Sentencia CP-232-10 — Registro 14518
Resumen
Se inadmite el recurso de casación interpuesto por el MP
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Ministerio Público no ha acertado en su argumentación, por cuanto los documentos citados no tiene el carácter de auténtico y además porque no se aprecia el error aducido.- Los documentos que cita el Censor tratan de Inspecciones Judiciales realizadas a dos entidades; Las Inspecciones Judiciales (Art. 275.3 del Código de Procedimientos Penales) es un medio de prueba mediante el cual el Juzgador, a través de sus sentidos, hace constar el estado de las cosas, dejando documentado su impresión en un acta respectiva, la que después debe de ser interpretada y valorada, no permitiendo la ley que ni el Juez, ni los testigos ni ninguna otra persona que participen en tal diligencia puedan externar su opinión respecto a lo que están constatando (Art. 324 del Código de Procedimientos Penales), es pues que el acta no encierra una verdad intrínseca e irrefutable, sino que solo da cuenta de lo que en ese momento pudo percibir el Juzgador, quien posteriormente deberá de interpretar y valorar tales hallazgos en asociación con los demás medios probatorios.- Por otra, el Ministerio Publico alega que las Actas de Inspección Judicial fueron erróneamente apreciadas por el Tribunal de la Segunda Instancia, más al examinar la resolución que se impugna se colige que dichos documentos no fueron ni siquiera relacionados, mucho menos apreciados de manera diferente a la verdad que contienen, es pues, que no puede existir una errónea apreciación de un medio de prueba cuando éste no ha sido objeto de mención por parte del juzgador; estamos entonces ante una omisión por parte del Tribunal de la Segunda Instancia. CONSIDERANDO (5): Que por lo expuesto, es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley que ha interpuesto el Ministerio Público, en su único motivo. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 956 del Código de Procedimientos Comunes señala que el Tribunal de Casación podrá de oficio invalidar la sentencia recurrida cuando en ella aparezcan de manera manifiesta cualquiera de los vicios que den lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mismos que están enumerados taxativamente en el artículo 416 del Código de Procedimientos Penales. CONSIDERANDO (7): Que en el caso en estudio concurren de manera manifiesta la causal del numeral 3 del artículo 416 del Código de Procedimientos Penales, que dan lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, al no dar respuesta el Tribunal de Segunda Instancia a todos los puntos debatidos por las partes, volviendo su sentencia violatoria al artículo 80 de la Constitución de la República.- El Ministerio Público en su acusación hizo énfasis en la existencia de dos Actas de Inspecciones Judiciales (f. 456 y 845) argumentando que con ellas se acredito que los fondos retirados del Instituto de Previsión Militar con instrucciones del acusado, nunca ingresaron a la Tesorería de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, circunstancia que también fue alegada por el órgano acusador al momento de presentar su contestación de agravios, (f. 31 2da pieza), y del que no tuvo respuesta alguna por parte del Tribunal de la Segunda Instancia. CONSIDERANDO (8): Que la sentencia de fecha diez (10) de junio de dos mil diez (2010) dictada por la entonces Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, manifiestamente adolece de vicios in procedendo, que se enmarcan en el supuesto del artículo 416.3 del Código de Procedimientos Penales, por lo que en base al artículo 956 del Código de Procedimientos Comunes, en relación con el artículo 420 del Código de Procedimientos Penales, es procedente declarar su Invalidez".
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve del mes de diciembre de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, por la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en relación a la causa instruida en fecha 30 de agosto de dos mil, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Criminal, Tegucigalpa, Francisco Morazán, por el Licenciado Milson Salgado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público contra el señor RIGOBERTO PADILLA BEJARANO por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio del INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR Y LA FE PUBLICA.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha diez de junio de dos mil diez, emitida por la Corte Primera de Apelaciones, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que revocó la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras Penal, Seccional Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán.” RESULTA: Que en sentencia de fecha diez de junio de dos mil diez, la Corte Primera de apelaciones de Tegucigalpa, Francisco Morazán, Revocó los hechos estimados y declarados probados por el A-quo, quien redactándolos de la siguiente forma: “CONSIDERANDO: Que esta Corte no acepta los hechos que el A-quo estimó y declaró como probados; en consecuencia y como resultado de los razonamientos y valoraciones expresadas en los considerandos que anteceden, redacta y declara probados los hechos siguientes: 1) Que la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar en sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, autorizó al Gerente General, que en ese momento era el señor RIGOBERTO PADILLA BEJARANO, para que gestionase ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central el dominio pleno de los terrenos en que están construidas las instalaciones principales de aquella entidad, así como para que comprase terrenos adyacentes con extensión superficial de treinta y ocho mil ciento ochenta y dos varas cuadradas (38,182 vrs.2), erogando para tal efecto la cantidad de Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Lempiras (Lps.5,250,000.00) para el pago de tasas, impuestos y otros cargos; 2) Que el señor RIGOBERTO PADILLA BEJARANO, en tanto el Gerente General del Instituto de Previsión Militar, mediante oficios de fechas dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, nueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete y nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, instruyó al Departamento de Ahorros y Depósitos del Banco de las Fuerzas Armadas para que efectuara débitos de la cuenta 36000-01-9 por los siguientes valores: Un Millón Quinientos Mil Lempiras (Lps.1,500,000.00), Dos Millones Quinientos Mil Lempiras (Lps. 2,500,000.00) y Un Millón Doscientos Cincuenta Mil Lempiras (Lps.1,250,000.00), indicándo1e que esas cantidades de dinero serían retiradas en efectivo por el Teniente ANDRES BALTAZAR IRIAS CERRATO, Jefe del Departamento de Caja del Instituto de Previsión Militar, al cual, en acatamiento de esas instrucciones, el Banco de las Fuerzas Armadas le entregó en efectivo el importe de dichos valores; 3) Que en las propias oficinas de la Gerencia del Instituto de Previsión Militar, el señor RIGOBERTO PADILLA BEJARANO entregó unas bolsas que contenían las cantidades de dinero antes indicadas a un funcionario de la Municipalidad del Distrito Central, quien abandonó el edificio por el sótano, siendo acompañado en su salida por el señor ANDRES BALTAZAR IRIAS CERRATO; 4) Que los recibos que reflejan haberse entregado los valores antes descritos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, son auténticos o iguales a los utilizados por la Tesorería de la citada Alcaldía; 5) Que en Escrituras números sesenta y ocho (68) de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete autorizada por el Notario Fernando Alvarenga Funez y ciento dos (102) del cinco de diciembre del mismo año autorizada por la Notaria Lidia Álvarez Sagastume, la Alcaldía Municipal del Distrito Central concedió el dominio pleno de varios inmuebles al Instituto de Previsión Militar”. RESULTA Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: PRIMER MOTIVO: Haber incurrido la Corte de Apelaciones en Error de hecho en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El Ministerio Público en el caso sub-judice, considera de suma importancia cuestionar e impugnar el proceso intelectivo realizado por el Tribunal Ad-quem en el proceso de valoración probatoria, así como la fundamentación jurídica del fallo emitido por éste. Al revisar la sentencia censurada se aprecia, que en el Décimo Primer Considerando el Ad-Quem reforma el cuadro fáctico estableciendo: que el señor Rigoberto Padilla Bejarano fungía como Gerente General del Instituto de Previsión Militar, cuando fue autorizado por la Junta Directiva de dicho instituto al pagó de Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil Lempiras (Lps. 5,250,000.00) en efectivo a la Alcaldía del Distrito Central para el pago de tasas, impuesto y otros cargos, así como para la compra de 38,182 vrs2 de terreno; que el señor Padilla Bejarano entregó a un funcionario de la Municipalidad del Distrito Central dicha cantidad dinero. Asimismo, señala en el fallo impugnado, que de la conducta realizada por el imputado, así como de la prueba incorporada, no se desprende la configuración de los ilícitos penales por los cuales fue acusado el hoy procesado, en consecuencia, no puede ser condenado por simples sospechas. El reproche que hace el Ministerio Público a este fallo radica fundamentalmente, en el error que se ha producido en la valoración de la prueba por parte del Tribunal Ad-Quem al no tomar en consideración elementos probatorios que fueron oportunamente incorporados al proceso y que constituyen actos auténticos por emanar de una autoridad competente y tener el carácter de indubitables; en este sentido, consta a folio 456 de la primera pieza de los autos, la inspección practicada a la Alcaldía Municipal, en donde se constata que los recibos que obran en el Instituto de Previsión Militar como comprobante de pago no se encuentran contabilizados en esta dependencia, por lo que dichos fondos jamás ingresaron a la Comuna Capitalina pero si salieron del Instituto de Previsión Militar por instrucciones del señor Padilla Bejarano; además, tal y como se demostró con la inspección a las instalaciones del Banco de las Fuerzas Armadas (BANFFAA), estos no cuentan con los documentos de respaldo para realizar los débitos de las cuentas del Instituto de Previsión Militar (f. 845). Es claro que estas inspecciones constituyen actos auténticos al haber sido practicadas por un funcionario competente y con las solemnidades requeridas por la ley, pueden dar fe por sí solos; en este sentido, se constató que los fondos que el señor Padilla Bejarano debió pagar no fueron enterados a la Corporación Municipal. Por otra parte, si bien del dictamen pericial que obra a folio 1028 indica que los recibos archivados en el Instituto de Previsión Militar corresponden al formato utilizado por la Alcaldía Municipal, a simple vista basta apreciar que los mismos no cuentan con el sello ni firma del cajero de la institución bancaria en que supuestamente se realizó el pago (F. 1050, 1051,1052, 1053, 1054) Y que otros no corresponde al pago de impuesto sobre bienes inmuebles, de ahí, pese a ser originales en su forma, su contenido no es auténtico, es decir no llenan los requisitos intrínsecos para poder acreditar de manera fehaciente el pago realizado a la Municipalidad. De lo antes dicho resulta evidente, que los actos realizados por el señor Padilla Bejarano se enmarcan, en el delito de Falsificación de Documentos Públicos, no por el hecho de haber falsificado el contenido de estos documentos, sino por el uso que éste hace de ellos, para pretender justificar la salida de más de cinco millones de lempiras de las cuentas del IPM, dinero que nunca llegó a su supuesto destino, es decir, no ingresó a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, configurándose también el ilícito de Apropiación Indebida. Que estos medios de prueba de carácter auténtico, al ser relacionados con la declaración testifical de Marco Vinicio Gómez (f. 880), Secretario de la Alcaldía Municipal de aquél entonces, en la que él expresó que nunca ha recibió dinero en efectivo en concepto de pago de impuestos por parte del señor Padilla Bejarano, ya que la facultad de percibir fondos no se encontraba dentro de sus facultades, pero si acepta haber participado en la firma del Instrumento Público de compra venta de un inmueble a favor del IPM; de igual forma la declaración del Abogado Fernando Alvarenga (f 992), notario autorizante del instrumento de compra venta, éste señaló que él no ha presenciado la entrega de ningún dinero; testimonios que al ser confrontados con las inspecciones practicadas, nos hacen arribar a la conclusión, de que el señor Padilla Bejarano se apropio de los fondos del Instituto de Previsión Militar, cuanto estaba en la obligación de realizar pagos ante la Alcaldía Municipal, y para ocultar este desvió de fondos utiliza recibos que contiene una información carente de veracidad, por no contar con los respaldos contables necesarios. De ahí, que de la valoración que le ha dado el sentenciador a la prueba incorporada en el proceso y específicamente a la inspección practicada en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se desprende claramente que la cantidad de cinco millones doscientos cincuenta mil lempiras (Lps. 5,250,000.00) fueron retirados de las cuentas que el Instituto de Previsión Militar mantenía en BANFFAA, por instrucciones del señor Padilla Bejarano sin que estos fondos ingresaron a la tesorería de la Comuna Capitalina, y que con los recibos archivados en el Instituto de Previsión Militar se demostró que pese a ser originales los mismos no fueron pagados en ninguna institución del sistema financiero, ya que no existe reporte de ingreso de esos fondos a favor de la alcaldía, pero si se demostró que esos fondos salieron de las arcas del Instituto de Previsión Militar en efectivo por instrucciones del señor Padilla Bejarano. Que tal y como lo hemos indicado con las pruebas antes mencionas se acreditó que el señor Padilla Bejarano ha incurrido en el delito de Falsificación de Documentos Públicos establecido en el artículo 289 del Código Penal, ya que éste hizo uso de un documento falso para justificar ante la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar la sustracción de más de cinco millones de lempiras; y la utilización de estos documentos es el medio que para que el encausado pudiera apropiarse indebidamente de estos fondos propiedad del Instituto de Previsión Militar, configurándose así el delito de apropiación indebida contemplado en el artículo 242 numeral 8 del Código Penal. Que en el caso subjudice, tal como lo exige el juzgador de segunda instancia, se ha producido el nexo causal o lógico que nos lleva a la única conclusión de responsabilidad del encausado en los hechos que se imputan, de manera que resulta desacertado por parte del Tribunal afirmar que en el presente proceso se cuenta con meras sospechas y no con certeza de la culpabilidad del imputado. Por lo antes explicado se concluye, que el tribunal de alzada no ha valorado de manera adecuada la prueba incorporada al juicio, ya que es claro que los documentos antes señalados demuestran la infracción por parte del señor Rigoberto Padilla Bejarano al ordenamiento jurídico vigente y por tanto ha participado activamente en la comisión de los delitos de Apropiación Indebida n concurso ideal con el delito de Falsificación de Documentos Públicos”.RESULTA: Que mediante auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil diez, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte de la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, en consecuencia, omitió el traslado de los autos del Fiscal del Despacho, por ser parte recurrente. CONSIDERANDO (1): Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del Recurso de mérito. CONSIDERANDO (2): Que por el cauce procesal del artículo 412 del Código de Procedimientos Penales de 1984, se ha presentado Recurso de Casación por Infracción de Ley, en un único motivo, enmarcándolo en el numeral 2) de la norma indicada. El Ministerio Público sostiene que el Tribunal de la Segunda Instancia ha incurrido en error al no tomar en consideración elementos probatorios que fueron oportunamente incorporados y que son de carácter auténticos, siendo estos la Inspección practicada a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (F. 456), donde se constata que los recibos que obran en el Instituto de Previsión Militar como comprobante de pago no se encuentran contabilizados en esa dependencia y por lo tanto los fondos jamás ingresaron a la Alcaldía Capitalina aun cuando salieron del Instituto de Previsión Militar con instrucciones del acusado PADILLA BEJARANO y la Inspección a las Instalaciones del Banco de las Fuerzas Armadas (BANFFAA) (f. 845), que no cuentan con los documentos de respaldo para realizar los débitos de las cuentas del Instituto de Previsión Militar. CONSIDERANDO (3): Que el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales dispone: “Se entenderá que ha sido infringida una ley para el efecto de que puede interponerse el recurso de casación: 1... 2. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido errores de hecho, si esto resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, y no estuvieron desvirtuados por otras pruebas”. Este Tribunal, ya ha explicado el contenido de éste numeral anteriormente, indicando que constituyen sus elementos: “1) Que en la valoración de la prueba haya habido error de hecho. El error de hecho se demuestra con una simple comparación objetiva, sin hacer relación a las disposiciones legales que regulan los distintos medios de prueba. 2) Que el error resulte de documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador. Es decir, que si al comparar lo que ha sido declarado probado en la sentencia con un documento auténtico, se vea claramente que el Juzgador se equivocó, porque la motivación fáctica no corresponde al contenido de tal documento. (…) Pero, debe tratarse de documentos o actos realmente auténticos, que intrínsecamente y por si solos encierren verdades irrebatibles, que haya producido fuera del proceso e incorporados, de manera legal, al mismo; 3) El contenido de los documentos o actos realmente auténticos, no debe haber sido desvirtuado por los otros medios de prueba.” (Ver fallos del Exp 520-04 del 12 de octubre del 2004, Exp 207-2010 del 08 de noviembre del 2012 y Exp 309-2010 del 10 de enero del 2013).- Igualmente, este Supremo Tribunal, ha definido que lo que debe entenderse como documento auténtico, señalando que: “… no son documentos auténticos aquellos que simplemente presenten una extensión de autenticidad innegable, sino los que además constituyen por sí y por la fuerza misma de su contenido, una expresión de verdad manifiesta y notoriamente irresistible” (ver fallo del Exp 1642-04 del 04 de octubre del 2005). Dicho de otra manera, la categoría de documento o acto auténtico lo determina: la formalidad extrínseca: expedido con los requisitos legales por autoridad o funcionario revestido de fe pública, y la formalidad intrínseca: que por sí solo constituye la demostración indestructible de la certeza de los hechos que en el mismo se contenga, sin que esta certeza se derive de una simple manifestación de voluntad. CONSIDERANDO (4): Que el Ministerio Público no ha acertado en su argumentación, por cuanto los documentos citados no tiene el carácter de auténtico y además porque no se aprecia el error aducido.- Los documentos que cita el Censor tratan de Inspecciones Judiciales realizadas a dos entidades; Las Inspecciones Judiciales (Art. 275.3 del Código de Procedimientos Penales) es un medio de prueba mediante el cual el Juzgador, a través de sus sentidos, hace constar el estado de las cosas, dejando documentado su impresión en un acta respectiva, la que después debe de ser interpretada y valorada, no permitiendo la ley que ni el Juez, ni los testigos ni ninguna otra persona que participen en tal diligencia puedan externar su opinión respecto a lo que están constatando (Art. 324 del Código de Procedimientos Penales), es pues que el acta no encierra una verdad intrínseca e irrefutable, sino que solo da cuenta de lo que en ese momento pudo percibir el Juzgador, quien posteriormente deberá de interpretar y valorar tales hallazgos en asociación con los demás medios probatorios.- Por otra, el Ministerio Publico alega que las Actas de Inspección Judicial fueron erróneamente apreciadas por el Tribunal de la Segunda Instancia, más al examinar la resolución que se impugna se colige que dichos documentos no fueron ni siquiera relacionados, mucho menos apreciados de manera diferente a la verdad que contienen, es pues, que no puede existir una errónea apreciación de un medio de prueba cuando éste no ha sido objeto de mención por parte del juzgador; estamos entonces ante una omisión por parte del Tribunal de la Segunda Instancia. CONSIDERANDO (5): Que por lo expuesto, es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley que ha interpuesto el Ministerio Público, en su único motivo. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 956 del Código de Procedimientos Comunes señala que el Tribunal de Casación podrá de oficio invalidar la sentencia recurrida cuando en ella aparezcan de manera manifiesta cualquiera de los vicios que den lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mismos que están enumerados taxativamente en el artículo 416 del Código de Procedimientos Penales. CONSIDERANDO (7): Que en el caso en estudio concurren de manera manifiesta la causal del numeral 3 del artículo 416 del Código de Procedimientos Penales, que dan lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, al no dar respuesta el Tribunal de Segunda Instancia a todos los puntos debatidos por las partes, volviendo su sentencia violatoria al artículo 80 de la Constitución de la República.- El Ministerio Público en su acusación hizo énfasis en la existencia de dos Actas de Inspecciones Judiciales (f. 456 y 845) argumentando que con ellas se acredito que los fondos retirados del Instituto de Previsión Militar con instrucciones del acusado, nunca ingresaron a la Tesorería de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, circunstancia que también fue alegada por el órgano acusador al momento de presentar su contestación de agravios, (f. 31 2da pieza), y del que no tuvo respuesta alguna por parte del Tribunal de la Segunda Instancia. CONSIDERANDO (8): Que la sentencia de fecha diez (10) de junio de dos mil diez (2010) dictada por la entonces Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, manifiestamente adolece de vicios in procedendo, que se enmarcan en el supuesto del artículo 416.3 del Código de Procedimientos Penales, por lo que en base al artículo 956 del Código de Procedimientos Comunes, en relación con el artículo 420 del Código de Procedimientos Penales, es procedente declarar su Invalidez. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, habiendo escuchado la opinión del Ministerio Público, y haciendo aplicación de los artículos: 303, 304, 313 atribución 5, reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 412, 413, 416, 418 y 420 del Código de Procedimientos Penales de 1984; 956 del Código de Procedimientos Comunes.- FALLA: PRIMERO: Declarando INADMISIBLE el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, formalizado por el Ministerio Público. SEGUNDO.- De Oficio declarar INVALIDA la sentencia de fecha diez (10) de junio del dos mil diez (2010), dictada por la entonces Corte Primera de Apelaciones, hoy Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, por adolecer de manera manifiesta vicios in procedendo que dan lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, a efecto de que procedan de manera inmediata a dictar sentencia en el recurso de Apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil siete (2007), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.- Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-232-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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