procesal Penal, en cuanto a la valoración de la prueba, debe de imperar la absoluta libertad de convencimiento de los jueces pero exigiéndoles que sus conclusiones sean el fruto razonable de las pruebas en que se basan su fallo.- En cuanto a la sana crítica racional, el sentenciador determinará sus conclusiones basado en los hechos que se valoraron en la causa con la valoración de la eficacia conviccional de toda prueba con total libertad, respetando al hacerlo los principios de la razón, o sea las normas de la lógica, la psicología y el sentido común.- Dentro de las reglas de la lógica, a lo que aprecio se adhirió el Juzgador, diré que la motivación debe ser totalmente concordante y cada conclusión afirmada a negada en la que debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se puede inferir aquella; Sin embargo el resultado de la valoración conjunta que hace el tribunal, en cada una de las pruebas evacuadas, no se logra localizar ese elemento de convicción sea en la prueba testifical, documental o pericial que se analizó plenamente con anterioridad, ya que los hechos probados siempre deben tener un sustento probatorio.- La afirmación de culpabilidad o de inocencia debe de estar siempre respaldado en elementos de prueba por imperativo Constitucional sin que se denote duda alguna razonable.- Como hacerlo en el presente caso, donde los hechos probados dan un saldo de inocencia, y la valoración de la prueba todo lo contrario, ya que no existe un enlace preciso entre ambos, como por imperativo debió de haber sido, desaparece ese elemento vinculante que regula los requisitos esenciales de la sentencia. Por producirse el vicio In Procedendo, no se ha podido efectuar reclamación alguna para su subsanación”.- III.- El recurrente, abogado Marco Tulio Amaya Oviedo, en su condición de Apoderado Defensor del señor D. J. M. T., desarrolló su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Constitucional y Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 90 de la Constitución de la República, 360 y 361 del Código Procesal Penal, 8 numeral 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS: Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar la violación de precepto Constitucional y el error in procedendo en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efectos de este motivo se cita como infringido los artículos 89 de nuestra Constitución que dice: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”; artículo 90 de la Constitución de la República párrafo primero que dice: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece"; ellos en relación con el artículo 2 del Código Procesal Penal que dice: Todo imputado será considerado y tratado como inocente…- Como podemos ver es aquí donde el Estado se auto limita Constitucionalmente para asegurarle a sus habitantes el ejercicio del ius puniendo dentro de marcos legales donde se respete la dignidad humana, el cual se logra con una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado; el artículo antes citado va íntimamente relacionado con el artículo 1 de nuestra Constitución de la República que dice: "Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social." Estos derechos, garantías y formalidades que menciona nuestra carta magna, son propios de un sistema procesal Penal acusatorio adversarial como el nuestro, mediante el cual todos los habitantes que cometen un ilícito penal son sometidos a un juicio oral y público totalmente garantista tal como lo manifiesta el artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal que dice: "Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haber probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo con los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto a los derechos del imputado". Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevó a incurrir en un error in procedendo y violación de precepto constitucional, al no hacer valer su posición y su investidura como juez imparcial y garante en un juicio oral y público tirando a la cesta de la basura las formalidades, derechos y garantías que señala nuestra Constitución, el Código Procesal Penal y la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25, en los que se plasma que todas las personas sometidas a un juicio penal tienen derechos a un juicio justo donde se respeten las formalidades, sus derechos, las garantías y su estado de inocencia sin excepción alguna. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por la Sala Cuarta del Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, declaró como hechos probados los siguientes: PRIMERO: Que el día 15 de octubre del 2005 en horas de la madrugada la señora M. L. A. se conducía por una calle ubicada en la colonia la Pradera de la ciudad de Comayagüela, cuando fue interceptada por los señores C. A. O. H. y D. J. M. T., quienes la sujetaron entre ambos y le dijeron que tenía que tener relaciones sexuales con ellos, lo cual ocurría por las buenas o por las malas caso contrario la matarían, procediendo tanto el señor C. A. O. H. y D. J. M. T., a penetrar su pene vía anal, vaginal y bucal, en la señora M. L. A. en contra de la voluntad de ella. SEGUNDO: En esos precisos momentos llegó al lugar una patrulla que la policía la que había sido avisada de que en ese lugar ocurría un hecho delictivo, quienes al observar lo que ocurría procedieron a la detención de los señores C. A. o. y D. J. M. Al analizar los dos hechos probados de la Sentencia nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido, en este sentido nos permitiremos analizar cada uno de los hechos probados detenidamente. 1.- Al analizar el primer hecho probado concluimos que este únicamente se basa en el dicho de la ofendida, y que fue introducido al debate de forma irregular, ya que no fue propuesto en el momento procesal oportuno tal como lo dice el Código Procesal Penal en su artículo 320 que dice: “A instancia de cualquiera de las partes del presidente el Tribunal abrirá un turno de intervenciones, para que aquellas puedan exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, recusación de algunos miembros, excepciones, causas de nulidad o exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces, y acerca de cualquier otra cuestión incidental. Podrán también las partes proponer nuevos medios de prueba siempre que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. El Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las cuestiones planteadas, o se reservaran para resolver todas o algunas de ellas en su sentencia". Sucede Honorables Magistrados, que el Ministerio Público no propuso la declaración de la señora M. L. A. en su turno de incidentes; aun y cuando sabían porque obra constancia en el expediente que la víctima no se encontraba en esta ciudad, y esperaron hasta que el Tribunal comenzó a evacuar la prueba y solicitara que pasara al estrado la víctima señora María Luisa Andino; Este accionar del Tribunal Sentenciador violenta el debido proceso, pues el es el llamado a garantizar el cumplimiento del debido proceso. El artículo 90 de nuestra Constitución dice: "Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…"; este precepto Constitucional se ve vulnerado por el Juez Sentenciador, al no respetar las formalidades que están plasmadas en una ley secundaria en este caso en el artículo 320 del Código Procesal Penal, así mismo no se respetan los derechos y las garantías que establece nuestra Constitución Política en la cual descansa el ordenamiento jurídico del Estado Hondureño. La declaración de la víctima que sirve de base para esta condena tiene muchas contradicciones e incongruencia con la prueba practicada y evacuada en el juicio oral y público; esta declaración no fue rendida en su momento procesal oportuno con las modalidades de la prueba anticipada tal como lo manda el artículo 277 del nuestro Código Procesal Penal. 2.- En cuanto al segundo hecho probado diremos, que las declaraciones de los policías H. D. M. M. y N. G. E. G., son contradictorias entre sí, por lo tanto carecen de credibilidad para poder sustentar con ellas un fallo condenatorio. ERROR IN PROCEDENDO: Para demostrar el vicio o error en que incurrió el órgano Juzgador, procederé a realizar un análisis de la prueba testifical, pericial y documental ofertada y evacuada por el Ministerio Público, en el juicio oral a la cual el juzgador le otorga valor probatorio aun y cuando se violenta el estado de inocencia de mi patrocinado el cual garantiza nuestra Constitución de la República. PRUEBA DOCUMENTAL DE CARGO: 1.- Lectura de declaración de la señora M. L. A. 2.- Testifical de H. D. M. M. 3.- Testifical de y N. G. E. 4.- Dictamen Psicológico de la señora M. L. A. que no fue ratificado por la perito Ana Patricia Andrade 5.- Dictamen médico Forense de D. J. M. realizado por la perito Ana Isabel Andino. 6.- Dictamen Medico Forense de la víctima M. L. A. hecho por Ana Andino. 7.- Dictamen Médico Forense de César Augusto Ortíz realizado por la perito Rosa María Beltrán. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO: El Tribunal Sentenciador le otorga valor probatorio a la declaración testifical de la víctima M. L. A. misma que fue introducida de manera irregular mediante lectura autorizada violentando el debido proceso y sin reunir los requisitos de la prueba anticipada que regula el artículo 277 del Código Procesal Penal, y quien manifestó lo siguiente: Si abusaron de mi me amenazaron con una pistola, ellos me agarraron a la fuerza, me violaron, me amenazaron que si no me dejaba me iban a matar, a uno le dicen el homy y es de la mara 18, uno acababa de terminar el otro estaba encima de mi cuando llegó la policía se subió el pantalón y salió a la carrera, uno andaba con calzoneta y camiseta y el otro con pantalón de bigote flaco alto, si ellos creo que andaban tatuados, ese día andaba menstruando, no se pusieron condones, fui al médico forense. Esta declaración es totalmente contradictoria con las declaraciones de los policías, la víctima esta hablando de dos personas mareras y los imputados no pertenecen a ninguna mara o pandilla, que andan tatuados, alto de bigote, Uno Andaba Con Calzoneta y Otro con Pantalón, anclaba con la menstruación Los policías H. D. M. M. y N. G. E. G. dicen que los dos andaban con pantalón y juego de la captura los llevaron al médico forense, y que no vieron a los rastros de sangre en los imputados, ni en sus ropas; Por estas contradicciones es que la defensa se opuso a la admisión de la declaración de la víctima M. L. A., ya que no fue sometida al contradictorio e inmediación del Tribunal y las partes, es por ello que para esta defensa esa declaración carece de certeza objetiva; si analizamos los dictámenes emitidos por la psicóloga Ana Patricia Andrade, esta pericia no fue ratificada por la psicóloga por lo tanto el Tribunal no puede darle valor probatorio mas sin embargo en una flagrante violación le otorga valor probatorio; porque en todo caso la sentencia emitida en la casación anterior debió ser valorada por el Tribunal, así mismo la actividad a la que se dedica la víctima por sí misma produce estrés, ya que ella subsiste por la venta ambulante, lo que lógicamente nos lleva a pensar que sus ingresos económicos son bajos, es madre soltera, la situación económica actual nos produce a todos los hondureños de la clase media hacia abajo algún tipo de estrés, por el alto costo de la vida y la carencia de nuestros ingresos para vivir una vida digna y decorosa, la situación actual de inseguridad que vive el país a mi como abogado penalista me produce estrés a tal grado que pienso que me siguen en moto para matarme porque esta situación esta de moda, se nos ha infundado un miedo colectivo, es por ello que esta defensa solicita que esa prueba no podía ser valorada, pues carece de sustento legal al no ser ratificada ante el Tribunal que estaba conociendo la causa y no poder ser sometida al interrogatorio o contradicción de las partes. Las aseveraciones de las peritos forenses Ana Isabel Andino y Rosa Marie Beltrán, son erróneas y mal intencionadas, y son vertidas con el único propósito de causarle daño a nuestro representado por la siguiente razón: dice el dictamen 2156-05, que no hay lesiones paragenitales y extragenitales, se encontraron dos lesiones recientes, se encontró presencia de semen y espermatozoides en escasa cantidad; ¿Qué indica esto?, ella tuvo una relación sexual, pero la víctima argumenta que sus agresores no se pusieron condón, por lo que la presencia de semen y espermatozoides tuvo que haber sido en cantidades abundantes puesto que ella fue examinada horas después de haber ocurrido el evento; que la evaluada anda con sangrado transvaginal (menstruación) los dos imputados fueron examinados casi a la misma hora que fue evaluada la víctima, y ninguno de ellos presentaba lesiones en su pene, ni habían rastros de sangre pertenecientes a la ofendida y ella dice que andaba con la menstruación, las ropas de los imputados no presentan rastros de sangre, dice la víctima que la penetraron vía anal pero curiosamente a ninguno de los imputados le encuentran rastros de heces fecales en sus penes, véase en el caso del joven C. A. O. H. (imputado) el mismo dictamen concluye que no se le encontró rastros de semen en el bóxer que vestía ni rastros de sangre; en el caso de mi representado D. J. M. (imputado) dice que no presenta lesiones en su pene, pero en el lavado de pene encontraron en laminas tres espermatozoides lo que indica eyaculación reciente. Esta aseveración es ridícula y totalmente falsa, yo soy técnico en laboratorio clínico con 20 años de experiencia de trabajo en el Hospital Escuela, y les diré Honorables Magistrados que todo hombre mayor de 14 años hasta su muerte expulsa espermatozoides periódicamente, ya que la uretra los expulsa cuando esta llena, y todos los nombres sin excepción alguna en la mañana se amanece con el pene erecto y esa erección es suficiente para estimular la uretra y que la misma pueda expulsar espermatozoides, el simple hecho de mirar una fémina de muy buen cuerpo y parecer, es mas que suficiente para estimularse mentalmente y expulsar espermas; digo lo anterior porque mi representado fue examinado a las 5:OO de la mañana y que esperaría encontrar un médico; es por ello que la médico forense llegó a mentir al Tribunal diciendo que la presencia de 3 espermatozoides significa eyaculación reciente y lo asocia con un coito de manera mal intencionada; porqué razón no se realizó laboratorialmente un ADN, para comprobar científicamente que los espermatozoides encontrados en la vagina de la señora Maria Luisa Andino (víctima) pertenecían al joven Denis Joel Mena aquí si estaríamos hablando científicamente Honorables Magistrados, es por ello que la defensa concluye que la víctima miente en relación a mi representado, pueda ser que ella halla tenido una relación sexual, pero en ningún momento con mi representado Denis Joel Mena, estamos seguros que el Juzgador violenta el debido proceso y el estado de inocencia de los imputados; es por ello que enriqueceremos esta casación con ilustración de grandes maestros penalistas. La valoración de la prueba, como dice RICARDO VACA ANDRADE "tiene por objeto establecer la utilidad y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal". En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento, en el juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia. JOSÉ GARCIA FALCONI, en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que “Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos (de la prueba recibidos... es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad". La valoración ele la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo Caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. Dice GERMAN PABÓN GÓMEZ en su obra de la Casación y Revisión Penal pág 335: A efecto de comprender el principio de legalidad de la prueba, y por ende de los errores de derecho por falsos juicios de legalidad, es necesario al menos panorámicamente en los “elementos de los actos de la prueba”, pues se torna indiscutible que el punto de legalidad de la prueba, esta debe recaer totalizadamente sobre: a) Los sujetos de la prueba; estos son los titulares de los actos procesales a través de los cuales se incorpora la prueba al proceso. b) El objeto de prueba; estos son los hechos a que se refiere el acto procesal y que guardan relación con el delito que se investiga. c) Los medios de prueba; este es el acto formal por medio del cual el objeto de prueba se lleva al proceso o el vehículo para llevar al juez el conocimiento sobre el objeto de prueba, y, d) El procedimiento probatorio en si; esto es la ritualidad de la prueba, o sea el conjunto de trámites previstos en la ley para incorporar al proceso el objeto de la prueba. De lo anterior se puede colegir que, en tratándose de errores de derechos por falsos juicios de legalidad, las ilegalidades pueden recaer en algunos de los elementos del acto de prueba anteriormente descritos, y esto se enmarca en lo que la defensa alega, violación al debido proceso. La Sala Constitucional Costarricense ha considerado que si existen vicios o violaciones al estado de inocencia del procesado, es viable la lesión de principios fundamentales contenidos en la Constitución Política, como ser por ejemplo el Debido Proceso o violación al estado de inocencia, lo que ocurre con la sentencia recurrida. Novoa Velásquez, considera que: "Debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a los sujetos que intervienen en el proceso penal, llámese sujeto activo, víctima o tercero, que aseguran una investigación conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio". Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y garantizar un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, en cuanto algunos sujetos del proceso, no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omitiendo), o ejecuta lo que esta ley le prohíbe (inejecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe; esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un "vicio de actividad" o un "defecto de construcción" y que la doctrina del derecho común llama un "error in procedendo". Para SERVIO TULIO RUIZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad", entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad, (ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogota, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39). Para JESÚS IGNACIO GARCIA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo, (ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194 Pág. 134). SANTIAGO SENTIS MELENDO, en su obra la prueba, Buenos Aires, 1978, Pág. 346, dice: El indicio no es una cantidad de prueba; tampoco es un medio de prueba en especial, ya que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio, contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada; pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial. Por todo lo antes descrito es que se considera que el Tribunal de Sentencia incurrió en un error in procedendo por violación de los artículos, 1, 88, 89, 90, 321 de la Constitución de la República; 2, 202, 339 Y 361 del Código Procesal Penal, ya que estos enunciados jurídicos le ordenan al A-quo, que él es garante y un tercero imparcial en un juicio, y como tal debe garantizar como mínimo las garantías, derechos y formalidades de un proceso penal, y valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, situación que no sucedió en los autos de mérito. Ahora bien, si bien es cierto el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la prueba convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe hacer una valoración arbitraria, sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir, ya que el Tribunal de Sentencia al darle todo el valor probatorio a la declaración de la ofendida violenta el estado de inocencia de mi representado, puesto que No se ha probado que el joven Denis Joel Mena cometiera el delito de violación, por ello la sentencia que se recurre vía recurso de casación debe ser enmendada por violación de garantías Constitucionales y procesales, declarando ha lugar el recurso interpuesto y ordenando se emitan las respectivas cartas de libertad a favor de los imputados. Continúa manifestando el Abogado Marco Tulio Amaya Oviedo, en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: 2.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Por haber acusado el Tribunal Sentenciador en su fallo y declaración de hechos probados en base a medios o elementos probatorios no incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del Libro segundo del Código Procesal Penal, y por no observarse las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numerales 2) y 3) del Código Procesal penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: el precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación dice lo siguiente: Artículo 338. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: PRIMERA:……… SEGUNDA: 1)……, 2)………, 3)………, 4)………, TERCERA: ………, CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1)………, 2) valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación correcta prescriben, Artículo 311; Lecturas Autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el secretario: 1) - - - 2) - - - 3) - - - 4) - - - 5) - - - 6) - -, penúltimo párrafo, - - - último párrafo; Ningún otro elemento de prueba podrá ser introducido al juicio para su lectura. Por lo anterior debe señalarse que al considerar el tribunal como un hecho probado la declaración de la ofendida la que fue incorporada como lectura autorizada al juicio y siendo que la misma no se planteó en el momento procesal oportuno como lo es en la etapa de proposición de pruebas o de los incidentes lo cual hizo ver la defensa al Tribunal ,y aun así este procedió a su incorporación al debate, ya que el artículo 311 en relación con el 320 el cual prescribe lo siguiente: artículo 320); "A instancia de cualquiera de las partes del presidente el Tribunal abrirá un turno de intervenciones, para que aquellas puedan exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano Judicial, recusación de algunos miembros, excepciones de nulidad o exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud, siempre que estas alegaciones se funden en hechos nuevos o desconocidos hasta entonces, y acerca de cualquier otra cuestión incidental. Podrán también las partes proponer nuevos medios de prueba siempre que puedan practicarse sin necesidad de suspender las sesiones del juicio. El Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las cuestiones planteadas, o se reservaran para resolver todas o algunas de ellas en su sentencia”. Como puede apreciarse en la misma sentencia, el tribunal basa la mayor parte de su fallo como hechos probados lo que narra la ofendida en la incorporación de la lectura autorizada, medio de prueba que no debió ser admitido por haber sido este planteado extemporáneamente, ya que como se reitera nuevamente este debió ser propuesto en los medios de prueba propuestos en su momento, y de no ser posible en este momento procesal, en el momento de los incidentes, pues ya que si no se sigue el proceso indicado para los juicios orales y públicos se está dando una total desfiguración al debido proceso o al procedimiento del mismo juicio, y por ende en cualquier etapa del proceso cualquiera de las partes puede proponer medios de prueba en la etapa del debate en que se evacuan las mismas. Como entonces con un medio de prueba incorporado como LECTURA AUTORIZADA, viciado de ilegalidad por haber sido incorporado en el debate extemporáneamente puede ser el sustento de una sentencia de un tribunal. a) Artículo 202 del Código procesal penal, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas de acuerdo al criterio de la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El Artículo 336 del mismo cuerpo Legal en su párrafo primero señala: El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y el artículo 338 siempre del mismo Código Procesal Penal señala como se debe estructurar una sentencia, por lo que el Tribunal Sentenciador, debe hacer la valoración de las pruebas. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio. De lo anterior conlleva a que los hechos probados en una sentencia Penal no constituyen más que la verdad a que cree haber llegado el Juzgador, y que deben de estar sustentados en el acervo probatorio que se plasmó en la fundamentación probatoria, y como es sabido la fundamentación probatoria se divide en la fase descriptiva e intelectiva. Donde en la primera fase el Juzgador describe cada una de las pruebas en que basa su decisión, y en la segunda el Juzgador debe de explicar porque un medio probatorio se da como probado, y otro no merece tal calificación y el porqué un elemento de prueba u otros le llevan a la conclusión determinada. En base a lo anterior se interpone el presente recurso de casación por considerarse la violación de las reglas de la sana crítica, ya que de acuerdo al motivo planteado las reglas enunciadas anteriormente son las que deben de corregir el correcto entender humano y las que constituyen el problema de fundamentación de la sentencia, es por ello que el Legislador en el Artículo 338 de nuestro Código Procesal Penal, sabiamente establece determinar dentro de la fundamentación de todo tallo, la valoración ele la prueba. Por lo tanto de lo anterior se deduce que la sana crítica no es más que el proceso mental lógico que lleva al juzgador, después de analizar en su conjunto la prueba, determinar, cómo, cuándo, dónde y el porqué se da un hecho determinado, en el presente caso tanto las pruebas pericia les no tienen la total concordancia con la testifical de lo que se deduce que no existe un enlace o una relación vinculante y por ello llegamos a conclusiones diferentes, pues los medios de prueba de cargo en el respectivo Juicio Oral y Público, deben convencer al Juzgador de la existencia irrefutable del hecho y que en dicho hecho se determinen todos los elementos que tipifican el delito con el grado absoluto de certeza, de no lograrse lo anterior durante la substanciación de la prueba el Juzgador únicamente deberá dictar una sentencia absolutoria, por la simple razón de que no exista prueba de cargo alguna o porque el conjunto total de las pruebas evacuadas provocan la duda del Tribunal Juzgador. En el presente caso la prueba propuesta por el Ministerio Público como ser la declaración de la ofendida incorporada al debate mediante lectura autorizada la cual no debió de hacerse por la razón expuesta al principio del presente recurso, donde si bien es cierto que el tribunal juzgador en su sentencia enuncia, aunado a esto debe considerarse que las declaraciones de los testigos propuestos por el Ministerio Público quienes fueron los señores H. D. M. M. Y N. G. E. G., son totalmente concordantes con la lectura cuestionada, no es menos cierto todas las contradicciones que se dan en ese análisis del tribunal como ser: nunca los testigos H. D. M. M. Y N. G. E. G., fueron presénciales del acto de violación pues se limitan no más que a describir que al momento de llegar al lugar solo vieron y describen posiciones corporales, como se sujetaba a la ofendida, pero jamás describen haber visto a mi representado manteniendo una relación sexual plenamente, al igual que al momento de la captura hayan visto a mi representado con los aruñones que describe el perito forense al momento de evaluar a uno de los imputados, olvidándose el tribunal que uno de los testigos sostiene que la ofendida agredió a los detenidos y que tuvieron ellos que retirarla por lo que dichos aruñones se pudieron producir en ese preciso momento y no necesariamente en un hecho de violación que no existió, al igual que las amenazas de que dijo la ofendida de que fue objeto ya que al capturar a los imputados ninguno de ellos portaba arma alguna. Siempre en el mismo orden de las declaraciones los mismos testigos sostienen que tanto los imputados como la ofendida despedían olor a alcohol, lo cual es concordante con los testigos propuestos por la defensa ya que en su deposición declaran que llegó una mujer diciendo que la asaltaron y que la misma andaba injerida de bebidas alcohólicas, tal como lo manifestó el testigo del Ministerio Público, lo cual el Tribunal Juzgador le resta total credibilidad a los testigos de la defensa, y claramente manifiesta el Tribunal en la deposición de los testigos de la defensa que: el hecho de que una mujer haya llegado gritando que la asaltaron y que estuviera en el mismo lugar una patrulla tampoco implica necesariamente que esa fuese la patrulla que detuvo a los acusados y que dicha señora fuese la señora M. L. A., habida cuenta que ninguno de los testigos de defensa adujo tal situación por ello la declaración de estos testigos, merece valor probatorio únicamente en el sentido de que ubica a los señores O. y M., en el lugar de los hechos, corroborando lo dicho por la señora M. L. A., Y los testigos H. D. M. y N. G. E., denotándose en esta aseveración del Tribunal un total prejuicio ya que como señala y precisa: que debido al tiempo transcurrido los testigos propuestos por el ministerio público hay muchos elementos que se les escapan porque entonces no considerar lo mismo en los testigos propuestos por la defensa, o es que acaso se establece solo a quien se le debe creer por un simple prejuicio con lo que se denota la no objetividad de realidad valorativa de las pruebas propuestas y evacuadas en juicio. En cuanto a la valoración de los dictámenes de evaluación física, psicológica tanto a la ofendida como a los imputados el Tribunal manifiesta que son de total credibilidad ya que fueron realizados por profesionales con suficientes conocimientos en el ramo por lo tanto merecen valor probatorio, en el dictamen físico realizado a uno de los imputados refleja que presenta contusiones simples o contusiones emáticas en ambos lados de Coello y tórax, y al señor D. J. M. se le encontraron golpes en la cabeza, pero estos fueron producto de la golpiza que les dieron los policías al momento de su captura, así mismo como hemos explicado en el motivo de casación anterior se le encontraron tres espermatozoides los que maliciosamente los quieren ligar a una eyaculación reciente producto de un coito con la víctima, de igual manera el Tribunal Sentenciador pretende darle valor probatorio a los dictámenes elaborados a los imputados y relacionarlo con la declaración de la señora M. L. A., quien manifiesta fue objeto de una agresión sexual en la que tuvo participación los dos imputados y que la versión rendida por esta se encuentra apegada a la verdad. Así mismo en cuanto a los demás dictámenes se enfocan a que la ofendida presentaba dos lesiones en el área anal, y una lesión en el área vaginal, aunado a ello se encontró presencia de semen en la ofendida, lo que demostraba en ese momento que la misma había sido sometida a una relación sexual reciente y en el dictamen psicológico se refiere que tiene estrés pos traumático como consecuencia de un hecho violento lo cual es compatible con una situación sexual sufrido por esta. De lo anterior esta defensa se pregunta, en qué basa el Tribunal esta valoración de pruebas, ya que científicamente no se ha demostrado que los imputados penetraron carnalmente a la víctima, ya que este acto es el que establece y determina claramente la comisión del delito por el que se les acusa, dice el juzgador en su fundamentación jurídica inciso segundo literal d), último párrafo, donde señala que la participación de los acusados fue acreditada en juicio mediante la concurrencia de prueba directa como ser la declaración de la ofendida que como ya se dijo es una prueba viciada al ser incorporada de manera ilegal y extemporánea al proceso, y en cuanto al elemento subjetivo del delito, el mismo se concretó al ser trasladada la ofendida a una zona llena de maleza, desolada, y en la oscuridad de la noche para proceder a mantener relaciones sexuales sin testigos y en contra de la voluntad de esta. A lo que esta defensa se pregunta entonces como vieron los policías lo que depusieron en sus declaraciones, así como también cómo es posible que los dictámenes si fueron realizados por peritos capaces ninguno de ellos acredite en el presente caso contundentemente el acceso carnal, así como también que los indicios en que se basa el tribunal en su fallo sin ningún soporte científico para que los mismos sean prueba indubitada que no genere ningún tipo de duda razonable a favor de los imputados, así como que esos indicios de evidencias pertenezcan realmente a los imputados. De lo anterior lógicamente se deduce y enlaza que la valoración de las pruebas periciales no son contundentes en sus dichos ya que no prueban en nada la existencia de los elementos del delito por el que se acusa a mi representado como ser el acceso carnal, ya que no se acreditó científicamente que mi representado haya cometido el DELITO DE VIOLACION, por lo que con estos argumentos en ningún momento se puede probar con la declaración de la ofendida, ni mucho menos con testigos presenciales que ratifiquen esa declaración que señalen que mi representado haya cometido el delito que se le imputa. A manera de colofón expreso: La sana crítica racional que se importa en nuestro sistema Procesal Penal, en cuanto a la valoración de la Prueba, debe de imperar la absoluta libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoles que sus conclusiones sean el fruto razonado de las pruebas en que basan su fallo.- En cuanto a la sana crítica racional, el sentenciador determinará sus conclusiones basado en los hechos que se valoraron en la causa con la valoración de la eficacia conviccional de toda prueba con total libertad, respetando al hacerlo los principios de la recta razón, o sea las normas de la lógica, la psicología y del sentido común.- Dentro de las reglas de la lógica, a lo que aprecio se adhirió el Juzgador, diré que la motivación debe ser totalmente concordante y cada conclusión afirmada o negada en la que debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella; Sin embarco el resultado de la valoración conjunta que hace el tribunal, en cada una de las pruebas evacuadas, no se logra localizar ese elemento de convicción sea en la prueba testifical, documental o pericial que se analizó plenamente con anterioridad, ya que los hechos probatorios siempre deben tener un sustento probatorio.- La afirmación de culpabilidad o de inocencia debe de estar siempre respaldada en elementos de prueba por imperativo Constitucional sin que se denote duda alguna razonable.- Como hacerlo en el presente caso, donde los hechos probados dan un saldo de inocencia, y la valoración de la prueba todo lo contrario, ya que no existe un enlace preciso entre ambos, como por imperativo debió de haber sido, desaparece ese elemento vinculante que regula los requisitos esenciales de la sentencia.- Por producirse el vicio In Procedendo, no se ha podido efectuar reclamación alguna para su subsanación. Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos a la Honorable corte Suprema de Justicia, a través de su sala especializada de lo Penal case la presente Sentencia y se enmiende el fallo declarando ha lugar la casación y el cese a la violación de preceptos Constitucionales y en su lugar el Quebrantamiento de Forma en el fallo recurrido”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO FORMA INTERPUESTO POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS AREVALO, APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO C. A. O. H. Y POR EL ABOGADO MARCO TULIO AMAYA OVIEDO, APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO D. J. M. T., EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. La Sala de lo Penal, ha examinado los Recursos de Casación apreciando que el Primer motivo en el Recurso por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESÚS AREVALO, Apoderado Defensor Privado del acusado C. A. O. H., es exactamente igual que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el abogado MARCO TULIO AMAYA OVIEDO, Apoderado Defensor Privado del acusado D. J. M. T., por lo que ambos Recursos deben de ser resueltos por este Tribunal en un solo pronunciamiento. III. Es importante anotar que los Censores al momento de formular su Recurso no tuvieron en cuenta los requisitos de forma que imperativamente establece el artículo 363 del Código Procesal Penal, ya que bajo un solo título agrupan dos motivos diferentes, señalando por una parte que se denuncia la incorporación indebida de medios de prueba mediante lectura y a la vez denunciando la violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de medios de Prueba. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer Recurso de Casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal, para ello, el legislador a previsto tres tipos de recursos de casación: Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Penal Sustantiva y Quebrantamiento de Formas. En una debida técnica recursiva, el Censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, seguidamente debe de explicar los defectos legales que provocan el vicio mediante el desarrollo de Motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste. Tratándose del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, como el que nos ocupa, el artículo 363 del Código Procesal Penal señala que es necesario que el Censor señale claramente que se trata de dicho recurso, citando cuál de los motivos contenidos en el artículo 362 es el que concurrente y en caso de existir varios, desarrollándolos de manera separada, citando en cada uno la norma procesal que se considere infringida y las peticiones presentadas para subsanar el vicio en los casos que proceda, a continuación el desarrollo del argumento recursivo y finalmente la pretensión perseguida. Retornando al caso de examen, los Censores bajo un mismo título han desarrollado dos motivos distintos, lo que mella en la claridad que necesita tener este Recurso Extraordinario. IV. En el Recurso interpuesto por los Censores, este Tribunal identifica que éste se basa en dos motivos diferentes: 1) La Indebida incorporación por lectura a la audiencia de debate de la declaración dada por la señora M. L. A.; 2) La violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba testifical de los señores H. D. M. M. y N. G. E. G., Dictamen Médico Forense y Psicológico practicado a la ofendida M. L. A. y el Dictamen médico Forense practicado a los acusados C. A. O. H. Y D. J. M. T. DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA PRIVADA DE LOS ACUSADOS C. A. O. H. Y D. J. M. T., DENUNCIANDO LA INDEBIDA INCORPORACIÓN POR LECTURA DE UN MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 311, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Determinan los Censores, que el Tribunal de Sentencia ha infringido lo estipulado el artículo 311 del Código Procesal Penal, al incorporal indebidamente por lectura a la audiencia de debate la declaración de la ofendida M. L. A., que rindiese en audiencia inicial. Consideran que esta incorporación no fue planteada en el momento procesal oportuno, como ser la audiencia de proposición de medios de prueba o, en su defecto, en la etapa de incidentes al inicio de la audiencia de debate. II. Uno de los principios rectores del proceso penal es la Oralidad, derivado de la garantía de juicio previo establecida en el artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, es decir, el ser oído implica una comunicación oral, también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, el Código Procesal Penal en el artículo 310 determina que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4 del Código Procesal Penal), la concentración (Art. 306 y 312 del Código Procesal Penal) y la publicidad (Art. 308 del Código Procesal Penal). Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, éste Principio no es de carácter absoluto, el Código Procesal Penal en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia. Entre estas circunstancias, tenemos la prevista en el numeral 2) del artículo 311, que señala que podrán ser introducidos por lectura “los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.” Partiendo de la norma, se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en forma previa a la audiencia de debate: 1) Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 del Código Procesal Penal); 2) Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: i) Imposibilidad, derivado de que el perito o testigo haya fallecido a la fecha de la audiencia de debate o padezca de enfermedad incapacitante que no le permita rendir su declaración aun por escrito; ii) Extraordinaria dificultad debido a que el testigo o perito se encuentra fuera del país sin fecha de retorno o con fecha de retorno mayor a los quince días (Art. 312 del Código Procesal Penal), o porque no se sepa su paradero aun cuando se hayan realizado las gestiones pertinentes para su localización; y 3) Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 del Código Procesal Penal) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá de ser valorado por el Tribunal de Sentencia conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 del Código Procesal Penal), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación . III. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, constata en la foliada judicial que la introducción de la declaración rendida por la ofendida M. L. A. en la audiencia inicial de fecha veinte de octubre del dos mil cinco (F. 14), a la audiencia de debate se ajusta al presupuesto excepcional que regula el artículo 311.2 del Código Procesal Penal. La declaración de la ofendida fue propuesta por el Ministerio Público en la audiencia de proposición de prueba celebrada en fecha siete de noviembre del año dos mil seis (F. 107) y admitida por el Tribunal de Sentencia para su reproducción en la audiencia de debate, por lo que la Defensa de los acusados eran sabidos desde entonces que la misma sería llamada a estrado; aconteció para la audiencia de debate celebrada en fecha dieciséis de febrero del dos mil diez (F. 241v.), que la ofendida no pudo ser localizada para ser citada o llevada a prestar su declaración testifical, aun a pesar de haberse publicado edictos para su comparecencia y haber encargado su búsqueda al analista en Investigación señor Jesús Perdomo Chavez (F. 228), diligencias que comprobaron que en ese momento era extraordinariamente difícil la localización de la testigo (Art. 311.2 del Código Procesal Penal), resolviendo de manera correcta el Tribunal de sentencia introducir por lectura la declaración hecha por ésta en la audiencia inicial misma que se desarrolla en la etapa preparatoria del proceso penal. Por lo explicado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en el primer motivo expuesto. DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA PRIVADA DE LOS ACUSADOS C. A. O. H. Y D. J. M. T., DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN PROBATORIA; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. A criterio de los Censores, el Tribunal de Sentencia ha valorado los medios de prueba presentados en la audiencia de debate con divorcio de las reglas de la sana crítica; indican que los policías testigos H. D. M. M. y N. G. E. G., no declaran haber presenciado la comisión del delito, que es el acceso carnal de los acusados en el cuerpo de la ofendida, sino que se limitan a señalar la posición de los cuerpos de los acusados y la ofendida al momento que llegaron al lugar de los hechos, además éstos testigos relatan como la ofendida momento después y en su presencia agredió a los acusados al punto de que los policías en mención tuvieron que separarlos, lo que explicaría los rasguños que presentó el acusado C. A. O. H., cuando fue evaluado por el médico forense y que fue interpretado indebidamente por el Tribunal de Sentencia como lesiones de defensa de la ofendida M. L. A. cuando supuestamente estaba siendo agredida sexualmente. Señalan los Censores, que al momento de la captura de los acusados ninguno de éstos portaba un arma de fuego, contrariando la declaración de la ofendida, quien falsamente dijo haber sido amenazada y que por ello no opuso resistencia a la agresión sexual; recienten que los Juzgadores no hayan tomado en cuenta la prueba propuesta por la defensa que clarifica que lo que realmente ocurrió fue que los acusados se encontraban en el lugar, donde arribó una patrulla y les hizo un registro y que en ese momento llegó una mujer ingerida de alcohol diciendo que la habían asaltado, siendo concordante con la declaración de uno de los agentes policiales que menciona que la ofendida tenia olor a alcohol. Indican los Censores que ninguno de los Peritajes Médicos Forense practicados a la ofendida y a los acusados reflejan la certeza de que existió un acceso carnal. II. Nuevamente, el Recurso interpuesto por los Censores no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 363 del Código Procesal Penal. El Recurso que se plantea carece de precisión debido a que se señala la violación de las reglas de la sana crítica más no se señala puntualmente cuál de estas reglas fue la que inobservó el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración, más aún los Censores no siguieron la debida técnica recursiva que exige éste tipo de motivo obviando confrontar los razonamientos valorativos consignados en la sentencia por los juzgadores frente a los conceptos que definen las reglas que componen la sana crítica y así demostrar la disparidad entre unos y otros, sino que por el contrario, en su libelo desarrollan argumentos respecto al por qué no están de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Instancia confundiendo esta Única Instancia con una Segunda Instancia. Aún con las falencias señaladas, esta Sala de lo Penal, ha sido del criterio que ante defectos de la forma en la interposición de los Recursos de Casación, impera el Principio de Tutela Judicial, por lo que aún cuando un Recurso no esté debidamente estructurado o planteado, si éste permite visorar el sentido del reclamo legal, es deber de la Sala de lo Penal dar una respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un Recurso sería cuando éste fuese planteado en grado tan confuso que no sea posible ni siquiera deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Censor. III. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “…La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011 contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste ultimo el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Los Censores realizan argumentaciones propias de la Instancia y no pertinentes para un recurso de casación. En los Recursos interpuestos por el Abogado MANUEL DE JESÚS AREVALO Y MARCO TULIO AMAYA OVIEDO, ambos idénticos entre sí, las argumentaciones reprochan la valoración hecha a un medio de prueba por considerarla desacertada pero bajo un prisma subjetivo y no como resultado de un análisis confrontativo con las reglas de la sana crítica. 1) Los policías testigos H. D. M. M. y N. G. E. G., efectivamente no declaran que hayan observando cuando los acusados accesaban carnalmente a la ofendida, más sus dichos nos proporcionan un contexto de los hechos cuando indican que llegaron al lugar tras denuncia al 199 de que en la zona se estaba llevando a cabo un ataque sexual, además indican que observaron como uno el acusado D. J. M. T. estaba sujetando a la ofendida por la parte posterior del tórax, mientras que el acusado C. A. O. H. estaba sobre de ella, el testigo N. G. E. G. especifica haber escuchado a la ofendida pedir a sus agresores que la dejaran, además ambos testigos son contestes en determinar que el acusado C. O. al percatarse de la presencia de los agentes policiales salió en veloz carrera y al mismo tiempo procedía a acomodarse el pantalón, entretanto la ofendida buscó refugio en los agentes de policía, señalando entre llanto que estaba siendo objeto de agresión sexual. Los testigos agregan que al momento de que tanto los acusados como la ofendida se encontraban en la patrulla, ésta última procedió a agredir los primeros, al grado de tener que intervenir la policía para desapartarlos. Estos relatos coincidentes entre si no describen de manera puntual y específica que hayan visto el acto del acceso carnal, pero los Censores deben de considerar que además de la valoración individual es deber del Juzgador hacer una valoración conjunta de la prueba, por cuanto estas declaraciones unidas a la declaración de la ofendida y al examen médico forense practicado a ésta hicieron derivar en los Juzgadores la certeza de la participación de los acusados en el delito a ellos imputado. 2) El Tribunal de Casación, concuerda con los Censores respecto a que los estigmas ungueales que presentaba el acusado C. A. O., pudieron haberse producido tanto al momento que éste agredía sexualmente a la ofendida, como al momento en que se encontraban ya a bordo de la patrulla de la policía y por tanto al existir ambos posibilidades es errónea la conclusión del Tribunal de Sentencia de que “… estas lesiones provienen de la defensa que hizo la ofendida ante la agresión sufrida.” (F. 261v). Sin embargo, este error lógico de derivación no incide en las conclusiones restantes hechas por los Juzgadores, no determina ni condiciona de manera alguna la conclusión de que los acusados fueron detenidos por la policía cuando tenían reducida a la impotencia a la ofendida a quien ya habían accesado carnalmente; 3) La reflexión que hacen los Censores respecto a lo que los acusados no les fue decomisada arma de fuego alguna no es relevante, debido a que en la declaración de la ofendida M. L. A., que consta en la audiencia inicial (F. 14), no consta que ésta allá dicho haber sido amenazada con un arma de fuego, la testigo indica en tres ocasiones que los acusados la amenazaron con matarla, y explica que no opuso resistencia porque sino la hubiesen golpeado (F. 14v), ergo el argumento de los Censores no tiene fundamento; 4) Los Censores hacen protesta de que los Juzgadores no consideraron las declaraciones de los testigos de la defensa; los testigos J. S. C. (F. 262) y P. F. (F. 262v), relatan que estaban juntos tomándose unas cervezas en un puesto donde venden carnes próximo a un restaurante Chino en la Calle Principal de La Pradera, Comayagüela, que en el lugar vieron a los acusados y que al salir llegaron agentes de policía registrándolos a todos y que en ese momento llego una señora con signos de estar alcoholizada, denunciando que había sido asaltada y que después se fueron del lugar. Al valorar estas declaraciones los Juzgadores, en un correcto ejercicio deductivo, concluyen que el hecho relatado por los testigos de la defensa no tiene relación con los hechos imputados, dado que no existe ningún indicio de que la señora que denuncio haber sido asaltada sea la misma ofendida M. L. A., por el contrario, el Dictamen médico Forense realizado a la ofendida determina la ausencia de alcohol o de drogas de aviso en sangre (F. 263), o que los agentes policías que registraron a las personas a la salida del negocio que identifican como “Las Carnitas”, sean los mismos que momentos después presenciaron la agresión sexual y que aprehendieron a los acusados (F. 262v). El A-quo acertadamente concluye que los testigos de la defensa ubican a los acusados en el lugar y que desconocen que ocurrió con éstos después que se retiraron del lugar, lo clarifica la prueba de cargo y es que momentos después que los testigos de la defensa se retiraron los acusados perpetraron la agresión sexual en perjuicio de la ofendida en un lugar próximo inmediato. 5) Dista este Tribunal del criterio de los Censores al determinar que los exámenes médicos forenses no reflejan la certeza de que existió un acceso carnal de parte de los acusados en perjuicio de la ofendida, debido a que éstos dictámenes deben de ser apreciados en conjunto con la prueba reproducida en debate. El examen Médico Forense No. 2156-05, realizado por la Doctora Ana Isabel Andino, concluye que la ofendida presenta a nivel de introito vaginal una laceración superficial dolorosa a la palpación, de bordes irregulares, sangrante y sin costra y en área anal presenta fisuras resientes en III y VII horas conforme a las manecillas del reloj, con dolor a la palpación y que ambas lesiones son compatibles con penetración de cuerpo romo reciente en esas cavidades; estos resultados en conjunción con la prueba de cargo restante, hicieron nacer en los Juzgadores la certeza de que los acusados son responsables penalmente por el delito de violación. V. Concluye esta Sala de lo penal, que conforme a derecho corresponde declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y PRECEPTO PENAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO MARCO TULIO AMAYA OVIEDO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO D. J. M. T.; PRECEPTOS AUTORIZANTES CITADOS: ARTÍCULO 360 Y 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; 8.25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. I. El Censor bajo un mismo título, explica que interpone en contra de la sentencia impugnada, los Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Precepto Penal, citando como preceptos autorizantes los artículos 361 y 360 del Código Procesal Penal respectivamente, seguidamente inicia la explicación de tales Recursos asegurando que es su propósito “demostrar la violación de un precepto Constitucional y un error in procedendo”. Con esto el Censor hace una exposición conjunta de dos Recursos de distinta naturaleza que deben de ser expuestos de manera separada, Infracción de Precepto Constitución e Infracción de Ley Sustantiva, pero además el Censor al iniciar la explicación de tales recursos señala la existencia de un vicio in procedendo que solo es reclamable mediante un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que no es de los anunciados por el Censor, condenado así de manera negativa la suerte del Recurso. El Censor sigue desarrollando su Recurso, citando el artículo 89 y 90 de la Constitución de la República, que contienen el principio de Inocencia y Debido Proceso, respectivamente, como normas infringidas por los Juzgadores, luego aqueja que la prueba de juicio no fue valorada conforme las reglas de la sana crítica, mucho menos de manera conjunta y armónica lo que genera un error in procedendo y una violación de precepto constitucional, argumentos que de manera pendular se relacionan al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, éste último no interpuesto. Continua el Censor, citando literalmente los hechos declarados probados, permitiéndose su análisis, asociando el hecho primero con el artículo 320 del Código Procesal Penal, para luego protestar contra el Tribunal de Sentencia por haber introducido por lectura la declaración testifical de la señora M. L. A., después refiere al hecho segundo probado, del cual indica deriva de las declaraciones de los señores H. M. y N. E., las que considera contradictorias, con este el Censor se apoya en argumentos que corresponden a dos motivos diferentes del Recurso de Casación por Quebrantamiento, que como se ha dicho ya, no es uno de los Recursos interpuestos. Seguidamente aparece en el Libelo el Título “Error In Procedendo” sin explicar si se trata de un nuevo Recurso o si es parte del desarrollo de los dos Recursos de Casación que se venían explicando, para luego hacer una valoración de los medios de prueba de cargo los que termina señalando que carecen de certeza objetiva, posteriormente cita a varios autores que desarrollan temas diversos: sana crítica, principio de legalidad de la prueba, la figura del error y los indicios, para luego finalizar indicando que la sentencia incurrió en error in procedendo por violación de los artículos 1, 88, 89, 90, 321 de la Constitución de la República y 2, 202, 339 y 361 del Código Procesal Penal. II. LOS RECURSOS NO SON DE RECIBO. Líneas atrás, esta Sala de lo Penal, ha explicado los requisitos formales que se deben de observar en el proceso de confeccionamiento de un Recurso de Casación, a efecto de que éste se ajuste a las exigencias del artículo 363 del Código Procesal Penal. En el caso que nos ocupa, el Censor presenta a este Alto Tribunal un Libelo donde interpone dos Recursos de Casación diferente, lo que por sí es contrario a la norma procesal citada, para luego formular argumentos de manera poco ordenada, planteando ideas sin concatenación y cuya mayoría se relacionan con varios de los motivos previstos por el artículo 362 que refiere al Recurso de Casación con Quebrantamiento que no es de los que el Censor señaló como interpuesto. Ha sido tan grave el defecto de los Recursos presentados al grado que este Tribunal Ad-Quem no ha podido discernir cuales de los argumentos referían al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de los que pertenecían al Recurso de Casación por Infracción de Ley, en especial porque la mayoría se vinculaban con el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, tampoco ha podido descifrar el sentido del reclamo del Censor lo que imposibilita dar al menos una mínima respuesta de lo que se intento alegar. III. Al no reunir los Recursos interpuestos los requisitos de claridad y precisión exigidos por el artículo 363 del Código Procesal Penal, esta Sala de lo Penal, debe declarar los mismos Sin Lugar. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESÚS AREVALO, a favor del señor C. A. O. H.; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Precepto Penal, interpuesto por el Abogado MARCO TULIO AMAYA OVIEDO, a favor del Señor D. J. M. T.; TERCERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado MARCO TULIO AMAYA OVIEDO, a favor del señor D. J. M. T.; CUARTO: Declarando firme y ejecutable la Sentencia de fecha siete de abril del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada YESSENIA MARIA MARQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-334-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL