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Sentencia CP-277-10 — Registro 2628

Resumen

Se condenó en primer instancia a los imputados por el delito de secuestro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO O. L. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 192, LITERAL A DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE QUE TIPIFICA EL DELITO DE SECUESTRO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que de los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia no se desprende que la conducta del acusado O. L. se subsuma en el delito de secuestro, tipificado en el artículo 192 literal a) del Código Penal. Reprocha que del factum de la sentencia impugnada se infiere que la única participación del imputado O. A. L. U., es que la privó de su libertad y luego retuvo durante doce días a la joven W. Y. R. H. más no se probó que el encartado en mención haya hecho alguna llamada telefónica a algún familiar de la víctima solicitando el pago de un rescate. Considera que de los hechos primero y tercero del relato de hechos probados, se desprende que el comportamiento del acusado se subsume en el tipo penal de Privación injusta de la Libertad, descrito en el artículo 193 del Código Penal Vigente, ya que no se probó la participación de O. A. L. U. en la negociación para el pago del rescate, que es elemento esencial para configurar el delito de Secuestro, por medio de un elemento probatorio convincente como lo puede ser el peritaje de voces. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de instancia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El artículo 192 del Código Penal dispone que: “Será sancionado con pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aún cuando no consiguieren su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio…”. En el presente caso, el A Quo declara probados los hechos siguientes: ”PRIMERO: En fecha nueve de abril de 2008 aproximadamente a las ocho de la noche la joven W. Y. R. H., transitaba hacia su casa de habitación en la Colonia Miraflores de Tegucigalpa, cuando fue detenida por dos personas, una de ellas el señor O. A. L. U., quienes la obligaron a subir a un vehículo turismo, la condujeron fuera de la ciudad con rumbo desconocido y la mantuvieron oculta durante doce días, siendo liberada mediante un operativo policial, en la ciudad de San Pedro Sula. SEGUNDO: Los familiares de W. Y., residentes en San Bárbara, recibieron varias llamadas telefónicas en las cuales se les exigía dinero a cambio de su libertad, asimismo también recibían de parte de los captores pruebas de que la joven estaba con vida. TERCERO: En fecha veinticuatro de abril de 2008, atendiendo una llamada telefónica anónima la policía de San Pedro Sula, Cortés, realizó un operativo en la casa de habitación de la señora C. G. P., ubicada en el Barrio Cabañas de la misma ciudad donde rescató a W. Y., deteniendo también a los señores O. A. L. U. y J. A. L. M. La señora G. P., se encargaba del cuidado de la víctima y el señor L. M., solamente era residente de esa vivienda sin que se haya probado que tuviese ningún contacto con la ofendida”. Antes de entrar en el análisis del motivo invocado por el Censor es oportuno recordar que por la complejidad de su ejecución, el delito de secuestro suele mencionarse como delito prototípico de las bandas criminales[1], ya que comporta normalmente un reparto o distribución de roles entre un grupo de individuos; así por ejemplo, algunos aportarán información sobre las posibilidades económicas de la víctima o de su familia, otros sobre los itinerarios seguidos por esta que faciliten su intercepción, algunos ejecutarán la detención y traslado del ofendido hasta un determinado lugar, otros se encargarán de la vigilancia del secuestrado, de su alimentación, de la negociación para obtener el pago, de la recepción del rescate, etc… de ahí que una de las condiciones indispensables para la debida coordinación entre ellas es que se establezcan relaciones de estrecha confianza y cooperación, so riesgo de que el plan delictivo sea fácilmente desbaratado. De los hechos declarados probados se desprende que la conducta del acusado se subsume en la modalidad básica del delito secuestro, tipificada y sancionada en el artículo 192 del Código Penal, con una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida. El Juzgador da por acreditado que el acusado O. A. L. U., participó directa y materialmente en los actos de privación de la libertad y retención durante doce días de la joven W. Y. R. H. Es de recordar que el delito de secuestro resulta consumado aun y cuando la victima haya sido liberada por las autoridades en poder de sus captores, y estos no hayan logrado obtener el precio o recompensa solicitado a familiares a cambio de su liberación, como ha ocurrido en el presente caso. Es decir que para la consumación y castigo del delito de secuestro, como delito consumado, basta que se haya probado que el acusado ha realizado alguno de los verbos rectores del tipo penal, siguientes: sustracción, retención, desplazamiento, ocultamiento o privación de la libertad de una o más personas, habiendo mediado violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, con la finalidad de obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio, aunque no se haya logrado obtener el provecho o ventaja solicitada. Si bien es cierto que no se acreditó que el acusado realizó las llamadas telefónicas a los familiares de la persona secuestrada para exigirles el dinero o recompensa a cambio de su libertad, no es menos cierto que del factum elaborado en virtud de las pruebas evacuadas en juicio se desprende indudablemente que el encartado contribuyó esencialmente a la privación de la libertad ambulatoria de la víctima y compartió el elemento subjetivo o la finalidad de obtener una contraprestación económica por su liberación. Por las razones anteriormente expuestas se declara sin lugar el motivo que por infracción de ley formulado la Defensa del imputado O. L. IV..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCAUSADO O. A. L. ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN SU CONTRA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el A Quo no dio por probado que el acusado O. A. L. U., haya hecho las llamadas telefónicas exigiendo el pago del rescate para liberar a la joven W. Y. R. H., tampoco que él la haya mantenido encerrada contra su voluntad. Reprocha que sólo fue acreditado que dormía en el mismo cuarto con la joven, y que le daba comida, entre otro extremos. Considera que la regla de la sana crítica inobservada es la de la lógica, por estimar que de la propia declaración de la víctima se desprende que no hubo encierro forzoso, porque no la tuvieron amarrada, ni amenazada con armas, sino que se desplazaba libremente en una residencia de San Pedro Sula, y fácilmente pudo irse o pedir auxilio, sin embargo, decidió voluntariamente permanecer en dicha casa, añadiendo el Censor que durante el día el encartado salía a trabajar y sólo llegaba a dormir con la joven W. Y. R., según lo dicho por la víctima, como una pareja que mantiene una relación marital. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. El Censor de la sentencia impugnada cuestiona el valor probatorio concedido por el Juzgador de instancia a la declaración de la víctima W. Y. R. H., con la que el Juzgador elabora el relato de los hechos probados. Esta Sala observa que el recurrente ha omitido indicar en forma clara y terminante la regla de la lógica, de identidad, contradicción o de tercer excluido, las máximas de la experiencia o de las reglas de la psicología que el Juzgador ha inobservado al valorar la declaración de la ofendida. No obstante tal defecto en la técnica recursiva, esta Sala corrobora que en su declaración testifical la víctima claramente expresa que fue privada de su libertad, con violencia y contra su voluntad por parte del acusado O. A. L. U. (vid. Acta del debate: folios 199 al 203 del proceso). De ahí que al contrario de lo aseverado por el impugnante, no se desprende de las pruebas evacuadas en el debate que la joven W. R. haya permanecido voluntariamente retenida, haya sido pareja del acusado o tenido relación marital alguna con éste último; consecuentemente y más allá de toda duda razonable ha quedado acreditada la participación esencial del imputado O. A. L. U., en los hechos sometidos a Juzgamiento. Por todas las razones anteriormente expuestas y no haciéndose patente que el Tribunal de Instancia haya inobservado las reglas de las sana crítica en la valoración de la prueba, es procedente desestimar el motivo de casación invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

S.P 277-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de tres de mayo de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó a los señores O. A. L. U. y C. G. P. como autores responsables del delito de SECUESTRO a la pena principal de VEINTIDOS (22) AÑOS de reclusión en perjuicio de W. Y. R; más las Accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ, actuando en su condición de Apoderado Defensor del imputado O. A. L. U.- INTERVIENEN: El Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ, Apoderado Defensor del encausado O. A. L. U., como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas, Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Esta Sala del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, valorando las pruebas practicadas en el juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probados los siguientes hechos. PRIMERO: En fecha nueve de abril de 2008 aproximadamente a las ocho de la noche la joven W. Y. R. H., transitaba hacia su casa de habitación en la Colonia Miraflores de Tegucigalpa, cuando fue detenida por dos personas, una de ellas el señor O. A.O L. U., quienes la obligaron a subir a un vehículo turismo, la condujeron fuera de la ciudad con rumbo desconocido y la mantuvieron oculta durante doce días, siendo liberada mediante un operativo policial, en la ciudad de San Pedro Sula. SEGUNDO: Los familiares de W. Y., residentes en San Bárbara, recibieron varias llamadas telefónicas en las cuales se les exigía dinero a cambio de su libertad, asimismo también recibían de parte de los captores pruebas de que la joven estaba con vida. TERCERO: En fecha veinticuatro de abril de 2008, atendiendo una llamada telefónica anónima la policía de San Pedro Sula, Cortés, realizó un operativo en la casa de habitación de la señora C. G. P., ubicada en el Barrio Cabañas de la misma ciudad donde rescató a W. Y., deteniendo también a los señores O. A. L. U. y J. A. L. M. La señora G. P., se encargaba del cuidado de la víctima y el señor L. M., solamente era residente de esa vivienda sin que se haya probado que tuviese ningún contacto con la ofendida”. III.- EL RECURRENTE, ABOGADO JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ, FORMALIZÓ SU RECURSO DE CASACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY: I.- MOTIVO UNICO: POR APLICACIÓN INDEBIDA DE NORMA SUSTANTIVA (PRECEPTO DEL CODIGO PENAL). II.- PRECEPTO DEL CODIGO PENAL INFRINGIDO: ARTICULO 192 LITERAL A) del Código Penal Vigente. III.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, que literalmente establece: Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de Ley o de doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la Ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. RECLAMACION HECHA PARA OBTENER LA SUBSANACION DE LA FALTA: Es de hacer la observación que la infracción de Ley de que se acusa a la Sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el motivo de casación se consumó en el mismo pronunciamiento de la resolución recurrida y por lo tanto contra la misma por su propia naturaleza resulta imposible su subsanación a través de otro recurso más que el Recurso de casación planteado. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, declaró expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha nueve de abril de 2008 aproximadamente a las ocho de la noche la joven W. Y. R. H., transitaba hacia su casa de habitación en la Colonia Miraflores de Tegucigalpa cuando fue detenida por dos personas, una de ellas el señor O. A. L. U., quienes le obligaron a subir a un vehículo turismo, la condujeron fuera de la ciudad con rumbo desconocido y la mantuvieron oculta durante doce días, siendo liberada mediante un operativo policial, en la ciudad de San Pedro Sula. SEGUNDO: los familiares de W. Y., residentes en Santa Bárbara, recibieron varias llamadas telefónicas en las cuales se le exigía dinero a cambio de su libertad, asimismo también recibían de parte de los captores pruebas de que la joven estaba con vida. TERCERO: En fecha veinticuatro de abril de 2008, atendiendo una llamada telefónica anónima la policía de San Pedro Sula, Cortés, realizó un operativo en la casa de habitación de la señora C. G. P., ubicada en el Barrio Cabañas de la misma ciudad donde rescató a W. Y., deteniendo también a los señores O. A. L. U. y J. A. L. M., la señora G. P., se encargaba del cuidado de la víctima y el señor L. M., solamente era residente de esa vivienda sin que se haya probado que tuviese ningún contacto con la ofendida. INTERPRETACION O APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: La interpretación o aplicación que pretende este Defensor, en el presente caso concreto, es que no se puede aplicar el tipo penal de secuestro establecido en el artículo 192 literal a) del Código Penal al caso concreto, puesto que de los propios hechos probados, se infiere que la única participación de mi defendido O. A. L. U., es que la privó de su libertad y luego la retuvo durante doce días y nada más, pero no se probó que él personalmente haya hecho alguna llamada telefónica a algún familiar de la víctima.- El primero y tercero de los hechos probados, de la sentencia impugnada, en todo calza perfectamente en el tipo penal de Privación injusta de Libertad, establecido en el artículo 193 del Código Penal Vigente, ya que no se probó la participación de O. A. L. Ulloa en la negociación para el pago del rescate, que es elemento esencial para configurar el delito de Secuestro, por el medio idóneo que es el peritaje de voces”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO O. L. DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 192, LITERAL A DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE QUE TIPIFICA EL DELITO DE SECUESTRO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que de los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia no se desprende que la conducta del acusado O. L. se subsuma en el delito de secuestro, tipificado en el artículo 192 literal a) del Código Penal. Reprocha que del factum de la sentencia impugnada se infiere que la única participación del imputado O. A. L. U., es que la privó de su libertad y luego retuvo durante doce días a la joven W. Y. R. H. más no se probó que el encartado en mención haya hecho alguna llamada telefónica a algún familiar de la víctima solicitando el pago de un rescate. Considera que de los hechos primero y tercero del relato de hechos probados, se desprende que el comportamiento del acusado se subsume en el tipo penal de Privación injusta de la Libertad, descrito en el artículo 193 del Código Penal Vigente, ya que no se probó la participación de O. A. L. U. en la negociación para el pago del rescate, que es elemento esencial para configurar el delito de Secuestro, por medio de un elemento probatorio convincente como lo puede ser el peritaje de voces. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de instancia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El artículo 192 del Código Penal dispone que: “Será sancionado con pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aún cuando no consiguieren su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio…”. En el presente caso, el A Quo declara probados los hechos siguientes: ”PRIMERO: En fecha nueve de abril de 2008 aproximadamente a las ocho de la noche la joven W. Y. R. H., transitaba hacia su casa de habitación en la Colonia Miraflores de Tegucigalpa, cuando fue detenida por dos personas, una de ellas el señor O. A. L. U., quienes la obligaron a subir a un vehículo turismo, la condujeron fuera de la ciudad con rumbo desconocido y la mantuvieron oculta durante doce días, siendo liberada mediante un operativo policial, en la ciudad de San Pedro Sula. SEGUNDO: Los familiares de W. Y., residentes en San Bárbara, recibieron varias llamadas telefónicas en las cuales se les exigía dinero a cambio de su libertad, asimismo también recibían de parte de los captores pruebas de que la joven estaba con vida. TERCERO: En fecha veinticuatro de abril de 2008, atendiendo una llamada telefónica anónima la policía de San Pedro Sula, Cortés, realizó un operativo en la casa de habitación de la señora C. G. P., ubicada en el Barrio Cabañas de la misma ciudad donde rescató a W. Y., deteniendo también a los señores O. A. L. U. y J. A. L. M. La señora G. P., se encargaba del cuidado de la víctima y el señor L. M., solamente era residente de esa vivienda sin que se haya probado que tuviese ningún contacto con la ofendida”. Antes de entrar en el análisis del motivo invocado por el Censor es oportuno recordar que por la complejidad de su ejecución, el delito de secuestro suele mencionarse como delito prototípico de las bandas criminales[1], ya que comporta normalmente un reparto o distribución de roles entre un grupo de individuos; así por ejemplo, algunos aportarán información sobre las posibilidades económicas de la víctima o de su familia, otros sobre los itinerarios seguidos por esta que faciliten su intercepción, algunos ejecutarán la detención y traslado del ofendido hasta un determinado lugar, otros se encargarán de la vigilancia del secuestrado, de su alimentación, de la negociación para obtener el pago, de la recepción del rescate, etc… de ahí que una de las condiciones indispensables para la debida coordinación entre ellas es que se establezcan relaciones de estrecha confianza y cooperación, so riesgo de que el plan delictivo sea fácilmente desbaratado. De los hechos declarados probados se desprende que la conducta del acusado se subsume en la modalidad básica del delito secuestro, tipificada y sancionada en el artículo 192 del Código Penal, con una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida. El Juzgador da por acreditado que el acusado O. A. L. U., participó directa y materialmente en los actos de privación de la libertad y retención durante doce días de la joven W. Y. R. H. Es de recordar que el delito de secuestro resulta consumado aun y cuando la victima haya sido liberada por las autoridades en poder de sus captores, y estos no hayan logrado obtener el precio o recompensa solicitado a familiares a cambio de su liberación, como ha ocurrido en el presente caso. Es decir que para la consumación y castigo del delito de secuestro, como delito consumado, basta que se haya probado que el acusado ha realizado alguno de los verbos rectores del tipo penal, siguientes: sustracción, retención, desplazamiento, ocultamiento o privación de la libertad de una o más personas, habiendo mediado violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, con la finalidad de obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio, aunque no se haya logrado obtener el provecho o ventaja solicitada. Si bien es cierto que no se acreditó que el acusado realizó las llamadas telefónicas a los familiares de la persona secuestrada para exigirles el dinero o recompensa a cambio de su libertad, no es menos cierto que del factum elaborado en virtud de las pruebas evacuadas en juicio se desprende indudablemente que el encartado contribuyó esencialmente a la privación de la libertad ambulatoria de la víctima y compartió el elemento subjetivo o la finalidad de obtener una contraprestación económica por su liberación. Por las razones anteriormente expuestas se declara sin lugar el motivo que por infracción de ley formulado la Defensa del imputado O. L. IV.- CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: I. MOTIVO SEGUNDO: POR no haberse observado en la valoración de las pruebas, las reglas de la sana crítica. II.- NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202 del Código Procesal Vigente. III.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral tercero parte final del Código Procesal Penal, que literalmente establece: El recurso de Casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1)……… 2)……. 3)…… o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. RECLAMACION HECHA PARA OBTENER LA SUBSANACION DE LA FALTA: Es de hacer la observación que el vicio improcedendo de que se acusa la sentencia definitiva impugnada en este acto, que fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, el vicio se consumó en el mismo pronunciamiento de la resolución recurrida y por lo tanto contra la misma por su propia naturaleza resulta imposible su subsanación a través de otro recurso más que el Recurso de casación planteado. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO SEGUNDO: Honorables Magistrados, el Tribunal de Sentencia, no pudo dar por probado nunca, que se habían hecho llamadas telefónicas de parte del señor O. A. U., pidiendo el pago de un rescate para liberar a la joven W. Y. R. H., ni tampoco se probó que mi defendido antes aludido la tenía encerrada en contra de su voluntad, lo único que se probó es que dormía en el mismo cuarto con ella, le daba comida, y que la joven W. Y. R., manifestó que era su esposa y se llamaba J., según el propio dicho de la víctima en mención y esto es duda razonable a favor del señor O. A. L. U., que pudo realmente tener un romance con la joven en mención, puesto se refleja en el acta de allanamiento y con la declaración del Policía F. M. G., que declaró que la joven en mención se encontró en un cuarto de la residencia de la Señora C. G. P., sentada en una cama, sin ataduras de ninguna índole en su cuerpo, ni vendado sus ojos, ni mordaza en su boca, sino más bien hay indicios fuertes de que ella estaba por su propia voluntad en dicho lugar, y que luego cambio su versión de los hechos para no tener problemas con sus padres. Honorables Magistrados, la regla de la sana crítica, que no se observó en el presente debate, es la lógica jurídica, ya que la propia declaración de la víctima en mención desbarata el lenguaje que usa el Juez ponente de la sentencia condenatoria, ya que no hubo un encierro forzoso, puesto que no la tuvieron amarrada en ningún momento ni amenazada con armas de fuego o blanca, se pudo desplazar libremente en la residencia en San Pedro Sula, y bien pudo fácilmente irse o pedir auxilio a vecinos, pero decidió estar en dicha casa voluntariamente y lo otro es que quien de día salía a trabajar y sólo llegaba a dormir con la joven W. Y. R. era el Señor O. A. L., esto último según el dicho de la víctima, ya que ésto es algo normal entre una pareja que mantiene una relación marital. Honorables Magistrados, de lo anterior, se puede llegar a la conclusión, que la sentencia dictada en el juicio oral y público que nos ocupa, no está dictada conforme a Derecho y que ese alto Tribunal de Justicia, vuelva a fallar anulando la sentencia condenatoria por el delito de secuestro, y se ordene que se repita el juicio antes descrito por otra sala del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCAUSADO O. A. L. ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN SU CONTRA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el A Quo no dio por probado que el acusado O. A. L. U., haya hecho las llamadas telefónicas exigiendo el pago del rescate para liberar a la joven W. Y. R. H., tampoco que él la haya mantenido encerrada contra su voluntad. Reprocha que sólo fue acreditado que dormía en el mismo cuarto con la joven, y que le daba comida, entre otro extremos. Considera que la regla de la sana crítica inobservada es la de la lógica, por estimar que de la propia declaración de la víctima se desprende que no hubo encierro forzoso, porque no la tuvieron amarrada, ni amenazada con armas, sino que se desplazaba libremente en una residencia de San Pedro Sula, y fácilmente pudo irse o pedir auxilio, sin embargo, decidió voluntariamente permanecer en dicha casa, añadiendo el Censor que durante el día el encartado salía a trabajar y sólo llegaba a dormir con la joven W. Y. R., según lo dicho por la víctima, como una pareja que mantiene una relación marital. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. El Censor de la sentencia impugnada cuestiona el valor probatorio concedido por el Juzgador de instancia a la declaración de la víctima W. Y. R. H., con la que el Juzgador elabora el relato de los hechos probados. Esta Sala observa que el recurrente ha omitido indicar en forma clara y terminante la regla de la lógica, de identidad, contradicción o de tercer excluido, las máximas de la experiencia o de las reglas de la psicología que el Juzgador ha inobservado al valorar la declaración de la ofendida. No obstante tal defecto en la técnica recursiva, esta Sala corrobora que en su declaración testifical la víctima claramente expresa que fue privada de su libertad, con violencia y contra su voluntad por parte del acusado O. A. L. U. (vid. Acta del debate: folios 199 al 203 del proceso). De ahí que al contrario de lo aseverado por el impugnante, no se desprende de las pruebas evacuadas en el debate que la joven W. R. haya permanecido voluntariamente retenida, haya sido pareja del acusado o tenido relación marital alguna con éste último; consecuentemente y más allá de toda duda razonable ha quedado acreditada la participación esencial del imputado O. A. L. U., en los hechos sometidos a Juzgamiento. Por todas las razones anteriormente expuestas y no haciéndose patente que el Tribunal de Instancia haya inobservado las reglas de las sana crítica en la valoración de la prueba, es procedente desestimar el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declara sin lugar el recurso de casación por Infracción de ley, en su motivo único, y de Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por el Apoderado Defensor del Acusado O. A. L. U., contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de mayo de dos mil diez (2010).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los fines y efectos legales.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada YESSENIA MARIA MARQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha quince de abril del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-277-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. LANDROVE DIAZ, GERARDO, en Detenciones Ilegales y Secuestros, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 117.