Sentencia CP-258-10 — Registro 3379
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de Parricidio y Asesinato, resolviendo en segunda instancia Con Lugar Parcialmente el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...El Recurso es de recibo parcialmente. Partiendo de los hechos probados, no existe duda que en fecha once de septiembre del año dos mil siete, alrededor de las tres de la tarde con treinta minutos, aconteció la muerte violenta del señor A. V., como producto de las acciones de los acusados M. R. C. V. Y W. A. H. S., quienes actuaron de común acuerdo, fundando el Censor su Recurso, no en cuestionar que los acusados no hayan cometido el delito, sino en la falta de individualización de las acciones de cada uno de ellos, lo que a su criterio imposibilita la aplicación del artículo 118 del Código Penal que contiene el delito de PARRICIDIO. Ciertamente, la peculiaridad del caso es que en relación al acusado M. R. C. V., se presenta un delito especial impropio como ser el PARRICIDIO, por ser nieto del ofendido, por ello, la Sala de lo Penal, no comparte el criterio del Tribunal de Sentencia de que en el presente caso exista una coautoría (F.355 v.), ya que conforme a lo explicado líneas atrás, ésta figura de participación no es observable en los delitos especiales y en los delitos de propia mano; para que la coautoría exista, cada uno de los sujetos activos deberá de reunir las mismas cualidades que exige el tipo para ser autor, de modo de que a todos se les pueda imputar el mismo delito en el cual están participando. En el caso examine, uno de los acusados tiene cualidades diferentes al otro y por tanto debe de aplicarse dos figuras delictivas distintas, como bien concluyó el Tribunal de Sentencia, pero invocando erróneamente la figura de participación de la coautoría en la fundamentación jurídica y aplicando la figura de autor material en los numerales Tercero y Cuarto de la Parte Resolutiva, lo que es en sí un contrasentido. Para definir la figura de participación correcta debemos partir de los hechos declarados probados, los que contemplan únicamente dos posibles formas de participación de los acusados: 1) Que el acusado M. C. haya sido quien ejerció fuerza en el cuello de su abuelo, estrangulándolo hasta provocar la muerte mientras que el acusado W. H. sujetaba los brazos del ofendido de modo de que éste no pudiese defenderse. En este supuesto, el acusado M. C. sería autor material del delito de PARRICIDIO (intraneus) y el acusado W. H. Cómplice necesario del delito de ASESINATO (extraneus), siguiendo la Teoría de Pluralidad del Título de Imputación explicada líneas atrás en los Delitos Especiales Impropios; y 2) Que el acusado W. H. haya ejercido fuerza con sus manos en el cuello del ofendido hasta matarle, mientras que el acusado M. C. haya sujetado los brazos de su abuelo para evitar que se defendiera. En este supuesto, el acusado W. H. sería autor material del delito de ASESINATO (extraneus), mientras que el acusado M. C. sería cómplice necesario del delito de PARRICIDIO (intraneus). La diferencia de participación, en cualquiera de las dos posibilidades relacionadas, para efectos punitivos, es meramente formal, el Artículo 32 del Código Penal da un tratamiento igualitario al autor material y al cómplice necesario, a los que considera en términos generales como Autores, entonces, si bien los hechos probados no puntualizan las acciones de los acusados en la ejecución del delito, lo cierto es que ambos dieron muerte al señor A. V. y por lo que tanto el acusado M. C. como el acusado W. H. responden como autores de los delitos imputados (parricidio y asesinato respectivamente), título de participación que deriva de la aplicación del artículo 32 del Código Penal que, insistimos, considera como autores tanto al cómplice necesario como al autor material, que son precisamente las dos posibles participaciones de los acusados, descritas anteriormente. Concluyendo: al ser el acusado M. R. C. V. autor de la muerte de su abuelo, el señor A. V., es procedente la aplicación del artículo 118 del Código Penal. V. Por lo anterior, procede declarar Con Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, solo en cuanto a la denominación del título de participación señalado en la parte resolutiva de la sentencia, el cual debe de ser autor en los términos que señala el artículo 32 del Código Penal, manteniéndose el resto de las disposiciones..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual CONDENÓ a los señores M. R. C. V. y W. A. H. S., como autores responsables de los delitos de PARRICIDIO Y ASESINATO RESPECTIVAMENTE, en perjuicio del señor A. V., a la pena principal de TREINTA Y UNO (31) AÑOS y a VEINTIUNO (21) AÑOS DE RECLUSIÓN RESPECTIVAMENTE, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. Asimismo, ABSOLVIO a los señores M. R. C. V. y W. A. H. S. por el delito de ROBO en perjuicio del señor A. V. Interpuso el Recurso de Casación el Abogado J. G. N. R., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor M. R. C. V. SON PARTES: El Abogado J. G. N. R., en su condición de Apoderado Defensor Privado del acusado M. R. C. V., como parte recurrente, y los Abogados L. F. S., Acusador Privado en representación de la señora M. E. E. V. I. y S. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público; ambos como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día once de septiembre del año dos mil siete, a eso de las tres con treinta minutos de la tarde, el señor A. V., de setenta y nueve años de edad, se encontraba en su casa de habitación, en la cual mantenía una pulpería, dicha casa está ubicada en el barrio El Centro del municipio de Erandique, departamento de Lempira, junto con él se encontraba su nieto, el joven M. R. C. V., quien le pregunto si encerraba las gallinas, a lo que el señor A. V. le respondió afirmativamente.
SEGUNDO: Luego de eso, M. R. C. V., cerró la puerta de enfrente de la casa y abrió la puerta trasera de dicha vivienda, lugar por donde entró W. A. B. S.; estando dentro de la casa, M. R. y W. A., procedieron a atacar al señor A. V., cuando se encontraba sentado, a quien, mientras uno lo sostenía de ambos brazos y manos, otro le apretaba con sus manos el cuello, lo que provocó que el señor V. falleciera asfixiado por estrangulamiento; después, M. R. y W. A. colocaron al señor A. V., en la cama y le pusieron los anteojos en su cara. Hecho lo anterior M. R. C. V. y W. A. H., salieron en veloz carrera de la vivienda del señor A. V., por la puerta del patio (puerta trasera)”. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. El recurrente Abogado J. G. N. R., en su condición de Defensor Privado del señor M. R. C. V., desarrolló su Recurso de Casación de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 32 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Plantea la defensa del señor M. R. C. V. la infracción de 2 preceptos de orden público sustantivo como son los artículos 118 Y 32 del Código Penal, los cuales dicen: Artículo 118 es Reo de Parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes, descendientes.... Artículo 32: Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera ejecutado. Respetando como estamos obligados, los hechos declarados prohibidos por el Tribunal de Sentencia, entendemos que estos son para el Tribunal, el producto de la apreciación de la prueba ejecutada en juicio por efecto de la inmediación y que esta descripción fáctica, es la que el Tribunal debe usar para aplicar la Ley en la parte resolutiva de la Sentencia: Describir la conducta de un imputado y fallar aplicando la Ley Sustantiva Penal en la que se subsume esta conducta. Honorables Magistrados, en opinión del recurrente, la conducta descrita en los hechos declarados probados no se subsumen en el tipo penal de parricidio, por el que fue condenado el señor M. R. C. V., aplicando indebidamente los artículos 118 y 32 del Código Penal. El Tribunal de Sentencia declaro como hechos probados los siguientes: PRIMERO: El día once de septiembre del año dos mil siete, a eso de las tres con treinta minutos de la tarde, el señor A. V., de setenta y nueve años de edad, se encontraba en su casa de habitación, en la cual mantenía una pulpería, dicha casa esta ubicada en el barrio El Centro del municipio de Erandique, departamento de Lempira, junto con el se encontraba su nieto el joven M. R. c. V., quien le pregunto si encerraba las gallinas, alo que el señor A. V. le respondió afirmativamente. SEGUNDO: Luego de eso M. R. C. V., cerró la puerta de enfrente de la casa y abrió la puerta trasera de dicha vivienda, lugar en donde entro W. A. H. S.; estando dentro de la casa, M. R. y W. A., procedieron a atacar al señor A. V., cuando se encontraba sentado, a quien, mientras uno lo sostenía de ambos brazos y manos, otro le apretaba con sus manos el cuello, lo que provocó que el señor falleciera asfixiado por estrangulamiento; después; después M. R. y W. A. colocaron al señor A. V. en la cama y le pusieron los anteojos en su cara. Hecho lo anterior M. R. C. V. y W. A. H., salieron en veloz carrera de la vivienda del señor A. V., por la puerta del patio (puerta trasera). Son los antes enunciados los hechos tomados como base a efecto de interponer el presente recurso. En resumen los hechos probados expresan: No se establece en estos hechos, quien de los imputados realiza la conducta material de dar muerte al occiso, o sea que hizo cada cual o si los 2 le provocaron la asfixia o si, tal imputado con un acto necesario. El hecho probado no individualiza la conducta realizada por cada imputado, así las cosas, los hechos probados no determinan la autoría. Hay una especie de autoría colectiva que no está contemplada en nuestra legislación penal. En Honduras, la responsabilidad penal es personal es decir, cada ciudadano responde por la acción o conducta que realiza. El hecho declarado probado dice que los imputados procedieron a atacar al señor A. V. cuando se encontraba sentado a quien mientras uno lo sostenía(quién?) de ambos brazos y manos otro le apretaba con sus manos el cuello. Lo principal no establece quien de los imputados le provoca la asfixia. Honorables Magistrados NO SE INDIVIDUALIZA LA ACTITUD REALIZADA POR CADA UNO DE LOS AGENTES. ¡¡ Puede ser el caso que solo uno ocasionara la muerte de la víctima!! Debemos recordar que el objeto del juicio es demostrar que un ciudadano realizo una conducta que resulte ser típica en relación con un supuesto normativo. SI NO SE PROBÓ LA CONDUCTA QUE REALIZO CADA UNO, NO SE PUEDE SUPONER QUE HIZO CADA UNO. Debía en nuestra opinión demostrarse quien realizo La actividad de asfixiar, sobre todo porque puede ser el caso que uno de los imputados no quisiera participar en el acto homicida como efectivamente se indico en el juicio. Tanto el artículo 118 como el artículo 32 del Código Penal definen con claridad que la responsabilidad penal es personal. Al descomponer en sus elementos el artículo 118 es reo de parricidio: - QUIEN DIERE MUERTE A ALGUNO DE SUS ASCENDIENTES, descendientes... No es un tipo penal complejo, basta demostrar que el agente realizó la conducta de darle muerte a una persona, es decir fulano asfixió a mengano, lo que si esta claro es que debe probarse que el agente (como en este caso) realiza la actividad que ocasiona la muerte a x. No se puede imputar en colectivo, salvo en delitos de muchedumbre, el artículo 32 refuerza el criterio de que la responsabilidad penal es personal. "Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho" - Los que fuerzan o inducen a otros a ejecutarlo. - Los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En lo atinente al caso, la Sentencia se refiere a la primera hipótesis de la autoría "QUIENES TOMAN PARTE DIRECTA EN LA EJECUCIÓN DEL HECHO" Se refiere a que es autor, el agente que realiza por sí, la actividad de dar muerte, mas claro aún en este caso, sería autor: la persona que realizo la actividad de asfixiar que segó la vida de A. V. y la otra persona puede ser cómplice en cuyo caso la penalización es diferente, Para dictar Sentencia Condenatoria, debía individualizarse la conducta que realizo cada uno de los imputados. Esa acción es atípica con el supuesto normativo del parricidio, contenido en el artículo 118 del Código Penal. La acción descrita no se Subsume en el supuesto del tipo. La actividad es atípica, indistintamente de la doctrina por la que se incline el Tribunal,... causalista o finalista, con los hechos declarados probados, no es posible realizar la actividad de subjunción, que permite encajar el hecho probado en el tipo penal. APLICACIÓN PRETENDIDA. La comisión del delito de parricidio implica que se declare probado que el agente realizó por si la acción que ocasiona la muerte de la víctima, tal y como se establece en los hechos probados de la sentencia, en este caso no se determino quien de los imputados realiza la acción que ocasiona la muerte, en consecuencia no se probo la autoría en ninguno de los imputados, en consecuencia debió dictarse sentencia absolutoria por insuficiencia de prueba y duda razonable. RECLAMO. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, señalo que el vicio se sucede en la sentencia definitiva, razón por la cual: El reclamo lo constituye el presente recurso. SEGUNDO MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: CARECER LA SENTENCIA DE MOTIVACIONES FACTICAS y POR INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El recurrente alega que la sentencia: 1. Carece de motivaciones facticas y 2. No se aplican correctamente las reglas de la sana crítica. PRIMERO: El primer vicio se encuentra en la en el numeral tercero literal D, en la parte atinente a la valoración de la prueba, en el tercer párrafo de la página donde se ubica el literal D, la sentencia dice: Si bien, no existe prueba directa que nos asegure que los jóvenes M. R. C. V. y W. A. H. S., sean las personas que le dieron muerte al señor A. V., Tal como lo aseguramos en el segundo hecho probado, si existen fuertes indicios... EN LA SENTENCIA SE ADMITE QUE SOLO EXISTEN FUERTES INDICIOS. La sentencia enumera los indicios en que se fundamenta la descripción del segundo hecho probado, tal cual se indica 1.- Indicio de manifestación. 2.- Indicio de oportunidad. 3.- Indicio de capacidad física. Solo advierte el tribunal 3 indicios y entre ellos NO SE ADVIERTE EL INDICIO QUE EN DOCTRINA SE CONSIDERA PRIMARIO: EL INDICIO DE MOTIVO. Es mas en la sentencia se indica que no se probó que los imputados hubiesen cometido el robo por el que fueron acusados, la pretensión acusatoria era que el acto homicida tenia como motivo el robo, por otra parte vale advertir que de los 3 indicios que se enumeran en la sentencia, dos son comunes a muchas personas, todos los vecinos del occiso tienen el indicio de oportunidad y todas las personas menores de 79 años les compete el indicio de capacidad física. La sentencia condenatoria por prueba indiciaria implica en opinión de la defensa, tal y como la doctrina lo requiere: a.- Que los indicios sean múltiples, no basta con 3. b.- Que sean unívocos, es decir que los múltiples indicios estén orientados en una sola dirección y c.- Que no existan contraindicios. En el presente caso no hay multiplicidad de indicios, los indicios no son unívocos y existen contraindicios, tal y como expongo a continuación: El hecho de que no se haya probado el motivo es en si un contraindicio pues nadie le da muerte a una persona que es su abuelo sin una fuerte motivación, así mismo en el numeral SEXTO de la valoración de la prueba aparecen dos contraindicios DE CARÁCTER CIENTIFICO, El dictamen de serología genética forense establece que la evidencia presentada en juicio. En el mosquitero se encontró ADN que no pertenece a ninguno de los imputados y en las pruebas hechas a la evidencia decomisada no se detecto presencia de sangre. Honorables magistrados el alegato del juicio era que ellos le provocaron las lesiones y le robaron, pero las pruebas científicas demuestran que no existe vinculación entre la evidencia decomisada con las pruebas hechas a la víctima y recolectados en la escena del hecho, este es un contraindicio que demuestra científicamente que los imputados no estuvieron vinculados al acto que constituye la actividad homicida. Con el debido respeto la defensa reclama que los indicios invocados en la sentencia son insuficientes para dictar un fallo condenatorio, pues en el plano material los hechos pudieron ser de otras múltiples maneras y no necesariamente como lo describe el tribunal sentenciador en el segundo hecho probado. Honorables magistrados el único medio de prueba en que se fundamenta la sentencia condenatoria es la opinión del doctor Ramón Aníbal Maldonado Ortega que en su deposición lanzo una hipótesis: ver la segunda página del numeral segundo de la valoración de la prueba "dijo el perito que tenia que intervenir otra persona que agarrara los brazos del ofendido mientras la otra persona le apretaba el cuello." Si la actividad fue como la supone este medico... ¿Por qué había sangre en la escena del crimen? SEGUNDO: No se aplican correctamente las reglas de la sana crítica. Alega el recurrente que se sucede inobservancia de las reglas de la Sana Crítica como a continuación explico: En el numeral segundo de la valoración de la prueba, se hace la valoración de la pericia realizada por el doctor Ramón Aníbal Maldonado, se expone que el medico indico que la lesión que encontró se produjo: a.- Con una cuerda. b.- Con las manos o, c.- Con un objeto rígido en el cuello SON TRES HIPOTESIS el tribunal valora ambos dictámenes que no son concluyentes respecto al objeto que produce la lesión, simplemente porque no se ejecuto otro medio de la misma especie que lo contradijera, pero esos dictámenes parecen una adivinanza, aquí se violenta el principio lógico de CONTRADICCION pues el acto solo pudo ser de una manera, no podía ser de tres formas diferentes o fue una cuerda o fue un objeto rígido o fue con las manos, aquí se realiza en la valoración un razonamiento incorrecto. También se violenta LA LEY LOGICA DE CONTRADICCION, en el numeral cuarto de la valoración de la prueba, la sentencia indica que la Agente de Investigación Lilian Miranda Pineda se refirió a una declaración administrativa que le rindió M. R. C., los jueces indican que esta declaración CARECE DE VALOR PROBATORIO, ya que las únicas declaraciones que hacen prueba en juicio, son las rendidas ante Juez competente. Pero honorables magistrados resulta que en la misma sentencia en el párrafo segundo del numeral cuarto esta declaración se usa para ratificar que "M. entro por la puerta de enfrente, la cerro y luego hizo entrar a W. A. por la puerta de atrás", Luego entonces tiene valor probatorio o no tiene valor probatorio ... o es de una manera o es de la otra, si este testimonio no tiene valor probatorio no puede valorarse para condenar, además en toda la sentencia nadie mas expuso esta situación, de manera que el hecho probado número segundo se fundamento en una prueba que el tribunal sentenciador dice que no tiene valor probatorio porque viola el artículo 88 numeral tercero de la Constitución de la República. La violación a las leyes del pensamiento lógico es más que evidente en este caso. En el numeral octavo de la valoración de la prueba el tribunal le niega credibilidad a los testigos de la defensa T. M. M. y J. C. C. I., sin usar las reglas de la sana crítica, simplemente dice que no les cree porque le cree a la prueba de cargo, aquí se sucede la inobservancia de las reglas de la Sana Crítica sencillamente porque al negar el valor probatorio no se hace un razonamiento que este comprendido en el sistema de valoración, no es suficiente decir no le creo a este porque le creo a aquel, eso es arbitrario y precisamente las reglas de la Sana Crítica se instituyen como un sistema de valoración obligatorio, para evitar la arbitrariedad. En el numeral tercero de la valoración, literal C página vuelto, los Jueces dice que la RAZON SUFICIENTE les indica como fue realizada la acción, SIN EMBARGO La ley lógica de Razón suficiente se explica con el siguiente axioma, LAS COSAS SON COMO SON POR ALGUNA RAZON QUE LAS HACE SER ASI, con el debido respeto aquí no aplica este principio pues el mismo perito en que fundamentan su razonamiento no sabe como pudo sucederse la acción homicida, lanzo 3 hipótesis como ya lo hemos explicado, de manera que ese principio, no aplica en el presente caso. Con todo respeto aquí se trata de una inobservancia de las Reglas de la sana Crítica como lo son las leyes o Reglas de la Lógica, específicamente la regla de contradicción.- En opinión del casacionista, en la presente sentencia se niega credibilidad a la prueba de la defensa sin hacer valoración de la misma conforme a ley, lo cual implica la inobservancia de las reglas de la Sana Crítica. "La sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor esta integrada por el relato de hechos probados; La mayor por los fundamentos de derecho y la conclusión por el fallo" LUZON CUESTA, J.M. El Recurso de Casación penal, Edith. Colex, Madrid, 1993, Pág.46, 1. RECLAMO. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en el sentido de señalar en reclamo que se haya hecho para subsanar vicio procesal, señalo que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso”. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. G. N. R., DENUNCIANDO ERRÓNEA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 118 Y 32 DEL CÓDIGO PENAL; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro). Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación. El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes. B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. La Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. II. El Censor objeta la sentencia impugnada al ser del criterio que el artículo 118 del Código Penal señala como sujeto activo del delito de parricidio, a la persona que diere muerte a un ascendiente o descendiente, más en los hechos declarados probados no se determina quién de los dos acusados realizó la acción dar muerte, ya que sólo se indica que uno de ellos fue quien tomó del cuello al ofendido ejerciendo presión hasta darle muerte; arguye que al no haberse individualizado las acciones que cada uno de los acusados realizó, no es posible determinar quien de éstos fue el autor del delito y por ello no es posible aplicar el artículo 118 del Código Penal como precepto que gobierne la conducta del acusado M. R. C. V. III. Para dar respuesta al Censor es importante señalar los grados de intervención en el delito que señala nuestro Código Penal, en especial la coautoría, para después contrastarlo con lo referente a los delitos especiales propios e impropios: 1) Grados de Intervención en el Delito: Fernando Velásquez Velásquez[1] explica que el Concurso de Personas en el Hecho Punible estudia el grado de intervención en el delito, bajo la diferenciación de la autoría y participación; el autor señala que en la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva. En cambio en el tema de los Participes se estudia al Cómplice, al Cómplice Necesario y al inductor. Pero debemos tener claro que el legislador hondureño reguló la intervención en el delito de manera diferente al trato que le da la doctrina, estableciendo en el Código Penal que son participantes del delito los autores y los cómplices: i) Se consideran autores, según indica el artículo 32 del Código Penal: El Autor Inmediato o Material, la Co Autoría, Autoría Sucesiva, la Autoría Mediata por Fuerza en el Instrumento (No incluye la autoría mediata por error del Instrumento), el Inductor y el Cómplice Necesario y ii) Son Cómplices, conforme el artículo 33 del Código Penal del mismo cuerpo legal, los que, no siendo autores, cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior a éste o simultaneo con éste. El legislador de manera muy propia redacta el artículo 32 del Código Penal al advertir que se consideran autores los enumerados en la norma, es decir, les da esa categoría, ya que en estricto apego a la ciencia penal, el inductor y el cómplice necesario no son autores sino partícipes. 2) La Coautoría: La Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un dominio del hecho común, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. Son Requisitos para que se presente la coautoría: A) Acuerdo Común: Cada Coautor se compromete con los demás de realizar una tarea parcial en la realización del hecho, el acuerdo puede ser expreso o tácito: i) El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; ii) El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. B) Aporte Objetivo: El Coautor debe de aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito. 3) Casos de Exclusión de la Coautoría: No procede aplicar la teoría de la coautoría, en los casos siguientes: A) En los delitos culposos, pues en ellos el acuerdo en común está destinado para la comisión de un acto lícito ejecutado en violación al deber de cuidado; B) En los delitos de Especiales y de Propia Mano, ya que en estos casos solo será autor el intraneus, mientras que el extraneus deberá de ser considerado cómplice o cómplice necesario, según el caso y cuando corresponda: i) Delitos Especiales: Siguiendo la Doctrina sentada por Santiago Mir Puig[2], conforme a los sujetos activos, los delitos se dividen en Comunes, cuando pueden ser cometidos por cualquier persona y especiales cuando solo pueden ser cometidos por personas que tengan cualidades especiales. Los Delitos Especiales a su vez se dividen en Especiales Propios que son aquellos que solo es punible para el sujeto activo (intraneus) que reúne la cualidad exigida por la ley, sin que sea punible para los demás sujetos (extraneus) que hayan participado en ella y que no reúnan dicha cualidad (Ejem: Prevaricato, Violación de los Deberes de los Funcionarios, etc.); y Especiales Impropios que trata de aquellos delitos que tienen una correspondencia con un delito Común, de modo que el sujeto activo que reúna las cualidades especiales (intraneus), será autor de éste, mientras los demás partícipes que no reúnan dichas cualidades especiales (extraneus), serán responsable del delito común con el que tenga correspondencia; (Ejem: Malversación de Caudales Públicos con Hurto, Tortura con Lesiones, Infanticidio con Asesinato, etc.), a este trato diferenciado en la calificación del delito se le llama Pluralidad del Título de Imputación Penal[3]. ii) Delitos de Propia Mano: Los delitos de propia mano que son aquellos que describen una conducta delictiva apoyado en un verbo rector que requiere que el sujeto activo realice directamente, como por ejemplo: acceso carnal en el delito de violación, posesión de arma de fuego, etc. IV. El Recurso es de recibo parcialmente. Partiendo de los hechos probados, no existe duda que en fecha once de septiembre del año dos mil siete, alrededor de las tres de la tarde con treinta minutos, aconteció la muerte violenta del señor A. V., como producto de las acciones de los acusados M. R. C. V. Y W. A. H. S., quienes actuaron de común acuerdo, fundando el Censor su Recurso, no en cuestionar que los acusados no hayan cometido el delito, sino en la falta de individualización de las acciones de cada uno de ellos, lo que a su criterio imposibilita la aplicación del artículo 118 del Código Penal que contiene el delito de PARRICIDIO. Ciertamente, la peculiaridad del caso es que en relación al acusado M. R. C. V., se presenta un delito especial impropio como ser el PARRICIDIO, por ser nieto del ofendido, por ello, la Sala de lo Penal, no comparte el criterio del Tribunal de Sentencia de que en el presente caso exista una coautoría (F.355 v.), ya que conforme a lo explicado líneas atrás, ésta figura de participación no es observable en los delitos especiales y en los delitos de propia mano; para que la coautoría exista, cada uno de los sujetos activos deberá de reunir las mismas cualidades que exige el tipo para ser autor, de modo de que a todos se les pueda imputar el mismo delito en el cual están participando. En el caso examine, uno de los acusados tiene cualidades diferentes al otro y por tanto debe de aplicarse dos figuras delictivas distintas, como bien concluyó el Tribunal de Sentencia, pero invocando erróneamente la figura de participación de la coautoría en la fundamentación jurídica y aplicando la figura de autor material en los numerales Tercero y Cuarto de la Parte Resolutiva, lo que es en sí un contrasentido. Para definir la figura de participación correcta debemos partir de los hechos declarados probados, los que contemplan únicamente dos posibles formas de participación de los acusados: 1) Que el acusado M. C. haya sido quien ejerció fuerza en el cuello de su abuelo, estrangulándolo hasta provocar la muerte mientras que el acusado W. H. sujetaba los brazos del ofendido de modo de que éste no pudiese defenderse. En este supuesto, el acusado M. C. sería autor material del delito de PARRICIDIO (intraneus) y el acusado W. H. Cómplice necesario del delito de ASESINATO (extraneus), siguiendo la Teoría de Pluralidad del Título de Imputación explicada líneas atrás en los Delitos Especiales Impropios; y 2) Que el acusado W. H. haya ejercido fuerza con sus manos en el cuello del ofendido hasta matarle, mientras que el acusado M. C. haya sujetado los brazos de su abuelo para evitar que se defendiera. En este supuesto, el acusado W. H. sería autor material del delito de ASESINATO (extraneus), mientras que el acusado M. C. sería cómplice necesario del delito de PARRICIDIO (intraneus). La diferencia de participación, en cualquiera de las dos posibilidades relacionadas, para efectos punitivos, es meramente formal, el Artículo 32 del Código Penal da un tratamiento igualitario al autor material y al cómplice necesario, a los que considera en términos generales como Autores, entonces, si bien los hechos probados no puntualizan las acciones de los acusados en la ejecución del delito, lo cierto es que ambos dieron muerte al señor A. V. y por lo que tanto el acusado M. C. como el acusado W. H. responden como autores de los delitos imputados (parricidio y asesinato respectivamente), título de participación que deriva de la aplicación del artículo 32 del Código Penal que, insistimos, considera como autores tanto al cómplice necesario como al autor material, que son precisamente las dos posibles participaciones de los acusados, descritas anteriormente. Concluyendo: al ser el acusado M. R. C. V. autor de la muerte de su abuelo, el señor A. V., es procedente la aplicación del artículo 118 del Código Penal. V. Por lo anterior, procede declarar Con Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, solo en cuanto a la denominación del título de participación señalado en la parte resolutiva de la sentencia, el cual debe de ser autor en los términos que señala el artículo 32 del Código Penal, manteniéndose el resto de las disposiciones. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO J. G. N. R., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR M. R. C. V., DENUNCIANDO QUE LA SENTENCIA CARECE DE MOTIVACIONES FÁCTICAS Y LA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Censor inicia su Recurso señalando que la sentencia carece de motivaciones fácticas porque en la valoración de la prueba se aduce la existencia de tres indicios como base para señalar que los señores M. R. C. V. Y W. A. H., son responsables del delito acusado, sin que ninguno de esos indicios explique el motivo que éstos tuvieron para ejecutarlo. Señala el Censor que los tres indicios que acoge la sentencia son insuficientes y contrarestados por contraindicios que no fueron apreciados por los Juzgadores. Agrega el Censor, que además se han violentado las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de los medios de prueba por tres razones: 1) El Dictamen Pericial del Doctor RAMON ANÍBAL MALDONADO, señala que el mecanismo de muerte (estrangulamiento) pudo haberse utilizado como instrumento una cuerda, las manos o un objeto rígido, como si fuese una adivinanza, sin dar una respuesta concreta a los hechos, faltando al principio lógico de contradicción; 2) La declaración de la testigo L. M. P., a quien los Juzgadores valoraron negativamente, expresando concretamente que carece de valor probatorio, pero es mediante su valoración que los Juzgadores pueden concluir que el acusado M. C. entró por la puerta de enfrente y que el acusado W. H. entró por la puerta de atrás, ya que éste hecho no fue referido por nadie más que por la Testigo P., lo que riñe con el principio lógico de contradicción; 3) Los testigos de la defensa T. M. M. Y J. C. C. I., fueron valorados sin usar las reglas de la sana crítica, ya que los Juzgadores simplemente se limitaron a decir que no eran creíbles. III. Son dos los yerros que comete el Censor en el planteamiento de su recurso: 1) Faltando a lo preceptuado en el artículo 363, segundo párrafo del Código Procesal Penal, plantea dos motivos bajo un mismo título, perdiendo la oportunidad de explicar por separado cada uno de ellos comenzando por el precepto autorizante y las normas que se consideran infringidas, restando efectividad al Recurso por su falta de precisión; 2) Los argumentos desarrollados en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma son contradictorios, ya que por un lado el Censor reclama que la Sentencia carece de motivaciones fácticas, es decir, que los Juzgadores omitieron totalmente explicar el proceso de valoración de los medios de prueba, pero a continuación el Censor señala que precisamente en el proceso de valoración que hicieron los Juzgadores se han violentado las reglas de la sana crítica, planteando así motivos totalmente contradictorios y excluyentes entre sí. Por lo anterior, la Sala de lo Penal, si bien considera que no es oportuno rechazar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma a consecuencia de sus falencias, esto en estricto respeto al Principio de la Tutela Judicial Efectiva, si es pertinente delimitar el mismo, conociendo y resolviendo todo aquello que la mala técnica recursiva no haya afectado, lo cual es en lo referente a la violación de las reglas de la sana crítica, ya que en cuanto al argumento de carencia de motivaciones fácticas, como se ha señalado ya, es contradictorio con aquel y en definitiva su trasfondo no es reclamar la omisión total de motivaciones fácticas, sino cuestionar las conclusiones que alcanzaron los juzgadores, lo cual en esencia es igualmente lidiar con las reglas de la sana crítica aplicadas en la valoración de la prueba. IV. En alusión a la violación de las Reglas de la Sana Crítica, esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal, prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica. Es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010); de este modo “… las reglas de la sana critica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de Noviembre del 2001 del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i)El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. V. El Recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, tras analizar la valoración de los medios de prueba hecha por los Juzgadores aprecia que los razonamientos consignados en la sentencia obedecen a las reglas de la sana crítica, en especial al principio lógico de coherencia, llegando a conclusiones derivadas por las razones que suficientemente brindan el material probatorio, por lo que se manifiesta en desacuerdo con los argumentos del Censor: 1) Como bien señalan los Juzgadores y el Censor, no existe prueba directa en el presente caso y las conclusiones a que arriban los juzgadores respecto a la responsabilidad de los acusados es mediante prueba indiciaria. Es prueba Directa aquella que por sí misma y sin necesidad de inferencia, nos muestra un hecho que debe de ser valorado (positiva o negativamente), mientras que es prueba indirecta o indiciaria un hecho, el cual fuese desconocido sino por ser la conclusión necesaria a la que se tiene que llegar después de ser deducida lógicamente de un hecho(s) conocido(s) por conducto de un medio de prueba al cual se le ha dado plena credibilidad. Es pues, que la prueba indiciaria es un hecho antes desconocido (Conclusión), pero que se alcanza tras la inferencia (premisa menor) de un hecho conocido (premisa mayor); entre más sea el número de prueba indiciaria (Concurso de indicios), y especialmente que revista de necesaria (no contingente) e independiente (sin relación entre una y otra), mejor será para lograr pasar de la probabilidad a la certeza, es decir, a un estado de convencimiento pleno. Retornando al caso de examiné, la prueba indiciaria apreciada por los Juzgadores es necesaria e independiente: i) Los acusados fueron plenamente identificados por los testigos, no existe duda de que fueron los Señores M. R. C. V. Y W. A. H.: El Acusado M. C. fue visto el día de los hechos, tanto en las inmediaciones de la casa del ofendido aproximadamente a las dos de la tarde con treinta minutos (Testigo María Gómez f.295 v.), como dentro de la casa del ofendido antes del hecho (Testigos Gladis Martinez f.304 y Francisco Enamorado f.307), ambos acusados fueron vistos saliendo de la casa del ofendido (Testigo José Pérez f.305 y José Germán Pérez f.306), y conduciéndose juntos (Testigo Pablo Lara f.310), ubicándolos en el rango del tiempo en que aconteció la muerte del ofendido en el lugar de los hechos; ii) Los acusados tuvieron la oportunidad de realizar el delito, esto porque el acusado M. R. C., conocía la casa del ofendido y conocía el ofendido por ser su abuelo, lo que le permitió que ambos acusados se condujeran con mayor facilidad, además de contar con el tiempo necesario para realizar el mismo e incluso favorecidos por el clima, ya que ese día en horas de la tarde calló una tormenta (Testigo Gladis Martinez f. 304, José Pérez f.305, José Germán Pérez f.306 y Jose Martínez f.317) que a los oídos de los vecinos ahogo cualquier sonido extraño que pudiese provenir de la vivienda; iii) Los acusados en contraste con el ofendido, pudieron fácilmente someterlo y darle muerte, no solo por las condiciones físicas que la edad permite, sino por el número de atacantes en relación al ofendido, es pues, tenían la capacidad para cometer el delito; iv) El acusado M. R. C. había previamente concebido la idea de agredir al ofendido A. V., buscando para ello un asociado, a quien manifestó si intención (Testigo Clave “Ángel”: F. 294); y v) Los acusados no contraprobaron haber estado en un lugar distinto que la casa del acusado A. V.. En conclusión, los indicios que concurren tienen la fuerza para lograr el convencimiento de los Juzgadores de que los acusados son los responsables del delito por el cual fueron juzgados y condenados. 2) El Censor señala que se ha controvertido el principio de contradicción, puesto que en el Dictamen Pericial rendido Doctor R. A. M., se habla que el mecanismo de muerte pudo haber sido provocado por una cuerda, por un objeto rígido o por las manos, y que al no darse una posibilidad en concreto debe de ser desmerecido el medio de prueba, más olvida el Censor que el Medio de Prueba Pericial es aquel mediante el cual se llega a conocimiento de los Juzgadores la opinión de un profesional o una persona versada sobre un campo específico de la ciencia, arte u oficio, y que aquellos desconocen; lo importante a resaltar aquí es el hecho que se trata de una opinión que debe de ser valorada por los Juzgadores, por lo que el Censor estaría en lo cierto si tal ambivalencia fuese del Tribunal de Sentencia, más ello no fue así debido a que éste al considerar el medio de prueba en su conjunto determinó que el mecanismo de muerte fue por medio de asfixia producida por la aplicación de presión por las manos en el cuello del ofendido, esto debido a que mediante el Dictamen del Doctor R. A. M., se constató la existencia de estigmas ungueales en el cuello (F. 311), que corresponden a las marcas dejadas en la piel al vencerse su elasticidad a consecuencia de la fricción con las uñas, signos que no pueden ser dejados por una cuerda o por un objeto rígido. 3) Rechaza el Censor la valoración hecha por los Juzgadores de la declaración de la testigo L. M. P., por considerar que por una parte se indica que carece de valor pero por otra sirve para llegar a la conclusión de que el acusado W. H. entró por la puerta de atrás de la vivienda del ofendido el día de los hechos. La Sala de lo Penal dista del criterio del Censor, porque al analizar la valoración de este medio de prueba, contenida en el numeral cuarto de la Sección “Valoración de la Prueba” en la sentencia impugnada (F. 353 v y 354), aprecia que el Tribunal de Sentencia no manifiesta en este apartado (ni en otro de la sentencia) que haya sido a través de este medio de prueba la vía para llegar a tal conclusión. La Testigo L. M. P., es una Agente de Investigación, encargada del caso que se juzga, quien hizo diversas diligencias y compareció a juicio a dar cuenta de lo que conoció por haberse personado a la casa del ofendido, por decomisar una billetera y su contenido al acusado W. H., por haber decomisado en la casa de del acusado M. C. unas prendas de vestir que se encontraban en una pana con cloro y por haberle tomado la declaración administrativa a éste último, de todo lo cual el Tribunal de Sentencia valoró y concluyó solo en relación a los tres primeros aspectos, no así en cuanto al cuarto, el cual excluyó por considerarlo violatorio al artículo 88 de la Constitución de la República. 4) Finalmente reciente el Censor, la valoración hecha por los Juzgadores a las declaraciones de los señores T. M. M. Y J. C. C. I., señalando que en el proceso no se asomaron las reglas de la sana crítica. Estas valoraciones fueron hechas en los numerales 1) y 3) del apartado Octavo de la “Valoración de la Prueba” en la sentencia impugnada (F. 354 v.), determinando los Juzgadores que los testigos no merecían crédito dado que no tenían la contundencia de la prueba de cargo, así pues en el caso del Testigo J. T. M. M., éste señaló que se encontró con el acusado W. H. al medio día del once de septiembre y que caminó con él hasta el desvío de la casa del acusado, separándose hasta las doce y media, desconociendo que hizo después el acusado (F. 317 v), por lo que su declaración no hace descargo de la prueba testifical que ubican al acusado saliendo de la casa del ofendido cuatro horas después, además el Tribunal de Sentencia determinó que le resta credibilidad el no haber el testigo señalado el año en que ocurrió su relato, por lo que solo restaba la declaración del señor J. C. C. I., (F. 319 v.) la que por sí sola no podría aminorar el convencimiento pleno llegado por los Juzgadores con la prueba de cargo, el cual es un razonamiento válido conforme al principio lógico de razón suficiente. VI. Por lo anterior, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar PARCIALMENTE el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Abogado J. G. N. R., en consecuencia se modifica el numeral tercero y cuarto de la parte Resolutiva en la sentencia en el exclusivo sentido de tener al Acusado M. R. C. V., como autor del delito de PARRICIDIO y al acusado W. A. H. S., como autor del delito de ASESINATO, ambos en perjuicio del señor A. V., quedando subsistentes los demás pronunciamientos hechos en dichos numerales. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. G. N. R. MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.-MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.258=2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] Véase: Velásquez Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pag 614.
[2] Véase: Mir Puig, Santiago.- Derecho Penal Parte General, 8° Edición, Editorial B de F, Montevideo, Buenos Aires, 2009, Pag 227 a 229.
[3] Su antagónico es la Teoría de la Unidad del Título de la Imputación Penal, que señala que tanto el intraneus como el extraneus deben de ser castigados bajo una misma figura delictiva, la cual se definirá en atención a cuál de los dos realiza la conducta delictiva.- Teoría que no es compartida por la Sala de lo Penal.