Sentencia CP-328-10 — Registro 3384
Resumen
En primer instancia se absolvió al imputado por el delito de tráfico de drogas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso es de recibo. El tema a dilucidar en el presente caso, es la falta de la Cadena de Custodia y si ello descarta de manera per se la validez de los medios de prueba que cuya fiabilidad gravita alrededor de la autenticidad de la evidencia. Ciertamente el Tribunal de Sentencia está en lo correcto en resentir la ausencia de la Cadena de Custodia; es sorprendente y reprochable que el Ministerio Público, aún sabiendo la importancia que tiene la evidencia para el proceso (Paquetes con Supuesta Droga), no haya procurado presentarla o al menos hacer el esfuerzo de dar una explicación creíble de su ausencia, pero sumado a ello no hizo el esfuerzo de presentar la respectiva cadena de custodia, todo ello es reprochable, más no debe entenderse que tal ausencia es causa per se para desvalorar el resto de medios de prueba relacionado con la evidencia, la cadena de custodia (o su ausencia) debe valorarse de manera conjunta con el material probatorio bajo las reglas de la sana crítica, como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal, como ya lo ha expresado esta Sala de lo Penal anteriormente, (Sentencia del Exp 701-2004, de fecha 13 de diciembre del 2004 y Exp 318-2005, de fecha 26 de abril del 2006). Las actas en el proceso penal tiene como objeto documentar los actos que realizan las personas vinculadas a éste, con el fin de que a posteriori dichas actuaciones puedan ser reproducidas con mayor fidelidad o verificadas; la Cadena de Custodia es un tipo de acta, es un documento que registra el procedimiento de control que se emplea para los objetos, elementos o sustancias que han sido calificadas como evidencias por estar relacionadas con la comisión de un delito y que registra desde su hallazgo hasta su destino final, todo lo cual es valorado al momento del debate y que tiene como finalidad garantizar su autenticidad, descartando el peligro de contaminación, alteración, deterioro, daños, reemplazos o destrucción, dando fe que el manejo de la evidencia ha sido exitoso al presentar al debate el mismo objeto, elemento o sustancia que fue inicialmente recolectado o haciendo constar cual fue su destino final anticipado. Conforme a los artículos 136, 203, 209, 217, 219, 220, 251 y 283 del Código Procesal Penal; 57.31, 64 numerales 3, 5 y 7 y artículo 123.11 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Preventiva y el Reglamento Sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas Obtenidas como Consecuencia de la Comisión de un Hecho Constitutivo de Delito, son las fases de la Cadena de Custodia: 1) Hallazgo y Custodia: Es el proceso mediante el cual se identifica a un objeto, elemento o sustancia como relevante para la investigación criminal, por lo que el mismo debe de ser custodiado, de modo que permanezca inalterable hasta tanto no sea fijado y levantado de manera adecuada para su debida conservación. En esta Fase, se deben de seguir de manera estricta las técnicas de la criminalística para el manejo de la evidencia, en especial aquellos que son localizados en el escenario del crimen, ya que éste proceso es único e irrepetible, definiendo aquí la suerte de la investigación y posterior proceso penal; 2) Fijación de la Evidencia: Permite determinar con exactitud la ubicación y estado en que fue encontrada la evidencia; la Fijación se realiza enumerando la evidencia que es encontrada y el registro de su ubicación mediante la combinación de video, fotografía, planos y actas policiales; esta Fase es de suma importancia a efectos de no confundir la evidencia, para poder determinar donde fue encontrada, el estado en que fue encontrada y además por qué podría permitir la reconstrucción de los hechos de manera posterior; 3) Recolección: La mayor parte de las alteraciones que sufren las evidencias se da en el momento de la recolección, por lo que exige que éste proceso se realice de manera adecuada, ergo el tipo de evidencia determinara la técnica a utilizar y la calificación del personal que lo realice; 4) Preservación y Embalaje: El embalaje está integrado por: el empaque, el sellado y el etiquetado. a) El empaque es un envoltorio o recipiente que se utiliza para depositar la evidencia; b) El sellado es el sistema de cierre que evita al máximo cualquier riesgo de que el empaque se abra sin dejar evidencia alguna, es decir, que mediante el sellado se garantiza que el empaque deje rastro de haber sido abierto de modo de controlar la inalterabilidad de la evidencia; c) El etiquetado es la consignación de la identidad de la evidencia que contiene el empaque. La información contenida en el etiquetado individualiza la evidencia y su origen, reduciendo el riesgo de que la misma se confunda con pruebas de otros procesos o que pueda ser alterada o cambiada a posterior. El embalaje estará condicionado a la naturaleza de la evidencia que se pretende proteger y preservar; 5) Transporte y Entrega de la Evidencia: La etapa de entrega comprende cada una de las transmisiones que se suscitan durante el recorrido de la evidencia. Normalmente la evidencia, previo a ser presentada en la audiencia de debate, hace un recorrido por varios lugares, estando a su vez a cargo de diversas personas, por lo que debe registrarse éste recorrido e identificarse las personas que en algún momento tuvieron a su disposición la evidencia ya embalada, todo ello consignado en el acta de la Cadena de Custodia, la cual obedece su nombre precisamente a que cada persona que haya tenido la custodia de la evidencia se convierte en un eslabón de ésta cadena que debe de estar registrado en el acta; 6) Análisis Pericial: Si bien no corresponde a la generalidad, si es común que la evidencia tenga que ser sometida a un análisis a efecto de determinar mediante el método científico sus características generales e individualizantes, su composición, su naturaleza, origen, etc. El punto de contacto entre la Cadena de Custodia y el Dictamen Pericial, es que el primero debe de reflejar la práctica de la pericia, persona encargada y además documentar cualquier alteración (o destrucción) que sufra la evidencia como consecuencia de dicho análisis, entretanto la segunda debe de hacer constar las condiciones en que se recibe tanto el embalaje como la evidencia misma y posteriormente documentar las condiciones como se devuelve o su destrucción en el proceso de análisis; 7) Custodia: Es el almacenamiento de la evidencia en un lugar que asegure su integridad y debida conservación, conforme a su naturaleza; además, aún cuando parezca obvio, la custodia debe facilitar la rápida localización de la evidencia para su transporte y presentación a las autoridades que así lo requieran; es en esta fase en donde la práctica forense nos indica se da la mayor parte de las pérdidas de las evidencias; 8) Destino de la Evidencia: El destino final de la evidencia dependerá de su naturaleza; por lo general la evidencia debe de ser conservada hasta que finalice el proceso penal donde podría: a) Pasar a formar parte del patrimonio del estado en caso de que se declare el comiso; b) Ordenar la devolución a la persona que acredite ser su legitimo dueño o; c)Proceder su destrucción en caso de que sea un objeto de ilícita tenencia. Sin embargo, no en pocas veces la evidencia deberá de ser destruida (algunas veces en el proceso de peritaje), devuelta provisional o definitivamente a su legítimo dueño, declarada en abandono o incluso objeto de comiso por ser de naturaleza perecedera, de manera anticipada a la terminación del proceso. Cualquiera que fuese el caso, ello deberá de constar en la Cadena de Custodia, indicando tanto la fecha del suceso, la autoridad que emitió la orden y la persona que ejecuto la misma, para luego presentar el documento en la audiencia del debate en caso de que fuese necesario. V. Definido de manera general lo concerniente a la Cadena de Custodia como instrumento de valoración de los medios de prueba, corresponde ahora realizar el análisis al caso concreto. Concluido el debate, el Tribunal de Sentencia, en una errada conclusión, determina que la evidencia que fue periciada por la Doctora Lorna Padget Moncada, consistente en dos paquetes rectangulares con un peso neto de 1.986 gramos y cuyo contenido se constató era Cocaína, no puede ser vinculada con los paquetes que le fueron encontrados al acusado C. A. M. el diez de octubre del año dos mil ocho en la Comunidad de Palacios, Departamento de Gracias a Dios, debido a la falta de presentación de la correspondiente cadena de custodia que así lo garantice, faltando así al principio lógico de derivación, ya que dicha conclusión se basa en la mera ausencia del documento de custodia sin tomar en cuenta el resto del abanico probatorio que bien hubiese podido aportar elementos para arribar a una conclusión diferente: A) Considérese en primer término que los testigos A. G. M. Y L. G. H., señalan que se conducían en el Pipante, el primero como pasajero y el segundo como conductor, ambos señalan que el acusado igualmente se conducía en la embarcación y que al llegar a Palacios fueron requeridos por la Policía en un puesto de control, quienes después de realizar un registro en las maletas, preguntaron a los ocho ocupantes del Pipante quien era el dueño de una maleta negra, identificándose el acusado C. A. M. como su propietario, indican los testigos que luego de ello, el señor C. fue bajado de la embarcación, la que siguió su curso; es pues que el contenido de la maleta negra que llevaba el acusado motivó a los agentes de policías a solicitar al acusado que se bajara del pipante. B) Los testigos R. O. D. C. Y E. W. K., agentes de policía, señalan haber estado en servicio en el apostadero de Palacios, cuando vieron venir una embarcación, a la cual hicieron señal de parada, luego de abordarla, se realizó un registro en las maletas, encontrando en una color negro dos paquetes de supuesta droga envueltos con cinta gris contenidas en una bolsa plástica color azul con el logo de “Tigo”, por lo que tras preguntar de quien era la maleta, el acusado respondió que de él; los Agentes de Policía explican que en ese momento no tenían la papelería para realizar las actas respectivas, por lo que fue hasta llegar a Puerto Lempira, ya en horas de la tarde, cuando confeccionaron tanto el Acta de Registro como el Acta de Decomiso de los Objetos. C) El testigo A. D. H. P., informó que encontrándose en Puerto Lempira le fue puesta a su orden una maleta negra conteniendo una bolsa plástica color azul de “tigo” y en el interior dos paquetes, que realizó un registro en una maleta negra y al acusado en virtud de que los Agentes de Policía de la Naval podían haber pasado por alto algo y que como consecuencia de ello confeccionó las actas de registro y de decomiso respectivo. Ciertamente las actas elaboradas por el testigo contienen un error en su confección (F. 31 y 33), por cuanto la evidencia ya había sido decomisada y por lo tanto no podía ser decomisada nuevamente, más esto no es razón suficiente para concluir que la prueba documental (F. 6, 31, 32 y 33) carece de valor probatorio como lo afirman los Juzgadores, quienes además se apoyan en un argumento violatorio al principio lógico de Tercero Excluido ya que inicia señalando que la prueba documental deja duda en los Juzgadores si los paquetes decomisados en la Comunidad de Palacios sean los mismos que los decomisados en la Ciudad de Puerto Lempira, para luego afirmar que se trata de una duplicidad de diligencias sobre los mismos objetos (las dos actas de registro y de decomiso), en otras palabras si el Tribunal de Instancia considera que las actas duplican diligencias que recaen sobre los mismos objetos (paquetes de droga), significa que no debería de existir duda de que lo decomisado en Palacios y lo decomisado en Puerto Lempira recae sobre los mismos objetos. D) Las actas de de registro y de decomiso (F. 6, 31, 32 y 33), indican el hallazgo de dos paquetes envueltos en cinta gris, contenidos en una bolsa color azul con el logotipo de “Tigo”, la que a su vez se encontró en el interior de una maleta negra y el decomiso de dos libretas de dos bancos distintos. Estos documentos no presentan contradicciones entre sí, de hecho están redactados de manera similar, en el mismo tipo de papel blanco. El Tribunal de Sentencia afirma que el testigo A. D. H. (F. 269) no pudo haber realizado registro y decomiso de los paquetes al acusado debido a que se encontraba en Puerto Lempira y ello es muy cierto en una valoración única y aislada de la prueba documental, más abordando la demás prueba dicha conclusión es errónea ya que el testigo D. H. explica que dichos paquetes le fueron puestos a la orden de Agentes de la Naval (Testigos R. O. D. C. y E. W. K.), y que realizó nueva inspección en la maleta para verificar que no se haya obviado algún otro elemento importante. Como ya se explicó líneas atrás la elaboración de estas dos actas por parte del testigo D. H. (F. 31 y 33) erróneamente se indica que se está realizando en ese momento el decomiso, cuando en realidad se trata de una transferencia en la custodia de la evidencia, como lo explican los testigos referidos. E) Los Juzgadores afirman que no existe certeza de que los paquetes periciados por la Doctora Lorna Padgett Moncada, hayan sido los decomisados en la Comunidad de Palacios. Esta conclusión igualmente violenta el principio de derivación, ya que el dictamen (F. 247) aporta suficientes elementos para llegar a una conclusión diferente: 1) La fecha en que se solicitó el estudio a Medicina Forense es 7 días después de la fecha de decomiso; 2) La solicitud de dictamen fue realizada por la Oficina Fiscal de Puerto Lempira lugar hasta donde fue llevada la evidencia; 3) Le solicitud indica que la evidencia se relaciona con la causa criminal contra el señor C. A. M.; 4) La perito señala que recibió como evidencia dos paquetes rectangulares de color gris contenidos en una bolsa plástica color azul con el logo de “Tigo”, que son las mismas características de los objetos decomisados en la Comunidad de Palacios, descritos por los Agentes que realizaron el Decomiso y documentado en las actas. F) Finalmente, resulta contradictorio el razonamiento de los Juzgadores cuando por una parte señalan que (f. 269)“ la controversia surge… si la maleta color negra… pertenecía a C. A.…“ y posteriormente señalan que (F. 270)“…Estos testimonios son concordantes… así dejan establecido que C. A. M. A)…b)… c) que al ser preguntado por la persona que estaba haciendo el registro C. contestó que la maleta le pertenecía”, ello es contradictorio (Violación a la regla lógica de Identidad), ya que sobre un mismo hecho (la maleta), hace tanto una afirmación negativa (no se puede determinar que la maleta le pertenezca al señor C. A.) y una afirmación positiva (la maleta le pertenece a C. A.). VI. Por lo expresado, corresponde a este Tribunal de Casación, declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de abril del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual ABSOLVIO al señor C. A. M., del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado L. F. P. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada R. L. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y el Abogado R. A. I., en su condición de Defensor Privado del acusado C. A. M., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El diez de octubre del año dos mil ocho, en horas de la mañana en la comunidad de Palacios, Departamento de Gracias a Dios, miembros de la Fuerza Naval de Honduras, quienes al practicar un registro en una embarcación (pipante) de transporte colectivo de personas, encontraron en el interior de una maleta color negra una bolsa plástica color azul con el logo de Tigo, conteniendo dos paquetes de sustancia indeterminada. SEGUNDO: El veinte de octubre del año dos mil Ocho, la toxicología Lorna Padgett Moncada, con cédula de identidad números 080-1957-04782, perició dos paquetes rectangulares con un peso neto de un mil novecientos ochenta y seis gramos (1.986 grs), a su análisis dio como resultado cocaína (clorhidrato) no compatible con el consumo inmediato personal. TERCERO: En el mismo día y lugar antes descrito, es detenido C. Á. M. y puesto a la orden de autoridad competente. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. El recurrente, Abogado L. F. P. C., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en e1 Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, Que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron como prueba testimonial, las declaraciones de cargo de los señores: R. O. D. C., E. W. K. y R. D. A. R.; así como prueba documental consistente en actas de decomiso y dictamen toxicológico practicado a la evidencia decomisada, probanza de la cual se desprende lo siguiente: El testigo R. O. D. C. ratificó las actas que obran a folios 6 y 32 del expediente de mérito, consistentes en acta de decomiso y registro practicado al imputado, a la vez que declaró 1o siguiente: que el día 10 de Octubre fue un viernes, y por la mañana él (dicente) se encontraba de servicio con otro compañero, el “picante” en el que venía el imputado, venía de la Laguna de Ibans hacia el sector de la batalla, y como de costumbre todos los “picantes” pasaban por el apostadero reportándose y a eso de las cinco y media pasaron inspección a todas las personas, que el imputado venía en la parte trasera de1 pipante y a 1a par venía la maleta negra, la cual abrió y en ese momento preguntó de quién era y el imputado respondió que era de é1, dentro de la maleta encontró una bolsa con logotipo de “tigo”, donde venían dos paquetes lo cual eran dos kilos envueltos en cinta gris, por lo que procedieron a darle captura. A preguntas del Ministerio Público el testigo refirió que ese día estaba de servicio con E. W. en el apostadero, como a eso de las 5 o 6 de la mañana pasó el “picante” que es un cayuco utilizado con motor, en la cual iban aproximadamente 8 personas y a todas se registró, cuando registró la maleta de don C. encontró la bolsa azul que contenía la sustancia, la cual venía envuelta en bolsa transparente con cinta gris, que en ese momento no pudieron hacer las actas por no tener papelería en el apostadero, trasladándolo en avioneta a Puerto Lempira, donde los agentes de la Lucha Contra el Narcotráfico los estaban esperando, uno de ellos era A. H., ya estando en las oficinas del Ministerio Público procedieron a hacer las actas pero el decomiso lo realizó en el apostadero de Palacios. El testigo E. W. H., declaró lo siguiente: Que los hechos sucedieron un día viernes a eso de las cinco y cuarenta de la mañana, que Don C. (refiriéndose al imputado) se transportaba en un cayuco que se le llama pipante donde iban como ocho personas, la evidencia iba en una bolsa azul de logotipo de “tigo” la cual venía en una maleta negra atrás del pipante, manifestando el imputado que la maleta era de é1, por lo que el decomiso de la evidencia la realizó R. O. D., después de la detención y decomiso 1o trasladaron a Puerto Lempira, que se hizo constar el decomiso en acta pero en Puerto Lempira. De igual forma compareció al juicio oral y público el señor A. D. H. P. a ratificar las actas de decomiso que obran a folios 31 y 33 de la causa, y al ser interrogado por las partes refirió que la evidencia se decomisó en el apostadero de Palacios y que e1 registro lo practicó é1 al imputado a eso de las seis de la tarde cuando se 1o pusieron a disposición los infantes de marina, cuando llegaron a Puerto Lempira los navales pusieron también a su disposición la maleta negra conteniendo en su interior una bolsa con logotipo de “Tigo” con dos paquetes dentro y que él le decomisó las libretas una de Banco Atlántida y otra de HSBC, las cuales portaba Don C. en la bolsa derecha de su pantalón, y que 1a persona que 1o registró fue R. C. en compañía suya, 1o cual se hizo en la Fiscalía de Puerto Lempira ya que en Palacios lo que hicieron fue un chequeo para ver que no anduviera armado y a la maleta le hicieron un registro en Palacios, que se registró dos veces porque los infantes de marina observaron los paquetes los paquetes y al ponerlo a la orden de ellos realizaron un registro más minucioso, por lo que para estar seguro de que no fuera algo más en la maleta se hizo de nuevo el registro de la evidencia se puso a la orden de la Fiscalía para que la trasladaran a Medicina Forense. De igual manera el ente acusador allegó a la plataforma fáctica, el dictamen toxicológico practicado a la evidencia incautada 1a cual dio como resultado positivo cocaína y que la cantidad decomisada no es compatible a la utilizada para consumo personal inmediato. Asimismo vale la pena referirnos a la prueba testifical aportada por la defensa, específicamente a 1a declaración del señor L. G. H., quien manifestó: que él es el propietario del colectivo donde venía C., llegando ya a Palacios en la Posta fue que los detuvieron para hacer un registro, allí preguntaron a los pasajeros de quien era cada cosa, y los pasajeros decían que era de ellos, después sacaron una maleta y el señor C. dijo que era de é1. El Juzgador al momento de valorar la prueba que antecede, estableció en el numeral tercero párrafo tercero del apartado de valoración probatoria lo siguiente: “Se advierte claramente que el registro de la maleta color negra encontrada en la embarcación en cuestión, fue practicada en dos lugares y por dos personas distintas, es decir, en un primer momento en horas de la mañana en el apostadero de la Comunidad de Palacios, Gracias a Dios, en ocasión al registro que se hace en la embarcación por el infante de marina R. O. D. C., y en segundo lugar en la Ciudad de Puerto Lempira, Gracias a Dios, en torno a las cinco de la tarde por el Agente de la Lucha contra el Narcotráfico A. D. H. Pineda, dejando la duda de estos Juzgadores, si el hallazgo de los dos paquetes encontrados en la maleta en el interior de la embarcación donde se transportaba el acusado en horas de la mañana y que ya habían sido decomisados por la persona que practicó la diligencia, son los mismos que dice A. D. H. haber decomisado en la Ciudad de Puerto Lempira en horas de la tarde... Así las cosas, esta duplicidad de diligencias sobre los mismos objetos, produce la dificultad de generar certeza, que la evidencia decomisada en el apostadero, sea la misma que documentó A. D. H., y consecuentemente sea la misma que perició la Doctora Lorna Padget, por falta de cadena de custodia que establezca la procedencia de los objetos decomisados”. En virtud de 1o anterior, debemos señalar que dicha apreciación la consideramos como infracción al postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que deriva de las pruebas aportadas que no ha sido posible establecer que el imputado C. Á. M. cometió la acción a é1 reprochada, razonamiento que no compartimos en virtud de los aspectos que a continuación se detallan: A través de la declaración del testigo R. O. D. C., quedó claramente establecido que al realizar un registro a un “pipante” conducido por el señor L. G. H., encontró una maleta color negro en 1a parte de atrás de dicha embarcación, que en su interior contenía una bolsa plástica color azul con el logo de “tigo”, conteniendo dos paquetes cubiertos de cinta color gris y que al preguntar de quien era dicha maleta el señor C. Á. manifestó que era de é1, por lo que fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Puerto Lempira. lo anterior se encuentra debidamente sustentado a través de las declaraciones de los señores E. W. H. y L. G. H., siendo el primero infante de marina quien junto al señor R. D. realizaron la inspección en 1a embarcación y presenció cuando el imputado manifestó que la maleta que estaba siendo registrada era de é1 y la cual contenía la evidencia que finalmente se le decomisó; de igual forma el señor L. G., persona que manejaba la embarcación afirmó que efectivamente los infantes de marina que realizaron el registro al revisar una maleta color negra encontraron en su interior dos paquetes y que al ser preguntados los tripulantes de quien era dicha maleta, el señor C. Á. manifestó que era de é1. Asimismo de la declaración del testigo R. C. se desprende que una vez que le dieron detención al imputado C. Á., hicieron las gestiones para trasladarlo a la Fiscalía de Puerto Lempira, por ser de su competencia y que debido a la imposibilidad de levantar las actas respectivas por falta de papelería, realizó las mismas al llegar a dicha Fiscalía. De la declaración del señor A. D. H., se desprende que la evidencia fue decomisada en el apostadero de Palacios, y una vez que el imputado fue trasladado a la Fiscalía, él practicó nuevamente a dicho imputado un registro personal a eso de las seis de la tarde, ya que los infantes de marina habían realizado solamente un chequeo para verificar que no anduviera armado y en cuanto a la maleta se registró dos veces, porque e1los (refiriéndose a los infantes de marina) solamente observaron los dos paquetes, por lo que él realizó un registro más minucioso a la maleta, en caso de que hubiera algo más dentro de la maleta. Como podréis observar Honorables Magistrados si bien es cierto existe duplicidad tanto de actas de decomiso como de registro personal practicadas al imputado, no es cierto que una excluya a la otra, pues de su contenido se puede apreciar que en ambas se describe el decomiso de dos paquetes de supuesta cocaína, es decir, se excluirían entre sí, si la Descripción de lo decomisado fuera totalmente diferente a lo ahí descrito por las personas que la realizaron y ratificaron; de igual forma dichas actas le indican sin lugar a dudas al Tribunal que es la misma evidencia que fue encontrada en la maleta color negra la cual el imputado C. Á. refirió ser de su pertenencia. En consecuencia al estar claramente establecido por los señores R. O. D. C. y A. D. H., la forma en que se produjo el decomiso de la evidencia, así como el porqué de las horas y la intervención de ellos en su elaboración, las mismas resultan veraces por haber sido realizadas por autoridad competente, quienes, en el caso de R. C. tuvo contacto directo con la droga decomisada y en el caso de A. D. H. fue la autoridad ante quien se puso a disposición la droga incautada así como al supuesto sospechoso, por 1o que las mismas son capaces de conducir al Tribunal, sin lugar a dudas de que dicha evidencia es la misma que fue encontrada en el apostadero de Palacios en un maletín cuya pertenencia reconoció el imputado. En relación a que no existe un nexo causal que vincule al acusado con los objetos periciados por la Doctora Lorna Padgett Moncada, debemos referir que la defensa en ningún momento hizo patente circunstancia alguna que hiciera tambalear la legitimidad de la droga incautada y periciada por la toxicóloga de Medicina Forense, pues a pesar que no fue posible incorporar al debate la respectiva evidencia, si consta la comparecencia de la Doctora Lorna Padgett (toxicóloga) quien al momento de ratificar el respectivo dictamen describió la evidencia consistente en dos paquetes de polvo blanco, la cual dicho sea de paso resultó positivo cocaína. En consecuencia el suscrito considera que en el presente caso a pesar de existir declaraciones testificales, así como las respectivas actas de decomiso y el dictamen toxicológico practicado a la evidencia decomisada, probanzas éstas que efectivamente constituyen la estructura probatoria del juicio, el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento que el imputado realizó la acción a é1 reprochada, por ser suficientes en univocidad y concomitantes para arribar a dicha inferencia, y al no haberlo apreciado así el sentenciador vicia de motivación la sentencia que ahora se impugna. Al tenor de lo anterior, la prueba de cargo practicada válidamente en el juicio nos conduce a una única y lógica conclusión, que la conducta perpetrada por el encausado se subsume en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas tipificado en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual establece 1o siguiente: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO QUE LA SENTENCIA SE APOYA EN MEDIOS DE PRUEBA VALORADOS CON VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA: 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formas tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público, no conforme con el fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia, ha interpuesto en contra de éste el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, indicando que se ha violentado el principio lógico de derivación, como elemento integrante de la sana crítica, cuando los Juzgadores llegaron a la conclusión de que no existe certeza de que “la evidencia decomisada en el apostadero, sea la misma que documentó A. D. H., por falta de cadena de custodia que establezca la procedencia de los objetos decomisados”, aun cuando la prueba presentada en la audiencia de debate demostró que si bien existe duplicidad en las Actas de Registro Personal y de Decomiso (Unas hechas en Palacios y otras en Puerto Lempira), éstas no se excluyen entre sí, pues ambos juegos de actas describen el decomiso de los mismos objetos. Reciente que los Juzgadores no hayan valorado plenamente el Dictamen Toxicológico, siendo de la opinión que la descripción que hizo la perito respecto a los paquetes periciados ayuda a su identificación, aún a pesar de que no se presentaron la evidencia física en la audiencia ni la cadena de custodia respectiva. Concluye el Recurrente, que conforme a los elementos de prueba aportados en la audiencia de debate, los Juzgadores debieron haber llegado a una conclusión distinta, la cual es que el acusado C. A. M. es responsable a título de autor del delito que se le imputo. III. En alusión a la violación de las Reglas de la Sana Crítica, esta Sala de lo Penal, señala que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; Es éste ultimo el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.- b).- La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV. El Recurso es de recibo. El tema a dilucidar en el presente caso, es la falta de la Cadena de Custodia y si ello descarta de manera per se la validez de los medios de prueba que cuya fiabilidad gravita alrededor de la autenticidad de la evidencia. Ciertamente el Tribunal de Sentencia está en lo correcto en resentir la ausencia de la Cadena de Custodia; es sorprendente y reprochable que el Ministerio Público, aún sabiendo la importancia que tiene la evidencia para el proceso (Paquetes con Supuesta Droga), no haya procurado presentarla o al menos hacer el esfuerzo de dar una explicación creíble de su ausencia, pero sumado a ello no hizo el esfuerzo de presentar la respectiva cadena de custodia, todo ello es reprochable, más no debe entenderse que tal ausencia es causa per se para desvalorar el resto de medios de prueba relacionado con la evidencia, la cadena de custodia (o su ausencia) debe valorarse de manera conjunta con el material probatorio bajo las reglas de la sana crítica, como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal, como ya lo ha expresado esta Sala de lo Penal anteriormente, (Sentencia del Exp 701-2004, de fecha 13 de diciembre del 2004 y Exp 318-2005, de fecha 26 de abril del 2006). Las actas en el proceso penal tiene como objeto documentar los actos que realizan las personas vinculadas a éste, con el fin de que a posteriori dichas actuaciones puedan ser reproducidas con mayor fidelidad o verificadas; la Cadena de Custodia es un tipo de acta, es un documento que registra el procedimiento de control que se emplea para los objetos, elementos o sustancias que han sido calificadas como evidencias por estar relacionadas con la comisión de un delito y que registra desde su hallazgo hasta su destino final, todo lo cual es valorado al momento del debate y que tiene como finalidad garantizar su autenticidad, descartando el peligro de contaminación, alteración, deterioro, daños, reemplazos o destrucción, dando fe que el manejo de la evidencia ha sido exitoso al presentar al debate el mismo objeto, elemento o sustancia que fue inicialmente recolectado o haciendo constar cual fue su destino final anticipado. Conforme a los artículos 136, 203, 209, 217, 219, 220, 251 y 283 del Código Procesal Penal; 57.31, 64 numerales 3, 5 y 7 y artículo 123.11 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Preventiva y el Reglamento Sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas Obtenidas como Consecuencia de la Comisión de un Hecho Constitutivo de Delito, son las fases de la Cadena de Custodia: 1) Hallazgo y Custodia: Es el proceso mediante el cual se identifica a un objeto, elemento o sustancia como relevante para la investigación criminal, por lo que el mismo debe de ser custodiado, de modo que permanezca inalterable hasta tanto no sea fijado y levantado de manera adecuada para su debida conservación. En esta Fase, se deben de seguir de manera estricta las técnicas de la criminalística para el manejo de la evidencia, en especial aquellos que son localizados en el escenario del crimen, ya que éste proceso es único e irrepetible, definiendo aquí la suerte de la investigación y posterior proceso penal; 2) Fijación de la Evidencia: Permite determinar con exactitud la ubicación y estado en que fue encontrada la evidencia; la Fijación se realiza enumerando la evidencia que es encontrada y el registro de su ubicación mediante la combinación de video, fotografía, planos y actas policiales; esta Fase es de suma importancia a efectos de no confundir la evidencia, para poder determinar donde fue encontrada, el estado en que fue encontrada y además por qué podría permitir la reconstrucción de los hechos de manera posterior; 3) Recolección: La mayor parte de las alteraciones que sufren las evidencias se da en el momento de la recolección, por lo que exige que éste proceso se realice de manera adecuada, ergo el tipo de evidencia determinara la técnica a utilizar y la calificación del personal que lo realice; 4) Preservación y Embalaje: El embalaje está integrado por: el empaque, el sellado y el etiquetado. a) El empaque es un envoltorio o recipiente que se utiliza para depositar la evidencia; b) El sellado es el sistema de cierre que evita al máximo cualquier riesgo de que el empaque se abra sin dejar evidencia alguna, es decir, que mediante el sellado se garantiza que el empaque deje rastro de haber sido abierto de modo de controlar la inalterabilidad de la evidencia; c) El etiquetado es la consignación de la identidad de la evidencia que contiene el empaque. La información contenida en el etiquetado individualiza la evidencia y su origen, reduciendo el riesgo de que la misma se confunda con pruebas de otros procesos o que pueda ser alterada o cambiada a posterior. El embalaje estará condicionado a la naturaleza de la evidencia que se pretende proteger y preservar; 5) Transporte y Entrega de la Evidencia: La etapa de entrega comprende cada una de las transmisiones que se suscitan durante el recorrido de la evidencia. Normalmente la evidencia, previo a ser presentada en la audiencia de debate, hace un recorrido por varios lugares, estando a su vez a cargo de diversas personas, por lo que debe registrarse éste recorrido e identificarse las personas que en algún momento tuvieron a su disposición la evidencia ya embalada, todo ello consignado en el acta de la Cadena de Custodia, la cual obedece su nombre precisamente a que cada persona que haya tenido la custodia de la evidencia se convierte en un eslabón de ésta cadena que debe de estar registrado en el acta; 6) Análisis Pericial: Si bien no corresponde a la generalidad, si es común que la evidencia tenga que ser sometida a un análisis a efecto de determinar mediante el método científico sus características generales e individualizantes, su composición, su naturaleza, origen, etc. El punto de contacto entre la Cadena de Custodia y el Dictamen Pericial, es que el primero debe de reflejar la práctica de la pericia, persona encargada y además documentar cualquier alteración (o destrucción) que sufra la evidencia como consecuencia de dicho análisis, entretanto la segunda debe de hacer constar las condiciones en que se recibe tanto el embalaje como la evidencia misma y posteriormente documentar las condiciones como se devuelve o su destrucción en el proceso de análisis; 7) Custodia: Es el almacenamiento de la evidencia en un lugar que asegure su integridad y debida conservación, conforme a su naturaleza; además, aún cuando parezca obvio, la custodia debe facilitar la rápida localización de la evidencia para su transporte y presentación a las autoridades que así lo requieran; es en esta fase en donde la práctica forense nos indica se da la mayor parte de las pérdidas de las evidencias; 8) Destino de la Evidencia: El destino final de la evidencia dependerá de su naturaleza; por lo general la evidencia debe de ser conservada hasta que finalice el proceso penal donde podría: a) Pasar a formar parte del patrimonio del estado en caso de que se declare el comiso; b) Ordenar la devolución a la persona que acredite ser su legitimo dueño o; c)Proceder su destrucción en caso de que sea un objeto de ilícita tenencia. Sin embargo, no en pocas veces la evidencia deberá de ser destruida (algunas veces en el proceso de peritaje), devuelta provisional o definitivamente a su legítimo dueño, declarada en abandono o incluso objeto de comiso por ser de naturaleza perecedera, de manera anticipada a la terminación del proceso. Cualquiera que fuese el caso, ello deberá de constar en la Cadena de Custodia, indicando tanto la fecha del suceso, la autoridad que emitió la orden y la persona que ejecuto la misma, para luego presentar el documento en la audiencia del debate en caso de que fuese necesario. V. Definido de manera general lo concerniente a la Cadena de Custodia como instrumento de valoración de los medios de prueba, corresponde ahora realizar el análisis al caso concreto. Concluido el debate, el Tribunal de Sentencia, en una errada conclusión, determina que la evidencia que fue periciada por la Doctora Lorna Padget Moncada, consistente en dos paquetes rectangulares con un peso neto de 1.986 gramos y cuyo contenido se constató era Cocaína, no puede ser vinculada con los paquetes que le fueron encontrados al acusado C. A. M. el diez de octubre del año dos mil ocho en la Comunidad de Palacios, Departamento de Gracias a Dios, debido a la falta de presentación de la correspondiente cadena de custodia que así lo garantice, faltando así al principio lógico de derivación, ya que dicha conclusión se basa en la mera ausencia del documento de custodia sin tomar en cuenta el resto del abanico probatorio que bien hubiese podido aportar elementos para arribar a una conclusión diferente: A) Considérese en primer término que los testigos A. G. M. Y L. G. H., señalan que se conducían en el Pipante, el primero como pasajero y el segundo como conductor, ambos señalan que el acusado igualmente se conducía en la embarcación y que al llegar a Palacios fueron requeridos por la Policía en un puesto de control, quienes después de realizar un registro en las maletas, preguntaron a los ocho ocupantes del Pipante quien era el dueño de una maleta negra, identificándose el acusado C. A. M. como su propietario, indican los testigos que luego de ello, el señor C. fue bajado de la embarcación, la que siguió su curso; es pues que el contenido de la maleta negra que llevaba el acusado motivó a los agentes de policías a solicitar al acusado que se bajara del pipante. B) Los testigos R. O. D. C. Y E. W. K., agentes de policía, señalan haber estado en servicio en el apostadero de Palacios, cuando vieron venir una embarcación, a la cual hicieron señal de parada, luego de abordarla, se realizó un registro en las maletas, encontrando en una color negro dos paquetes de supuesta droga envueltos con cinta gris contenidas en una bolsa plástica color azul con el logo de “Tigo”, por lo que tras preguntar de quien era la maleta, el acusado respondió que de él; los Agentes de Policía explican que en ese momento no tenían la papelería para realizar las actas respectivas, por lo que fue hasta llegar a Puerto Lempira, ya en horas de la tarde, cuando confeccionaron tanto el Acta de Registro como el Acta de Decomiso de los Objetos. C) El testigo A. D. H. P., informó que encontrándose en Puerto Lempira le fue puesta a su orden una maleta negra conteniendo una bolsa plástica color azul de “tigo” y en el interior dos paquetes, que realizó un registro en una maleta negra y al acusado en virtud de que los Agentes de Policía de la Naval podían haber pasado por alto algo y que como consecuencia de ello confeccionó las actas de registro y de decomiso respectivo. Ciertamente las actas elaboradas por el testigo contienen un error en su confección (F. 31 y 33), por cuanto la evidencia ya había sido decomisada y por lo tanto no podía ser decomisada nuevamente, más esto no es razón suficiente para concluir que la prueba documental (F. 6, 31, 32 y 33) carece de valor probatorio como lo afirman los Juzgadores, quienes además se apoyan en un argumento violatorio al principio lógico de Tercero Excluido ya que inicia señalando que la prueba documental deja duda en los Juzgadores si los paquetes decomisados en la Comunidad de Palacios sean los mismos que los decomisados en la Ciudad de Puerto Lempira, para luego afirmar que se trata de una duplicidad de diligencias sobre los mismos objetos (las dos actas de registro y de decomiso), en otras palabras si el Tribunal de Instancia considera que las actas duplican diligencias que recaen sobre los mismos objetos (paquetes de droga), significa que no debería de existir duda de que lo decomisado en Palacios y lo decomisado en Puerto Lempira recae sobre los mismos objetos. D) Las actas de de registro y de decomiso (F. 6, 31, 32 y 33), indican el hallazgo de dos paquetes envueltos en cinta gris, contenidos en una bolsa color azul con el logotipo de “Tigo”, la que a su vez se encontró en el interior de una maleta negra y el decomiso de dos libretas de dos bancos distintos. Estos documentos no presentan contradicciones entre sí, de hecho están redactados de manera similar, en el mismo tipo de papel blanco. El Tribunal de Sentencia afirma que el testigo A. D. H. (F. 269) no pudo haber realizado registro y decomiso de los paquetes al acusado debido a que se encontraba en Puerto Lempira y ello es muy cierto en una valoración única y aislada de la prueba documental, más abordando la demás prueba dicha conclusión es errónea ya que el testigo D. H. explica que dichos paquetes le fueron puestos a la orden de Agentes de la Naval (Testigos R. O. D. C. y E. W. K.), y que realizó nueva inspección en la maleta para verificar que no se haya obviado algún otro elemento importante. Como ya se explicó líneas atrás la elaboración de estas dos actas por parte del testigo D. H. (F. 31 y 33) erróneamente se indica que se está realizando en ese momento el decomiso, cuando en realidad se trata de una transferencia en la custodia de la evidencia, como lo explican los testigos referidos. E) Los Juzgadores afirman que no existe certeza de que los paquetes periciados por la Doctora Lorna Padgett Moncada, hayan sido los decomisados en la Comunidad de Palacios. Esta conclusión igualmente violenta el principio de derivación, ya que el dictamen (F. 247) aporta suficientes elementos para llegar a una conclusión diferente: 1) La fecha en que se solicitó el estudio a Medicina Forense es 7 días después de la fecha de decomiso; 2) La solicitud de dictamen fue realizada por la Oficina Fiscal de Puerto Lempira lugar hasta donde fue llevada la evidencia; 3) Le solicitud indica que la evidencia se relaciona con la causa criminal contra el señor C. A. M.; 4) La perito señala que recibió como evidencia dos paquetes rectangulares de color gris contenidos en una bolsa plástica color azul con el logo de “Tigo”, que son las mismas características de los objetos decomisados en la Comunidad de Palacios, descritos por los Agentes que realizaron el Decomiso y documentado en las actas. F) Finalmente, resulta contradictorio el razonamiento de los Juzgadores cuando por una parte señalan que (f. 269)“ la controversia surge… si la maleta color negra… pertenecía a C. A.…“ y posteriormente señalan que (F. 270)“…Estos testimonios son concordantes… así dejan establecido que C. A. M. A)…b)… c) que al ser preguntado por la persona que estaba haciendo el registro C. contestó que la maleta le pertenecía”, ello es contradictorio (Violación a la regla lógica de Identidad), ya que sobre un mismo hecho (la maleta), hace tanto una afirmación negativa (no se puede determinar que la maleta le pertenezca al señor C. A.) y una afirmación positiva (la maleta le pertenece a C. A.). VI. Por lo expresado, corresponde a este Tribunal de Casación, declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia se declara la nulidad de la sentencia de fecha nueve (09) de abril y la audiencia de debate que le origina de fecha diecisiete (17) de febrero, ambos del año dos mil diez (2010). MANDA. PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha nueve (09) de Abril del año dos mil diez (2010); SEGUNDO: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.328=2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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