Sentencia CP-257-11 — Registro 2878
Resumen
Se condenó en primer instancia por el delito de actos de lujuria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNGO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.-El recurrente interpone en su segundo motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, la inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica, estableciendo como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explica el censor, que el Tribunal A-quo al no utilizar el pensamiento lógico y las normas de la experiencia común y la Psicología, no fue capaz de detectar una serie de aspectos que no harían creíble la única prueba que puede inculpar al imputado S. B. B., es decir, la declaración de la menor I. M. E.. La menor ofendida fue clara en establecer que el procesado S. B. B. nunca le introdujo sus dedos u objeto alguno en su vagina; sin embargo, el Dictamen Médico practicado a la menor establece una ruptura de himen reciente (menor de 10 días), esta contradicción nos refiere que la menor fue abusada carnalmente por otra persona que no es el imputado, demostrando con ello que la menor puede ser influenciada por esa otra persona. En conclusión, la prueba testifical de la perjudicada no solo no era suficiente, si no que, no era creíble a efectos de demostrar la participación del imputado en los hechos que se le acusan. II.- Esta Sala de lo Penal, por alusión a la violación de las reglas de la Sana Crítica, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que: “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva, el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala, ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala de lo Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. III. Este Supremo Tribunal considera, que el Recurso es falto de claridad y exactitud en establecer de qué manera el sentenciador incurrió en violación a las Reglas de la Lógica y de la Experiencia que denuncia, no basta con revelar la infracción, sino que debe señalar además, cuáles fueron los razonamientos en los que se detecta la ausencia de las reglas del correcto entendimiento humano y cómo dicha infracción afectó en la defensa del imputado de acuerdo a la valoración efectuada por el A-quo. Los recurrentes argumentan una serie de consideraciones y apreciaciones muy subjetivas respecto a la declaración de la menor ofendida y el Dictamen Médico a ella practicado, incurriendo en una revaloración de las pruebas, lo cual no es permitido en esta etapa de casación. Cuestionan el por qué el sentenciador le concedió credibilidad a la declaración de la menor ofendida I. M. E. (F68), que según el acta de debate, ésta manifestó como el día de los hechos estando en la casa del señor S. B. B., éste la tomó por la fuerza y le tocó con la mano sus genitales, no introduciéndole ni los dedos u objeto alguno, sin dolerle o sangrar en ningún momento; el reclamante considera que dicha declaración es contradictoria con el Dictamen Médico (F5) practicado a la menor, en el cual se concluyó que la ofendida presenta una ruptura de himen reciente (menor de diez días). El A-quo consideró concederle credibilidad a la declaración de I. M. E., ya que en los delitos de naturaleza sexual generalmente no existen testigos presénciales de los hechos, considerando su testimonio coherente y sin evidenciar manipulación alguna. Ciertamente, la Sala ya ha reiterado en relación a los delitos sexuales que, “…la experiencia nos muestra que gran cantidad de los delitos de abusos sexuales entre ellos el de violación, si bien, no son exclusivos suelen suceder en entornos sociales en los cuales concurre situaciones de marginalidad social o déficit de atención familiar como ser hijos abandonados, menores que pasan bastante tiempo solos en sus casas o viven juntamente con varias personas, padres que han emigrado del país dejando a los menores con otras personas o familiares, resultando con frecuencia que en muchos casos se cuente únicamente con la declaración de la víctima, razones por las cuales los delitos contra la libertad sexual se consideran criminológicamente delitos clandestinos, secretos, o de comisión encubierta”. (Fallo del 28 de junio del año 2011 en el expediente 60-2010). Lo cual implica que la declaración de la víctima debe ser analizada con sumo cuidado para verificar si la misma se concatena con otros elementos probatorios o si ésta ha sido sostenida de manera persistente y clara en las diferentes etapas del proceso para poder determinar si el razonamientos del A-quo es razonables, o por el contrario carecen de sapiencia. La Sala, al apreciar los razonamientos del A-quo encuentra que son válidos y conforme a las reglas de la sana crítica. Agregaríamos además, que si la menor estuviese de alguna forma influencia para declarar contra el imputado, perfectamente hubiera manifestado que fue el imputado quien le provocó la ruptura de himen y por ende la responsabilidad del procesado serian aún mayor; sin embargo, la menor siempre mantuvo su posición que el señor S. B. B. únicamente manipuló sus partes genitales sin introducir nada en su vagina. IV. Esta Sala de lo Penal, considera que el hecho de que el Dictamen Médico establezca que la menor tiene ruptura de himen, para nada excluye de los hechos realizados por el ahora acusado B. B., ya que la ruptura de himen pudo darse días anteriores a los sucesos, y esto no excluye en absoluto que el procesado haya ultrajado la libertad sexual de la menor I. M. E. efectuado los actos de lujuria que se le reprochan, en los cuales como se decía al resolver el recurso por infracción de ley, no es necesario que concurra acceso carnal alguno al no ser relevante para el delito imputado si existía ya ruptura, pues concurre al realizarse otro tipo de conductas lujuriosas, no existiendo contradicción en el razonamiento de los juzgadores. En conclusión, consideramos que los juicios de valor utilizados por el sentenciador son ajustados y no vulneran las reglas de la sana crítica, por lo que la sentencia cumple con los requisitos que exige el artículo 338 del Código Procesal Penal, razón suficiente para desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. El reclamante considera que la declaración de Hechos Probados no es precisa y carece de coherencia, consignando como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explica el recurrente, que el cuadro fáctico de una sentencia penal no debe admitir dudas sobre lo que pasó y debe basarse en el análisis que los Jueces hicieran de las pruebas evacuadas en el debate. Aduce el recurrente, que el Sentenciador al emitir el cuadro fáctico que se cuestiona en casación, lo hizo con falta de precisión al no colocar en el hecho, el por qué la menor ofendida llegó a la casa del señor S. B. B. a darle de comer a las gallinas, sin explicar las razones que tuvo la menor para desplazarse a la casa del imputado, aumentando con ello el morbo, al tratar de introducir la idea que el acusado propició el momento para estar a solas con la menor, lo cual nunca fue cierto. De igual forma, considera que la Sentencia carece de coherencia, ya que los hechos probados establecen que al momento de los supuesto tocamientos, el imputado S. B. B. se desnudó, circunstancias que nunca declaró la ofendida según el acta de debate. De igual forma objeta que, se establece que el encartado le mostró los genitales a la menor, cuando esta aseveración tampoco tiene sustento probatorio, ya que la ofendida nunca se refirió a esos detalles según consta en el acta de debate. II. Partiendo de la exigencia establecida en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, en el sentido que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya que dictarse; el presente motivo se refiere al caso en que los hechos probados no sean claros, lo que se constituirá si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa e insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conlleven a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de esos hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el Tribunal trata de referir o que sólo sea accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. En cuanto a la contradicción en los sucesos probados, nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir “in terminis”, y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución[2]. III. Esta Sala de lo Penal, ha realizado un estudio minucioso y detallado del cuadro fáctico que se cuestiona y no encuentra que el Sentenciador haya incurrido en los errores que denuncia el recurrente. El relato de hechos probados está conformado con claridad, coherencia y precisión, de tal forma que ubica al lector en los diferentes elementos integrantes de éstos, es decir, espacio tiempo forma y actores. Si bien el hecho probado único (PRIMERO), es conciso, es lo suficientemente claro, al establecer que los sucesos declarados probados narran, como el 6 de febrero del 2008 (tiempo) la menor I. M. E. de 10 años de edad, llegó a la casa del señor S. B. B. (espacio y actores), el imputado tomó por la fuerza a la menor ofendida, la condujo hasta una de las habitaciones, le quitó la ropa y procedió a manipular los órganos genitales de la pequeña, al mismo tiempo que el procesado se desnudó y le mostró a ésta sus genitales (Forma o desarrollo de los hechos). No siendo necesario comprender en el mismo las razones que la llevaron al lugar del hecho, las cuales además es claro e implícito fue con la intención de darle de comer a las gallinas. Al revisar el cuadro fáctico, se encuentra la debida relación y fidelidad en establecer cómo se desenvolvieron y desarrollaron los mismos, identificando fácilmente la participación que tuvo el imputado, cumpliendo por tanto con los requisitos de Claridad y Precisión que exige la ley. IV. En varias oportunidades el recurrente increpa en sus alegatos, la falta de coherencia entre el hecho probado y algunas de las prueba evacuadas durante el debate, pero dichas argumentaciones son propias de otros motivos de casación, ya que la coherencia y claridad a la que hace alusión el numeral 1 del artículo 362, se refiere a sancionar cuando el cuadro fáctico es elaborado con palabras o expresiones vagas, indecisas e ambiguas, de forma tal que lleven al lector a su total incomprensión; pero en el caso examiné, los mismos cumplen con los requisitos que demanda el artículo 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal. Por todas estas razones, es procedente declarar Sin Lugar el primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de mayo de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la cual CONDENÓ a S. B. B., como autor responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de la menor I. M.N E., a la pena principal de SIETE (7) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpusieron el Recurso de Casación los Abogados R. A. T. F. Y C. H. B. T.S, actuando en su condición de Apoderados Defensores del señor S. B. B..- SON PARTES: El Abogado C. H. B. F. en su condición de Apoderado Defensor del imputado S. B. B., como parte recurrente y el Abogado S. C. A. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Como a las ocho de la mañana el día seis de febrero del año dos mil ocho, la menor I. M. E. de diez años de edad, llegó a la casa del ahora imputado S. B. B., ubicada en la aldea Cabeceras de Moran de Campamento, Olancho, con la intención de dar comida a unas gallinas, una vez en la vivienda el imputado S. B., tomó por la fuerza a la menor I., la condujo hasta una de las habitaciones, le quito la ropa y procedió a manipular los órganos genitales de ésta, al mismo tiempo él también se desnudo y mostró sus genitales a la menor. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- Los recurrentes Abogados R. A. T. F. Y C. H. B. T., en su condición de Apoderados Defensores del señor S. B. B., desarrollaron su Recurso de Casación de la siguiente manera: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por aplicación Indebida del artículo 141 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 360 del Código Procesal Penal, es el artículo que nos da el fundamento legal para poder interponer el presente Recurso. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto sustantivo penal que se considera, ha sido infringido por aplicación indebida dispone en su parte conducente: "Artículo 141. Comete actos de lujuria, quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior hace víctima a otra u otras personas de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será sancionado con pena de reclusión de cinco (5) a ocho (8) anos. … …” El artículo 360 del Código procesal, penal, nos explica que habrá a lugar al recurso de casación, cuando por derivación de los hechos tenidos como probados por el Tribunal sentenciador; este mismo haya infringido una disposición sustantiva de carácter penal, necesaria para la aplicación de la misma ley penal; partiendo de este postulado de la norma adjetiva penal, desarrollaremos en este apartado, que por los hechos resultantes del proceso, no se pudo demostrar que nuestro representado haya cumplido con la taxatividad de la norma penal que argüimos fue infringida su aplicación por el tribunal sentenciador; ya que no se cumplieron la totalidad de los requisitos que conforman los elementos del delito por el que se acusaba a nuestro representado. Pues bien, debemos recordar que cada delito, cuenta con una serie de elementos básicos, tales elementos deben concurrir en su totalidad para que se pueda calificar que existió la conducta acusada, si solo faltar e uno de tales elementos el Delito no existiría; uno de tales elementos es La Tipicidad, según SANTIAGO MIR PUIG (quien a la Tipicidad la denomina como “El Tipo”, y le agrega si es doloso, o imprudente dependiendo de las figuras que se estén estudiando), El Tipo, y en especifico el que es Doloso por acción, nos presenta dos partes a analizar, si queremos establecer que ha existido un Tipo Penal, estas son la parte Objetiva y la parte subjetiva del Tipo penal; esta ultima entraña el mismísimo dolo, pero lo primero que debemos analizar es si existe la parte objetiva del Tipo; lo cual nos lo define el citado Colega Ibérico, en su obra "DERECHO PENAL, PARTE GENERAL", 6ta. Edición, páginas 234 y 235, las cuales en su parte conducente dicen: "...Aunque lo característico del Tipo doloso es el dolo, que integra necesariamente su parte subjetiva, conviene a efectos analíticos empezar por su parte objetiva, puesto que esta encierra el objeto que ha de ser abarcado por el dolo. Por otra parte, antes de preguntar si un hecho se ha realizado con dolo es preciso saber si efectivamente se ha realizado... La parte objetiva del tipo doloso se refiere al aspecto externo de la conducta requerida por el tipo doloso: p. ej., los actos externos necesarios para "matar" a otro. Cada tipo de delito doloso describe una conducta diferente, por lo que la precisa determinación de la parte objetiva de cada tipo corresponde a la Parte Especial del Derecho Penal. Sin embargo, todo tipo doloso requiere ciertos requisitos mínimos en la conducta externa, que deben estudiarse en la teoría general del tipo doloso y que en buena parte son comunes a todo tipo objetivo, también a los de los delitos imprudentes. Así como se verá, para la tipicidad objetiva de una conducta no basta que la misma resulte (ex post) encajar en la descripción literal del tipo, sino que es preciso que ex ante, al irse realizando, fuese objetivamente previsible que daría lugar a la realización del tipo (la peligrosidad ex ante es necesaria para el injusto penal: cfr. Supra, Lec. 6, IV 2B). En los delitos de resultado a diferencia de lo que ocurre en los delitos de mera actividad (pero ver infra, 1,4 no es infrecuente que el resultado no fuera objetivamente previsible ex ante atendida la falta de peligrosidad objetiva de la conducta. Por otra parte, en estos delitos también puede ser dudoso si el resultado ha sido causado por la conducta peligrosa en condiciones en que pueda imputarse objetivamente dicha conducta. Como elementos generales de la parte objetiva del tipo exigibles no solo para los tipos dolosos, sino también para los imprudentes, aunque tal vez con un contenido algo diferente hay que señalar, Por tanto: 1.) un hecho que encaje en la descripción literal del tipo imputable a una conducta peligrosa ex ante; 2.) En los tipos que exigen la producción de un resultado separado, ello supone que exista una determinada relación de imputación entre dicho resultado y la conducta peligrosa… …"; luego de la lectura de tales conceptos doctrinarios, podemos analizar, que para que se de la parte objetiva del Tipo, es necesario que se pueda achacar, la literalidad de una Norma Penal, a determinada acción humana, desde un punto de vista ceñido exclusivamente a las pretensiones de la parte Acusadora el señalamiento de quien realiza los actos externos propios de una acción tendente a realizar actos de Lujuria, se logra en un proceso penal por la declaración de la supuesta ofendida, pero claro, no se puede supeditar la comprobación del señalamiento exclusivamente a que la ofendida declare en contra de un imputado, se deben analizar las demás circunstancias nacidas del proceso, así mismo debe analizarse con mucho detenimiento la declaración de esa persona ofendida para detectar cualquier anomalía o contradicción en la misma. Lo anterior lo decimos, ya que en todos los delitos de naturaleza sexual, la regla es que los mismos se achaquen que fueron cometidos en lugares o ambientes que permitan privacidad, por así decirlo, en donde comúnmente, solo permanecerían la supuesta parte ofendida y el acusado; esto nos deja como consecuencia que para demostrar una parte de uno de los elementos del delito, la Cual es la Tipicidad; en este caso la Parte Objetiva del tipo, es necesario estudiar a fondo las declaraciones de la parte ofendida; pero no debemos olvidar que sería también esencial las ponencias del imputado; así como otras circunstancias que nos arrojen luz sobre la veracidad de los dichos de los que serian las partes actoras principales en estos delitos de orden sexual. En la presente causa el Tribunal sentenciador si bien evalúa los dichos de la ofendida, no pudo o no quiso señalar algunas circunstancias que indicarían una serie de contradicciones de tal testimonio, ya que solo se centra exclusivamente en los dichos de la menor, para determinar que nuestro patrocinado realizo todos los actos externos necesarios para configurar un delito de ACTOS DE LUJURIA, relativos al segundo Párrafo del artículo 141 del Código Penal. De acuerdo a la Doctrina traída a colación y tal como se puede analizar en los delitos de orden sexual, lo que nos señala quien o quienes realizaron un hecho que encaje en la descripción literal del tipo penal acusado, no es más que las declaraciones de los sujetos activo y pasivo, y sobre todo de las de este ultimo; o sea el análisis de lo que nos dijo la ofendida en la presente causa es lo que serviría para cumplir con la finalidad de la acusación de demostrar uno de los elementos del Tipo penal: La Tipicidad; claro para demostrarla primero debemos analizar-tal como dice SANTIAGO MIR PUIG- que antes de preguntar si el hecho se cometió con dolo, primero es necesario saber si efectivamente se ha realizado, o sea si la literalidad de la Norma del artículo 141 del Código penal-plasmada en su primer párrafo- se ha demostrado fehacientemente en el presente caso que puede ser achacada a nuestro patrocinado. Como vemos si para demostrar una parte, de uno de los elementos del delito, se necesita la declaración de la parte ofendida, la misma debe ser analizada en este recurso; porque recordemos que estamos alegando que se aplico indebidamente al presente caso la Norma Penal contenida en el primer párrafo del artículo 141 del Código penal. El Tribunal sentenciador en sus fundamentaciones le da un rango de confiabilidad a la declaración de la menor, pero el mismo Tribunal emite una contradicción evidente, derivada de lo siguiente: El Ministerio Público alego en todo el proceso-puede comprobarse este alegato con lo pedido por la Fiscalía, en su requerimiento, audiencia Inicial, preliminar y el mismo debate-, que lo que se daba en el presente caso era un delito de actos de Lujuria Agravado, pero por lo estipulado en el numeral tercero del artículo 141, tal párrafo establece que para dar tal agravamiento del hecho, debe darse la introducción de objetos e los órganos sexuales de la víctima; esto lo alegaba la Fiscalía, ya que decía que el acusado había introducido los dedos en la vagina de la menor. Y la Contradicción es que en el proceso el Ministerio Público presenta un dictamen médico hecho a siete días del supuesto hecho, en el cual refiere que la menor tiene roto su himen, pero en el debate la propia menor declaro que nuestro cliente nunca le introdujo objeto alguno en su vagina o sus propios dedos; resulta que el tribunal sentenciador incluso toma en consideración este elemento para no condenar a nuestro cliente por ACTOS DE LUJURIA basados en el agravamiento del párrafo tercero del artículo 141 (que contempla una pena de diez a quince años), si no que por el párrafo segundo de tal artículo (que aumenta en 1/2 la pena establecida en el párrafo primero de tal artículo) que agrava la pena por el hecho de que el sujeto pasivo sea menor de catorce años, y he ahí el fondo de la contradicción, ya que los sentenciadores en sus fundamentaciones dan credibilidad a la menor, en cuanto a un delito que para se configure no es necesario que haya existido acceso carnal o penetración; pero resulta que la menor ya no es virgen o doncella, ya que tiene roto su himen, y el dictamen es hecho un trece de febrero del dos mil ocho, o sea siete días después de los supuestos hechos; todos sabemos que los signos de ruptura himenal, pueden arrojarnos que es reciente tal ruptura si el acceso carnal se realizo en un periodo máximo de diez días al momento de haberse hecho la auscultación; entonces aquí está el meollo de la contradicción, no puede decirse que las declaraciones de la menor bastan y sobran para demostrar que nuestro representado fue el que ejecuto los actos tendientes a acariciar, toquetear o sobar la vulva de la supuesta víctima; esto lo decimos ya que a pesar que el tribunal sentenciador le da poca importancia al choque contradictorio entre el dictamen medie o y la declaración de la menor; en realidad podemos apreciar que tal contradicción no es un hecho baladí, sino que revestiría un mayor análisis. Observemos que en ninguna parte del proceso, y sobre todo al momento del juicio, la menor nos refiere que tuviere vida Sexual activa, pero al observar el dictamen médico logramos deducir, que si nuestro defendido no la acceso carnalmente ya sea con sus dedos o su pene- recordemos que ella vehemente negó que nuestro defendido siquiera frotara su miembro viril en su vulva-, entonces significa que la menor AL MOMENTO DEL HECHO EXISTIA LA GRAN PROBABILIDAD QUE YA HUBIERA TENIDO AL MENOS UN ENCUENTRO SEXUAL QUE INCLUYERA LA PENETRACION EN SU VULVA, INCLUSO PUDO TENER RELACIONES SEXUALES DESPUES DEL SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL OCHO, QUE ES LA FECHA QUE SE SENALA COMO EN LA QUE SUCEDIERON LOS SUPUESTOS HECHOS, ¿Por qué aseveramos lo anterior?, veamos, si el termino para que logre determinarse si una ruptura de Himen es reciente o no es de diez días, eso significa que en el presente caso, si la pericia medica se realizo un trece de febrero la relación sexual que desfloro a la menor pudo haber tenido lugar desde el cuatro de febrero de ese año, si tomáramos en cuenta el día trece de febrero como el décimo día después de la relación sexual, o sea dos días antes del día de los supuestos hechos, es mas como el periodo en que cabria detectar esa primera relación abarcaría varios días entre el cuatro y trece de febrero es muy abierta la posibilidad que esa relación sexual haya tenido lugar después del seis de febrero-día de los supuestos hechos- y entre ese día y el examen médico; entonces volviendo nuestros pasos al fondo de nuestro análisis, debemos necesariamente que aseverar que los dichos de la menor para nada pueden ser tomados como una veracidad por parte del tribunal, consideramos que el tribunal malintencionadamente quiere minimizar ese aspecto de una contradicción tan grande, contradicción que casualmente se refiere a lo que se le hizo a la menor y sobre todo quien se lo hizo, el tribunal sentenciador trata de dejar a un lado este elemento que como ya dijimos arrojaría serias dudas sobre lo dicho por la menor, que tal como hemos analizado esos dichos nos demostrarían necesariamente la parte objetiva del tipo penal investigado. El Tribunal sentenciador además en los fundamentos que esgrime para achacar a nuestro representado un delito de Actos de Lujuria, menciona que nuestro representado coincidió en estar en el lugar donde estaba la menor el día de los supuestos hechos, pero obvia el tribunal, que nuestro defendido no hizo que llegara la menor a el domicilio de nuestro representado, sino que fue ella la que llego, por la circunstancia que también se evidencio del proceso, de que la menor fue albergada junto a su familia en la casa de nuestro poderdante, o sea en ese momento temporal era normal que llegara la menor a la casa de habitación de nuestro defendido, no es que nuestro patrocinado se haya querido crear ese ambiente ideal para lograr los supuestos propósitos sexuales que se le achacan, como quiere dejar entrever el tribunal en su sentencia; sino que más bien era perfectamente normal- por lo menos en ese tiempo, como ya dijimos- que la menor llegare a el hogar del imputado; si unimos esto a el hecho medico que la menor en cuestión a tenido relaciones sexuales (entendidas estas como unas en donde exista penetración), las cuales ella misma nos dice que no fueron prodigadas por nuestro representado, entonces podemos plantearle a esa Honorable sala de lo Penal la siguiente Hipótesis de lo que pudo haber acontecido: La menor en cuestión, en un momento de tiempo, que cabria dentro del término de diez días en que se puede detectar que la ruptura de himen es reciente, mantuvo relaciones sexuales con una persona no determinada, pero tal relación sexual es mantenida en un momento en donde tanto la menor como su familia habían estado siendo albergados por nuestro poderdante en su propia casa de habitación, la misma menor en el debate o juicio oral, dice tajantemente que nuestro patrocinado no la penetro en forma alguna, este fue un elemento que suponemos saco de balance a la acusación. El hecho de que la menor haya sido accesada carnalmente es descubierto en el ámbito familiar, no como se ha querido hacer creer que el mismo día de los supuestos hechos, ya que la declaración testifical de uno de los hermanos de nuestro poderdante nos dice que al tercer día de los supuestos hechos, es que se comunican con él, el padre de la menor para indagarlo sobre lo que había acontecido, actitud de sobra sospechosa ya que en un caso tan delicado no es lógico que el propio padre se comunique con un hermano del supuesto agresor, además el testigo en referencia nos dice que ya andaba la "bulla" del supuesto hecho, aquí consideramos que uno o varios familiares de la menor lo que hicieron fue ir preparando el ambiente local en contra de nuestro representado, ¿Por qué esta actitud?, al descubrirse el abuso, la noticia salió del ámbito puramente familiar y comenzó a ser comentado tal acontecimiento por otros pobladores del lugar donde viven tanto imputado, como víctima y sus familiares, ya que recordemos que el lugar de residencia de las partes es una comunidad al nivel de aldea, comunidades en donde en horas si no que en minutos la gente se entera de cualquier acontecimiento de la vida cotidiana de familiares y vecinos, claro al ser la niña de tan corta edad y criada en un medio de pobreza, es fácil influenciar su ánimo, la persona que si acceso carnalmente a la menor, que necesariamente tiene que ser del círculo familiar de ella hizo esta labor de influenciarla; pero preocupado por el giro que estaban dando los acontecimientos al comenzar a sonar mucho lo del abuso; tenía que buscar quien cargara con su culpa, y el ideal para eso no era otro que nuestro representado, ya que en la casa del mismo estuvieron viviendo tanto la menor como su familia, en esos días era normal que la menor estuviera en la casa de nuestro representado en varios momentos del día, bastaba saber a través de la misma menor, alguno de esos momentos cercanos al acceso carnal de que había sido objeto por persona distinta de nuestro representado, en que coincidiera que la joven pudiera estar en la casa de habitación de nuestro patrocinado pero que el mismo se encontrara solo, yeso-para fortuna de quien había tenido copula con la menor- había ocurrido el seis de febrero del dos milocha, ya que coincidía que la familia de nuestro patrocinado no se encontraba en la casa de habitación; una vez comprobado-para fatalidad de nuestro cliente- por parte del verdadero abusador que la niña había podido estar en la casa de nuestro cliente en un momento en que estaba solo este, la menor influenciada fue llevada ante las autoridades para poner la denuncia respectiva, ya sabía el perpetrador que al hacerle exámenes a la infante los resultados serian los que se obtuvieron, luego de la mala- por no decir inexistente- investigación, unida al morbo de fiscales y jueces hizo el resto; claro no contaba el perpetrador con que la menor en el debate, quizás porque la conciencia de la misma la torturaba, no pudo cargar con el peso total de decir que nuestro cliente la había penetrado, claro al temer a su verdadero agresor no pudo decir toda la verdad en la audiencia. Es así entonces que podemos apreciar palmariamente que la contradicción entre la pericia medica y los dichos de la menor, nos arrojarían el resultado que no puede servir esa declaración para sustentar suficientemente que nuestro poderdante haya ejecutado la literalidad de la norma penal conocida como actos de lujuria, aquí debemos señalar que lo que impero en esta causa fue más el morbo, que el análisis frío del caso, para el caso el tribunal sentenciador nos dice que nuestro patrocinado se desnudo, pero al ver el acta de debate podemos apreciar que esa circunstancia no fue referida por la misma menor, ¿de dónde saco el tribunal esta aseveración? Pues la saco de un proceso de imaginación morbosa-ver acta de debate para corroborar que no hay referencia a tal desnudez-, así mismo por un proceso de puro morbo, también el tribunal sentenciador nos dice que considera que el solo hecho de que el imputado haya estado en el mismo lugar que la menor ya es óbice para sostener que accedió sexualmente a la menor, todas estas apreciaciones basadas en el morbo, impidieron que los sentenciadores apreciaran que la contradicción entre los dichos de la niña y el dictamen forense, no solo eran un elemento para condenar al acusado por un delito más leve; sino que verdaderamente destruían la credibilidad de la ofendida; claro la ofendida nos puede demostrar la parte objetiva del tipo penal, ya que en este tipo de delitos, es la víctima la que señala que alguien ejecuta en su cuerpo, actos de lascivia sexual distintos al propio acceso carnal, que no es más que el delito de Actos de Lujuria Típico; y siendo que la parte objetiva del Tipo Penal su comprobación consiste en que se haya demostrado que se cumplió con la literalidad de la norma penal acusada, por medio de poder achacarle a el sujeto activo que realizo los actos externos para lograr cumplir con esa literalidad de la norma penal, que en este caso es la de Actos de lujuria; pero esos actos externos no pueden ser comprobados con la declaración de una menor que es evidente que fue desflorada, pero no por el acusado, y que el mismo tribunal nos señale que considera probado que la menor fue despojada de su virginidad, pero no por nuestro cliente; y que tal circunstancia no llame a establecer que los dichos de la menor no son para nada creíbles, máxime que la penetración, existe la alta probabilidad de haberse dado en un periodo de tiempo que incluiría el día de los supuestos hechos, o sea nuestra hipótesis se solidifica al entrar en la ecuación un tercero desconocido que accedió sexualmente a la menor en momentos tan cercanos al que la acusación pretende probar que nuestro cliente manoseo sexualmente a la menor. Por todo lo expuesto en este acápite, consideramos que no se daría la parte Objetiva del Tipo penal de Actos de Lujuria, al no darse tal parte objetiva, no podría sostenerse la existencia del Tipo Penal específicamente acusado; con ello no existiría entonces la comprobación de la Tipicidad, y al ser la tipicidad un elemento esencial para configurar el delito, y al no existir aquella en consecuencia no podría comprobarse la existencia del delito de Actos de Lujuria; esto traería como consecuencia que se aplico indebidamente el Artículo 141 del Código Penal en su primer párrafo, el cual es el que nos describe la literalidad del delito en discusión; por ello consideramos que este motivo de Casación es de recibo, y en su oportunidad debe concedernos la Casación por Infracción de Ley, y proceder la corte a dictar lo que en derecho corresponda absolviendo a nuestro poderdante del delito acusado. III.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: La declaración de hechos Probados no es precisa en algunos de sus puntos, y carece de Coherencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 362 N° 1) del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para los efectos de este Motivo se cita como Infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta, Numeral 1); el cual nos dice: “… … 1) Declaración de Hechos probados. En Párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse… …”. Los hechos probados, deben ser un todo sólido, que no admita dudas sobre lo que pretenden decir; claro los hechos probados, deben de basarse en el análisis de las diligencias probatorias, evacuadas en juicio, los hechos probados deben de darnos una visión lo más clara posible de lo que el Tribunal considero que fue lo acontecido, claro si se toman en cuenta solo algunos elementos, el fallo estará predeterminado de antemano; ya que si se solo se consideran validos los elementos de los hechos, que -van en contra de un procesado; la lógica conclusión será una sentencia Condenatoria; por tal razón el Código procesal penal, ordena, que sean coherentes, claros y precisos. La Sentencia recurrida, presenta unos hechos probados, que no están de acuerdo a la norma procesal penal. La primera inconsistencia que posee el único hecho probado de la sentencia, es la falta de precisión que contiene al no colocar los sentenciadores en tal hecho probado del porque la menor llego con total naturalidad a dar de comer a unas gallinas, a una casa que no era la suya; recordemos que del proceso surgió el hecho que la familia y la misma menor estuvieron viviendo en la casa del imputado, es por ello que en la casa de nuestro representado incluso había animales de granja que no eran de su propiedad, sino de los padres de la supuesta víctima; así mismo de lo evacuado en juicio también surgió la circunstancia que la menor además de ir a dar alimento a las aves de corral mencionadas fue a la casa de nuestro representado a traer prendas de vestir; ¿Por qué debía estar contenida esa circunstancia en los hechos probados?; debía ser colocada tal circunstancia ya que al no formar parte de los hechos probados, a los mismos les resta precisión, ya que no aparecería la razón por la que la niña se desplazo desde donde su abuela a casa de nuestro representado; además los hechos probados por no ser precisos en ese aspecto no nos señalarían el hecho de que al haber estado viviendo en casa de nuestro poderdante era totalmente normal que la menor llegare a tal vivienda. Estas imprecisiones despojan a los hechos probados de esos dos elementos que nos señalarían la naturalidad de que la menor se acercare donde estuviere nuestro cliente; lo que sucede es que tales aspectos serian incómodos para la tesis condenatoria del Tribunal inferior, ya que el mismo en partes de su fundamentación dejan entrever la idea como que nuestro patrocinado se creó artificialmente un ambiente propicio para poder estar a solas con la denunciante; por ello es que no precisan el porqué debía llegar a la casa de nuestro defendido a alimentar gallinas propiedad de sus padres y tampoco mencionan la circunstancia de que iba a recoger una ropa; claro estos aspectos le quitarían parte del morbo a la sentencia, morbo referido a tratar de introducir la idea de que nuestro cliente busco o se creó el ambiente propicio para estar totalmente a solas con la menor; es por ello que los sentenciadores no son precisos al señalar tales aspectos; que consideramos que debieron haber sido colocados en la consideraciones del hecho probado para darle ese requisito que nos exige el Código procesal penal de que los hechos probados sean precisos. Así mismo la sentencia no es coherente, en la aseveración de que nuestro defendido se despojo de sus ropas; pierde coherencia tal aseveración ya que no es producto de su demostración en el acto del juicio, si los honorables magistrados de esa Sala de lo penal revisan con detenimiento el acta del debate (de la cual ya tenemos una copia debidamente autenticada) podrán observar que al momento del debate, cuando declara la menor ella nunca dice que nuestro defendido se halla desnudado, cuando se le interroga y contra interroga sobre si el procesado hizo "algo mas" aparte de los supuestos abusos, la menor tajantemente dice que No; ¿De dónde sale entonces esa pretendida desnudez de nuestro defendido frente a la menor?; como ya hemos venido aseverando en varias partes de este escrito, el tribunal sentenciador se dejo guiar mas por el morbo que por análisis jurídicos de la presente causa; es por ello que a pesar de no haber prueba alguna que logre determinarnos que nuestro patrocinado se desnudo, el tribunal sentenciador coloca esa circunstancia en su hecho probado, a pesar que tal aseveración no es coherente con el bloque probatorio, que es el que sirve de fundamento para construir los hechos probados en cualquier causa penal; tal falta de coherencia, como podemos observar es sobradamente evidente por lo que no es necesario más argumentos que los ya dichos para comprobar que la misma existe. En el mismo espíritu del párrafo anterior es de señalar que el tribunal sentenciador incoherentemente, respecto al bloque de pruebas coloca en su hecho probado que nuestro representado le mostró sus genitales a la menor, nuevamente señalamos que si esa sala de lo penal revisa el acta de debate podrá descubrir que la menor nunca asevero que nuestro patrocinado haya sacado sus genitales frente a ella, la supuesta ofendida insiste que lo que sucedió fue una manipulación de sus genitales pero con la mano de nuestro patrocinado, incluso cuando se le hacen preguntas especificas si nuestro defendido uso sus genitales en su cuerpo, la menor claramente establece que nuestro representado ni siquiera le acerco los genitales a su cuerpo; no alcanzamos a comprender el porqué el tribunal sentenciador no es coherente en su hecho probado respecto a lo evacuado en el debate; aquí nuevamente consideramos, que los sentenciadores se dejaron llevar más por deducciones subjetivas nacidas del morbo, y por lo tanto esta circunstancia de haber exhibido los genitales por parte de nuestro poderdante a la joven, solo existió en la imaginación de los jueces, porque como ya acotamos en el acta por ningún sitio aparece siquiera un indicio de que la menor haya referido que nuestro defendido le haya exhibido su pene o testículos; podemos ver incluso que a preguntas indirectas que pudieran indicar el uso de su pene en la humanidad de la menor como las de que si le ardía su parte, o si le dolía al orinar, la menor negó esas molestias; o sea por ningún lado vemos que exista fundamento probatorio alguno para que el tribunal sentenciador no sea coherente respecto al bloque probatorio, que no le indica de ninguna forma que sea cierto esa circunstancia referida a los genitales de nuestro patrocinado. Por los análisis hechos en este acápite, consideramos que el motivo planteado es de recibo, en consecuencia debe concedérsenos el recurso de casación por el presente motivo, anular la sentencia dictada, y ordenar que con un tribunal distinto se vuelva a reproducir un nuevo Juicio Oral y Público en la presente causa. Siendo que por la circunstancia que estas violaciones a las normas puramente procedimentales, están contenidas en el cuerpo mismo de la sentencia no pudieron ser recurridas más que por la interposición del presente recurso de Casación. IV.- CONTINÚA EXPRESANDO EL RECURRENTE EN SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MOTIVO: No haber Observado el tribunal sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 362 N° 3), del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para los efectos de este motivo, se cita como infringido, el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual dice: "Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida." así mismo los artículos 336 y 338 del mismo cuerpo legal, remarcan este mandato, al mencionar en su contenido, que las pruebas que sirven de fundamento a la sentencia deben ser evaluadas conforme a la Sana critica. Aquí debemos citar al ilustre Jurista JOSE 1. CAFERATA NORES, en su obra "LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL", pagina 45, que nos explica que es la sana crítica: "El sistema de libre convicción o Sana Crítica, establece la mas plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige que las conclusiones a que se llegue, sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye; teniendo un límite infranqueable: El respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento Humano, se caracteriza este sistema por la posibilidad que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica… … principios de Psicología y la experiencia común." Así entonces, debemos señalar las razones que consideramos, por las que no se aplico la Sana crítica en la valoración conjunta de la prueba, por parte del tribunal sentenciador. Las pruebas en general, en todo proceso, deben contar la debida credibilidad; por el simple hecho que una persona declare ante un Tribunal, y describa un hecho; o que un documento pretenda probar alguna circunstancia en especifico; no por eso es que ya tiene credibilidad, claro, si alguien va a falsear la verdad, no lo dirá descaradamente, si no que hay que adentrarse en los detalles de su declaración; ya que quizás la generalidad de la misma parezca convincente, pero muchas veces algunos fragmentos de la misma nos llevan a la conclusión, que su declaración, no es real, o pretenda dirigir la misma a un hecho inexistente o si ocurrió, no es en la modalidades que el declarante nos quiere hacer creer; e incluso nos puede llevar a detectar contradicciones con la misma declaración y con las otras pruebas; así mismo también otras pruebas, pueden contener detalles que nos demostrarían que las mismas no son creíbles. La principal prueba de la Fiscalía era La declaración de la menor; luego en el proceso, por la misma declaración de la menor, otra prueba de la Fiscalía, que era La pericia médico-forense arrojo inconsistencias al caso armado por el Ministerio Público; inconsistencias referidas a poner en duda la credibilidad de los dichos de la menor; el Tribunal Sentenciador al no utilizar el pensamiento lógico ni las normas de la experiencia común y la Psicología, no detecto una serie de aspectos que no harían creíble la única prueba que en realidad podría inculpar a nuestro poderdante; así entonces, veamos, la menor nos hace una narración en el acto del debate, como si fuera una infante si experiencia Sexual, pero el dictamen Médico-Forense, se encarga de demostrarnos que la misma, ya había sostenido relaciones sexuales, y el mismo tribunal tiene que caer en la cuenta que el rompimiento de Himen de la menor no es debida a acción alguna de nuestro representado; hasta ahí iba bien el razonamiento del Tribunal sentenciador; el problema se da al momento en que el tribunal no emplea la más elemental de las lógicas, cuando evalúa esa contradicción entre la menor y la prueba pericial, y quiere el tribunal hacer a un lado el hecho de que si ellos mismos están convencidos que nuestro representado no accedió carnalmente a la menor ya fuere con su pene, objetos o dedos; eso significaría que la menor sostuvo una relación sexual en momentos cercanos al día en que ocurrieron los hechos; esto la misma lógica nos lo arroja, por la sencilla razón que si el examen es realizado un trece de febrero del dos mil ocho, significaría que la penetración en su vagina fue hecha en un lapso que podría extenderse no más allá de diez antes del examen, o pudo haber sido ese mismo día la relación sexual, o uno o dos días antes, ya que la ciencia forense actual puede encontrar el hallazgo de la desfloración dentro del término de diez días señalado, pero todavía no nos puede decir en qué día exacto de esa decena es que exactamente fue el acceso carnal; pero aquí lo toral es que no puede el Tribunal solo considerar la contradicción evidente entre esas dos pruebas para decidir condenar a nuestro patrocinado por una modalidad más leve del delito Acusado; tal contradicción lo que nos resalta es que la menor fue accesada carnalmente por otra persona en momentos inmediatos al día de los supuestos hechos, es una situación gravísima, que la más elemental de las lógicas nos indicaría que ya el pensamiento y acciones de la menor necesariamente tenía que estar influenciada por esa relación sexual, el tribunal se aleja de la recta razón y de las normas de la experiencia, al no considerar que una menor, que se descubre que ha mantenido relaciones sexuales, y que quien la acceso carnalmente no es el imputado; perfectamente sus declaraciones pueden estar siendo influidas por ese tercero en la escena; que desafortunadamente no pudo saberse su identidad en el debate o juicio oral; veamos, si la niña ya no es señorita, pero la pérdida de su virginidad no se debe a nuestro representado, eso necesariamente significa que la menor sostuvo una relación sexual con una persona tan cercana a ella, que en ningún momento del proceso la menor se atrevió a mencionarlo, que además esa relación sexual fue reciente, y cercana al día de los supuestos hechos; todas estas evidencias haciendo un análisis armónico y razonado de las pruebas pueden perfectamente clarificarse; usando los principios de la Psicología, debemos recordar que la menor apenas estaba terminando su segunda infancia-como se conoce-, amén de la inferioridad del medio social en que vivía, esto último, queda evidenciado por el hecho de que la familia de la menor tenía que vivir en la vivienda de nuestro cliente; todo esto hace que la niña sea harto influenciable; no es cierto el razonamiento probatorio en cuanto a que el tribunal considera que la menor no denotaba poder ser influenciada; el pensamiento de esta niña pudo ser perfectamente dirigido por la situación de debilidad social, económica y hasta emocional en que se encontraba; ya que la niña es dependiente de un núcleo familiar pobre; unido a ello que la referida debilidad emocional estaba ya presente al momento de la denuncia y procesamiento de nuestro cliente, porque todo indica que la menor a ese momento independientemente de las acusaciones en contra de nuestro patrocinado, ya había sido ABUSADA, PERO POR UN TERCERO QUE QUIZAS NUNCA SEPAMOS QUIEN ES; todo ese cúmulo de situaciones definitivamente debieron provocar un alto grado de stress Psicológico en la niña; que al no ser apreciado por el tribunal sentenciador, quebró la capacidad de los sentenciadores de analizar con la sana crítica las pruebas del proceso; esta falta de análisis conforme a la Sana crítica; si hubieran actuado conforme a tal forma de valoración de la prueba hubiese detectado el tribunal sentenciador que ese hecho de que la menor fue abusada en los mismos momentos en que supuestamente nuestro defendido también lo hacía; derivaba necesariamente en concluir por la valoración de la prueba, que la prueba testifical de la niña no solo no era suficiente, si no que no era para nada creíble, para los efectos de demostrar la comisión de un delito por parte de nuestro patrocinado; y que otras circunstancias como que la menor llegare a la casa de nuestro cliente, que ahí le diera de comer a unas gallinas, e incluso que ingresara dentro de la residencia de nuestro patrocinado, no eran sino meros elementos circunstanciales, para nada cubiertos de ninguna suspicacia o indicio de actividad criminal, ya que la menor había sido albergada ahí y no sola, si no que en compañía de su familia; más bien esas circunstancias y usando la experiencia común, que nos diría mas bien que esas circunstancias le dieron una oportunidad invaluable al verdadero abusador para usar esas circunstancias en contra de nuestro defendido; ya que este tipo de personas dedicadas o con tendencia al abuso, tienen esa capacidad de captar cada detalle de la vida de sus víctimas, que les pueda ayudar a cumplir sus fines o en su momento le ayuden a desviar las miradas de los demás hacia otro lugar, en este caso hacia otra persona, que circunstancialmente haya estado cerca de la víctima, y por quien la víctima puede no tener un arraigo emocional tan fuerte, que permitiría al que yació con la menor influenciarla para acusar a esa otra persona y así librarse él de las consecuencias del abuso. Por las razones expuestas en este motivo de Casación, consideramos que el mismo es de recibo, y debe ser otorgada la Casación, anular la sentencia y en su oportunidad, con un Tribunal distinto al que vio la causa realizar un nuevo debate. El no o uso de la sana Crítica en la Valoración de las pruebas se hizo en el momento mismo de la emisión de la presente sentencia, es por ello que no se pudo utilizar ningún medio de impugnación, más que el que ahora estamos oponiendo por medio de este escrito”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU PRIMERO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.-El recurrente denuncia la Infracción de Ley, por considerar que el Tribunal Sentenciador aplicó indebidamente el artículo 141 del Código Penal, estableciendo como Precepto Autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explica el reclamante que si bien, el A-quo razonó el testimonio de la víctima, no pudo o no quiso señalar algunas circunstancias que indican una serie de contradicciones en dicha declaración. El Tribunal Sentenciador en sus motivaciones le da credibilidad a la declaración de la ofendida a pesar de existir una grave contradicción entre el testimonio de ésta y el dictamen médico a ella practicado, ya que éste último refiere a que existe rotura de himen y en cambio la menor declaró que el imputado nunca introdujo sus dedos en la vagina de la niña. Por tanto, el dicho de la menor debió ser desestimado por el Tribunal, pero mal intencionadamente lo que hizo fue minimizar una contradicción tan grande. El recurrente cuestiona que el Tribunal A-quo estableció en el hecho probado que el imputado S. B. B. se desnudó en el momento de los hechos, pero en el acta de debate la menor nunca hace tal referencia. Considerando además que no se cumple la parte objetiva del Tipo Penal de Actos de Lujuria, dándose una aplicación indebida del artículo 141 del Código Penal. II. Examinados los argumentos del recurrente, la Sala considera oportuno recordar, partiendo justamente de lo establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal que: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma, se determina la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Penal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia, esa tarea de contralor jurídico supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia; en este sentido, el recurrente en Casación por Infracción de Ley debe necesariamente estructurar o partir su alegación en sentido estricto, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). III. Observa este Supremo Tribunal, que el recurrente ha inobservado el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados, ya que varias de sus argumentaciones no están dirigidas a demostrar cómo el cuadro fáctico no se ajusta o armoniza con la norma penal utilizada por el sentenciador, sino que sus alegatos constituyen señalamientos a las valoraciones hechas por el sentenciador respecto a ciertas pruebas como cuando señala en su recurso que: “ el Tribunal Sentenciador si bien evalúa los dichos de la ofendida no pudo o no quiso señalar algunas circunstancias que indicarían una serie de contradicciones de tal testimonio, ya que solo se centra exclusivamente en los dichos de la menor…”, cuestionamientos que son propios en los recursos donde se alegan errores de forma de la sentencia. IV. Examinados los hechos plasmados por el Tribunal Sentenciador, concluye esta Sala de lo Penal, que en ellos aparecen claramente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en el cual se sancionan conductas “libidinosas” que sean ejecutadas acudiendo a cualquiera de los medios necesarios para la concurrencia de la violación que no sea el “acceso carnal”. En su descripción objetiva la norma aplicada, al sancionar los actos de lujuria tiene un elemento positivo que consiste en que el autor se valga de las condiciones o emplee los medios indicados en la violación (violencia o intimidación y los casos previstos como violación especial en el artículo 140), y un elemento negativo, que la acción lujuriosa no consista en el “acceso carnal” (no exista penetración vaginal, anal o bucal). Partiendo del análisis metodológico que es conocido se debe efectuar al analizar la concurrencia del tipo penal, y reclamado por el recurrente cuando cita al Santiago Mir Puig, se constata primero la concurrencia del tipo objetivo, puede verse en la sentencia recurrida que la descripción de hechos probados establece claramente la no concurrencia del acceso carnal, dicho elemento “negativo” exigido en la norma se da al no presentarse el acceso carnal propio de la violación, de igual forma los hechos probados describen que la conducta del acusado satisface las exigencias objetivas del tipo calificado de actos de lujuria, pues se relata que el acusado “tomó por la fuerza a la menor”, encontrándose en su acción un elemento exigido, hacer uso de los medios que se requieren para la violación, en este caso la “fuerza”, habiendo además el acusado “llevado al cuarto donde le quitó la ropa y el blumer, que el también se desnudó y le tocaba con sus manos las partes genitales”, concurriendo así los actos de lujuria distintos al acceso carnal, pues sin duda el acusado realizó actos lujuriosos impropios en contra de la indemnidad sexual de la víctima como ser el hecho de por la fuerza quitarle la ropa, desnudarse, manipular los órganos de la menor y mostrarle sus genitales, actos que perturban la sexualidad ajena y satisfacen lujuriosamente la de quien las realiza, que es justamente lo que reprocha el tipo penal al sancionar los actos de lujuria, es decir, que la acción realizada persiga una finalidad libidinosa. Al respecto, como bien ilustra el autor Diego Diez de Alfredo[1] para quien, “pueden incardinarse en este precepto determinados comportamientos lascivos en los que ni siquiera haya contacto físico alguno de carácter libidinosos con el autor del delito. Así sucederá cuando, para satisfacer al autor del delito, la víctima ejecute la acción sexual sobre su propio cuerpo (por ejemplo, masturbándose) o sobre el cuerpo de un tercero (por ejemplo, teniendo relaciones sexuales con otra persona)”. Apareciendo, el tipo subjetivo en la conducta del acusado, ya que la misma no puede considerarse de escasa trascendencia, sino por el contrario desplegó un ánimo claro de efectuar una conducta para satisfacer sus intereses lascivos de forma no voluntaria de la víctima, justamente al realizarse en un contexto no voluntario, el autor ya sabe que realiza una conducta inadecuada y aun así la sigue efectuando, es decir, existe el aspecto subjetivo -dolo de querer realizar- su conducta. Si los Hechos Probados no van acordes con las pruebas evacuadas, o si las Pruebas no fueron debidamente razonadas por el sentenciador, no son situaciones que tengan que resolverse a través del motivo invocado de infracción de ley y que al ser citados como motivo en el presente recurso incurre en un error en la vía recursiva, ya que dichas alegaciones son propios de otros motivos donde se aleguen errores de forma. En consecuencia de lo antes expuesto, resulta claro que los sucesos probados por el A-quo, encajan de manera perfecta y armónica con la norma penal utilizada por el sentenciador, es decir, el artículo 141 párrafo segundo del Código Penal que regula los Actos de Lujuria Agravados; por todas las razones antes expuestas, es procedente declarar Sin Lugar el único motivo de Casación por Infracción de Ley. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. El reclamante considera que la declaración de Hechos Probados no es precisa y carece de coherencia, consignando como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Explica el recurrente, que el cuadro fáctico de una sentencia penal no debe admitir dudas sobre lo que pasó y debe basarse en el análisis que los Jueces hicieran de las pruebas evacuadas en el debate. Aduce el recurrente, que el Sentenciador al emitir el cuadro fáctico que se cuestiona en casación, lo hizo con falta de precisión al no colocar en el hecho, el por qué la menor ofendida llegó a la casa del señor S. B. B. a darle de comer a las gallinas, sin explicar las razones que tuvo la menor para desplazarse a la casa del imputado, aumentando con ello el morbo, al tratar de introducir la idea que el acusado propició el momento para estar a solas con la menor, lo cual nunca fue cierto. De igual forma, considera que la Sentencia carece de coherencia, ya que los hechos probados establecen que al momento de los supuesto tocamientos, el imputado S. B. B. se desnudó, circunstancias que nunca declaró la ofendida según el acta de debate. De igual forma objeta que, se establece que el encartado le mostró los genitales a la menor, cuando esta aseveración tampoco tiene sustento probatorio, ya que la ofendida nunca se refirió a esos detalles según consta en el acta de debate. II. Partiendo de la exigencia establecida en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, en el sentido que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya que dictarse; el presente motivo se refiere al caso en que los hechos probados no sean claros, lo que se constituirá si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa e insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conlleven a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de esos hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el Tribunal trata de referir o que sólo sea accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. En cuanto a la contradicción en los sucesos probados, nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir “in terminis”, y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución[2]. III. Esta Sala de lo Penal, ha realizado un estudio minucioso y detallado del cuadro fáctico que se cuestiona y no encuentra que el Sentenciador haya incurrido en los errores que denuncia el recurrente. El relato de hechos probados está conformado con claridad, coherencia y precisión, de tal forma que ubica al lector en los diferentes elementos integrantes de éstos, es decir, espacio tiempo forma y actores. Si bien el hecho probado único (PRIMERO), es conciso, es lo suficientemente claro, al establecer que los sucesos declarados probados narran, como el 6 de febrero del 2008 (tiempo) la menor I. M. E. de 10 años de edad, llegó a la casa del señor S. B. B. (espacio y actores), el imputado tomó por la fuerza a la menor ofendida, la condujo hasta una de las habitaciones, le quitó la ropa y procedió a manipular los órganos genitales de la pequeña, al mismo tiempo que el procesado se desnudó y le mostró a ésta sus genitales (Forma o desarrollo de los hechos). No siendo necesario comprender en el mismo las razones que la llevaron al lugar del hecho, las cuales además es claro e implícito fue con la intención de darle de comer a las gallinas. Al revisar el cuadro fáctico, se encuentra la debida relación y fidelidad en establecer cómo se desenvolvieron y desarrollaron los mismos, identificando fácilmente la participación que tuvo el imputado, cumpliendo por tanto con los requisitos de Claridad y Precisión que exige la ley. IV. En varias oportunidades el recurrente increpa en sus alegatos, la falta de coherencia entre el hecho probado y algunas de las prueba evacuadas durante el debate, pero dichas argumentaciones son propias de otros motivos de casación, ya que la coherencia y claridad a la que hace alusión el numeral 1 del artículo 362, se refiere a sancionar cuando el cuadro fáctico es elaborado con palabras o expresiones vagas, indecisas e ambiguas, de forma tal que lleven al lector a su total incomprensión; pero en el caso examiné, los mismos cumplen con los requisitos que demanda el artículo 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal. Por todas estas razones, es procedente declarar Sin Lugar el primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNGO MOTIVO INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I.-El recurrente interpone en su segundo motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, la inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica, estableciendo como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explica el censor, que el Tribunal A-quo al no utilizar el pensamiento lógico y las normas de la experiencia común y la Psicología, no fue capaz de detectar una serie de aspectos que no harían creíble la única prueba que puede inculpar al imputado S. B. B., es decir, la declaración de la menor I. M. E.. La menor ofendida fue clara en establecer que el procesado S. B. B. nunca le introdujo sus dedos u objeto alguno en su vagina; sin embargo, el Dictamen Médico practicado a la menor establece una ruptura de himen reciente (menor de 10 días), esta contradicción nos refiere que la menor fue abusada carnalmente por otra persona que no es el imputado, demostrando con ello que la menor puede ser influenciada por esa otra persona. En conclusión, la prueba testifical de la perjudicada no solo no era suficiente, si no que, no era creíble a efectos de demostrar la participación del imputado en los hechos que se le acusan. II.- Esta Sala de lo Penal, por alusión a la violación de las reglas de la Sana Crítica, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que: “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva, el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala, ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala de lo Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. III. Este Supremo Tribunal considera, que el Recurso es falto de claridad y exactitud en establecer de qué manera el sentenciador incurrió en violación a las Reglas de la Lógica y de la Experiencia que denuncia, no basta con revelar la infracción, sino que debe señalar además, cuáles fueron los razonamientos en los que se detecta la ausencia de las reglas del correcto entendimiento humano y cómo dicha infracción afectó en la defensa del imputado de acuerdo a la valoración efectuada por el A-quo. Los recurrentes argumentan una serie de consideraciones y apreciaciones muy subjetivas respecto a la declaración de la menor ofendida y el Dictamen Médico a ella practicado, incurriendo en una revaloración de las pruebas, lo cual no es permitido en esta etapa de casación. Cuestionan el por qué el sentenciador le concedió credibilidad a la declaración de la menor ofendida I. M. E. (F68), que según el acta de debate, ésta manifestó como el día de los hechos estando en la casa del señor S. B. B., éste la tomó por la fuerza y le tocó con la mano sus genitales, no introduciéndole ni los dedos u objeto alguno, sin dolerle o sangrar en ningún momento; el reclamante considera que dicha declaración es contradictoria con el Dictamen Médico (F5) practicado a la menor, en el cual se concluyó que la ofendida presenta una ruptura de himen reciente (menor de diez días). El A-quo consideró concederle credibilidad a la declaración de I. M. E., ya que en los delitos de naturaleza sexual generalmente no existen testigos presénciales de los hechos, considerando su testimonio coherente y sin evidenciar manipulación alguna. Ciertamente, la Sala ya ha reiterado en relación a los delitos sexuales que, “…la experiencia nos muestra que gran cantidad de los delitos de abusos sexuales entre ellos el de violación, si bien, no son exclusivos suelen suceder en entornos sociales en los cuales concurre situaciones de marginalidad social o déficit de atención familiar como ser hijos abandonados, menores que pasan bastante tiempo solos en sus casas o viven juntamente con varias personas, padres que han emigrado del país dejando a los menores con otras personas o familiares, resultando con frecuencia que en muchos casos se cuente únicamente con la declaración de la víctima, razones por las cuales los delitos contra la libertad sexual se consideran criminológicamente delitos clandestinos, secretos, o de comisión encubierta”. (Fallo del 28 de junio del año 2011 en el expediente 60-2010). Lo cual implica que la declaración de la víctima debe ser analizada con sumo cuidado para verificar si la misma se concatena con otros elementos probatorios o si ésta ha sido sostenida de manera persistente y clara en las diferentes etapas del proceso para poder determinar si el razonamientos del A-quo es razonables, o por el contrario carecen de sapiencia. La Sala, al apreciar los razonamientos del A-quo encuentra que son válidos y conforme a las reglas de la sana crítica. Agregaríamos además, que si la menor estuviese de alguna forma influencia para declarar contra el imputado, perfectamente hubiera manifestado que fue el imputado quien le provocó la ruptura de himen y por ende la responsabilidad del procesado serian aún mayor; sin embargo, la menor siempre mantuvo su posición que el señor S. B. B. únicamente manipuló sus partes genitales sin introducir nada en su vagina. IV. Esta Sala de lo Penal, considera que el hecho de que el Dictamen Médico establezca que la menor tiene ruptura de himen, para nada excluye de los hechos realizados por el ahora acusado B. B., ya que la ruptura de himen pudo darse días anteriores a los sucesos, y esto no excluye en absoluto que el procesado haya ultrajado la libertad sexual de la menor I. M. E. efectuado los actos de lujuria que se le reprochan, en los cuales como se decía al resolver el recurso por infracción de ley, no es necesario que concurra acceso carnal alguno al no ser relevante para el delito imputado si existía ya ruptura, pues concurre al realizarse otro tipo de conductas lujuriosas, no existiendo contradicción en el razonamiento de los juzgadores. En conclusión, consideramos que los juicios de valor utilizados por el sentenciador son ajustados y no vulneran las reglas de la sana crítica, por lo que la sentencia cumple con los requisitos que exige el artículo 338 del Código Procesal Penal, razón suficiente para desestimar el presente motivo de casación. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362 y 369 del Código Procesal Penal; 141 del Código Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por los Abogados R. A. T. F. Y C. H. B. T. a favor del señor S. B. B.. SEGUNDO: Declarar NO HA LUGAR al Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados R. A. T. F. Y C. H. B. a favor del señor S. B. B.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-257-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Véase. Diego Diez, de Alfredo, Delitos contra la libertad e integridad física, psicológica y sexual de las personas, OIM Editorial, Tegucigalpa Honduras, 2007, Pág. 44.
[2] Véase. Cuellar Cruz Rigoberto, Fernández Entralgo Jesús, Gomez Colomer Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia española de Cooperación Internacional. Honduras. Septiembre del 2009. Página 595.