Sentencia CP-313-12 — Registro 2902
Resumen
Se condenó en primer instancia al imputado por el delito de violación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que en el planteamiento del motivo, el Censor se ha alejado de la técnica jurídica que exige el Recurso, ya que el desarrollo o explicación del motivo, requiere que lo centre en la infracción citada, es decir, el Error de Hecho cometido por el juzgador apreciable en los hechos probados y derivado de la equivoca tasación de un documento o acto concreto de carácter auténtico, siendo su obligación señalar concretamente cual es el error de hecho que contiene la declaración de los hechos probados, que documento o acto de carácter auténtico demuestra la existencia de dicho error y como éste error repercute en el fallo emitido, y que ha sido justamente lo que ha quedado a deber en su recurso el Censor. CONSIDERANDO (5): Que por las estimaciones anteriores, el Recurso de Casación formalizado por el Abogado M. R. A. E., no responde a la precisión, congruencia y claridad requerida por la ley para esta clase de Recurso, siendo por lo tanto inadmisible en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha trece de septiembre de dos mil doce, por el Abogado M. R. A. E., actuando en su condición de Defensor Público del señor R. G. T., alias “C.”; en relación a la Acusación presentada por la Licenciada L. P. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en fecha veintisiete de marzo del dos mil, contra el señor R. G. T., alias “C.” de generales ya señaladas, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de A. D. R.. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinte de julio de dos mil doce, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, que confirmó la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil doce, quien la redactó de la manera siguiente: “PRIMERO: FALLA CONDENANDO al encausado R. G. T. a una pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION por el delito de VIOLACION en perjuicio de la señora A. D. R.. Debiendo cumplir dicha pena, en la Penitenciaria Nacional de El Porvenir de este Departamento, a la misma se aplicará con descuento del tiempo que haya permanecido en efectiva prisión debiendo el condenado a trabajar por ese tiempo en obras públicas, o en labores dentro del establecimiento penal de acuerdo con la ley que regula el Sistema Penitenciario. SEGUNDO: CONDENAR al señor R. G. T. a las penas accesorias de INAHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que permanezca condenado”. RESULTA: Que en sentencia de fecha veinte de julio de dos mil doce, la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, no aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A-quo, quien los redactó de la siguiente forma: “PRIMERO: Que el día veintinueve de enero del años dos mil, el señor R. G. T., aprovechando la oscuridad de la noche, ingresó a la casa de la señora A. D. R. ubicada en la colonia San Jose de esta Jurisdicción, y como la referida señora se encontraba sola la tomó de cuello, la llevó a la cama por la fuerza, intimidándola, agrediéndola físicamente, despojándola de su ropa, procediendo finalmente a abusar sexualmente de ella. SEGUNDO: Que en el momento que el señor R. G. T. consumaba el hecho, fue sorprendido por vecinos de la señora A. D. R., por lo que este al verse descubierto, salió corriendo del lugar, en tanto que los referido vecinos auxiliaron a la víctima a quien encontraron desnuda y con golpes en el cuerpo”. RESULTA: Que en fecha trece de septiembre de dos mil doce, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado M. R. A. E., en su condición de Defensor Público del señor R. G. T., formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: SE FORMALIZA RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. INDICACION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por errores de hecho en la apreciación de las pruebas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido en el artículo 412 numeral 2 del Código de Procedimientos Penales. CONCEPTO DE LA INFRACCION. PRIMERO: En el recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como norma general, el respeto absoluto a los hechos declarados probados por el juzgador de instancia, considerándolos como verdades indiscutibles; sin embargo, como excepción a esa regla, el legislador incluyó, dentro de las causales que dan lugar a la casación en el fondo, el error de hecho en la apreciación de la prueba. Siendo precisamente este el caso que se produce en la presente causa, pues en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida de fecha veinte de julio de dos mil doce, en la que resolvió confirmar la sentencia condenatoria pronunciada contra R. G. T., incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba. SEGUNDO: En el fallo impugnado el Ad-Quem, refiere que los hechos tenidos como probados por él, se sustentan en las declaraciones de los testigos M. I. A. R. y F. C. y en el dictamen médico elaborado el treinta de enero del año das mil, en el que aparte de las lesiones descritas se establece la historia médico legal relatada por la víctima al momento de ser evaluada. TERCERO: El Ad-Quem al arribar a la conclusión de que el señor R. G. T. abusó sexualmente de la a A. D. R. incurre en un error de hecho en la apreciación de la prueba, ya que en el expediente de mérito están documentadas las declaraciones de los testigos a que hace referencia el Tribunal, pero, como lo ha sostenido la defensa durante toda la secuela del proceso, tales declaraciones no contienen os alcances que el Juzgador les atribuye, pues con ninguna de dichas declaraciones se acredito que el imputado haya tenido acceso carnal con la señora A. D. R., inconsistencia probatoria que resulta empeorada por el hecho de que la persona que aparece como agraviada nunca rindió declaración en la causa, por lo que no se pudo conocer su versión que confirmara si efectivamente habría sufrido algún tipo de agresión de carácter sexual, declaración de ofendida que no puede ser suplida, como lo hace el Tribunal, con los resultados de la evaluación física que se le practicó, pues ello resulta improcedente, porque, si bien es cierto, los resultados de una evaluación física pueden corroborar lo declarado por la víctima, pero nunca podrán suplirla. CUARTO: Dicho lo anterior y, si bien es cierto, que los jueces y tribunales, por disposición legal expresa, pueden, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciaran en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, sin embargo, contrario a lo declarado por el Tribunal, en el sentido de que con las declaraciones de los testigos M. I. A. R. Y F. C. se sustentan los hechos declarados probados, en realidad lo que concurre en la causa es una pura sospecha en contra del imputado sin un adecuado correlato probatorio, y la presunción judicial importa un proceso lógico, un raciocinio, que permite pasar de un hecho conocido a otro desconocido, en donde el razonamiento es generalmente de tipo inductivo, consistente en una actividad intelectual del juez frente a un caso particular, valiéndose de reglas de experiencia, es decir de conocimientos comunes; para ello practica un verdadero examen crítico de un hecho, cotejándolo con circunstancias, situaciones y efectos que en condiciones normales ocurren de ordinario; examen crítico que no se produce en esta causa en donde el Tribunal, incurriendo en un evidente error de hecho, arriba a un resultado de culpabilidad sin que ello se derive de las pruebas aportadas en la causa, especialmente de las declaraciones testifícales de cargo, pues en tales declaraciones se observan inconsistencias que le restan contundencia a sus dichos, como es el caso de la testigo M. I. A. R. quien en su relato refiere que el imputado fue capturado, en flagrancia, por sus vecinos incluida la declarante, por la supuesta violación de una persona de nombre M. L., aunque refiere que dicho imputado también habría abusado sexualmente de la señora A., tal desconcierto arroja muchas dudas en cuanto a la ocurrencia o no de algún tipo de agresión que habría sufrido la señora A. D. R., pues la propia ofendida no ha denunciado en juicio ese hecho. QUINTO: De lo anterior y no existiendo elementos de prueba que señalen de manera clara, precisa y sin lugar a dudas que R. G. T. haya tenido acceso carnal con la señora A. D. R. en contra de su voluntad, lo que corresponde conforme a la ley y a la justicia es absolverlo de toda responsabilidad penal.” RESULTA: Que mediante auto de fecha trece de septiembre de dos mil doce, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado M. R. A. E., en su condición de Defensor Público del imputado, por lo que se dio traslado de los autos a la Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen, haciéndolo dicha funcionaria en fecha ocho de noviembre de dos mil doce, de la siguiente manera: “III.- OPINION: Con fundamento en las razones expuestas, el MINISTERIO PUBLICO dictamina desfavorable a la admisión del Recurso de Casación en su motivo único”. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO (1): Por el cauce procesal del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales de 1984, se ha presentado Recurso de Casación por Infracción de Ley, en un único motivo, enmarcándolo en el numeral 2) de la norma indicada. El Censor sostiene que concurre el motivo debido a que en las declaraciones testificales de los señores M. I. A. R. y F. C. y la prueba documental consistente en el dictamen médico forense practicado a la ofendida A. D. R. por el Doctor A. M., se ha cometido un error de hecho por parte de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, al haberles dado un alcance probatorio distinto al que verdaderamente tienen, ya que contrario a lo que afirmó en su sentencia, lo que existe en la causa son meras sospechas que no tienen correlato probatorio. CONSIDERANDO (2): Que el artículo 412 del indicado ordenamiento, dispone: “Se entenderá que ha sido infringida una ley para el efecto de que puede interponerse el recurso de casación: 1....2. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieron desvirtuados por otras pruebas”. Esta Corte Suprema de Justicia, ya ha explicado el contenido de éste numeral anteriormente, indicando que constituyen sus elementos: 1) Que en la valoración de la prueba haya habido error de hecho. El error de hecho se demuestra con una simple comparación objetiva, sin hacer relación a las disposiciones legales que regulan los distintos medios de prueba. 2) Que el error resulte de documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador. Es decir, que si al comparar lo que ha sido declarado probado en la sentencia con un documento auténtico, se vea claramente que el Juzgador se equivocó, porque la motivación fáctica no corresponde al contenido de tal documento. (…) Pero, debe tratarse de documentos o actos realmente auténticos, que intrínsecamente y por si solos encierren verdades irrebatibles, que haya producido fuera del proceso e incorporados, de manera legal, al mismo; 3) El contenido de los documentos o actos realmente auténticos, no debe haber sido desvirtuado por los otros medios de prueba.” (Ver fallos del Exp 520-04 del 12 de octubre del 2004, Exp 207-2010 del 08 de noviembre del 2012 y Exp 309-2010 del 10 de enero del 2013). Igualmente, este Supremo Tribunal, ha definido que lo que debe entenderse como documento auténtico, señalando que: “… no son documentos auténticos aquellos que simplemente presenten una extensión de autenticidad innegable, sino los que además constituyen por sí y por la fuerza misma de su contenido, una expresión de verdad manifiesta y notoriamente irresistible” (ver fallo del Exp 1642-04 del 04 de octubre del 2005). Dicho de otra manera, la categoría de documento o acto auténtico lo determina: la formalidad extrínseca: expedido con los requisitos legales por autoridad o funcionario revestido de fe pública y la formalidad intrínseca: que por sí solo constituye la demostración indestructible de la certeza de los hechos que en el mismo se contenga, sin que esta certeza se derive de una simple manifestación de voluntad. CONSIDERANDO (3): Que este Tribunal de Casación advierte dos errores en el planteamiento del Recurso de Casación, que por su esencialidad le condenan a la inadmisibilidad: 1) El Censor omite hacer el proceso de confrontación entre el documento o los documentos o actos que considera auténticos con alguna de las afirmaciones de los hechos probados, que pudiesen demostrar la equivocación de hecho del juzgador de la segunda instancia, por cuanto el sentido del motivo es precisamente hacer relieve de un error en que haya incurrido el Juzgador en la formulación de los hechos probados; 2) El Censor cita como documento auténtico las declaraciones testificales de los señores M. I. A. R. y F. C., que claramente no son documentos mucho menos de carácter auténtico, además señala la prueba documental Dictamen Médico Forense realizado por el Doctor A. M. en fecha 30 de enero del año 2000, que si bien, es un medio de prueba documental, el Censor obvia en explicar porque se le debe de tener a éste como auténtico, cual es el error que se aprecia en la declaración de hechos probados y como el documento citado demuestra su existencia, en lugar de ello el Censor toma una dirección opuesta y argumenta que no merecen el valor probatorio que les fue atribuido por el Tribunal de la Segunda Instancia y que precisamente su falta de valor es lo que genera el supuesto error de hecho. CONSIDERANDO (4): Que en el planteamiento del motivo, el Censor se ha alejado de la técnica jurídica que exige el Recurso, ya que el desarrollo o explicación del motivo, requiere que lo centre en la infracción citada, es decir, el Error de Hecho cometido por el juzgador apreciable en los hechos probados y derivado de la equivoca tasación de un documento o acto concreto de carácter auténtico, siendo su obligación señalar concretamente cual es el error de hecho que contiene la declaración de los hechos probados, que documento o acto de carácter auténtico demuestra la existencia de dicho error y como éste error repercute en el fallo emitido, y que ha sido justamente lo que ha quedado a deber en su recurso el Censor. CONSIDERANDO (5): Que por las estimaciones anteriores, el Recurso de Casación formalizado por el Abogado M. R. A. E., no responde a la precisión, congruencia y claridad requerida por la ley para esta clase de Recurso, siendo por lo tanto inadmisible en su único motivo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, de acuerdo con la opinión del Ministerio Público, y haciendo aplicación de los artículos: 303, 304, 313 atribución 5, reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 420 del Código de Procedimientos Penales de 1984. FALLA: Declarando INADMISIBLE el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, formalizado por el Abogado M. R. A. E. contra la sentencia condenatoria dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte (20) de julio del año dos mil once (2011). Y MANDA: Que con certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-313-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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