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Sentencia CP-269-11 — Registro 3219

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Robo continuado. Resolviéndose en segunda instancia No Ha Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO ÙNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. El Motivo de Casación invocado por las Recurrentes es la Infracción de Precepto Constitucional, señalando como preceptos infringidos los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, y considerando como precepto autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El “Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del Recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[1]. Este Principio es recogido en nuestro Ordenamiento Jurídico en el Artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del Recurso Extraordinario de Casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo”… y “En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende; y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. 2) El Principio de Debida Técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Expuesto lo anterior, esta Sala de lo Penal, observa que las Impetrantes han faltado a la claridad y precisión en el planteamiento del Recurso; y si bien han intentado una explicación de su Motivo, se han desbordado en sus alegaciones fuera del ámbito propio de la causal pretendida, pues su alegato recursivo lejos de concretar el sentido de la infracción enunciada se ha constituido en un análisis del acervo probatorio y conceptualizaciones acerca de la Sana Crítica (causal propia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma), que no enlazan con la causal que vienen invocando (Infracción de Precepto Constitucional), situación que hace incurrir en confusión a las Recurrentes al mezclar en un solo motivo dos tipos de Recursos (Precepto Constitucional con Quebrantamiento de Forma), que constituyen vicios diferentes y que abordados por separado y explicados debidamente podrían haber generado una respuesta mas apropiada para los imputados, por lo que la falta de claridad y precisión originada invocando varias infracciones en un sólo Motivo, no permite a la Sala de lo Penal realizar el estudio deseado que hubiese posibilitado el convencimiento de la procedencia del Recurso tanto por su estructuración como por su claridad y precisión..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013) por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ CARLOS en su calidad de Coordinador, DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de noviembre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual condenó a los señores J. Á. P. Y O. A. O., a la pena de OCHO AÑOS DIEZ MESES DE RECLUSIÓN, como autores del delito de ROBO CONTINUADO, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL en perjuicio de D. I. V. Y L.A. A..- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, las Abogadas Y. M. B. F. Y S. A. B., actuando en su condición de Defensoras Públicas de los señores J. Á. P. Y O. A. O..- SON PARTES: El Abogado M. R. A. E. actuando en su condición de Defensor Público de los señores J. Á.L P. Y O. A. O., como Parte Recurrente; y la Abogada Y. M. actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público como Parte Recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS El día dieciséis de octubre del año dos mil siete entre ocho y nueve de la noche, se conducía el señor L. A. A., en compañía de un amigo de nombre P. G., a la altura de la cuesta de la entrada de la colonia Mercedes, de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, cuando fueron interceptados por el señor O. A. O. S., quien portaba el arma de fuego tipo revólver, marca Armscor calibre 38 mm, sin serie, color níquel, quien se hacía acompañar de J. Á. P. quien portaba un arma de fuego calibre 38 mm; serie C55911 marca Smith Wesson, llevando solo uno de ellos el arma visible en su cintura, procediendo estos a despojar al señor L. A. A., de un reloj blanco de metal, un celular marca Sanyo color gris, un anillo de oro con una piedra negra. Segundo: inmediatamente después, y en el mismo lugar, J. Á. P. y O. O., interceptaron a la señora D. I. V. H., quien se conducía en compañía de su amiga M. L. M., y proceden a despojar a la señora D. I., de una pulsera de metal supuestamente de plata, con una planchita y eslabones.- Acto Seguido J. Á. P. y O.r O. huyen del lugar y son detenidos juntos por agentes policiales aproximadamente dos horas después con los objetos y las armas antes descritas”. III.- Las Recurrentes, Abogadas Y. M. B. F. Y S. A. B., formalizaron su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “MOTIVO ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 82, 89 y 90, (DERECHO DE DEFENSA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO), en relación con los Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas señalan: El derecho de defensa es inviolable, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y que ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal y que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de los señores J. A. P. y Ó. A. O., por el delito de ROBO CONTINUADO en perjuicio de D. I. V. y L. A. A., viola gravemente tanto el principio de presunción de inocencia, como las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso que les asiste a los imputados, al atribuirles una participación delictiva aun cuando tal vinculación no resultó acreditada con las pruebas evacuadas en la causa de mérito. TERCERO: El vicio denunciado puede observarse en el numeral cuarto del apartado VALORACION DE LA PRUEBA del fallo recurrido en donde el juzgador declara que el hecho probado de la presente sentencia, se desprende de las declaraciones rendidas en juicio oral y público por los señores L. A. A. y D. I. V. H., sin embargo, tales declaraciones no contienen los alcances que el Tribunal de juicio les atribuye, porque si bien es cierto de las declaraciones de los testigos, incluidos en estos a los propios ofendidos, ninguna duda queda respecto a que los señores D. I. V. y L. A. A., efectivamente fueron víctimas de un delito de robo, pues estos fueron contundentes en describir la manera como, mediando intimidación, se les despojó de sus bienes, sin embargo, a la hora de identificar a los autores de tales hechos, los deponentes, de manera expresa, responsable y clara admiten no recordar las características personales de los autores de tales hechos, lo que les impedía señalar a una determinada persona, así la señora D. I. V. declaró que no se acuerda de la cara de los muchachos que a ella la asaltaron, de igual manera la testigo M. L. M. R. quien presenció los hechos dijo que al momento del atraco ella estaba muy nerviosa y en lo que pasó un taxi ella salió corriendo y no pudo identificar a los malhechores, por su parte el ofendido L. A. A. dijo que él no recordaba las características físicas de las personas que lo despojaron de sus bienes, además agregó que en la audiencia inicial estaba presente uno de los imputados pero dijo que él no lo reconoció como una de las personas que le robaron, de lo anterior resulta que a los imputados no se les puede atribuir participación en los hechos investigados y el juzgador al hacerlo viola las reglas de la sana crítica en su Ley lógica de Identidad, pues hay identidad cuando, de las pruebas evacuadas en la causa, se llega al conocimiento cierto de que una persona o cosa es la misma que se supone es, y el Tribunal de mérito está obligado a respetar en la valoración de la prueba esta regla de la sana crítica; misma que evidentemente es inobservada en el presente caso, pues el juzgador les atribuye a los imputados una actividad delictiva en el hecho investigado aun cuando los ofendidos no los señalan como partícipes en los mismos, afectando gravemente la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa de que gozan los imputados. CUARTO: La presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa exigen, cuando menos, que cualquier condena penal debe fundarse en auténticos elementos de prueba que resulten idóneos para generar racionalmente, en primer lugar, la existencia de un hecho punible y en segundo, la identificación plena de las personas que hayan participado en su comisión; exigencias que no concurren en el presente caso, porque como antes se dijo, de la pruebas evacuadas en la causa no ha sido posible la identificación plena de los culpables de los hechos investigados, lo que impide cerrar un juicio de imputación en contra de los señores J. A. P. y O. A. O.; por lo que concluimos que en el caso de mérito se ha infringido las reglas de la sana crítica en su Ley lógica de Identidad, al atribuirles participación a los imputados en un evento delictivo, sin que estos hayan sido señalados por los testigos que rindieron declaraciones en el juicio oral y público, vulnerando con ello los fundamentales derechos a la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa de los señores J. Á. P. y Ó. A. O.. PRETENSIÓN IMPUGNADA Conscientes estamos que el Tribunal de casación no puede desarrollar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso es evidente la falta de identificación de los autores del injusto penal por lo que resulta obligado revocar el fallo impugnado dictando en su lugar una sentencia absolutoria a favor de los señores J. A. P. y Ó. A. O.”. IV. DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO ÙNICO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. El Motivo de Casación invocado por las Recurrentes es la Infracción de Precepto Constitucional, señalando como preceptos infringidos los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, y considerando como precepto autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal, resuelve en base a las consideraciones siguientes: 1) El “Principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del Recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[1]. Este Principio es recogido en nuestro Ordenamiento Jurídico en el Artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del Recurso Extraordinario de Casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo”… y “En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende; y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. 2) El Principio de Debida Técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Expuesto lo anterior, esta Sala de lo Penal, observa que las Impetrantes han faltado a la claridad y precisión en el planteamiento del Recurso; y si bien han intentado una explicación de su Motivo, se han desbordado en sus alegaciones fuera del ámbito propio de la causal pretendida, pues su alegato recursivo lejos de concretar el sentido de la infracción enunciada se ha constituido en un análisis del acervo probatorio y conceptualizaciones acerca de la Sana Crítica (causal propia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma), que no enlazan con la causal que vienen invocando (Infracción de Precepto Constitucional), situación que hace incurrir en confusión a las Recurrentes al mezclar en un solo motivo dos tipos de Recursos (Precepto Constitucional con Quebrantamiento de Forma), que constituyen vicios diferentes y que abordados por separado y explicados debidamente podrían haber generado una respuesta mas apropiada para los imputados, por lo que la falta de claridad y precisión originada invocando varias infracciones en un sólo Motivo, no permite a la Sala de lo Penal realizar el estudio deseado que hubiese posibilitado el convencimiento de la procedencia del Recurso tanto por su estructuración como por su claridad y precisión. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;; 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Motivo Único, interpuesto por las Abogadas Y. M. B. F. y S. A. B., en su condición de Defensoras Públicas de los señores J. A. P. y O. A. O..- SEGUNDO: Declara firme y Ejecutable la Sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida. MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta Sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Zúniga Medrano. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-269-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144.