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Sentencia CP-333-09 — Registro 2880

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de cohecho.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

RECURSO DE CASACIÓN POR INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS R. J. G. M. Y P. A. A. El recurrente cita como infringido el Artículo 90 de la Constitución de la República, párrafo primero que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Reprocha que el Juzgador no haya valorado la prueba producida de manera conjunta y armónica, por lo que incurre en ERROR IN IUDICANDO y ERROR IN PROCEDENDO. El recurrente considera que el Tribunal A Quo desconoce las formalidades, derechos y garantías establecidas en la Constitución, Código Procesal Penal y la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25. Considera que el relato de hechos probados descritos en la Sentencia impugnada es erróneo, en tanto que refleja una apreciación falsa de lo acontecido. Sobre el ERROR IN PROCEDENDO afirma que el Juzgador ha otorgado valor a la prueba documental de cargo del Ministerio Público, evacuada en el juicio oral, a pesar de no cumplirse con las formalidades y garantías al momento de la extracción o recolección, preservación y empaque, transporte o traslado; y entrega apropiada de dicha prueba, para garantizar su autenticidad, así como en la custodia y preservación hasta la finalización del juicio. Considera que el A Quo otorga valor probatorio a toda la prueba documental de cargo sin observar las máximas de la experiencia y el sentido común, porque de haberlo hecho hubiese llegado a la conclusión que se violentó el debido proceso, al alterarse la cadena de custodia de la evidencia y habría dictado una sentencia absolutoria a favor de los acusados. Con respecto al ERROR IN IUDICANDO afirma que este se deriva del razonamiento e interpretación errónea del A Quo en la fase de decisión, en tanto que al valorar la prueba documental de cargo, ha infringido la norma procesal penal, concretamente la que recae sobre la prueba documental 4, 5 y 7, que resulta contaminada e ilícita, misma que debía desechar.Esta Sala de lo Penal, observa que en el caso bajo examen, el Censor omite indicar de manera puntual y precisa el precepto constitucional y la norma penal que a su entender ha sido infringida por el Juzgador. El recurrente confunde lo que constituye el precepto autorizante con las normas infringidas, y equivocadamente señala como el primero, el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.25 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos. Asimismo esta Sala observa que al desarrollar su motivo de casación, si bien señala como infringido el artículo 90 Constitucional, indica que el Juzgador ha incurrido en dos tipos de error: IMPROCEDENDO e IUDICANDO, al valorar prueba documental de cargo que carece de una efectiva cadena de custodia. Esta Sala considera pertinente recordar que: “Lo que busca la norma jurídica respecto de la cadena de custodia es la tutela al debido proceso, derecho constitucionalmente protegido para todas las personas. Por ello, la inobservancia de la cadena de custodia constituiría de manera automática una nulidad absoluta por cuanto se da la violación de una garantía constitucional. De misma forma la cadena de custodia se puede decir, es más bien una garantía procesal, ya que lo que se busca es mantener la identidad de la evidencia física a lo largo de todo el proceso penal. Por lo mismo, el resguardo adecuado de la cadena de custodia de los elementos probatorios, le brinda al imputado la garantía de que la prueba aportada en su contra no será arbitrariamente manipulada.”[1]. En este caso, del numeral segundo, valoración de la prueba de la sentencia impugnada que obra a folio 301 vuelto in fine del proceso, consta que el Juzgador de instancia al ponderar intelectivamente las pruebas documentales de cargo, específicamente considera: “…prueba documental que se encuentra debidamente ordenada, concatenada, con la debida cadena de custodia”. El Juzgador de instancia señala que la evidencia producida al evacuar en juicio la prueba documental de cargo, consistente en: Acta de registro del vehículo en que se transportaban los agentes acusados P. A. A. G. y R. J. G. M., Acta de decomiso realizado a P. A. A. G., Constancia que acredita que las armas decomisadas estaban asignadas a los Agentes imputados P. A. A. G. y R. J. G. M., y Acta relativa al dinero entregado por el señor W. A. G. a los encausados P. A. A. G. y R. J. G. M., entre otras documentales de cargo, es auténtica en su conjunto, por considerar que es la misma evidencia que les fue decomisada a los encartados P. A. A. G. y R. J. G. M. en el operativo de seguimiento de vehículo y entrega vigilada del dinero. Por lo anterior, esta Sala es del parecer que no existen motivos racionales para dudar, por razones fácticas o de Derecho respecto a la valoración de la evidencia de cargo por parte del Juzgador, que invalide la sentencia recurrida, de tal manera que no se desprende de autos que el Tribunal A Quo ha violado ninguna formalidad, derecho y garantía de los acusados, al valorar prueba ilícita o espuria, por defectos en la cadena de custodia de la evidencia. Por otra parte observa que el impetrante ataca el factum de la sentencia, a pesar que esta Sala ha reiterado su jurisprudencia en lo concerniente a la intangibilidad e inalterabilidad de los hechos declarados probados, en casación. En este sentido y el Censor ha señalado vicios de forma en la valoración de la prueba, alegato que pudo canalizar por la vía de un motivo de casación por Quebrantamiento de forma, esto es, por inobservancia de las reglas de la sana critica. Por otro lado, el Censor también denuncia un error de Derecho, en atacando el fondo del fallo, o la aplicación del derecho en la decisión final, lo cual debió realizar en forma separada, y por la vía de un motivo de casación por Infracción de ley sustantiva, lo que no sucede en el caso de autos. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual: a) Condenó a los señores P. A. A. G. y R. J. G. M., como autor responsable del delito de COHECHO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, a la pena principal de TRES (3) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal y b) Absolvió a los señores P. A. A. G. y R. J. G., del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA.- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado M. T. A. O., actuando en su condición de Apoderado Defensor de los señores R. J. G. M. y P. A. A..- SON PARTES: La Abogada B. Y. C., Apoderado Defensora de acusados R. J. G. M. Y P. A. A. G., como parte recurrente; y la Abogada T. F., Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.

II.- “DECLARACION DE HECHOS PROBADOS Este tribunal de sentencia, procede a fijar los hechos que ha estimado probados, todo ello de conformidad a la apreciación de los que fueron sometidos a debate y la valoración conjunta de las pruebas evacuadas en el acto del juicio oral. Se declaran probados los siguientes: PRIMERO: El día martes ocho de noviembre del año dos mil seis, los agentes R. J. G. M. y P. A. A., se presentaron en la casa de habitación del señor W. A. G. T. a decomisar unos productos lácteos, llevándolo detenido a las celdas de la Dirección de Investigación Criminal en el Barrio Villa Adela de esta ciudad, juntamente con su hermano J. G. T., una vez en las oficinas antes referidas, le solicitaron al señor W. A. T. les entregara doce mil Lempiras, (Lps.12,000.00)a cambio de dejarlos en libertad, para lo cual, los transportaron de nuevo hacia su casa de habitación, lugar donde a los acusados R. J. G. y P. A. les hicieron entrega de cinco mil (5,000.00) Lempiras, en vista de que los detenidos no contaban con la totalidad de la cantidad solicitada, pactando que la segunda entrega la efectuarían al día siguiente por la tarde. SEGUNDO: El día 9 de noviembre, del mismo año, el señor W. G. T. acudió a interponer la denuncia en contra de ambos agentes, por lo que de manera inmediata, se montó un operativo al mando del abogado G. V. G., jefe de asuntos internos del Ministerio de Seguridad, dándoles detención a los acusados a inmediaciones de la gasolinera Sanabria a escasas cuadras del negocio del señor G. T., situado en el mercado Á. de esta ciudad de Comayagüela.”

III.- El recurrente, Abogado M. T. A. O., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION MOTIVO ÚNICO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Constitucional y Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE : El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 90 de la Constitución de la República; 360 y 361 del Código Procesal Penal; 8 numeral 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in iudicando y el error in procedendo en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 90 de nuestra Constitución de la República párrafo primero que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”.- Como podemos ver es aquí donde el Estado se autolimita Constitucionalmente para asegurarle a sus habitantes el ejercicio del ius puniendo dentro de marcos legales donde se respete la dignidad humana, el cual se logra con una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado; el articulo antes citado va íntimamente relacionado con el articulo 1 de nuestra Constitución de la República que dice: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.” Estos derechos, garantías y formalidades que menciona nuestra Carta magna, son propios de un sistema procesal Penal acusatorio adversarial como el nuestro, mediante el cual todos los habitantes que cometen un ilícito penal son sometidos a un juicio oral y público totalmente garantista tal como lo manifiesta el artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal que dice: “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haber probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo con los principios establecidos en la Constitución de la Republica, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto a los derechos del imputado”. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando y un error in procedendo, al no hacer valer su posición y su investidura como juez imparcial y garante en un juicio oral y público tirando a la cesta de la basura las formalidades, derechos y garantías que señala nuestra Constitución, el Código Procesal Penal y la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25, en las que se plasma que todas las personas sometidas a un juicio penal tienen derechos a un juicio justo donde se respeten las formalidades, sus derechos y las garantías sin excepción alguna. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por la Sala Tercera del Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, declaró como hechos probados los siguientes: PRIMERO: El día martes 8 de noviembre del año 2006, los agentes R. J. G. M. y P. A. A., se presentaron a la casa de habitación del señor W. A. G. T. a decomisar unos productos lácteos, llevándolo detenido a las celdas de la Dirección de Investigación Criminal en el barrio Villa Adela de esta ciudad, juntamente con su hermano J. G. T., una vez en la oficinas antes referidas, le solicitaron al señor W. R. G. T. les entregara DOCE MIL LEMPIRAS (Lps.12,000) a cambio de dejarlo en libertad, para lo cual los transportaron de nuevo hacia su casa de habitación, lugar a donde los acusados R. J. G. M. y P. A. A. les hicieron entrega de CINCO MIL LEMPIRAS (Lps.5000), en vista que los detenidos no contaban con la totalidad de la cantidad solicitada, pactando que la segunda entrega la efectuarían al día siguiente por la tarde. SEGUNDO: El día 9 de noviembre, del mismo año el señor W. G. T. acudió a interponer denuncia en contra de ambos agentes, por lo que de manera inmediata, se monto un operativo al mando del abogado G. V. G., jefe de asuntos internos del Ministerio de Seguridad, dándoles detención a los acusados a inmediaciones de la gasolinera Sanabria a escasas cuadras del negocio del señor G. T., situado en el mercado Álvarez de esta ciudad de Comayagüela. Al analizar cada uno de los hechos probados de la Sentencia nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido, en este sentido nos permitiremos analizar cada uno de los hechos probados. 1.- En cuanto al primer hecho probado diremos, que si bien es cierto el día martes 8 de noviembre del 2006, los agentes de investigación R. J.R G. M. y P. A. A., acompañaron al Agente C. A. quien procesaba una investigación por el ROBO de un queso, haciéndose presente un equipo de ocho personas a la casa del señor W. A. G. T., ya que tenían información que el y su hermano J. G. T., eran las personas que habían participado en la sustracción de un queso, procediendo a llevarlo a las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal para su interrogatorio, una ves allí, el señor W. A. G. T., ofreció dar información manifestando que los llevaría donde las personas que se habían robado el queso del cual existe un expediente administrativo; este al ver que se le seguía investigación por el robo de queso hábilmente interpuso denuncia contra dos de los ochos agentes de investigación por COHECHO con el objeto que su caso se olvidara tal como ocurrió; es importante el mencionar que el señor G. T. Y LOS TESTIGOS hablaron de SIETE MIL LEMPIRAS, otras veces hablaron de CINCO MIL LEMPIRAS, habiendo una serie de contradicciones que llevo al tribunal a fijar que la primera cantidad dada fue de CINCO MIL LEMPIRAS. 2.- El segundo hecho probado para el Tribunal Sentenciador es que el señor W. A. G. T. interpuso denuncia en la sección de asuntos internos por lo que el abogado G. V. G. planeo un operativo en el que se le dio captura a los imputados R. J. G. M. y P. A. A., para este recurrente el sentenciador se queda corto en la fijación de los hechos probado y le da valor probatorio a las copias del dinero que violentan los artículos 10 de la ley del Notariado, así como el Código Civil; si analizamos las actas de Registro estas, están alteradas, al igual que las copias de los billetes de los cuales ni siquiera existe acta de entrega de la evidencia y los testigos manifiestan que existe un embalaje de evidencia el cual no fue puesto a la orden del tribunal. ERROR IN PROCEDENDO Para demostrar el vicio o error en que incurrió el órgano Juzgador, procederé a realizar un análisis de la prueba documental ofertada y evacuada por el Ministerio Público, el juicio oral a la cual el juzgador le otorga valor probatorio aun cuando no se cumplieron con las formalidades y garantías que manda nuestra Constitución de la Republica. Se hace necesario que la Sala de lo Penal o Constitucional Hondureña fije mediante Sentencia de manera clara y precisa el momento de la extracción o recolección; el momento de la preservación y empaque; la fase de transporte o traslado; y finalmente, la entrega apropiada de la misma; ello para garantizar la autenticidad durante el momento del análisis de los elementos de prueba, y finalmente el problema de la custodia y preservación definitiva hasta la finalización del juicio. De no respetarse estas etapas podrían contaminar la pureza de la cadena de custodia de los elementos probatorios desde mucho antes que nazcan a la vida jurídica. PRUEBA DOCUMENTAL DE CARGO 1.- Acta de Inspección al libro de novedades diarias del departamento contra asaltos de la Dirección General de Investigación Criminal. 2.- Certificación de Acuerdos de Nombramiento de R. J. G. registrado bajo el numero DIC-218-98 como motorista I 3.- Certificación del acuerdo de nombramiento de de P. A. A. registrado bajo el numero DIC-020-98. 4.- Acta de Registro del vehículo marca Mazda, tipo pick up, color gris, en donde se transportaban los agentes P. A. y R. J. G. dentro del mismo se encontró una bolsa conteniendo dinero y una mochila con dos pistolas Pietro Beretta con números de series G617492 y N278552. 5.- Acta de decomiso a P. A. A. G. de una pistola Pietro Beretta modelo 92FS-calibre 9 milímetros con serie N27855Z números rayados 4617316 con un cargador y once proyectiles color amarillo sin percutir; Acta de decomiso a R. J. G. M. una pistolas color negro, cacha de plástico en el cual se lee Pietro Beretta, serie G61749Z y unos números 4618781, modelo 92 copact calibre 9 milímetros con dos cargadores y 24 proyectiles sin percutir, actas que fuero ratificadas por el abogado V. G., como responsable de haber efectuado el registro del vehículo y decomiso de la evidencia. 6.- Constancia que acredita que las armas Pietro Beretta, modelo 92FS serie N27855Z registrada con inventario No. 4617316 de la Dirección General de Investigación Criminal descrita con serie fue asignada al agente P. A. A. G. y el arma marca Pietro Beretta, modelo 92 com, serie No. G61749Z, registrada con inventario numero 4618781 de la Dirección General de Investigación Criminal fue asignada al agente R. J. G. M.. 7.- Acta del dinero entregado por el señor W. A. G. a los encausados que contienen once billetes de de denominación de lempiras 500.00 con series K0417157, M1055674, K1860215, h1862861, j4072214, m1325314, j2421539, K2478028, 14743025, j0669205, K2540387 y cinco billetes con denominaciones de Lempiras 100.00 con números de series BC0531531, BB4979800, BC3816897, BC3323224, BB4804358, dinero que se encontraba en el asiento delantero encima del mismo, el cual estaba debidamente seriado y marcado haciendo un total de Seis mil lempiras exactos. 8.- Acta de inspecciones al libro de novedades del departamento de operaciones de fecha 10 de noviembre del año 2006, consignándose en la novedades que a las 21:30 horas regresaron los agentes R. G., R. V. y M. A. de operativo en el barrio perpetuo socorro detenido al señor W. A. G., decomisando 800 libras de queso. 9.- Acta de inspección al libro de novedades del departamento de delitos contra asaltos en folio ciento tres se consigna la novedad de que a las 15:30 horas salieron los agentes números 429 y 108 rumbo a Comayagüela para reunirse con informante quien entregaría banda de asaltantes del mercado de Comayagüela. 10.- Acta de inspecciones al libro de novedades de la sección de delitos contra asaltos del día 8 de noviembre 2006 siendo responsable del turno R. V. y C. A., como novedades aparece que a las 20:00 horas en el barrio perpetuo socorro, en el cuarto del señor W. A. G. T., se decomisaron once bloques de queso, dos televisores de catorce pulgadas, marca sansum y emerson, mismos que habían sido robados el día lunes 6 de noviembre 2006 en una bodega del mercado San Isidro. VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO El Tribunal Sentenciador le otorga valor probatorio a toda la prueba documental propuesta y evacuada por el ente acusador, sin antes hacer un análisis individual usando las máximas de la experiencia y el sentido común. Si el órgano jurisdiccional sentenciador hubiese valorado de manera conjunta y armónica toda la prueba antes señalada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y las máximas de la experiencia, hubiese llegado a la conclusión final y sin lugar a duda bajo una operación intelectual razonada, que en el presente juicio se violento el debido proceso, se altero la cadena de custodia y se contamino la evidencia; lo que da lugar, sin lugar a dudas a una Sentencia Absolutoria por haberse violentado garantías y derechos Constitucionales y violación de la norma procedimentales penales. Al analizar de manera detenida el medios de prueba documental numero cuatro (4) la cual fue ratificada por el abogado V. G. dice que en el vehículo marca mazda, tipo pick up, color gris, en donde se transportaban los agentes P. A. y R. J. G. dentro del mismo se encontró una bolsa conteniendo dinero, de aquí sacamos las siguientes interrogantes: (Nota ver folios del 64 al 73 del expediente de merito): 1.- Donde esta el dinero decomisado y que fue marcado para identificarlo, el testigo J. M. quien fue el primero en llegar al vehiculo dice que NO vio el dinero? 2.- Donde esta la hoja de cadena de custodia? 3.- Si fue embalada como dicen los testigos donde esta la evidencia embalada? 4.- Donde esta el acta de entrega del dinero si este fue entregado, porque no fueron cotejadas las copias del dinero por el secretario del juzgado con sus originales? 5.- Porque no concuerdan las copias fotostáticas del dinero las cuales suman únicamente DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS y NO SEIS MIL LEMPIRAS como pretende hacernos creer el señor V. G.? 6.- Porque no fue embalada la mochila junto con las armas ya que las armas según el acta de registro del vehiculo fueron encontradas dentro de la mochila y aun mucho mas grave la situación nos dan los números de series de las armas decomisadas que son dos pistolas Pietro Beretta con números de series G61749Z y N27855Z? porque aparecen otras actas de decomiso. 7.- Porque existen otras actas de decomiso de las armas de los imputados con horas diferentes en el caso de P. A. el decomiso del arma se realizo a las 9:35 de la noche del 09-11-06 y en el caso de R. G. 21:35 horas (9:35 de la noche) y nótese que el acta de registro fue de las 4:30 de la tarde. Claramente hemos establecido en cuanto a este medio de prueba todas las inconsistencias y alteraciones que se pueden observar desde el inicio que se recolecta la evidencia. Al analizar el medio de prueba documental numero cinco (5) en la que se incorpora dos acta de decomiso una de P. A. A. G. de una pistola Pietro Beretta modelo 92FS-calibre 9 milímetros con serie N27855Z números rayados 4617316 con un cargador y once proyectiles color amarillo sin percutir; y otra acta de decomiso a R. J. G. M. de una pistolas color negro, cacha de plástico en el cual se lee Pietro Beretta, serie G61749Z y unos números 4618781, modelo 92 copact calibre 9 milímetros con dos cargadores y 24 proyectiles sin percutir. Estas actas no concuerdan, con el acta de registro del vehiculo por la siguiente razón: una acta dice que las armas fueron encontradas en el vehiculo dentro de un mochila y las otras actas dicen que les fueron decomisadas a los imputados en horas de la noche, y lo mas increíble fueron ratificadas por el abogado V. G., como responsable de haber efectuado el registro del vehículo y decomiso de la evidencia. Al analizar la prueba documental numero siete (7) nos encontramos con el acta de decomiso o secuestro del dinero entregado supuestamente por el señor W. A. G. a los encausados que contienen once billetes de quinientos lempiras con las siguientes series: K0417157, M1055674, K1860215, h1862861, j4072214, m1325314, j2421539, K2478028, 14743025, j0669205, K2540387 y cinco billetes de cien de Lempiras, con números de series: BC0531531, BB4979800, BC3816897, BC3323224, BB4804358, dinero que se encontraba en el asiento delantero encima del mismo, el cual estaba debidamente seriado y marcado haciendo un total de Seis mil lempiras exactos esto según el testimonio del señor V. G.. Ahora bien analicemos el acta: 1.- El acta que aparece a folio 67 del expediente de merito presenta manchones y alteraciones en la tercera línea. 2.- Al ser confrontada con las copias para verificar las series de los billetes que aparecen a folios 68 al 73, las cantidades no concuerdan. 3.- No existe acta de entrega de la evidencia. 4.- No existe cadena de custodia de la evidencia pese que los testigos dicen que se realizo. Esta defensa desconoce los criterios usados por el Tribunal Sentenciador para valorar esta prueba espuria, que violenta el debido proceso. 5.- Existe una acta que se refiere al decomiso del dinero, ahora la pregunta es ¿donde esta el dinero? La valoración de la prueba, como dice RICARDO VACA ANDRADE "tiene por objeto establecer la utilidad y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal”. En nuestra ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia". JOSÉ GARCÍA FALCONÍ en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que "Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos…es en este momento en donde el juez, no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad". La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. Dice GERMAN PABÓN GÓMEZ en su obra de la Casación y Revisión Penal Pág. 335: A efecto de comprender el principio de legalidad de la prueba, y por ende de los errores de derecho por falsos juicios de legalidad, es necesario al menos panorámicamente en los “elementos de los acto de prueba”, pues se torna indiscutible que el punto de legalidad de la prueba, esta debe recaer totalizadamente sobre: a) Los sujetos de la prueba; Estos son los titulares de los actos procesales a través de los cuales se incorpora la prueba al proceso, b) El objeto de prueba; estos son los hechos a que se refiere el acto procesal y que guardan relación con el delito que se investiga, c) Los medios de prueba; este es el acto formal por medio del cual el objeto de prueba se lleva al proceso o el vehiculo para llevar al juez el conocimiento sobre el objeto de prueba, y, d) El procedimiento probatorio en si; esto es la ritualidad de la prueba, ósea el conjunto de trámites previstos en la ley para incorporar al proceso el objeto de la prueba. De lo anterior se puede colegir que, en tratándose de errores de derechos por falsos juicios de legalidad, las ilegalidades pueden recaer en algunos de los elementos del acto de prueba anteriormente descritos. La Sala Constitucional Costarricense ha considerado que si existen vicios en la cadena de custodia de la prueba, es viable la lesión de principios fundamentales contenidos en la Constitución Política, como ser por ejemplo el Debido Proceso. Novoa Velásquez, considera que: “Debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a los sujetos que intervienen en el proceso penal, llámese sujeto activo, victima o tercero, que aseguran una investigación conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y garantizar un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, en cuanto algunos sujetos del proceso, no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omitiendo), o ejecuta lo que esta ley le prohíbe (inejecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe; esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un “vicio de actividad” o un “defecto de construcción” y que la doctrina del derecho común llama un “error in procedendo”. Si analizamos Honorables Magistrados el concepto de cadena de custodia: como el conjunto de etapas o eslabones desarrollados en forma legitima y científica durante la investigación judicial, con el fin de: a) evitar la alteración y/o destrucción de los indicios materiales al momento o después de su recolección; y b) Dar garantía científica plena de que lo analizado en el laboratorio forense o presentado en el juicio, es lo mismo recabado o decomisado en el propio escenario del delito o en otro lugar relacionado con el hecho.- el cumplimiento de esos procedimientos es una circunstancia que posteriormente deberá ser valorada por parte de los jueces, mediante el dictado de sus resoluciones o sentencias debidamente fundamentadas que contengan amplios razonamientos de acorde con las reglas de la sana critica racional. Esa valoración deberá cuidar dos aspectos fundamentales: 1. Que la identidad de la evidencia no haya sufrido menoscabo, es decir, que haya certeza de la congruencia entre lo recabado materialmente en el escenario del delito y lo analizado posteriormente en el juicio; 2. Que la existencia de dicha certidumbre, garantiza de que no se haya irrespetado derecho fundamental alguno del procesado, ya que de lo contrario, a pesar de que sean las mismas probanzas recabadas inicialmente, la forma errónea como se obtuvieron las mismas configuraría lo que se conoce como prueba ilegitima o espuria. Si hablamos de la sentencia recurrida sus señorías, nos damos cuenta que los medios de prueba documentales 4, 5 y 7 cuestionados no cumplen con los requisitos aquí planteados por esta defensa, ya que fueron alterados, no existe cadena de custodia de la evidencia, existen inconsistencias en las actas de decomiso, no existe acta de entrega de la evidencia, las actas de decomiso del dinero no concuerda con las copias del supuesto dinero; entonces no podemos hablar que existe congruencia ente lo recabado y lo presentado en juicio. Ante tanta inconsistencia de la prueba el Sentenciador debió dictar una Sentencia absolutoria por violación de la cadena de custodia y alteración de la evidencia presentada en juicio, lo que da lugar a violación del debido proceso y es por ello que se enmarca en violación de precepto constitucional. ERROR IN IUDICANDO. Esta defensa encuentra además en la sentencia recurrida un “ERROR IN IUDICANDO” es el que la injusticia de la sentencia se deriva un error ocurrido en el razonamiento e interpretación que el juez lleva acabo en la fase de decisión de manera errónea, los autores modernos hablan de un “vicio de juicio” que la doctrina mas antigua llamada un “error in indicando” Porque aseveramos lo anterior, el recurrente al analizar la prueba documental propuesta ve que se violenta la norma procesal penal, así como los requisitos y fases de la cadena de custodia de la evidencia, consecuentemente la prueba documental 4, 5 y 7 se convierte en prueba contaminada e ilícita y debe desecharse del albor probatorio del juez , si el sentenciador valora esta prueba ilícita incurre en un error, ya que la tendría su origen en prueba espuria. Para SERVIO TULIO RUIZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad… entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogota, Librería del Profesional, 1980, Pág. 39) Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogota 1194, Pág. 134) SANTIAGO SENTÍS MELENDO, en su obra la prueba, Buenos Aires, 1978, Pág. 346, dice: El indicio no es una cantidad de prueba; tampoco es un medio de prueba en especial, ya que puede estar constituido por cualquier elemento probatorio. Contemplarlo cuantitativamente constituye un error, una visión equivocada; pero es mayor el que significa ver en el indicio un medio de prueba especial. Por todo lo antes descrito es que se considera que el Tribunal de Sentencia incurrió en un error in procedendo y un error in iudicando por violación de los artículos 1, 82, 84, 90, 321 de la Constitución de la Republica; 167 inciso 5 y 7, 167 numerales 4 y 5, 203, 208, 210, 336, 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal, ya que estos enunciados jurídicos le ordenan al A-quo, que el es garante y un tercero imparcial en un juicio, y como tal debe garantizar como mínimo las garantías, derechos y formalidades de un proceso penal y valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, situación que no sucedió en los autos de merito. Ahora bien, si bien es cierto el Juzgado tiene la potestad de valorar bajo la libre convicción, esta valoración debe ser fundada en hechos que hayan quedado debidamente demostrados con el desfile de la prueba, es decir, no debe hacer una valoración arbitraria, sino por el contrario, bajo criterios objetivos que no permitan de valoraciones erróneas, que es el caso que ahora nos permite recurrir ya que el Tribunal de Sentencia al valorar prueba espuria violenta las garantías y derechos Constitucionales de los imputado, así mismo violenta las formalidades que señala la ley sustantiva.” RECURSO DE CASACIÓN POR INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS R. J. G. M. Y P. A. A. El recurrente cita como infringido el Artículo 90 de la Constitución de la República, párrafo primero que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Reprocha que el Juzgador no haya valorado la prueba producida de manera conjunta y armónica, por lo que incurre en ERROR IN IUDICANDO y ERROR IN PROCEDENDO. El recurrente considera que el Tribunal A Quo desconoce las formalidades, derechos y garantías establecidas en la Constitución, Código Procesal Penal y la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25. Considera que el relato de hechos probados descritos en la Sentencia impugnada es erróneo, en tanto que refleja una apreciación falsa de lo acontecido. Sobre el ERROR IN PROCEDENDO afirma que el Juzgador ha otorgado valor a la prueba documental de cargo del Ministerio Público, evacuada en el juicio oral, a pesar de no cumplirse con las formalidades y garantías al momento de la extracción o recolección, preservación y empaque, transporte o traslado; y entrega apropiada de dicha prueba, para garantizar su autenticidad, así como en la custodia y preservación hasta la finalización del juicio. Considera que el A Quo otorga valor probatorio a toda la prueba documental de cargo sin observar las máximas de la experiencia y el sentido común, porque de haberlo hecho hubiese llegado a la conclusión que se violentó el debido proceso, al alterarse la cadena de custodia de la evidencia y habría dictado una sentencia absolutoria a favor de los acusados. Con respecto al ERROR IN IUDICANDO afirma que este se deriva del razonamiento e interpretación errónea del A Quo en la fase de decisión, en tanto que al valorar la prueba documental de cargo, ha infringido la norma procesal penal, concretamente la que recae sobre la prueba documental 4, 5 y 7, que resulta contaminada e ilícita, misma que debía desechar.Esta Sala de lo Penal, observa que en el caso bajo examen, el Censor omite indicar de manera puntual y precisa el precepto constitucional y la norma penal que a su entender ha sido infringida por el Juzgador. El recurrente confunde lo que constituye el precepto autorizante con las normas infringidas, y equivocadamente señala como el primero, el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.25 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos. Asimismo esta Sala observa que al desarrollar su motivo de casación, si bien señala como infringido el artículo 90 Constitucional, indica que el Juzgador ha incurrido en dos tipos de error: IMPROCEDENDO e IUDICANDO, al valorar prueba documental de cargo que carece de una efectiva cadena de custodia. Esta Sala considera pertinente recordar que: “Lo que busca la norma jurídica respecto de la cadena de custodia es la tutela al debido proceso, derecho constitucionalmente protegido para todas las personas. Por ello, la inobservancia de la cadena de custodia constituiría de manera automática una nulidad absoluta por cuanto se da la violación de una garantía constitucional. De misma forma la cadena de custodia se puede decir, es más bien una garantía procesal, ya que lo que se busca es mantener la identidad de la evidencia física a lo largo de todo el proceso penal. Por lo mismo, el resguardo adecuado de la cadena de custodia de los elementos probatorios, le brinda al imputado la garantía de que la prueba aportada en su contra no será arbitrariamente manipulada.”[1]. En este caso, del numeral segundo, valoración de la prueba de la sentencia impugnada que obra a folio 301 vuelto in fine del proceso, consta que el Juzgador de instancia al ponderar intelectivamente las pruebas documentales de cargo, específicamente considera: “…prueba documental que se encuentra debidamente ordenada, concatenada, con la debida cadena de custodia”. El Juzgador de instancia señala que la evidencia producida al evacuar en juicio la prueba documental de cargo, consistente en: Acta de registro del vehículo en que se transportaban los agentes acusados P. A. A. G. y R. J. G. M., Acta de decomiso realizado a P. A. A. G., Constancia que acredita que las armas decomisadas estaban asignadas a los Agentes imputados P. A. A. G. y R. J. G. M., y Acta relativa al dinero entregado por el señor W. A. G. a los encausados P. A. A. G. y R. J. G. M., entre otras documentales de cargo, es auténtica en su conjunto, por considerar que es la misma evidencia que les fue decomisada a los encartados P. A. A. G. y R. J. G. M. en el operativo de seguimiento de vehículo y entrega vigilada del dinero. Por lo anterior, esta Sala es del parecer que no existen motivos racionales para dudar, por razones fácticas o de Derecho respecto a la valoración de la evidencia de cargo por parte del Juzgador, que invalide la sentencia recurrida, de tal manera que no se desprende de autos que el Tribunal A Quo ha violado ninguna formalidad, derecho y garantía de los acusados, al valorar prueba ilícita o espuria, por defectos en la cadena de custodia de la evidencia. Por otra parte observa que el impetrante ataca el factum de la sentencia, a pesar que esta Sala ha reiterado su jurisprudencia en lo concerniente a la intangibilidad e inalterabilidad de los hechos declarados probados, en casación. En este sentido y el Censor ha señalado vicios de forma en la valoración de la prueba, alegato que pudo canalizar por la vía de un motivo de casación por Quebrantamiento de forma, esto es, por inobservancia de las reglas de la sana critica. Por otro lado, el Censor también denuncia un error de Derecho, en atacando el fondo del fallo, o la aplicación del derecho en la decisión final, lo cual debió realizar en forma separada, y por la vía de un motivo de casación por Infracción de ley sustantiva, lo que no sucede en el caso de autos. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Apoderado Defensor de los acusados P. A. A. G. y R. J. G. M., contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha ocho de septiembre de dos mil ocho.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha once de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-333-2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. Sanchez Zambrano, Felipe Paulino Reflexiones sobre manejo adecuado de cadena de custodia en el nuevo proceso penal”. En http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/RJC/article/view/1430/1679