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Sentencia CP-266-10 — Registro 2626

Resumen

Se absolvió al imputado en primer instancia por el delito de secuestro, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA A FAVOR DE LOS SEÑORES J. A. D. A. y M. DE J. L. G., DENUNCIANDO MOTIVACIÓN FÁCTICA INSUFICIENTE; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTICULO 141, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Protesta el Ministerio Público en contra de la Sentencia absolutoria dictada a favor de los acusados J. A. D. y M. de J. L., por considerar que existe una insuficiente motivación fáctica de los medios de prueba siguientes: 1).- Acta de Decomiso y Acta de Registro Personal practicados a J. A. D.; 2).- Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso practicada al acusado J. C. M.; 3).- Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso practicada al acusado M. de J. L.; 4).- Solicitud de Intervención Telefónica y Resolución Judicial donde se admiten las mismas; 5).- Actas de Transcripciones de las Conversaciones entre los Secuestradores y los familiares del Ofendido y 6).- Acta de Vaciado Telefónico.- El Censor señala que los Juzgadores no establecieron de manera clara y precisa que consideraciones le merecieron los medios de prueba enumerados, limitándose a señalar que son útiles y confiables, pero sin explicar el porqué de tales afirmaciones y como esto se relaciona con la causa criminal que se conoce. Concluye que se desconoce objetivamente como el A-quo formó su convicción para absolver a los acusados, por lo que considera procedente conforme a ley anular el fallo recurrido.- II.- En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación.- El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece que no constituye motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales.- Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal se hace eco del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a).- En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b).- En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código Referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.- En resumen la motivación debe de observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA.- Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación EXPRESA, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legitima y Respetuosa de la Sana Critica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal).- Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia resuelve un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han formulado las partes.- Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: A).- Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir. la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario.-B).- Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo.- Son ejemplos de éste vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué s están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables; La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal).- V .-El Recurso es de Recibo.- Este Tribunal de Casación Penal ha examinado la motivación de la sentencia recurrida advirtiendo sin ninguna dificultad que ésta no se ajusta a las exigencias del artículo 141 del Código Procesal Penal al ser inexistente la motivación sobre los medios de prueba que el Ministerio Público presentó como prueba de cargo en contra de los acusados J. A. D. A. y M. de J. L. G.- El vicio denunciado es latente en el numeral cuarto de la Valoración de la Prueba (F.66) donde se describe insuficientemente en el numeral 1) Un medio de prueba como Acta Policial sin que ésta alusión permita saber a qué acta refieren los Juzgadores, lo que es una falta de motivación descriptiva, vicio que aumenta en gravedad en ese mismo numeral cuando los Juzgadores realizan la descripción de otros seis medios de prueba a los que dedicaron cuatro reglones para valorarlos intelectivamente, tildándolos de “útiles y confiables en relación a la pretensión probatoria” lo que en realidad no nos dice nada en cuanto a si esos medios de prueba se relacionan con la causa juzgada o no, quedando en la oscuridad para cualquier lector (incluyendo a la Sala de lo Penal) el porqué son útiles y el porqué son confiables y en definitiva que elementos probatorios se extraen de éstos relacionado con la existencia del delito o la participación de los acusados. Los Juzgadores con esa escueta motivación intelectiva no dan respuesta al Ministerio Público en torno a si estos medios de prueba demuestran o no la participación de los acusados J. A. D. A. y M. de J. L. G., en el delito de secuestro.- El Vicio también se aprecia en el numeral quinto (F. 66v) de la valoración de la prueba donde los Juzgadores enumeran cinco medios de prueba consistentes en evidencias, sin realizar la motivación intelectiva de cuatro de ellas, limitándose a realizar la motivación intelectiva a la descrita en el numeral 5 .- En total son once medios de prueba los que carecen de motivación intelectiva, descritos en el numeral Cuarto y Quinto de la Motivación probatoria, a saber: NUMERAL CUARTO: 1) Acta Policial; 2) Acta de Decomiso y Acta de Registro Personal practicada a J. A. D.; 3) Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso practicada al acusado J. C. M.; 4) Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso practicada al acusado M. de J. L.; 5) Solicitud de Intervención Telefónica y Resolución Judicial donde se admiten las mismas; 6) Actas de Transcripciones de las Conversaciones entre los Secuestradores y los familiares del Ofendido y 7) Acta de Vaciado Telefónico.- NUMERAL QUINTO: 1) Teléfono Celular marca C115, color gris, con número de IMEI 010794005793399, con número asignado 3350-2160; 2) Teléfono Celular marca LG, color azul-gris, con numero de IMEI 58700593465100 y numero asignado 9543-9606; 3) Teléfono Celular marca Nokia, color gris, con numero de IMEI 010934003954508, modelo 11086, serie 052041100610 AC, con número asignado 9670-5329; y 4) Bolsa de Papel Manila conteniendo un Casette grabado.-VI.- La falta de motivación intelectiva de los medios de prueba descritos afecta la conclusión a la que arribaron los Juzgadores en el numeral Tercero (F. 66) y Séptimo (F. 67) donde afirman que no existe prueba de que los acusados M. de J. L. G. y J. A. D. A., estén vinculados con el delito, dado que antes se debió valorar once medios de prueba para poder determinarlo.- Esta falta de motivación no afecta el pronunciamiento condenatorio realizado en contra del acusado J. C. M. M., al derivarse de la motivación intelectiva realizada de las declaraciones testificales de los testigos D. G. B. E., J. D. P. M., N. R. G. P. e I. E. R. T., exponiendo los Juzgadores en los numerales Tercero (F. 66) y Séptimo (F67) los razonamientos que les permitieron arribar a la certeza de la culpabilidad de éste.-VII.- Por lo expuesto es procedente declarar con lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo.

Legislación citada

Sentencia

SP. 266-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, contra la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló 1°.- ABSOLVIENDO a los acusados J. A. D. A., Y M. DE J. L. G., por el delito de SECUESTRO en perjuicio de R. B. C. R.2o.- CONDENANDO al acusado J. C. M. M. a la pena de VEINTE AÑOS (20) DE RECLUSION como autor responsable por el delito de SECUESTRO en perjuicio de R. B. C. R.; asimismo lo condenó a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL 3°.— DECLARO la responsabilidad civil del condenado J. C. M. M.-4°.-No CONDENO al acusado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpusieron los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado CARLOS RODRIGUEZ GIRON, en su condición de Representante del Ministerio Público, y por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, los Abogados LUIS FERNANDO DUARTE LOVO Y BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ, como Apoderados Legales del encartado J. C. M. M. Son Partes: Los Abogados Luis Fernando Duarte Lovo y Bladimir Alexander Duarte Perez, Defensores Privados del Señor J. C. M. M., y el Abogado Salvador Cuestas, Agente de Tribunales del Ministerio Público, todos en su condición de Recurrentes. HECHOS PROBADOS El Tribunal de Instancia en la sentencia recurrida fijó como hechos probados los siguientes: “PRIMERO. En fecha quince de diciembre del año dos mil ocho siendo las seis con cuarenta y cinco minutos de la mañana, el señor R. B. C. R., salio de su casa de habitación ubicada en la aldea Nueva Esperanza, al transitar a la altura del desvío de la aldea Quelepa, ambos del Municipio de las Vegas del departamento de Santa Bárbara, fue interceptado por el acusado J. C. M. M., y otro individuo no identificado quienes portando armas de fuego y cubierto sus rostros con pasamontañas lo retienen contra su voluntad, y mediante intimidación lo trasladan en lancha hacia unas cuevas en el sector de Punta Gorda del lago de Yojoa, comunicándose al día siguiente con los familiares exigiendo un rescate, y manteniendo retenido contra su voluntad al señor R. B. C., en dicho lugar.—SEGUNDO: En fecha veintitrés de diciembre del año dos mil ocho, es decir, nueve días después de la fecha en que R. B. C., fue privado de su libertad, la Policía Nacional Preventiva, recibió información de parte de J. A. C., que de fuente anónima, le indicaba que los señores J. A. D. A., J. C. M. M., M. de J. L. G. y otros, eran las personas que retenían a R. B. C. en una cueva, ubicada en Punta Gorda en las proximidades del Lago de Yojoa, frente a la finca las Glorias, por lo que procedieron a la detención de los mismos y guiados por J. C. M. M., los Agentes especializados de la Policía Antisecuestros lograron dar con el paradero del señor R. B. C. R., quien fue liberado de sus captores sin el pago del rescate.” CONSIDERANDO I.-Los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional son admisibles en tanto que reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia de los mismos.- II.-LOS RECURRENTES ABOGADOS LUIS FERNANDO DUARTE LOVO Y BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ, PROCEDIERON A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:” PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.-Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal.- La infracción sucede en la inobservancia del Precepto Constitucional regulado por artículo 88 de la Constitución de La República.-Explicación de motivo. Primero.—La sentencia recurrida, en los hechos declarados probados establece: Primer hecho: en fecha quince de diciembre del año dos mil ocho siendo las seis con cuarenta minutos de la mañana, el señor R. B. C. R. salió de su casa de habitación ubicada en la aldea nueva esperanza, al transitar a la altura del desvío de La Aldea Quelepa ambos del Municipio de Las Vegas del Departamento de Santa Bárbara, fue interceptado por el acusado J. C. M. M., y otro individúo no identificado quienes portando armas de fuego y cubierto sus rostros con pasamontañas lo retienen en contra de su voluntad, y mediante intimidación lo trasladan en lancha hacia unas cuevas en le sector de Punta Gorda del Lago De Yojoa, comunicándose al día siguiente con los familiares exigiendo un rescate, y manteniendo retenido contra su voluntad al señor R. B. C. en dicho lugar.-Segundo hecho. En fecha veintitrés de diciembre del año dos mil ocho, es decir, nueve días después de la fecha en que R. B. C. fue privado de su libertad la policía nacional preventiva, recibió información de parte de J. A. C., que de una fuente anónima, le indicaba que los señores J. A. D., J. C. M. M., M. de J. L. G. y otros, eran las personas que retenían a R. B. C. en una cueva, ubicada en Punta Gorda en las proximidades del Lago de Yojoa, frente a la Finca Las Glorias, por lo que procedieron a la detención de los mismos y guiados por J. C. M. M., los agentes especializados de la policía antisecuestros lograron dar con el paradero del señor R. B. C. R., quien fue liberado de sus captores sin el pago correspondiente.-Específicamente los declarados probados establecen las 4 cosas siguientes; 1. En fecha quince de diciembre del año dos mil ocho siendo las seis con cuarenta minutos de la mañana, el señor R. B. C. R., salió de su casa de habitación ubicada en la aldea nueva esperanza, al transitar a la altura del desvío de La Aldea Quelepa, ambos del Municipio de Las Vegas del Departamento de Santa Bárbara, fue interceptado por el acusado J. C. M. M., y otro individuo. 2. Que J. C. M. M., y otro individuo no identificado quienes portaban armas de fuego y (cubiertos sus rostros con pasamontañas) lo rellenen en contra de su voluntad, y mediante intimidación lo trasladan en lancha hacia unas cuevas en le sector de Punta Gorda del Lago de Yojoa, comunicándose al día siguiente con los familiares exigiendo un rescate , y manteniendo retenido contra su voluntad al señor R. B. C., en dicho lugar.-3.En fecha veintitrés de diciembre del año dos mil ocho, es decir, nueve días después de la fecha en que R. B. C., fue privado de su libertad, la policía nacional preventiva, recibió información de parte de J. A. C., que de una fuente anónima, le indicaba que los señores J. A. D., J. C. M. M., M. de J. L. G. y otros, eran las personas que retenían a R. B. C. en una cueva, ubicada en Punta Gorda en las proximidades del Lago de Yojoa, frente a la Finca Las Glorias 4. Que procedieron a la detención de los mismos y guiados por J. C. M. M., los agentes especializados de la policía antisecuestros lograron dar con el paradero del señor R. B. C. R., quien fue liberado de sus captores sin el pago correspondiente.-Segundo: en lo atinente a la infracción del artículo 88 de la constitución de la República sucede por la aseveración hecha por el tribunal en el cuarto numeral que hemos especificado anteriormente ó sea que procedieron a la detención de los mismos y guiados por J. C. M. M. esto de los hechos tácticos declarados probados enjuicio.-Establece el precepto constitucional del artículo 88 de la Constitución de la República.-Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra si mismo Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualquiera de estas disposiciones es nula.—En el presente caso el tribunal de sentencia confirma sus hechos probado en basado en un acto totalmente nulo pues tal y como lo establecen existió la detención del señor J. C. M. M. y mediante un acto totalmente viciado por parte del policía procede a su interrogatorio mediante una supuesta declaración que los lleva hasta el lugar donde se encontraba la víctima, no cabe duda y es de conocimiento que toda persona al momento de su detención tiene como derecho constitucional de guardar silencio que debe de respetársele aun y cuando sea una declaración de carácter policial ó sea administrativa, ya que si se vulneró este precepto constitucional produce nulidad del acto y de los derivados de ellos tal y como se desarrolla la teoría del fruto del árbol envenenado, si el árbol envenenado ( tomar declaración a una persona infringiendo la constitución y las leyes) sus frutos también serán envenenados (la valoración hecha por el tribunal para declarar probados los hechos.) He aquí el vicio que genera la infracción a que se refiere el artículo 88 de la Constitución de la República para ello haremos referencia a los aspectos siguientes: l.— en primer lugar nunca se probó en juicio que mi representado haya sido la persona que intercepto al ofendido pues como el tribunal así lo dice en declaración de los hechos probados los captores andan cubiertos sus rostros con pasamontañas.-2.— Por otra parte en los hechos probados no se hace referencia que además de haberle tomado declaración a nuestro representado la misma fue obtenida a través de métodos prohibidos pues nuestro representado puso en conocimiento al tribunal que había sido víctima de torturas al momento de su capturo y que nunca les mostró la supuesta cueva sino el lugar denominado como punta gorda pues es aledaño a ese sector, existe una gran diferenciación entre decir si se conoce un lugar en general y si se conoce un punto específico refriéndose a las cuevas donde permanecía retenida la víctima. APLICACION PRETENDIDA. El recurrente es del criterio de que si los hechos declarados probados por el tribunal de sentencia se derivan de una infracción a un precepto condicional que produce una nulidad de esos actos por lo tanto debe dictarse una sentencia absolutoria.-SEGUNNDO MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- POR CONTENER LA SENTENCIA MOTIVACIONES CONTRADICTORIAS E INOBSERVANCIA DE LA REGLAS DE LA SANA CRITICA. Precepto Autorizante: Artículo 362 (Numeral 3 del Código Procesal Penal.”.-Explicación del motivo. Primero: En primer lugar se invoco motivaciones contradictorias e inobservancia de las reglas la san critico, pues específicamente los hechos declarados probados por el Tribunal son contradictorios entre si y también con la valoración de la prueba pues por una parte se señala que J. C. M. M., y otro individuo no identificado fueron las personas que interceptan al señor B. C. pero a su vez nos indican quienes portando armas de fuego y cubierto sus rostros con pasamontañas, como podría ser posible que describamos a una persona como captora de otra si ni tan siquiera la víctima, única persona que podría dar fe de sus captores lo reconoció como tal pues únicamente nos indico que se traban de encapuchados y que el único momento en que observo al señor J. C. M. M. fue en el momento de su rescate que lo observo que anda en una lancha con la policía, momento muy distinto al de la captura, entonces no podría declarase como probado un hecho que no se sustento en ningún medio de prueba fehaciente, por el contrario se pretende basar en una prueba ilícita y prohibida como fue la supuesta declaración a que procedieron los policías inmediatamente al momento de su captura, sin la presencia de un abogado que ejerciera su defensa técnica y mas aún en contravención del derecho que le correspondía de guardar silencio, pero es asombroso que los policías encargados de su captura abiertamente en Juicio declarasen que PROCEDIERON SU INMEDIATO INTERROGATORIO SIENDO ESTOS POLICÍAS antisecuestros (oficiales) para el caso el señor JOSE DIOGENES PEÑA MORAN describe como procedimiento en el interrogatorio que el participa en las tres detenciones y que luego en la posta policial de santa cruz procede a su interrogatorio y que supuestamente obtiene la información del lugar que lo involucra, del mismo modo N. R. G. P. nos indicó que luego de su detención procedió a entrevistarlos (tomar declaración) y dirigirse con el para que les mostrase dicho lugar, para el caso I. E. R. T. se le preguntó si había un defensor cuando conducían a nuestro representado para que les mostrara el lugar donde se encontraba la persona privada de libertad y se limito a decir que no miro o que desconocía si iba.—Es tan con contradictorio a su vez que el tribunal refiera que las grabaciones se que dicho sea de paso le resulten útiles para vincular a nuestro representado siendo que las mismas no lo vinculan de ninguna manera y que las mismas estaban autorizada a partir del 16 de diciembre del dos mil ocho siendo que el auto fue decretado con fecha de vigencia partir del 18 de diciembre del 2008, lo que si es claro es que el tribunal ha obviado la aplicación de las reglas de la sana critica, pues no ha calificado de ninguna manera de forma clara, sucinta y precisa como realiza la valoración causal entre cada una de las pruebas, es decir, no ha dado una correlación lógica entre los hechos declarados probados, la valoración de la prueba y su fundamentación jurídica para llegar a esa resolución, por lo tanto al no hacer una valoración lógica omite la aplicación de las reglas de la sana crítica al no advertir la existencia material probatorio ilícito.-SEGUNDO: No quisiéramos dejar de pronunciarnos y advertir la contradicción que existe entre los hechos probados, la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica, pues, los hechos probados señalan directamente la participación de nuestro representado con nombres y apellidos y que a su ves describen una serie de investigaciones realizadas entre ellas unas actas de decomisos que describen los números telefónicos cada aparato celular decomisado que dicho sea de paso nunca se relacionaron esos números con las grabaciones realizados entre los familiares y los verdaderos captores y sin dejar por fuera que para que esos números pudiesen aparecer en esas actas de decomisos solamente se pueden obtener con orden judicial pues implica la identificación de origen a que se refiere el artículo 233 del Código procesal penal, por otro lado la presentación de una evidencia que no fue reconocida por testigo alguno en juicio alguno y por si fuera poco el decomiso de unas escopetas que nunca han sido decomisadas a nuestro representado. RECLAMO. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señalamos que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por el cual el reclamo lo constituye el presente recurso. APLICACIÓN PRETENDIDA.-Con que toda la contradicción señalada anteriormente, es de nuestro criterio que debe dictarse una sentencia absolutoria.”.- III.-EL RECURRENTE ABOGADO CARLOS RODRIGUEZ GIRÓN PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE:” EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION.-POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: SEGUNDO MOTIVO:”Motivación fáctica insuficiente de la sentencia impugnada”.PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso, establecer lo que se debe entender por motivación en la sentencia en un proceso penal. Según el Artículo 141 del Código Procesal Penal, los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal.-Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedentes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna radica en insuficiencia de motivación fáctica, la cual consiste en la fundamentación parcial insuficiente para resistir el peso del fallo que se dicta, de acuerdo a las exigencias formales previstas para la sentencia. Al respecto el Autor FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la nación), establece que: “La motivación para que sea completa debe referirse al hecho y al derecho, entendiéndose en la primer hipótesis que se valorarán las pruebas suministrando las conclusiones a que arribe el tribunal sobre su examen, esa necesidad de motivación impone al juez el deber de apreciar razonadamente las pruebas”.Tomando como base los parámetros recursivos supra referidos se determina, que la sentencia que se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de valoración probatoria de la misma, al realizar el juzgador una motivación insuficiente de la prueba, lo que impide verificar la corrección del razonamiento que determina la absolución de los imputados J. A. D. y M. de J. L., respecto del delito a ellos atribuido, para lo cual examínese lo establecido por el Juzgador respecto de la prueba evacuada en el numeral cuarto de la sección de valoración probatoria: 1)Acta de decomiso y acta de registro personal que se practicara a J. A. D., la cual contiene el decomiso de un celular marca Nokia, serie 0520421100610AC con número telefónico 9670-5329 2) Acta de registro personal y acta de decomiso al señor J. C. M. de un teléfono celular, marca LG, color Azul con número 9543-9606 3) Acta de registro personal y decomiso al señor M. de J. L. de un celular CuS, color gris con número 33502160 4) Solicitud de intervención telefónica y admisión de las mismas por parte del Juzgado Segundo de Letras Departamental donde autoriza la intervención de los números telefónicos 95419300 y 33331530, nombrando al agente D. B. como encargado de la ejecución; 5) Actas de transcripciones de las conversaciones realizadas por el Juzgado de Letras Tercero Departamental sobre las grabaciones realizadas en las negociaciones entre los familiares del secuestrado con sus plagiarios; 6) Actas realizadas durante la autorización ordenada por el Juez consistente en un vaciado telefónico.-Este Tribunal después de hacer una valoración, considera que los medios de prueba referidos son útiles y confiables en relación a la pretensión probatoria contenido en los mismos, por haberse realizado por autoridad competente y bajo las formalidades de la Ley. (Lo resaltado y subrayado fue puesto por quien escribe) .-Como se evidencia de lo antes descrito, la motivación del juzgador resultó ser escueta, al limitarse a establecer que dichos medios de prueba resultaron útiles y confiables en cuanto a la pretensión probatoria; sin embargo, no estableció de manera clara y precisa en base al contenido de tales probanzas que resultó acreditado a través de ellas, suministrando las conclusiones a las que arribó sobre su examen, como consecuencia, el Juzgador cumplió el requerimiento de valoración fáctica, de manera parcial y por ende, insuficiente.-Los argumentos que anteceden, nos conducen a afirmar que en el caso sub judice, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el Juzgador y que se ve reflejada en la valoración de la prueba, al no haber expresado los criterios legales que lo llevaron a determinar que la prueba supra relacionada no tiene la fuerza suficiente para formar la convicción del Tribunal sobre la condena de los imputados, en virtud, que el juzgador no razona de forma expresa, lógica y coherente, los indicios debidamente probados, por medio de inferencias lógicas para dirigir la formación de la convicción hacía un hecho desconocido, resultando por lo tanto imposible realizar un efectivo y completo control de la fundamentación del fallo, al desconocerse objetivamente cómo el A—quo ha formado su convicción, que lo ha llevado a absolver los imputados, por lo que se determina con absoluta claridad la existencia del cause casacional invocado.-Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley.-Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.-MOTIVO SEGUNDO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal-EXPLICACION DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.-Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron como prueba testimonial, las declaraciones de cargo de los señores: J. A. C. R., J. D. P. M., N. R. G. P.; así como la prueba documental consistente en el vaciado telefónico practicado a los números 95419300 y 33331530, actas policiales levantadas durante la autorización ordenada por el Juez, relativas a la negociación entre los plagiarios y los familiares del secuestrado; Actas de registro personal y actas de decomiso practicadas a los imputados J. A. D. y M. de J. L., probanza de la cual se desprende lo siguiente: El testigo J. A. C., declaró lo siguiente: Que su hermano fue secuestrado el quince de diciembre de 2008 en el desvío de los Andes, por lo que notificaron a la Autoridad, recibiendo llamada de los secuestradores hasta el siguiente día (16 de diciembre) donde pedían rescate, se siguió con las negociaciones por varios días, recibiendo posteriormente una llamada anónima donde le informaban que las personas que tenían a su hermano eran J. A. D. alias “carne”, M. de J. L. alias “Santa Rita”, J. C. M. alias “el Pelón”, M. y N., por lo que dieron parte a la policía y ellos procedieron a darle captura a estas personas. Ante el interrogatorio de las partes el testigo refirió que las llamadas de las negociaciones se le hicieron a su número de celular y que el Agente D. B. estuvo presente durante dichas negociaciones.— El testigo J. D. P. M., declaró lo siguiente: Que el 23 de diciembre del 2008, recibió una llamada del señor J. A. R. donde le comunica que el señor R. C. corría peligro, refiriéndole que había tres personas en la Aldea que habían participado en el problema de su hermano, con los apodos de “Pelón”, “Santa Rita” y J. C., por lo que empezaron a hacer las investigaciones logrando darle detención a J. A. D., a M. de J. L. y a J. C. Ante el interrogatorio de las partes el testigo manifestó que al momento de su captura les decomiso un celular a cada uno de ellos y en las actas de decomiso aparecen los números telefónicos, que el participó en las tres detenciones, que en los Naranjos detuvieron a J. C., a J. D. en San Buena Ventura, que por último se capturó a M. de apodo “Carne” y después se trasladaron con “El Pelón” quien fue el que indicó el lugar donde estaba el secuestrado.-El testigo N. R. G. P., declaró: Que el día 23 de Diciembre del 2008, a eso de las siete de la mañana, recibió información de quienes tenían capturado al señor R. C., por lo que se dirigieron al lugar de los Naranjos y procedieron a ubicar según información a J. A. D., J. C. M. y la tercera persona que se mencionaba era el señor M. de J., siendo capturado el señor D. en San Buena Ventura, luego se dirigieron al lugar de Los Naranjos ubicando al señor J. C. M., siendo capturado posteriormente M. de J. L. Ante el interrogatorio de las partes el testigo refirió que a J. C. se le conocía como “El Pelón”, a J. D. con el alias de “Santa Rita” y al señor M. de J. con el alias de “‘Carne Asada”; que ellos procedieron a identificar que se trataban de las personas que les habían dicho, y que el señor J. C. los llevó al lugar donde tenían al secuestrado al que finalmente rescataron.—De igual manera el ente acusador allegó a la plataforma fáctica; 1)Acta de decomiso y acta de registro personal practicado al imputado J. A. D., la cual contiene el decomiso de un celular marca Nokia, serie 0520421100610AC con número telefónico 9670-5329. 2) Acta de registro personal y acta de decomiso practicado al imputado J. C. M. de un teléfono celular, marca LG, color Azul con número 9543—9606. 3) Acta de registro personal y acta de decomiso practicado al señor M. de J. L. de un celular C115, color gris con número 3350—2160 4) Vaciado telefónico ordenado judicialmente a los números telefónicos 95419300 y 33331530 5) Actas de las diligencias policiales realizadas durante la autorización ordenada por el Juez, durante la negociación entre los plagiarios y los familiares de la víctima, nombrando al agente Darwin Barraza como encargado de su ejecución; A pesar del contenido de las pruebas que anteceden, el Juzgador estableció en el apartado de valoración probatoria que a los señores J. A. D. A. y M. de J. L. G. no se les logró vincular con los hechos, a través de la actividad probatoria desarrollada”.Posición que a criterio del Ministerio Público, resulta infractora del postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que deriva de las pruebas aportadas, que no ha sido posible establecer que los imputados J. A. D. A. y M. de J. L. G., cometieron la acción a ellos reprochada, al referir que el ente acusador no fue capaz de aportar prueba suficiente para formar la convicción del tribunal, resultando obvio que dicho razonamiento quebranta la regla precitada, pues del contenido de las probanzas allegadas al proceso de manera conjunta y armónica al ser contrastadas unas con otras nos conducen a tener por acreditado sin lugar a dudas su participación, considerando que de dichas pruebas derivan los siguientes indicios: 1) De la declaración del testigo J. A. C. R., se desprende, que a partir de una llamada anónima que recibió, le pusieron en conocimiento que los señores J. A. D. Alias “Carne”, M. de J. L. alias “Santa Rita” y J. C. M. alias “Pelón, eran las personas que tenían secuestrado a su hermano en Punta Gorda, razón por la cual lo puso en inmediato conocimiento de la Policía. 2) Con el testimonio de los policías J. D. P. M. y N. R. G. P. se acreditó, que su intervención en las diligencias de rescate del secuestrado inicio a raíz de la llamada que recibieron del señor J. A. C., donde les manifestó que las personas que habían participado en el problema de su hermano, eran el “Pelón”, “Santa Rita” y J. C., por lo que empezaron a hacer las investigaciones logrando identificarlos dándole detención a J. A. D., a M. de J. L. y a J. C. M., siéndoles decomisados a cada uno de ellos un celular.—3) Con las actas levantadas por el agente D. G. B. durante la autorización ordenada por el Juez en relación a las diligencias efectuadas durante la negociación entre los plagiarios y los familiares del secuestrado se consignó que el número de teléfono que utilizaron los plagiarios es el 95419300 y que el número de celular de los familiares donde se recibían las llamadas era el 33331530.—4)Con las actas de decomiso levantadas por el Agente de Investigación J. D. P. (quien ratificó las mismas al momento del Juicio), se acreditó que al imputado J. A. D. A. se le decomisó un celular marca Nokia Color Gris con número telefónico 9670—5329, y al imputado M. de J. L. se le decomisó un celular marca Cl15, con número 33502160 5) A través de la intervención telefónica solicitada a los números de celular 95419300 y 33331530, se logró constatar que del número 95419300 (utilizado por los plagiarios en las negociaciones) se realizaron las siguientes llamadas: a) Una llamada al 96705329 el 16 de diciembre de 2008, número de celular que según acta de decomiso practicada al imputado J. A. D. correspondía al celular que le fue decomisado a éste al momento de su captura; b) Cuatro llamadas al 33502160, dos de ellas realizadas el 16 de diciembre de 2008 y las dos restantes el 20 de Diciembre, número de celular que según acta de decomiso practicada al imputado M. de J. L. correspondía al celular que le fue decomisado a dicho imputado al momento de su captura; 6) Otro indicio a considerar y que se desprende del vaciado telefónico, es que las llamadas realizadas a los celulares que le fueron decomisados a dichos imputados, fueron realizadas en el sector del Bambú y en las fechas en que el secuestrado se encontraba aún en cautiverio. En virtud de lo anterior, y dada la libertad probatoria que permite nuestro sistema procesal penal, donde es posible reconstruir el pasado mediante la prueba indiciaria, los indicios que anteceden cumplen con los requisitos fundamentales, los cuales consisten en: 1) La existencia de una pluralidad de indicios, con el fin que resulte reforzada la conclusión probatoria, porque parece razonable que si varios indicios convergen hacía un mismo hecho mayor fuerza probatoria tendrá la conclusión a la que se arriba; 2) Una relación material directa al hecho criminal y su agente, es decir los indicios deben de estar probados; 3) La existencia de una armonía y concomitancia entre cada uno de los indicios, de que no exista duda razonable sobre los hechos.-Por lo que el juzgador al no extraer de la fuente de convencimiento como ser las declaraciones testifícales, así como de la prueba documental, probanzas éstas que constituyen la estructura probatoria del juicio capaces de sustentar la afirmación de que los imputados participaron en el hecho acaecido, al no haberlo apreciado así el sentenciador vicia de motivación la sentencia que ahora se impugna.—Al tenor de lo anterior, la prueba de cargo practicada válidamente en el juicio nos conduce a una única y lógica conclusión, que la conducta perpetrada por los encausados se subsume en el delito de SECUESTRO tipificado en el artículo 192 del Código Penal.- Asimismo su participación se efectuó a titulo de AUTOR DIRECTO del ilícito penal supra referido, tal como lo ha establecido ampliamente la Doctrina al referir que: “Se reputan como Autores todos los que concurren a la comisión del delito, tomando parte en su ejecución con unidad de acción, igual propósito y cooperación recíproca, es decir se produce por todos aquellos que intervinieron en su perpetración con la misma finalidad y fin, por eso la pena a imponer a cuantos concurrieron en su comisión debe ser igual para todos, con independencia de quien fuese, de entre los participantes el que lo materializase con su acción individual.[1][1] Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”.- IV.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO J. C. M. M., ASUMIDA POR LOS ABOGADOS LUIS FERNANDO DUARTE LOVO y BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ, DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I.- El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[3]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.- II.- Los Censores denuncian que el Tribunal de Sentencia ha emitido una sentencia condenatoria producto de la inobservancia del artículo 88 de la Constitución de la República que hace referencia el Principio de Defensa Material, al señalar que “Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de Policía, a declarar contra si mismo….”; Explican que los hechos probados describen que cuando el acusado J. C. M. M. fue aprehendido por la autoridad policial, se procedió a su interrogatorio donde supuestamente éste declaraba donde se encontraba el ofendido R. B. C. privado de su libertad, declaración que tachan de nula debido a: 1).- No se respeto el derecho del acusado a guardar silencio; 2).- La declaración fue obtenida mediante torturas aplicadas al acusado por los Agentes de Policía; 3).- No se probó que el acusado haya sido una de las personas que secuestró al ofendido, ya que en la misma declaración de hechos probados se indica que los captores de éste andaban cubiertos sus rostros con pasamontañas; 4).- El acusado nunca mostró la supuesta cueva a la policía, limitándose a decir que conocía el lugar donde quedaba ésta. Concluyen los Censores que la declaración rendida por el acusado constituye un acto ilícito por ser fruto de la violación a una garantía constitucional, siendo procedente que se enmiende tal infracción, dictando esta Sala de lo Penal una Sentencia Absolutoria a su favor.- III.- Este Tribunal de Casación identifica en el argumento de los Censores aspectos concernientes a la aplicación de una norma constitucional y a la valoración de los medios de prueba, por lo que atendiendo la naturaleza del Recurso que se interpuso y que ya ha sido explicada líneas atrás, la respuesta de lo planteado se centrara específicamente al análisis en torno a la existencia o no de una infracción del precepto constitucional que se ha invocado.- IV.- A efecto de dar una respuesta integral al planteamiento, es ineludible para esta Sala de lo Penal realizar un análisis respecto a la figura central del proceso penal: el Imputado y su relación con la prueba: 1).- El Imputado: el artículo 101 del Código Procesal penal establece que imputado es toda persona a la que se le atribuya participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta.- La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del CPP), que se da cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe; la Intimación viabiliza el ejercicio de la defensa –Técnica y Material- y por ello constituye un deber a cumplir por los Órganos Persecutores del Delito cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona cuando tenga conocimiento de estar siendo inculpada en la comisión de un delito comparezca voluntariamente (Art. 276 del CPP) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (Art. 101.11 segundo párrafo del CPP).- Como consecuencia de la intimación nace una relación jurídico procesal, dando paso a que la persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de Intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su naturaleza de persona humana comparte con los demás ciudadanos los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), pero es a partir de la Intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (Arts. 15 y 101 CPP), por ello en el acto de Intimación adicionalmente el Estado tiene la obligación de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio es burlar la dignidad humana.- 2).- La Prueba: Son innumerables los conceptos que la doctrina ha fijado para definir la prueba, casi tantos como la cantidad de acepciones que dicho término tiene en el ámbito procesal, más con ello la Prueba “en su acepción más genérica y puramente lógica, prueba quiere decir, a un mismo tiempo, todo medio que produce un conocimiento o probable, acerca de cualquier cosa, y en sentido más amplio y haciendo abstracción de las fuentes, significa el conjunto de motivos que nos suministra ese conocimiento. La Primera es una concepción subjetiva y la segunda es objetiva”[4], dicho de otra manera la prueba es “el conjunto de razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le suministran al Juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el objeto del juicio y sobre el cual se debe decidir”[5].- Gravitan alrededor de la Prueba los conceptos de Objeto de prueba, sujeto de prueba, órgano de prueba, medio de prueba y elemento de prueba, mismos que para su fácil desarrollo se exponen a la inversa: a).- Elemento de Prueba: Es el dato o información que se extrae del medio de prueba como consecuencia de su valoración por el órgano jurisdiccional.- b).- Medio de Prueba: Es el conducto, vía o figura procesal mediante el cual se hace llegar al proceso la fuente de la prueba y al órgano de prueba; En el Código Procesal Penal aparecen regulados un número limitado de medios de prueba, bajo la advertencia de que éste no acoge un sistema de númerus clausus y que aunque no esté regulado todo medio de prueba es permitido (Principio de Libertad probatoria) siempre que reúna dos requisitos esenciales: Que sea objetivamente confiable y que sea lícito (Art. 199 CPP).- c).- Fuente de Prueba: “Es el hecho del cual se sirve el Juez para deducir la verdad”[6]; Es la cosa o persona que se somete a estudio y que permite afirmar o descartar el objeto de prueba; d).- Órgano de Prueba: “Es el sujeto que aporta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su Función es la de intermediario entre la prueba y el Juez”[7]; El órgano de Prueba no se considera como “Prueba”, sino como intermediario entre el elemento de prueba y el Juzgador, como ocurre con los testigos o los peritos.- d).- Sujeto de Prueba: Persona que contribuye en la reproducción de un medio de prueba; e).- Objeto de Prueba: “Es aquello susceptible de ser probado, aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba”[8]; La prueba en el proceso penal se ocupa de tres temas: sobre la existencia del hecho, sobre la participación del imputado y sobre las condiciones personales del imputado (Imputabilidad).- 4).- El Imputado Frente a la Prueba: La persona imputada puede presentarse frente a la prueba como un objeto de prueba o como un sujeto de prueba: a).- El Imputado es Objeto de Prueba cuando se considere a su entidad corporal como fuente de datos que faciliten la investigación penal, adoptando una posición pasiva frente a la actividad probatoria (Art. 107 del CPP).- Las normas Constitucionales y procesales exigen la concurrencia de requisitos muy puntuales y la observancia de procedimientos rigurosos a efectos de tener al Imputado como Objeto de prueba, cuya inobservancia no solo hacen estéril la actividad probatoria a consecuencia de su ilicitud, sino que además podrían implicar la comisión de delitos en perjuicio de la persona del imputado.- b).- El Imputado actuará como Sujeto de Prueba cuando para la obtención de un elemento probatorio se requiera su participación activa, por lo que en acatamiento al artículo 88 de la Constitución de la República, ésta participación debe de ser libre y voluntaria.- Ampara la anterior consideración el Principio-derecho de la presunción de inocencia, contenido en el artículo 89 de la Constitución, siendo la obligación del Estado, a través del órgano acusador, destruir la misma con la aportación de medios de prueba suficientes, sin que el imputado esté obligado a contribuir a dicha aportación, por ello el Artículo 88 Constitucional establece que “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal… a declarar contra si mismo…”. La participación del imputado como sujeto de prueba es un acto de defensa material, pero además es una fuente de prueba que debe de ser valorada en contraste con la demás, aun cuando se trate de una declaración donde se confiese su participación en el delito o si se trata de una declaración donde se plantee una coartada. El Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona imputada de ser oída por autoridad competente, lo que conlleva obligación correlativa de esa Autoridad de escucharla y examinar no sólo su declaración sino que cualquier otro acto que realice como sujeto de prueba de conformidad a las funciones del Órgano Persecutor del Delito que la reciba y el momento procesal que se realice, examen que puede resultar en una valoración positiva o negativa para los intereses del encausado.- V.- El Recurso no es de Recibo.- Al examinar las diligencias, esta Sala de lo Penal ha constatado que no ha existido violación del artículo 88 de la Constitución de la República.- Del Acta de Debate se desprende, que los Señores J. D. P. M. (F. 54v), N. R. G. P. (F. 55v) e I. E. R. T., (F. 57v), todos agentes de la policía, convergen en sus testimonios al indicar que se dio captura al acusado J. C. M. M., como consecuencia de una información de los familiares del ofendido y que una vez aprehendido se procedió a entrevistarlo, dando información el acusado respecto al lugar donde se encontraba privado de libertad el ofendido. Particularmente el Testigo J. D. P., indica que al momento de la captura del acusado se le leyeron sus derechos (F. 55) lo que se corrobora en el Acta de Lectura de Derechos (F. 12), de ahí que la información aportada por el acusado respecto al lugar donde se encontraba la víctima fue brindada a los Agentes de Policía cuando estaba enterado de su derecho a abstenerse a declarar y de poder contar con un profesional del derecho para ser asesorado, derechos que no ejerció por voluntad propia.- La Declaración del imputado es la fundamental manifestación del derecho de defensa material, adoptando el imputado el papel de sujeto de prueba, ya sea porque cuenta su versión de los hechos o porque responde al interrogatorio que se le formule, declaración que es válida y consecuente con el artículo 88 de la Constitución siempre que: 1).- Se de la Intimación de Cargos y la Lectura de Derechos como acto previo; 2).- Que la decisión de declarar sea voluntaria y libre de coacción, manteniendo dichas condiciones a lo largo de la declaración.- En el caso bajo examen los Censores hacen una grave denuncia, señalando que la declaración dada por el acusado es producto de torturas sufridas por éste a manos de la Autoridad Policial, mas ésa denuncia ha quedado a nivel argumentativo y huérfana de respaldo probatorio, por cuanto en la audiencia de debate no se presentó dictamen médico o psicológico realizado al encartado que revelen esas circunstancias, no se aprecia ningún medio de prueba que indique que tales hechos ocurrieron, ni siquiera fue presentada a debate Acta de Denuncia hecha por el imputado, su Apoderado Legal, por Procurador de los Derechos Humanos o por cualquier otra persona sobre ese extremo, pero aun más este Tribunal de Casación en busca de elementos de respaldo a tan seria afirmación tomó nota de las conclusiones formuladas en la Audiencia de debate, en donde ninguno de los apoderados defensores público(F. 60v) o privado (F. 61)- señaló la existencia de torturas en perjuicio del imputado Juan Carlos Mejía Moreno.- Por lo anteriormente expuesto es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo.- V.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO J. C. M. M., ASUMIDA POR LOS ABOGADOS LUIS FERNANDO DUARTE LOVO y BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTICULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia vàlida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- Los Censores plantean un Recurso por Quebrantamiento de forma bastante confuso, al denunciar vicios de diferente naturaleza diferentes al que en un inicio los propios recurrentes señalan como existente.- Los Censores inician su exposición arguyendo que los hechos declarados probados son contradictorios entre sí, motivo asociado al artículo 362.1 del Código Procesal Penal, seguidamente indican que existe contradicción en la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica, que constituye otro motivo, esta vez asociado al artículo 362.3 del Código de Rito, mas adelante expresan que el Juzgador basó su decisión en prueba ilícita, dando un salto así a un tema concerniente al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, para finalizar denuncian falta de motivación que es motivo asociado con el artículo 362.3 del mismo Código.- En contraste negativo los Censores no exponen en su libelo cuales de las reglas que conforman la sana critica ha sido infringida por los Juzgadores, mucho menos se aprecia que en el recurso se haga una confrontación de dichas reglas con la motivación contenida en la sentencia impugnada a efecto de demostrar que ésta riñe con las máximas de la experiencia, con las reglas de la psicología o con los principios de la lógica.- III.- El Recurso no es de Recibo.- El recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por los Censores no supera las exigencias del artículo 363 del Código Procesal Penal, en cuanto a la claridad del planteamiento Recursivo.- La Sala de lo Penal ha sentado como Doctrina Legal que aun cuando el Recurso de Casación Penal adolezca de vicios, en respeto al Principio de Tutela Judicial Efectiva, éste debe de ser admitido y resuelto en todos los aspectos denunciados que hayan sido planteados de manera clara y congruente con la vía recursiva elegida y que permitan a esta Sala de Casación dar una respuesta concreta al tema en discusión, más eso no ocurre en el presente caso, dado que los Censores en lugar de asirse al motivo que ellos mismos han expuesto como concurrente, se dieron la tarea de argumentar varios motivos de distinta naturaleza y diferente al planteado originalmente, lo que impide a este Tribunal examinar y dar una respuesta al mismo.- VI.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA A FAVOR DE LOS SEÑORES J. A. D. A. y M. DE J. L. G., DENUNCIANDO MOTIVACIÓN FÁCTICA INSUFICIENTE; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTICULO 141, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- Protesta el Ministerio Público en contra de la Sentencia absolutoria dictada a favor de los acusados J. A. D. y M. de J. L., por considerar que existe una insuficiente motivación fáctica de los medios de prueba siguientes: 1).- Acta de Decomiso y Acta de Registro Personal practicados a J. A. D.; 2).- Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso practicada al acusado J. C. M.; 3).- Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso practicada al acusado M. de J. L.; 4).- Solicitud de Intervención Telefónica y Resolución Judicial donde se admiten las mismas; 5).- Actas de Transcripciones de las Conversaciones entre los Secuestradores y los familiares del Ofendido y 6).- Acta de Vaciado Telefónico.- El Censor señala que los Juzgadores no establecieron de manera clara y precisa que consideraciones le merecieron los medios de prueba enumerados, limitándose a señalar que son útiles y confiables, pero sin explicar el porqué de tales afirmaciones y como esto se relaciona con la causa criminal que se conoce. Concluye que se desconoce objetivamente como el A-quo formó su convicción para absolver a los acusados, por lo que considera procedente conforme a ley anular el fallo recurrido.- II.- En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación.- El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece que no constituye motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales.- Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal se hace eco del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a).- En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b).- En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código Referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.- En resumen la motivación debe de observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA.- Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación EXPRESA, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legitima y Respetuosa de la Sana Critica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal).- Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia resuelve un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han formulado las partes.- Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: A).- Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir. la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario.-B).- Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo.- Son ejemplos de éste vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué s están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables; La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal).- V .-El Recurso es de Recibo.- Este Tribunal de Casación Penal ha examinado la motivación de la sentencia recurrida advirtiendo sin ninguna dificultad que ésta no se ajusta a las exigencias del artículo 141 del Código Procesal Penal al ser inexistente la motivación sobre los medios de prueba que el Ministerio Público presentó como prueba de cargo en contra de los acusados J. A. D. A. y M. de J. L. G.- El vicio denunciado es latente en el numeral cuarto de la Valoración de la Prueba (F.66) donde se describe insuficientemente en el numeral 1) Un medio de prueba como Acta Policial sin que ésta alusión permita saber a qué acta refieren los Juzgadores, lo que es una falta de motivación descriptiva, vicio que aumenta en gravedad en ese mismo numeral cuando los Juzgadores realizan la descripción de otros seis medios de prueba a los que dedicaron cuatro reglones para valorarlos intelectivamente, tildándolos de “útiles y confiables en relación a la pretensión probatoria” lo que en realidad no nos dice nada en cuanto a si esos medios de prueba se relacionan con la causa juzgada o no, quedando en la oscuridad para cualquier lector (incluyendo a la Sala de lo Penal) el porqué son útiles y el porqué son confiables y en definitiva que elementos probatorios se extraen de éstos relacionado con la existencia del delito o la participación de los acusados. Los Juzgadores con esa escueta motivación intelectiva no dan respuesta al Ministerio Público en torno a si estos medios de prueba demuestran o no la participación de los acusados J. A. D. A. y M. de J. L. G., en el delito de secuestro.- El Vicio también se aprecia en el numeral quinto (F. 66v) de la valoración de la prueba donde los Juzgadores enumeran cinco medios de prueba consistentes en evidencias, sin realizar la motivación intelectiva de cuatro de ellas, limitándose a realizar la motivación intelectiva a la descrita en el numeral 5 .- En total son once medios de prueba los que carecen de motivación intelectiva, descritos en el numeral Cuarto y Quinto de la Motivación probatoria, a saber: NUMERAL CUARTO: 1) Acta Policial; 2) Acta de Decomiso y Acta de Registro Personal practicada a J. A. D.; 3) Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso practicada al acusado J. C. M.; 4) Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso practicada al acusado M. de J. L.; 5) Solicitud de Intervención Telefónica y Resolución Judicial donde se admiten las mismas; 6) Actas de Transcripciones de las Conversaciones entre los Secuestradores y los familiares del Ofendido y 7) Acta de Vaciado Telefónico.- NUMERAL QUINTO: 1) Teléfono Celular marca C115, color gris, con número de IMEI 010794005793399, con número asignado 3350-2160; 2) Teléfono Celular marca LG, color azul-gris, con numero de IMEI 58700593465100 y numero asignado 9543-9606; 3) Teléfono Celular marca Nokia, color gris, con numero de IMEI 010934003954508, modelo 11086, serie 052041100610 AC, con número asignado 9670-5329; y 4) Bolsa de Papel Manila conteniendo un Casette grabado.-VI.- La falta de motivación intelectiva de los medios de prueba descritos afecta la conclusión a la que arribaron los Juzgadores en el numeral Tercero (F. 66) y Séptimo (F. 67) donde afirman que no existe prueba de que los acusados M. de J. L. G. y J. A. D. A., estén vinculados con el delito, dado que antes se debió valorar once medios de prueba para poder determinarlo.- Esta falta de motivación no afecta el pronunciamiento condenatorio realizado en contra del acusado J. C. M. M., al derivarse de la motivación intelectiva realizada de las declaraciones testificales de los testigos D. G. B. E., J. D. P. M., N. R. G. P. e I. E. R. T., exponiendo los Juzgadores en los numerales Tercero (F. 66) y Séptimo (F67) los razonamientos que les permitieron arribar a la certeza de la culpabilidad de éste.-VII.- Por lo expuesto es procedente declarar con lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo.- VII.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA A FAVOR DE LOS ENCARTADOS J. A. D. A. y M. DE J. L. G., DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTICULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El Ministerio Público rechaza la conclusión del Tribunal de Sentencia respecto a que a los acusados J. A. D. A. y M. de J. L. G., no se les logró vincular con el delito, lo que a criterio del Censor es una violación al principio de derivación, estimando que si se hubiese realizado una valoración de los medios de prueba respetuosa de la sana critica la conclusión hubiese sido la contraria, es decir, que los acusados antes mencionados son responsables penalmente del delito que se les atribuye.- II.- Esta Sala de lo Penal no se pronuncia respecto al segundo motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto, en virtud de que el primer motivo planteado ha sido declarado con lugar y que además éste se refiere a falta de motivación de medios de prueba que igualmente menciona el Censor como valorados de manera ajena a las reglas de la sana critica.- POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: I.-Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por los Abogados Luis Fernando Duarte Lovo y Bladimir Alexander Duarte Perez, a favor del Señor J. C. M. M.; II.-Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma interpuesto por los Abogados Luis Fernando Duarte Lovo y Bladimir Alexander Duarte Perez, a favor del Señor J. C. M. M.; III.- Declarando firme y ejecutable la Sentencia de fecha nueve (09) de diciembre de dos mil nueve (2009), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en todos y cada uno de los pronunciamientos relacionados con el acusado J. C. M. M.; IV.- Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo, interpuesto por el Ministerio Público, en contra de la Sentencia Absolutoria dictada a favor de los imputados J. A. D. A. y M. de J. L. G.; en consecuencia se declara la nulidad de la sentencia de fecha nueve (09) de Diciembre y la audiencia de debate que le origina de fecha ocho (08) de Octubre, ambos del año dos mil nueve (2009), en todo y cuanto a lo que se refiere a los acusados J. A. D. A. y M. de J. L. G.- MANDA.- I.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, proceda a celebrar un nuevo debate en relación a los acusados J. A. D. A. y M. de J. L. G., en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha nueve (09) de Diciembre de dos mil nueve (2009); II.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada TANIA JEANNETTE FIALLOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha quince de abril del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-266-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1][1] Diccionario de Jurisprudencia Penal, MARQUEZ DE PRADO Y NORIEGA MARIA DOLORES, GOMEZ DE LAÑO Y BOTELLA FRANCISCO JAVIER, Editorial Colex, año 1981-1993, pág,1103

[2] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[3] Vid en este sentido: Llorente Fernandez De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”

[4] Florian, Eugenio; De las Pruebas Penales, Tomo I, Tercera Edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pag 43.

[5] Jauchen, Eduardo; La Prueba en Materia Penal, Primera Edición, Editorial Rubinzal-Culzoni, San Fe, Argentina, 1992, Pag 17.

[6] Carnelutti, citado por Huertas Martin, Isabel, El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial Bosch, Barcelona, España, 1999. Pág. 29.

[7] Cafferata Nores, José I, La Prueba en el Proceso Penal, Reimpresión de la Primera Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aíres, Argentina, 1988. Pag. 20.

[8] Cafferata Nores, José I, op. Cit. Pag 22.