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Sentencia CP-30-10 — Registro 14391

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO EUGENIO RODRIGUEZ OBANDO, DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- 1) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, respecto a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial y la tutela efectiva de los derechos y garantías fundamentales.- El recurrente denuncia la trasgresión por parte del Tribunal Sentenciador del Artículo 88 de de la República que reza así: “Solo hará Prueba la Declaración rendida ante Juez Competente”, y del Artículo 89 del mismo cuerpo legal que dice: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”; violación que se habría producido cuando el Tribunal de instancia al fundamentar su fallo y ante la negativa para rendir declaración por parte de la menor I. Y. C. y de su madre Martha Camila Barahona –Testigos de la Acusación-, tomó como válidas las manifestaciones que la perjudicada habría hecho ante los peritos Mayra Eloísa Segovia (Psicóloga) y Bismark Espinoza (Psiquiatra), cuando estos la evaluaron para practicarle un Examen psicológico y psiquiátrico, respectivamente. 2) Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que el artículo 89 de la Constitución de la República consagra el principio-derecho a la presunción de inocencia cuando dispone que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, de tal modo que para llegar a un veredicto condenatorio es necesario que, -mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, es decir bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido o incorporado violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de un delito será válida, es decir, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente al menos en una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza en torno a la culpabilidad del acusado. El estado de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre de 2005 recaído en el Expediente No. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).- El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real en torno a la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal alcanza la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo de 2007, recaído en el Expediente No. 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2); consagrado en el artículo 89 de la Constitución, es ampliamente desarrollado en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 del Código Procesal penal), definido en materia penal como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, ejercer la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo señalando la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no estrictamente para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo de 2011, en el Exp. No. 304-2010).- 3) En el caso bajo examen, el argumento toral esgrimido por el Censor para fundar su recurso, radica en que infringiendo preceptos constitucionales, el Tribunal de instancia al dictar un veredicto condenatorio contra el acusado se apoyó en las manifestaciones que la menor I. Y. C. M. habría realizado cuando le fueron practicados los dictámenes psicológico y psiquiátrico por los Peritos MAYRA ELOISA SEGOVIA y BISMARK ESPINOZA, respectivamente, mismas en las que señalaría al procesado como autor del delito de violación cometido en su perjuicio. Esta Sala considera pertinente recordar que para enervar la presunción de inocencia existente a favor de todo acusado, es necesario que se produzca un mínimo de prueba de cargo evacuada en un juicio oral y público de acuerdo con las formalidades y garantías previstas por la ley (vid. arts. 1 y 4 del Código Procesal Penal). Una lectura detenida de los antecedentes no revela que la menor antes referida haya prestado declaración en el debate señalando a su padre biológico como autor de un delito de violación cometido en su perjuicio, ni tampoco que en el caso bajo examen se hubiere presentado la hipótesis prevista por el artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal, es decir la constatación de contradicciones producidas entre lo declarado en el juicio por el testigo y lo expuesto por éste en etapas anteriores del proceso[3]. Por otro lado y como antes lo apuntamos, del relato fáctico se desprende que el Tribunal de instancia ha tenido por acreditado que el imputado es el padre de la menor I. Y. C. M., con lo cual la negativa de ésta última para declarar en juicio tal y como así aconteció, tiene su fundamento en los artículos 88 párrafo segundo y 228 No. 1) del Código Procesal Penal, toda vez que siendo hija del encartado le une con este el parentesco por consanguinidad en el primer grado. De este modo, las manifestaciones que la menor I. Y. habría hecho a la Psicóloga y al Psiquiatra que le examinaron y en las cuales incriminaría y señalaría a su progenitor como autor de un delito cometido en su perjuicio, no puede considerarse prueba legítima en tanto que constituiría una forma indirecta de vulnerar la voluntad de abstención garantizada por el precepto constitucional y legal antes citados[4]. De este modo podemos afirmar que en el caso bajo examen no se ha evacuado prueba suficiente de cargo para enervar la presunción de inocencia de que ha venido gozando el encausado EUGENIO RODRIGUEZ OBANDO, de ahí que al dictar un veredicto condenatorio en su contra, el Tribunal de instancia ha vulnerado en su perjuicio el artículo 89 de nuestra Carta Magna. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo de casación invocado por el Censor debe ser estimado y como efecto o consecuencia de ello esta Sala ha de pronunciar un fallo absolutorio a su favor..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados, JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO Y MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado RENE ALTAMIRANO INTERIANO, Apoderado Defensor del señor EUGENIO RODRÍGUEZ OBANDO, contra la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que condenó al señor EUGENIO RODRIGUEZ OBANDO, a la pena de Quince (15) años de Reclusión como Pena Principal, la cual deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el acusado queda sujeto a participar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de I. Y. C. M..- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, el Abogado RENE ALTAMIRANO INTERIANO Apoderado Defensor del imputado Eugenio Rodríguez Obando. Son Partes: El Abogado René Altamirano Interiano en su condición de Apoderado Defensor del imputado, como recurrente y el Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos en su calidad de Representante del Ministerio Público como recurrido. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS PRIMERO: En el mes de noviembre del año dos mil dos, la menor I. Y. C. M., quien se encontraba en época de vacaciones escolares, salió de la vivienda donde vivía junto a su madre SANDRA OLIVA MONTOYA TEJEDA y fue a convivir durante unos días a la casa de su padre EUGENIO RODRIGUEZ OBANDO, ya que dicho señor nunca había vivido con ellas. SEGUNDO: Durante los días del mes de noviembre del año dos mil dos en que I. Y. C., vivió en la casa del señor EUGENIO RODRIGUEZ OBANDO, este se oponía a que la menor durmiera en uno de los cuartos de su casa junto a sus otros tres hermanos paternos que ahí vivían, por el contrario pretendía que ella durmiera junto a él en otra habitación. TERCERO: Una noche, el acusado EUGENIO RODRIGUEZ OBANDO despojó a I. Y. C. M. de su bloomer y sostuvo con ella relaciones sexuales habiendo para ello introducido su pene en su vulva de la niña, la menor contaba con la edad de nueve años, además, la amenazó para que no relatara a nadie lo ocurrido, repitiendo la misma acción en tres ocasiones más. En el mes de septiembre del año dos mil tres la niña relato lo sucedido a su abuela materna y esta a su vez le contó a su madre quien fue la persona que interpuso la correspondiente renuncia.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, formalizado por el Abogado RENE ALTAMIRANO INTERIANO, Apoderado Defensor del señor EUGENIO RODRÍGUEZ OBANDO es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Abogado RENE ALTAMIRANO INTERIANO, Apoderado Defensor del señor EUGENIO RODRÍGUEZ OBANDO desarrolló su recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Previo a explicar los motivos de casación precisa destacar que la sentencia condenatoria se dictó por mayoría de votos, con el voto disidente del Juez Selvin Orlando López Castellanos quien falla absolviendo al imputado por insuficiencia probatoria. PRIMERO: Plantea la defensa del señor Eugenio Rodríguez Obando que la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, viola el artículo 88 párrafo tercero de la Constitución de la República que establece “SOLO HARA PRUEBA LA DECLARACION RENDIDA ANTE JUEZ COMPETENTE”. Resulta honorables magistrados que en la sentencia recurrida mediante el presente recurso, se valora la declaración que la supuesta victima dio ante un perito del Ministerio Público y esta valoración es el fundamento para dictar el fallo condenatorio, como expongo a continuación. En la página número 9 atinente a la valoración de la prueba pericial, la sentencia establece que “este Tribunal es del criterio que esta prueba pericial es concluyente para demostrar que en efecto la menor a sostenido relaciones sexuales con el señor Eugenio Rodríguez Obando” es decir según la mayoría del Tribunal, las declaraciones supuestamente brindadas ante los peritos: la doctora Mayra Elisa Segovia Márquez y el psiquiatra Bismark Espinosa Espinal y que no fueron hechas ante ningún Juez competente, en ningún momento del proceso, son legitimante validas para fundamentar un fallo condenatorio, en las páginas 9, 10, 11 y 12, los dos jueces que actúan por mayoría hacen una exposición en la justifican la violación del párrafo tercero de la Constitución de la República. SEGUNDO: En la justificación aludida los jueces incorporan al proceso: A.- Su experiencia propia, como expresamente lo dicen en el reglón número 12 de la página 9, ¡¡nada que ver con la experiencia común que es un elemento de la sana critica!! Como bien es sabida la experiencia común es aquel conocimiento acumulado en el transcurrir de la vida de una persona, con una cultura promedio de nuestra sociedad. B.- Unos supuestos estudios, sin indicar la autoría, según los cuales los cuales los niños desarrollan un síndrome de Retracción y a continuación valoran estos estudios que no fueron ejecutados como pruebas, pero que los jueces introducen en el proceso en el acto de hacer la “valoración” de la pruebas. Por otra parte resulta que en la misma página 9, siempre en su propósito de justificar la violación de La Constitución, los jueces dicen que hacen “UNA VALORACION DE LA NEGATIVA ROTUNDA DE LOS TESTIGOS” (ver renglón 29 de la página 9). Aquí, en la sentencia se viola el derecho que el artículo 228 numeral 1 del Código Procesal Penal confiere a los cónyuges y a los hijos de abstenerse a declarar contra el imputado, UNA DEROGACION DE HECHO DE UN ARTICULO DE UNA LEY DE ORDEN PUBLICO VIGENTE. El casacionista advierte que durante la supuesta declaración de la victima el psiquiatra no le advirtió del derecho que tenía a abstenerse de declarar contra su padre, claro esta, porque hasta el psiquiatra sabe que las declaraciones dadas ante él, no tienen valor probatorio, la sentencia no explica como resolvieron este dilema los jueces que condenan.- Honorables Magistrados con este mecanismo usado para condenar, en la presente sentencia, no importa lo que suceda en el juicio oral, los jueces agregan la prueba que produzca su imaginación, introducen el estudio que mas se les acomoda y condenan o absuelven de manera arbitraria ¡¡lo que suceda en el juicio oral es irrelevante¡¡, además esta temática expuesta por los jueces que condenan, NO FUE OBJETO DE DEBATE , con todo respeto la defensa expone que desconocía que debía litigar contra la experiencia propia de los jueces y contra estos estudios que solo los jueces conocieron. En la página 10, renglones 4, 5 y 6 agregan que el Código Procesal Penal, permite que los hechos objeto del proceso podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no este expresamente regulado. Si, pero estos medios probatorios deben ser admitidos y debatidos en juicio y por otra parte no puede tomarse un perito como testigo de referencia, pues la condición de los peritos que actúan como testigos, si esta regulado en el artículo 240 párrafo segundo, del Código Procesal Penal, conforme a este artículo, los peritos que toman conocimiento de un hecho, deben rendir su declaración “en condición de testigos no de peritos”. En este caso, como expresamente lo expuso la defensa y se admite en la sentencia, los peritos: la doctora Mayra Eloisa Segovia, se ofreció para evaluar físicamente a la joven I. Y. C. y el doctor Bismark Espinoza para dictaminar sobre la existencia de daño emocional como secuela. NO FUERON NOMINADOS COMO TESTIGOS DE REFERENCIA. Por otra parte a los testigos les esta vedado consultar notas y a los peritos por el contrario, se les lee su dictamen y se les entrega en la audiencia para que lo expliquen, por lo cual, por ley y por lógica elemental un perito no puede ser considerado testigo de referencia. Cuando el Ministerio Público hizo sus conclusiones, haciendo esa petición, me pareció tan absurdo, que supuse que en la sentencia, los jueces le responderían con una iluminada explicación procesal, sin embargo al leer la presente sentencia he tomado conciencia de que la arbitrariedad puede llegar a limites inimaginables.- Los Jueces no son ayudantes de los Fiscales, los jueces están para resolver el conflicto de las partes, como un tercero imparcial.- Efectivamente el Código Procesal Penal, permite que los hechos objeto del proceso podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no este expresamente regulado, PERO DEBE SER LEGITIMO es decir no puede violarse la norma procesal, ni la Constitución de la Republica. TERCERO.- En el presente caso la Fiscalía fue incapaz de producir un mínimo de prueba, pero para subsanar esa incapacidad los jueces agregaron como prueba: Sendos estudios sobre Psiquiatría Infantil, hicieron una evaluación sin la supuesta victima, emitieron un dictamen y valoraron este dictamen con el único propósito de justificar un fallo condenatorio que viola La Constitución. Los peritos no son responsables de la arbitrariedad, en el caso de la doctora Segovia se limito a exponer los hallazgos y a explicar su pericia que incluía la referencia clínica o historia medica legal, en el caso del psiquiatra Bismark Espinoza expuso su pericia he hizo la referencia clínica, como es procedente los peritos explicaron en juicio, que metodología usaron para realizar su labor, sin embargo el psiquiatra claramente expuso: (Esto esta contenido en la sentencia en el párrafo 3º de la página 8). A.- Que el testimonio de la menor no debe servir para afirmar o negar un hecho. B.- Que el relato en el dictamen: no puede ser utilizado en el proceso. (El psiquiatra conoce la Constitución mejor que los jueces). C.- Que no se afirma o descarta el hecho. D.- Que para que su pericia fuera completa debía ser validada con una pericia Psicológica (que no se evacuo) y con una pericia de un trabajador social (que no fue pedida por el Ministerio Público). EL MISMO PSIQUIATRA, ADVIERTE SOBRE QUE EL TRABAJO PERICIAL ESTA INCOMPLETO Y QUE NO PUEDE TENERSE COMO CIERTO NI DESCARTARSE.- Aquí los jueces que condenaron olvidaron por completo el In Dubio Pro Reo. Finalmente Honorables Magistrados, los jueces en el párrafo final de la página 11, dicen que tener peritos oficiales en nuestro derecho NO BRINDA UNA GARANTIA DE IMPARCIALIDAD Y A RENGLON SEGUIDO DICEN “ASÍ LAS COSAS LOS JUZGADORES DAN TOTAL CREDIBILIDAD A LO RATIFICADO POR LOS PERITOS”.¡¡ HORRENDA CONTRADICCION!! Porque ¿Cómo es que el Tribunal considera que los peritos oficiales no brindan una garantía de imparcialidad, y les dan total credibilidad?- Si no brindan garantía de imparcialidad, luego entonces no son objetivamente confiables, por lo que resulta absurdo y contradictorio que les den total credibilidad. Al final de la página 12, los jueces, emiten una conclusión psiquiátrica que no fue objeto de discusión en el juicio, expone la sentencia que el hecho que el psicólogo forense no haya podido valorar a la menor es evidencia de que la menor padece del “SINDROME DE ACOMODACION AL ABUSO SEXUAL EN SU NIVEL DE SECRETO Y RETRACTACION”, con todo respeto, no sabíamos que estos jueces fuesen expertos en Psiquiatría Infantil, el hecho de haber recibido algún cursito sobre el tema, no los convierte en expertos, en todo caso, las partes hemos acudido al juicio en el entendido que se trataba de un tribunal con jueces de derecho y no jurado con voto de conciencia, además ¿quién les nombro peritos del Ministerio Público? Si estábamos litigando contra 2 jueces, al menos teníamos el derecho a controvertir la prueba que ellos valoraron. CUARTO: En concordancia con lo expuesto en el presente Recurso, por el Casacionista el Honorable señor Juez SELVIN ORLANDO LOPEZ CASTELLANOS, hace Voto Disidente absolviendo al señor Obando, del cual apreciamos lo siguiente: desde dentro del Tribunal, en su Voto Disidente en la página 25 primer párrafo, expone: los datos aportados por el expediente clínico que recoge lo que la supuesta victima relata al perito, solo puede usarse como elemento indiciario que refuerza lo conocido atreves de las pruebas legítimamente efectuadas en juicio y la página 26 en sus últimos 4 renglones reivindica el mandato constitucional del artículo 88 párrafo tercero “Sin poder dejar pasar por alto, que solamente constituye prueba en juicio, capaz de destruir la investidura de inocencia reconocida por la Constitución de la República, la prueba rendida ante Juez competente”.- A continuación expone, que las pruebas periciales contienen información que conlleva el interés criminológico de localización e identificación por vías técnicas o científicas de elementos indiciarios que debidamente probados unívocos y múltiples llevan al conocimiento de la verdad de un hecho desconocido, pero no puede sustituir para efectos de valoración, la información que el Tribunal debe recibir de propia mano de los testigos presénciales de los hechos, y que en el presente caso ningún testigo proporciono dicha información.- “De allí que no habiendo información dentro del material probatorio a valorar, con la que se pueda apoyar o confrontar lo contenido en el apartado médico legal del dictamen valorado, esta prueba por si, no se erige como suficiente para dar por acreditados los hechos que ha decidido terminantemente dar por probados la Honorable mayoría del Tribunal”. A continuación en la página 28 en los últimos 6 renglones el Juez Disidente agrega otro fundamento de peso a exposición; los peritos extraen la información conocida como Historia Médica Legal para con sus técnicas científicas aportar indicios que conjuntamente con otros indicios, puedan colaborar en el descubrimiento de la verdad. No para sustituir al Juez , en la recepción de declaraciones testificales y convertirse en testigos de los hechos como si los hubieran presenciado y remata este razonamiento con una conclusión terminante que evidencia el error de los Jueces que condenaron.– “Sería como imponer que lo captado por los peritos en su labor sustituya la inmediación del Juez, con la prueba testifical” preguntándose a continuación, si en este caso conforme a la valoración de la sentencia condenatoria ¿EL PERITO ESTA HACIENDO LABOR DE JUEZ? Honorables Magistrados es peligroso, para la seguridad Jurídica de los Hondureños, que se admita como valido el razonamiento contenido en la sentencia condenatoria, pues, de en adelante las partes deben comparecer al acto de la realización de las pericias, pues lo que el perito consigne en la Historia Médico Legal, se considerará una especie de prueba testifical anticipada, más aún, no será preciso ofrecer prueba en Juicio, pues bastaría, con presentar las pruebas ante los peritos de Ministerio Público…lo que sigue es que los peritos dicten sentencia…¡¡FALTABA MAS!!. Evidentemente la sentencia recurrida desconoce elementales ventajas que ofrece la inmediatez de la prueba en el juicio oral, el timbre de la vos del testigo, sus gestos, su comportamiento respecto a las partes, su actitud al contestar preguntas, su comportamiento ante el interrogatorio que ofrece la contradicción, en fin, ese privilegio de escuchar de viva vos un testimonio. En otro sentido ¿Qué paso con el derecho procesal de la defensa a controvertir la prueba en juicio? Todas las convenciones en materia de derechos humanos consagran el derecho del imputado a controvertir la prueba en juicio. Finalmente el Casacionista expone que la postura del Voto Disidente, se fundamenta en que durante el desarrollo del debate no se evacuo ningún medio de prueba que acreditará la existencia del hecho acusado, además tampoco se evacuó ningún medio probatorio en ninguna etapa del proceso, de manera que la presunción de inocencia nunca fue quebrantada con medios de prueba. La Honorable Corte Suprema de Justicia deviene en la obligación de Revocar la Sentencia, Casando la sentencia recurrida para reivindicar el imperio de la Constitución. QUINTO: LA SENTENCIA VIOLA EL ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL, ATINENTE A AL PRESUNCION DE INOCENCIA. La presunción de inocencia, es un escudo protector del ciudadano, en el plano material implica que el estado de inocencia subsiste, mientras no se pruebe la culpabilidad de un ciudadano, pues en el caso de autos, no se evacuó ningún medio de prueba que acreditará cómo y de qué forma sucedió el hecho.- Este derecho también esta contenido con mayor claridad en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York del 19 de Diciembre de 1966, en su articulo 14.2 que establece “TODA PERSONA ACUSADA DE UN DELITO TIENE DERECHO A QUE SE PRESUMA SU INOCENCIA, MIENTRAS NO SE PRUEBE SU CULPABILIDAD CONFORME A LA LEY.” Cito el Pacto Internacional, por la forma como desarrolla, lo atinente a la probanza de culpabilidad, esa probanza debe ser, conforme a las leyes vigentes del país y como ya explique anteriormente, la ley procesal Hondureña, define que una persona comparece a juicio como testigo, con las regulaciones de la prueba testifical, o comparece a juicio como perito conforme las regulaciones establecidas para la pericia, también conforme las regulaciones del artículo 240 del Código Procesal, los peritos que toman conocimiento de un hecho, deben rendir su declaración en condición de testigos. En Honduras, la Ley procesal establece con claridad como debe probarse, NO ESTA AL ARBITRIO DE LOS JUECES, Los Jueces deben estar sometidos a la Ley y no la Ley a los Jueces, así las cosas probar conforme a la Ley, implica, evacuar y valorar las pruebas de la forma como lo establece la Ley.- En este caso es evidente que la prueba utilizada por la mayoría del Tribunal Sentenciador, no se evacuo conforme a derecho y en consecuencia resulta violado el Derecho Constitucional de Presunción de Inocencia. Solo puede quebrantarse el estado de inocencia, demostrando la culpabilidad con la ejecución de medios de prueba legítimamente validos.- EL PERJUICIO que ocasiona la infracción señalada es que la valoración de la historia medico legal contenida como referencia en las pericias, es el fundamento de la sentencia condenatoria, de tal forma que al hacer un ejercicio de abstracción, suprimiendo la prueba valorada que viola la constitución, no se puede dictar una sentencia condenatoria, por tanto la infracción descrita en este motivo lesiona el derecho a la libertad del señor Eugenio Obando Rodríguez. INTERES PROCESAL: Que se case la sentencia por este motivo y se dicte sentencia absolutoria a favor de mi representado. III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO EUGENIO RODRIGUEZ OBANDO, DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- 1) El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, respecto a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial y la tutela efectiva de los derechos y garantías fundamentales.- El recurrente denuncia la trasgresión por parte del Tribunal Sentenciador del Artículo 88 de de la República que reza así: “Solo hará Prueba la Declaración rendida ante Juez Competente”, y del Artículo 89 del mismo cuerpo legal que dice: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”; violación que se habría producido cuando el Tribunal de instancia al fundamentar su fallo y ante la negativa para rendir declaración por parte de la menor I. Y. C. y de su madre Martha Camila Barahona –Testigos de la Acusación-, tomó como válidas las manifestaciones que la perjudicada habría hecho ante los peritos Mayra Eloísa Segovia (Psicóloga) y Bismark Espinoza (Psiquiatra), cuando estos la evaluaron para practicarle un Examen psicológico y psiquiátrico, respectivamente. 2) Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que el artículo 89 de la Constitución de la República consagra el principio-derecho a la presunción de inocencia cuando dispone que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado, de tal modo que para llegar a un veredicto condenatorio es necesario que, -mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, es decir bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido o incorporado violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de un delito será válida, es decir, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente al menos en una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza en torno a la culpabilidad del acusado. El estado de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre de 2005 recaído en el Expediente No. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).- El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real en torno a la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal alcanza la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo de 2007, recaído en el Expediente No. 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2); consagrado en el artículo 89 de la Constitución, es ampliamente desarrollado en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 del Código Procesal penal), definido en materia penal como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, ejercer la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo señalando la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no estrictamente para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo de 2011, en el Exp. No. 304-2010).- 3) En el caso bajo examen, el argumento toral esgrimido por el Censor para fundar su recurso, radica en que infringiendo preceptos constitucionales, el Tribunal de instancia al dictar un veredicto condenatorio contra el acusado se apoyó en las manifestaciones que la menor I. Y. C. M. habría realizado cuando le fueron practicados los dictámenes psicológico y psiquiátrico por los Peritos MAYRA ELOISA SEGOVIA y BISMARK ESPINOZA, respectivamente, mismas en las que señalaría al procesado como autor del delito de violación cometido en su perjuicio. Esta Sala considera pertinente recordar que para enervar la presunción de inocencia existente a favor de todo acusado, es necesario que se produzca un mínimo de prueba de cargo evacuada en un juicio oral y público de acuerdo con las formalidades y garantías previstas por la ley (vid. arts. 1 y 4 del Código Procesal Penal). Una lectura detenida de los antecedentes no revela que la menor antes referida haya prestado declaración en el debate señalando a su padre biológico como autor de un delito de violación cometido en su perjuicio, ni tampoco que en el caso bajo examen se hubiere presentado la hipótesis prevista por el artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal, es decir la constatación de contradicciones producidas entre lo declarado en el juicio por el testigo y lo expuesto por éste en etapas anteriores del proceso[3]. Por otro lado y como antes lo apuntamos, del relato fáctico se desprende que el Tribunal de instancia ha tenido por acreditado que el imputado es el padre de la menor I. Y. C. M., con lo cual la negativa de ésta última para declarar en juicio tal y como así aconteció, tiene su fundamento en los artículos 88 párrafo segundo y 228 No. 1) del Código Procesal Penal, toda vez que siendo hija del encartado le une con este el parentesco por consanguinidad en el primer grado. De este modo, las manifestaciones que la menor I. Y. habría hecho a la Psicóloga y al Psiquiatra que le examinaron y en las cuales incriminaría y señalaría a su progenitor como autor de un delito cometido en su perjuicio, no puede considerarse prueba legítima en tanto que constituiría una forma indirecta de vulnerar la voluntad de abstención garantizada por el precepto constitucional y legal antes citados[4]. De este modo podemos afirmar que en el caso bajo examen no se ha evacuado prueba suficiente de cargo para enervar la presunción de inocencia de que ha venido gozando el encausado EUGENIO RODRIGUEZ OBANDO, de ahí que al dictar un veredicto condenatorio en su contra, el Tribunal de instancia ha vulnerado en su perjuicio el artículo 89 de nuestra Carta Magna. Por todas las razones anteriormente expuestas el presente motivo de casación invocado por el Censor debe ser estimado y como efecto o consecuencia de ello esta Sala ha de pronunciar un fallo absolutorio a su favor. IV.- CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU SEGUNDO MOTIVO: Quebrantamiento de forma por adolecer de los vicios contenidos en los numerales 2 y 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. A.- En relación con el numeral 2, la sentencia se fundamenta en los medios de prueba no incorporados legalmente al juicio. B.- En relación con el numeral 3, la sentencia contiene motivaciones contradictorias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. PRIMERO: En la sentencia ocurre el vicio de que se fundamenta en medios de prueba NO INCORPORADOS legalmente al juicio, quebrantamiento de forma en el supuesto normativo que contiene el Artículo 362 numeral 2. Los jueces que dictan el fallo condenatorio fundamentan la sentencia en 3 medios de prueba: 1.- El supuesto testimonio dado por I. Y. C. a la doctora MAYRA ELOISA SEGOVIA y que esta contenido como Historia Médica Legal en su dictamen pericial. 2.- El supuesto testimonio dado por I. Y. C. al doctor BISMARK ESPINOZA y que esta contenido, como Historia Médica Legal en su dictamen pericial. 3.- Unos estudios que se citan en la sentencia, del cual no se indica quien es su autor y a que tipos de niños se evalúo. En el caso de los numerales 1 y 2 que se refieren a la Historia Médico Legal de los doctores Mayra Eloisa Segovia y Bismark Espinoza, resulta que el Tribunal incorpora como prueba testifical, el supuesto testimonio que la menor les diera a estos médicos, tomando la pericia de ellos como un testimonio de referencia, lo cual viola el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.- Los Doctores fueron evacuados como peritos, uno para que estableciera, si existía evidencia física de relaciones sexuales y el psiquiatra para que estableciera la existencia de daño emocional como secuela relacionada con el hecho acusado. La violación del procedimiento consiste en que los peritos al ratificar su pericia, naturalmente consultan notas y se les lee su dictamen en el cual exponen una conclusión que se produce a partir de su conocimiento científico sobre la ciencia, arte o técnica en la cual son especialistas, por esa razón, su exposición no puede ser tomada como testimonio de referencia, a los testigos les esta vedado consultar notas, de manera que su testimonio versa sobre los hechos que han conocido o percibido a través de sus sentidos y transmiten en juicio lo que recuerdan del hecho, es por eso que el artículo 240 del Código Procesal Penal, hace una distinción entre lo que es un perito y lo que es un testigo, estableciendo en su párrafo segundo que cuando un perito tome conocimiento de un hecho debe rendir su declaración como testigo y no como perito. El uso de estas pericias como testimonios consta en la página 9 renglones 6, 7, y 8 de la sentencia, cuando en la valoración de la prueba la sentencia dice : “Por lo que a partir de las historias médicas y psiquiátricas forenses obtenidas por los peritos de la propia victima, resultan suficientes para arribar al conocimiento de la verdad.” En el numeral 3º de la página 7 (la sentencia tiene dos numerales terceros, en la página 6 y en la página 7) y páginas 8, 9, 10, 11 y 12 se establece claramente que la sentencia condenatoria se fundamenta, en la Historia Médica Legal, que supuestamente le fue dada a los peritos misma que el perito leyó ante el Tribunal y se valora la pericia en calidad de testimonio de referencia lo cual implica la valoración de prueba no incorporada legalmente al juicio. SEGUNDO: En el caso del numeral 3 de esta exposición, los jueces incorporan en el acto hacer la sentencia “UNOS ESTUDIOS REALIZADOS, SUPUESTAMENTE SOBRE ABUSOS SEXUALES” que: A.- No fueron evacuados como prueba en el debate. B.- No se cita su autor, ni referencia alguna que individualicé de que estudios se trata. Además en la sentencia, los jueces hacen una pericia de la joven I. Y. C., sin evaluarla, determinando que padece del SINDROME DE RETRACTACION y del SINDROME DE ACOMODACION AL ABUSO SEXUAL…¡¡ NI EL PSIQUIATRA PUDO DESCUBRIR ESTO!! Pero los Jueces son más psiquiatras que el psiquiatra. La incorporación de estos estudios y de la pericia psiquiatrita que realizaron los dos jueces que condenan, se encuentran en las paginas 9, renglón numero 12 hasta renglón 29, aquí, la sentencia indica: “EL TRIBUNAL POR EXPERIENCIA PROPIA Y HACIENDO ACOPIO DE ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE ESTE PARTICULAR (aquí se introduce un medio de prueba), SABE QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL SUELEN DESARROLLAR UN SINDROME O PATRON DE CONDUCTA TIPICA QUE INCLUYE, CINCO CATEGORIAS, ENTRE ELLAS LA RETRACTACION…” Luego en la misma pagina, los jueces siguen con los estudios que ellos incorporan en el renglón 22 “Pues las niñas según estos estudios realizados, descubren caóticas consecuencias de la revelación…” Luego en la pagina 12 en los últimos dos renglones, los jueces incorporan en la sentencia su propia pericia siquiátrica, cuando dicen “La menor ofendida se negó a colaborar con aquel perito, lo que evidencia con ello el síndrome de acomodación al abuso sexual, en su nivel de secreto y retractación”. Esta es una conclusión psiquiatrita emitida por los jueces. Honorables Magistrados, ruego a ustedes, leer el acta del debate, en ella se constata que el psiquiatra Bismark Espinoza, NUNCA SE REFIRIO A ESOS ESTUDIOS, ni a la existencia en I. de tales Síndromes. Claramente los jueces fundamentan su fallo, en unos estudios no evacuados en el juicio oral y en una pericia siquiátrica que ellos mismos realizaron, de lo cual la defensa se entera en el acto de leer la sentencia.- TERCERO: La sentencia contiene el vicio de fundamentarse en motivaciones contradictorias, quebrantando la forma en el supuesto normativo que contiene el artículo 362 numeral 3. En la pagina 11 párrafo ultimo, la sentencia dice: “Considera el tribunal, que un aspecto beneficioso de nuestro derecho, es poder contar con peritos oficiales, esto no brinda una garantía de imparcialidad, así las cosas los juzgadores dan total credibilidad a lo ratificado por los peritos.” La contradicción es que si dicen que los peritos, no brindan garantía de imparcialidad, ¿Cómo es posible? Que a renglón seguido se día que por esa razón, se les da total credibilidad. El razonamiento coherente y lógico es que si el tribunal dice que estos peritos no brindan garantía de imparcialidad, luego entonces son parciales y por lo tanto no son objetivamente confiables, en consecuencia no se les debió dar credibilidad, lo grave de esta contradicción, es que el fundamento del fallo condenatorio, es la historia medico legal de estos peritos. En la pagina 12, renglón 5 la sentencia dice que el peritaje solo adquiere valor cuando corrobora el conjunto de elementos de información de cargo o descargo, en la pagina 5 párrafo primero, el tribunal establece” en la forma en que se desarrollo la recepción de la prueba propuesta por la parte acusadora y en el orden indicado por esta; consecuentemente para estos juzgadores, esta prueba carece de elemento alguno que establezca la verdad de los hechos y por lo mismo no se concede ninguna valoración por ausencia de contenido” la contradicción se evidencia cuando por un lado dicen que la pericia solo adquiere valor cuando corrobora el conjunto de los elementos de información de cargo y dicen que las pruebas de cargo carecen de elemento alguno que establezca la verdad de los hechos, pero, en la sentencia se hace un fallo condenatorio con unas pericias que no corroboraron otros elementos, porque no se produjo mas pruebas que las pericias. Así mismo la sentencia tiene otra motivación contradictoria, pues a pesar de haber dicho en la pagina 5, que no se concede valoración( a la negativa de los testigos), por ausencia de contenido, en la pagina 9, renglón 29, dice que se puede hacer como en efecto lo hace ”UNA VALORACION DE LA NEGATIVA ROTUNDA DE LOS TESTIGOS” … O SE VALORA O NO SE VALORA, pero no puede hacerse lo que ocurre en esta sentencia, donde los jueces con el afán afirman o niegan sobre un mismo punto. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de la obligación de indicar el reclamo que se haya realizado, para subsanar el vicio procesal, señalo que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por la cual, el reclamo lo constituye el presente recurso. EL PERJUICIO que ocasiona este motivo de casación es que ambos vicios que contiene la sentencia, sirven de fundamento para dictar un fallo condenatorio y en consecuencia lesiona el derecho a la libertad de mi cliente. INTERES PROCESAL; El reenvío para que un tribunal imparcial conozca la presente causa y dicte fallo conforme a derecho.” V.-DEL RECURSO DE CASACIÓN EN SU SEGUNDO MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA DEFENSA, DENUNCIANDO QUE LA SENTENCIA SE BASA EN MEDIOS DE PRUEBA NO INCORPORADOS LEGALMENTE AL JUICIO. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia concretamente sobre el presente motivo de casación, toda vez que ha prosperado el primer motivo que por Infracción de Precepto Constitucional ha desarrollado la Defensa del encartado Eugenio Rodríguez Obando. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 88, 89 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Primer Motivo interpuesto por el Abogado René Altamirano Interiano, en su condición de Defensor Privado del señor EUGENIO RODRÍGUEZ OBANDO. SEGUNDO: CASA la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el sentido siguiente: I.- ABSOLVER de toda responsabilidad penal al señor EUGENIO RODRÍGUEZ OBANDO por el delito de VIOLACION en perjuicio de I. Y. C. II.- Ordenar la suspensión definitiva de las medidas cautelares impuestas al señor EUGENIO RODRÍGUEZ OBANDO. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de origen, para que proceda con arreglo a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-38-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior.

[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”

[3] Vid. Folios No. 201 a 203 del acta de debate en relación con el Folio No. 216 del hecho probado primero contenido en la sentencia impugnada.

[4] Vid comparativamente y con referencias al Derecho costarricense: RODRIGUEZ MIRANDA, MARTIN A. / CAMBRONERO DELGADO, JOSE LUIS, en La Prueba Pericial en el Proceso Penal, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2006, pág. 121 y ss.