Sentencia CP-309-08 — Registro 2879
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado por el delito de abuso de autoridad. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar por quebrantamiento de forma.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Primer Motivo: El Motivo no es de Recibo: En el caso sub iúdice, el Recurrente centra como apoyo principal a su argumento lo establecido en los artículos 43 y 100 de la Ley de Municipalidades; el primero, que señala la potestad general de administración del alcalde o alcaldesa municipal; y el segundo, su potestad de nombrar, ascender, suspender o destituir al personal “de conformidad con la ley”. En consecuencia, esta potestad debe ejercerse dentro de los límites que impone el Artículo 98, numeral 8, de la Ley de Municipalidades, que prohíbe el nombramiento de empleados o funcionarios municipales sin contar con el respaldo presupuestario correspondiente, ya que lo contrario afecta el Plan de Presupuesto del correspondiente ejercicio fiscal, desarrollado más claramente en el Artículo 178 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, el que literalmente señala que “Ninguna autoridad municipal podrá hacer nombramiento de personal ni adquirir compromisos económicos sin que exista asignación presupuestaria respectiva o que esta asignación esté agotada o resulte insuficiente. La contravención a esta disposición será motivo de suspensión del funcionario o empleado responsable de la acción; la reincidencia será causal de remoción del cargo, sin perjuicio de la anulación del acto y la deducción de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan.” El Recurrente hace una invocación incorrecta de normas legales contenidas en la Ley de Municipalidades y su Reglamento, ya que además de no explicar de forma concreta e individualizada porque son vinculantes en este caso, ninguna de ellas autoriza al Alcalde Municipal para realizar actos de administración que comprometan de manera negativa el Presupuesto aprobado por la Corporación Municipal. El Recurrente, además, trata de confundir a este Tribunal al argumentar que el nombramiento del Señor W. C., es parte del manejo del presupuesto por programas potestativo de la Alcaldesa Municipal; sin embargo, el acto de nombramiento no es con el objeto de cumplir con alguno de los programas sociales aprobados y en ejecución por la Corporación Municipal, sino que se trata de un acto de administración de personal; El Presupuesto por Programas que responde al plan financiero determinado y definido para las correspondientes Corporaciones Municipales a fin de alcanzar el desarrollo global y sectorial del Municipio (Art. 168 del Reglamento de la Ley de Municipalidades), es muy diferente al Presupuesto de Egresos que debe contener una clara y detallada descripción de los gastos e inversiones de la Municipalidad, entre esos gastos, los de carácter operacional, como son sueldos y salarios (Art. 176, numeral 7, del Reglamento de la Ley de Municipalidades) y que no debe ser embarazado por actos de administración abusivos. Teniendo presentes las consideraciones anteriores, la Sala de lo Penal ha confrontado los Hechos declarados Probados con el tipo penal contenido en el Artículo 349, numeral 2, del Código Penal, concluyendo que el ámbito situacional previsto en la Norma se ve reflejado concretamente en el Hecho Cuarto declarado Probado, siendo la conducta de la Acusada, típica, antijurídica, culpable y punible, de la cual responde a título de Autora Material Directa. La Acusada dictó un acuerdo contrario a la Ley de Municipalidades y su Reglamento, nombrando a una persona como Jefe de Obras Publicas de la Alcaldía Municipal de La Lima, sin que dicho cargo existiera en la estructura administrativa y sin que, además, tuviese respaldo presupuestario para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro de dicha entidad, todo ello de entero conocimiento de la Acusada. Es, por tanto, procedente declarar Sin Lugar el Primer Motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley. V.- SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO EL ABOGADO O. R. M. C., INDICANDO INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5, NUMERALES 1 y 4; 7, 31, NUMERAL 3, 36, 37, NUMERALES 1, 4 y 6, 38, NUMERAL 2; 39, 42, NUMERAL 2, 43, 45, NUMERALES 1 Y 8; 53, 68 Y 82 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. I.- El Recurrente, en su Segundo Motivo, cita como inobservadas un conjunto de normas contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, a las que identifica como de preeminente aplicación en perjuicio de cualquier otra Ley, por ser de Régimen Especial, obviando completamente aspectos esenciales como porqué estas normas son vinculantes al caso concreto? cuál es el sentido de la infracción? cuál es el sentido de aplicación pretendida de las normas que se citan? todo para cumplir con la exigencia establecida en el Artículo 363, párrafo tercero del Código Procesal Penal. II.- De la Procedencia del Segundo Motivo: El Motivo no es de Recibo: Al haberse planteado el Segundo Motivo sin seguir la correcta técnica recursiva, se ha privado de claridad y precisión a la impugnación, al grado de que esta Sala de lo Penal desconoce cuál es el sentido del reclamo que pretendía formular el Recurrente, ergo le es imposible responder por oscuridad en el planteamiento. El Recurrente ha condenado la suerte de su Recurso al obviar los requisitos mínimos exigidos por el Artículo 363, párrafo tercero del Código Procesal Penal; y por ello, resulta procedente declarar Sin Lugar el Segundo Motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.6 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Segundo Motivo: El Motivo no es de Recibo: Al haberse planteado el Segundo Motivo sin seguir la correcta técnica recursiva, se ha privado de claridad y precisión a la impugnación, al grado de que esta Sala de lo Penal desconoce cuál es el sentido del reclamo que pretendía formular el Recurrente, ergo le es imposible responder por oscuridad en el planteamiento. El Recurrente ha condenado la suerte de su Recurso al obviar los requisitos mínimos exigidos por el Artículo 363, párrafo tercero del Código Procesal Penal; y por ello, resulta procedente declarar Sin Lugar el Segundo Motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de Junio del año dos mil trece (2013), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil cinco, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1º.- CONDENANDO a la imputada M. A. M., por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, más las accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL.- 2º.- ABSOLVIENDO a la imputada M. A. M. P., de la participación de del Delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en concurso real, y de un delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, contra LA ADMINISTRACION PUBLICA.3º.-NO DECLARO la responsabilidad civil de la condenada.-4º.-NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.-5º.-Otorgo la SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA impuesta a la acusada M. A. M. P., en la que se estableció un periodo de prueba de CINCO (5) AÑOS suspensión que no se extiende a las obligaciones a las penas accesorias. Interpusieron los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, los Abogados L. J. S. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado O. R. M. C., en su condición de Apoderado Defensor de la Acusada M. A. M. P.. SON PARTES: La Abogada R. L. C., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado O. R. M. C., Defensor privado de la Acusada M. A. M. P., en su condición de Recurrente. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: El día veinticuatro de noviembre del año dos mil tres, a las diez de la mañana en acta Número 30, punto Número 6, de la sesión extraordinaria celebrada por los miembros de la Corporación Municipal se aprobó la ejecución de un Contrato para la Pavimentación con concreto hidráulico, de un tramo, en la segunda calle principal de la Colonia Planeta, del Municipio de la Lima, con la empresa Profesionales en Metal y Concreto, 5. de R.L. de C.V. (PROMECO), con un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (Lps.358,423.41), el que posteriormente, ese mismo día fue suscrito por la Señora M. A. M., en su condición de Alcaldesa Municipal del Municipio de la Lima, Departamento de Cortés como representante legal de dicha municipalidad, con la empresa antes referida (PROMECO), a través del Señor W. C. O., en su condición de representante legal de la misma. SEGUNDO: El diecisiete de marzo del dos mil cuatro, se suscribió una Ampliación al Contrato Original, antes descrito, con un valor de SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L67,047.60), como parte de la obra adicional de la pavimentación con concreto hidráulico del tramo ubicado en la segunda calle principal de la Colonia Planeta, del Municipio de la Lima, prevaleciendo los precios unitarios y condiciones originalmente pactados en el primer contrato, siendo ambas obras. supervisadas, terminadas y recepcionadas, a entera satisfacción, en fecha veintitrés de marzo del dos mil cuatro, por las Ingenieras C. I. Z. y L. M., la primera, en su condición de Jefe del Depto. de Ingeniería Municipal y la segunda como Gerente General de la empresa Promeco, S. de R.L. TERCERO: El día veintiocho de diciembre del dos mil tres, el Señor W. C., traspasó a la Señora L. M. E., el 50% del capital social que mantenía en la Empresa PROMECO, S. de R.L. quedando protocolizada dicha venta en la misma fecha, mediante instrumento número Trescientos Sesenta y Nueve, autorizada por el Notario Público H. D. A., e inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, el once de marzo del dos mil cuatro. CUARTO: El día tres de febrero del dos mil cuatro, la Señora M. A. M., nombra al Señor W. C. O., como Jefe de Obras Públicas, adscrito al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de la Lima, Cortés, con un sueldo mensual de DIECISIETE MIL LEMPIRAS (L17, 000.00) plaza que no se encontraba creada ni aprobada en el presupuesto correspondiente al año antes referido.” CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, y por Infracción de Ley interpuestos por los Abogados L. J. S. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, y el Abogado O. R. M. C., en su condición de Apoderado Defensor de la Acusada M. A. M. P., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.- EL ABOGADO L. J. S. C., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER Y UNICO MOTIVO: UNICO MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del CPP.-EXPLICACIÒN DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado pertenece al que suscribe). Por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (lo resaltado pertenece al que suscribe). Así, el artículo 338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador: “valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. (Lo resaltado es nuestro). Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad al que el Tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana critica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. En este sistema juzgador no tiene las reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 CPP y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2 (“…justificando según las reglas de la sana crítica el valor que se haya dado a las practicadas en juicio…”) aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal), como DERIVADA según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella.-Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los artículos mencionados: El defecto que se encuentra en el presente fallo resulta desprecio valorativo que este Tribunal hace de las pruebas testifícales y periciales que relacionadas de manera armónica y conjunta nos hace arribar a una conclusión de culpabilidad y no de inocencia, situación que no sucedió en el caso que nos ocupa, por cuanto por unanimidad de votos el sentenciador concluyó en la libre absolución de la imputada por dos de los tres delitos de abuso de autoridad y por el de violación de los deberes de funcionarios. Para ello, es imprescindible hacer un repaso a esta prueba para los efectos de imponernos de su contenido y por consiguiente extraer de ella la correcta valoración a la misma, y así vosotros como Tribunal de Justicia podáis corregir el grave entuerto que se ha causado con el fallo absolutorio, veamos: Antes del análisis legal de la valoración probatoria, creemos importante referirnos al antecedente del caso, indicando que el día veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil tres (2003), la Corporación Municipal de la Lima, aprobó la ejecución de un contrato de obra para la pavimentación de un tramo de la segunda calle principal de la colonia Ciudad Planeta contratándose para tal efecto, a la Compañía Promeco, pactándose el valor de la obra en la cantidad de (358,423.41) trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés lempiras con cuarenta y un centavos; sin embargo, la alcaldesa de la Ciudad de la Lima la señora M. A. M., decidió ampliar el proyecto de pavimentación, siempre en la segunda calle de la colonia ya referida; para tal fin, amplió el contrato con la misma compañía; esta vez por el valor de sesenta y seis mil ochocientos seis lempiras con veintitrés centavos (66,806.23) el cual fue cancelado con orden de pago número 14787.- Al analizar la prueba encontramos que la imputada cometió el delito de Abuso de Autoridad consignado en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal al ejecutar un acto contrario a la Ley, pues ella “contrató de manera unilateral, la ampliación de la obra de pavimentación de la segunda calle de la colonia Ciudad Planeta, sin consultar con el pleno de la Corporación Municipal, violentando con su accionar tanto la Ley de Municipalidades como la de Contratación del Estado específicamente las disposiciones legales que a continuación señalamos: De la Ley de Municipalidades: Artículo 13 que dispone: “Las Municipalidades tienen las atribuciones siguientes: 1)… 5) Construcción y mantenimiento de las vías públicas por sí o en colaboración con otras entidades;… 15) La celebración de contratos de construcción, mantenimiento o administración de los servicios públicos u obras locales con otras entidades públicas o privadas, según su conveniencia, de conformidad con la Ley”, como puede observarse la Municipalidad posee la atribución de celebrar los contratos de construcción como lo dispone el ordenamiento jurídico antes señalado. Pero esa atribución señalada en los preceptos referidos en competencia de la corporación en pleno, tal es así, que en armonía con lo dispuesto en el artículo anterior encontramos que el Artículo 25 preámbulo y numeral décimo noveno del mismo ordenamiento dispone que: “la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal, en consecuencia le corresponde ejercer las facultades siguientes. 1)… 19) Disponer lo conveniente en cuanto al trazado, apertura, ensanche y arreglo de las calles de las obligaciones y caseríos; y…”como puede observarse el artículo anterior reafirma aún mas la potestad exclusiva de la CORPORACIÒN MUNICIPAL. También se observa que la señora Alcaldesa vulneró el artículo 47 de esta Ley misma que dice: “La Hacienda Municipal se administra por la Corporación Municipal por sí o por delegación en el Alcalde, dentro de cada año fiscal que comienza el 01 de Enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año” ya que como señala éste precepto, la hacienda municipal se administra por la Corporación, sin embargo en el presente caso la aprobación de una extensión o ampliación de la obra significó la erogación de fondos mismos cuya administración compete a la Municipalidad. De la Ley de Contratación del Estado.-Es importante indicar que la ALCALDESA del Municipio de La Lima violentó el artículo 121 de la referida ley, ya que esta nos estipula lo relativo a las “modificaciones de los Contratos”.Señalando que: “La administración podrá modificar por razón de interés público, los contratos celebrados y acotar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley y sus normas reglamentarias. Cuando la modificación del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo del contratista se pagará su valor, considerando los precios unitarios inicialmente pactados, sin perjuicio en su caso, de la aplicación de la cláusula de ajuste de incremento de costos…” y el artículo 122 de la misma Ley que dispone las: Formas de la Modificación. Las modificaciones introducidas por la Administración que importaren aumento o disminución de la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante ordenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecución del contrato, previa reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.-Si la modificación excediere el porcentaje indicado, se suscribirá una ampliación del contrato observado, en cuanto corresponda, lo previsto en el artículo 121 párrafo 2) de la presente ley…” lo subrayado es mío).Por lo que, sostenemos con absoluta certeza que para poder ampliar la obra, la señora Alcaldesa tenía la obligatoriedad de llevar a discusión del pleno de la Corporación Municipal esa propuesta para su respectiva aprobación; ya que, de conformidad con los preceptos citados, sí dicha modificación constituye más del diez por ciento (10%) del valor de la cuantía prevista originalmente en el contrato, tal y como aconteció en el presente caso, en el cual se constató que el Contrato Original fue pactado por un valor de Lps.358,423.41 y la obra adicional fue por Lps.66,806.23 constituyendo el 18.64% del valor de la cuantía prevista en el Contrato Original, se tendrá que hacer por parte de la Administración, (misma que en el caso específico la constituye toda la Municipalidad en pleno de conformidad a los preceptos citados anteriormente) una ampliación del contrato, ésta por supuesto, deberá ser aprobada por la Corporación Municipal, tal y como ocurrió con el Contrato Original, el cual fue sometido al conocimiento del pleno de la corporación sesionando para la discusión y aprobación del mismo, ordenando y autorizando a la señora Alcaldesa a la suscripción de tal, lo que lógicamente significa que la ampliación del contrato debió de efectuarse el mismo tramite; por otro lado siendo que ésta ampliación del contrato significa pago adicional de fondos por parte de la Alcaldía a PROMECO, producto de esta nueva obligación, esta ampliación compromete fondos cuya administración corresponde a la Municipalidad en pleno ya que forman parte de la Hacienda Municipal. Por lo que encontramos entonces que en primera instancia se acreditó fehacientemente los siguientes puntos: I La ausencia de la aprobación de la ampliación de la obra por parte de la Corporación Municipal de la Lima , pues en juicio oral y público se presentó: A) El acta número 008-04 de la sesión celebrada por la Corporación Municipal en fecha treinta de marzo de dos mil cuatro, en la cual, el Auditor de la Alcaldía Municipal de la Lima, señor J. T. C. compareció a dicha sesión, informando a los miembros de la Corporación sobre la obra y sobre la ampliación que se había realizado, concluyendo dicha sesión con la oposición de cuanto de los ocho Regidores al pago de dicha ampliación. B) El informe de la auditoría realizada por los Peritos de la Fiscalía Contra la Corrupción señoras D. B. y M. G. F., señalan que de la auditoría practicada encontraron las irregularidades de que la Alcaldía no había aprobado la obra adicional de pavimentación del tramo de la calle de la Colonia Ciudad Planeta. II La constatación material de la ampliación de la obra de pavimentación.-A) Lo que se acreditó por medio del acta de recepción final de la obra de fecha 23 fe marzo del 2004, suscrita por la Ingeniera Municipal C. Z..- B) La declaración en juicio de la ingeniero C. Z. Jefe de Ingeniería de la Alcaldía Municipal, quien señaló que se efectuó trabajo adicional al Contrato Original en la obra del pavimentación de la calle de la colonia Ciudad Planeta de La Lima. III El pago de dicha ampliación de la obra en referencia.- A)El Auditor J. T. C. en la sesión celebrada por la Corporación Municipal el treinta de marzo de dos mil cuatro, señaló que existía la orden número 14787 del veintiséis del marzo de ese año por la cantidad de Lps.66,806.23, correspondiente al pago por la ejecución de las obras adicionales en el proyecto de pavimentación de la segunda calle de la colonia Ciudad Planeta.- Con todo este haz probatorio se puede establecer la ausencia de la aprobación por parte de la Corporación Municipal de la ampliación del proyecto sumamente referido situación que nos hace afirmar que la Alcaldesa infringió el ya referido artículo 349 numeral dos del Código Penal, al obtenerse de cumplir con lo estipulado en los artículos 47 de la Ley de Municipalidad en relación con el 10 de su reglamento,121 y 122 de la Ley de Contratación del Estado y al dictar y ejecutar una resolución como lo es la ampliación del contrato que implica la ampliación de la obra, y sus efectos y el pago de la misma, creando consecuencias jurídicas que comprometían fondos de la Hacienda Municipal, cuando el texto de los artículos citados se establece en forma clara y precisa que la Administración de fondos corresponde a toda la Corporación Municipal y no a un miembro de ésta de manera aislada, a menos que se haya delegado esta función, situación que no ha acontecido en el caso subjudice.- Por esta razón sostenemos que la prueba debió enlazarse de manera conjunta y armónica con el resto de la carga probatoria para así extraer de su valoración la conclusión correcta, que en caso concreto es el de culpabilidad y no inocencia por éste delito de Abuso de Autoridad como lo manifestara el sentenciador con su fallo absolutorio en este delito, sostenemos entonces que el contenido de la prueba relacionada encierra en si la suficiente fuerza para arribar a la conclusión de culpabilidad y no de inocencia como lo hiciera el Tribunal de Sentencias.-Así las cosas, el Ministerio Publico también señala al Honorable Tribunal de Justicia que el sentenciador ha incurrido en un grave error que ha incidido directamente en el fallo absolutorio que hoy motiva la impetración del presente recurso, y que tiene que ver con la prueba que el Ministerio Publico aportó como parte de su haz probatorio, error que de seguirse cometiendo por los Tribunales de Sentencia se estaría poniendo en peligro la seguridad jurídica que debe prevalecer en el país.-Como el vicio ha ocurrido en el acto de dictar sentencia, ha resultado imposible plantear el reclamo correspondiente para subsanarlo.”. III.- EL ABOGADO O. R. M. C., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO: PRIMERO.- INFRACCION DE LEY POR FALTA DE APLICACTON DE LOS ARTICULOS 12 NUMERALES 4 Y 6, 25 NUMERALES 3 y 4, 43, 92, 95,99-A, 100, DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES; 168, 169, 170 DEL REGLAMENTO DE MUNICIPALIDADES. PRECEPTO AUTORIZANTE. ESTE PRIMER MOTIVO DE CASACION ESTA CONTENIDO EN EL ARTICULO 360 PRIMER PÁRRAFO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. La Autonomía Municipal se fundamenta entre otros postulados en la facultad de elaborar, aprobar, ejecutar y administrar su presupuesto y de crear su propia estructura administrativa y forma de funcionamiento con las realidades y necesidades municipales, ejercitando la libre administración y las decisiones propias dentro de la ley, los intereses generales de la nación y sus programas de desarrollo. Es así como de acuerdo con el articulo 25 literales 3 y 4 citados no solo crea, reforma y deroga instrumentos normativos, crea, suprime, modifica y traslada unidades administrativas, aprueba su propio presupuesto, emite sus reglamentos y manuales y otras facultades en la intención de desarrollo y bienestar de los habitantes de su municipio. Es precisamente el articulo 43 de la Ley de Municipalidades que literalmente dice “Las facultades de administración general y representación legal de la Municipalidad corresponden al Alcalde Municipal”, el que informa de la autoridad de la que esta investido el Alcalde Municipal. Los artículos citados 92, 95 y 99-A, de la Ley de Municipalidades se relacionan precisamente con el presupuesto que constituye el plan financiero a desarrollar por el gobierno municipal y que responde a las necesidades del desarrollo del municipio entre otras cosas, y en concordancia con los artículos 168, 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Municipalidades estructuran y conforman la política municipal para el logro de una correcta sana y ágil administración, correspondiéndole entonces al Alcalde Municipal la administración general del municipio a invertir los, ingresos o fondos disponibles en beneficio directo del beneficio de la comunidad. La no aplicación del artículo 100 de la Ley de Municipalidades en la plenitud de su contenido, fundamenta el motivo de casación ya que en el ejercicio de la facultad que la normativa otorga es que el Alcalde Municipal puede nombrar ascender trasladar y destituir al personal en conformidad con la ley. Es así como Honorable Tribunal de Sentencia las Municipalidades establecen lo que se denomina “NORMAS DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA” y precisamente el articulo 14 de las NORMAS DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA que literalmente dice “Las transferencias de fondos de un Programa solo podrán efectuarse con aprobación de la Corporación Municipal. Las transferencias entre asignaciones de un mismo Programa, podrán ser efectuadas por el Alcalde Municipal, y el Contador Municipal”, establece con indubitable claridad e imperatividad que las transferencias entre asignaciones de un mismo programa como ocurrió en el caso de autos podrán ser efectuadas por el Alcalde Municipal. De acuerdo a las normativas arriba relacionadas e infringidas por falta de aplicación, el nombramiento del ciudadano W. C. O. se ejercitó conforme a disposiciones legales y reglamentarias por cuanto la potestad del Alcalde Municipal establecida en la legislación pertinente, lo autoriza a contratar el personal y a hacer transferencias entre asignaciones de un mismo programa e incluso también lo puede hacer el Contador Municipal sin perjuicio que la normativa referida también autoriza la transferencia de fondos de un programa a otro programa, salvo que en este caso necesitará la aprobación de la Corporación Municipal. Es concluyente pues Muy Honorable Tribunal de Sentencia que basta la simple aplicación de los preceptos legales infringidos por falta de aplicación para establecer con indubitable propiedad la inexistencia del ilícito por el cual se condenó a M. A. M. P..-Consecuentemente Honorable Tribunal de Sentencia en el caso de autos y dados los hechos que se declaran probados en la Sentencia hay lugar al Recurso de Casación por infracción de Ley o de Doctrina Legal, precisamente por falta de aplicación las normas jurídicas de carácter sustantivo arriba relacionadas y que son de naturaleza administrativa que debieron ser observadas en aplicación de la ley penal para servir de base a la determinación jurisdiccional llevada a establecer la configuración o no del ilícito por el que se condenó a M. A. M. P. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY.- EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN MOTIVO: SEGUNDO. INFRACCIÓN DE LEY POR FALTA DE APLICACION DE LOS ARTICULOS 2, 3, 4, 5 NUMERALES 1 Y 4, 7, 31 NUMERAL 3, 36, 37 NUMERALES l-4Y 6, 38 NUMERAL 2, 39, 42 NUMERAL 2, 43 45 NUMERAL 1 Y 8, 53, 68, 82, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.-PRECEPTO AUTORIZANTE.-ESTE SEGUNDO MOTIVO DE CASACION ESTA CONTENIDO EN EL ARTICULO 360 PRIMER PARRAFO DEL CODIGO PROCESAL PENAL. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. Las normativas relacionadas como infringidas por falta de aplicación establecen con absoluta claridad y contundencia especialmente los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas la absoluta PREEMINENCIA NORMATIVA en virtud de la cual las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas constituyen un régimen especial que por su naturaleza, fines y competencias tienen preeminencia sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia, todo ello en aras de cumplir la aspiración nacional de que se garantice la gestión, utilización legal eficiente, eficaz y económica de los recursos financieros para asegurar una conducta honesta y ética de los servidores públicos y de los particulares en sus relaciones económico-patrimoniales con el estado y vigilar la correcta administración del Patrimonio estatal. La infracción por no aplicación de las normativas arriba relacionadas en este segundo Motivo viabilizó este proceso lo que llevo a este Honorable Tribunal a dictar la Sentencia contra la que se interpone este recurso de Casación por infracción de Ley, no habiendo precluido pues obra en autos la invocación de la normas respectivas.” IV.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO, MEDIANTE LA QUE SE ABSUELVE A LA ACUSADA M. A. M. P., POR DOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362, NUMERAL 3, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMAS INFRINGIDAS: ARTÍCULOS 202 Y 338 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I.- El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del mismo, que desemboca en una sentencia dictada por el órgano jurisdiccional resolviendo el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la Ley, no solo para la emisión de la misma, sino durante el curso total del Proceso Penal. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las Normas de Derecho Procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad. Es pues, Éste, el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen los requisitos establecidos por la Ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por Ella; y en contrario, se ejecutan actos vedados, se produce entonces una inejecución de la Ley Procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la Norma Procesal ordena (inejecución in omitiendo); se ejecuta lo que la Norma Procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o se realiza una acción en diverso modo del que dispone la Norma Procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el Proceso que se denomina Actividad Procesal Defectuosa o Defecto de Construcción, que el Derecho Común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la Ley. II.- El Ministerio Público impugnó la Sentencia de Instancia por ser del criterio que los Juzgadores, en el proceso de valoración de los medios de prueba, no atendieron las Reglas de la Sana Critica, particularmente, el sentido de Derivación del Principio de Razón Suficiente, el que se ausenta del Razonamiento Motivacional. Puntualizó que la prueba demostró de modo indefectible que la Acusada es responsable del delito de Abuso de Autoridad consignado en el Artículo 349, numeral 2, del Código Penal, al ejecutar un acto contrario a la Ley, pues contrató de manera unilateral la ampliación de una obra de pavimentación de la segunda calle de la Colonia Ciudad Planeta, en el Municipio de La Lima, Departamento Cortés, violentando con su acción tanto la Ley de Municipalidades como la Ley de Contratación del Estado, de donde se desprende la obligación de la Acusada, como Alcaldesa Municipal, de someter esa decisión a la Corporación Municipal, hecho que no se realizó. Cuestiona que los Juzgadores de la relación entre los medios de prueba y las normas legales no hayan derivado en una conclusión condenatoria al demostrarse que no existió aprobación de la Corporación Municipal para la Ampliación del Contrato firmado por la Acusada. III.- El Tribunal de Sentencia, al valorar los medios de prueba en la resolución impugnada, arribó a las siguientes conclusiones: 1. Con la certificación del Acta número 008-04, de la sesión celebrada por la Corporación Municipal en fecha 30 de marzo del 2004, se estableció que la ampliación del Contrato Original por obra adicional, autorizada por la Acusada, A. M., en su condición de Alcaldesa Municipal, fue realizada observando lo establecido en el Artículo 122, párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, habiéndose recibido dicha obra a satisfacción, como lo señaló el Testigo J. T. C., Auditor Municipal; y que por ello se efectúo el pago correspondiente (F. 787); y 2. Con el informe de Auditoría realizado por las Peritos Contables D. J. B. y M. G. F., estableció la existencia de las siguientes irregularidades: a).- Que la ampliación del contrato de obra adicional no fue aprobada por la Corporación Municipal; b).- Que el Señor W. C. no tenía título de Ingeniero Civil; y c).- Que no estaba contemplada la plaza de Jefe de Obras Públicas en el presupuesto ni tampoco aprobada su creación por la Corporación Municipal. El Tribunal de Sentencia únicamente tuvo por acreditada la irregularidad del literal c), sin referirse a los otros dos puntos (F. 788). Adicionalmente, en la Fundamentación Jurídica, el Tribunal de Sentencia reiteró su conclusión de que no existe Abuso de Autoridad de parte de la Acusada, dado que Ésta se condujo conforme lo señala el Artículo 122 de la Ley de Contratación del Estado, que la facultó para realizar la modificación de la contratación realizada, siempre que no excediera del 10% del valor original; y que si bien en el caso sub iúdice la modificación excedió del 10%, se subscribió una ampliación del contrato; y que además, las declaraciones de C. I. Z., Ingeniera Municipal; y J. T. C., Auditor Interno, acreditaron que las obras fueron realizadas a satisfacción y de acuerdo a las condiciones pactadas en el Contrato Original (F. 792v y 793). IV.- De la Procedencia del Recurso.- El Recurso es de Recibo.- Son muchos los yerros cometidos por el Tribunal de Instancia que le llevaron a arribar a falsas conclusiones merecedoras de reproche conforme al Principio de Derivación. 1. El Tribunal de Sentencia olvidó que el delito de Abuso de Autoridad es un tipo penal de mera acción o actividad y no de resultado. Por tanto, que la Ampliación del Contrato haya conservado los precios del Contrato Original; y que además haya sido entregada a satisfacción de la Municipalidad del Municipio de La Lima por la sociedad ejecutora responsable, es indiferente (F. 787), ya que lo cuestionable es la fidelidad de la Acusada a las normas que le vinculaban en sus actuaciones como funcionaria pública en el proceso de celebración de una ampliación del contrato; 2.- En el Hecho Probado Segundo se señaló que en fecha 17 de Marzo del 2004 se suscribió una Ampliación al Contrato Original descrito en el Hecho Primero, sin que exista respaldo probatorio de donde se pueda tener por derivada esa fecha exacta; 3.- La Certificación del Acta No. 008-04 de la Sesión celebrada por la Corporación Municipal de fecha 30 de marzo del 2004, establece que el monto del contrato de ampliación es por sesenta y seis mil ochocientos seis lempiras con veintitrés centavos, (L66,806.23), cifra que es aceptada como válida por el A-quo al momento de hacer su valoración (f. 787), sin que se explique porqué entonces en el Segundo Hecho declarado Probado se señala un costo distinto: sesenta y siete mil cuarenta y siete lempiras con sesenta centavos (L67,047.60); y 1.- El Tribunal de Instancia cae además en un silencio intencional al momento de valorar el Informe de Auditoría, realizado por las peritos D. J. B. y M. G. F.. El Peritaje concluyó con la exposición de tres puntos que, a criterio de las expertas, constituyen irregularidades cometidas por la Acusada; más los Juzgadores solo procedieron a pronunciarse sobre uno de ellos, sin decir nada en cuanto a los dos restantes, entre éstos, lo referente a la Ampliación del Contrato. El A-quo no dio a conocer como valoró los otros dos extremos referidos por las peritos, dejando en la incógnita si esta valoración fue positiva o negativa y porqué. Existe contradicción entre las cantidades. Es de tener en cuenta que el Artículo 69 de la Ley de Municipalidades indica que la Hacienda se administra por la Corporación Municipal, por sí o por delegación en el Alcalde, en coherencia, el Artículo 13, numeral 15, de la Ley de Municipalidades, determina como atribuciones de las Municipalidades la celebración de contratos de construcción, mantenimiento o administración de los servicios públicos u obras locales con otras entidades públicas o privadas, según su conveniencia, estableciendo los Artículo 10 y 40, numeral 3, del Reglamento de la Ley de Municipalidades, que la autoridad competente para celebrar contratos a nombre de la Municipalidad será el Alcalde(sa), requiriendo de la previa aprobación de la Corporación Municipal cuando la Ley de Municipalidades u otras leyes así lo determinen, siendo una de ellas la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado indica que será la Corporación Municipal la encargada de adjudicar los contratos cuyos montos o trascendencia esté comprendida en lo que disponga el respectivo Plan de Arbitrios, aprobado anualmente por este Órgano Colegiado; y en su caso, de autorizar al Alcalde(sa) Municipal para suscribirlos, siendo la Corporación la encargada de aprobarlos para que surtan validez. Además, el Artículo citado establece la obligación del Alcalde(sa) Municipal de informar de la suscripción de todos los contratos, aun de aquellos que pueda celebrar directamente sin la aprobación de la Corporación. Éste Artículo 21 del Reglamento está en consonancia con los artículos 11, numeral 2, literal b); y 12, numeral 2 de la Ley de Contratación del Estado. Así las cosas, la Certificación del Acta Numero 008-04 de la Sesión de Corporación Municipal de fecha 30 de marzo del 2004, permite determinar que se suscribió una Modificación al Contrato Original por un valor de sesenta y seis mil ochocientos seis lempiras con veintitrés centavos (L66,806.23), monto equivalente a más del 10% del precio original y que requería realizarse por medio de una Ampliación de Contrato, según lo ordena el Artículo 122, segundo párrafo, de la Ley de Contratación del Estado, Ampliación que debió ser suscrita por la autoridad que suscribió el Contrato Original, que fue la Corporación Municipal, pero que no fue así por razón de que la Acusada, en su calidad de Alcaldesa Municipal, lo suscribió directamente. Entiéndase que si conforme a los artículos 13, numeral 15, de la Ley de Municipalidades; 10 y 40, numeral 10, de su Reglamento, además de los artículos 11, numeral 2, literal b); y 12, numeral 2 de la Ley de Contratación del Estado; y del Artículo 21 de su Reglamento, se dispuso que el Contrato Original entre la sociedad Promeco y la Municipalidad de La Lima, debía ser aprobado por la Corporación Municipal, entonces significaba que cualquier Ampliación del Contrato, en los términos del Artículo 122 de la Ley de Contratación del Estado, igualmente debía ser aprobado por la Corporación Municipal, lo cual no fue gestionado por la Acusada, sino que más bien lo suscribió directamente Ella, además, sin comunicarlo de alguna manera a la Corporación Municipal, como se lo ordena el Artículo 21, literal c), del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; y 47, numeral 7, de la Ley de Municipalidades. Vale decir que dicha Ampliación al Contrato, no fue aportada como medio de prueba, sino que fue deducida del Informe del Auditor Municipal, J. T. C., que rindió a la Corporación Municipal en fecha 30 de marzo del 2004, contenido en la Certificación del Acta No. 008-04 de la Sesión de Corporación Municipal (F. 787). Por lo expuesto, las conclusiones de la valoración probatoria hecha por el Tribunal de Sentencia, refiriendo de que no se violentó la Ley de Contratación del Estado (F. 787 y 792v), son erróneas y ofenden al Principio de Derivación, como componente lógico de las Reglas de la Sana Critica, siendo procedente, en consecuencia, declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo Único. V.- Fue parte de la acusación, pero no fue aspecto objeto de agravio en el Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público, lo referente a la indebida contratación del Señor W. C. O., como Jefe de Obras Públicas de la Municipalidad de La Lima, Cortes. El Artículo 31, numeral 4 de la Ley de Municipalidades, prohíbe contratar como empleados y funcionarios municipales a aquellas personas que fuesen contratistas o concesionarios de la Municipalidad, al grado de que el Artículo 39, numeral 5, del Reglamento de la Ley de Municipalidades, señala que es causa para la suspensión o remisión de uno de los miembros de la Corporación el ser al mismo tiempo concesionario o contratista de la misma Municipalidad. En el caso de mérito, la Acusada, con pleno conocimiento de que estaba inobservando las Normas Legales citadas, nombro al Señor W. C. O., como Jefe de Obras Públicas, en fecha tres de Febrero del año dos mil cuatro, cuando aún éste tenía la condición de Representante Legal y Socio de la Sociedad Profesionales en Metal y Concreto S. de R.L. de C.V., la que tenía un contrato vigente y en curso de cumplimiento con la Municipalidad de La Lima, dado que a esta fecha aún no estaba inscrito el Testimonio del Instrumento Público número 369, autorizad por el notario H. D. A., el día veintiocho de diciembre del dos mil tres, mediante el cual, el Señor W. C., traspasó a la Señora L. M. E., el 50% que le correspondía del Capital Social de la Sociedad y cedió su Representación Legal, Testimonio que se inscribió hasta el once de marzo del 2004, es decir, un mes después de que el Señor W. C. empezó a desempeñarse como empleado municipal, todo según consta en los Hechos declarados Probados. El Tribunal de Sentencia, al señalar que es indiferente estudiar los requisitos del nombramiento del Señor W. C., en virtud de que la creación de la plaza que éste ocupaba no fue autorizada ni tampoco tenía respaldo presupuestario (F. 789 v), incurre en un error, puesto que tales hechos son independientes, uno trata sobre las inhabilidades que el Señor C. tenía para ser empleado municipal EN CUALQUIER CARGO, de las cuales la Acusada tenía pleno conocimiento y que deliberadamente ignoró violentando el ya citado artículo 3, numeral 4 de la Ley de Municipalidades; y otro aspecto diferente es la indebida creación de una plaza municipal sin respaldo presupuestario, contrariando el Artículo 93, numeral 8, de la Ley de Municipalidades y 176, numeral 7, del Reglamento de la Ley de Municipalidades. Lo expuesto, al no haber sido parte del Recurso de Casación, implica que todo lo alegado y resuelto por el Tribunal de Instancia, en cuanto a éste tema, ha quedado en firme y ejecutable, entonces ningún contradictorio o petición podrá realizarse en un nuevo juicio penal sobre éstos hechos, celebrado por efecto del reenvío de la causa penal con ocasión del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma que procede declarar Con Lugar, sin perjuicio de las responsabilidades que se exijan a la Acusada sobre éste tema en vía administrativa o civil. V.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO EL ABOGADO O. R. M. C., DEFENSOR PRIVADO, CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO, MEDIANTE LA QUE SE CONDENA A LA ACUSADA A. M. P., POR UN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I.- El Artículo 360 del Código Procesal Penal establece que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1.- Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello el Artículo 369 del Código Procesal Penal, en su tercer párrafo, prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados; y 1. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el Fallo por Infracción de Precepto Sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la Norma Sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una Norma Sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la Norma Sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la Norma Sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la Norma Sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, por medio del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. De allí que a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II.- El Recurrente plantea un recurso de Casación por Infracción de Ley con dos motivos, los cuales refieren a la inobservancia de normas legales de carácter administrativo, lo que es admisible cuando se trata de un tipo penal abierto, como es el caso del Delito de Abuso de Autoridad. Explica el Recurrente cuales son los dos motivos que fundan su Recurso: 1).- Inobservancia de los artículos 12, numerales 4 y 6; 25, numerales 3 y 4; 43, 92, 95, 99-a y 100 de la Ley de Municipalidades; y los artículos 168, 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Municipalidades; 2).- Inobservancia de los artículos 2, 3, 4, 5, numerales 1 y 4; 7, 31, numeral 3; 36, 37 numerales 1, 4 y 6; 38, numeral 2; 39, 42, numeral 2; 43, 45 numerales 1 y 8; 53, 68 y 82, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. VI.- PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO EL ABOGADO O. R. M. . INDICANDO INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 12 NUMERALES 4 y 6; 25 NUMERALES 3 y 4; 43, 92, 95, 99-A Y 100 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES; ARTÍCULOS 168, 169 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. I.- El Recurrente expresó en su libelo, que la Autonomía Municipal se fundamenta en la facultad de elaborar, aprobar, ejecutar y administrar su presupuesto y crear su propia estructura administrativa y forma de funcionamiento con las realidades y necesidades municipales, por ello el Artículo 43 de la Ley de Municipalidades indica que las facultades de administración general y representación legal de la Municipalidad corresponden al Alcalde Municipal; relacionó los artículos 92, 95 y 99-A, de la Ley de Municipalidades; y los artículos 168, 169 y 170 de su Reglamento, que son normas que regulan la definición, aprobación y manejo del presupuesto municipal, con el Artículo 100 de la Ley de Municipalidades, que otorga al Alcalde(sa) la facultad de nombrar, ascender, trasladar o destituir al personal de conformidad con la ley, señalando esto como el núcleo de su reclamo. II.- Es propio señalar que el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho, como deber del empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la Cosa Pública, en los términos que dispone los artículos 5 de la Ley General de la Administración Pública; y 5 de la Ley de Contratación del Estado. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el Artículo 349 del Código Penal, el cual tipifica cinco supuestos criminosos, constituyendo Abuso de Autoridad los señalados en los numerales 2 y 5; y Violación de los Deberes de los Funcionarios los señalados en los numerales 1, 3, 4 y último párrafo. Puntualmente, el delito de Abuso de Autoridad, reprocha al empleado o funcionario público que, traicionando la confianza que se ha depositado en él por parte del elector o por parte de otra autoridad pública, abusa de la autoridad recibida en administración para contrariar lo que ordena la Constitución de la República y/o las leyes, cuando por el contrario deberá de ser un guardián celoso de su cumplimiento. El Artículo 349 del Código Penal prevé tres supuestos distintos para la comisión de éste delito: 1).- Cuando el empleado o funcionario público dicte ordenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes; 2).- Cuando el empleado o funcionario ejecute las órdenes contrarias a dichas disposiciones; y 3).- Cuando no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le sea obligatorio. Como puede observarse, la descripción de los dos primeros casos corresponde a conductas comisivas, mientras que la restante implica una omisión, teniendo en común todas ellas la sanción del uso abusivo del poder depositado en el empleado o funcionario público para el ejercicio de su cargo. Son los elementos objetivos del tipo penal: 1).- Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal de autor calificado ya que debe ser un empleado o funcionario público en ejercicio de su cargo y obrando dentro de su propia competencia, entendiéndose como tales los señalados por el Artículo 393 del Código Penal, definiéndolo como a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, incluidos los alcaldes y regidores municipales; por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su Artículo I, señala que debe entenderse por Funcionario Público, Oficial Gubernamental o Servidor Público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; 2).- Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como titular de la Administración Pública; 3).- Objeto material del delito: es la Administración Pública, como bien jurídico protegido, ejercido a través de órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, los cuales deben diferenciar si se trata de carácter general o de carácter particular: a) de carácter general, cuando es la determinación de la voluntad del Estado con respecto a una situación universal (ordena, permite o prohíbe), por lo cual realiza una manifestación pública que crea una nueva situación jurídica vinculante a todos; b) Es de carácter particular cuando es una determinación adoptada en un caso particular, emitida por el empleado o funcionario público a realizarse por él directamente o por otros empleados y funcionarios públicos sobre terceros o personalmente por esos mismos terceros, sin que sus efectos jurídicos se extiendan a otras personas[1]; 4).- Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es: a) Dictar: que se refiere a la acción dolosa de ordenar, disponer, resolver o disponer; b) Ejecutar: que implica dolosamente cumplir, concretar, materializar, hacer, elaborar o en definitiva, llevar a cabo el contenido de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto, plasmarlo en la realidad; y c) Abstener: que ocurre cuando dolosamente no se hace o se omite la conducta exigida por la Ley, se realiza la conducta parcialmente, se realiza la conducta de manera distinta a lo ordenado o se realiza la conducta de manera inadecuada; 5).- Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; en este caso puede ser de dos formas: a) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes con el fin de ir en contra de ella, donde el empleado o funcionario público se atribuye facultades o atribuciones que la Ley no le otorga o cuando la propia Ley se lo prohíbe; y b) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contemplados en la Constitución o en la ley de manera arbitraria, sobrepasando los límites establecidos en dichas disposiciones; 6).- Penalidad: está fijada por el Legislador con una sanción de tres a seis años de reclusión e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión que individualizadamente imponga el Tribunal de Sentencia. Elemento subjetivo del tipo penal de Abuso de Autoridad es el dolo, donde el autor debe conocer la ilegalidad de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto que se dicta o se ejecuta y debe tener la voluntad de dictarla o ejecutarla. En el supuesto omisivo el autor debe conocer la existencia de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto y debe tener la voluntad de oponerse a la Ley, de desconocerla. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Abuso de Autoridad : A).- Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Compuesto: Ya que describe tres modelos de comportamiento distinto, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta; B).- Según su Contenido; i) Tipo Penal de Mera Conducta, para las conductas criminosas de “dictar” y “Abstenerse”, ya que el delito se agota con la mera acción del autor, sin que se requiera la producción de un resultado; ii) Tipo Penal de Resultado, para la conducta criminosa de “ejecución”, por exigir la producción de un resultado derivado precisamente de la ejecución de las disposiciones ilegales; iii).- Tipo de Conducta Instantánea al contener tres supuestos de hecho (dictar, ejecutar y abstenerse) cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iv) Tipo Penal de Acción: Porque en las conductas criminosas de dictar y ejecutar, describe un modelo de comportamiento comisivo; v) Tipo Penal de Omisión Propia, al tener contemplado un supuesto de omisión como conducta criminosa (abstenerse); vi) Tipo Penal cerrado porque siendo un tipo penal en blanco, el supuesto de hecho es integrado por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República, determinando así con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada está claramente definida; C).- Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal de Sujeto Activo Calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de Empleado o Funcionario Público; D).- Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen; ii) Tipo Penal de Peligro: es de tener claro que la modalidad criminosa descrita puede ser realizada por diversas formas de conducta, pero en lo que se refiere a la conducta criminosa de “dictar” y de “Abstenerse”, no son delitos de resultado material, bastando la acción en su caso y la omisión en el otro, para que se consume el tipo. En el caso del dictado de órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, es claro que la consumación se dará cuando se dicten, esto es cuando aquélla se integre como acto administrativo o jurisdiccional válido, independientemente de que haya producido sus efectos afectando a terceros o al propio Estado, o que alcance estado de firmeza. Cuando se trata de omisión, la sola inactividad de la acción esperada en el tiempo exigido por la ley consumará el delito, aun cuando no se diese resultado dañoso materialmente. En el caso del verbo rector “ejecución”, el delito se consuma cuando el funcionario ejecute las órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, esto es que concrete sus contenidos sobre los objetos de ellas, aun cuando ello no produzca perjuicio a terceros o al Estado. Por todo lo expuesto, se señala que en el caso de los verbos rectores de “dictar” y “abstenerse”, no es posible la tentativa, más si en el verbo rector de “ejecutar” ya que quien se prepara para cumplir la disposición ya está actuando sobre el objeto de la orden y esto puede entenderse como acto ejecutivo, que puede ser impedido. III.- De la Procedencia del Primer Motivo: El Motivo no es de Recibo: En el caso sub iúdice, el Recurrente centra como apoyo principal a su argumento lo establecido en los artículos 43 y 100 de la Ley de Municipalidades; el primero, que señala la potestad general de administración del alcalde o alcaldesa municipal; y el segundo, su potestad de nombrar, ascender, suspender o destituir al personal “de conformidad con la ley”. En consecuencia, esta potestad debe ejercerse dentro de los límites que impone el Artículo 98, numeral 8, de la Ley de Municipalidades, que prohíbe el nombramiento de empleados o funcionarios municipales sin contar con el respaldo presupuestario correspondiente, ya que lo contrario afecta el Plan de Presupuesto del correspondiente ejercicio fiscal, desarrollado más claramente en el Artículo 178 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, el que literalmente señala que “Ninguna autoridad municipal podrá hacer nombramiento de personal ni adquirir compromisos económicos sin que exista asignación presupuestaria respectiva o que esta asignación esté agotada o resulte insuficiente. La contravención a esta disposición será motivo de suspensión del funcionario o empleado responsable de la acción; la reincidencia será causal de remoción del cargo, sin perjuicio de la anulación del acto y la deducción de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan.” El Recurrente hace una invocación incorrecta de normas legales contenidas en la Ley de Municipalidades y su Reglamento, ya que además de no explicar de forma concreta e individualizada porque son vinculantes en este caso, ninguna de ellas autoriza al Alcalde Municipal para realizar actos de administración que comprometan de manera negativa el Presupuesto aprobado por la Corporación Municipal. El Recurrente, además, trata de confundir a este Tribunal al argumentar que el nombramiento del Señor W. C., es parte del manejo del presupuesto por programas potestativo de la Alcaldesa Municipal; sin embargo, el acto de nombramiento no es con el objeto de cumplir con alguno de los programas sociales aprobados y en ejecución por la Corporación Municipal, sino que se trata de un acto de administración de personal; El Presupuesto por Programas que responde al plan financiero determinado y definido para las correspondientes Corporaciones Municipales a fin de alcanzar el desarrollo global y sectorial del Municipio (Art. 168 del Reglamento de la Ley de Municipalidades), es muy diferente al Presupuesto de Egresos que debe contener una clara y detallada descripción de los gastos e inversiones de la Municipalidad, entre esos gastos, los de carácter operacional, como son sueldos y salarios (Art. 176, numeral 7, del Reglamento de la Ley de Municipalidades) y que no debe ser embarazado por actos de administración abusivos. Teniendo presentes las consideraciones anteriores, la Sala de lo Penal ha confrontado los Hechos declarados Probados con el tipo penal contenido en el Artículo 349, numeral 2, del Código Penal, concluyendo que el ámbito situacional previsto en la Norma se ve reflejado concretamente en el Hecho Cuarto declarado Probado, siendo la conducta de la Acusada, típica, antijurídica, culpable y punible, de la cual responde a título de Autora Material Directa. La Acusada dictó un acuerdo contrario a la Ley de Municipalidades y su Reglamento, nombrando a una persona como Jefe de Obras Publicas de la Alcaldía Municipal de La Lima, sin que dicho cargo existiera en la estructura administrativa y sin que, además, tuviese respaldo presupuestario para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro de dicha entidad, todo ello de entero conocimiento de la Acusada. Es, por tanto, procedente declarar Sin Lugar el Primer Motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley. V.- SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO EL ABOGADO O. R. M. C., INDICANDO INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5, NUMERALES 1 y 4; 7, 31, NUMERAL 3, 36, 37, NUMERALES 1, 4 y 6, 38, NUMERAL 2; 39, 42, NUMERAL 2, 43, 45, NUMERALES 1 Y 8; 53, 68 Y 82 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. I.- El Recurrente, en su Segundo Motivo, cita como inobservadas un conjunto de normas contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, a las que identifica como de preeminente aplicación en perjuicio de cualquier otra Ley, por ser de Régimen Especial, obviando completamente aspectos esenciales como porqué estas normas son vinculantes al caso concreto? cuál es el sentido de la infracción? cuál es el sentido de aplicación pretendida de las normas que se citan? todo para cumplir con la exigencia establecida en el Artículo 363, párrafo tercero del Código Procesal Penal. II.- De la Procedencia del Segundo Motivo: El Motivo no es de Recibo: Al haberse planteado el Segundo Motivo sin seguir la correcta técnica recursiva, se ha privado de claridad y precisión a la impugnación, al grado de que esta Sala de lo Penal desconoce cuál es el sentido del reclamo que pretendía formular el Recurrente, ergo le es imposible responder por oscuridad en el planteamiento. El Recurrente ha condenado la suerte de su Recurso al obviar los requisitos mínimos exigidos por el Artículo 363, párrafo tercero del Código Procesal Penal; y por ello, resulta procedente declarar Sin Lugar el Segundo Motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316, párrafo segundo, reformados de la Constitución de la República; 1 y 80, numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 362 del Código Procesal Penal, FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo Único, interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia, se anula la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha tres (03) de mayo de dos mil cinco (2005); y el Debate que la originó, de fecha nueve (09) de marzo del mismo año, en todo y cuanto concierne a lo resuelto en torno al delito de Abuso de Autoridad imputado a la Señora M. A. M. P., con fundamento en los artículos 11, numeral 2, literal b); 12, numeral 2; 21, literal c); y 122 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 13, numeral 5; 47, numeral 7; y 69 de la Ley de Municipalidades; y artículos 10, 21 y 40, numeral 3, de su Reglamento. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus Dos Motivos, interpuesto por el Abogado O. R. M. C., Defensor Privado de la Señora M. A. M. P.. TERCERO: Se declara firme y ejecutable la Sentencia de fecha tres (03) de Mayo del año dos mil cinco (2005), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en relación a los pronunciamientos restantes: a) Numerales Primero y Segundo de la Parte Dispositiva, mediante los cuales se condena a la Señora M. A. M. P., por ser responsable penalmente a título de Autora de un delito consumado de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública; b) Numeral Tercero de la Parte Dispositiva, mediante el cual se declara absuelta a la Señora M. A. M. P., por uno de los delitos de Abuso de Autoridad, que le fueron imputados en perjuicio de la Administración Pública. MANDA: PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento Cortés, proceda a celebrar nueva audiencia de debate en el presente caso, en el cual deberán de participar jueces y juezas distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia parcialmente anulada. En la Sentencia resultante el nuevo Tribunal de Sentencia deberá pronunciarse en cuanto a si persisten los presupuestos señalados en el Artículo 70 del Código Penal, en relación al Numeral Sexto de la Parte Dispositiva de la Sentencia de fecha tres (03) de mayo del año dos mil cinco (2005); y SEGUNDO: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente Sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Magistrado Ponente Zúniga Medrano.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-309-2008.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal Parte Especial Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, Pag 165