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Sentencia CP-32-10 — Registro 2595

Resumen

Se absolvió en primer instancia a la imputada por el delito aborto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- Al no estar de acuerdo con la Sentencia, el Ministerio Público ha presentado Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, exponiendo que dicha disconformidad se debe a que los Juzgadores han incurrido en un vicio in procedendo en su resolución, el que explica mediante la exposición de dos motivos: 1).- Exclusión de prueba de valor decisivo consistente en la declaración de la testigo Alba Velásquez Silva y el declaración de la acusada M. N. V. S.; y 2).- Violación a las reglas de la sana critica en el proceso de valoración de los medios de prueba aportados al debate.- V.- PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: EXCLUSIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.2; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Bajo éste título la Censora denuncia que los Juzgadores excluyeron prueba de valor decisivo para la causa, ya que debido a ello se generó un pronunciamiento absolutorio. Sostiene que la Instancia no consideró lo declarado por la testigo A. V. S., hermana de la acusada y de profesión enfermera, quien en debate declaró haber escuchado de su hermana manifestaciones de arrepentimiento por lo hecho y que esto se debió a una debilidad. Agrega que el Tribunal dejó de considerar la declaración de la acusada cuando al cierre del debate y en el ejercicio de su derecho a la última palabra indicó que “todo lo hizo por miedo a sus padres, compañeros de colegio”.- II.- Para dar respuesta a lo planteado es preciso indicar que los artículos 202, 336 y 338 sección cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal obligan al Órgano Juzgador a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y armónica; conforme al artículo 333, solo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de ahí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo.- Uno de esos vicios es el previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que se produce cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud.- Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo.- III.- El Motivo es de Recibo.- Son dos los reclamos de La Censora formulados bajo este título donde denuncia exclusión de dos medios de prueba de valor decisivo: 1).- En relación a la testigo A. V., ésta rindió declaración testifical en la audiencia de debate (F. 123), después de haber sido informada de su derecho de abstenerse por tener el segundo grado de parentesco por consanguinidad con la acusada y en la sentencia los Juzgadores se ocuparon de su motivación descriptiva en el apartado 1.1 de la Valoración de la prueba (F. 128 v.) y de su Motivación Intelectiva de manera conjunta con otro medio de prueba (F. 129v), de tal modo que no se ha hecho exclusión del medio de prueba, éste fue objeto de motivación por el órgano jurisdiccional e incluido en la ecuación valorativa.- La Censora a través de este motivo expone su desacuerdo respecto a la valoración hecha por los Juzgadores al medio de prueba, lo cual no es conforme con el objeto del reclamo casacional por exclusión de un medio de prueba de valor decisivo, sino que su argumento es más propio cuando se cuestiona la observancia de las reglas de la sana crítica.- 2).- En relación a la declaración de la acusada M. N. V. S., el cuestionamiento genera múltiples preguntas que merecen ser contestadas, en principio el hecho de si la declaración del acusado(a) en la audiencia del debate debe o no ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica y en especifico que relevancia tiene para el proceso la declaración que eventualmente rinda el acusado(a) en el cierre del debate ejerciendo su derecho a la última palabra.- En respuesta es importante señalar que el ejercicio de la defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del Derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado(a) pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se materializa, entre otros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República.- El Derecho a declarar en el proceso penal (o de abstenerse de hacerlo, Art. 88 Constitucional), le es informado al acusado desde el momento mismo de su aprehensión o desde el momento en que éste se presenta por primera vez ante el Ministerio Público o ante el Órgano Jurisdiccional, derecho que se mantiene durante todo el proceso conforme al artículo 4 segundo párrafo del Código Procesal Penal, así pues, el acusado tiene el derecho de declarar en cualquier etapa del proceso, en cualquier audiencia y deberá de ser oído por el Juzgado o Tribunal y considerar dicha declaración según sea el acto procesal en el que se realice, de este modo en la audiencia preliminar la declaración del acusado se evaluará junto con los méritos que existan para decidir si se debe o no dictar el auto de apertura a juicio, si la declaración es rendida en la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal de Sentencia la tendrá en cuenta para efectos de admitir o denegar la misma, etc., se trata de un derecho que no puede ser omitido en ningún caso y que tiene su equivalencia como el caso de llevarse un proceso penal en contra del acusado sin defensa técnica.- Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, el proceso penal destina momentos específicos donde el órgano jurisdiccional debe consultar al acusado si desea rendir declaración o abstenerse de hacerlo, estos son la audiencia de declaración de imputado (Art. 286 del CPP), al inicio de la audiencia de debate (Art. 323 CPP) y previo a la conclusión de la audiencia de debate (Art. 334 último párrafo del CPP), momentos en donde el acusado(a), debidamente asesorado por el Letrado, decidirá la conveniencia o no de expresarse, éste derecho a declarar genera la inversa obligación al Tribunal de sentencia de oír dichas declaraciones y manifestaciones, ya que de lo contrario éste no se traduciría en un verdadero derecho, sino en un mero acto formal sin incidencia material, sería no menos que una burla al acusado (a) a quien se le ha repetido a lo largo del proceso que tiene derecho a declarar pero al final lo que diga, sin importar su trascendencia, no tiene valor alguno. El deber de los Tribunales de oír al acusado(a) implica el tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso, en el caso especifico de la audiencia de debate es el deber del Tribunal de Sentencia de analizar lo dicho por el acusado(a) conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo, ésta valoración es la misma que se debe realizar cuando el acusado participa voluntariamente en un careo (Art. 260) o en una Reconstrucción de Hechos (Art. 262 cpp).- Entre las declaraciones que puede brindar la persona acusada está la última palabra en el debate, misma que obedece al derecho del acusado(a) de ejercer su defensa material, quien después de haber escuchado la prueba que existe en su contra, los argumentos del acusador y los alegatos de su propio defensor, puede decidir dirigirse por última vez a los Jueces de Sentencia para efectos de ratificar o rectificar sus propias declaraciones, rebatir las versiones de los coimputados, cuestionar o resaltar aspectos referidos por testigos y peritos, discrepar, corregir o complementar lo dicho por su propio representante legal, o incluso confesar los hechos imputados, es el acusado(a) quien mejor que nadie conoce sobre la fidelidad de lo que se ha informado en la audiencia de debate con lo que ocurrió en la realidad y por ello debe darse la oportunidad para que éste lo exprese. La diferencia entre la declaración que pueda rendir el acusado(a) al inicio del debate con la que realiza al final del mismo es que en el último caso no es interrogado por las partes o por el Tribunal, más esto no le resta importancia a esta manifestación o exime al Tribunal de no considerarla al momento de su deliberación. El acusado(a), al final de la audiencia de debate se ha formado una visión de la actividad probatoria y de los argumentos alegados por la parte acusadora y de su propia defensa, por lo que podrá añadir lo que considere pertinente, manifestación que realiza con claro conocimiento sobre su derecho de abstenerse de declarar, de consultar cualquier duda a su abogado defensor y con plena conciencia de que serán las últimas palabras que escucharan los Juzgadores de su parte previo a tomar una decisión y de ahí su importancia, ergo, el Tribunal de Sentencia no puede dejar de considerar lo dicho en esta oportunidad por el acusado(a) bajo la premisa de que es una mera manifestación o porque no es objeto de interrogatorio posterior, olvidando que se trata de un acto material de defensa hecho por el protagonista del proceso penal y que amerita ser valorado por quienes decidirán sobre la procedencia de la acusación. Al no considerar el contenido de lo dicho por el acusado(a) en su última palabra en el debate se produce un vicio in procedendo con negativas repercusiones constitucionales, la omisión del Tribunal de Sentencia de no realizar ninguna reflexión en su deliberación y en su sentencia sobre la última manifestación del acusado implica violación al ejercicio material de la defensa y al debido proceso, violación que es de la misma índole y gravedad que cuando se omite darle al acusado(a) la oportunidad de realizar dicha manifestación.- En el caso de examine, previo a dar por cerrado el debate los Jueces de Sentencia consultaron con la acusada M. N. V. S., si deseaba manifestar algo, ésta con conocimiento pleno de sus derechos, teniendo a su lado a su representante legal y con clara visión de la carga probatoria recibida, decidió hacer uso de ese derecho, indicando que había realizado el hecho por miedo a sus padres y compañeros de colegio, manifestación que fue restada del análisis realizado por el órgano jurisdiccional en la sentencia y que por ende representa un vicio in procedendo al no haberle otorgado valoración alguna (positiva o negativa), por lo que en cuanto a éste aspecto es procedente declarar con lugar el primer motivo del recurso de casación por Quebrantamiento de Forma.."

Legislación citada

Sentencia

S.P 32-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de Abril de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Absolvió a M. N. V. S., del delito de ABORTO en perjuicio de un SER HUMANO EN GESTACION.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada KAREN LIZETH MARTINEZ PONCE, actuando en su condición de Representante del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado Mario Morazán, Agente de Tribunales del Ministerio público, en su condición de Recurrente y el Abogado Lenin Ernesto Martínez Castañeda, Defensor Público de la Acusada M. N. V. S., en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: El día trece de mayo del año dos mil ocho, la joven M. N. V. fue ingresada al Hospital Materno Infantil por presentar fuertes dolores abdominales, producto de lo cual expulsó al feto que en ese tiempo tenía de veintidós a veinticuatro semanas de gestación, determinándose que el mismo presentaba inmadurez fetal lo cual le impedía sobrevivir fuera del útero de la joven M. N. SEGUNDO: Al momento de la evaluación médica realizada a la joven M. N., fue encontrada en el canal vaginal de ésta, una pastilla, de la cual se desconoce su nombre genérico y componentes químicos, asimismo si dicha pastilla era apta para producir la expulsión del producto de gestación de la joven M. N. en forma violenta.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- La recurrente, Abogada KAREN LIZETH MARTINEZ PONCE, desarrolló su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS PRIMER MOTIVO: El sentenciador excluyó prueba de valor decisivo en la litis, dando como resultado la absolución de la acusada M. N. V. S. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal Sentenciador dictó sentencia absolutoria a favor de la enjuiciada, estableciendo como hechos probados lo siguiente: “PRIMERO: El día trece de mayo del año dos mil ocho, la joven M. N. V. S. fue ingresada al Hospital Materno Infantil, por presentar fuertes dolores abdominales, producto de lo cual se expulsó al feto que en ese tiempo tenía veintidós a veinticuatro semanas de gestación, determinándose que el mismo presentaba inmadurez fetal, lo cual le impedía sobrevivir fuera del útero de la joven M. N. SEGUNDO: Al momento de la evaluación médica realizada a la joven M. N., fue encontrada en el canal vaginal de ésta, una pastilla, de la cual se desconoce su nombre genérico y componentes químicos, asimismo si dicha pastilla era apta para producir la expulsión del producto de la gestación de la joven M. N. en forma violenta". Del cuadro fáctico de la sentencia se infiere, que el Juzgador, de la prueba evacuada en el debate llegó a la convicción que: M. N. V., al momento de llegar al Hospital Materno Infantil por presentar fuertes dolores abdominales que le ocasionaron la expulsión del feto que llevaba en gestación, al momento de ser evaluada por los médicos, le fue encontrada en su canal vaginal una pastilla. Partiendo del alcance de estas afirmaciones y de las probanzas que sirvieron de fundamento a la misma y el basamento jurídico del fallo censurado, observamos que la prueba de valor decisivo que excluyó el Juzgador son: La declaración de la testigo A. V. S. (Enfermera y Hermana de la acusada), pues con dicha probanza, según el A quo, solamente se acreditó: • La forma en que la acusada M. N. V. S., fue ingresada de emergencia, el día 13 de mayo del 2008 al Hospital Escuela, debido a los fuertes dolores obstétricos o de parto; • El hallazgo de una pastilla encontrada en el canal vaginal de la acusada M. N. V. S., por habérsela mostrado el Doctor Carlos Mata. Sin embargo, no obstante a ser ciertas ambas circunstancias tomadas en cuenta por el Juzgador, no es menos cierto, que éste excluyó los puntos torales del resto del relato de la testigo A. V. S., ya que también depuso, según la trascripción que consta en la sentencia misma a página 4: “… hasta que la llevó al médico se dio cuenta del embarazo de su hermana … La testigo… vive con la acusada M… Su hermana ha sido bien portada y no quería que se dieran cuenta sus padres, ni compañeros del Colegio… La testigo es medio delicada, pero se imagina que su hermana (M. N.) hizo eso, para que no se enteraran sus compañeros, para que no la sacaran del Colegio… Cuando su hermana lloraba y se quejaba del dolor, la, testigo no se imaginó que era eso lo que había hecho… No sabe porqué tomó esas pastillas su hermana, pero se imagina que no hubo otra opción… Refiere la testigo que esa pastilla no fue tomada .... Posteriormente SU HERMANA LE DIJO QUE ESTABA ARREPENTIDA QUE FUE UNA DEBILIDAD. La edad que tenía su hermana en ese entonces era 19 años. La acusada le dijo que eran 6 semanas de embarazo que ella tenía". (Lo subrayado es nuestro). Partiendo de ésta declaración, se aprecia que además de lo tomado en cuenta por el Sentenciador, también se acreditó efectivamente que: • La acusada sabía que estaba embarazada y quería ocultarlo; • Tenía dos móviles para interrumpir su embarazo, como ser: Que no se enteraran sus padres y que no se enteraran sus compañeros del colegio para que no la sacaran. Admite el hecho de la interrupción del embarazo, pues le dijo a su hermana “que estaba arrepentida y que fue una debilidad”. Lo depuesto por la testigo A. V. S., hermana de la acusada, es coherente con lo expresado por la otra prueba decisiva a la litis, como lo fue la deposición de la misma imputada en el debate, específicamente al momento del cierre del mismo en el instante que la Presidenta del Tribunal, le cede la palabra por si ella desea manifestar algo; y ella en su derecho, hizo uso de la palabra y dijo: “Todo lo hizo por miedo a sus padres, compañeros de colegio”, esto consta así en el acta de debate, en la misma página y párrafo anterior de la frase que dice “Tribunal Falla”. Es por ello y tomando de referencia los hechos probados de la sentencia los cuales una vez armonizados con la prueba que hemos señalado anteriormente como excluida, estimamos que el Juzgador ha actuado apáticamente al contenido de las pruebas recibidas y citadas anteriormente, cuyo contenido es decisivo para la decisión del presente asunto y que al haber las excluido el Tribunal, hace que se emita un fallo que no solo genera el vicio in procedendo citado, sino que, peor aún, lesiona la finalidad del proceso penal como es el logro de la justicia penal expedita, tendiente al esclarecimiento de la verdad. Conforme a lo expuesto se concluye, que la prueba supraindicada es contundente pues se acreditó sin lugar a dudas que M. N. V. S., provocó la expulsión del feto que ella gestaba, para evitar que sus padres y compañeros de colegio se enteraran de su embarazo; pues ello quedó fehacientemente acreditado con la declaración de la testigo A. V. S. y de lo expresado por la misma imputada en el debate, tanto es así que la misma defensa de la acusada lo admite en sus conclusiones, pero pretendió justificarlo con la figura del error de prohibición en relación con el miedo insuperable, no obstante no acreditó la existencia de tal figura jurídica, sino que se limitó a argumentarla, siendo esta circunstancia también advertida por el propio Tribunal, tal como lo refiere en la Sección de la Fundamentación Jurídica de la Sentencia en el apartado denominado tercero en su penúltimo párrafo, pero que aún así decide absolver. En consecuencia el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que habiéndose excluido prueba de valor decisivo, puesto que el Juzgador valoró en el caso del testimonio de A. V. S., de manera parcial y por ello dictó una sentencia absolutoria a favor de M. N. V. S., evidenciando el fallo impugnado, que en su resolución no fue considerado dicho testimonio y el mismo dicho de la imputada, para fundamentar su fallo, pues de haber sido así, basta hacer una inclusión mental hipotética en el caso que nos ocupa y se reflejará que el fallo hubiese sido diferente. En este sentido solicitamos que se declara con lugar el presente motivo por ser éste procedente y en consecuencia se case la presente sentencia; advirtiendo que no se efectuó reclamación previa alguna a éste momento, en virtud que el vicio se produjo en el acto de sentenciar.”- III.- Continúa manifestando el recurrente: “SEGUNDO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de M. N. V. S., lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Invocamos que en la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha nueve (09) de Octubre del 2009, respecto a la imputada M. N. V. S., lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Veracidad que integra el Principio de Razón Suficiente; y la de la Derivación en su apartado de Suficiencia, en la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador la prueba de cargo resultó insuficiente para lograr la certeza de que la acusada haya provocado la interrupción de su embarazo, ya que en el contenido del fallo concluyó que: “... durante el debate no se acreditó que la interrupción del embarazo haya sido provocado aún cuando así lo establezca la prueba pericial, ya que éste Tribunal estima que durante el juicio no pudo probarse que la pastilla encontrada en el canal vaginal de la joven M. N. V. efectivamente sea CYTOTEC o alguna pastilla que fuese abortiva. Ello es así porque el médico Carlos Mata, quien compareció como testigo ya que fue la persona que atendió a la acusada en el centro hospitalario y fue claro al establecer "que no estaba seguro que se tratara de dicho medicamento, pero por la experiencia médica que se tiene en casos similares, se infiere que puede tratarse de dicho medicamento (Citotec), pero que no esta seguro de ello ", es decir sus dichos son una mera especulación respecto a este extremo ya que no necesariamente todos los casos que llegan por interrupción de embarazado son iguales y es por ello que revisten de relevancia los actos de investigación inmediata para acreditar el delito, en consecuencia tampoco podría descartarse que otros factores ya sea externos o naturales hubiesen ocasionado la terminación prematura del embarazo de la joven M. N… Podemos concluir que con la prueba testifical, documental y pericial aportada por el ente acusador, no se logró acreditar la existencia del delito acusado, por el hecho de no haberse establecido por un lado, si la pastilla encontrada en el canal vaginal de la acusada era abortiva, la cual deriva en la imposibilidad de establecer en primer lugar la acción consciente que ha de realizar el sujeto activo para provocar la interrupción del embarazo y en segundo lugar, el dolo en el mismo sujeto activo para producir la expulsión…". No obstante a ésta posición del A quo, partimos que en los hechos declarados probados en la sentencia y que al efecto hemos transcrito en el primer motivo de casación, se infiere que el Juzgador de la prueba evacuada en el debate, llegó a la convicción que: M. N. V., al momento de llegar al Hospital Materno Infantil por presentar fuertes dolores abdominales que le ocasionaron la expulsión del feto que llevaba en gestación y que al momento de ser evaluada por los médicos, le fue encontrada en su canal vaginal una pastilla; pero que absolvió por tener duda razonable respecto a la comisión del tipo penal. De lo anterior cabe citar entonces, que la única razón por el cual el Tribunal de Sentencia, absuelve a la encartada M. N. V., es porque no se acreditó que la pastilla, que fuese extraída del canal vaginal de la paciente, resultase abortiva. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de recelo, si éste únicamente se enfoca en la “pastilla como tal, como un elemento probatorio individual”; sin embargo, al Juzgador, nuestra Norma Penal Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Puesto que si bien es cierto, que son diversos los factores naturales o externos que pueden provocar la terminación prematura del embarazo; no es menos cierto que en el caso de autos, no se acreditó ninguna otra causa que no fuese la presencia de una pastilla en el canal vaginal de la acusada e inmediatamente la espontánea expulsión del feto, lo que motivó a que el Doctor Carlos Mata, médico que asistió a la paciente M. N. V., considerara dicho hallazgo como anormal y diera inmediato aviso a la Oficina Legal del Hospital Escuela para que se iniciaran investigaciones. Y es que en aplicación a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, no logramos dar razón alguna a la presencia de una pastilla en el canal vaginal de una fémina, máxime si está en estado de gestación; pues si para el Doctor Mata, quien esta acostumbrado a atender pacientes con partos prematuros, le resultó un hecho irregular éste hallazgo, como no lo puede ser para nosotros, si el lugar del cuerpo de la acusada donde se le encontró la pastilla no resulta apto para ello, ni tampoco se dio explicación alguna de parte de la acusada; tal como se desprende de la declaración del testigo Carlos Mata quien refirió que: “Al momento en que atendieron a la paciente no les brindó toda la información y que fue difícil hacerle un interrogatorio más exhaustivo, porque ella no aportaba mucho”, circunstancia que descarta que la expulsión del feto que gestaba la acusada, hubiese sido por motivos naturales o por motivos de algún medicamento que ella se hubiese aplicado por prescripción médica, pues de haber sido así, ella sin ningún temor lo hubiese referido al médico que la estaba atendiendo, pero ello no fue así, como tampoco dio razón del porque de la presencia de la pastilla que se le encontró en su canal vaginal. No siendo tampoco ésta circunstancia dilucidada, ni siquiera en el momento de celebrarse el debate en contra de la acusada, como estrategia de descargo a su favor; por lo tanto resulta infundado que el Juzgador en la sección de la valoración de la prueba y en la fundamentación jurídica, estime que lo que se le encontró en la paciente, bien pudo ser otro tipo de medicamento que dentro del ámbito ginecológico son introducidos vía vaginal, pues no existe ningún medio de prueba que respalde esta tesis, por lo tanto ésta posición del Sentenciador vulnera el Principio de Veracidad que integra el Principio de Razón Suficiente, ya que incorpora en su valoración circunstancias que no fueron acreditadas en el juicio, porque la única que pudo haber referido ello en todo caso hubiese sido la misma imputada, y ésta no declara en juicio. Contrario a ello, si se presentó a declarar en su condición de testigo, la hermana mayor de la acusada A. V. S., quien es enfermera y cuya deposición ya fue ampliamente referida en el motivo anterior. En respaldo de lo supraseñalado, también se incorporó como medio de prueba pericial el dictamen médico No. 1031-08 que fue ratificado en juicio, por la Perito Nora Lizeth Guzmán Palma, que consiste en la evaluación físico que se le practicó a la acusada en fecha 14 de mayo del 2008 (un día después del hecho investigado) en cuyo dictamen consta como un elemento del mismo la Historia Médico Legal, que al efecto transcribimos literalmente: “HISTORIA MEDICO LEGAL: “manifiesta la evaluada que el lunes 12 de mayo del 2008, presentó un aborto, el cual fue provocado ya que tomó una pastilla que no recuerda el nombre: Recibió atención médica hospitalaria en el Hospital Materno Infantil, por espacio de dos días, realizándole legrado”; al momento del interrogatorio de las partes la perito explicó: “Que la historia médica legal es lo que la paciente le dice a la médico y en base a ello se evalúa” (consta así en la sentencia impugnada en página 8, párrafo segundo); en razón de ello también la perito hizo un resumen del Expediente Clínico No. 2170449 de la paciente M. N. V., donde se hace constar que el parto prematuro fue provocado o inducido, ya que se encontró en el cérvix una pastilla blanca. Y en adición se allegó el dictamen de la autopsia que se le practicara al cadáver del feto, que resultó como causa de muerte: Inmadurez Fetal, pues como muy bien refirió el Perito Rafael Alfredo Guerrero en el juicio, era imposible la supervivencia del producto fuera del útero materno, debido a que sus órganos vitales aún no se habían desarrollado; no obstante tomando en cuenta los antecedentes clínicos del fallecimiento del feto, se desprende que la manera de muerte es Homicida, si tomamos en cuenta que la madre, utilizó un mecanismo para interrumpir su normal gestación. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de las probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desemboque en una conclusión de absolver (en caso de insuficiencia probatoria o bien de duda) o condenar al enjuiciado; y las máximas de Experiencia Común, como integrantes de la Sana Crítica, pues de la prueba evacuada se desprende que la acusada tenía un móvil para interrumpir su embarazo y así lo hizo, tal como lo señalamos anteriormente; y que la circunstancia del desconocimiento respecto al tipo de medicamento era la pastilla que le fue encontrada en su zona vaginal, si bien es cierto constituía un elemento de prueba importante, no consideramos que éste fuese fundamental como para absolverla, pues del resto del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que ella se provocó un aborto, el cual según el artículo 128 del Código Penal constituye un delito. En consecuencia el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.”.- IV.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- Al no estar de acuerdo con la Sentencia, el Ministerio Público ha presentado Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, exponiendo que dicha disconformidad se debe a que los Juzgadores han incurrido en un vicio in procedendo en su resolución, el que explica mediante la exposición de dos motivos: 1).- Exclusión de prueba de valor decisivo consistente en la declaración de la testigo Alba Velásquez Silva y el declaración de la acusada M. N. V. S.; y 2).- Violación a las reglas de la sana critica en el proceso de valoración de los medios de prueba aportados al debate.- V.- PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: EXCLUSIÓN DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO EN LA LITIS.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.2; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Bajo éste título la Censora denuncia que los Juzgadores excluyeron prueba de valor decisivo para la causa, ya que debido a ello se generó un pronunciamiento absolutorio. Sostiene que la Instancia no consideró lo declarado por la testigo A. V. S., hermana de la acusada y de profesión enfermera, quien en debate declaró haber escuchado de su hermana manifestaciones de arrepentimiento por lo hecho y que esto se debió a una debilidad. Agrega que el Tribunal dejó de considerar la declaración de la acusada cuando al cierre del debate y en el ejercicio de su derecho a la última palabra indicó que “todo lo hizo por miedo a sus padres, compañeros de colegio”.- II.- Para dar respuesta a lo planteado es preciso indicar que los artículos 202, 336 y 338 sección cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal obligan al Órgano Juzgador a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y armónica; conforme al artículo 333, solo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de ahí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo.- Uno de esos vicios es el previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que se produce cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud.- Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como “Inclusión Hipotética”, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo.- III.- El Motivo es de Recibo.- Son dos los reclamos de La Censora formulados bajo este título donde denuncia exclusión de dos medios de prueba de valor decisivo: 1).- En relación a la testigo A. V., ésta rindió declaración testifical en la audiencia de debate (F. 123), después de haber sido informada de su derecho de abstenerse por tener el segundo grado de parentesco por consanguinidad con la acusada y en la sentencia los Juzgadores se ocuparon de su motivación descriptiva en el apartado 1.1 de la Valoración de la prueba (F. 128 v.) y de su Motivación Intelectiva de manera conjunta con otro medio de prueba (F. 129v), de tal modo que no se ha hecho exclusión del medio de prueba, éste fue objeto de motivación por el órgano jurisdiccional e incluido en la ecuación valorativa.- La Censora a través de este motivo expone su desacuerdo respecto a la valoración hecha por los Juzgadores al medio de prueba, lo cual no es conforme con el objeto del reclamo casacional por exclusión de un medio de prueba de valor decisivo, sino que su argumento es más propio cuando se cuestiona la observancia de las reglas de la sana crítica.- 2).- En relación a la declaración de la acusada M. N. V. S., el cuestionamiento genera múltiples preguntas que merecen ser contestadas, en principio el hecho de si la declaración del acusado(a) en la audiencia del debate debe o no ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica y en especifico que relevancia tiene para el proceso la declaración que eventualmente rinda el acusado(a) en el cierre del debate ejerciendo su derecho a la última palabra.- En respuesta es importante señalar que el ejercicio de la defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del Derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado(a) pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se materializa, entre otros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República.- El Derecho a declarar en el proceso penal (o de abstenerse de hacerlo, Art. 88 Constitucional), le es informado al acusado desde el momento mismo de su aprehensión o desde el momento en que éste se presenta por primera vez ante el Ministerio Público o ante el Órgano Jurisdiccional, derecho que se mantiene durante todo el proceso conforme al artículo 4 segundo párrafo del Código Procesal Penal, así pues, el acusado tiene el derecho de declarar en cualquier etapa del proceso, en cualquier audiencia y deberá de ser oído por el Juzgado o Tribunal y considerar dicha declaración según sea el acto procesal en el que se realice, de este modo en la audiencia preliminar la declaración del acusado se evaluará junto con los méritos que existan para decidir si se debe o no dictar el auto de apertura a juicio, si la declaración es rendida en la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal de Sentencia la tendrá en cuenta para efectos de admitir o denegar la misma, etc., se trata de un derecho que no puede ser omitido en ningún caso y que tiene su equivalencia como el caso de llevarse un proceso penal en contra del acusado sin defensa técnica.- Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, el proceso penal destina momentos específicos donde el órgano jurisdiccional debe consultar al acusado si desea rendir declaración o abstenerse de hacerlo, estos son la audiencia de declaración de imputado (Art. 286 del CPP), al inicio de la audiencia de debate (Art. 323 CPP) y previo a la conclusión de la audiencia de debate (Art. 334 último párrafo del CPP), momentos en donde el acusado(a), debidamente asesorado por el Letrado, decidirá la conveniencia o no de expresarse, éste derecho a declarar genera la inversa obligación al Tribunal de sentencia de oír dichas declaraciones y manifestaciones, ya que de lo contrario éste no se traduciría en un verdadero derecho, sino en un mero acto formal sin incidencia material, sería no menos que una burla al acusado (a) a quien se le ha repetido a lo largo del proceso que tiene derecho a declarar pero al final lo que diga, sin importar su trascendencia, no tiene valor alguno. El deber de los Tribunales de oír al acusado(a) implica el tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso, en el caso especifico de la audiencia de debate es el deber del Tribunal de Sentencia de analizar lo dicho por el acusado(a) conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo, ésta valoración es la misma que se debe realizar cuando el acusado participa voluntariamente en un careo (Art. 260) o en una Reconstrucción de Hechos (Art. 262 cpp).- Entre las declaraciones que puede brindar la persona acusada está la última palabra en el debate, misma que obedece al derecho del acusado(a) de ejercer su defensa material, quien después de haber escuchado la prueba que existe en su contra, los argumentos del acusador y los alegatos de su propio defensor, puede decidir dirigirse por última vez a los Jueces de Sentencia para efectos de ratificar o rectificar sus propias declaraciones, rebatir las versiones de los coimputados, cuestionar o resaltar aspectos referidos por testigos y peritos, discrepar, corregir o complementar lo dicho por su propio representante legal, o incluso confesar los hechos imputados, es el acusado(a) quien mejor que nadie conoce sobre la fidelidad de lo que se ha informado en la audiencia de debate con lo que ocurrió en la realidad y por ello debe darse la oportunidad para que éste lo exprese. La diferencia entre la declaración que pueda rendir el acusado(a) al inicio del debate con la que realiza al final del mismo es que en el último caso no es interrogado por las partes o por el Tribunal, más esto no le resta importancia a esta manifestación o exime al Tribunal de no considerarla al momento de su deliberación. El acusado(a), al final de la audiencia de debate se ha formado una visión de la actividad probatoria y de los argumentos alegados por la parte acusadora y de su propia defensa, por lo que podrá añadir lo que considere pertinente, manifestación que realiza con claro conocimiento sobre su derecho de abstenerse de declarar, de consultar cualquier duda a su abogado defensor y con plena conciencia de que serán las últimas palabras que escucharan los Juzgadores de su parte previo a tomar una decisión y de ahí su importancia, ergo, el Tribunal de Sentencia no puede dejar de considerar lo dicho en esta oportunidad por el acusado(a) bajo la premisa de que es una mera manifestación o porque no es objeto de interrogatorio posterior, olvidando que se trata de un acto material de defensa hecho por el protagonista del proceso penal y que amerita ser valorado por quienes decidirán sobre la procedencia de la acusación. Al no considerar el contenido de lo dicho por el acusado(a) en su última palabra en el debate se produce un vicio in procedendo con negativas repercusiones constitucionales, la omisión del Tribunal de Sentencia de no realizar ninguna reflexión en su deliberación y en su sentencia sobre la última manifestación del acusado implica violación al ejercicio material de la defensa y al debido proceso, violación que es de la misma índole y gravedad que cuando se omite darle al acusado(a) la oportunidad de realizar dicha manifestación.- En el caso de examine, previo a dar por cerrado el debate los Jueces de Sentencia consultaron con la acusada M. N. V. S., si deseaba manifestar algo, ésta con conocimiento pleno de sus derechos, teniendo a su lado a su representante legal y con clara visión de la carga probatoria recibida, decidió hacer uso de ese derecho, indicando que había realizado el hecho por miedo a sus padres y compañeros de colegio, manifestación que fue restada del análisis realizado por el órgano jurisdiccional en la sentencia y que por ende representa un vicio in procedendo al no haberle otorgado valoración alguna (positiva o negativa), por lo que en cuanto a éste aspecto es procedente declarar con lugar el primer motivo del recurso de casación por Quebrantamiento de Forma.- VI.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- Al haber prosperado el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Representación del Ministerio Público, esta Sala considera innecesario pronunciarse sobre el segundo motivo antes expuesto. - POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia se declara la nulidad de la sentencia de fecha diecinueve (19) de Octubre de 2009 y la audiencia de debate en que se profirió, resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la que se declaró absuelta a la acusada M. N. V. S., por un delito de Aborto, en perjuicio de la Vida Dependiente de un Ser Humano.- MANDA.- I.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, proceda a celebrar un nuevo debate, en el cual deberán participar Jueces distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha diecinueve (19) de Octubre de dos mil nueve (2009); II.- Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales pertinentes.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada KARLA ARITA MENDOZA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha quince de abril del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-32-2010

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL