Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-248-10 — Registro 3377

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por los delitos de Extorsión y Portación Ilegal de Armas, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala, ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV. El Recurso no es de recibo. El Censor no consideró al momento de formular su Recurso que el alegato de Quebrantamiento de Forma por violación de las reglas de la sana crítica implica la confrontación del argumento valorativo con las normas del recto entendimiento humano, demostrando que el Tribunal de Sentencia se ha apartado de ellas, llegando a conclusiones irracionales por su ilogicidad, por controvertir las máximas de la experiencia común y la psicología del comportamiento humano, en cambio hace una relación de los medios de prueba en un esfuerzo por demostrar que han sido incorrectamente valorados, lo que equivale a cuestionar la justicia de los argumentos valorativos en busca de una revalorización, lo que escapa al control casacional. Esta falencia, se suma al hecho de que el Tribunal de Casación no comparte el criterio del Censor de los cuestionamientos que formula por omisión de aplicabilidad de la sana crítica, ya que la Sala de lo Penal, a pesar de advertir una falta de motivación descriptiva por parte de los Juzgadores, en suma comprueba que la conclusión allegada sobre la insuficiencia de material probatorio que señalen a los acusados como partícipes del delito de extorción, supera el examen de aplicabilidad de las reglas de la sana critica, a saber: 1) Partiendo de la acusación, el punto central a acreditar por parte del Ministerio Público era si los acusados R. U. C. R., H. U. C. F. Y S. Á. S. C., eran las mismas personas o eran parte de un grupo de personas que en fecha diez de marzo del año dos mil ocho, llamaron por teléfono a los señores R. A. F. Y B. R. F., para solicitarles una cantidad de dinero bajo la amenaza que en caso contrario serían objeto de secuestro; tras recibir la prueba el Tribunal de Sentencia concluyo que sobre los acusados solo recaían sospechas, mismas que nacieron después que el señor R. A. F., llamase por teléfono al acusado C. R. y que le escuchara decir “hey vos, ponte pilas que aquel señor Ya reventó y ya voy a poner mi gente para que vayamos a traer el dinero”, que si bien, puede sonar sospechoso, no es concluyente para crear certeza de culpabilidad, ya que en efecto el acusado C. R. iba a ir a traer el dinero a casa del ofendido por solicitud de éste, entonces tal frase, partiendo que haya sido bien entendida por el ofendido y que la haya reproducido fielmente en el debate, puede igualmente obedecer precisamente a la petición del ofendido de que fuese a su casa; 2) El Ministerio Público cuestiona de que el acusado R. U. C. R., se haya presentado ante la señora M. S. I., como médico después con el ofendido como ex policía, que podía rastrear llamadas, y más adelante haber señalado que tenían ubicadas a las personas secuestradoras, que eran ex policías fugados del Centro Penal; esto efectivamente es cuestionable y reprochable, más no se traduce en certeza de que los acusados sean las personas que solicitaban, bajo amenaza, una cantidad de dinero a los ofendidos (que es precisamente el delito imputado), ya que alternativamente puede igualmente explicarse como una forma de engaño representado por el acusado, quien vio en la situación que se le presentaba una oportunidad de ofrecer servicios ficticios y con ello agenciarse dinero de manera fácil, lo que podría subsumirse en un tipo penal distinto al que fue imputado. Tómese en cuenta que la testigo M. S. I. escuchó decir del acusado R. U. C. R., “Usted no tiene que darle dinero a nadie, y si alguien viene aquí, truénelo” (F. 225 v), como un consejo al ofendido, lo que sería contrario a su intención en el supuesto de que efectivamente sea la persona que estuviese llamando por teléfono para exigir dinero; 3) En cuanto al acusado S. Á. S. C., le fue cuestionado, además de presentarse falsamente como Técnico de la Policía encargado de Comunicaciones, que siendo Policía Preventivo activo, no haya notificado de lo que acontecía a sus superiores, como lo ordena la ley, cuestionamiento al que se suma esta Sala de lo Penal, ya que el proceder del Policía S. C., no se ajustó a sus deberes como funcionario público, más esto si bien es reprochable, no apunta a la teoría acusatoria, de manera que le vincule inequívocamente como responsable del delito imputado, máxime cuando éste el día en cuestión, sólo visitó al ofendido una vez en su casa, retornando al puesto de trabajo en Lepaguare y mostrándose reticente en ir por el dinero posteriormente a casa del ofendido; 4) Concuerda la Sala de lo Penal con el Ministerio Público en cuanto a que el Tribunal de Sentencia equivocadamente califica que los hechos obedecieron a una inducción o provocación al delito, confundiendo lo que en materia penal se conoce como delito experimental bajo la técnica de la entrega vigilada autorizado por la ley (Ejemplo: Art. 68 de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo), que es algo muy diferente al Agente Provocador del Delito; sin embargo, tampoco este hecho puede ser considerado como base probatoria que sustente la culpabilidad de los acusados, por cuanto el señor R. U. C. R., como lo señalan los testigos, asumió el papel de “mediador” y por ello, en un principio se le solicitó ir a la casa del ofendido para traer el dinero y entregárselo a los agresores, más después que se sospechó de éste como posible responsable, fue el pretexto para hacerlo llegar a la casa del ofendido y aprehenderlo, ergo cabe la posibilidad de que el acusado haya ido a traer el dinero precisamente cumpliendo con la tarea encomendada y no necesaria y únicamente porque sea el autor del delito de Extorción; 5) El Ministerio Público erra al indicar que el acusado H. U. C. F., sea igualmente autor del delito por el hecho de haber acompañado a su hermano a casa del ofendido, no existe ningún medio de prueba que señale que el acusado sea una de las personas que haya solicitado por teléfono la entrega de una cantidad de dinero bajo amenaza, o que incluso haya tenido conocimiento de que el señor R. A. F. estaba siendo víctima de ello, por lo que no es procedente sentenciar que es culpable a causa de haberse conducido con su hermano a la casa del ofendido; 6) El Tribunal de Sentencia señaló, que una de las falencias en el proceso de investigación fue el rastreo, identificación o conexión de llamadas y números de teléfono con los acusados, conclusión que se deriva de un correcto razonamiento que parte del medio de prueba documental introducido al debate por el Ministerio Público como auto para mejor proveer, consistente en un oficio de la Empresa de Telefonía Celular Celtel S.A (F. 196)., que proporciona los números de serie de los chips de cinco números de teléfono celular, así como el registro de llamadas entrantes y salientes a dichos números (F. 197-203), sin que se brindase información a que personas pertenecían los mismos, en especial la falencia de discriminar cual era el número de celular y número fijo perteneciente al ofendido, cuál era el número de celular que usaban los agresores para solicitar el dinero y su conexión con los acusados. V. Por lo expresado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Concuerda la Sala de lo Penal con el Ministerio Público en cuanto a que el Tribunal de Sentencia equivocadamente califica que los hechos obedecieron a una inducción o provocación al delito, confundiendo lo que en materia penal se conoce como delito experimental bajo la técnica de la entrega vigilada autorizado por la ley (Ejemplo: Art. 68 de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo), que es algo muy diferente al Agente Provocador del Delito; sin embargo, tampoco este hecho puede ser considerado como base probatoria que sustente la culpabilidad de los acusados, por cuanto el señor R. U. C. R., como lo señalan los testigos, asumió el papel de “mediador” y por ello, en un principio se le solicitó ir a la casa del ofendido para traer el dinero y entregárselo a los agresores, más después que se sospechó de éste como posible responsable, fue el pretexto para hacerlo llegar a la casa del ofendido y aprehenderlo, ergo cabe la posibilidad de que el acusado haya ido a traer el dinero precisamente cumpliendo con la tarea encomendada y no necesaria y únicamente porque sea el autor del delito de Extorción; 5) El Ministerio Público erra al indicar que el acusado H. U. C. F., sea igualmente autor del delito por el hecho de haber acompañado a su hermano a casa del ofendido, no existe ningún medio de prueba que señale que el acusado sea una de las personas que haya solicitado por teléfono la entrega de una cantidad de dinero bajo amenaza, o que incluso haya tenido conocimiento de que el señor R. A. F. estaba siendo víctima de ello, por lo que no es procedente sentenciar que es culpable a causa de haberse conducido con su hermano a la casa del ofendido; 6) El Tribunal de Sentencia señaló, que una de las falencias en el proceso de investigación fue el rastreo, identificación o conexión de llamadas y números de teléfono con los acusados, conclusión que se deriva de un correcto razonamiento que parte del medio de prueba documental introducido al debate por el Ministerio Público como auto para mejor proveer, consistente en un oficio de la Empresa de Telefonía Celular Celtel S.A (F. 196)., que proporciona los números de serie de los chips de cinco números de teléfono celular, así como el registro de llamadas entrantes y salientes a dichos números (F. 197-203), sin que se brindase información a que personas pertenecían los mismos, en especial la falencia de discriminar cual era el número de celular y número fijo perteneciente al ofendido, cuál era el número de celular que usaban los agresores para solicitar el dinero y su conexión con los acusados. V. Por lo expresado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: ”EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO; dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y POR INFRACCIÓN DE LEY, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de octubre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Olancho, con sede en Juticalpa, mediante la cual ABSOLVIO a R. U. C. R., H. U. C. F. y a S. A. S. C., como autores responsables de los delitos de EXTORSION, en perjuicio del señor R. A. F..- Asimismo ABSOLVIO a los señores R. U. C. R. Y H. U. C. F., del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES en perjuicio de DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada W. C., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada D. R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado J. A. Z. F., en su condición de Defensor Privado del acusado S. Á. S. C., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En horas de la mañana del día lunes diez de marzo del año dos mil ocho, dos personas no identificadas durante el proceso, realizaron una llamada telefónica, a la vivienda del señor R. A. F., ubicada en el barrio de Jesús de la ciudad de Juticalpa; Olancho; estas personas al tener comunicación con éste último, le manifestaron que les entregara la cantidad de TREINTA Mil LEMPIRAS (Lps.30.000.00) caso contrario, lo secuestrarían a él o a un pariente, el señor A. F., les manifestó que no contaba con esa cantidad. SEGUNDO: Una cuñada de don R. A. F., se comunicó con el señor R. U. C., le manifestó el problema de su cuñado y le pedió colaboración, en base ha eso, el señor R. U. C. R., se hizo presente a la vivienda del ofendido ofreciéndose como colaborador para protegerlo, al mismo tiempo le presentó al policía preventivo S. A. S. C., con el cual, dijo R., lo ayudarían a solucionar el problema. TERCERO: Después de varias llamadas telefónicas entre el señor R. A. F. y los supuestos secuestradores; y luego del intercambio de llamadas entre R. A. F. y R. U. C. R., el ahora ofendido F., dedujo, asumió y concluyó; que se trataba de una trama urdida por el mismo R. U. C. R. y él policía preventivo S. A. S. C. Por lo que solicitó colaboración a algunos amigos y miembros de la policía preventiva. CUARTO: Con esto y después, de las recomendaciones de los policías y amigos, decidió llamar a R. U. C., le dijo que le entregaría cierta cantidad de dinero en efectivo, acordó juntamente con los policías y amigos que lo acompañaban, que cuando R. U., se hiciera presente lo capturarían. Efectivamente R., U., en compañía de su hermano menor H. U. C. F., compareció al llamado de R. F., se hizo presente a la casa de éste, momento en el cual fue apresado juntamente con su hermano H. U. Lo encontraron en posición de un arma de fuego tipo pistola calibre 22, de la cual no contaba con permiso de portación, y a H. U., se lo encontró en posesión de un arma de fuego tipo revolver calibre 38. QUINTO: El policía preventivo, S. A. S. C., debido a la versión del ofendido señor R. A. F., y por haber comparecido a la vivienda de éste, fue detenido por un oficial de policía, en su sede de trabajo, en la posta policial de Lepaterique, Olancho, por considerado participe en el hecho”. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. La recurrente, abogada W. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, desarrolló su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: "Artículo 202 Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.p.p. Expuesto lo anterior, veamos en que consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: Declaración de Ofendido R. A. F. R.; quién depuso que, el lunes diez (10) de marzo, como a las seis de la mañana, recibió una llamada de un personaje identificándose como del crimen organizado, diciéndole que tenía orden de secuestro, después le dijo que le habían dado seguimiento por diez y siete (17) días; su esposa lo escuchó y se puso a hablar con él (supuesto imputado) repitiéndole lo mismo, diciendo que le daban hasta las nueve de la mañana pera que consiguiera ese dinero. Después llamaron a su hijo reiterándole tal amenaza. A las nueve de la mañana volvieron a llamar a su casa, preguntándole que si ya tenía el dinero y les pidió más tiempo, contestándole que le daban hasta las doce del día. Luego su esposa se fue para donde su hermana con su hija y nieto, aquella le contó lo sucedido a su hermana manifestándole ella (cuñada) que tenía un amigo que le había contado que el había ayudado a una persona en estas condiciones porque era técnico en sonido, su esposa contestó a su hermana que iba a consultar con su hijo liara saber si permitía que le ayudara; fue entonces cuando su hijo (B. R. F.) se comunicó con el (dicente) manifestándole que a el también lo habían llamado diciéndole lo mismo. Su hijo se comunicó con su cuñada diciéndole que si, que le dijera que le ayudaran, así fue que el amigo de su cuñada se comunicó con él, diciéndole que tenía "conectes" (contactos) en la policía y que podía ayudarlo, porque tenía amigos que podían rastrar las llamadas, les dijo (amigo de su cuñada) que no podía manifestarles nada porque su hijo aún no había llegado que esperaran el amigo en referencia; llegó con su cuñada a su casa, después como a las doce el(declarante) lo llamó y le dijo que no había podido conseguir el dinero y que le diera "chance" y le contestó que le daba hasta las dos de la tarde. EI amigo de su cuñada regresó después con un policía de apellido S., a quién antes había visto pero que no sabía que era el técnico de la policía, estuvieron platicando y este último le dijo que ya tenían a las personas que estaban intentando sacarle dinero y que se trataba de unos policías, que ya los tenían identificados a lo que les contestó que si ya los tenían identificados que por qué no los capturaban; en eso estaban por irse de su casa cuando llegó su hijo, explicándole lo que estaba pasando y que ellos (visitantes) le iban a ayudar, que tenían su propia gente y que se iban a vestir de civil; en casa se encontraba otra persona amigo del deponente que identificó a la que le prometió ayudarle, por lo que le manifestó "vea no esté platicando con el mero mero" expresión a la que el (dicente) no le tomó importancia. Al irse el amigo de su cuñada y el policía S. le dijeron que lo iban a llamar a las dos de la tercie, como ya era cerca de las dos, luego dijeron que lo llamarían a las dos y media el testigo cuando lo llamaron no les contestó sino que un amigo y le dijo que no tente el dinero, que solo tenía diez mil dólares y entonces le dijo uno al otro: "hey solo le pedimos treinta mil pesos", lo volvió a llamar y le preguntó nuevamente por el dinero, le contestó que si, que les tenía diez mil pesos y le contestaron, como “diez mil pesos tenes que tener diez mil dólares”, a lo que el deponente les contestó diez mil pesos, si queres vení tráelos y contestándole el otro interviniente de la comunicación telefónica, que estaba en San Pedro y preguntando como hacía, a lo que el (dicente) le respondió "vení tráelos entonces"; hasta allí llegó la plática entre ellos; en la llamada de las dos y media su hijo tenía unos amigos que se comunicaron con los inspectores G. y A., A. le dejó "gente" en la casa para que le diera seguimiento al caso y después de esa conversación los inspectores le dijeron que les pidiera a esas personas que vinieran a la casa a recoger el dinero y que les pidiera que él (dicente) no quería meterse con esa gente, por lo que llamó al señor U. y le dijo que no, que mejor llamara a S., llamó entonces a S. y le contestó que estaba en una misión fuera de Juticalpa y que podía pero hasta el siguiente día, por lo que volvió a llamar a U., volvió a contestarle que, hablara con H. porque él estaba en misión, tiempo después llamó a Sierra y no le contestó, luego llamó a U., en una de esas llamadas le dijo el inspector que se comunicara con Ulises para decirle que fuera por el dinero y él (U.) se equivocó creyó que le hablaba S. y le dice: "hey vos ponte las pilas que aquel señor ya reventó y ya voy a poner mi gente para que vayamos a traer el dinero" va en la tarde lo llamó para decirle que fuera a traer el dinero y rápidamente llegó en una moto con un muchacho (H. U. C., hermano del coimputado R.), salió al portón y su hijo estaba afuera, le dijo que pasara adelante, él (dicente) tenía un muchacho policía disfrazado, como vio gente le dijo, no pero para que le va a dar el dinero mejor arréglese con él y entonces él (dicente) le dio el dinero y se lo colocó en el escritorio, en ese momento proceden a capturarlo. Al interrogatorio, el ofendido refirió que el imputado, R. C., le había dicho que le iba a colaborar porque el había sido militar y que tenía experiencia, el sospechoso llamaba de su aparato a un tal "batel" porque aducía que decía que los teléfonos de él (ofendido) estaban intervenidos, agrega el señor F. que confió en los sospechosos porque estaba nervioso y luego sospechó de ellos por la llamada aludida en el párrafo anterior. Declaración de Testigo, B. R. F., quién expresó "El" diez de marzo de 2008, a eso de las seis de la mañana recibió una llamada, se encontraba fuera, de la ciudad de Juticalpa, le preguntaron si él era M. H., les contestó que no, vio en su teléfono que el área no era de aquí (Honduras); en eso lo llamó su mamá y le cuenta de las llamadas que le están haciendo a su esposo (padre del declarante) y luego le entra otra llamada del mismo teléfono preguntándole si el es R. F., contesta que si, respondiéndole que tienen una orden de secuestrarlo y a su papá; contestándoles que ellos no tienen dinero, diciéndole que la orden es que para ese día en la madrugada tenían que estar secuestrados si no pagaban la cantidad de setenta mil dólares, pidiéndoles que no atentaran contra ningún miembro de su familia, contestándole que para las nueve de la mañana necesitaban treinta mil lempiras para gastos de hotel y combustible; cuando colgó volvió a llamar a sus papás, ellos estaban bastante nerviosos; luego llamó a unos amigos para plantearles el problema pues el se encontraba en Tegucigalpa, lo fueron a traer sus amigos, pues le dijeron que eran del Crimen Organizado, regresó a Juticalpa a las once de la mañana, a esa hora ya habían hablado para pedir el dinero, al entrar a su casa estaban todos sus amigos y su mamá le dijo que había un señor en la casa que había ayudado a arreglar casos como éste; cuando venía en trayecto le había hablado para preguntarle que si permitían que éste señor colaborara a lo que el respondió que si había sido policía que no había problema. Encontró en su casa a U. y a S. y se los presentaron, diciéndole que era jefe de Comunicaciones Satelitales y que él era quién rastreaba las llamadas, cuando le dijo eso, no le pareció mucho, y el otro dijo que podía llevar Seguridad a la casa y que sacaran la gente que estaba allí, su papá les dijo que no, eso fue como a las once, y fue como aproximadamente a las dos y media de la tarde, que él regresó otra vez, llegó solo para decirles que él se iba a ser cargo de todo y que "eran unos policías que se habían escapado del Penal" y que si llamaban les dijéramos que fueran mas tarde a traer el dinero, la llamada no se dio a las dos en punto porque el no se había retirado de su casa, hablaron como a las dos y media, al hablarles uno de sus amigos contestó y les dijo que se había podido recoger todo el dinero y que lo que había eran diez mil dólares, el teléfono estaba en alta voz y se escucharon alegres en el fondo habían mas personas y decían oí que tienen diez mil dólares, y soto le pedimos treinta mil lempiras, colgaron y al momentito volvieron a llamar y preguntaron ¿cuánto es que me tenés?, y él les dijo aquí tengo los diez mil lempiras y el interlocutor le respondió no me dijiste que eran diez mil dólares" a lo que la otra persone contestó: si no te puedo ajustar treinta mil lempiras como te voy a ajustar diez mil dólares, tuvieron cierta discusión por lo que le dijeron que iban a llegar a la casa a matarlos; esa fue la última llamada que hicieron como secuestradores de allí siguió hablando el señor U. como mediador, después se cortó la llamada llegaron los inspectores A. y Z., mi papá les explicó la situación y lo que les sorprendió es que había llegado el policía Sierra y dijeron que no tenía nada que hacer allí, por lo que dijeron que ellos mismos tenían que ser los mismos pícaros. Después su papá llamó a Ulises para decirle que ya habían llamado los secuestradores y que como el iba a ser el mediador para entregar el dinero que lo fuera a traer a la casa, el le dijo que en ese momento no podía, que le hablara a Sierra y que el era quién se iba a entender, después su papá llamó a Sierra en presencia de los inspectores A. y Z., y el contestó que no podía porque estaba en una Misión y posteriormente volvió a llamar a U. y este le dijo que no había problema que él lo iba a recoger pero qué en ese momento estaba cerrando el negocio, su papá le dijo que fuera temprano porque él de noche no le habría la puerta a nadie, después su papá volvió a hablar a S. y fue en ese momento que su papá nuevamente habló a Ulises y el teléfono estaba en alta voz, CONTESTA U. y PIENSA QUE ES S. Y LE DICE YA ESTÁ TODO y en ese momento el inspector Arias dijo verdad que les dije que estos eran los mismos pícaros, cuando llegaron a recoger el dinero fue que los capturaron. Al interrogatorio del Fiscal contestó: que lo llamaron a su teléfono móvil por primera vez a las 6:05 A.M. porque se encontraba fuera de la ciudad, lo llamaban, del teléfono, 502-57397720, a Ulises (imputado) le decomisaron dos o tres chip más el teléfono que portaba y el dinero que se le entregó. A las preguntas de la Defensa respondió: el amigo que recibió y contestó las llamadas telefónicas se llama A. D. M.; que el señor S. se presentó ante nosotros como jefe de Comunicaciones, el inspector A., dijo: que este es un Clase y que estaba asignado a Lepaguare. Declaración de Testigo, J. E. R., declaró que el esteba presente en el momento que ellos llegaron (U. y hermano), nos pusimos nerviosos, uno de ellos entró (U.) el otro que quedó afuera intento irse, se le quitó una arma también calibre 38. Al interrogarlo respondió; que estuvo en la casa de los ofendidos desde las cinco y media de la tarde. Declaración de Testigo J. A. N. (policía preventivo) quién declaró: "Yo estaba con el clase (refiriéndose al imputado de apellido S.) en Lepaguere, ese día teníamos una reunión por lo de las Mesas Ciudadanas Y entonces ese día, el comandante quería unas fotografías de éstas, él se vino a traer la cámara a Juticalpa, yo me quedé solo y el me dijo que solo iba a ir a traer la cámara Y entonces se fue. Cuando ya vino, el me explicó que un señor le había dicho Que lo ayudara con un problema que tenía. Ya como a las siete lo fueron e traer. Al interrogatorio del Fiscal respondió, que S. salio de la jefatura como a las ocho de la mañana Y regresó como a las tres de la tarde, por lo que la reunión de las mesas ciudadanas no se realizó ese día. Declaración de la Testigo M. S. I. (cuñada del ofendido; quién manifiesta que el 9 de marzo (un día antes del acontecimiento delictivo), el señor U., le llamó para que le arreglara el cabello a su esposa el día diez de marzo, porque estaba de cumpleaños, la llamó para llegar a las seis de la mañana le dijo que no podía a esa hora, sino que hasta las siete. El llegó a esa hora con ella, le hizo algunas preguntas, él le dijo si alguna vez tiene problemas no se preocupe que yo la puedo ayudar, después él le pagaba con un billete de quinientos, le dijo cálmese que se va a ir la luz y no he terminado, el le dijo solo déme cien lempiras para darle al policía para que se vaya a comer, nadie se ha muerto de hambre le dijo ella pusieron el billete en el tocador y cuando ya terminó, bajó, abrió el billete y vio que era falso, por lo que le dijo que esas bromas no se le hacen a una amiga, ellos dos se estaban riendo en la Sala y después le pagó con un billete de a cien, cuando se iban el me volvió a decir "ya sabe"; como a eso de las ocho su hermana la llamó para que le tuviera sus hijos en su casa, por lo que le preguntó que le pasa y ella le dijo que cuando llegara la niña le iba a decir, cuando llegaron a su casa su hermana le dijo que cerrara el portón y ya en el cuarto le contó; ella llamó a su hermana y le dijo que el esposo de una amiga que es capitán retirado les puede ayudar, mi cuñado me dijo que le iban a decir a B. (hijo) y que dependía de lo que el dijera, cuando ellos me devolvieron la llamada entonces ella le hizo una llamada a U. (imputado), él no me contestó en su celular, llamé al celular de su esposa, allí sí contestó y él le habló a su esposa le dijo, "amor no le entiendo a su amiga lo que le pasa" ella (esposa del imputado) me contestó y me preguntó que me pasaba, por lo que le contó todo y le recordó que ellos (la pareja) le acababan de decir que le podían ayudar, entonces le pedía que le prestara a su esposo para que le diera un consejo para su cuñado. El (acusado) regresó a la casa, le iba a contar el problema y el solo le dijo de donde lo llamaron, le manifestó que su cuñado le dijo que es un teléfono como de Guatemala, el marcó en su celular y dijo conéctame con la línea a Guate, con quién 'se comunicó no sabe; de allí, llamó a su hermana y le dijo que ya tenía a su amigo para que le diera el consejo, el (acusado) le dijo que con ella no hacía nada que mejor lo llevara donde los señores, su hermana le dijo que sí y lo llevó; al ver que él iba con la dirección correcta no le dijo nada, mientras en el trayecto el iba marcando y diciendo conéctame con la línea a Guate; antes de llegar donde mi hermana me dijo que le prestara el celular para llamar a su hermana y decirle que le tuviera el portón abierto y entrar; y fue cuando el (imputado) dijo y "no es allá pues", "por lo que me sorprendió", entramos a la casa y lo presenté, al entrar le dijo a mi cuñado que le contara el problema, al ver a su cuñado tan nervioso le dije, U. como usted es médico dígame que le puedo dar a mi cuñado, el le contestó compre una cardioaspirina para el y una tiamineta para su hermana, yéndose a comprarlas y luego se las di, a su regresó alcanzó a escuchar que les dijo "usted no tiene que darle dinero a nadie y si alguien viene aquí truénelo"; en la casa de su hermana le dieron las once de la mañana, les dijo que ya era tarde y que tenía que hacer almuerzo, el (imputado) la fue a dejara su casa, ella le estaba arreglando unos pantalones y de allí no lo volvió a ver hasta las cuatro de la tarde que llegó a preguntarle como habían sido los problemas de su sobrino, le contesté que no sabía nada y el le dijo estamos en contacto y que a su sobrino lo querían fregar con dinero. El se fue con su esposa porque tenían un viaje a Danli, no sabe a qué; y es hasta las seis de la tarde que su familia le dice que es el autor, por lo que ella se sorprendió. A las preguntas del Fiscal respondió. Que a U. una semana antes de casarse su esposa se lo presentó como un doctor pero ya al tratarlo el le dijo que fue Policía, dice que llamó a U. del teléfono celular de su hija al número 99433539, para pedirle ayuda a las ocho de la mañana, el teléfono celular de la esposa es el 96842745; también manifiesta que cuando U. llegó a su casa portaba una pistola, pequeña y negra. Prueba Documental: El Ministerio Público presentó prueba documental consistente en acta de decomiso y secuestro de objetos a los imputados, donde se describe el dinero incautado y las armas de fuego que al momento de la captura portaban los acusados, las actas del registro personal practicado a los mismos y un vaciado telefónico de los números de telefonía celular (tigo), pertenecientes a los imputados y ofendidos. Una vez analizadas las declaraciones de los testigos antes referidos nos adentramos a la valoración, que de dichos testimonios ha efectuado el Tribunal. El a que, en el apartado de valoración de la prueba, respecto al análisis de la misma en el numeral sexto, concluye que; la prueba incorporada durante el debate es insuficiente y mal presentada para destruir el estado de inocencia de los acusados, B. U. C. R., H. U. C. F. y S. Á. S. C., pues señala el Juzgador que no se determinó con una constancia de la empresa de telefonía celular que los números de los cuales se presentó un vaciado telefónico haya pertenecido a los imputados, que lo único que existe es la sospecha de los ofendidos de asumir y creer que las personas que realizaron la primera llamada telefónica solicitándoles el dinero son los mismos imputados que se ofrecieron para ayudar a resolver el problema con los supuestos secuestradores, asimismo sostiene el Tribunal que lo que hubo en el presente caso fue de alguna manera una inducción o provocación al delito; porque por un lado a los imputados se les solicitó colaboración para intervenir como mediadores y por otra parte se les invitó o llamó para que pasaran por la vivienda de los ofendidos para hacerles entrega del dinero y una vez en el lugar se les obligó a tomarlo y proceder de esa forma a capturarlos. En referencia a la participación del Agente de la Policía Preventiva S. Á. S. C., ahora imputado no está sustentada en prueba confiable Y aún dándole credibilidad a dichas declaraciones, no se puede sostener participación alguna en la comisión del delito de extorsión, de igual manera considera que el imputado H. U. C. F., la única participación o acción que realizó fue acompañar a su hermano B. U., cuando comparecieron a la vivienda del ofendido a bordo de una motocicleta, lo cual es insuficiente para acreditar su participación en el delito de extorsión. El Tribunal sentenciador ha fundamentado la totalidad de su fallo absolviendo, por el delito de Extorsión, basándose en las motivaciones antes descritas, por considerar que la testigo S. I. en su declaración manifestó que ella llamó al imputado para solicitarle colaboración, lo cual también obviando el a quo que de esta probanza se desprende que el acusado R. junto con su esposa, un día antes de los hechos ellos visitaron a la deponente en referencia en su negocio (sala de belleza) y en esta visita el imputado R. U. C. junto con su cónyuge y se le pusieron a la orden para ayudarle en cualquier problema y le refirieron un caso parecido al hecho delictivo del que fue objeto su cuñado (de la dicente), asimismo debemos preguntamos a que se debe el hecho que este acusado primero se le Presentó a S. como médico, el día de los hechos en su visita a su negocio le manifestó que fue policía, y no la desmintió en relación que fuese médico antes bien remarca su dicho cuando lo conduce a casa de su cuñado los encuentra nervioso a su hermana y cuñado y les receta unos medicamentos para su estado de nerviosismo a petición de Santa, otro punto importante es señalar que cuando va en dirección a casa de su cuñado el ofendido ella no le indica la dirección sino que el conduce directamente a la ruta correcta donde vive su cuñado por lo cual ella declara que se sorprende por ese hecho, asimismo coincide cuando en su declaración afirma que al contarle el problema de su cuñado el de inmediato pide vía teléfono a alguien de su confianza o como dándole una orden "comunícame con la línea de Guate" y en el trayecto a casa de su cuñada vuelve a comunicarse con la línea de “Guate” lo cual si lo relacionamos con la declaración de R. A. F. Hijo del ofendido A. F., cuando afirma que las primeras llamadas que le hacen es como del área de Guatemala, igual manifestó su papá. Igualmente lo depuesto tanto por éste como por su padre en lo relativo a la llamada en la que él enjuiciado R. C. se equivoca, cree que está hablando con el imputado S. y le dice que "se ponga pilas" que aquel señor (víctima) ya había "reventado" (accedido) y que iba a enviar "gente" para recoger el dinero. En cuanto a la supuesta inducción o invitación para cometer el delito efectuada tanto al enjuiciado R. C. como a S. S., antes mencionado por solicitar su mediación y luego el llamado para entregar el dinero para finalmente “obligarlos” a tomar el dinero y ser capturados; es trascendente efectuar la acotación que tal asidero fáctico de la sentencia quebranta el supuesto de veracidad que integra el principio de Razón Suficiente, el que conforma igualmente el Postulado de Derivación, ya que el solicitar ayuda, en una situación tan peligrosa' como lo constituye una extorsión, de ninguna manera puede constituirse en una base para afirmar que se está "invitando a que se perpetre tal acción delictiva; en igual sentido del universo probatorio del juicio no se hace patente que a los acusados ya referidos se "les obligó" a recibir el dinero, cuerpo del delito en cuestión. Esta Fiscalía entiende que el imputado Á. S. C., por su investidura de policía estaba obligado a participar a sus superiores de lo que estaba ocurriendo con lo planteado por su amigo U., mas grave aún se vuelve la situación cuando le dicen al ofendido señor F. que ya tienen identificados a los supuestos secuestradores y que se trata de unos policías, según declara el ofendido A. F.; además los policías A. y Z. que son de rango superior o jefes de S., manifestaron no tener conocimiento de los hechos a través de su subalterno y que tampoco tenían conocimiento que S. estuviese cumpliendo una Misión y que no tenía nada que ir a hacer a la vivienda del ofendido; por lo que al preguntarle el Fiscal de cual es el procedimiento a seguir en este tipo de delitos, el enjuiciado reconoce que cometió un error porque no halló como contestar a la certera interrogante con la cual quedó en evidencia de estar participando en una acción ilícita; de lo que se determina la infracción al Sistema de Logicidad: que de conformidad con la ley debe imperar, en la valoración probatoria; cuando el Juzgador afirma que este policía no ha cometido delito y que su actuar solo se circunscribe a haber acompañado a U. (acusado) a la casa del ofendido señor F., expresando que la prueba resulta exigua para condenarlo, cuando basta efectuar un análisis de los indicios antes relacionados para poder inferir que éstos son unívocos, plurales concomitantes entre sí, para comprobar tanto el hecho delictivo corno la participación de los acusados en el mismo. En relación al imputado H. U. C. F., no obstante que el Tribunal considera que el simple hecho de acompañar a su hermano a casa del ofendido a recoger el dinero en una motocicleta no constituye delito alguno, si lo vemos desde esa óptica simplista podríamos caer en el error de afirmar lo mismo, sin embargo todo responde a un plan previamente orquestado por los imputados, de manera que cada uno ya tenía asignada la tarea a desarrollar en la comisión del injusto penal, cuya perpetración, tal como lo reconoce el Tribunal en el apartado del fallo supra referido, es de comisión compleja. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontremos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente, fundada y verdadera de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. El Tribunal, no ha derivado su conclusión en los medios de prueba de cargo testifical y documental ultrajando la regla de la derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la Absolución de los imputados por el delito de Extorsión, siendo violatorios del sistema de la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.- III.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.- POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO UNICO: Violación del Artículo 332 B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El cuadro fáctico del fallo que se recurre se describe así: "CUARTO: Con esto y después de las recomendaciones de los policías y amigos, decidió llamar a R. U. C., le dijo que le entregaría cierta cantidad de dinero en efectivo, acordó juntamente con los policías y amigos que lo acompañaban, que cuando R. U. se hiciera presente lo capturarían. Efectivamente R. U., en compañía de su hermano menor H. U. C. F., compareció al llamado de R. F., se hizo presente a la casa de este, momento en el cual fue apresado juntamente con su hermano H. U. Lo encontraron en posesión de una arma de fuego tipo pistola calibre 22, de la cual no contaba con permiso de portación, y a H. U., se lo encontró en posesión de una arma de fuego tipo revólver calibre 38…” El precepto penal y legal citado como infringido por falta de aplicación textualmente dice: "Artículo 332- B. Fabricación y Tráfico de Armas de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionadas con ellas. Se entenderá por arma de uso personal, defensa o deportivas; municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial". Es importante destacar que del factum se desprende la falta de aplicación del artículo citado como vulnerado, pues la acción descrita se enmarca a plenitud en la norma legal en referencia. Asimismo señalamos que a título ilustrativo es trascendente acotar que la figura de "despenalización tácita" no se desprende de la ley penal, pues no se contempla ninguna eximente de punibilidad en el Título VI del Código Penal; además la defensa no allegó probanza alguna en ese sentido y aunque así fuese el arma en cuestión bien pudo haberse registrado en otra de las oficinas del Registro Balística que opera a nivel nacional. Es innegable que ellos portaban armas, así como que esas armas no estaban registradas y no contaban con los correspondientes permisos, la conclusión solo puede ser una: ellos poseían armas de manera ilegal. En base al análisis legal supra indicado, el Ministerio Público estima carente de asidero legal la despenalización a la que hace referencia el Juzgador en el caso subjudice. Con fundamento en los razonamientos jurídicos y fácticos expuestos, el Ministerio Público considera que este motivo debe ser declarado admisible y por ende resulta procedente casar la sentencia en virtud de que la misma adolece del vicio in iudicando expuesto, ya que el sentenciador debió condenar al procesado por la comisión de ambos delitos y al no haberlo hecho así, ha incurrido en violación del Artículo 332-B del Código Penal”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.2, NORMA INFRINGIDA 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público inicia la explicación de su Recurso transcribiendo las declaraciones de los testigos R. A. F. R., B. R. F., J. A. N., M. S. I. y la prueba documental consistente en las actas de registro personal e incautación de objetos encontrados a los acusados, cuya relación no constan en la sentencia impugnada, resaltando en cada una de esta prueba los aspectos que a su criterio forman convicción de culpabilidad; seguidamente, el Censor reprocha que el Tribunal de Sentencia haya calificado los hechos como una inducción o provocación al delito, solo por el hecho de que los ofendidos hayan solicitado su ayuda en el momento que creyeron estaban siendo amenazados por secuestradores; concluye que por todo, los Juzgadores han faltado al principio lógico de razón suficiente ya que llega a conclusiones valorativas invalidas. III. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala, ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. IV. El Recurso no es de recibo. El Censor no consideró al momento de formular su Recurso que el alegato de Quebrantamiento de Forma por violación de las reglas de la sana crítica implica la confrontación del argumento valorativo con las normas del recto entendimiento humano, demostrando que el Tribunal de Sentencia se ha apartado de ellas, llegando a conclusiones irracionales por su ilogicidad, por controvertir las máximas de la experiencia común y la psicología del comportamiento humano, en cambio hace una relación de los medios de prueba en un esfuerzo por demostrar que han sido incorrectamente valorados, lo que equivale a cuestionar la justicia de los argumentos valorativos en busca de una revalorización, lo que escapa al control casacional. Esta falencia, se suma al hecho de que el Tribunal de Casación no comparte el criterio del Censor de los cuestionamientos que formula por omisión de aplicabilidad de la sana crítica, ya que la Sala de lo Penal, a pesar de advertir una falta de motivación descriptiva por parte de los Juzgadores, en suma comprueba que la conclusión allegada sobre la insuficiencia de material probatorio que señalen a los acusados como partícipes del delito de extorción, supera el examen de aplicabilidad de las reglas de la sana critica, a saber: 1) Partiendo de la acusación, el punto central a acreditar por parte del Ministerio Público era si los acusados R. U. C. R., H. U. C. F. Y S. Á. S. C., eran las mismas personas o eran parte de un grupo de personas que en fecha diez de marzo del año dos mil ocho, llamaron por teléfono a los señores R. A. F. Y B. R. F., para solicitarles una cantidad de dinero bajo la amenaza que en caso contrario serían objeto de secuestro; tras recibir la prueba el Tribunal de Sentencia concluyo que sobre los acusados solo recaían sospechas, mismas que nacieron después que el señor R. A. F., llamase por teléfono al acusado C. R. y que le escuchara decir “hey vos, ponte pilas que aquel señor Ya reventó y ya voy a poner mi gente para que vayamos a traer el dinero”, que si bien, puede sonar sospechoso, no es concluyente para crear certeza de culpabilidad, ya que en efecto el acusado C. R. iba a ir a traer el dinero a casa del ofendido por solicitud de éste, entonces tal frase, partiendo que haya sido bien entendida por el ofendido y que la haya reproducido fielmente en el debate, puede igualmente obedecer precisamente a la petición del ofendido de que fuese a su casa; 2) El Ministerio Público cuestiona de que el acusado R. U. C. R., se haya presentado ante la señora M. S. I., como médico después con el ofendido como ex policía, que podía rastrear llamadas, y más adelante haber señalado que tenían ubicadas a las personas secuestradoras, que eran ex policías fugados del Centro Penal; esto efectivamente es cuestionable y reprochable, más no se traduce en certeza de que los acusados sean las personas que solicitaban, bajo amenaza, una cantidad de dinero a los ofendidos (que es precisamente el delito imputado), ya que alternativamente puede igualmente explicarse como una forma de engaño representado por el acusado, quien vio en la situación que se le presentaba una oportunidad de ofrecer servicios ficticios y con ello agenciarse dinero de manera fácil, lo que podría subsumirse en un tipo penal distinto al que fue imputado. Tómese en cuenta que la testigo M. S. I. escuchó decir del acusado R. U. C. R., “Usted no tiene que darle dinero a nadie, y si alguien viene aquí, truénelo” (F. 225 v), como un consejo al ofendido, lo que sería contrario a su intención en el supuesto de que efectivamente sea la persona que estuviese llamando por teléfono para exigir dinero; 3) En cuanto al acusado S. Á. S. C., le fue cuestionado, además de presentarse falsamente como Técnico de la Policía encargado de Comunicaciones, que siendo Policía Preventivo activo, no haya notificado de lo que acontecía a sus superiores, como lo ordena la ley, cuestionamiento al que se suma esta Sala de lo Penal, ya que el proceder del Policía S. C., no se ajustó a sus deberes como funcionario público, más esto si bien es reprochable, no apunta a la teoría acusatoria, de manera que le vincule inequívocamente como responsable del delito imputado, máxime cuando éste el día en cuestión, sólo visitó al ofendido una vez en su casa, retornando al puesto de trabajo en Lepaguare y mostrándose reticente en ir por el dinero posteriormente a casa del ofendido; 4) Concuerda la Sala de lo Penal con el Ministerio Público en cuanto a que el Tribunal de Sentencia equivocadamente califica que los hechos obedecieron a una inducción o provocación al delito, confundiendo lo que en materia penal se conoce como delito experimental bajo la técnica de la entrega vigilada autorizado por la ley (Ejemplo: Art. 68 de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo), que es algo muy diferente al Agente Provocador del Delito; sin embargo, tampoco este hecho puede ser considerado como base probatoria que sustente la culpabilidad de los acusados, por cuanto el señor R. U. C. R., como lo señalan los testigos, asumió el papel de “mediador” y por ello, en un principio se le solicitó ir a la casa del ofendido para traer el dinero y entregárselo a los agresores, más después que se sospechó de éste como posible responsable, fue el pretexto para hacerlo llegar a la casa del ofendido y aprehenderlo, ergo cabe la posibilidad de que el acusado haya ido a traer el dinero precisamente cumpliendo con la tarea encomendada y no necesaria y únicamente porque sea el autor del delito de Extorción; 5) El Ministerio Público erra al indicar que el acusado H. U. C. F., sea igualmente autor del delito por el hecho de haber acompañado a su hermano a casa del ofendido, no existe ningún medio de prueba que señale que el acusado sea una de las personas que haya solicitado por teléfono la entrega de una cantidad de dinero bajo amenaza, o que incluso haya tenido conocimiento de que el señor R. A. F. estaba siendo víctima de ello, por lo que no es procedente sentenciar que es culpable a causa de haberse conducido con su hermano a la casa del ofendido; 6) El Tribunal de Sentencia señaló, que una de las falencias en el proceso de investigación fue el rastreo, identificación o conexión de llamadas y números de teléfono con los acusados, conclusión que se deriva de un correcto razonamiento que parte del medio de prueba documental introducido al debate por el Ministerio Público como auto para mejor proveer, consistente en un oficio de la Empresa de Telefonía Celular Celtel S.A (F. 196)., que proporciona los números de serie de los chips de cinco números de teléfono celular, así como el registro de llamadas entrantes y salientes a dichos números (F. 197-203), sin que se brindase información a que personas pertenecían los mismos, en especial la falencia de discriminar cual era el número de celular y número fijo perteneciente al ofendido, cuál era el número de celular que usaban los agresores para solicitar el dinero y su conexión con los acusados. V. Por lo expresado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DE LA NORMA SUSTANTIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 332B DEL CÓDIGO PENAL; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro).- Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes. B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. La Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. II. El Censor fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la falta de aplicación del artículo 332B del Código Penal, pues en aquellos se describe con claridad como los acusados R. U. C. Y H. U. C., portaban armas de fuego, que esas armas no estaban registradas y que no contaban con los correspondientes permisos, lo cual solo permite una conclusión y es que los acusados poseían las armas de manera ilegal; El Censor cuestiona además el hecho de que el Tribunal de Sentencia base su sentencia absolutoria en una “despenalización” del tipo penal, lo que no tiene respaldo legal alguno. III. El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello, deberán de obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública siempre que cumplan los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1) Formulario con sus datos personales y residencia; 2) Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma; La persona interesada sólo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipula los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas. Pero además, la ley es específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir, que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3) Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4) Pago de la matrícula municipal; y 5) Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello, la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de diez días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. El tipo penal en estudio tiene las siguientes características: A) Según su Estructura: 1) Tipo Penal Básico o Fundamental porque describe de manera independiente modelos de comportamiento humano; 2) Tipo Penal Compuesto: En virtud de que son nueve los modelos de comportamiento descritos en la norma, cada uno con la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica distinta; B) Según su Contenido: 1) Tipo Penal de Mera Conducta o Actividad, ya que la descripción del tipo se agota con la acción del autor sin que se requiera producción de un resultado en el mundo exterior; 2) Tipo Penal describe Conductas Instantáneas y Conductas Permanente: i) Instantáneas: las de fabricar, suministrar, vender, sacar o ingresar al país el arma de fuego, por ser modelos de comportamiento que se agotan en un solo momento; ii) Permanente: las de almacenar, transportar, poseer y usar, el arma de fuego, debido a que el comportamiento del autor se renueva de manera continua entretanto este realizando la acción; 3) Tipo Penal de Acción ya que las conductas descritas en el tipo penal es de carácter comisivo; 4) Tipo Penal Cerrado, al determinarse con precisión las nueve circunstancias típicas, desprendiéndose con suma claridad las conductas prohibidas; C) Según El Sujeto Activo: 1) Tipo Penal Unisubjetivo, por ser un tipo penal que puede ser realizado por una sóla persona, sin participación de terceros; 2) Tipo Penal de Sujeto Activo Común, ya que el sujeto activo no requiere tener ninguna cualidad o categoría especifica; D) Según El Bien Jurídico Protegido: 1) Tipo Penal Uniofensivo, al amparar un bien jurídico específico, tal cual es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 2) Tipo Penal de peligro por cuanto el tipo penal no exige la existencia de un resultado, sino basta que la conducta se realice para que se consume el delito. IV. En fecha 29 de agosto del año 2007, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Legislativo 69-2007, donde en su artículo 1 se modifico la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, reformando los artículos 27 y 34 y adicionando los artículos 27-A, 27-B y 27-C, pero además, en su artículo 2 señaló que se concedía un plazo de 6 meses para registrar las armas que están en situación irregular, con sólo el pago Municipal de Cien Lempiras y un pago que establezca la Policía Nacional Preventiva por la suma de DOSCIENTOS LEMPIRAS, bajo una reglamentación y estos serán enterados a la Policía Nacional Preventiva. Finalmente en el artículo 3 se señaló que el Decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, es decir, el 18 de septiembre del año 2007, venciéndose el plazo de los seis meses señalado en el artículo 2 el 18 de marzo del 2008, a media noche. V. El Recurso no es de recibo. Si bien, el Recurrente de manera correcta ha identificado que en el apartado cuarto (F. 230) de la declaración de los hechos probados se hace un relato que encuadra en el artículo 332-B del Código Penal por cuanto se afirma que el acusado R. U. C. R., en fecha diez de marzo del año dos mil ocho, se condujo hasta la casa del señor R. A. F., cita en el barrio de Jesús de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, donde fue aprehendido, encontrándosele un arma de fuego tipo pistola, calibre 22, de la cual no contaba permiso de portación, ello en el tiempo en que aconteció no constituía delito debido a que el artículo 332-B del Código Penal estaban en suspenso gracias a una norma temporal contenida en el artículo 2 del Decreto 69-2007, donde se concedió un plazo de seis meses para la regularización de las armas de fuego comerciales, plazo que inicio el 18 de septiembre del 2007 y venció el 18 de marzo del 2008 a media noche, habiéndose acaecido los hechos el 10 de marzo del 2008, es decir, dentro del plazo en el que la validez del artículo 332-B estaba en suspenso. La aplicación retroactiva del artículo 2 del Decreto 69-2007 en el presente caso, es conforme al artículo 96 de la Constitución de la República (Al respecto ver la Sentencia de fecha 25 de noviembre del 2010, en el Exp 048-2009). Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, es importante acotar: 1) La Suspensión de Validez del artículo 332-B del Código Penal que ordena el artículo 3 del Decreto 69-2007, no afectó la vigencia del artículo 332-A del Código Penal, ya que en éste se relaciona con arma de fuego de Guerra o de Uso Exclusivo de los cuerpos armados del Estado, ergo éste tipo de armas no pueden ser legalizadas aun dentro del plazo de 6 meses a que se refería el mencionado decreto; 2) La Sala de lo Penal, aprecia con preocupación como el Tribunal de Sentencia justifica la inaplicabilidad del artículo 332-B del Código Penal por considerar que esta norma esta despenalizada a raíz de que a la fecha de los hechos (10 de Marzo del 2008) las oficinas de Registro Balístico a nivel nacional no se encontraban funcionando, olvidando por una parte que la despenalización es el proceso mediante el cual el Poder Constituido encargado, en nuestro caso el Poder Legislativo, deroga una norma que contiene un tipo penal, lo cual no acontece en el presente caso y por otro lado no apoyando su afirmación de que las oficinas de Registro Balístico estuviesen cerradas a nivel nacional en ningún medio de prueba fehaciente durante el tiempo en que el acusado R. U. C. R., indicó haber tenido en su poder las armas de fuego: un año. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.248=2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

Página 1 de 24