Sentencia CP-32-11 — Registro 3352
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de violación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MEDIANTE INTERPRETACION ERRONEA EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El recurrente viene alegando infracción de ley por interpretación errónea del artículo 69 en relación con el artículo 140 segundo párrafo del Código Penal, señalando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. El recurrente alega fundamentalmente que “el Tribunal en su mayoría, ha interpretado de forma errada la norma procesal del artículo 69 del referido Código Penal en cuanto a la pena que establece el artículo 140 del mismo cuerpo legal, ya que toma en cuenta una circunstancia que no puede medirse únicamente por el acción del imputado en los hechos acusados, sino que deben existir otros parámetros confiables e idóneos para determinar la mayor o menor peligrosita de un imputado, en el caso subjudice los sentenciadores por mayoría toman en cuenta una circunstancia que no fue probada y aún más grave, la toman en cuenta aun y cuando el ente acusador no la alegó en el momento procesal oportuno”. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con la norma penal sustantiva que según el casacionista ha sido violada por interpretación errónea, a efecto de determinar si de los hechos que han sido declarados probados se aprecia que el precepto penal invocado ha sido erróneamente interpretado por el juzgador tal y como lo afirma el censor, o si por el contrario, ha sido correctamente interpretado, en consecuencia, procede esta sala a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) El principio de intangibilidad de los hechos probados supone una aceptación irrefutable de los hechos probados que constituyen el marco histórico que sirve de base a la sentencia, en consecuencia, el impugnante deviene obligado a aceptar tales hechos como verdades incuestionables y a partir de esos hechos demostrar la infracción que viene invocando. 2) La infracción de ley por interpretación errónea supone un error en la hermenéutica del juzgador acerca del significado y comprensión de la norma, se trata de aquellos casos en que el juzgador si bien acierta en la escogencia del precepto, le da un sentido y alcance equivocado al mismo, contrario a la intención del legislador, contrario al espíritu de la ley, en ese orden de ideas resulta necesario examinar el contenido del artículo 69 del Código Penal, con el propósito de determinar si el Tribunal de Sentencia al momento de fijar la pena concreta lo hizo avalado por el alcance o potestad que dimana de dicho artículo, en ese sentido la teoría del Margen de libertad que sigue nuestro código sostiene que la pena ha de establecerse entre el mínimo y máximo de la pena establecido por el juzgador dentro de cuyos límites ha de jugarse las consideraciones preventivas [1], para ello se ha instituido el artículo 69 del Código Penal, que establece los criterios que ha de seguir el juzgador para fijar la pena concreta, luego de que la ley ha fijado los límites de la prevención general para cada delito con una pena abstracta atendiendo al injusto penal que regula; sin duda es tarea del juez en alguna medida la prevención especial al fijar la pena concreta atendiendo a las circunstancias personales del sujeto llevado a juicio y siguiendo las orientaciones ya ofrecidas en la ley, en ese orden de ideas, el artículo 69 antes citado deja claramente establecido que el juez fijará la pena tomando en cuenta los antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica, quedando claramente establecido en opinión de esta sala de lo penal que el juez tiene la libertad estimatoria para considerar aquellos aspectos que la ley ha sometido a su conocimiento al momento de imponer la pena; lo cierto es que sin duda alguna, las apreciaciones pueden variar dependiendo de la naturaleza del hecho que se juzga y la personalidad del justiciable y características del hecho juzgado, de modo que corresponde al juzgador medir la magnitud e importancia de las circunstancias accidentales o modificativas de la responsabilidad penal y apreciar la concurrencia o no de todos los aspectos que debe considerar para fijar la pena concreta. 3) La defensa en su propósito de demostrar el vicio de juicio se apartó un poco de la técnica del recurso de casación al enfatizar que no se alegó en la audiencia de individualización de prueba la peligrosidad del encartado y que no se probó tal extremo, argumentos que no son concordantes con la finalidad del recurso de Casación en el fondo, cuyo objetivo es el examen de los hechos en relación con el precepto penal aplicado, atendiendo a sus formas de infracción, no obstante coloca en el conocimiento del Tribunal de Casación el Precepto que supone infringido por interpretación errónea por lo que esta Sala de lo Penal, estima procedente resolver lo pertinente. Examinados los argumentos del recurrente se aprecia una total adhesión a los fundamentos del voto concurrente mediante el cual se arguye que el hecho de que la presencia de dos personas no hayan disuadido al imputado de su propósito de consumar el hecho no demuestra la peligrosidad del autor, que la peligrosidad debe investigarse, que la actitud mostrada por el imputado no es mas que la persistencia de ánimo que forma parte del elemento subjetivo del delito que es precisamente el dolo, finalizando su alegado concluyendo que en el caso subjudice únicamente concurre la agravante de aprovecharse de la oscuridad de la noche, debiendo tomarse también en cuenta que el procesado no tiene antecedentes penales. Esta Sala de lo Penal, ciertamente coincide en que la persistencia delictiva solo es un elemento concurrente que sirve para demostrar la existencia del dolo en la conducta juzgada y las formas violentas o amenazantes utilizadas por el justiciable, constituyen parte del tipo normativo del injusto penal de Violación y no pueden considerarse como elementos para determinar que el agente sea peligroso, de tal modo que el hecho de que el autor haya persistido en su acción delictiva, no basta por si solo para considerarlo peligroso, se requieren otros elementos que no dimanan de los hechos probados y que necesariamente debieron demostrarse en la audiencia de individualización de la pena bajo el principio de contradicción para que estos pudieran verse reflejados en los hechos probados, lo que no aconteció en opinión de este Tribunal; el sentido o interpretación que el Juzgador de instancia ha dado al artículo 69 del Código Penal es errado, en virtud de que de los hechos que fueron declarados probados no puede colegirse un especial grado de peligrosidad del autor que pueda tomarse en cuenta para aproximar la pena concreta a la máxima autorizada por la ley. Para llegar a la conclusión de que existe peligrosidad es necesario “un juicio, y mas precisamente un juicio de futuro, en la medida que supone la afirmación de una probabilidad de delinquir. En ese sentido la Peligrosidad no es mas que un pronóstico” [2] ese diagnóstico, no aparece reflejado en los hechos que fueron declarados probados, por lo tanto es procedente el motivo de casación invocado..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 140 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diez de enero del año dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de septiembre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor E. A. A. C. a la pena de TRECE (13) AÑOS DE RECLUSIÓN, como autor del delito de VIOLACION, en perjuicio de S. C. F. V.; más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL; asimismo se le declaró la responsabilidad civil a favor de la joven S. C. F., la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada C. R. O. C., actuando en su condición de Defensora Pública del señor E. A. A. C..- SON PARTES: La Abogada R. L. S., defensora Pública del Imputado, como recurrente y la Abogada D. R., representante del Ministerio Público, como recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- PRIMERO: El día doce de febrero de dos mil nueve, siendo aproximadamente las nueve de la noche, la joven S. C. F. V. se dirigía hacia su casa de habitación y cuando transitaba por el Puente de El Chile, de esta ciudad de Tegucigalpa, se le acercó por la espalda el señor E. A. A. C., quien en forma brusca abrazó a S. y le dio la vuelta, diciéndole que andaba armado y que no gritara porque sino la mataría, ante lo cual S. le decía que le entregaría todo lo que portaba, pero el señor A. C. la sujetó y la condujo con dirección hacia el Parque La Concordia obligándola a introducirse en dicho parque que se encontraba oscuro y cerrado. SEGUNDO: En esos momentos, iban pasando por el lugar los señores Testigos Protegidos A y B, quienes eran vecinos de S. y observaron que ésta era introducida por el señor A. C. de una manera que no era normal, razón por la cual los siguieron y observaron que se habían introducido en el Parque La Concordia, ante lo cual trataron de buscar ayuda. TERCERO: En tanto esto ocurría, el señor E. A. C. llevó a S. F. hacia un determinado punto del parque La Concordia, en donde una vez despojada ésta de sus ropas, se desnudó también dicho señor, procediendo luego a introducir su pene en la vagina de S., en tanto que ésta lloraba. CUARTO: En los mismos momentos, pasó a inmediaciones del Parque una patrulla policial, a la cual los Testigos Protegidos A y B le informaron que S. había sido introducida en el parque La Concordia, razón por la cual, los agentes de policía y los testigos protegidos procedieron a buscar a S. y al señor A. C. en el interior del parque, encontrando a ambos desnudos, al señor Á. C. sobre el cuerpo de S. que estaba llorando, resultando así detenido el señor E. A. C., luego de que la policía le ordenó vestirse”. III.- La recurrente, Abogada C. R. O. C., formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Infracción por interpretación errónea del artículo 69 en relación al 140 segundo párrafo del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Las normas penales que se interpreten erróneamente relatan: “Artículo 69.- El Juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por un número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica. En la motivación de la sentencia el Juez consignará expresamente las circunstancias señaladas en el párrafo anterior que ha tenido en cuenta para la determinación de la extensión de la pena”. Por su parte el artículo 140 segundo párrafo del Código Penal establece: …”Para efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión”. En el acápite FUNDAMENTACION JURIDICA, numeral SEPTIMO segundo párrafo de la Sentencia recurrida, los sentenciadores expresan: “SEPTIMO:…Por todo lo antes expuesto este Tribunal es del criterio que por la forma como se ejecutaron los hechos, el acusado en efecto tomó la oportunidad que le brindaba la noche y la escasa luminosidad en el puente El chile para sujetar por la fuerza a la joven S. C. F. V., oscuridad que incluso le sirvió para evitar ser confrontado al evitar que se distinguiera que en realidad no estaba armado y de esa manera, trasladar a la joven S. hasta dentro del Parque la Concordia, que a esas altas horas de la noche se encuentra cerrado e incompleta oscuridad, todo con el fin de cumplir su propósito. Como el Código Penal también obliga a considerar la forma como ocurrieron los hechos para la determinación de la peligrosidad y la pena concreta, la mayoría de las integrantes del Tribunal analiza y aprecia además que la conducta del acusado revela un grado de mayor peligrosidad (lo resaltado y subrayado es nuestro), toda vez que la presencia e intervención de dos personas a favor de la víctima no es algo que considere revelante o con capacidad de mermar su propósito, sino que más bien su conducta revela que es capaz inclusive de responder frontalmente ante algún riesgo para su persona proveniente de tal intervención y pasar sobre el mismo, todo con la finalidad de cumplir su ilegal objetivo. En tal virtud, la mayoría del Tribunal aprecia tanto la presencia de la agravante invocada por los entes acusadores como la condición antes descrita, las que a su vez confronta con la constancia de antecedentes penales, llegando a determinar que el acusado denota un grado de peligrosidad que rodea los límites medios conforme a ellos deberá imponerse una pena concreta”. De la simple lectura de este apartado de la sentencia, podremos llegar a la conclusión que en efecto el Tribunal ha interpretado de forma errónea, las normas aplicables al caso de nuestro representado el señor E. A. A. C., específicamente al apreciar una circunstancia, que nunca fue alegada por el ente acusador al momento de la individualización de la pena y tampoco fue probada a través de ningún medio de prueba. El Tribunal no solo se extralimita en sus funciones actuando con oficiosidad, al apreciar -en perjuicio del imputado- una circunstancia que no fue objeto de discusión por las partes, sino que también no se le brindó la oportunidad a mi representado, para que ejerciera su derecho a la defensa presentando los medios de prueba que lo exoneran de dicha circunstancia. En concordancia con lo alegado por esta Defensa, encontraremos el VOTO CONCURRENTE de la Honorable Juez integrante Abog. JULISSA AGUILAR, quien nos explica lo siguiente: (Página No.2 párrafo tercero y cuarto): “… Por todo lo anterior, la suscrita jueza disiente de la mayoría, cuando ésta aprecia que el acusado presenta un grado de peligrosidad porque la presencia de dos personas en el lugar – los testigos protegidos- no fue capaz de mermar su propósito sino que es capaz de enfrentar algún riesgo para su persona. Estima la suscrita juzgadora, tal como se ha acotado, que debe investigar la peligrosidad pero además la misma no se puede considerar solamente por el comportamiento del acusado durante la ejecución del hecho, habida cuenta que si el acusado continuó con su deseo de cometer la acción constitutiva de delito aún cuando dos personas le hablaron a la ofendida, ello solamente demuestra esa persistencia de ánimo que requiere dolo, es decir, esa intención clara de cometer un hecho determinado. Cabe analizar también que esa situación no puede estimarse para considerar peligroso al acusado, puesto que éste pudo haber analizado la situación y determinar que las dos personas, que le hablaban a la joven S. no conllevan una situación de peligro para su persona, habida cuenta que ni siquiera iban armados, aunado a que el acusado tenía completamente asegurada a la joven S., por tanto no existe riesgo para su persona y de hecho, eso se demuestra con la actuación posterior de los testigos protegidos, quienes no ingresan al parque sino hasta que tuvieron el auxilio de la policía precisamente porque tenían temor de lo que podía ocurrirles. Por ello, a criterio de la suscrita jueza, lo único que el comportamiento del acusado demuestra es una persistencia de ánimo que forma parte del elemento sujetivo del delito, que es precisamente el dolo”. Así como lo razona la Jueza Disidente, el Tribunal en su mayoría, ha interpretado de forma errada la norma procesal del artículo 69 del referido Código Penal en cuanto a la pena que establece el artículo 140 del mismo cuerpo legal, ya que toma en cuenta una circunstancia que no puede medirse únicamente por el acción del imputado en los hechos acusados, sino que deben existir otros parámetros confiables e idóneos para determinar la mayor o menor peligrosita de un imputado, en el caso subjudice los sentenciadores por mayoría toman en cuenta una circunstancia que no fue probada y aún más grave, la toman en cuenta aun y cuando el ente acusador no la alegó en el momento procesal oportuno. Continúa explicando la Juez Disidente, en su Voto Concurrente: “Por otra parte, también considera la suscrita que la peligrosidad ni siquiera fue alegada por la parte acusadora, por tanto, el Tribunal no tiene porque considerar esa situación en perjuicio del acusado, siendo que éste no pudo defenderse en la audiencia de individualización de la pena por tal circunstancia y que no se pudieron escuchar los alegatos de la Defensa respecto a ello y que, en todo caso, el Ministerio Público ni siquiera utilizó el término concedido entre el fallo y la audiencia de individualización de la pena. Así las cosas, considera la suscrita juzgadora que, analizando el caso subjudice, solamente concurre la agravante de aprovecharse de la oscuridad de la noche, sin embargo, se ha demostrado también que el acusado no cuenta con antecedentes penales. Por ello, la pena solamente podría aumentarse como un año como máximo, puesto que el acusado no tiene antecedentes personales, no se ha demostrado que es peligroso y no se ha determinado la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, situación que además de influir en la determinación de la pena, sirven para la responsabilidad civil e igualmente deben probarse. Debido a ello, la suscrita Jueza es concurrente con el fallo de mayoría y considera que el acusado debe imponerse una pena más cercana al mínimo de la que la ley señala para este tipo de delitos”. En ese orden de ideas, la Juez Disidente, con una interpretación correcta de la norma penal denunciada y luego de varios razonamientos, llega a la conclusión que la pena correcta a imponer a nuestro representado es de ONCE AÑOS DE RECLUSION por el delito condenado y no de TRECE AÑOS que fue condenado por la mayoría del Tribunal, planteamiento con el cual esta defensa está en total acuerdo. INTERPRETACION PRETENDIDA. En virtud que la pena impuesta a nuestro patrocinado E. A. A. C. se realizó en errónea interpretación de las normas penales correspondientes, esta defensa pretende que la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Penal, tome en cuenta las alegaciones hechas en el presente recurso y verificando el error cometido por los sentenciadores, le imponga a nuestro patrocinado la pena mínima de ONCE AÑOS DE RECLUSION”. IV.- DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY MEDIANTE INTERPRETACION ERRONEA EN SU MOTIVO UNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA El recurrente viene alegando infracción de ley por interpretación errónea del artículo 69 en relación con el artículo 140 segundo párrafo del Código Penal, señalando como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. El recurrente alega fundamentalmente que “el Tribunal en su mayoría, ha interpretado de forma errada la norma procesal del artículo 69 del referido Código Penal en cuanto a la pena que establece el artículo 140 del mismo cuerpo legal, ya que toma en cuenta una circunstancia que no puede medirse únicamente por el acción del imputado en los hechos acusados, sino que deben existir otros parámetros confiables e idóneos para determinar la mayor o menor peligrosita de un imputado, en el caso subjudice los sentenciadores por mayoría toman en cuenta una circunstancia que no fue probada y aún más grave, la toman en cuenta aun y cuando el ente acusador no la alegó en el momento procesal oportuno”. Esta Sala de lo Penal ha realizado un análisis del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, inalterable en casación, confrontándolo con la norma penal sustantiva que según el casacionista ha sido violada por interpretación errónea, a efecto de determinar si de los hechos que han sido declarados probados se aprecia que el precepto penal invocado ha sido erróneamente interpretado por el juzgador tal y como lo afirma el censor, o si por el contrario, ha sido correctamente interpretado, en consecuencia, procede esta sala a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1) El principio de intangibilidad de los hechos probados supone una aceptación irrefutable de los hechos probados que constituyen el marco histórico que sirve de base a la sentencia, en consecuencia, el impugnante deviene obligado a aceptar tales hechos como verdades incuestionables y a partir de esos hechos demostrar la infracción que viene invocando. 2) La infracción de ley por interpretación errónea supone un error en la hermenéutica del juzgador acerca del significado y comprensión de la norma, se trata de aquellos casos en que el juzgador si bien acierta en la escogencia del precepto, le da un sentido y alcance equivocado al mismo, contrario a la intención del legislador, contrario al espíritu de la ley, en ese orden de ideas resulta necesario examinar el contenido del artículo 69 del Código Penal, con el propósito de determinar si el Tribunal de Sentencia al momento de fijar la pena concreta lo hizo avalado por el alcance o potestad que dimana de dicho artículo, en ese sentido la teoría del Margen de libertad que sigue nuestro código sostiene que la pena ha de establecerse entre el mínimo y máximo de la pena establecido por el juzgador dentro de cuyos límites ha de jugarse las consideraciones preventivas [1], para ello se ha instituido el artículo 69 del Código Penal, que establece los criterios que ha de seguir el juzgador para fijar la pena concreta, luego de que la ley ha fijado los límites de la prevención general para cada delito con una pena abstracta atendiendo al injusto penal que regula; sin duda es tarea del juez en alguna medida la prevención especial al fijar la pena concreta atendiendo a las circunstancias personales del sujeto llevado a juicio y siguiendo las orientaciones ya ofrecidas en la ley, en ese orden de ideas, el artículo 69 antes citado deja claramente establecido que el juez fijará la pena tomando en cuenta los antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica, quedando claramente establecido en opinión de esta sala de lo penal que el juez tiene la libertad estimatoria para considerar aquellos aspectos que la ley ha sometido a su conocimiento al momento de imponer la pena; lo cierto es que sin duda alguna, las apreciaciones pueden variar dependiendo de la naturaleza del hecho que se juzga y la personalidad del justiciable y características del hecho juzgado, de modo que corresponde al juzgador medir la magnitud e importancia de las circunstancias accidentales o modificativas de la responsabilidad penal y apreciar la concurrencia o no de todos los aspectos que debe considerar para fijar la pena concreta. 3) La defensa en su propósito de demostrar el vicio de juicio se apartó un poco de la técnica del recurso de casación al enfatizar que no se alegó en la audiencia de individualización de prueba la peligrosidad del encartado y que no se probó tal extremo, argumentos que no son concordantes con la finalidad del recurso de Casación en el fondo, cuyo objetivo es el examen de los hechos en relación con el precepto penal aplicado, atendiendo a sus formas de infracción, no obstante coloca en el conocimiento del Tribunal de Casación el Precepto que supone infringido por interpretación errónea por lo que esta Sala de lo Penal, estima procedente resolver lo pertinente. Examinados los argumentos del recurrente se aprecia una total adhesión a los fundamentos del voto concurrente mediante el cual se arguye que el hecho de que la presencia de dos personas no hayan disuadido al imputado de su propósito de consumar el hecho no demuestra la peligrosidad del autor, que la peligrosidad debe investigarse, que la actitud mostrada por el imputado no es mas que la persistencia de ánimo que forma parte del elemento subjetivo del delito que es precisamente el dolo, finalizando su alegado concluyendo que en el caso subjudice únicamente concurre la agravante de aprovecharse de la oscuridad de la noche, debiendo tomarse también en cuenta que el procesado no tiene antecedentes penales. Esta Sala de lo Penal, ciertamente coincide en que la persistencia delictiva solo es un elemento concurrente que sirve para demostrar la existencia del dolo en la conducta juzgada y las formas violentas o amenazantes utilizadas por el justiciable, constituyen parte del tipo normativo del injusto penal de Violación y no pueden considerarse como elementos para determinar que el agente sea peligroso, de tal modo que el hecho de que el autor haya persistido en su acción delictiva, no basta por si solo para considerarlo peligroso, se requieren otros elementos que no dimanan de los hechos probados y que necesariamente debieron demostrarse en la audiencia de individualización de la pena bajo el principio de contradicción para que estos pudieran verse reflejados en los hechos probados, lo que no aconteció en opinión de este Tribunal; el sentido o interpretación que el Juzgador de instancia ha dado al artículo 69 del Código Penal es errado, en virtud de que de los hechos que fueron declarados probados no puede colegirse un especial grado de peligrosidad del autor que pueda tomarse en cuenta para aproximar la pena concreta a la máxima autorizada por la ley. Para llegar a la conclusión de que existe peligrosidad es necesario “un juicio, y mas precisamente un juicio de futuro, en la medida que supone la afirmación de una probabilidad de delinquir. En ese sentido la Peligrosidad no es mas que un pronóstico” [2] ese diagnóstico, no aparece reflejado en los hechos que fueron declarados probados, por lo tanto es procedente el motivo de casación invocado. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de LA REPÚBLICA DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 363, 369 del Código de Procesal Penal; 13, 69, 140 del Código Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la defensa del señor E. A. A. C., por el delito de VIOLACION, en perjuicio de S. C. F. V.. SEGUNDO: Casa la Sentencia de fecha trece de Septiembre de 2010, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual se condenó al señor E. A. A. C. a la pena de TRECE AÑOS DE RECLUSION, por ser responsable del delito de VIOLACION EN PERJUICIO DE S. C. F. V., en consecuencia modifica la parte resolutiva de la sentencia y CONDENA AL SEÑOR E. A. A. C. a la pena de ONCE AÑOS DE RECLUSION, DEJANDO INCOLUME EL RESTO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA SENTENCIA. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se remitan las diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes.- Redacto, el Magistrado RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.-MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.32=2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] Véase en ese sentido Cobo del Rosal M, Vives Antón. 5ta edición. Tirant lo blanch. Valencia 1999. P 930.
[2] Cobo del Rosal M y Vives Antón T.S. Ob cit. P 991