Sentencia CP-274-11 — Registro 3220
Resumen
Se absolvió en primer instancia al imputado por el delito de portación ilegal de armas. en segunda instancia se resolvió Ha Lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Fundamentación Jurídica del Pronunciamiento Condenatorio. 1).- Establece el artículo 13 del Código Penal que los delitos pueden ser realizados por acción o por omisión y necesariamente deben de ser dolosos o culposos. En los delitos de comisión dolosa, la norma pena es prohibitiva, en cambio en los de omisión dolosa, las normas son de carácter imperativo. Así pues es claro que el derecho penal no solo contiene normas prohibitivas, sino también imperativas, es decir que ordenan acciones cuya omisión puede producir resultados que atenten en contra de los bienes jurídicos protegidos. Los hechos declarados probados son constitutivos de acción, mismos que fueron realizados por el acusado H. M. S. P., y que provoco un cambio en el mundo exterior como consecuencia de un acto revestido de voluntad desplegado por ella. 2).- En el presente caso el hecho declarado probado por el Tribunal de Sentencia se encuadran en el tipo penal del artículo 332-B del Código Penal que contiene el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, por lo que nos encontramos ante un fáctum típico. 3).- Establece el Código Penal que el delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal y tentado cuando con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. El fáctum fijado el A-quo reportan un hecho consumado, al encuadrarse en el tipo penal 332-B del Código Penal, observándose tanto elementos objetivos como subjetivos, tal y como se ha analizado previamente. 4).- Siguiendo con el examen judicial y habiéndose verificado la existencia de la tipicidad en el presente caso, el paso a seguir es determinar si los hechos pugnan o contradicen el ordenamiento jurídico en su conjunto y si lesionan o amenazan el bien jurídico que tutela la norma penal: La antijuricidad se constituye así como un juicio negativo de valor. El derecho no castiga la simple y pura desobediencia a la norma en si misma considerada, sino que la sanciona si, además, atenta contra el bien jurídico que titula la norma; bien jurídico que sirve de límite punitivo del Estado, tal y como lo señala el artículo 2-C del Código Penal. Para esta Sala de lo Penal está claro que la conducta desplegada por el acusado H. M. S. P., es contraria al artículo 332-B del Código Penal denominado delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, por lo que se observa una antijuricidad objetiva o formal; ello obliga a extender el examen a la antijuricidad subjetiva o material y para ello definir el bien jurídico que protege la norma. El delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, castiga el peligro abstracto a la Seguridad Interior del Estado de Honduras, esto es que el acusado porte un arma de fuego sin haber sido sometido de manera a ninguna evaluación previa respecto a su capacidad para contar con un objeto capaz de lesionar y de privar de la vida. Este peligro abstracto representa la antijuricidad material o subjetiva. Es pues que se observa en este caso la concurrencia de antijuricidad, misma que no es desplazada por la existencia de alguna causa de justificación. 5).- Existe culpabilidad cuando el sujeto activo es imputable, tiene el conocimiento sobre la ilicitud del acto realizado y le es exigible una conducta distinta a la realizada. Se declara imputable al acusado acusado H. M. S. P., ya que al momento de la ejecución del hecho, poseía la inteligencia y el discernimiento de sus actos, la libertad de su voluntad y de su libre albedrío. Igualmente el acusado, conocían que su actuar era contrario a derecho, lo que no implica un conocimiento técnico de la ley, sino el simple conocimiento de que lo que estaban realizando estaba proscrito por su ilegalidad, conocimiento que les motivo a abandonar el vehículo y a tratar de darse a la fuga cuando se vieron perseguidos por la autoridad policial.- Finalmente el acusado, al realizar la acción tenía la facultad de poder escoger entre la diversas conductas que se presentaron ante su espíritu antes de la ejecución del hecho y de determinar libremente la potencia de su voluntad hacia alguna de esas conductas, habiendo escogido la que significo una lesión a un bien jurídico protegido. En consecuencia y por todo lo anterior no existe obstáculo alguno para formularle reproche penal al acusado H. M. S. P., como deber jurídico de dar cuenta de la acción que realizaron y sufrir las consecuencias jurídicas del mismo. 6).- Resulta ser responsable en concepto de autor material directo el correspondiente, teniendo todo momento el dominio del hecho; todo lo anterior conforme lo dispone el artículo 32 del Código Penal. 7).- El Fáctum fijado por el Tribunal de Sentencia y que es reprochado al acusado H. M. S. P., encuadra en el tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, contenido en el artículo 332-B del Código Penal, mismo que señala una pena principal abstracta de tres (03) a seis (06) años de reclusión más las penas accesorias correspondientes. 8).- El artículo 69 del Código Penal establece que el Tribunal que emita sentencia condenatoria determinara la pena aplicable al indiciado, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada uno de los delitos a los que haya sido encontrado culpable, tomando en consideración las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho, su mayor o menor peligrosidad, sus antecedentes personales y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito; Es importante señalar que en la determinación concreta de la pena, siguiendo las indicaciones de la norma citada, se debe de partir del límite mínimo de cada pena, apreciando las distintas circunstancias que puedan concurrir y las que se desprendan de la conducta asumida por el justiciable durante y posterior a los hechos en cuanto a que se vinculen con los mismos, de modo que las agravantes y la prognosis criminal (incluyendo la reincidencia y habitualidad) se consideran para aumentar la pena a partir de la base mínima para luego hacer la disminución correspondiente según concurran circunstancias atenuantes y circunstancias personales que se relacionen directamente al proceso de reeducación. Asimismo cuando se valora la peligrosidad de la persona en esta etapa del proceso, es para él solo efecto de la función política que se le asigna al derecho penal, como es la de contener el poder punitivo en los límites de la racionalidad, entonces la peligrosidad es la calidad de toda conducta que busca afectar esa función punitiva, es así que ha mayor peligrosidad es mayor la posibilidad de eliminar la capacidad de contención jurídica del derecho penal. Es criterio de la Sala de lo Penal que en el presente caso no se observan circunstancias agravantes, igualmente no se aprecian circunstancias atenuantes establecidas taxativamente en la ley o de carácter analógicas; En relación a la prognosis criminal cuyo perfil se debe de definir conforme lo indica el artículo 69, este Tribunal Ad-quem considera, a partir del hecho declarado probado, que el acusado, una vez cumplida la pena reclusión, puedan poner en riesgo bienes jurídicos protegidos por lo que se les considera persona no peligrosa en los términos señalados líneas atrás; Por lo expresado el Tribunal es de la consideración que debe de ser condenado es Señor H. M. S. P., a la pena principal en su extremo abstracto mínimo, siendo la pena de tres (3) años de reclusión, a la que le deben de acompañar las penas accesorias correspondientes..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, contra la sentencia de fecha once de marzo de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló 1º.- ABSOLVIENDO al acusado H. M. S. P., del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2º.-No CONDENO al acusado en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho juicio.-Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado E. A. T. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes: La Abogada C. M. P., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado H. S. S. M. S., Defensor Público del acusado H. M. S. P. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hecho probado el siguiente: “ÚNICO: El día veinticuatro de Marzo del año 2009, a eso de la una de la madrugada en la Colonia Santa Rosa, 8 calle, 21 avenida de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, fue capturado H. M. S. P., a raíz que salió huyendo, luego de cometer un delito de Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa (por el cual fue condenado por acuerdo de estricta conformidad) en la casa de habitación del señor C. E. J. T., fue capturado por los agentes policiales L. F. P. P. e I. L. C., encontrándole en posesión de dos armas de fuego con las siguientes características: un revolver, color negro, calibre 38 milímetros, spl, marca Smith and wesson, serie 385X-3 y una pistola calibre 45 milímetros, sin marca, serie C11485, color niquelada con empuñadura café , perteneciendo la primera al señor C. E. J. T. y de la segunda, no se encontró inscripción alguna en el Registro Balístico Nacional, dado que desde fechas anteriores dicha oficina había suspendido el tramite y registro de armas de fuego comercial.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- EL ABOGADO RECURRENTE, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO LEY DE LA MANERA SIGUIENTE: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- I.-POR INFRACCIÓN DE LEY: ÚNICO MOTIVO: “Infracción por falta de aplicación del articulo 332-B del Código Penal”.PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probados los hechos siguientes: “UNICO: El veinte y cuatro de marzo del año dos mil nueve (2009), a eso de la una de la madrugada en la colonia Santa Rosa, 8 calle, 21 avenida de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, fue capturado H. M. S. P., a raíz que salió huyendo, luego de cometer un delito de Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa (por el cual fue condenado por acuerdo de estricta conformidad) en la casa de habitación del señor C. E. J. T., fue capturado por los agentes policiales L. F. P. P. e I. L. C., encontrándole en posesión de dos armas de fuego con las siguientes características: un revolver, color negro, calibre 38 milímetros, marca Smith and Wesson, serie 385x-3 y una pistola calibre 45 milímetros, sin marca, serie CII485, color niquelada con empuñadura café, perteneciendo la primera al señor C. E. J. T. y de la segunda, no se encontró inscripción alguna en el Registro Balístico Nacional, dado que desde fechas, anteriores dicha oficina había suspendido el trámite y registro de armas de fuego comercial”.- El vicio se genera en el ya descrito hecho probado de la sentencia recurrida.-De la simple lectura del factum, así como del análisis de la norma que se considera infringida por falta de aplicación, se llega a la conclusión que los mismos se subsumen en el tipo penal de Portación Ilegal de Arma Comercial prescrito en el artículo 332-B del Código Penal el cual textualmente establece: Artículo 332-B “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quién sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.-Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”.-Que del análisis de la norma en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al ser sorprendido con el arma de fuego que portaba, acreditándose con lo anterior el elemento objetivo del tipo.- Asimismo se encuentra acreditado sin lugar a dudas el elemento subjetivo, en virtud que cuando el acusado salió de su casa con su plan ya preconcebido lo hizo a sabiendas que no le estaba permitido portar una arma de la cual no tenía el permiso correspondiente, lo que nos permite considerar que la acción desplegada por el imputado fue realizada de forma dolosa.-Según nuestra definición de delito doloso, el elemento determinante del dolo es saber o estar obligado a saber que de su conducta es posible la producción del efecto (resultado) típico, y ni la defensa en sus disertaciones, como tampoco el Tribunal en su sentencia hacen mención de elemento alguno que el imputado desconociera, ya que era evidente que el acusado sabía que portaba una arma y que no andaba consigo (porque carecía de él) el permiso de portación emitido por autoridad competente.-Asimismo se acreditó en el debate que con la posesión de dicha arma de fuego, se puso en peligro el bien jurídico Seguridad Interior del Estado por cuanto la posesión de dicha arma por parte del acusado tenía como finalizadla de ejecutar actos contrarios a la ley (robo) de la manera como lo expone el mismo cuadro fáctico del fallo.-El Tribunal dictó sentencia absolutoria a favor del imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de La Seguridad del Estado de Honduras, al considerar que no portaba el debido permiso “no por querer hacerlo sino por resultarle extraordinariamente imposible”, es decir, que el Juzgador considera que el encartado no tuvo la intención de portar el arma sin el permiso de la autoridad; sin embargo se desprende del factum que si existieron tales elementos, produciendo la infracción por falta de aplicación del precepto penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal; en consecuencia solicitamos se dicte nueva sentencia en donde se realice una correcta aplicación de la norma sustantiva que en base a lo antes sustentado implica la responsabilidad penal del imputado.” III.- EL ABOGADO RECURRENTE SIGUE MANIFESTANDO EN SU RECURSO DE POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: ÚNICO MOTIVO: Exclusión de Prueba de valor decisivo.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El Juzgador resolvió dictar una sentencia absolutoria a favor de H. M. S. P. por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, que si bien el procesado poseía una arma de fuego tipo comercial, no portaba un permiso de portación de la misma emitido por autoridad competente tal como lo exige la Ley; sin embargo esto último no resultaba posible para él obtenerlo, dado que el Registro Balístico Nacional cuya entidad es la competente para emitir el referido permiso, por razones administrativas no se encontraba funcionando, según consigna la constancia emitida por este ente, estableciendo en la misma que para el día primero (01) de abril de 2008 no se estaban realizando trámites de registro de armas, traspasos, ni renovación de carnet de portación de armas de fuego, también se suspendió la venta de citas en banco autorizado para tal efecto, todo en virtud de que el proceso fue suspendido por la Secretaría de Seguridad, ya que la empresa que emitía los carnet se le venció el contrato que había suscrito con el Estado, restableciéndose los trámites a partir del 22 de junio de 2009 hasta el 26 de junio del mismo año que se suspendió por los acontecimientos políticos del país, reiniciándose el día jueves 10 de julio de 2009 y suspendiéndose nuevamente a partir del 23 de noviembre de 2009, en base al decreto ejecutivo Nº 031/09 de desarme general, reiniciándose el registro de armas el lunes 22 de febrero de 2010 y volviéndose asignar citas del 03 al 07 de mayo cubriendo hasta el mes de octubre y la última asignación fue del 11 al 15 de octubre quedando cubiertos hasta el 28 de febrero de 2011.-Por lo anterior el Juzgador estimó que siendo que la función de registrar armas de fuego, es un servicio especializado y supervisado por el Estado por razones de seguridad pública, por lo que al no existir el lugar abierto para que los particulares acudieran a registrar sus armas de fuego, dicha obligación no le era exigible al acusado y por lo tanto el no actuó con dolo, es decir con la voluntad y la conciencia de no portar su permiso correspondiente por no querer hacerlo.-No obstante en el caso de autos la concurrencia del delito de Portación Ilegal de Armas, resultó acreditado con la prueba evacuada en juicio oral y público al portar el acusado una arma de fuego sin contar con la autorización de la autoridad competente para ello; lo que se acreditó con la misma prueba documental aportada por la defensa, consistente en una constancia extendida por el Jefe del Registro Balístico de la ciudad de San Pedro Sula, ya antes señalado y ha sido la posición del Ministerio Público desde la génesis del presente proceso; que la circunstancia de que la Oficina competente para otorgar el documento que autoriza la portación de armas a la fecha en que se suscitaron los hechos enjuiciados no se encontraba en funciones por las razones descritas en la constancia, ello no es motivo suficiente para que entonces el encausado portase el arma de fuego que le fue decomisada, pues no existe ninguna ordenanza emanada de autoridad competente, que autorice a cualquier ciudadano a portar armas de fuego sin el debido permiso correspondiente ante la inoperancia de la Oficina de Registro Balístico, indistintamente por las razones que sea y mientras ello no suceda, no puede entonces presumirse la falta de conocimiento de que existe la prohibición legal que es de público conocimiento como es “el portar armas de fuego aunque sea comercial sin el correspondiente permiso.-Es por ello que el Tribunal de Sentencia, al razonar el alcance del contenido del medio de prueba documental consistente en la Constancia emitida por el Jefe del Registro Balístico de San Pedro Sula en la forma que lo hizo; excluyó el correcto sentido de dicho medio de prueba el cual resulta de valor decisivo en el proceso; pues si tomamos la literalidad del artículo 332-B del Código Penal, el cual tipifica el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, advertimos que el A quo ha incurrido en el vicio señalado, dado que el delito de Portación Ilegal de Armas, es un delito cuya característica respecto a su comisión se encuentra dentro de los delitos de mera actividad, y basta que la persona posea un arma de fuego sin contar con el permiso de la autoridad competente, para que este se considere consumado; por tanto resulta que el fallo emitido por el A quo indudablemente debe ser corregido por Vuestra Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Aclaramos que no se efectuó el reclamo para subsanar el vicio invocado, en virtud que este se produce en el acto mismo de sentenciar.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 332B DEL CÓDIGO PENAL; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL I.- Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro). Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación; El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes; y 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c.Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y d. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados; En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia.- II.- El Censor fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la falta de aplicación del artículo 332B del Código Penal, pues en aquellos se describe con claridad que el acusado H. M. S. P., portaban un arma de fuego comercial con conocimiento y voluntad. III.- El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello deberán de obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública siempre que cumplan los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipula los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley es especifica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de diez días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”; Así pues constituyen ELEMENTOS OBJETIVOS del tipo penal: 1. Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2. Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4. Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: a. La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; b. Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; c. Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como ELEMENTO SUBJETIVO el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. El tipo penal en estudio tiene las siguientes CARACTERÍSTICAS: 1. Según su Estructura: a).- Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; b).- Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son nueve los modelos de comportamiento descritos en la norma, cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; 2. Según su Contenido: a).- Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; b).- Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país el arma de fuego, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de almacenar, transportar, poseer y usar, el arma de fuego, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; c).- Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; d).- Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las nueve circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; 3. Según El Sujeto Activo: a).- Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sola persona, sin participación de terceros; b).- Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; 4. Según El Bien Jurídico Protegido: a).- Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico especifico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; b).- Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito.- En fecha 29 de Agosto del año 2007, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Legislativo 69-2007, donde en su artículo 1 se modifico la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, reformando los artículos 27 y 34 y adicionando los artículos 27-A, 27-B y 27-C, pero además, en su artículo 2 señaló que se concedía un plazo de 6 meses para registrar las armas que están en situación irregular, con sólo el pago Municipal de Cien Lempiras y un pago que establezca la Policía Nacional Preventiva por la suma de DOSCIENTOS LEMPIRAS, bajo una reglamentación y estos serán enterados a la Policía Nacional Preventiva; Finalmente en el artículo 3 se señalo que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, es decir el 18 de Septiembre del año 2007, venciéndose el plazo de los seis meses señalado en el artículo 2 el 18 de marzo del 2008, a media noche.- Como consecuencia la vigencia del artículo 332-B del Código Penal quedo en suspenso durante un plazo de seis meses para la regularización de las armas de fuego comerciales, plazo que inicio el 18 de Septiembre del 2007 y venció el 18 de marzo del 2008 a media noche, suspensión que no afecto la vigencia del artículo 332-A del Código Penal, ya que en éste se relaciona con arma de fuego de Guerra o de Uso Exclusivo de los cuerpos armados del Estado, ergo éste tipo de armas no pueden ser legalizadas aun en dentro del plazo de 6 meses a que se refería el mencionado decreto. IV.-De la Procedencia del Recurso.- El recurso es de Recibo.- El hecho declarado probado (F. 96) relata que el 24 de marzo del año dos mil nueve, tiempo en que se encontraba en vigencia y de obligatoria observancia el artículo 332-B del Código Penal, el acusado H. M. S. P., portaba un arma de fuego tipo pistola, calibre 45 milímetros, serie CII485, niquelada con empuñadura color café, misma que no se encontraba inscrita en el Registro Balístico Nacional, es pues que el acusado portaba un arma de fuego sin contar con la autorización de la autoridad competente, conducta que se encuadra en el supuesto previsto en la norma.- En el análisis jurídico el Tribunal de Sentencia señala que no existió dolo de parte del acusado, por que la falta de permiso no es porque el acusado no haya querido, sino porque no podía obtenerla debido a que el Registro Balístico Nacional no estaba brindando servicio al tiempo del hecho.- Este parecer merece dos observaciones: 1. Existe dolo cuando la persona posee el conocimiento respecto al hecho que está realizando y a la vez la voluntad o el deseo de realizarlo, (elemento cognitivo y volitivo) .- Conforme al factum fijado por los Juzgadores el acusado sabía que estaba portando un arma de fuego sin contar con el permiso requerido y tenía la voluntad de hacerlo, por tanto existía dolo directo de realizar la conducta; El Tribunal de Primera Instancia no puede evaluar la existencia de dolo en causas externas al acusado, dado que se trata de un elemento de carácter subjetivo, es decir de un elemento que se encuentra en la psiquis del acusado, evaluable y medible por su propio comportamiento; 2. La falta de prestación de servicio de inscripción de armas de fuego para el uso comercial por parte del Registro Balístico nacional no es causal que excluya la existencia del delito: no excluye la conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad. Al acusado se le puede exigir otra conducta distinta a la observada (causal de exclusión de la culpabilidad), éste fue aprehendido en el momento en que intentaba huir de un lugar, portando consigo un arma de fuego comercial; La conducta que se esperaría de toda persona que es propietaria de un arma de fuego es realizar de manera inmediata su inscripción en el registro Balístico correspondiente y, en caso de que éste no estuviese dando el servicio, abstenerse de portar su arma de fuego, conservándola dentro de su casa de habitación u otro lugar seguro sin munición alguna hasta tanto el registro balístico se hubiese reanudado, ergo el que no se estuviese inscribiendo las armas de fuego no equivale a una autorización tacita para que todas las personas porten y usen armas de fuego. La Sala de lo Penal quiere insistir en que la falta de atención de la Oficina de Registro de Balístico no hace que pierda obligatoriedad las normas legales vigentes, entre ellas las contenidas en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares y las contenidas en el Código Penal. La Sala de lo Penal declara procedente el recurso interpuesto por el Ministerio Público, señalando que el Tribunal de Sentencia indebidamente inaplico el artículo 332-B del Código Procesal. V.- Fundamentación Jurídica del Pronunciamiento Condenatorio. 1).- Establece el artículo 13 del Código Penal que los delitos pueden ser realizados por acción o por omisión y necesariamente deben de ser dolosos o culposos. En los delitos de comisión dolosa, la norma pena es prohibitiva, en cambio en los de omisión dolosa, las normas son de carácter imperativo. Así pues es claro que el derecho penal no solo contiene normas prohibitivas, sino también imperativas, es decir que ordenan acciones cuya omisión puede producir resultados que atenten en contra de los bienes jurídicos protegidos. Los hechos declarados probados son constitutivos de acción, mismos que fueron realizados por el acusado H. M. S. P., y que provoco un cambio en el mundo exterior como consecuencia de un acto revestido de voluntad desplegado por ella. 2).- En el presente caso el hecho declarado probado por el Tribunal de Sentencia se encuadran en el tipo penal del artículo 332-B del Código Penal que contiene el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, por lo que nos encontramos ante un fáctum típico. 3).- Establece el Código Penal que el delito es consumado cuando en el concurren todos los elementos de su tipificación legal y tentado cuando con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. El fáctum fijado el A-quo reportan un hecho consumado, al encuadrarse en el tipo penal 332-B del Código Penal, observándose tanto elementos objetivos como subjetivos, tal y como se ha analizado previamente. 4).- Siguiendo con el examen judicial y habiéndose verificado la existencia de la tipicidad en el presente caso, el paso a seguir es determinar si los hechos pugnan o contradicen el ordenamiento jurídico en su conjunto y si lesionan o amenazan el bien jurídico que tutela la norma penal: La antijuricidad se constituye así como un juicio negativo de valor. El derecho no castiga la simple y pura desobediencia a la norma en si misma considerada, sino que la sanciona si, además, atenta contra el bien jurídico que titula la norma; bien jurídico que sirve de límite punitivo del Estado, tal y como lo señala el artículo 2-C del Código Penal. Para esta Sala de lo Penal está claro que la conducta desplegada por el acusado H. M. S. P., es contraria al artículo 332-B del Código Penal denominado delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, por lo que se observa una antijuricidad objetiva o formal; ello obliga a extender el examen a la antijuricidad subjetiva o material y para ello definir el bien jurídico que protege la norma. El delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, castiga el peligro abstracto a la Seguridad Interior del Estado de Honduras, esto es que el acusado porte un arma de fuego sin haber sido sometido de manera a ninguna evaluación previa respecto a su capacidad para contar con un objeto capaz de lesionar y de privar de la vida. Este peligro abstracto representa la antijuricidad material o subjetiva. Es pues que se observa en este caso la concurrencia de antijuricidad, misma que no es desplazada por la existencia de alguna causa de justificación. 5).- Existe culpabilidad cuando el sujeto activo es imputable, tiene el conocimiento sobre la ilicitud del acto realizado y le es exigible una conducta distinta a la realizada. Se declara imputable al acusado acusado H. M. S. P., ya que al momento de la ejecución del hecho, poseía la inteligencia y el discernimiento de sus actos, la libertad de su voluntad y de su libre albedrío. Igualmente el acusado, conocían que su actuar era contrario a derecho, lo que no implica un conocimiento técnico de la ley, sino el simple conocimiento de que lo que estaban realizando estaba proscrito por su ilegalidad, conocimiento que les motivo a abandonar el vehículo y a tratar de darse a la fuga cuando se vieron perseguidos por la autoridad policial.- Finalmente el acusado, al realizar la acción tenía la facultad de poder escoger entre la diversas conductas que se presentaron ante su espíritu antes de la ejecución del hecho y de determinar libremente la potencia de su voluntad hacia alguna de esas conductas, habiendo escogido la que significo una lesión a un bien jurídico protegido. En consecuencia y por todo lo anterior no existe obstáculo alguno para formularle reproche penal al acusado H. M. S. P., como deber jurídico de dar cuenta de la acción que realizaron y sufrir las consecuencias jurídicas del mismo. 6).- Resulta ser responsable en concepto de autor material directo el acusado H. M. S. P., por su participación directa, voluntaria y material en el hecho declarado probado por el A-quo, por cuanto el acusado estaba en posesión de un arma de fuego sin contar con la autorización de la entidad del Estado correspondiente, teniendo todo momento el dominio del hecho; todo lo anterior conforme lo dispone el artículo 32 del Código Penal. 7).- El Fáctum fijado por el Tribunal de Sentencia y que es reprochado al acusado H. M. S. P., encuadra en el tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, contenido en el artículo 332-B del Código Penal, mismo que señala una pena principal abstracta de tres (03) a seis (06) años de reclusión más las penas accesorias correspondientes. 8).- El artículo 69 del Código Penal establece que el Tribunal que emita sentencia condenatoria determinara la pena aplicable al indiciado, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada uno de los delitos a los que haya sido encontrado culpable, tomando en consideración las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho, su mayor o menor peligrosidad, sus antecedentes personales y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito; Es importante señalar que en la determinación concreta de la pena, siguiendo las indicaciones de la norma citada, se debe de partir del límite mínimo de cada pena, apreciando las distintas circunstancias que puedan concurrir y las que se desprendan de la conducta asumida por el justiciable durante y posterior a los hechos en cuanto a que se vinculen con los mismos, de modo que las agravantes y la prognosis criminal (incluyendo la reincidencia y habitualidad) se consideran para aumentar la pena a partir de la base mínima para luego hacer la disminución correspondiente según concurran circunstancias atenuantes y circunstancias personales que se relacionen directamente al proceso de reeducación. Asimismo cuando se valora la peligrosidad de la persona en esta etapa del proceso, es para él solo efecto de la función política que se le asigna al derecho penal, como es la de contener el poder punitivo en los límites de la racionalidad, entonces la peligrosidad es la calidad de toda conducta que busca afectar esa función punitiva, es así que ha mayor peligrosidad es mayor la posibilidad de eliminar la capacidad de contención jurídica del derecho penal. Es criterio de la Sala de lo Penal que en el presente caso no se observan circunstancias agravantes, igualmente no se aprecian circunstancias atenuantes establecidas taxativamente en la ley o de carácter analógicas; En relación a la prognosis criminal cuyo perfil se debe de definir conforme lo indica el artículo 69, este Tribunal Ad-quem considera, a partir del hecho declarado probado, que el acusado, una vez cumplida la pena reclusión, puedan poner en riesgo bienes jurídicos protegidos por lo que se les considera persona no peligrosa en los términos señalados líneas atrás; Por lo expresado el Tribunal es de la consideración que debe de ser condenado es Señor H. M. S. P., a la pena principal en su extremo abstracto mínimo, siendo la pena de tres (3) años de reclusión, a la que le deben de acompañar las penas accesorias correspondientes 9).- Establece el artículo 40 del Código Penal que las penas de reclusión impuestas por los diferentes delitos contemplados en ese cuerpo legal o en las leyes especiales, que excedieren de tres años de duración, deberán de ser cumplidas en las Penitenciarias Nacionales y las que no excedieren de dicho termino podrán ser cumplidas en las cárceles departamentales o seccionales, sin perjuicio de que se evalué la necesidad de traslados de una a otro tipo de institución penitenciarias por razones de seguridad o de reordenamiento interior, tal y como lo prevé el artículo 40 del ya citado Código. Considerando necesario este Tribunal la imposición de una pena de tres años de reclusión para el delito Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, al que se ha encontrado culpable al Señor H. M. S. P., se ordena el cumplimiento de la pena en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por ser el lugar del domicilio del acusado, ello con vistas a la reinserción social de éste. 10).- Los Artículos 63 y 64 del Código Penal establecen que cuando se imponga pena que no exceda de cinco años de reclusión, siempre deberán de ser acompañadas de las penas accesorias de inhabilitación especial y de interdicción civil, así como también comprende el comiso y el pago de costas en los casos en que sea aplicable. En tal sentido es procedente en el presente caso: a. La Inhabilitación especial, como lo explica el artículo 49 del Código Penal, se entiende para un determinado cargo u oficio público, derecho político y profesión titular durante el tiempo de la condena y produce: la privación del cargo, oficio, derecho o ejercicio de la profesión sobre la cual recae, asimismo la incapacidad para obtener dicho cargo, oficio, derecho, profesión u otros cargos análogos. Siendo que el imputado no es titular de cargo u oficio público alguno, tampoco de profesiones titulares, no se puede declarar la inhabilitación especial; no obstante si goza hasta ahora del derecho político de ejercer el sufragio universal establecido en los artículos 27 numeral 1 y 40 numeral 3 de la Constitución de la República, por lo que, ninguna actuación dirigida a ejercer este derecho podrá ser llevada a cabo por el Señor H. M. S. P., durante el tiempo que dure su condena; b. La interdicción civil, tal y como lo explica el artículo 54 de la normativa penal vigente, consiste en la suspensión de los derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes, aunque los interdictos podrán disponer de los propios por testamento, todo ello también durante el tiempo que dure la condena de reclusión; c. El comiso, según el artículo 55 del referido ordenamiento penal, consiste en la perdida de los efectos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se ejecuten; En el presente caso procede el comiso del arma de fuego tipo pistola, color niquelada, empuñadura café, calibre 45 milímetros, sin marca y con serie CII485, por ser ésta el instrumento del delito; y d. Costas del juicio, siendo el criterio de este Tribunal, bajo la potestad del artículo 56 del Código Penal, que en el presente caso no procede su imposición a los acusados, por haber litigado en defensa de sus derechos subjetivos. 11).- Reza el artículo 39 del Código Penal que la pena de reclusión sujeta al reo a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, conforme a las regulaciones de la ley que regla el sistema Penitenciario. Al respecto el artículo 75 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional indica que el trabajo es un derecho y un deber de la persona humana, y en consecuencia, la persona interna bajo condena tiene derecho al trabajo que debe tener como objetivo la preparación del interno en la vida ciudadana, por ello éste deberá de ser asignado atendiendo los deseos, vocación, aptitudes y capacidad laboral del privado de libertad, en correspondencia con la capacidad de la institución, conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley citada, lo que debe de ir en consonancia con los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990. 12).- Ordena el artículo 105 del Código Penal que quien incurre en responsabilidad penal por un delito o falta, también podrá serlo civilmente; comprendiendo esta responsabilidad civil cuatro aspectos que se mencionan en el artículo 107 del mismo cuerpo legal, mismos que son: a. La restitución, consiste en la reintegración del estado de las cosas existentes en la misma condición en que se encontraban antes de la infracción. La misma deberá de hacerse de la misma cosa, siempre que fuere posible, cuando no lo sea se procederá a la reparación de los daños materiales; b. La reparación de los daños materiales, que comprenden el menoscabo de índole patrimonial derivado de la pérdida sufrida por el valor de la cosa sobre la cual recae la infracción o del pago de los daños causados a ésta, determinado por perito idóneo. (Daño emergente). Se hará mediante la indemnización pecuniaria, que se fijara valorando la entidad de todos los daños patrimoniales causados con la acción u omisión punible, atendiendo el precio de la cosa, y siempre que fuere posible, el valor de la afección que haya tenido para el agraviado, y solo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución; c. La Reparación del daño moral, constituido por el sufrimiento de carácter psíquico padecido por el perjudicado, los que pueden ser de índole subjetivo (dolor, aflicción, angustia, perturbación del ánimo) y de índole objetivo (menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia del traumatismo psíquico causado por el hecho punible); y, d. La indemnización de perjuicios, que comprende tanto el lucro cesante causado a la o las víctimas, entendiéndose como víctima conforme al concepto proporcionado por la norma sustantiva, así como los gastos que hubiese irrogado por razón del delito por parte de éste, de su familia o de un tercero. La responsabilidad civil derivada del delito cometido por los acusados deberá de ser exigida por la víctima, considerándose victimas las comprendidas en el artículo 17 del Código Procesal Penal, que en este caso es el Estado de Honduras representado a través de la Procuraduría General de la República, y cuantificada en la etapa de ejecución de la presente sentencia, ante el Señor Juzgado de Ejecución competente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución, tal como lo establece el artículo 432 del Código Procesal Penal. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO EXCLUSIÓN INDEBIDA DE UN MEDIO DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.2. I.- El Ministerio Público afirma que el Tribunal de Sentencia excluyo el correcto sentido del medio de prueba Documental consistente en la Constancia emitida por el Jefe del Registro Balístico de San Pedro Sula, y como consecuencia de ello emitió una errónea sentencia absolutoria a favor del acusado H. M. S. P.. II.- Señala esta Sala de lo Penal que habiendo prosperado el recurso de casación por Infracción de Ley, resulta infructuoso adentrarse en el pronunciamiento del recurso de casación por quebrantamiento de forma, habida cuenta el Ministerio Público ha podido alcanzar su pretensión principal, cual es un pronunciamiento condenatorio en contra del acusado. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 332-B del Código Penal y 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público en contra de la Sentencia Absolutoria de fecha once (11) de Marzo del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a favor del acusado H. M. S. P.; En consecuencia: PRIMERO: Se debe de condenar y se condena al Señor H. M. S. P., como autor penalmente responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndosele una pena principal de TRES (03) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiendo cumplir en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, sin perjuicio de que sea trasladado a otros establecimientos penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad; SEGUNDO: Se debe de condenar y se condena al Señor H. M. S. P., a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, debiendo el Señor(a) Juez(a) de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento; TERCERO: Se debe de condenar y se condena al Señor H. M. S. P., como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, a trabajar en obras públicas y en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, conforme lo establece la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, en consonancia con los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; CUARTO: Declarar la responsabilidad civil del condenado H. M. S. P., consistente en la indemnización de perjuicios, que deberá de ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia; QUINTO: Declarar el comiso de un arma de fuego tipo pistola, color niquelada, con empuñadura café, calibre 45 milímetros, sin marca y serie CII485; y SEXTO: Declarar la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. MANDA Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de octubre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-274-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
Página 22 de 22