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Sentencia CP-258-09 — Registro 3378

Resumen

Se condenó al imputado por el delito de robo agravado y se resolvió en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN I. DEL RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las, reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador tiene la obligación de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida en el proceso y con aplicación de las reglas de la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, que son las reglas que conforman a la sana critica. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, imputados al señor W. N. F., se desarrollaron, como prueba, las siguientes: las declaraciones de: O. V. A., Policía, Testigo Protegido "A-01", Testigo Protegido "A-02", N. Y. O. F., reclusa en CEFAS y cliente de mi defendido debido a que esta tiene una caseta en ese centro y mi representado era un Proveedor, K. J. G. M., esposa de mi cliente W. N. F. y A. F., padre del procesado; asimismo copia de Dictamen de Auditoría Interna de B. A., fotocopia de un informe de inventario de la compañía que brindaba seguridad a los bienes de la referida institución financiera, acta de registro del vehículo en el que se transportaba mi patrocinado al momento de su detención, acta de decomiso de una bolsa negra, hilo, dinero en efectivo y una viñeta del B. A. que supuestamente portaba el señor F. al ser detenido porque esta supuesta Evidencia nunca fue vista ni puesta a la orden ni del juzgado en la etapa preparatoria ni en el Tribunal de Sentencia para el Juicio Oral y Público, constancia de propiedad del vehículo referido el cual es propiedad de la esposa de mi poderdante, diligencia de Reconocimiento en Rueda en la cual el Testigo Protegido "A-01" identifica al referido procesado (manifestando que lo había visto en los periódicos y en la noticias ver acta audiencia Inicial ver página 6 renglón 20 y 21, el día del juicio Oral no reconoció a mi representado W. N. F.) la declaración del Testigo Protegido clave "A-02" quien no reconoce a ninguno de los Imputados, además constancia de la Directora de CEFAS con la que se acreditó que a la Hora que estaba ocurriendo el robo mi representado se encontraba en otro lugar pues este estaba en CEFAS entregando unos víveres, dos constancias extendidas por dos internas del CEFAS, a quienes ese día como a las cuatro y media mi representado les entregó unos víveres y otras mercaderías que les habían encargado y una serie de documentos que determina que mi representado efectivamente ese día entregó productos a las Internas de CEFAS, dos giros bancarios del 30 de Junio y 04 de Julio de 2006 por la cantidad de diez mil Lempiras cada uno con lo que se acredita que mi representado es Comerciante y la procedencia de los ocho mil ochocientos catorce Lempiras que le decomisa la policía y los cuales tampoco fueron puestos nunca ni a la vista del juez encargado de la Audiencia Inicial y tampoco fueron puestos a la Orden del Tribunal por lo que se Ignora su Existencia, también una diligencia de inspección judicial en el libro de novedades de CEFAS con lo que se acredita que el Señor W. N. F. se encontraba el día de los Hechos en CEFAS, también se presentó dos copias autenticadas de los dos Libros de Novedades en donde se Registran las Entradas y Salidas de todas las personas que Ingresan o egresan a CEFAS, los Cuales son dos y se Encuentran el primero en la entrada al centro y el segundo en la Entrada a las celdas. De la valoración realizada por el Tribunal Sentenciador, a los mencionados medios probatorios, no sé cómo el Tribunal pudo colegir y concluir la concurrencia de responsabilidad Penal de mi defendido si de la prueba evacuada lo que se puede concluir lo siguiente: 1. Que el señor W. N. F. reúne la características que los empleados de B. A. dieron en el momento de que los Policías atendieron la denuncia de la comisión del delito enjuiciado, entre ellas el empleo de un vehículo Toyota, modelo Camry (si bien es cierto a mi representado se le encontró un Vehículo de la misma marca el de mi representado es gris y los que participaron eran rojos) lo anterior entre paréntesis y negrilla es nuestro. 2. Que al momento de la detención del señor W. N. F. se transportaba en un vehículo Toyota, modelo Camry, que dentro de dicho vehículo se encontró la cantidad de Lps.8,887.00 (los cuales en ninguna etapa del Proceso Fueron puestas ni a la vista siquiera mucho menos a la orden de los Tribunales) y una viñeta del B. A. sucursal bancaria del que se había desapoderado del dinero objeto del delito en la que supuestamente se lee: "pagado cajero 185 en fecha 04 de Julio de 2006, (la cual en ninguna etapa del Proceso fue puesta ni a la vista siquiera mucho menos a la orden de los Tribunales solo se presentó un acta de Decomiso pero la Supuesta evidencia no existe pues nunca la mostraron) lo anterior entre paréntesis y negrilla es nuestro. 3. Que uno de los testigos reconoce al señor F. como uno de los partícipes del delito que habían denunciado (lo cual es un acto viciado pues este testigo declaró haberlo visto en los periódicos y en las noticias y en unas Fotos en la D.G.I.C y en el debate de juicio oral no lo reconoce) lo anterior entre paréntesis y negrilla es nuestro. Procuraremos hacer una breve reseña sobre cada una de las pruebas que, en apariencia sostiene la decisión judicial: el testigo O. V. A., quien es Policía, ha sostenido que el día de los hechos él se encontraba en la Posta Policial de La Granja, cuando se recibió una llamada que se había asaltado una de las sucursales del B. A. (dentro de las instalaciones de la Pepsi), por lo que se trasladaron al lugar y se entrevistaron con los empleados, quienes dieron algunas descripciones de las características de los agresores y de los vehículos en el que se transportaban, con dichas características realizan una búsqueda en las cercanías del lugar sin ningún éxito, refiere que posteriormente reciben una información sobre un vehículo abandonado, con las características similares a las señaladas por los empleados misma marca pero color rojo, la persona que había dado aviso del abandonó señaló quien era la persona que había dejado el vehículo abandonado y la dirección de ésta, hasta donde se trasladaron y realizaron la detención de mi patrocinado. Al respecto de esta declaración se presentan varias inconsistencias que imposibilitan a este medio probatorio como idóneo para servir de fundamento al razonamiento que motive un fallo judicial, véase que todo el éxito de la operación policial (por lo menos en la realización de detenciones), según lo refiere el testigo, descansa en la información que brindó una persona, cuya declaración no fue allegado a la prueba del presente proceso y que en realidad no se sabe su existencia; sin la aparición de esa persona en la narración del policía no se entendería como se logra dar con el señor F., más que por la justificación de satisfacer algunas características de las brindadas por los empleados de la institución ofendida pero con un vehículo de Diferente color (W. lo detienen a las diez de la noche y no a las cinco y quince de la madrugada como lo estableció este señor en las actas de derechos y de decomiso de evidencias, motivo por el cual en el juicio oral nunca quiso dar la hora de las detenciones, porque sabía que el tribunal no le iba a creer lo establecido en la documentación hecha por este" policía" quien en la inicial dijo haber detenido a siete personas y decomisar tres vehículos en cuatro lugares Diferentes de la ciudad a las 5:15 a.m. del día cinco de julio del dos mil seis ver actas) lo anterior entre paréntesis y negrilla es nuestro. Si bien pareciese que la declaración tiene algún grado de logicidad, lo cierto es que no y se apoya en la existencia de ese personaje “informante” que proporciona la información de un vehículo abandonado y luego, al acompañarlos, casualmente se tropiezan con mi defendido, en otro vehículo de otro color, procedamos entonces a revisar esas supuestas manifestaciones del informante, primero decide hacer una denuncia sobre un vehículo abandonado (color rojo que nunca fue puesto a la orden del Juzgado ni siquiera sabemos si fue decomisado) cuando él sabe, según se refiere en la declaración referencial del policía O. V. A., quien es la persona que ha dejado el vehículo, sumado a esto no había pasado mucho tiempo, considerando que el hecho delictivo y las detenciones suceden el mismo día, entonces ¿Cómo lo supuso abandonado si él conocía al que lo había estacionado y no había pasado tanto tiempo?, en este sentido las máximas de la experiencia nos informan que si hay un Vehículo abandonado, por qué detener a una persona por conducir uno de la misma marca al que se sindica como participante si el color no coincide. Creer que un vehículo por ser de la misma marca al que está abandonado bajo aquellas circunstancias, constituye una infracción a las máximas de la experiencia, como lo hemos expuesto, pero también una vulneración a la Ley de Razón Suficiente, que integra las reglas de la sana crítica, dado que es a un vehiculó no se le puede cambiar al color en unas horas no tiene una razón de ser es, mediante la valoración de credibilidad que se le brinda a la declaración de O. V. A., constituye vicio en el razonamiento judicial que se manifiesta en una infracción a las reglas de la sana crítica aparte de esto que el vehículo abandonado no tiene nada que ver con el de mi representado pues a mi representado lo detienen en otro vehículo de otro color. Por otro lado, el hecho de que casualmente se hayan encontrado con el responsable es una probabilidad tan ínfima que se debe de descartar como un suceso real y no es que no pueda suceder, sino que es muy improbable, por lo que pareciese que simplemente se decidió por la detención de mi cliente ante el simple hecho de reunir algunas características del agresor y portar una cantidad de dinero y supuestamente una viñeta del Banco ofendido, por que en los dos años que trabajé en esta causa desde la declaración de Imputado hasta el día de hoy sigo exigiendo se me ponga a la vista la supuesta viñeta de B. A. dicho de otra manera, se forzó una conclusión sin evidencia alguna pues solo se presentaron unas actas Hechos por el policía V. A., con lo que no se acredita siquiera la mas mínima sospecha mucho mes enervar a presunción o Estado de Inocente que le asiste a mi representado, pero que una vez analizadas las mismas con objetividad y de acuerdo a las reglas de la sana crítica y no con ojo de la santa inquisición con el que ha sido tratado mi representado por este Tribunal, no solo se elimina la sospecha, sino que ha logrado generar información suficiente para concluir con certeza que mi cliente es inocente. Que el Tribunal de Sentencia haya adoptado esa conclusión de que es inocente en cuanto a uno de los Imputados D. I. G. C., defendido por la Defensa Pública, quien al igual que mi representado fue reconocido por uno de los testigos en el reconocimiento en rueda como prueba anticipada y a quien también según las actas de Decomiso se le encontró una de las Supuestas viñetas de B. A., también implica una violación al Principio de Razón Suficiente e igualdad de las partes pues en el juicio oral nadie identifica a W. F. al igual que nadie identificó al Joven que el Tribunal Sorpresivamente absolvió, digo esto no por dudar de la Inocencia del que absolvieron sino porque este estaba en las mismas circunstancias y con las mismas pruebas en contra que W. N. F., porque condenar a mi representado quien acreditó haber recibido veinte mil Lempiras en las setenta y dos horas a su detención con lo que justificada la presencia en el vehículo del dinero que le decomisan que sería el uno por ciento del monto Robado a B. A., ¿Cómo se puede concluir que aquel dinero y encontrada en el vehículo que conducía mi defendido eran producto del delito que se investiga, cuando se ha acreditado que el mismo es producto de unos giros que éste había recibido? Eso no se puede concluir. En síntesis, la valoración realizada por el sentenciador a la declaración de O. V. A., de donde se ha extraído uno de los cimientos de la conclusión judicial de que el señor F. fue una de las personas que participó en la realización del delito que se enjuicia, constituye una conclusión equívoca, en tanto que la información de aquella prueba no tiene las condiciones de idoneidad, en lo referente a su percepción, en tanto que los dichos del policía se basan en referencia (dichos del informante que nunca se probó su existencia) que sufren deficiencias en la veracidad, dado que esas manifestaciones del "informante" se muestran como un discurso que transgrede las máximas de la experiencia, en el sentido que ya lo hemos expuesto. Por otro lado parece que esta prueba (declaración de O. V. A.), a pesar de su grave deficiencia, encuentra algún soporte en el hallazgo que se le hiciese a mi cliente de una cantidad de dinero y la supuesta viñeta que hemos referido en el interior del vehículo que transportaba y el supuesto reconocimiento que de él hiciese uno de los empleados de la institución ofendida, pero estas pruebas también sufren de deficiencias que dan justificación al grave error que se ha cometido en contra del encartado, como se ha adelantado pues el único que dijo reconocerlo en la Inicial en el Juicio no lo reconoció y dijo en audiencia Inicial que lo miro en los medios lo cual entraña un vicio grave de Nulidad. A ese respecto en menester analizar la práctica de la diligencia de reconocimiento en rueda en la cual se ha señalado a mi poderdante como partícipe de la acción delictiva sometida a proceso. El reconocimiento en rueda es una diligencia que tiene como objetivo la verificación de la identidad de determinadas personas (sospechosas de la comisión de un hecho ilícito), pero su realización debe de responder a un meticuloso procedimiento que permita garantizar la certeza de la verificación y para ese efecto se amerita la observancia de varias formalidades que disminuyan la posibilidad de errores. En ese sentido nuestro Código Procesal Penal exige, en su artículo 253 numeral segundo, que el reconocimiento se practique colocando a la persona que haya de reconocerse junto a otras personas que físicamente se le parezcan lo cual no ocurrió. El espíritu de esta disposición legal se orienta en dos sentidos, primero, a evitar que la persona que realice el reconocimiento pueda ser inducida a señalar a una persona específica, segundo, darle mayor confiabilidad a la diligencia probatoria, ya que si el agente es reconocido entre varios con similares características se garantiza la fiabilidad del reconocimiento. En el presente caso el Testigo Protegido "A-01", quien fue el único que reconoció al señor Fonseca, sostuvo en la declaración brindada en audiencia inicial, la cual fue introducida debidamente al universo probatorio producido en el debate, haber visto a mi representado en los medios de comunicación escritos, donde se reportó el robo y la detención del supuesto responsable exhibiendo una fotografía de los procesados. Si bien en la audiencia de debate el Testigo Protegido "A-01" pretendió negar haber visto a mi defendido en los medios escritos, lo cierto es que al ser confrontado con su declaración brindada en audiencia inicial, se limitó a señalar que no podría recordar con exactitud lo que había dicho en esta audiencia, es decir, nunca negó haberlo visto en los periódicos. Siendo que la declaración otorgada en la audiencia inicial es la más cercana en tiempo a los acontecimientos que el testigo narraba, se entiende que dicha deposición debe tener mayor credibilidad, en tanto que a menor tiempo más fidelidad en los recuerdos, por lo que lo correcto era estimar que el testigo había visto al procesado en los diarios; el Tribunal Juzgador, al no abordar a esta conclusión, de nuevo incurre en la violación a las reglas de la sana critica, específicamente la ley de tercero excluido ya que si vio a mi defendido en los medios no puede ser cierto que no lo haya visto o más textualmente dicho "no volvieron a saber nada del asunto" tal y como lo estimó el sentenciador. El reconocimiento entra en precario cuando la persona que va a realizarlo ha sido sometido a algún mecanismo de condicionamiento, inducción o influencia que predisponga o sugiera la respuesta estuvieron según la declaración de la testigo Protegido A-02 en las oficinas de la D.G.I.C viendo álbumes Fotográficos pero esta última dijo que no pudo reconocer a ninguno. Recordemos que en el presente asunto el testigo reconocedor se vio sometido a un medio de comunicación escrito y a los agentes que le mostraron antes de la audiencia un Álbum que exponía a mi cliente como el responsable del asalto en el cual él había sido sometido (de alguna manera humillado y por ende con deseos de hacer pagar a alguien pues según este fue golpeado) indudablemente esta exposición constituye un mecanismo de condicionamiento que lo predispuso a concluir que aquella persona que veía era la responsable, máxime cuando ésta reúne algunas características de sus verdaderos agresores, pero el color de la piel es diferente pues mi representado es de tez blanca y ninguno menciona a una persona de ese color pero como en el reconocimiento se hace atreves de un vidrio polarizado en negro situación que inexorablemente condicionó la respuesta en el reconocimiento pero en el Juicio cuando lo tubo a la vista ya sin un vidrio polarizado en negro no lo reconoce en ningún momento. Se vuelve indiscutible entonces que el sentenciador ha incurrido, en este aspecto, en un irrespeto a las reglas de la sana crítica, específicamente a la ley de razón suficiente, en cuanto que no logra extraer de la valoración del reconocimiento la única conclusión valida: que el testigo Protegido "A-01" fue condicionado en su respuesta, desde que observa al imputado en los medios sin haber estado junto a otras personas y con el rótulo de responsable que le daba la nota periodística y que por lo mismo no podía tenerse el reconocimiento como medio de sustento de una resolución condenatoria. En lo que respecta a la portación de una viñeta del B. A., la misma por si no logra generar una certeza que pueda configurar el escenario procesal para condenar a mi cliente. Cualquier puede haber tenido una viñeta de ese tipo, no es nada raro que una persona que retire dinero de un banco se le entregue una viñeta de ese tipo para efectos de ordenar su dinero, sostener, por parte del Juzgador, que dichas viñetas son de uso exclusivo del banco, configuran una trasgresión a la máxima de la experiencia que ya hemos expuesto, pero lo más importante que aún y cuando se le exigió al Ministerio Público que presentara la viñeta este nunca la presentó solo presento un Acta de decomiso únicamente (Ha parte de esto cualquiera que usa un banco puede tener una viñeta de ese tipo además que mi representado ese mismo día recibió diez mil lempiras a las once treinta de la mañana en el B. A. Santa Fe y nunca pudimos ver la dichosa viñeta para ver a qué agencia pertenecía y a qué cajero ). Y esto es más crítica aún cuando se ha logrado acreditar que el señor W. N. F. que cuatro días antes y el mismo día de los hechos había recibido un giro bancario cada día referido, por diez mil Lempiras cada uno, lo cual se confirmó con los giros, y la declaraciones de K. J. G. que es la esposa de mi representado y la persona quien recibió los giros enviados por el señor A. F., padre de mi representado y quien ratificó el envío de dichos giros como apoyo a su hijo para la actividad comercial que este estaba realizando en CEFAS, pero a pesar de ello el Tribunal no es capaz de extraer la información de aquellos documentos y declaraciones infringiendo así la Ley de la Derivación, que informa a la sana crítica y por el contrario, concluye de manera errada, como se ha indicado, que mi cliente es responsable del delito que se le enjuicia, cuando la prueba que pretende utilizar es inútil para dar un fallo de Culpabilidad. La afirmación del Tribunal de que la referida crisis económica que vivía el imputado, según quiso entender que refirió el padre de mi representado es una mala percepción pues don Apolonio refirió haberle enviado los giros para que este se ayudara pues antes estaba trabajando con la suegra y siendo que iba a trabajar solo de proveedor en CEFAS como padre decidió apoyarlo en este negocio, pero el Tribunal lo quiso entender como un indicio de necesidad y en el juicio oral no se exige de Indicio se exige plena prueba, y que además argumenta el Tribunal en la resolución impugnada en este acto como es posible que la viñeta que se encontró en el vehículo dijese cincuenta mil lempiras cuando solo recibió diez de dónde saca ese dato de cincuenta mil Lempiras este Tribunal si nunca nos pusieron a la vista ninguna de las tres supuestas viñetas que supuestamente y sorprendentemente le encontró O. V. a los tres Imputados, aparte de esto estas afirmaciones no tienen una razón de ser, la crisis que vive una persona no necesariamente lo llevará a delinquir, porque no se aprecia al contrario, ante la crisis busca apoyo financiero para seguir ejerciendo su labor y se fue para CEFAS a entregar el Producto que le solicitaron; en cuanto a la viñeta, ¿y Quién de las tres juezas tuvo a la vista las tres viñetas de cincuenta mil Lempiras cada una que le decomisaron a cada uno de los Imputados? Este razonamiento es Estúpido y no se deriva de ninguna prueba más que una burda acta de Decomiso que no debió de dársele ningún valor probatorio, por lo que vulnera los principios de idoneidad, inmediación, derivación, contradicción, Razón Suficiente y otras reglas más de la sana crítica. Otro aspecto importante, que deja de manifiesto la inconsistencia del razonamiento con el que se valoró la prueba, lo constituye el hecho de que el vehículo que había participado en el delito, era un camry color rojo, según las declaraciones que se brindaron en la Audiencia Inicial; siendo que el vehículo que utilizaba mi cliente es gris ¿Por qué lo detienen?; lo más grave es que, habiéndose hecho manifiesta esta contradicción en el debate, el Tribunal Sentenciador de donde p…..saca que el vehiculó era gris o si todos los testigos siempre dijeron que era rojo, aún y cuando el policía V. quien en el Juicio se portó grosero, petulante y al parecer con un padecimiento de amnesia este dijo también que el carro era rojo y que lo encontró abandonado. La conclusión del Tribunal, que desatiende por completo la existencia de la contradicción, constituye una vulneración a las reglas de la sana crítica, ya que también se vulnera el Principio de Razón Suficiente. Por otro lado es importante destacar que se logró confirmar que mi cliente es una persona que ejerce el comercio y que ese día de los hechos en el encontraba entregando una mercadería en las instalaciones de CEFAS, para tal efecto se allegó al proceso constancias emitidas por la directora y dos internas de CEFAS quienes sostiene que ese día, a la hora que se realizaba el hecho mi patrocinado entregaba mercadería en aquel lugar el cual queda a treinta y siete Kilómetros de esta ciudad, a pesar de ello el Tribunal no logró extraer la información que esas pruebas le brindaban y así infringió el Principio de Derivación que informa las reglas de la sana crítica. Pero con el Imputado D. I. G. C. si logra extraer la información y lo absuelve. La aseveración del Tribunal de que la Directora consignó en actas circunstancias que no le constan personalmente y que por esa razón no se valora, debemos de indicar que toda institución pública, como lo es CEFAS, tiene una organización que permite dar credibilidad a su trabajo, en ese sentido el libro de novedades se constituye como un mecanismo de memoria de la labor, y el mismo es efectivo sin importar quien lo recolecte y cualquiera puede dar fe de su contenido con solo su existencia, no darle fe por sospecha sería especulación, y la justicia penal no se dicta por especulaciones, y en el presente caso no se encuentra acreditado nada que pueda poner en tela de duda la legitimidad del contenido del libro de novedades, por lo que el razonamiento del Tribunal constituye una violación a la Ley de Razón Suficiente, sería como decirle a los tribunales de Sentencia que no pueden dar fe del contenido de una causa solo porque la diligencia la realizó el Juez de Letras. Al examinar el conjunto probatorio del presente caso se puede determinar que el mismo es ineficiente para sostener una condena, esa ineficiencia hace desaparecer toda la prueba que fundamente el fallo e impone la absolución de mi cliente, tal y como sucedió con el otro Imputado por qué a igual Condición igual Situación circunstancia o resultado, ya que por lo menos lo que evidencia esa prueba es la existencia de una duda razonable, que como tal operó a favor del otro Imputado también debe de aperar a favor de mi representado al igual impone su absolución. Para concluir, las circunstancias que se suponen justifican la condena no subsisten a un examen de lógica y a una apreciación conjunta de la prueba, por lo anterior nos atrevemos a sostener que toda esta actividad probatoria no fue debidamente valorada, porque de haber sido así se hubiese absuelto a mi cliente, W. N. F. por el delito de Robo Agravado, el sentenciador, al no lograr extraer esta información de esas pruebas, incurrió en una infracción a las Reglas de la Sana Crítica. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala de lo Penal considera que habrá vulneración al Derecho de Presunción de Inocencia, cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado[1]. En ese orden de ideas el reclamante debió especificar de manera puntual, en cuál de estos supuestos ubicaba la violación a la Garantía Constitucional del Estado de Inocencia que alega, no basta con que denuncie la infracción, sino que debe desarrollar y ubicar a esta Sala, de qué manera y a través de que inobservancias, el Tribunal Aquo incurrió en tan grave violación, el solo denunciar las supuestas trasgresiones vuelve el recurso incompleto e imposibilita su debido pronunciamiento. En el caso subjudice, el acervo probatorio que sirvió de cimiento a la sentencia condenatoria dictada contra ambos acusados, cumplió con los parámetros suficientes y válidos para enervar el Estado de Inocencia. Para el caso las pruebas evacuadas en juicio y de donde se desprendió la culpabilidad de los señores W. N. F. Y J. E. M. C. son: el Testigo O. V. A. Policía Preventivo y quien dió captura a los hechores, Testigo Protegido A-01, Testigo Protegido A-02, estos últimos empleados de la agencia bancaria asaltada y quienes observaron por sus propios sentidos lo ocurrido el día de los hechos e identificaron a los asaltantes, Actas de reconocimiento de los testigos A-01 y A-02, mediante la cual reconocen a los acusados como las personas que ingresaron a robar la agencia bancaria, Actas de Registro Personal de los imputados y Actas de decomiso, donde se establece que se les encontró viñetas utilizadas por la agencia bancaria para ordenar los billetes de diferentes denominaciones. Ninguna de estas pruebas fue obtenida en violación de otros derechos fundamentales, todo lo contrario fueron consideradas legitimas, ya que ninguna de las partes alegó otra condición en juicio; se observa además que fueron ampliamente motivadas y relacionadas unas con otras, de forma tal que permite deducir que el raciocinio de los Juzgadores fue adecuado por ser lógico y/o razonable en sus conclusiones. En ese orden de ideas, consideramos que no existe tal vulneración al artículo 89 Constitucional, todo lo contrario se respetaron en todo momento los derechos y garantías que ahí se establecen, por lo que debemos declarar sin lugar este motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional. VIII.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL ACUSADO WILMER NAHUN FONSECA, ALEGANDO FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 60 DE NUESTRA CARTA MAGNA. El impetrante invoca la falta de aplicación del artículo 60 de nuestra Constitución de la República que instituye el Derecho a la Igualdad de las Personas ante la Ley y la Justicia, instituyendo como Precepto Autorizante el artículo 13 del Código Procesal Penal. Al desarrollar el recurso, el sensor explica que según nuestra Carta Magna, todos los hondureños son iguales ante la ley, por su parte el Código Procesal Penal, igualmente establece la Igualdad de los intervinientes, entendiéndose entonces que el Estado reconoce dichas garantías. En el presente caso –según el recurrente- las pruebas no poseen la calidad que se amerita para enervar el Estado de Inocencia, pues con esas mismas pruebas se condenó al señor W. F. pero se absolvió de toda responsabilidad al otro acusado. Esta Sala de lo Penal comparte el criterio, que el Principio de Igualdad ante la Ley, ha sido siempre uno de los postulados básicos del constitucionalismo. Para que haya vulneración de este principio, no basta un trato distinto, sino que es imprescindible que éste sea arbitrario o injustificado. El aspecto clave de la igualdad en el contenido de la norma estriba en determinar qué criterios de diferenciación normativa son legítimos y cuales, en cambio, resultan ilegítimos. Para que una diferenciación normativa pueda reputarse legítima, el canon exigido por la jurisprudencia constitucional es que se “objetiva y razonable” y paralelamente, una diferenciación normativa es arbitraria o injustificada cuando es irrazonable. Este principio postula además el equilibrio o paridad de oportunidades procesales entre todas las partes que intervinieron en el proceso, sin que ninguna de ellas disponga de más o mejores armas de ataque o defensa que las otras[2]. En el presente caso, no observa este Supremo Tribunal, que se haya vulnerado el Principio de Igualdad alegado por el reclamante, por el simple hecho que las mismas pruebas que sirvieron para condenar a unos imputados, sirvieron para absolver a otros; y ello responde que en el caso del imputado W. N. F., se presentaron suficientes pruebas que enervaron su Estado de Inocencia y que por ende el dictado de una Sentencia Condenatoria resultaba apropiado según su condición jurídica. Al analizar la carga probatoria del otro acusado, señor D. I. G. C., vemos que ninguna prueba le incriminó directa ni indirectamente en el asalto a la agencia de B. A., por lo que al no lograr el ente acusador, enervar su Estado de Inocencia, el Tribunal Sentenciador procedió de forma correcta a dictar una Sentencia Absolutoria a su favor. En cambio las pruebas presentadas contra el señor W. N. F., como la declaración del testigo protegidos A-01 y su respectiva acta de reconocimiento, mediante la cual lo identifica como uno de los asaltantes, más el acta de decomiso, en donde se le encuentran viñetas utilizadas por el B. A. para clasificar los billetes por denominaciones, mismas que se le encontró en una bolsa en el interior del vehículo en el que se transportaba; hacen que todas estas pruebas confirmen su participación en los hechos y por ende que se quebrante su Estado de Inocencia que constitucionalmente le asiste. No puede pretender el sensor, encasillar la decisión del Tribunal de absolver al otro ciudadano, como violatorio al Derecho a la igualdad, porque no es el alcance que se espera de ese Derecho Constitucional, sino que como lo explicamos al inicio de nuestra exposición, implica que las personas sean tratadas de forma igualitaria, con las mismas oportunidades, y en iguales condiciones de defensa, de petición etc., sin discriminación de ningún tipo, escenarios que se respetaron a lo largo del presente juicio, por lo que debemos declarar sin lugar este motivo de casación por infracción de Precepto Constitucional a favor el acusado W. N. F..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala de lo Penal considera que habrá vulneración al Derecho de Presunción de Inocencia, cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado[1]. En ese orden de ideas el reclamante debió especificar de manera puntual, en cuál de estos supuestos ubicaba la violación a la Garantía Constitucional del Estado de Inocencia que alega, no basta con que denuncie la infracción, sino que debe desarrollar y ubicar a esta Sala, de qué manera y a través de que inobservancias, el Tribunal Aquo incurrió en tan grave violación, el solo denunciar las supuestas trasgresiones vuelve el recurso incompleto e imposibilita su debido pronunciamiento. En el caso subjudice, el acervo probatorio que sirvió de cimiento a la sentencia condenatoria dictada contra ambos acusados, cumplió con los parámetros suficientes y válidos para enervar el Estado de Inocencia. Para el caso las pruebas evacuadas en juicio y de donde se desprendió la culpabilidad de los señores W. N. F. Y J. E. M. C. son: el Testigo O. V. A. Policía Preventivo y quien dió captura a los hechores, Testigo Protegido A-01, Testigo Protegido A-02, estos últimos empleados de la agencia bancaria asaltada y quienes observaron por sus propios sentidos lo ocurrido el día de los hechos e identificaron a los asaltantes, Actas de reconocimiento de los testigos A-01 y A-02, mediante la cual reconocen a los acusados como las personas que ingresaron a robar la agencia bancaria, Actas de Registro Personal de los imputados y Actas de decomiso, donde se establece que se les encontró viñetas utilizadas por la agencia bancaria para ordenar los billetes de diferentes denominaciones. Ninguna de estas pruebas fue obtenida en violación de otros derechos fundamentales, todo lo contrario fueron consideradas legitimas, ya que ninguna de las partes alegó otra condición en juicio; se observa además que fueron ampliamente motivadas y relacionadas unas con otras, de forma tal que permite deducir que el raciocinio de los Juzgadores fue adecuado por ser lógico y/o razonable en sus conclusiones. En ese orden de ideas, consideramos que no existe tal vulneración al artículo 89 Constitucional, todo lo contrario se respetaron en todo momento los derechos y garantías que ahí se establecen, por lo que debemos declarar sin lugar este motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional. VIII.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL ACUSADO WILMER NAHUN FONSECA, ALEGANDO FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 60 DE NUESTRA CARTA MAGNA. El impetrante invoca la falta de aplicación del artículo 60 de nuestra Constitución de la República que instituye el Derecho a la Igualdad de las Personas ante la Ley y la Justicia, instituyendo como Precepto Autorizante el artículo 13 del Código Procesal Penal. Al desarrollar el recurso, el sensor explica que según nuestra Carta Magna, todos los hondureños son iguales ante la ley, por su parte el Código Procesal Penal, igualmente establece la Igualdad de los intervinientes, entendiéndose entonces que el Estado reconoce dichas garantías. En el presente caso –según el recurrente- las pruebas no poseen la calidad que se amerita para enervar el Estado de Inocencia, pues con esas mismas pruebas se condenó al señor W. F. pero se absolvió de toda responsabilidad al otro acusado. Esta Sala de lo Penal comparte el criterio, que el Principio de Igualdad ante la Ley, ha sido siempre uno de los postulados básicos del constitucionalismo. Para que haya vulneración de este principio, no basta un trato distinto, sino que es imprescindible que éste sea arbitrario o injustificado. El aspecto clave de la igualdad en el contenido de la norma estriba en determinar qué criterios de diferenciación normativa son legítimos y cuales, en cambio, resultan ilegítimos. Para que una diferenciación normativa pueda reputarse legítima, el canon exigido por la jurisprudencia constitucional es que se “objetiva y razonable” y paralelamente, una diferenciación normativa es arbitraria o injustificada cuando es irrazonable. Este principio postula además el equilibrio o paridad de oportunidades procesales entre todas las partes que intervinieron en el proceso, sin que ninguna de ellas disponga de más o mejores armas de ataque o defensa que las otras[2]. En el presente caso, no observa este Supremo Tribunal, que se haya vulnerado el Principio de Igualdad alegado por el reclamante, por el simple hecho que las mismas pruebas que sirvieron para condenar a unos imputados, sirvieron para absolver a otros; y ello responde que en el caso del imputado W. N. F., se presentaron suficientes pruebas que enervaron su Estado de Inocencia y que por ende el dictado de una Sentencia Condenatoria resultaba apropiado según su condición jurídica. Al analizar la carga probatoria del otro acusado, señor D. I. G. C., vemos que ninguna prueba le incriminó directa ni indirectamente en el asalto a la agencia de B. A., por lo que al no lograr el ente acusador, enervar su Estado de Inocencia, el Tribunal Sentenciador procedió de forma correcta a dictar una Sentencia Absolutoria a su favor. En cambio las pruebas presentadas contra el señor W. N. F., como la declaración del testigo protegidos A-01 y su respectiva acta de reconocimiento, mediante la cual lo identifica como uno de los asaltantes, más el acta de decomiso, en donde se le encuentran viñetas utilizadas por el B. A. para clasificar los billetes por denominaciones, mismas que se le encontró en una bolsa en el interior del vehículo en el que se transportaba; hacen que todas estas pruebas confirmen su participación en los hechos y por ende que se quebrante su Estado de Inocencia que constitucionalmente le asiste. No puede pretender el sensor, encasillar la decisión del Tribunal de absolver al otro ciudadano, como violatorio al Derecho a la igualdad, porque no es el alcance que se espera de ese Derecho Constitucional, sino que como lo explicamos al inicio de nuestra exposición, implica que las personas sean tratadas de forma igualitaria, con las mismas oportunidades, y en iguales condiciones de defensa, de petición etc., sin discriminación de ningún tipo, escenarios que se respetaron a lo largo del presente juicio, por lo que debemos declarar sin lugar este motivo de casación por infracción de Precepto Constitucional a favor el acusado W. N. F..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice:”EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de enero de dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO dicta sentencia conociendo de los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional interpuestos contra la sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: 1) Condenó a J. E. M. y W. N. F., como autores responsables del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de B. A., S.A., a la pena principal de OCHO (08) AÑOS SEIS (06) MESES DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal; 2) Absolvió a D. I. G. del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de B. A., S.A.; 3) Absolvió a J. E. M., W. N. F. y D. I. G. del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la A. DE S. A..- Interpuso los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional el Abogado O. A. C. R., actuando en su condición de apoderado defensor de los señores J. E. M. C. Y W. N. F.- SON PARTES: El Abogado O. A. C. en su condición indicada como recurrente y la Abogada K. M. A. en su calidad de Fiscal del Ministerio Publico como recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día cuatro de julio del año 2006, entre las cuatro y cinco de la tarde, ingresó por el portón principal de la Embotelladora La Reyna uno de los carros repartidores de producto y detrás de estos un vehículo turismo color rojo y otro vehículo donde se conducía al menos cuatro personas y en otro vehículo otras tres personas, unos vestidos de uniformes de la agencia de seguridad Ases y otros con uniformes de embotelladora La Pepsi siendo uno de ellos, los acusados J. E. M. y W. N. F.; una vez en el interior, procedieron a despojar de su arma calibre 38 al testigo protegido clave “D” luego proceden a ingresar a las oficinas del B. A., que funciona en el interior de dicha empresa y haciendo uso de las armas que portaban, obligaron a los empleados de la misma que allí se encontraban a que les entregaran el dinero recaudado ese día, entregándoseles una cantidad que ascendía a ochocientos diez mil novecientos setenta lempiras; acto seguido se retiraron del lugar, llevando consigo el dinero sustraído. SEGUNDO: Ese mismo día en horas de la noche fueron detenidos los acusados y puestos a la orden de la autoridad competente.” CONSIDERANDO I.- Los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II.-El recurrente, Abogado O. A. C. R., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor J. E. M. C., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN I. DEL RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, imputados al señor J. E. M. C., se desarrollaron, como prueba, las siguientes: las declaraciones de: O. V. A., el Policía que no recordaba casi nada el día del Juicio, Testigo Protegido "A-01", Testigo Protegido "A-02", L. J. G. S., cliente de mi representado, R. O. B. S., conocedora de los hechos, C. M., padre del procesado y F. S. G. B., compañero de labores del sindicado; asimismo copia de Dictamen de Auditoría Interna de B. A., informe de inventario de la compañía que brindaba seguridad a los bienes de la referida institución financiera, acta de registro personal del indiciado J. E. M. (en donde supuestamente se le decomisó una viñeta de B. A. de Cincuenta Mil Lempiras la cual nunca fue puesta a la vista de las partes en ninguna de las etapas del Proceso) diligencia de Reconocimiento en Rueda en la cual el Testigo Protegido "A-01" identifica al referido procesado (después de haberlo visto en los medios de Comunicación según declaración que hizo en la audiencia inicial),J. E. M. y la lectura autorizada de la declaración del Testigo Protegido clave "D". De la valoración realizada por el Tribunal Sentenciador, a los mencionados medios probatorios, se colige que los aspectos que han empleado para concluir la concurrencia de responsabilidad de mi defendido han sido: 1. Que el señor J. E. M. reúne la características que los empleados de la Sociedad ofendida dieron en el momento de que los Policías atendieron la denuncia de la comisión del delito enjuiciado; 2. Que al momento de la detención del señor J. E. M. este portaba, en una de las bolsas de su pantalón, una viñeta con el logotipo del B. A. (sucursal bancaria del que se había desapoderado del dinero objeto del delito) y con la leyenda de "Lps.50,000.00" evidencia que nunca fue puesta ni a la vista ni a la orden ni del juzgado en la etapa preparatoria ni en la Intermedia ni mucho menos en el debate de Juicio Oral. 3. Que uno de los testigos reconoce al señor M. como uno de los partícipes del delito que habían denunciado, procuraremos hacer una breve reseña sobre cada una de las pruebas que, en apariencia sostiene la decisión judicial: el testigo O. V. A., quien es Policía, ha sostenido que el día de los hechos él se encontraba en la Posta Policial de La Granja, cuando se recibió una llamada que se había asaltado una de las sucursales del B. A. (dentro de las instalaciones de la Pepsi), por lo que se trasladaron al lugar y se entrevistaron con los empleados, quienes dieron algunas descripciones de las características de los agresores y del vehículo en el que se transportaban, con dichas características realizan una búsqueda en las cercanías del lugar sin ningún éxito, refiere que posteriormente reciben una información sobre un vehículo abandonado, con las características similares a las señaladas por los empleados, la persona que había dado aviso del abandono del vehículo (un supuesto Informante) el cual fue encontrado en la colonia Altos de Toncontin y detienen a mi Representado en la colonia las Brisas a las doce de la noche mientras se encontraba en un Cumpleaños un supuesto Informante señaló quien era la persona que había dejado el vehículo abandonado y la dirección de ésta, hasta donde se trasladaron y realizaron la detención de mi patrocinado. Al respecto de esta declaración se presentan varias inconsistencias que imposibilitan a este medio probatorio como idóneo para servir de fundamento a un fallo judicial, véase que todo el éxito de la operación policial (por lo menos en la realización de detenciones todas a las 5:15 a.m. en cuatro diferentes puntos de la ciudad por el súper policía O. V.), según lo refiere el testigo, descansa en la información que brindó una persona, cuya declaración no consta ni siquiera como declaración administrativa del presente proceso y que en realidad no se sabe su existencia, sin la aparición de esa persona en la narración del policía no se entendería como se logra dar con el señor M., más que por la justificación de satisfacer algunas características de las brindadas por los empleados de la institución ofendida los que manifestaron que pudieron identificar a alguno por haberlos visto en los periódicos. Si bien pareciese que la declaración tiene algún grado de logicidad, lo cierto es que se apoya en la existencia de ese personaje que hace la información de un Supuesto vehículo abandonado un Toyota Camry color rojo el que nunca se acreditó la existencia del mismo pues ni siquiera acta de Decomiso se presentó del mismo ni mucho menos un dictamen dactilar que indicara que mi representado tubo participación o anduvo en el vehículo, procedamos entonces a revisar esas supuestas manifestaciones del informante, primero decide hacer una denuncia sobre un vehículo abandonado cuando él sabe, según se refiere en la declaración referencial del policía O. V. A., quien nunca dijo quien fue la persona que dejó el vehículo abandonado, sumado a esto no había pasado mucho tiempo, considerando que el hecho delictivo y la detención suceden el mismo día, entonces ¿Cómo lo supuso abandonado si él conocía al que lo había estacionado y no había pasado tanto tiempo?, ¿por qué razón ese vehículo no fue decomisado para su Investigación y puesto a la orden de los Tribunales, analizando en este sentido las máximas de la experiencia nos informan que consideramos que la existencia de ese vehículo es una vil mentira del policía O. V., cuando en dos años ni siquiera una fotografía de dicho vehículo se presentó. Creer en la Existencia de un vehículo Toyota Camry color Rojo, el que nunca se tubo a la orden del tribunal ni tan siquiera una pinche Fotografía ni mucho menos un acta de decomiso el cual bajo las circunstancias de constituye una infracción penal de ROBO AGRAVADO a las máximas de la experiencia, como lo hemos expuesto se hubiera puesto a la orden de los tribunales con su respectiva cadena de custodia acta de inspección ocular, acta de Decomiso, etc. pero también una vulneración a la Ley de Razón Suficiente, que integra las reglas de la sana crítica, dado que esa manifestación (vehículo abandonado inexistente) no tiene una razón de ser es, es decir, no existen razones que hayan motivado creer en la existencia de un vehículo abandonado que nunca se acreditó el mas leve rasgo de existencia y dar por establecido eso, mediante la valoración de credibilidad que se le brinda a la declaración de O. V. A., constituye una infracción a las reglas de la sana crítica. En síntesis, la valoración realizada por el sentenciador a la declaración de O. V. A., de donde se ha extraído uno de los cimientos de la conclusión judicial de que el señor M. fue una de las personas que participó en la realización del delito que se enjuicia, constituye una conclusión equívoca, en tanto que la información de aquella prueba no tiene las condiciones de idoneidad, en lo referente a su percepción, en tanto que los dichos del policía se basan en referencia (dichos de un policía que dice haber recibido la información por parte de un informante sin ningún soporte Documentario) que no dan el mas leve asomo de veracidad, dado que esas manifestaciones del policía se muestran como un discurso que transgrede las máximas de la experiencia, en el sentido que ya lo hemos expuesto puesto como reitero no se acreditó la existencia del "INFORMANTE". Por otro lado parece que según la valoración Hecha por el Tribunal Sentenciador esta prueba (declaración de O. V. A.), a pesar de su grave deficiencia, encuentra según el sentenciador algún soporte en el hallazgo que supuestamente se le hiciese a mi cliente de una viñeta la cual nunca se acreditó su existencia pues no fue puesta a la vista en ninguna de las etapas del proceso, en uno de los bolsillos de su pantalón lo cual ocurrió con el otro imputado D. I. G. C., quien fuera absuelto por el Tribunal de Sentencias, el supuesto reconocimiento que de él hiciese uno de los empleados de la institución ofendida, pero estas pruebas también sufren de deficiencias que dan justifican al grave error que se ha cometido en contra del encartado. A ese respecto es menester analizar la práctica de la diligencia de reconocimiento en rueda en la cual se ha señalado a mi poderdante como partícipe de la acción delictiva sometida a proceso. El reconocimiento en rueda es una diligencia que tiene como objetivo la verificación de la identidad de determinadas personas (sospechosas de la comisión de un hecho ilícito), pero su realización debe de responder a un meticuloso procedimiento que permita garantizar la certeza de la verificación y para ese efecto se amerita la observancia de varias formalidades que disminuyan la posibilidad de errores. En ese sentido nuestro Código Procesal Penal exige, en su artículo 253 numeral segundo, que el reconocimiento se practique colocando a la persona que haya de reconocerse junto a otras personas que físicamente se le parezcan. El espíritu de esta disposición legal se orienta en dos sentidos, primero, a evitar que la persona que realice el reconocimiento pueda ser inducida a señalar a una persona específica, segundo, darle mayor confiabilidad a la diligencia probatoria, ya que si el agente es reconocido entre varios con similares características se garantiza la fiabilidad del reconocimiento. En el presente caso el Testigo Protegido "A-01", quien fue el único que reconoció al señor M., sostuvo en la declaración brindada en audiencia inicial, la cual fue introducida debidamente al universo probatorio producido en el debate, haber visto a mi representado en los medios de comunicación escritos, donde se reportó el robo y la detención del supuesto responsable exhibiendo una fotografía del procesado. Si bien en la audiencia de debate el Testigo Protegido "A-01" pretendió negar haber visto a mi defendido en los medios escritos, lo cierto es que al ser confrontado con su declaración brindada en audiencia inicial, se limitó a señalar que no podría recordar con exactitud lo que había dicho en esta audiencia, pero nunca negó haberlo visto en los periódicos. Siendo que la declaración otorgada en la audiencia inicial es la más cercana en tiempo a los acontecimientos que el testigo narraba, se entiende que dicha deposición debe tener mayor credibilidad, en tanto que a menor tiempo más fidelidad en los recuerdos, por lo que lo correcto era estimar que el testigo había visto al procesado en los diarios; el Tribunal Juzgador, al no abordar a esta conclusión, de nuevo incurre en la violación a las reglas de la sana crítica, específicamente la ley de tercero excluido ya que si vio a mi defendido en los medios no puede ser cierto que no lo haya visto o más textualmente dicho "no volvieron a saber nada del asunto" tal y como lo estimó el sentenciador. El reconocimiento entra en precario cuando la persona que va ha realizarlo ha sido sometido a algún mecanismo de condicionamiento, inducción o influencia que predisponga o sugiera la respuesta. Recordemos que en el presente asunto el testigo reconocedor se vio sometido a un medio de comunicación escrito que exponía a mi cliente como el responsable del asalto en el cual el había sido sometido (de alguna manera humillado y por ende con deseos de hacer pagar a alguien), indudablemente esta exposición constituye un mecanismo de condicionamiento que lo predispuso a concluir que aquella persona que veía era la responsable, máxime cuando ésta reúne algunas características de sus verdaderos agresores, situación que inexorablemente condicionó la respuesta en el reconocimiento. Se vuelve indiscutible entonces que el sentenciador ha incurrido, en este aspecto, en un irrespeto a las reglas de la sana crítica, específicamente a la ley de razón suficiente, en cuanto que no logra extraer de la valoración del reconocimiento la única conclusión válida: que el testigo Protegido "A-01" fue condicionado en su respuesta, desde que observa al imputado en los medios sin haber estado junto a otras personas y con el rótulo de responsable que le daba la nota periodística y que por lo mismo no podía tenerse el reconocimiento como medio de sustento de una resolución condenatoria. En lo que respecta a la portación de una viñeta del B. A., la misma por sí no logra generar una certeza que pueda configurar el escenario procesal para condenar a mi cliente, cualquier puede haber tenido una viñeta de ese tipo, no es nada raro que una persona que retire dinero de un banco se le entregue una viñeta de ese tipo para efectos de ordenar su dinero, sostener, por parte del Juzgador, que dichas viñetas son de uso exclusivo del banco, configuran una transgresión a la máxima de la experiencia que ya hemos expuesto (que cualquiera que usa un banco puede tener una viñeta de ese tipo). Al examinar el conjunto probatorio del presente caso se puede determinar que el mismo es ineficiente para sostener una condena, esa ineficiencia hace desaparecer toda la prueba que fundamenta el fallo e impone la absolución de mi cliente, ya que por lo menos lo que evidencia esa prueba es la existencia de una duda razonable, que como tal opera a favor de mi cliente e igual impone su absolución. Por lo anterior nos atrevemos a sostener que toda esta actividad probatoria no fue debidamente valorada, porque de haber sido así se hubiese absuelto a mi cliente, J. E. M. C. por el delito de Robo Agravado, el sentenciador, al no lograr extraer esta información de esas pruebas, incurrió en una infracción a las Reglas de la Sana Crítica. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”

III.-. El recurrente, Abogado O. A. C. R., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor J. E. M. C., desarrolló su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “II. DEL RECURSO POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Por falta de aplicación del artículo 89 de la Constitución de la República, que establece el Estado de Inocencia de toda persona. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto constitucional citado como infringido por falta de aplicación señala: Artículo 89.- Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Nuestro sistema Jurídico reconoce a toda persona la condición de inocente mientras no se le haya declarado culpable por autoridad competente. El cual no solo se encuentra contenido en la Constitución de la República, sino que se desarrolla en el artículo 2 del Código Procesal Penal, que dice: Artículo 2. - ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. - En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentada como tal ante terceros. - Por consiguiente, lo que se informe, se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma. La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles en juicio civil ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda. Se entiende entonces que el Estado de Inocencia es vital en la configuración de un Proceso Debido y Justo, su irrespeto hace tambalear todos los fundamentos de nuestro sistema de justicia. Esa importancia del Estado de Inocencia obliga al acusador a enervar esa condición y solo lo logrará mediante la presentación de los medios de pruebas eficaces que puedan quebrantar esa condición. Esas pruebas tienen que ser lo suficientemente persuasivas para demostrar la culpabilidad del acusado, de no lograrlo, o solo generar una sospecha, operará entonces las consecuencias de una duda razonable, es decir, el Estado de Inocencia continúa su vigente e impone una absolución. En el presente caso, y como ya lo hemos argumentado en el motivo que antecede, la prueba no posee esa calidad que se amerita para enervar el Estado de Inocencia, a pesar de ello el Tribunal Sentenciador la ha utilizado para fundamentar su decisión de condenar a mi defendido. Esa utilización de la prueba, deficiente para una condena, se traduce en la vulneración. Al principio de Inocencia y como consecuencia hace incurrir al Sentenciador en la Infracción a la norma constitucional que se señala. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, esta defensa expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que mi defendido, J. E. M. C., es absuelto de toda responsabilidad criminal en lo que respecta al presente asunto, en tanto que la prueba evacuada no logra acreditar su responsabilidad. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado a mi cliente, por considerar que la prueba ha logrado acreditar responsabilidad, ha producido en consecuencia la infracción por falta de aplicación del precepto constitucional contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República.” IV.- El recurrente, Abogado O. A. C. R., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor W. N. F., desarrolló su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN I. DEL RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las, reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador tiene la obligación de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida en el proceso y con aplicación de las reglas de la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común, que son las reglas que conforman a la sana critica. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, imputados al señor W. N. F., se desarrollaron, como prueba, las siguientes: las declaraciones de: O. V. A., Policía, Testigo Protegido "A-01", Testigo Protegido "A-02", N. Y. O. F., reclusa en CEFAS y cliente de mi defendido debido a que esta tiene una caseta en ese centro y mi representado era un Proveedor, K. J. G. M., esposa de mi cliente W. N. F. y A. F., padre del procesado; asimismo copia de Dictamen de Auditoría Interna de B. A., fotocopia de un informe de inventario de la compañía que brindaba seguridad a los bienes de la referida institución financiera, acta de registro del vehículo en el que se transportaba mi patrocinado al momento de su detención, acta de decomiso de una bolsa negra, hilo, dinero en efectivo y una viñeta del B. A. que supuestamente portaba el señor F. al ser detenido porque esta supuesta Evidencia nunca fue vista ni puesta a la orden ni del juzgado en la etapa preparatoria ni en el Tribunal de Sentencia para el Juicio Oral y Público, constancia de propiedad del vehículo referido el cual es propiedad de la esposa de mi poderdante, diligencia de Reconocimiento en Rueda en la cual el Testigo Protegido "A-01" identifica al referido procesado (manifestando que lo había visto en los periódicos y en la noticias ver acta audiencia Inicial ver página 6 renglón 20 y 21, el día del juicio Oral no reconoció a mi representado W. N. F.) la declaración del Testigo Protegido clave "A-02" quien no reconoce a ninguno de los Imputados, además constancia de la Directora de CEFAS con la que se acreditó que a la Hora que estaba ocurriendo el robo mi representado se encontraba en otro lugar pues este estaba en CEFAS entregando unos víveres, dos constancias extendidas por dos internas del CEFAS, a quienes ese día como a las cuatro y media mi representado les entregó unos víveres y otras mercaderías que les habían encargado y una serie de documentos que determina que mi representado efectivamente ese día entregó productos a las Internas de CEFAS, dos giros bancarios del 30 de Junio y 04 de Julio de 2006 por la cantidad de diez mil Lempiras cada uno con lo que se acredita que mi representado es Comerciante y la procedencia de los ocho mil ochocientos catorce Lempiras que le decomisa la policía y los cuales tampoco fueron puestos nunca ni a la vista del juez encargado de la Audiencia Inicial y tampoco fueron puestos a la Orden del Tribunal por lo que se Ignora su Existencia, también una diligencia de inspección judicial en el libro de novedades de CEFAS con lo que se acredita que el Señor W. N. F. se encontraba el día de los Hechos en CEFAS, también se presentó dos copias autenticadas de los dos Libros de Novedades en donde se Registran las Entradas y Salidas de todas las personas que Ingresan o egresan a CEFAS, los Cuales son dos y se Encuentran el primero en la entrada al centro y el segundo en la Entrada a las celdas. De la valoración realizada por el Tribunal Sentenciador, a los mencionados medios probatorios, no sé cómo el Tribunal pudo colegir y concluir la concurrencia de responsabilidad Penal de mi defendido si de la prueba evacuada lo que se puede concluir lo siguiente: 1. Que el señor W. N. F. reúne la características que los empleados de B. A. dieron en el momento de que los Policías atendieron la denuncia de la comisión del delito enjuiciado, entre ellas el empleo de un vehículo Toyota, modelo Camry (si bien es cierto a mi representado se le encontró un Vehículo de la misma marca el de mi representado es gris y los que participaron eran rojos) lo anterior entre paréntesis y negrilla es nuestro. 2. Que al momento de la detención del señor W. N. F. se transportaba en un vehículo Toyota, modelo Camry, que dentro de dicho vehículo se encontró la cantidad de Lps.8,887.00 (los cuales en ninguna etapa del Proceso Fueron puestas ni a la vista siquiera mucho menos a la orden de los Tribunales) y una viñeta del B. A. sucursal bancaria del que se había desapoderado del dinero objeto del delito en la que supuestamente se lee: "pagado cajero 185 en fecha 04 de Julio de 2006, (la cual en ninguna etapa del Proceso fue puesta ni a la vista siquiera mucho menos a la orden de los Tribunales solo se presentó un acta de Decomiso pero la Supuesta evidencia no existe pues nunca la mostraron) lo anterior entre paréntesis y negrilla es nuestro. 3. Que uno de los testigos reconoce al señor F. como uno de los partícipes del delito que habían denunciado (lo cual es un acto viciado pues este testigo declaró haberlo visto en los periódicos y en las noticias y en unas Fotos en la D.G.I.C y en el debate de juicio oral no lo reconoce) lo anterior entre paréntesis y negrilla es nuestro. Procuraremos hacer una breve reseña sobre cada una de las pruebas que, en apariencia sostiene la decisión judicial: el testigo O. V. A., quien es Policía, ha sostenido que el día de los hechos él se encontraba en la Posta Policial de La Granja, cuando se recibió una llamada que se había asaltado una de las sucursales del B. A. (dentro de las instalaciones de la Pepsi), por lo que se trasladaron al lugar y se entrevistaron con los empleados, quienes dieron algunas descripciones de las características de los agresores y de los vehículos en el que se transportaban, con dichas características realizan una búsqueda en las cercanías del lugar sin ningún éxito, refiere que posteriormente reciben una información sobre un vehículo abandonado, con las características similares a las señaladas por los empleados misma marca pero color rojo, la persona que había dado aviso del abandonó señaló quien era la persona que había dejado el vehículo abandonado y la dirección de ésta, hasta donde se trasladaron y realizaron la detención de mi patrocinado. Al respecto de esta declaración se presentan varias inconsistencias que imposibilitan a este medio probatorio como idóneo para servir de fundamento al razonamiento que motive un fallo judicial, véase que todo el éxito de la operación policial (por lo menos en la realización de detenciones), según lo refiere el testigo, descansa en la información que brindó una persona, cuya declaración no fue allegado a la prueba del presente proceso y que en realidad no se sabe su existencia; sin la aparición de esa persona en la narración del policía no se entendería como se logra dar con el señor F., más que por la justificación de satisfacer algunas características de las brindadas por los empleados de la institución ofendida pero con un vehículo de Diferente color (W. lo detienen a las diez de la noche y no a las cinco y quince de la madrugada como lo estableció este señor en las actas de derechos y de decomiso de evidencias, motivo por el cual en el juicio oral nunca quiso dar la hora de las detenciones, porque sabía que el tribunal no le iba a creer lo establecido en la documentación hecha por este" policía" quien en la inicial dijo haber detenido a siete personas y decomisar tres vehículos en cuatro lugares Diferentes de la ciudad a las 5:15 a.m. del día cinco de julio del dos mil seis ver actas) lo anterior entre paréntesis y negrilla es nuestro. Si bien pareciese que la declaración tiene algún grado de logicidad, lo cierto es que no y se apoya en la existencia de ese personaje “informante” que proporciona la información de un vehículo abandonado y luego, al acompañarlos, casualmente se tropiezan con mi defendido, en otro vehículo de otro color, procedamos entonces a revisar esas supuestas manifestaciones del informante, primero decide hacer una denuncia sobre un vehículo abandonado (color rojo que nunca fue puesto a la orden del Juzgado ni siquiera sabemos si fue decomisado) cuando él sabe, según se refiere en la declaración referencial del policía O. V. A., quien es la persona que ha dejado el vehículo, sumado a esto no había pasado mucho tiempo, considerando que el hecho delictivo y las detenciones suceden el mismo día, entonces ¿Cómo lo supuso abandonado si él conocía al que lo había estacionado y no había pasado tanto tiempo?, en este sentido las máximas de la experiencia nos informan que si hay un Vehículo abandonado, por qué detener a una persona por conducir uno de la misma marca al que se sindica como participante si el color no coincide. Creer que un vehículo por ser de la misma marca al que está abandonado bajo aquellas circunstancias, constituye una infracción a las máximas de la experiencia, como lo hemos expuesto, pero también una vulneración a la Ley de Razón Suficiente, que integra las reglas de la sana crítica, dado que es a un vehiculó no se le puede cambiar al color en unas horas no tiene una razón de ser es, mediante la valoración de credibilidad que se le brinda a la declaración de O. V. A., constituye vicio en el razonamiento judicial que se manifiesta en una infracción a las reglas de la sana crítica aparte de esto que el vehículo abandonado no tiene nada que ver con el de mi representado pues a mi representado lo detienen en otro vehículo de otro color. Por otro lado, el hecho de que casualmente se hayan encontrado con el responsable es una probabilidad tan ínfima que se debe de descartar como un suceso real y no es que no pueda suceder, sino que es muy improbable, por lo que pareciese que simplemente se decidió por la detención de mi cliente ante el simple hecho de reunir algunas características del agresor y portar una cantidad de dinero y supuestamente una viñeta del Banco ofendido, por que en los dos años que trabajé en esta causa desde la declaración de Imputado hasta el día de hoy sigo exigiendo se me ponga a la vista la supuesta viñeta de B. A. dicho de otra manera, se forzó una conclusión sin evidencia alguna pues solo se presentaron unas actas Hechos por el policía V. A., con lo que no se acredita siquiera la mas mínima sospecha mucho mes enervar a presunción o Estado de Inocente que le asiste a mi representado, pero que una vez analizadas las mismas con objetividad y de acuerdo a las reglas de la sana crítica y no con ojo de la santa inquisición con el que ha sido tratado mi representado por este Tribunal, no solo se elimina la sospecha, sino que ha logrado generar información suficiente para concluir con certeza que mi cliente es inocente. Que el Tribunal de Sentencia haya adoptado esa conclusión de que es inocente en cuanto a uno de los Imputados D. I. G. C., defendido por la Defensa Pública, quien al igual que mi representado fue reconocido por uno de los testigos en el reconocimiento en rueda como prueba anticipada y a quien también según las actas de Decomiso se le encontró una de las Supuestas viñetas de B. A., también implica una violación al Principio de Razón Suficiente e igualdad de las partes pues en el juicio oral nadie identifica a W. F. al igual que nadie identificó al Joven que el Tribunal Sorpresivamente absolvió, digo esto no por dudar de la Inocencia del que absolvieron sino porque este estaba en las mismas circunstancias y con las mismas pruebas en contra que W. N. F., porque condenar a mi representado quien acreditó haber recibido veinte mil Lempiras en las setenta y dos horas a su detención con lo que justificada la presencia en el vehículo del dinero que le decomisan que sería el uno por ciento del monto Robado a B. A., ¿Cómo se puede concluir que aquel dinero y encontrada en el vehículo que conducía mi defendido eran producto del delito que se investiga, cuando se ha acreditado que el mismo es producto de unos giros que éste había recibido? Eso no se puede concluir. En síntesis, la valoración realizada por el sentenciador a la declaración de O. V. A., de donde se ha extraído uno de los cimientos de la conclusión judicial de que el señor F. fue una de las personas que participó en la realización del delito que se enjuicia, constituye una conclusión equívoca, en tanto que la información de aquella prueba no tiene las condiciones de idoneidad, en lo referente a su percepción, en tanto que los dichos del policía se basan en referencia (dichos del informante que nunca se probó su existencia) que sufren deficiencias en la veracidad, dado que esas manifestaciones del "informante" se muestran como un discurso que transgrede las máximas de la experiencia, en el sentido que ya lo hemos expuesto. Por otro lado parece que esta prueba (declaración de O. V. A.), a pesar de su grave deficiencia, encuentra algún soporte en el hallazgo que se le hiciese a mi cliente de una cantidad de dinero y la supuesta viñeta que hemos referido en el interior del vehículo que transportaba y el supuesto reconocimiento que de él hiciese uno de los empleados de la institución ofendida, pero estas pruebas también sufren de deficiencias que dan justificación al grave error que se ha cometido en contra del encartado, como se ha adelantado pues el único que dijo reconocerlo en la Inicial en el Juicio no lo reconoció y dijo en audiencia Inicial que lo miro en los medios lo cual entraña un vicio grave de Nulidad. A ese respecto en menester analizar la práctica de la diligencia de reconocimiento en rueda en la cual se ha señalado a mi poderdante como partícipe de la acción delictiva sometida a proceso. El reconocimiento en rueda es una diligencia que tiene como objetivo la verificación de la identidad de determinadas personas (sospechosas de la comisión de un hecho ilícito), pero su realización debe de responder a un meticuloso procedimiento que permita garantizar la certeza de la verificación y para ese efecto se amerita la observancia de varias formalidades que disminuyan la posibilidad de errores. En ese sentido nuestro Código Procesal Penal exige, en su artículo 253 numeral segundo, que el reconocimiento se practique colocando a la persona que haya de reconocerse junto a otras personas que físicamente se le parezcan lo cual no ocurrió. El espíritu de esta disposición legal se orienta en dos sentidos, primero, a evitar que la persona que realice el reconocimiento pueda ser inducida a señalar a una persona específica, segundo, darle mayor confiabilidad a la diligencia probatoria, ya que si el agente es reconocido entre varios con similares características se garantiza la fiabilidad del reconocimiento. En el presente caso el Testigo Protegido "A-01", quien fue el único que reconoció al señor Fonseca, sostuvo en la declaración brindada en audiencia inicial, la cual fue introducida debidamente al universo probatorio producido en el debate, haber visto a mi representado en los medios de comunicación escritos, donde se reportó el robo y la detención del supuesto responsable exhibiendo una fotografía de los procesados. Si bien en la audiencia de debate el Testigo Protegido "A-01" pretendió negar haber visto a mi defendido en los medios escritos, lo cierto es que al ser confrontado con su declaración brindada en audiencia inicial, se limitó a señalar que no podría recordar con exactitud lo que había dicho en esta audiencia, es decir, nunca negó haberlo visto en los periódicos. Siendo que la declaración otorgada en la audiencia inicial es la más cercana en tiempo a los acontecimientos que el testigo narraba, se entiende que dicha deposición debe tener mayor credibilidad, en tanto que a menor tiempo más fidelidad en los recuerdos, por lo que lo correcto era estimar que el testigo había visto al procesado en los diarios; el Tribunal Juzgador, al no abordar a esta conclusión, de nuevo incurre en la violación a las reglas de la sana critica, específicamente la ley de tercero excluido ya que si vio a mi defendido en los medios no puede ser cierto que no lo haya visto o más textualmente dicho "no volvieron a saber nada del asunto" tal y como lo estimó el sentenciador. El reconocimiento entra en precario cuando la persona que va a realizarlo ha sido sometido a algún mecanismo de condicionamiento, inducción o influencia que predisponga o sugiera la respuesta estuvieron según la declaración de la testigo Protegido A-02 en las oficinas de la D.G.I.C viendo álbumes Fotográficos pero esta última dijo que no pudo reconocer a ninguno. Recordemos que en el presente asunto el testigo reconocedor se vio sometido a un medio de comunicación escrito y a los agentes que le mostraron antes de la audiencia un Álbum que exponía a mi cliente como el responsable del asalto en el cual él había sido sometido (de alguna manera humillado y por ende con deseos de hacer pagar a alguien pues según este fue golpeado) indudablemente esta exposición constituye un mecanismo de condicionamiento que lo predispuso a concluir que aquella persona que veía era la responsable, máxime cuando ésta reúne algunas características de sus verdaderos agresores, pero el color de la piel es diferente pues mi representado es de tez blanca y ninguno menciona a una persona de ese color pero como en el reconocimiento se hace atreves de un vidrio polarizado en negro situación que inexorablemente condicionó la respuesta en el reconocimiento pero en el Juicio cuando lo tubo a la vista ya sin un vidrio polarizado en negro no lo reconoce en ningún momento. Se vuelve indiscutible entonces que el sentenciador ha incurrido, en este aspecto, en un irrespeto a las reglas de la sana crítica, específicamente a la ley de razón suficiente, en cuanto que no logra extraer de la valoración del reconocimiento la única conclusión valida: que el testigo Protegido "A-01" fue condicionado en su respuesta, desde que observa al imputado en los medios sin haber estado junto a otras personas y con el rótulo de responsable que le daba la nota periodística y que por lo mismo no podía tenerse el reconocimiento como medio de sustento de una resolución condenatoria. En lo que respecta a la portación de una viñeta del B. A., la misma por si no logra generar una certeza que pueda configurar el escenario procesal para condenar a mi cliente. Cualquier puede haber tenido una viñeta de ese tipo, no es nada raro que una persona que retire dinero de un banco se le entregue una viñeta de ese tipo para efectos de ordenar su dinero, sostener, por parte del Juzgador, que dichas viñetas son de uso exclusivo del banco, configuran una trasgresión a la máxima de la experiencia que ya hemos expuesto, pero lo más importante que aún y cuando se le exigió al Ministerio Público que presentara la viñeta este nunca la presentó solo presento un Acta de decomiso únicamente (Ha parte de esto cualquiera que usa un banco puede tener una viñeta de ese tipo además que mi representado ese mismo día recibió diez mil lempiras a las once treinta de la mañana en el B. A. Santa Fe y nunca pudimos ver la dichosa viñeta para ver a qué agencia pertenecía y a qué cajero ). Y esto es más crítica aún cuando se ha logrado acreditar que el señor W. N. F. que cuatro días antes y el mismo día de los hechos había recibido un giro bancario cada día referido, por diez mil Lempiras cada uno, lo cual se confirmó con los giros, y la declaraciones de K. J. G. que es la esposa de mi representado y la persona quien recibió los giros enviados por el señor A. F., padre de mi representado y quien ratificó el envío de dichos giros como apoyo a su hijo para la actividad comercial que este estaba realizando en CEFAS, pero a pesar de ello el Tribunal no es capaz de extraer la información de aquellos documentos y declaraciones infringiendo así la Ley de la Derivación, que informa a la sana crítica y por el contrario, concluye de manera errada, como se ha indicado, que mi cliente es responsable del delito que se le enjuicia, cuando la prueba que pretende utilizar es inútil para dar un fallo de Culpabilidad. La afirmación del Tribunal de que la referida crisis económica que vivía el imputado, según quiso entender que refirió el padre de mi representado es una mala percepción pues don Apolonio refirió haberle enviado los giros para que este se ayudara pues antes estaba trabajando con la suegra y siendo que iba a trabajar solo de proveedor en CEFAS como padre decidió apoyarlo en este negocio, pero el Tribunal lo quiso entender como un indicio de necesidad y en el juicio oral no se exige de Indicio se exige plena prueba, y que además argumenta el Tribunal en la resolución impugnada en este acto como es posible que la viñeta que se encontró en el vehículo dijese cincuenta mil lempiras cuando solo recibió diez de dónde saca ese dato de cincuenta mil Lempiras este Tribunal si nunca nos pusieron a la vista ninguna de las tres supuestas viñetas que supuestamente y sorprendentemente le encontró O. V. a los tres Imputados, aparte de esto estas afirmaciones no tienen una razón de ser, la crisis que vive una persona no necesariamente lo llevará a delinquir, porque no se aprecia al contrario, ante la crisis busca apoyo financiero para seguir ejerciendo su labor y se fue para CEFAS a entregar el Producto que le solicitaron; en cuanto a la viñeta, ¿y Quién de las tres juezas tuvo a la vista las tres viñetas de cincuenta mil Lempiras cada una que le decomisaron a cada uno de los Imputados? Este razonamiento es Estúpido y no se deriva de ninguna prueba más que una burda acta de Decomiso que no debió de dársele ningún valor probatorio, por lo que vulnera los principios de idoneidad, inmediación, derivación, contradicción, Razón Suficiente y otras reglas más de la sana crítica. Otro aspecto importante, que deja de manifiesto la inconsistencia del razonamiento con el que se valoró la prueba, lo constituye el hecho de que el vehículo que había participado en el delito, era un camry color rojo, según las declaraciones que se brindaron en la Audiencia Inicial; siendo que el vehículo que utilizaba mi cliente es gris ¿Por qué lo detienen?; lo más grave es que, habiéndose hecho manifiesta esta contradicción en el debate, el Tribunal Sentenciador de donde p…..saca que el vehiculó era gris o si todos los testigos siempre dijeron que era rojo, aún y cuando el policía V. quien en el Juicio se portó grosero, petulante y al parecer con un padecimiento de amnesia este dijo también que el carro era rojo y que lo encontró abandonado. La conclusión del Tribunal, que desatiende por completo la existencia de la contradicción, constituye una vulneración a las reglas de la sana crítica, ya que también se vulnera el Principio de Razón Suficiente. Por otro lado es importante destacar que se logró confirmar que mi cliente es una persona que ejerce el comercio y que ese día de los hechos en el encontraba entregando una mercadería en las instalaciones de CEFAS, para tal efecto se allegó al proceso constancias emitidas por la directora y dos internas de CEFAS quienes sostiene que ese día, a la hora que se realizaba el hecho mi patrocinado entregaba mercadería en aquel lugar el cual queda a treinta y siete Kilómetros de esta ciudad, a pesar de ello el Tribunal no logró extraer la información que esas pruebas le brindaban y así infringió el Principio de Derivación que informa las reglas de la sana crítica. Pero con el Imputado D. I. G. C. si logra extraer la información y lo absuelve. La aseveración del Tribunal de que la Directora consignó en actas circunstancias que no le constan personalmente y que por esa razón no se valora, debemos de indicar que toda institución pública, como lo es CEFAS, tiene una organización que permite dar credibilidad a su trabajo, en ese sentido el libro de novedades se constituye como un mecanismo de memoria de la labor, y el mismo es efectivo sin importar quien lo recolecte y cualquiera puede dar fe de su contenido con solo su existencia, no darle fe por sospecha sería especulación, y la justicia penal no se dicta por especulaciones, y en el presente caso no se encuentra acreditado nada que pueda poner en tela de duda la legitimidad del contenido del libro de novedades, por lo que el razonamiento del Tribunal constituye una violación a la Ley de Razón Suficiente, sería como decirle a los tribunales de Sentencia que no pueden dar fe del contenido de una causa solo porque la diligencia la realizó el Juez de Letras. Al examinar el conjunto probatorio del presente caso se puede determinar que el mismo es ineficiente para sostener una condena, esa ineficiencia hace desaparecer toda la prueba que fundamente el fallo e impone la absolución de mi cliente, tal y como sucedió con el otro Imputado por qué a igual Condición igual Situación circunstancia o resultado, ya que por lo menos lo que evidencia esa prueba es la existencia de una duda razonable, que como tal operó a favor del otro Imputado también debe de aperar a favor de mi representado al igual impone su absolución. Para concluir, las circunstancias que se suponen justifican la condena no subsisten a un examen de lógica y a una apreciación conjunta de la prueba, por lo anterior nos atrevemos a sostener que toda esta actividad probatoria no fue debidamente valorada, porque de haber sido así se hubiese absuelto a mi cliente, W. N. F. por el delito de Robo Agravado, el sentenciador, al no lograr extraer esta información de esas pruebas, incurrió en una infracción a las Reglas de la Sana Crítica. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” V. El recurrente, Abogado O. A. C. R., actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor W. N. F., desarrolló su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “II. DEL RECURSO POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL PRIMER MOTIVO: Por falta de aplicación del artículo 89 de la Constitución de la República, que establece el Estado de Inocencia de toda persona. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto constitucional citado como infringido por falta de aplicación señala: Artículo 89.- Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Nuestro sistema Jurídico reconoce a toda persona el condición de inocente mientras no se le haya declarado culpable por autoridad competente. El cual no solo se encuentra contenido en la Constitución de la República, sino que se desarrolla en el artículo 2 del Código Procesal Penal, que dice: Artículo 2.- ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. - En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros.- Por consiguiente, lo que se informe, se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma. La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles en juicio civil ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda. Se entiende entonces que el Estado de Inocencia es vital en la configuración de un Proceso Debido y Justo, su irrespeto hace tambalear todos los fundamentos de nuestro sistema de justicia. Esa importancia del Estado de Inocencia obliga al acusador a enervar esa condición y solo lo logrará mediante la presentación de los medios de pruebas eficaces que puedan quebrantar esa condición. Esas pruebas tienen que ser lo suficientemente persuasivas para demostrar la culpabilidad del acusado, de no lograrlo, o solo generar una sospecha, operará entonces las consecuencias de una duda razonables, es decir, el Estado de Inocencia continúa su vigente e impone una absolución. En el presente caso, y como ya lo hemos argumentado en el motivo que antecede, la prueba no posee esa calidad que se amerita para enervar el Estado de Inocencia, a pesar de ello el Tribunal Sentenciador la ha utilizado para fundamentar su decisión de condenar a mi defendido. Esa utilización de la prueba, deficiente para una condena, se traduce en la vulneración al Principio de Inocencia y como consecuencia hace incurrir al Sentenciador en la infracción a la norma constitucional que se señala. Para los efectos del artículo 361 del Código Procesal Penal, esta defensa expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que mi defendido, W. N. F., sea absuelto de toda responsabilidad criminal en lo que respecta al presente asunto, en tanto que la prueba evacuada no logra acreditar su responsabilidad. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado a mi cliente, por considerar que la prueba ha logrado acreditar responsabilidad, ha producido en consecuencia la infracción por falta de aplicación del precepto constitucional contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República.” VI.- Sigue manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO: Por falta de aplicación del artículo 60 de la Constitución de la República, que establece el Estado de Igualdad de las personas ante la ley y la Justicia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 13 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El precepto constitucional citado como infringido por falta de aplicación señala: Artículo 60.- Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto. Nuestro sistema Jurídico reconoce a toda persona el derecho a que se le trate igual que los demás y que todos tenemos igual condición lo cual no solo se encuentra contenido en la Constitución de la República, sino que se desarrolla en el artículo 13 del Código Procesal Penal, que dice: Artículo 13.- Igualdad de los intervinientes. Los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso.- En consecuencia, si absolvieron a D. I. G. C., Por consiguiente tenían que absolver a W. N. F. Se entiende entonces que el Estado reconoce el derecho a la Igualdad lo que es vital en la configuración de un Proceso Debido y Justo, su irrespeto hace tambalear todos los fundamentos de nuestro sistema de justicia. Esa importancia de la Igualdad obliga al Juzgador que se garantice esa condición y solo analizando la prueba propuesta y evacuada se podrá concluir que si contra una persona no hay prueba que puedan quebrantar el Estado de Inocencia, y la misma cantidad y esencia de prueba se presenta contra otra en igualdad de circunstancias estarán todos. Esas pruebas tienen que ser lo suficientemente persuasivas para demostrar la culpabilidad del acusado, de no lograrlo contra uno tampoco contra los demás y si solo generan una sospecha operará entonces las consecuencias de una duda razonables, que se le aplicaron a unos beneficiara a los otros; es decir, el Estado de Inocencia continúa su vigencia e impone una absolución. En el presente caso, y como ya lo hemos argumentado en el motivo que antecede, la prueba no posee esa calidad que se amerita para enervar el Estado de Inocencia, a pesar de ello el Tribunal Sentenciador la ha utilizado para fundamentar su decisión de condenar a mi defendido y absolver Al otro Imputado. Esta utilización de la prueba, deficiente para una condena, y eficiente para una absolución se traduce en la vulneración al Principio de Igualdad y como consecuencia hace incurrir al Sentenciador en la infracción a la norma constitucional que se señala. Para los efectos del artículo 361 del Código Procesal Penal, esta defensa expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que mi defendido, W. N. F., sea absuelto de toda responsabilidad criminal en lo que respecta al presente asunto, en tanto que la prueba evacuada no se logra acreditar su responsabilidad. Así como se le reconoció esta situación al absolver a D. I. G., el sentenciador al haber condenado a mi cliente W. N. F., por considerar que la prueba ha logrado acreditar responsabilidad, y al absolver a D. I. G., por considera que hay una duda Razonable, habiendo la misma prueba en contra de ambos imputados una supuesta viñeta del banco y una persona que supuestamente los reconoce ha producido en consecuencia la infracción por falta de aplicación del precepto constitucional contenido en el artículo 60 de la Constitución de la República, porque a igual Condición igual Situación circunstancia o resultado, ya que por lo menos lo que evidencia esa prueba es la existencia de una duda razonable, que como tal operó a favor del otro Imputado también debe de operar a favor de mi representado al igual impone su absolución.” VI.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO A FAVOR DE LOS ACUSADOS W. N. F. Y J. E. M. C.- Consideramos importante aclarar, que a pesar de presentarse de forma separada, los recurso de casación de los acusados W. N. F. Y J. E. M. C., observa esta Sala que en sus impugnaciones se alegaron los mismo motivos –excepto en el caso del acusado W. N. F. que se interpuso un segundo motivo por infracción de Precepto Constitucional- y fueron interpuestos por el mismo Abogado Defensor, en ese sentido, la respuesta de este alto Tribunal ante tales cuestionamientos será resuelta de forma conjunta. 1) EL impetrante interpuso recurso de acusación a favor de sus representados, alegando que el Tribunal Sentenciador al emitir el fallo condenatorio, no observó las reglas de la sana crítica, instituyendo como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Afirma el reclamante, que con la finalidad de acreditar los hechos imputados a los señores J. E. M. C. y W. N. F., se desarrollaron las siguientes pruebas: Por parte de la acusación, las declaraciones testificales de O. V. A., Testigo Protegido A-01, Testigo Protegido A-02, Dictamen de Auditoría Interna de B. A., Actas de Registro Personal de los acusados, Informe de Inventario de la Compañía de Seguridad, Acta de Registro del vehículo que conducía el señor W. N. F. el día que fue detenido, Acta de Decomiso de una bolsa negra encontrada en el carro en el que se transportaba el señor W. F., Reconocimiento en rueda del testigo protegido A-1 y A-02, Lectura Autorizada del testigo protegido clave “D”. Por la defensa del señor M. C. se evacuó: declaración testifical de L. J. G., R. O. B., F. S. G.; Por parte del imputado F. la defensa evacuó: declaración testifical de N. Y. O. F., K. J. G. M., A. F.. Opina el recurrente que con toda esta prueba no puede colegirse la concurrencia de responsabilidad penal para los encartados. Se desprende de ella según el reclamante, que los acusados reúnen las características que los empleados del banco dieron de los supuestos asaltantes; que al momento de la detención se le encuentra al señor J. E. M. en la bolsa trasera de su pantalón una viñeta con logotipo del B. A. y con la leyenda “Lps 50,000.00” y al señor W. N. F. se le encuentra una bolsa contendiendo dinero en efectivo y una viñeta con logotipo de B. A., evidencia que alega el solicitante nunca fue puesta a la orden de los Tribunales; además que dos de los testigos les reconocen como asaltantes, pero sus reconocimientos son viciados -según el sensor- porque los testigo ya habían visto a los imputados en los periódicos anteriormente al acto judicial. 2) Esta Sala de lo Penal observa que el deponente al momento de desarrollar su recurso, lo plasma incurriendo en el yerro de realizar su propia valoración y deducción de las pruebas evacuadas, sin puntualizar de que manera el Tribunal incurrió en transgresión a las reglas de la sana critica, no basta con que el reclamante denuncie la violación, sino que debe especificar en qué parte de su motivación, el sentenciador realiza un juicio de valor fuera estas reglas y que dicha inobservancia a provocado un fallo perjudicial a los imputados. Esta Sala de lo Penal en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción -porque por el principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí-, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En ese orden de ideas, para dar respuesta a la supuesta infracción denunciada, el recurrente tuvo que establecer puntualmente, de qué forma el Tribunal incurrió en el yerro denunciado y no realizar una valoración propia de la prueba, lo cual no compete ni al sensor, ni a este supremo Tribunal realizarlo. Sin embargo analizando la Sentencia que se recurre, vemos que el Sentenciador ha aplicado correctamente las reglas de la Sana Crítica, al derivar de las pruebas evacuadas en juicio, las verdades que se concluyeron de ellas; para el caso se escuchó en la vista pública la declaración del Policía O. V. A., quien recibe de primera mano la información acerca del asalto a la sucursal de B. A. y es quien realiza la captura de los implicados y el decomiso de la evidencia que los ligaba directamente al hecho. También declararon los testigos protegidos A-01 y A-02, el primero de ellos manifestó que el día de los hechos se encontraba trabajando en sus funciones normales dentro del Banco, cuando alguien tocó la ventana, al no hacerles caso sacaron sus armas de fuego y encañonaron a los vendedores y no tuvieron otra opción que abrir la agencia, al ingresar los asaltantes sacaron todo el dinero que había en la sucursal, que eran unos ochocientos mil lempiras; este testigo fue claro al establecer que, el dinero estaba ordenado por billetes de varias denominaciones y se encontraban amarrados con viñetas del B. A. y se marcaban con el numero de agencia y el numero del cajero, expresó además que en lo particular tenía asignado el número 185 como cajero del banco. El testigo A-02 manifestó que ese día se encontraba contando el dinero que los cajeros le reportaban, cuando alguien le manifestó que estaban asaltando el banco y al ver a los criminales con armas tuvieron que abrir la agencia, por lo que tres personas ingresaron y se robaron el dinero que estaba en los escritorios ese día. El Tribunal de instancia al valorar dichos testimonios infiere de ellos varias verdades tales como, que el día 04 de julio del 2006 se produjo un asalto a B. A., agencia que funcionaba en el interior de la Embotelladora la Reina de esta ciudad capital, que dicho asalto fue perpetrado por 4 personas al menos, se demuestra además que los acusados J. E. M. y W. N. F., fueron unas de las personas que cometieron el asalto, tanto por ser reconocidos por dos de los testigos protegidos como los asaltantes que ingresaron a la agencia y además porque se les decomisó unas viñetas del B. A. que eran utilizadas por los testigos A-01 y A-02 para agrupar los billetes de diferentes denominaciones. Dichas conclusiones del Tribunal de Sentencias y su posterior razonamiento, se vio cubierto en todo momento por la correcta y adecuada aplicación de las reglas del correcto entendimiento humano, ya que motivó apropiadamente cada elemento probatorio que se evacuó en el debate, sin evidenciar en sus raciocinios contradicciones o valoraciones fuera de las reglas supra indicadas, en tal sentido consideramos que el planteamiento del recurrente en este primer motivo de casación por quebrantamiento de forma es totalmente infundado por tal razón debe desestimarse.- VII.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS ACUSADOS W. N. F. Y J. E. M. C., ALEGANDO FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 89 DE NUESTRA CARTA MAGNA. El recurrente denuncia la falta de aplicación del artículo 89 de nuestra Constitución de la República, consignando como Precepto Autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. Expone el recurrente que nuestro Sistema Jurídico reconoce a toda persona el Estado de Inocencia, que abarca que éste sea considera inocente mientras no se declare su culpabilidad por autoridad competente; dicho Estado de Inocencia deberá ser vencido con la presentación de las pruebas suficientes y persuasivas que demuestren la culpabilidad de un imputado, en el entendido que la duda razonable no es suficiente para enervar el Estado de Inocencia. De lo anterior se desprende –a criterio del reclamante- que en el presente caso, las pruebas no poseen esa calidad de suficientes y persuasivas, vulnerando así el artículo supra indicado de nuestra Constitución de la República. Esta Sala de lo Penal considera que habrá vulneración al Derecho de Presunción de Inocencia, cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado[1]. En ese orden de ideas el reclamante debió especificar de manera puntual, en cuál de estos supuestos ubicaba la violación a la Garantía Constitucional del Estado de Inocencia que alega, no basta con que denuncie la infracción, sino que debe desarrollar y ubicar a esta Sala, de qué manera y a través de que inobservancias, el Tribunal Aquo incurrió en tan grave violación, el solo denunciar las supuestas trasgresiones vuelve el recurso incompleto e imposibilita su debido pronunciamiento. En el caso subjudice, el acervo probatorio que sirvió de cimiento a la sentencia condenatoria dictada contra ambos acusados, cumplió con los parámetros suficientes y válidos para enervar el Estado de Inocencia. Para el caso las pruebas evacuadas en juicio y de donde se desprendió la culpabilidad de los señores W. N. F. Y J. E. M. C. son: el Testigo O. V. A. Policía Preventivo y quien dió captura a los hechores, Testigo Protegido A-01, Testigo Protegido A-02, estos últimos empleados de la agencia bancaria asaltada y quienes observaron por sus propios sentidos lo ocurrido el día de los hechos e identificaron a los asaltantes, Actas de reconocimiento de los testigos A-01 y A-02, mediante la cual reconocen a los acusados como las personas que ingresaron a robar la agencia bancaria, Actas de Registro Personal de los imputados y Actas de decomiso, donde se establece que se les encontró viñetas utilizadas por la agencia bancaria para ordenar los billetes de diferentes denominaciones. Ninguna de estas pruebas fue obtenida en violación de otros derechos fundamentales, todo lo contrario fueron consideradas legitimas, ya que ninguna de las partes alegó otra condición en juicio; se observa además que fueron ampliamente motivadas y relacionadas unas con otras, de forma tal que permite deducir que el raciocinio de los Juzgadores fue adecuado por ser lógico y/o razonable en sus conclusiones. En ese orden de ideas, consideramos que no existe tal vulneración al artículo 89 Constitucional, todo lo contrario se respetaron en todo momento los derechos y garantías que ahí se establecen, por lo que debemos declarar sin lugar este motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional. VIII.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL ACUSADO WILMER NAHUN FONSECA, ALEGANDO FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 60 DE NUESTRA CARTA MAGNA. El impetrante invoca la falta de aplicación del artículo 60 de nuestra Constitución de la República que instituye el Derecho a la Igualdad de las Personas ante la Ley y la Justicia, instituyendo como Precepto Autorizante el artículo 13 del Código Procesal Penal. Al desarrollar el recurso, el sensor explica que según nuestra Carta Magna, todos los hondureños son iguales ante la ley, por su parte el Código Procesal Penal, igualmente establece la Igualdad de los intervinientes, entendiéndose entonces que el Estado reconoce dichas garantías. En el presente caso –según el recurrente- las pruebas no poseen la calidad que se amerita para enervar el Estado de Inocencia, pues con esas mismas pruebas se condenó al señor W. F. pero se absolvió de toda responsabilidad al otro acusado. Esta Sala de lo Penal comparte el criterio, que el Principio de Igualdad ante la Ley, ha sido siempre uno de los postulados básicos del constitucionalismo. Para que haya vulneración de este principio, no basta un trato distinto, sino que es imprescindible que éste sea arbitrario o injustificado. El aspecto clave de la igualdad en el contenido de la norma estriba en determinar qué criterios de diferenciación normativa son legítimos y cuales, en cambio, resultan ilegítimos. Para que una diferenciación normativa pueda reputarse legítima, el canon exigido por la jurisprudencia constitucional es que se “objetiva y razonable” y paralelamente, una diferenciación normativa es arbitraria o injustificada cuando es irrazonable. Este principio postula además el equilibrio o paridad de oportunidades procesales entre todas las partes que intervinieron en el proceso, sin que ninguna de ellas disponga de más o mejores armas de ataque o defensa que las otras[2]. En el presente caso, no observa este Supremo Tribunal, que se haya vulnerado el Principio de Igualdad alegado por el reclamante, por el simple hecho que las mismas pruebas que sirvieron para condenar a unos imputados, sirvieron para absolver a otros; y ello responde que en el caso del imputado W. N. F., se presentaron suficientes pruebas que enervaron su Estado de Inocencia y que por ende el dictado de una Sentencia Condenatoria resultaba apropiado según su condición jurídica. Al analizar la carga probatoria del otro acusado, señor D. I. G. C., vemos que ninguna prueba le incriminó directa ni indirectamente en el asalto a la agencia de B. A., por lo que al no lograr el ente acusador, enervar su Estado de Inocencia, el Tribunal Sentenciador procedió de forma correcta a dictar una Sentencia Absolutoria a su favor. En cambio las pruebas presentadas contra el señor W. N. F., como la declaración del testigo protegidos A-01 y su respectiva acta de reconocimiento, mediante la cual lo identifica como uno de los asaltantes, más el acta de decomiso, en donde se le encuentran viñetas utilizadas por el B. A. para clasificar los billetes por denominaciones, mismas que se le encontró en una bolsa en el interior del vehículo en el que se transportaba; hacen que todas estas pruebas confirmen su participación en los hechos y por ende que se quebrante su Estado de Inocencia que constitucionalmente le asiste. No puede pretender el sensor, encasillar la decisión del Tribunal de absolver al otro ciudadano, como violatorio al Derecho a la igualdad, porque no es el alcance que se espera de ese Derecho Constitucional, sino que como lo explicamos al inicio de nuestra exposición, implica que las personas sean tratadas de forma igualitaria, con las mismas oportunidades, y en iguales condiciones de defensa, de petición etc., sin discriminación de ningún tipo, escenarios que se respetaron a lo largo del presente juicio, por lo que debemos declarar sin lugar este motivo de casación por infracción de Precepto Constitucional a favor el acusado W. N. F.. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 60, 89, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto a favor de los acusados W. N. F. Y J. E. M. C. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto a favor de los acusados W. N. F. Y J. E. M. C. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- Redactó el MAGISTRADO RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.258=2009.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] Tena Aragón, Maria Félix. Manual de Derecho Constitucional. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa Honduras, agosto del 2006. Pagina34

[2] Tena Aragón, Maria Félix. Manual de Derecho Constitucional. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa Honduras, agosto del 2006. Página 86 y 87