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Sentencia CP-230-10 — Registro 2897

Resumen

Se absolvió al imputado por el delito de maltrato por transgresión y actos de lujuria agravados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. I. Denuncia el recurrente, la inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica por parte del Tribunal Sentenciador al momento de valorar la prueba, consignando como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explica el censor que el Juzgador incurrió en el vicio denunciado, específicamente al momento de valorar el Dictamen Psicológico practicado a la menor K. N. A. Z., en el cual se estableció “que existe una posible perturbación emocional “que aún se está formando” con indicadores de rigidez y con indicadores de niños que están siendo abusados sexualmente”, pero a pesar de dicho resultado el Tribunal concluyó: “…que no es concluyente al haber manifestado la perito que había cincuenta por ciento de probabilidades de que éste tipo de perturbación fuese producto de una agresión sexual.” Infringiendo con ello en violación a la regla de la lógica en su postulado de la derivación integrada por el principio de Razón Suficiente. II. Al denunciar que en la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica, se hace referencia a la característica de lógica. Es decir, que aún y cuando el sistema de la sana crítica racional no establece límites al juzgador para formar su convicción, puesto que puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objeto del juicio penal basado en el principio de libertad probatoria, al examinar la prueba si debe indicar las razones que lo conllevan a decidirse por la que le convence y señalar el valor que le asigna a las producidas en juicio. El Proceso Lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del Examen Casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la Aplicación del Sistema Probatorio establecido por el Código Procesal Penal Hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la Fundamentación, específicamente en la Valoración Probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su Juicio de Valoración deber ser razonable, es decir, sujetarse a las reglas que gobiernan el Correcto Pensamiento Humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la Motivación Lógica deberá responder a las características de: 1) COHERENCIA, es decir, que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre si se anulen. c) Inequívoca: Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. 2) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando[1]. III. En el caso examiné, observa esta Sala de lo Penal, que el sentenciador no ha extraído del dictamen psicológico las probanzas que de él surgen, incurriendo en infracción a las Reglas que dominan el Entendimiento Humano. La valoración de las pruebas periciales deben efectuarse en virtud de los principios de libertad, de actuación e inmediación, es función exclusiva y excluyente del Juzgador A-quo y sólo puede ser revisada por la Corte Suprema de Justicia a través del Recurso de Casación, cuando carezca de motivación o las razones utilizadas por aquél sean ilógicas, absurdas o contrarias a criterio del razonar humano. No debemos olvidar que en nuestro sistema procesal penal los informes periciales no vinculan de modo absoluto al juzgador porque no son en sí mismos manifestaciones de una verdad incontrovertida; la prueba pericial ha de ser valorada por el juzgador, atendiendo a su convicción y a los criterios de la sana crítica, es decir, el Tribunal puede y debe valorar según las reglas de la sana crítica los dictámenes, acogerlo parcialmente e inclusive rechazarlo en su totalidad, siempre que el Tribunal oriente sus “razonamientos” en debida forma, de allí la famosa frase que el Juez es perito peritorum (perito de peritos). En ese sentido, no encontramos que el Sentenciador en su fallo haya valorado correctamente la prueba pericial cuestionada, al no justificar las razones lógicas y suficientes para desestimarla. Si bien, la prueba pericial no es vinculante para el Juzgador, esto no implica que deba restarle importancia realizando un inadecuado juicio de valor. Los expertos (Peritos) aprecian, mediante máximas de experiencias especializadas y propias de su preparación, algún hecho o circunstancia que el perito adquirió por el estudio o la práctica, o a través de ambos sistemas de obtención de conocimientos y que el Juez puede no tener, en razón a su específica preparación jurídica. Los Jueces no tienen por qué abarcar en su preparación y conocimientos todas las ramas del saber humano ni, por ello, todas las materias que pueden ser sometidas a su valoración; para aclarar el significado o valoración de ciertos hechos, hay que acudir a los peritos que, con sus conocimientos, nos informan en el marco de sus especialidades; el juez lo que hace es recoger los informes periciales y valorarlos, sacando las consecuencias jurídicas que de ella se derivan, por ello, el perito debe describir la persona o cosa objeto de la pericia, explicar las operaciones o exámenes verificados y fijar sus conclusiones que tiene como destinatario el juzgador. En el caso examiné, el dictamen psicológico (F89 de la 1era pieza) que cuestiona el recurrente, no fue valorado conforme la Regla de la Lógica, tampoco no fue razonado de forma conjunta y armónica con las declaraciones testificales incorporadas por lectura de C. G. Z. (madre de la ofendida) y de la referida ultrajada K. N. A. Z., así como con el resto de la prueba. Por todas estas consideraciones, esta Sala de lo Penal, considera procedente declarar Con Lugar este primer motivo de Casación, al infringirse las Reglas de la Sana Crítica. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MÓTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. I. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia concretamente sobre el presente motivo de casación, toda vez que ha prosperado el motivo de casación que por Quebrantamiento de Forma ha desarrollado el Fiscal del Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha once de mayo de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, mediante la cual ABSOLVIÓ al señor M. A. A. Z. como autor responsable del delito de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN Y ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de la menor K. N. A. Z.. Interpuso el Recurso de Casación la Abogada A. A. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. ES PARTE: El Abogado S. C. A. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como recurrente. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha ocho de agosto del dos mil uno, en la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, nace la niña K. N. A. Z., hija de los Señores M. A. A. Z. Y C. G. Z. G.. SEGUNDO: K. N. A. Z., para el día cuatro (4) de mayo del dos mil nueve (2009) contaba con una capacidad intelectual normal para su edad, y con una personalidad irritable, nerviosa, impaciente, inquieta y turbada, se le diagnostica una posible perturbación emocional. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. La recurrente Abogada A. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, desarrolló su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. 1. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO PRIMERO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el Sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numera 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al Juzgador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrolló como prueba pericial, el dictamen psicológico practicado a la ofendida, probanza de la cual se desprende lo siguiente: Dictamen psicológico el cual fue ratificado por la perito C. M. P. H., quien en su dictamen concluyó lo siguiente: Que la evaluada muestra indicadores comunes de niños víctimas de algún tipo de abuso sexual, como ser pérdida de sentido de seguridad, ansiedad, agresión, sobre apego a los adultos y voyerismo, además de que demuestra preocupación sexual, rigidez y tensión. El Juzgador al momento de emitir el correspondiente fallo, señaló en el considerando segundo del apartado de valoración probatoria lo siguiente: “Esta práctica pericial forense no fue cuestionada por las partes, ni se puso en duda el profesionalismo de la Psicóloga, con ello nos deja establecido en su comentario que la niña K. N. A. Z., posee una capacidad intelectual normal a su edad, con estado emocional y con una personalidad irritable, nerviosa, impaciente, inquieta y turbada, se le diagnostica una posible perturbación emocional, este diagnostico merece para el tribunal, toda la credibilidad ya que es una prueba científica realizada por una perito imparcial al hecho, además con la experiencia suficiente en la materia que depuso, pero el mismo no es concluyente al haber manifestado la perito que había un cincuenta por ciento de probabilidades de que éste tipo de perturbación fuese producto de una agresión sexual. A criterio del Ministerio Público, la supra indicada apreciación por parte del Juzgador constituye una infracción a la lógica y dentro de la misma al postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, específica mente en el ítem, valga la redundancia de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que deriva de la prueba aportada que no ha sido posible establecer que el imputado M. A. A. Z., cometió la acción de abuso sexual a él reprochada, razonamiento que quebranta la regla precitada, pues el contenido de la pericia allegada al proceso, nos conduce a tener por acreditado sin lugar a dudas su participación en el hecho acaecido, en virtud de las circunstancias que a continuación se detallan: Durante la comparecencia de la perito en el juicio oral y público (tal como se desprende de la respectiva acta de debate) a fin de ratificar el respectivo dictamen y al ser interrogada por las partes estableció, que durante la entrevista la menor ofendida demostró buena conciencia para recordar y sabe diferenciar la verdad de la mentira, quien le refirió que cuando su mami no estaba en la casa porque andaba teniendo en el hospital, su papá la llamaba que fuera al cuarto y allí la ponía a ver a un hombre y a una mujer desnudos que estaban haciendo el amor, que ella no quería pero él la obligaba a mirar y después la ponía a tocarle lo "de en medio" (refiriéndose al pene) y después él la tocaba a ella "en medio" (refiriéndose a la vulva). De igual forma ilustró la perito que, como resultado de las pruebas practicadas las mismas sugieren en la menor un diagnóstico de que existe una posible perturbación emocional "que aún se está formando" con indicadores de rigidez y con indicadores de niños que están siendo abusados sexual mente, como ser: la agresividad, así como cierto apego a los adultos, también situaciones de que la niña había presenciado o visto "actos sexuales"; que durante la entrevista la niña se mostró inquieta pero que era normal en niños de su edad, y que fue espontánea. Asimismo expresó la perito, que de acuerdo a la narrado por la niña (que en algunas ocasiones el padre tocaba su parte genital y en algunas ocasiones la obligó a ver una escena pornográfica donde estaba un hombre y una mujer desnudo haciendo el amor, y luego le dijo que le tocara el pene), el testimonio de un menor es básico para ver después los resultados de la prueba que cuando el menor verbaliza algo que no maneja a su edad, es porque lo ha visto o lo ha vivido. Otro aspecto de vital importancia y que se desprende de dicha pericia psicológica, es que la ofendida demuestra “preocupación sexual”, rigidez y tensión, cuando ésta al momento de la evaluación apenas contaba con la edad de siete años, aspectos que innegablemente nos orientan a determinar que la niña experimentó y presenció los actos de naturaleza sexual por ella narrados. Como podemos observar Honorables Magistrados, el dictamen sí arroja elementos inconfundibles de daño psicológico, al evidenciar indicadores de algún tipo de abuso sexual como ser: pérdida de sentido de seguridad, ansiedad, agresión, sobre apego a los adultos y voyerismo. Siendo por lo tanto evidente que el Juzgador dejó por fuera lo más relevante de la pericia como es que la ofendida sí presentó síntomas de una niña que ha sufrido abuso sexual. En virtud de lo anterior, la prueba supra indicada merece total credibilidad y al someterla a una valoración bajo las reglas de la Sana Crítica no puede ser descartada por el sentenciador, tomando de manera aislada determinadas circunstancias y dejando por fuera, como se ha indicado los aspectos trascendentales de afectación de la menor; por otra parte, la pericia al no haber sido valorada de forma conjunta y armónica con el resto del andamiaje probatorio, del cual nos pronunciaremos en el motivo que precede, en consecuencia, el Juzgador ha dejado de extraer la conclusión fáctica positiva que el imputado M. A. A. Z. es el responsable del delito de Actos de Lujuria Agravados tipificado en el artículo 141 del Código Penal. Al tenor de lo anterior, la prueba de cargo practicada válidamente en el juicio nos conduce a una única y lógica conclusión, que la conducta perpetrada por el encausado se subsume en el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS tipificado en el artículo 141 del Código Penal. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. MOTIVO SEGUNDO: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Ante la normativa señalada, el Tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia, de apreciar todo y cada uno de los medios probatorios que se desarrollaron en el debate, es decir, aún aquellos que a simple vista se aprecian como inútiles para la resolución del caso, siempre y cuando hayan sido evacuados en el debate, por ende, merecen un pronunciamiento respecto a su valoración, a través del cual a la probanza se le brinde el contenido, exiguo o crucial, que la misma merezca y que por ende constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o de una absolución. El vicio que en éste recurso estamos señalando se presenta en la sentencia impugnada, cuando a pesar de haberse hecho una mención sobre determinada prueba en el apartado de valoración respectivo (declaraciones de la menor víctima y su madre), ese proceso intelectivo no llena las condiciones de idoneidad, es decir, que la minusvalía acreditativa del andamiaje probatorio de cargo, según lo expone el sentenciador, no responde a una reflexión razonada sobre aquella prueba llevada a cabo bajo la óptica jurisdiccional que deviene en el ineludible deber de, cuando así acontezca, evidenciar la fortaleza y solidez de una probanza para respaldar una decisión, produciendo como consecuencia una equivocada valoración al no vincular al imputado con el delito a él atribuido. De lo antes expuesto se desprende, que el Tribunal de Sentencia incurrió en el vicio in procedendo alegado, por lo que resulta necesario el análisis de las probanzas que no fueron consideradas por el Juzgador a pesar de haberse incorporado legalmente al juicio y que son relevantes para una decisión acertada por parte del sentenciador, las cuales constan en el acta de debate y en la sentencia, de las cuales se desprende lo siguiente: 1) Declaración testifical de la señora C. G. Z., la cual fue incorporada al debate a través de lectura autorizada, con fundamento en el articulo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, declaración de la cual se desprende lo siguiente: "que su hija le dijo que su papá la tocaba y que miraba pornografía delante de ella, que la niña le manifestó que la llamaba a ella cuando estaba viendo y que la ponía a ver y le tocaba su partecita". 2) Declaración testifical de la ofendida K. N. A. Z., la cual fue también introducida al debate a través de lectura autorizada con fundamento en el artículo 311 numeral 2 del texto legal supra mencionado, y de cuya declaración se desprende lo siguiente: “Que una vez que estaba con su tía Anabel la llamó sólo para estarla tocando (señaló los genitales), que eso ocurrió varias veces y que miraban el canal 98”. No obstante lo anteriormente expuesto, el Juzgador al momento de valorar tales probanzas específicamente en el numeral tercero párrafo segundo del acá pite de valoración probatoria, se limitó a manifestar lo siguiente: “Que se introdujo al debate mediante lectura autorizada la declaración testifical de C. G. Z. G. y la declaración de la menor K. N. A. Z., ambas rendidas en audiencia inicial en fecha ocho de mayo del dos mil nueve y que corren agregadas a folio veinticuatro (24) del expediente judicial, ambos testimonios refieren malos tratos proferidos por el señor M. A. A. y la declaración de la menor que refiere que fue objeto de tocamientos. Refiriendo asimismo el Tribunal en el párrafo subsiguiente que: por falta de contradictorio no se puede evaluar si estos dichos fueron realizados en forma sincera o espontánea, establecer como fue la dinámica de tales hechos, sumado a que la declaración de la ofendida introducida por lectura es el único medio de prueba que refiere tal extremo, lo cual además es insuficiente para formar convencimiento en los jueces. Atendiendo lo expresado por el Juzgador, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual excluyó las probanzas supra referidas, considerando que las mismas constituyen una fuente de conocimiento, prueba de ello, es que a través de las mismas aparece reflejado que efectivamente la niña ofendida K. N. fue objeto de tocamientos en varias ocasiones, habiendo quedado incluso claro para el Juez en dicha audiencia inicial, donde eran efectuados los mismos al haber señalado la niña en ese momento su área genital; situación sobre la cual también declaró la madre de la niña, quien tuvo conocimiento de los hechos una vez que regresó a la casa después de estar en el Hospital dando a luz. Por lo que al evaluar individualmente cada probanza, nos llevan a la única conclusión de que sin lugar a dudas se produjo la acción reprochada al imputado, misma que se desprende del dicho tanto de la niña ofendida como de su madre, razón por la cual los argumentos esgrimidos por el Tribunal para no haber valorado tales probanzas resulta insuficiente, al establecer que por falta de contradictorio no puede evaluar si estos dichos fueron realizados en forma sincera y espontánea, así como establecer la dinámica de tales hechos. Estima, este ente fiscal, que los argumentos que utiliza el juzgador para desestimar la probanza en referencia carecen de todo fundamento, pues las declaraciones incorporadas mediante lectura autorizada fueron rendidas ante Juez competente, quien tuvo la inmediación del caso al desprenderse del acta como la ofendida al rendir su testimonio ilustraba al juez la parte de su cuerpo que su papá le tocaba, así como también estableció sin lugar a dudas la dinámica de los hechos, al referir que su papá lo hizo en la habitación, cuando su mamá no estaba en casa, obligándola incluso a ver pornografía por la televisión; asimismo las partes intervinientes tuvieron la oportunidad de interrogar a las testigos produciéndose el respectivo contradictorio. Debemos señalar además, que si bien, como es lógico en todo abuso sexual, sobre todo cuando la acreditada es una menor, la única y principal testigo del hecho es la víctima, sin embargo en el caso sub judice, el Tribunal no ha valorado que la menor narró los mismos aspectos a la psicóloga sin incurrir en contradicciones o modificaciones importantes. Por otra parte, el Ministerio Público en el debate, ha acreditado la imposibilidad de citar en legal y debida forma a las testigos C. G. Z. y K. N. A., pues a pesar de hacerse presente en su domicilio, un vecino de ellas manifestó que se habían ido del lugar y que no sabían si de manera temporal o permanente; de igual forma a través de las constancias extendidas por la receptora del Tribunal se acreditó que en dos ocasiones se constituyó a citar las testigos y no las pudo encontrar. Sobre el particular la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S.P. 191-06, estableció lo siguiente: “... Esta sala de lo Penal observa que en el presente caso el Juzgador admite y valora como testigo de cargo, la declaración rendida en sede administrativa por la menor B. L. G. M., y razona que ésta prueba documental se incorpora con fundamento en el artículo 311, numeral 2 del Código Procesal Penal en tanto consta que fue acreditado al Tribunal Juzgador por el ente acusador que la ofendida se encontraba fuera del país, siendo entonces extremadamente difícil o imposible la reproducción de su testimonio en el acto de la audiencia de juicio oral y público, estando por ello legalmente justificada su incorporación por lectura”. El Tribunal al examinar ésta prueba la excluyó negándole el valor particular y determinante que la misma posee, pues ha omitido considerar la parte esencial de dicha prueba, como ser que han señalado de manera inequívoca que el imputado M. A. A. si produjo tocamientos en el área genital de la menor, la cual al momento de los hechos contaba con la edad de siete años, convirtiéndolas por ende en prueba de valor decisivo. En ese sentido resulta de trascendencia indicar, que constituye una posición sostenida por la doctrina actualmente, la determinación del valor decisivo de una prueba por medio del método de “Supresión Hipotética”, que consiste en que su invalidez afecte de manera fundamental a la motivación, cuando si mentalmente se le suprimiese las conclusiones hubieren sido necesariamente distintas y a contrario censu la resolución impugnada conservando ésta última su sustento independiente. De tal definición doctrinaria al brindar el valor probatorio que realmente tienen las probanzas relacionadas, la conclusión a la que se llegaría es absolutamente distinta a la que arribó el Tribunal sentenciador y por ende, necesariamente desemboca en una decisión a la litis en la que se determina plenamente la responsabilidad penal en que incurrió el enjuiciado, cuando mentalmente se incluye la prueba testifical supra relacionada. Con las razones legales antes expuestas, se concluye que el carácter de valor decisivo de ésta prueba se pone de manifiesto, cuando si se le excluye mentalmente (como es el caso de que se trata) surge la duda de si en realidad el imputado realizó tocamientos en el área genital de la menor, pero si se le incluye y valora en toda su dimensión tenemos que indiscutiblemente por su importancia y solidez se traduce en certeza positiva de la responsabilidad del imputado. El valor decisivo de la prueba, lo produce pues, la posibilidad de generar otra conclusión diferente a la concebida por el Tribunal, y como consecuencia de la exclusión probatoria antes indicada, se produce una conclusión de hecho y de derecho, radicalmente opuesta a la acreditada en juicio. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para subsanar el vicio”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU PRIMER MOTIVO, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. I. Denuncia el recurrente, la inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica por parte del Tribunal Sentenciador al momento de valorar la prueba, consignando como Precepto Autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explica el censor que el Juzgador incurrió en el vicio denunciado, específicamente al momento de valorar el Dictamen Psicológico practicado a la menor K. N. A. Z., en el cual se estableció “que existe una posible perturbación emocional “que aún se está formando” con indicadores de rigidez y con indicadores de niños que están siendo abusados sexualmente”, pero a pesar de dicho resultado el Tribunal concluyó: “…que no es concluyente al haber manifestado la perito que había cincuenta por ciento de probabilidades de que éste tipo de perturbación fuese producto de una agresión sexual.” Infringiendo con ello en violación a la regla de la lógica en su postulado de la derivación integrada por el principio de Razón Suficiente. II. Al denunciar que en la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica, se hace referencia a la característica de lógica. Es decir, que aún y cuando el sistema de la sana crítica racional no establece límites al juzgador para formar su convicción, puesto que puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objeto del juicio penal basado en el principio de libertad probatoria, al examinar la prueba si debe indicar las razones que lo conllevan a decidirse por la que le convence y señalar el valor que le asigna a las producidas en juicio. El Proceso Lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas, está sujeto al control a través del Examen Casacional. En consecuencia, al realizar un estudio sobre la Aplicación del Sistema Probatorio establecido por el Código Procesal Penal Hondureño, se custodia la aplicación de las Reglas de la Sana Crítica en la Fundamentación, específicamente en la Valoración Probatoria. Significa que siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su Juicio de Valoración deber ser razonable, es decir, sujetarse a las reglas que gobiernan el Correcto Pensamiento Humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. Así la Motivación Lógica deberá responder a las características de: 1) COHERENCIA, es decir, que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: que no se empleen en la motivación juicios contrastes que entre si se anulen. c) Inequívoca: Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. 2) DERIVACIÓN: el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando[1]. III. En el caso examiné, observa esta Sala de lo Penal, que el sentenciador no ha extraído del dictamen psicológico las probanzas que de él surgen, incurriendo en infracción a las Reglas que dominan el Entendimiento Humano. La valoración de las pruebas periciales deben efectuarse en virtud de los principios de libertad, de actuación e inmediación, es función exclusiva y excluyente del Juzgador A-quo y sólo puede ser revisada por la Corte Suprema de Justicia a través del Recurso de Casación, cuando carezca de motivación o las razones utilizadas por aquél sean ilógicas, absurdas o contrarias a criterio del razonar humano. No debemos olvidar que en nuestro sistema procesal penal los informes periciales no vinculan de modo absoluto al juzgador porque no son en sí mismos manifestaciones de una verdad incontrovertida; la prueba pericial ha de ser valorada por el juzgador, atendiendo a su convicción y a los criterios de la sana crítica, es decir, el Tribunal puede y debe valorar según las reglas de la sana crítica los dictámenes, acogerlo parcialmente e inclusive rechazarlo en su totalidad, siempre que el Tribunal oriente sus “razonamientos” en debida forma, de allí la famosa frase que el Juez es perito peritorum (perito de peritos). En ese sentido, no encontramos que el Sentenciador en su fallo haya valorado correctamente la prueba pericial cuestionada, al no justificar las razones lógicas y suficientes para desestimarla. Si bien, la prueba pericial no es vinculante para el Juzgador, esto no implica que deba restarle importancia realizando un inadecuado juicio de valor. Los expertos (Peritos) aprecian, mediante máximas de experiencias especializadas y propias de su preparación, algún hecho o circunstancia que el perito adquirió por el estudio o la práctica, o a través de ambos sistemas de obtención de conocimientos y que el Juez puede no tener, en razón a su específica preparación jurídica. Los Jueces no tienen por qué abarcar en su preparación y conocimientos todas las ramas del saber humano ni, por ello, todas las materias que pueden ser sometidas a su valoración; para aclarar el significado o valoración de ciertos hechos, hay que acudir a los peritos que, con sus conocimientos, nos informan en el marco de sus especialidades; el juez lo que hace es recoger los informes periciales y valorarlos, sacando las consecuencias jurídicas que de ella se derivan, por ello, el perito debe describir la persona o cosa objeto de la pericia, explicar las operaciones o exámenes verificados y fijar sus conclusiones que tiene como destinatario el juzgador. En el caso examiné, el dictamen psicológico (F89 de la 1era pieza) que cuestiona el recurrente, no fue valorado conforme la Regla de la Lógica, tampoco no fue razonado de forma conjunta y armónica con las declaraciones testificales incorporadas por lectura de C. G. Z. (madre de la ofendida) y de la referida ultrajada K. N. A. Z., así como con el resto de la prueba. Por todas estas consideraciones, esta Sala de lo Penal, considera procedente declarar Con Lugar este primer motivo de Casación, al infringirse las Reglas de la Sana Crítica. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU SEGUNDO MÓTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. I. Esta Sala de lo Penal, no se pronuncia concretamente sobre el presente motivo de casación, toda vez que ha prosperado el motivo de casación que por Quebrantamiento de Forma ha desarrollado el Fiscal del Ministerio Público. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por la Abogada A. A. M. en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa presentada al señor M. A. A. Z. contra el fallo pronunciado por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba Departamento de Atlántida, en fecha once de mayo del dos mil diez. SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha once de mayo del dos mil diez y por tanto se decreta su NULIDAD. TERCERO: Ordena que se celebre un nuevo juicio que deberá conocer un Jueces distintos al que participaron en el debate anulado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada T. F. R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha once de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-230-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase. Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras Año 2004. Página 593