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Sentencia CP-313-10 — Registro 14528

Resumen

En primer instancia se condena a la imputada por el delito de Tráfico De Drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Esta Sala considera pertinente recordar que esta tipología, prevista por el artículo 361 del Código Procesal Penal, es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, mas el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece cuales son los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias. El impetrante considera que se ha violentado la Garantía Constitucional de la “Inviolabilidad del Domicilio” pues en la búsqueda de la ahora imputada Maritza Guillen Rosales, varios agentes de investigación ingresaron a una casa sin contar con la debida autorización judicial como tampoco una vez realizado el ingreso solicitaron su convalidación ante el Juez de Letras respectivo; y sin bien es cierto que la casa allanada era propiedad de la hermana de la encartada; al tenor de lo establecido en el artículo 177 del Código Procesal Penal debieron solicitar igualmente la autorización judicial correspondiente. Esta Sala es del criterio que en ningún momento se ha vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio en perjuicio de la señora Maritza Guillen, ni es aplicable en el caso bajo examen el primer párrafo del artículo 177 del Código Procesal Penal como lo pretende el recurrente; en este sentido es oportuno recordar que los agentes de policía se trasladan hasta la ciudad de Santa Rita departamento de Yoro, con el único objetivo de realizar un Estudio Socio-económico de la señora Hermelinda Guillen –hermana de la ahora imputada- quien se encontraba privada de su libertad en el Centro Penal de Tela, quienes al llegar a la dirección proporcionada por los mismos vecinos, encuentran una casa deshabitada, de tal manera que no constituía morada de persona alguna, dándose la circunstancia de que en el mismo espacio temporal observan un niño –que resultó ser hijo de la imputada- que se trasladaba de la casa contigua hacia el solar de la casa deshabitada y que al no atender el llamado de los agentes de policía, estos últimos en la creencia de que se trataba de un saqueo ingresaron a la vivienda deshabitada encontrando dentro de una canasta que portaba el menor una cantidad de marihuana así como también otra cantidad a junto a un sanitario de la vivienda tantas veces referida. Para determinar que puede constituirse como domicilio y que no, resulta ilustrativo lo expuesto por el jurista Urbano Castrillo cuando explica lo siguiente: “En consecuencia, el domicilio, incluso en su aspecto fáctico de morada, no es simplemente el lugar en el que se vive o mora sino que encierra una complejidad del caso concreto, principio constitutivo de lo jurídico, que ha merecido en reciente sentencia de nuestro más Alto Tribunal (STS 30 de abril 1996 [RJ 1996,3218], Ponente: Excmo Sr. De Vega) el siguiente concepto amplio o constitucional:  a) el espacio en que la persona vive sin estar sujeta necesariamente a los usos y convencionalismos sociales; b) el lugar en el que el sujeto ejercita su libertad mas intima, como emanación natural de la propia persona, en definitiva donde se desarrolla lo que se ha denominado la privacidad de la persona a través de la cual proyecta su “yo anímico” en múltiples direcciones; y c) el local, por precaria y humilde que sea su construcción, en donde la persona vive y se cobija para cumplir con sus obligaciones y con el ejercicio de sus derechos, lo mismo si es habitual que si es accidental o transitorio, sin llevar consigo necesariamente ni la propiedad ni la posesión arrendaticia. En cuanto a los casos en que no se ha considerado domicilio tenemos: 1)… 2)… 3)… 4)… 5) Las casas abandonadas o deshabitadas, cuyo uso o actividades delictivas suele señalarse por la jurisprudencia (así la STS 31 enero 1995 [RJ 1995,268], respecto al tráfico de drogas), en tanto que la STS 27 noviembre 1993 (RJ 1993,10013) no reputa domicilio un piso en el que nadie residía ni se utilizaba como vivienda permanente o accidental. Tienen, por tanto la consideración de lugares públicos según las SSTSS 18 febrero 1994 (RJ 1994,935), 15 octubre 1994 (RJ 1994,79187) y 19 enero 1995 (RJ 1995,569) incluso aunque allí moren personas, dado que se trataba de una vivienda en ruinas (STS 27 septiembre 1995 [RJ 1995,6643)[1]. El Articulo 177 párrafo segundo del Código Procesal Penal advierte: “ Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, no serán necesarias para entrar en establecimientos públicos, negocios, comercios, centros de reunión o recreo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, que no sirva de casa de habitación, residencia o domicilio de una persona.” En tal virtud, la misma imputada MARITZA GUILLEN ROSALES manifestó que en la casa de mérito no vivía nadie y aunque era de su hermana, no era habitada por ella u otra persona, de tal manera que las autoridades policiales constataron que la misma estaba deshabitada, de lo cual se deriva que en el caso en estudio no resultan aplicables los requisitos y formalidades que para el allanamiento de domicilios prevén la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que por medio del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresponde a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia.  El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso bajo examen el Censor no ha precisado en su recurso, cuales son las normas sustantivas infringidas ya sea por aplicación indebida, interpretación errónea o falta de aplicación, lo puntos específicos de controversia y como incidió la supuesta infracción en defensa de su patrocinada lo que impide a esta Sala dar una respuesta concreta al presente motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están  referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Un examen detenido de los antecedentes revela que si bien es cierto que el censor ha denunciado que el Tribunal de instancia inobservó las Reglas de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba evacuada en juicio, no ha señalado clara y puntualmente que regla considera violentada, en que parte de los razonamiento del A-quo incurrió en la infracción denunciada y como esto ha incidido en la defensa de la encartada limitándose a a proponer una revaloración de la prueba con alegatos propios de instancia, lo que no es permitido en sede casacional. Por las razones expuesta se declara sin lugar el presente motivo..."

Legislación citada

Sentencia

SP 313-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil cinco, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1º.-CONDENANDO a la acusada MARITZA GUILLEN ROSALES, por el delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y una multa de UN MILLÓN DE LEMPIRAS (Lps.1,000.000.00).- 2º.- CONDENANDO a la acusada a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL.- 3º.-DECLARANDO a la acusada MARITZA GUILLEN ROSALES responsable civilmente.- 4º.- NO CONDENÓ en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA, Apoderado Defensor de la encartada MARITZA GUILLEN ROSALES.- Son partes: El Abogado Arnaldo Alcides Garcia en su condición de Defensor Público de la imputada, como recurrente y la Abogada Yessenia María Márquez en su calidad de Representante del Ministerio Público como recurrida. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS PRIMERO: El once de diciembre del año dos mil tres, en horas de la mañana, agentes de la policía nacional en compañía de una trabajadora social llegaron a la comunidad de SANTA RITA, YORO, en búsqueda de familiares de la señora HERMELINDA GUILLEN, quien permanecía privada de su libertad en el Centro Penal de TELA, a fin de establecer su condición socioeconómica y situación de sus menores hijos, por lo que al llegar al sector las autoridades procedieron a preguntar a los vecinos sobre el paradero de la familia GUILLEN, logrando obtener una dirección, se dirigieron al lugar encontrando una casa deshabitada, sin embargo un agente de investigación se percató que en el solar del inmueble venía un niño corriendo desde la casa contigua, que era propiedad de MARTIZA GUILLEN, y que este llevaba en sus manos una canasta y una bolsa plástica, por lo que el agente comenzó a llamarlo sin que el niño hiciera caso, en su lugar apareció la señora MARITZA GUILLEN, quien venía detrás del niño y le preguntó a la policía que deseaba.- SEGUNDO: Una vez identificado el policía, le solicitó información a la señora MARTIZA GUILLEN, sobre la presencia del niño, la cual esta negó, aduciendo que en esa casa no vivía nadie, lo que causó extrañeza en el agente, que entonces decidió saltar un portón para ingresar al solar, ante la creencia que aquellas personas saqueaban la casa abandonada, posteriormente otros policías uniformados siguieron al agente de investigación e ingresan al patio en donde encuentran la referida canasta conteniendo varios carrucos y una bolsa plástica negra conteniendo en su interior hierba seca (marihuana), a la par de este hallazgo se encontraba un menor de edad hijo de doña MARITZA GUILLEN, ésta en ese momento trató de entregar un monedero a otro menor de nombre D. A., conteniendo diez mil lempiras, mientras tanto otro agente encontraba mas droga (marihuana) oculta en un sanitario del mismo patio de la casa de la hermana de la señora MARITZA GUILLEN, por lo cual esta fue capturada en ese momento.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado DENYS IVAN RAMÍREZ PADILLA, en su condición de Apoderado Defensor de la Señora MARITZA GUILLEN ROSALES, es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.-EL RECURRENTE ABOGADO, DENYS IVÁN RAMIREZ PADILLA, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO DEFENSOR DE LA SEÑORA MARITZA GUILLEN ROSALES, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.- MOTIVO ÚNICO: Por no haber observado el sentenciador en el fallo la vulnerabilidad de garantías constitucionales y porque dicho fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del fallo.- Y por no haber observado el sentenciador, al momento de la valorización de la prueba, las reglas de la sana crítica.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 360, 361 y 362 Numeral tercero, del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente Recurso establecer lo que se debe de entender en cuanto a la Infracción a la ley, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables al caso del pleito, y lo que se debe de entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene vicios graves que atentan contra la ley o doctrina legal, y un flagrante irrespeto a las garantías procesales y constitucionales, y los derechos y libertades del domicilio de la persona humana.- Ya que en fecha Once de Diciembre del año Dos mil Tres, aproximadamente a las 10:25 A.M fecha en la cual se le dio captura a la señora MARITZA GUILLÉN ROSALES, los Policías TOMAS DE JESÚS MATUTE GARCIA, DENIS GEOVANY ORELLANA, y ALEX GEOVANY HERNÁNDEZ saltan el cerco de la casa, como así lo dicen en el acta de debate.- Pues considero que dicho ALLANAMIENTO es ilegal, por considerar que se han violentado las garantías del debido proceso, ya que el Artículo 212 del Código Procesal Penal habla sobre los Requisitos para practicar el Allanamiento de Morada, y se refiere que el Allanamiento de morada casa o lugar en que viva una persona, solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente, y dice que lo dispuesto anteriormente, no será aplicable en caso de Flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, perdida o ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo para solicitar la autorización judicial.- En estos casos el Ministerio Público, una vez practicado el Allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron.-El Juez por auto motivado Convalidará o Anulará, total o parcialmente lo actuado; En lo demás se estará a lo dispuesto por el Artículo 99 de la Constitución de la República.-Y este artículo 99 de la Constitución de la República dice que la autoridad policial que practique el Allanamiento deberá hacerse acompañar de dos testigos que no tengan vinculación con los cuerpos de investigación y se levantará acta, firmada por quienes participaron en el allanamiento.— El Artículo 94 del Código Procesal Penal se refiere a la exclusión de los medios de prueba por causa de su ilicitud, y dice que cuando los Fiscales tengan en su poder pruebas y sepan que fueron obtenidas por métodos ilícitos especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes y abuso de los derechos humanos, se abstendrán de utilizarlas.-También el Artículo 200 del Código Procesal Penal, se refiere a las Pruebas Prohibidas o Ilícitas, y dice que carecen de toda eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, relativos a derechos humanos de que Honduras forme parte.- El Artículo 214 del Código Procesal Penal, previene la situación jurídica en caso en que el que habite la morada se encuentra ausente. - Como es el presente caso que nos ocupa.- También el Artículo 177 de ése mismo cuerpo de leyes, y el espíritu del legislador, se refiere a que la persona que deba ser aprehendida o detenida, se encuentre en una casa de habitación propia o ajena, y en el caso que nos ocupa la referida sentencia que se está impugnando, quiere dar por válido, que se puede allanar una casa que esta deshabitada, con lo cual se ha querido de desfigurar dicha garantía constitucional. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal, el sentenciador o el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida con arreglo a la sana crítica. –En el presente proceso que nos ocupa y con el objeto de determinar desde el punto de vista toxicológico si la hierba seca es o no marihuana o cannabinoides, la perito o médico forense nominada por el Ministerio Público, Doctora OSIRIS CHESSMAN, dice que la metodología del análisis practicada a la evidencia, supuestamente Marihuana, es la COLORACIÓN, que es un reactivo, según ella para verificar si la evidencia es o no marihuana. Por lo cual lo expuesto por dicha perito del Ministerio Público, lo refutó y estoy en total desacuerdo con dicha metodología, ya que las pruebas Colorimétricas son pruebas presuntivas y nunca confirmatorias de la identidad de una sustancia.- Porque todas las Cainas: tetra-caina, lidocaína, mebo-caina, y cocaína, dan color celeste (colorimetría: color, metria medida ), y las tres primeras mezcladas con harina, maicena, causan una sensación de adormecimiento, (porque son anestésicas), y en polvo blanco: parece cocaína, y respecto a que la hierba seca puede ser o parecerse a la marihuana, por lo tanto existen falsos positivos, y en derecho no debe de existir duda sobre el método de laboratorio empleado, porque en administración de justicia, debe de identificarse, conocer que es una sustancia y nunca como hoy debe de aceptarse una prueba COLORIMETRICA, en un tribunal que administre justicia con ciencia, y que goce de la seriedad de la sabiduría, elemento inherente en el cargo de Juez.- Luego de una prueba COLORIMETRICA, deben de hacerse las Pruebas confirmatorias, que hace la identidad de una sustancia donde ello significa, conjunto de rasgos propios que los caracterizan frente a los demás, y ello solo se logra con la CROMATOGRAFÍA O ESPECTROFOTOMETRIA de masas, que es el procedimiento que establece la identidad de la sustancia o la hierba sometida a estudio. Estas dos cosas o métodos de identificación plena de una sustancia, hierba o droga, deben ser sabidas por quienes administren justicia, aceptar una prueba Colorimétrica como identificadora es como decirle a un paciente que un test de Elisa le salió positivo, por ende tiene HIV (SIDA), y ni por tres que se haga tendrá eso, sino cualquier enfermedad del colágeno, cisticercosis, etc. (lo anterior ha matado gente), por ello debe de hacerse la prueba confirmatoria y decir con propiedad sobre el hallazgo.- La justicia en la ciudad de Tegucigalpa M D.C. es una cosa, y fuera de ella es otra cosa; Vemos que en Tegucigalpa los exámenes para verificar si una hierba es marihuana; o si el polvo es cocaína, se están haciendo pruebas confirmatorias, mientras que en el resto del país, como en la ciudad de El Progreso, Yoro, y en San Pedro Sula; Cortés, los tribunales de justicia están basando sus sentencias por pruebas colorimétricas, (COLORACIÓN), como la vertida por la DRA. OSIRIS CHESSMAN. Médico Forense del Ministerio Público, con muchísimos falsos positivos. ¿Cómo supieron en verdad que la hierba seca era marihuana? (tomado del Dr. DENNIS CASTRO B0BADILLA).- El testigo de cargo el policía Thomas de Jesús Matute, en su declaración testifical y al preguntársele ¿Fue esa la Evidencia que usted decomisó? Contesta SI.— Luego se le pregunta ¿Usted llenó la cadena de custodia? Sostuvo, fue Un Compañero- Con este hecho se demuestra que se alteró la evidencia; la evidencia debe ser presentada en su manera original y se demuestra que no se cumplió la Cadena de Custodia, ya que el Policía MATUTE, él encontró la evidencia; por lo tanto él tenía que llenar el respectivo informe, ya que la Cadena de Custodia es un procedimiento legal y administrativo que nos garantiza la autenticidad de los elementos probatorios, decomisados en cualquier hecho delictivo asegurándonos que pertenecen al caso investigado, con la debida Identificación, Descripción, Cuantificación, sin alteración, contaminación, confusión o sustracción.-El Procedimiento de la Cadena de Custodia consiste en que una vez decomisada la Evidencia tiene que ser presentada en su condición original y bajo una Cadena de Custodia continua, por pequeño que sea el lapso en que se rompa la continuidad de la cadena de custodia es suficiente para que la evidencia no sea admitida en el Tribunal.- La cadena de custodia se hace mediante recibos, anotando las razones para efectuar la transferencia, fecha, hora, el lugar, el nombre completo, firmas y cargo de la persona que entrega y de quien recibe la evidencia, esta tiene que ser embalada en el lugar por la persona que la encontró.- Toda evidencia que requiera de análisis de laboratorio debe ser transportada de inmediato por la persona que la encontró o decomisó y con su hoja de custodia (Manual de Cadena de Custodia Dra. Olga Aceituno Parham.- Luego el Tribunal pregunta ¿a la acusada qué le decomisó? contesta El Dinero.- con lo que se evidencia que a mi representada no se le encontró otra cosa más que su dinero y no hierba seca.-Asimismo consta la declaración del testigo Denis Yobani Orellana que en su declaración y al preguntarse dice: ¿de cuáles de las dos casas sale el niño? ¿La evidencia de donde la saca el niño? Contesta: yo no pude observar eso.- ¿usted también salto la cerca? Contesta: por el lado del portón.- ¿usted encontró hierba seca en el baño? Contesta: si, la otra la encontró el oficial Matute en el Solar de la familia Guillén.- ¿cuando usted miro correr al niño, llevaba algo en sus manos? Contesta: no llevaba nada.- Con esta declaración el testigo es conteste que allanó la casa de la familia de Maritza Guillén, además de que no le consta de qué casa salió el niño, y queda evidenciado que a la señora Maritza Guillén, no se le encontró en posesión de hierba seca, ni ejerciendo actos de comercio.-El testigo de cargo señor Alex Yobani Hernández, al preguntarse contesta de la manera siguiente: ¿cómo entro usted a la propiedad? Contesta: también salté la cerca.- ¿por qué parte salió? Contesta: ahí no hay portón.- ¿a quién se le decomiso el monedero? Contesta: a la señora, la Policía de Santa Rita de Yoro. Esta declaración es contradictoria y paradójica a las anteriores en vista que dice que saltó el cerco, y no el portón, y dice que no hay portón. y que lo que le decomisan a la imputada es el monedero Seguidamente declara la señora Rosa Marina Izaguirre. Quien dice: miré que la Policía estaba en la casa de ella (Maritza Guillén), la casa de las dos están pegadas, no tienen cerco, de repente miré que un Policía salto la cerca.- ¿los policías a quienes capturaron ese día? Contesta: a la señora Maritza Guillen y a dos hijos de ella.- ¿El menor de 17 años donde estaba? Contesta: estaba adentro de la casa.-Con la presente declaración se evidencia la flagrante violación a un derecho constitucional como es el domicilio y se demuestra que la detención fue ilegal.-Asimismo el menor D. A. C. G., declara: yo estaba en la casa, en la cocina. Mi mamá (Maritza Guillén), estaba cocinando, luego vi unos Policías y me dijeron que estaba detenido y luego me llevaron.- Con esta declaración una vez más queda plasmado que los Policías allanaron la casa en forma ilegal y capturaron a la imputada en su casa de habitación.-Luego la señora María Lucila Hernández, trabajadora social de la Fiscalía del Ministerio Público, declara: ¿Donde estaba usted ubicada en ese momento? Contesta: venía bajándome, fui la última en entrar a la casa.¿ Por donde entró usted a la propiedad y a qué propiedad? Contesta había una primera casa que era del matrimonio y luego la siguiente que era la de la señora Maritza, yo entre por el portón.- ¿miró a quien le decomisaron la droga? ¿ a la procesada por que la capturaron? Contesta: eso no lo puedo decir yo.- Esta testigo es conteste con las otras declaraciones al decir que no le consta a quien le decomisaron la hierba seca.- Con la inspección practicada por el Honorable Tribunal de Sentencias, no abona en nada, pues considero que dicho medio de prueba fue innecesario, pues los mismos Policías ya no reconocieron la escena y desconocen las casas, y dicen que la cerca esta alta, que el portón esta alto, que la casa esta remodelada, que los, árboles están grandes, etc. En este proceso no se ha acreditado fehacientemente la individualización de a quién pertenecía la hierba seca, decomisadas en el allanamiento, ya que la sola presencia de la imputada en la casa no es un indicio en la comisión de un delito.- Como se ha podido apreciar el conjunto de pruebas desarrolladas en el proceso, al analizarlas conjuntamente y de forma complementaria nos determina con plena certeza que la imputada Maritza Guillen, es inocente y se evidencia que fue objeto de la vulnerabilidad de una garantía Constitucional como es el derechos y libertades del ser humano referente al domicilio.” III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA IMPUTADA MARITZA GUILLEN ROSALES DENUNCIANDO LA VULNERACION DE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA ALEGANDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- 1) El recurrente invoca como motivos de casación la inobservancia de garantías constitucionales por parte del Tribunal de instancia; también denuncia que el fallo contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de ley o doctrina legal y por último reclama que el Juzgador no observó las reglas de la sana crítica al momento de valorar las pruebas; señalando como preceptos autorizantes los artículos 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal. Esta Sala ha constatado que el Censor ha planteado aparentemente tres motivos de casación cuya naturaleza y cauce procesal son distintos, sin embargo al desarrollarlos lo hace en un solo apartado, inobservando lo dispuesto en el artículo 363 del Código Procesal Penal donde se prevé: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo. Con posteridad a la interposición, no podrá invocar otro distinto”. El precepto legal antes citado persigue que los escritos de recurso de casación se revistan de claridad y precisión, evitando las confusiones y falta de concordancia, tal como ocurre en la presente impugnación donde al plasmarse una explicación conjunta de los motivos invocados, torna el recurso en falto de claridad y coherencia. Empero, este Tribunal Supremo en orden a garantizar la tutela judicial efectiva, dará respuesta a las cuestiones planteadas por el Censor dentro de los límites que el mismo ha impuesto al redactar su escrito de interposición. Esta Sala considera pertinente recordar que esta tipología, prevista por el artículo 361 del Código Procesal Penal, es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, mas el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece cuales son los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias. El impetrante considera que se ha violentado la Garantía Constitucional de la “Inviolabilidad del Domicilio” pues en la búsqueda de la ahora imputada Maritza Guillen Rosales, varios agentes de investigación ingresaron a una casa sin contar con la debida autorización judicial como tampoco una vez realizado el ingreso solicitaron su convalidación ante el Juez de Letras respectivo; y sin bien es cierto que la casa allanada era propiedad de la hermana de la encartada; al tenor de lo establecido en el artículo 177 del Código Procesal Penal debieron solicitar igualmente la autorización judicial correspondiente. Esta Sala es del criterio que en ningún momento se ha vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio en perjuicio de la señora Maritza Guillen, ni es aplicable en el caso bajo examen el primer párrafo del artículo 177 del Código Procesal Penal como lo pretende el recurrente; en este sentido es oportuno recordar que los agentes de policía se trasladan hasta la ciudad de Santa Rita departamento de Yoro, con el único objetivo de realizar un Estudio Socio-económico de la señora Hermelinda Guillen –hermana de la ahora imputada- quien se encontraba privada de su libertad en el Centro Penal de Tela, quienes al llegar a la dirección proporcionada por los mismos vecinos, encuentran una casa deshabitada, de tal manera que no constituía morada de persona alguna, dándose la circunstancia de que en el mismo espacio temporal observan un niño –que resultó ser hijo de la imputada- que se trasladaba de la casa contigua hacia el solar de la casa deshabitada y que al no atender el llamado de los agentes de policía, estos últimos en la creencia de que se trataba de un saqueo ingresaron a la vivienda deshabitada encontrando dentro de una canasta que portaba el menor una cantidad de marihuana así como también otra cantidad a junto a un sanitario de la vivienda tantas veces referida. Para determinar que puede constituirse como domicilio y que no, resulta ilustrativo lo expuesto por el jurista Urbano Castrillo cuando explica lo siguiente: “En consecuencia, el domicilio, incluso en su aspecto fáctico de morada, no es simplemente el lugar en el que se vive o mora sino que encierra una complejidad del caso concreto, principio constitutivo de lo jurídico, que ha merecido en reciente sentencia de nuestro más Alto Tribunal (STS 30 de abril 1996 [RJ 1996,3218], Ponente: Excmo Sr. De Vega) el siguiente concepto amplio o constitucional: a) el espacio en que la persona vive sin estar sujeta necesariamente a los usos y convencionalismos sociales; b) el lugar en el que el sujeto ejercita su libertad mas intima, como emanación natural de la propia persona, en definitiva donde se desarrolla lo que se ha denominado la privacidad de la persona a través de la cual proyecta su “yo anímico” en múltiples direcciones; y c) el local, por precaria y humilde que sea su construcción, en donde la persona vive y se cobija para cumplir con sus obligaciones y con el ejercicio de sus derechos, lo mismo si es habitual que si es accidental o transitorio, sin llevar consigo necesariamente ni la propiedad ni la posesión arrendaticia. En cuanto a los casos en que no se ha considerado domicilio tenemos: 1)… 2)… 3)… 4)… 5) Las casas abandonadas o deshabitadas, cuyo uso o actividades delictivas suele señalarse por la jurisprudencia (así la STS 31 enero 1995 [RJ 1995,268], respecto al tráfico de drogas), en tanto que la STS 27 noviembre 1993 (RJ 1993,10013) no reputa domicilio un piso en el que nadie residía ni se utilizaba como vivienda permanente o accidental. Tienen, por tanto la consideración de lugares públicos según las SSTSS 18 febrero 1994 (RJ 1994,935), 15 octubre 1994 (RJ 1994,79187) y 19 enero 1995 (RJ 1995,569) incluso aunque allí moren personas, dado que se trataba de una vivienda en ruinas (STS 27 septiembre 1995 [RJ 1995,6643)[1]. El Articulo 177 párrafo segundo del Código Procesal Penal advierte: “ Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, no serán necesarias para entrar en establecimientos públicos, negocios, comercios, centros de reunión o recreo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, que no sirva de casa de habitación, residencia o domicilio de una persona.” En tal virtud, la misma imputada MARITZA GUILLEN ROSALES manifestó que en la casa de mérito no vivía nadie y aunque era de su hermana, no era habitada por ella u otra persona, de tal manera que las autoridades policiales constataron que la misma estaba deshabitada, de lo cual se deriva que en el caso en estudio no resultan aplicables los requisitos y formalidades que para el allanamiento de domicilios prevén la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. 4) El recurrente también invoca como motivo de casación la Infracción de Leyes o Doctrinas Legales, aplicables al caso. La Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que por medio del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, y que corresponde a la Sala actuar como mero contralor de la aplicación de la ley sustantiva. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso bajo examen el Censor no ha precisado en su recurso, cuales son las normas sustantivas infringidas ya sea por aplicación indebida, interpretación errónea o falta de aplicación, lo puntos específicos de controversia y como incidió la supuesta infracción en defensa de su patrocinada lo que impide a esta Sala dar una respuesta concreta al presente motivo. 5) En un apartado de su impugnación el Censor denuncia que el Tribunal de Instancia ha inobservado las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba, cuestionando en primer término el Dictamen Toxicológico elaborado por la Doctora Osiris Chessman, y en virtud del cual se establece que la droga incautada es marihuana; experticia que a juicio del recurrente no arroja resultados confirmatorios sino que meramente presuntivos. De igual forma combate la declaración del policía Thomas de Jesús Matute quien incautó la droga decomisada y quien al rendir su testimonio expresó que no llenó la hoja de custodia y que por ende únicamente realizó la incautación, lo que a criterio del Censor demuestra que se produjo una alteración en la hoja de cadena de custodia de la evidencia. Por otro lado, también ataca la valoración efectuada por el Tribunal de instancia de las declaraciones testificales rendidas por los señores Denis Yobani Orellana, Alex Yobani Hernandez, Rosa Maria Izaguirre, D. A. C. G. y Maria Lucila Hernandez; en virtud de las cuales se acredita que a la imputada Maritza Guillén no se le decomisó la droga presentada como evidencia, ni se le encontró ejerciendo algún acto de comercio de la misma; finalmente arguye que dichas testimonios constituyen prueba suficiente para acreditar que las autoridades policiales de investigación incurrieron en la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Un examen detenido de los antecedentes revela que si bien es cierto que el censor ha denunciado que el Tribunal de instancia inobservó las Reglas de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba evacuada en juicio, no ha señalado clara y puntualmente que regla considera violentada, en que parte de los razonamiento del A-quo incurrió en la infracción denunciada y como esto ha incidido en la defensa de la encartada limitándose a a proponer una revaloración de la prueba con alegatos propios de instancia, lo que no es permitido en sede casacional. Por las razones expuesta se declara sin lugar el presente motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 177, 212, 338, 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Casación por INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRACCIÓN DE LEY Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA interpuesto por la Defensa de la encartada MARITZA GUILLEN ROSALES. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-313-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] De Urbano Castrillo Eduardo. La Prueba Ilícita Penal, Estudio Jurisprudencial. Aranzadi Editorial. Año 1997. Paginas149,150, 154)