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Sentencia CP-225-11 — Registro 14515

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve a los acusados por el delito de lavado de activos y los condena por el delito de portación ilegal de armas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de Casación Penal, ha reiterado que: “la fundamentación comprende tres partes: a) la declaración (o fijación) de los hechos probados; b) la valoración de la prueba (o fundamentación fáctica); y c) la fundamentación jurídica. La fijación de los hechos probados fundamenta el fallo en cuanto concreta el objeto de la valoración jurídica. La motivación en sentido estricto, se desglosa de la motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el tribunal hace de lo sucedido, expresando las pruebas en que se basa y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si prefiere, de la subsunción típica del hecho enjuiciado. Lo anterior, no es sino la concreción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 141 del Código Procesal Penal, y de lo establecido por el segundo y tercer párrafo del mismo precepto para todas las resoluciones judiciales[1]. El cuadro fáctico de la sentencia se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida a su vez en descriptiva e intelectiva. La primera comporta para el Tribunal, describir el contenido del elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe externar en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. En el caso bajo examen, el A Quo omite aplicar las normas del correcto entendimiento humano en la valoración de la prueba documental, consistente en el Traspaso de un vehículo automotor, del 9 de mayo del año 2009, no obstante que habiendo comparecido el señor JOSÉ JACOBO MATA PEÑA a la sala de juicio, (Acta de debate: folios No. 637 vuelto y 638 del proceso) negó haber puesto su firma en el documento de traspaso del Mazda[2], Año 2004, Color Azul, Placa PBN 3146, supuestamente vendido el día 9 de mayo de 2009 al señor Melvin Alexander Fúnez Pavón, es decir el mismo día en que los acusados fueron detenidos con el dinero incautado, por lo que la sentencia recurrida efectivamente contiene razones fácticas insuficientes para conceder credibilidad a la prueba en cuestión, habida cuenta que el testigo JOSE JACOBO MATA PEÑA, supuesto vendedor del vehículo, declara en la sala de juicio, que vendió el automotor tantas veces mencionado el 20 de diciembre de 2007 al señor Reinaldo Bustillo Montoya, por la cantidad de doscientos mil lempiras, que no conoce a Diego Mejía, Ramón López, ni a Melvin Pavón, y que la firma que calza el documento de “traspaso” no es la suya, aunque si coincide su número de identidad, y que él no realizó dicho traspaso (Acta de Debate: folios No. 637 vuelto y 638 del proceso). En conclusión, el Juzgador omite valorar tal prueba documental, en conjunto con la declaración del testigo nominado JOSE JACOBO MATA PEÑA, lo que conduce a que  la sentencia quede huérfana de una motivación fáctica suficiente, con incidencia en la motivación jurídica y en el fallo, por tratarse de la prueba con que la defensa de los imputados pretende acreditar el origen lícito del dinero incautado. Por todas las razones anteriormente expuestas y sin perjuicio del principio-derecho a la presunción de inocencia que gozan los encartados, esta Sala declara con lugar el motivo de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por el Censor..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual Absuelve a los acusados JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CORRALES Y JOSÉ AUGUSTO SALINAS CHIRINOS del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS y Condenó a los acusados JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CORRALES y JOSÉ AUGUSTO SALINAS CHIRINOS, a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN, como autores del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado CARLOS EDUARDO RAMOS, actuando en su condición de Representante del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada YESSENIA MARQUEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado JOSE ANTONIO CHAVARRIA ACEITUNO, Apoderado Defensor de los encausados MANUEL HERNÁNDEZ CORRALES y JOSÉ AUGUSTO SALINAS CHIRINOS, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: El día 09 de mayo del 2009 aproximadamente a las 16:50 p.m., José Augusto Salinas Chirinos y Josué Manuel Hernández Corrales, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, comerciantes y dedicados a la compraventa de autos, venían de la Ciudad de La Ceiba en dirección hacia Tela, en una camioneta Land Cruiser, Prado. Segundo: Que, en el sector de La Cuesta La Bendición, en el municipio de Esparta se había establecido un operativo de control policial a cargo de los agentes Randolfo Carranza, César Wilfredo Ardón Solís y otro más, quienes hicieron señal de parada al conductor del vehículo antes descrito quien se estacionó al lado de la vía, luego se le preguntó si portaba armas manifestando este que sí por lo que el policía requirió la presentación de la misma y le fue presentada una pistola semi-automática marca Beretta, calibre 40, serie Ver-169420. Tercero: Acto seguido el Agente Carranza realizó registro del vehículo encontrado detrás del asiento del conductor un fusil semi automático marca RUGER, calibre 223, serie 580-15-765 y en el maletero, la cantidad de catorce mil ($14,000.00) dólares americanos en billetes de $20.00. Cuarto: José Augusto Salinas Chirinos y Josué Manuel Hernández Corrales no portaban los permisos de portación de dichas armas ni documento alguno que justificara su propiedad. Quinto: José Augusto Salinas Chirinos y Josué Manuel Hernández Corrales fueron detenidos y conducidos a la Jefatura de la Policía Nacional de la ciudad de Tela donde se dispuso el secuestro del vehículo antes descrito, los $ 14,000.00, las armas y los teléfonos celulares que portaban. Sexto José Augusto Salinas Chirinos registró movimientos en su cuenta de ahorros de Bac Bamer No. 720280301, resaltando un depósito de L. 300,000.00 el 31 de agosto del 2008 y dos más el 18 de septiembre del mismo año por cantidades de L. 50,000.00 y 150,000.00. también se registran movimientos financieros de menor cuantía en otras cuentas abiertas en otros bancos. Séptimo: El teléfono 9802-7412 cuyo usuario, según las agendas telefónicas de los detenidos, es “DIEGO”, mantuvo comunicación fluida con los acusados, previo al 09MAY2009, día de detención y el día de la misma”. III.- El recurrente Abogado CARLOS EDUARDO RAMOS, formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO INVOCADO: “Motivaciones fácticas insuficientes” Precepto Autorizante: Artículo 362 No. 3 del Código Procesal Penal Exposición del Motivo de Casación: El Sentenciador concluye en el acápite décimo segundo de la sección sobre la valoración de la prueba del fallo mencionando los “indicios” y “contraindicios” de responsabilidad penal de los imputados que el Tribunal estima acreditados, sin embargo no motiva de donde extrae probatoriamente el “contraindicio” exculpatorio a continuación transcrito, que a su vez es el único directamente relacionado a la tesis de la defensa, que pretendió probar su coartada mediante prueba que el sentenciador deja de valorar intelectivamente, por lo que a continuación detallamos nuestros señalamientos: “2) los $ 14,000.00 dólares representan al tipo de cambio 19.02 lempiras por dólar, la cantidad de L. 266,280 lempiras el cual es compatible con el valor del Mazda según los traspasos registrados en la DEI. (Párrafo 8, Pág. 10 de la sentencia). La primera interrogante que surge de la parte conclusiva de la valoración de la prueba de la sentencia es ¿porque el Tribunal toma como referencia “el valor del Mazda”? y luego ¿qué relevancia exculpatoria tiene la compatibilidad del valor del Mazda con la suma decomisada?. La respuesta tiene que ver con la principal coartada de la defensa: que el dinero incautado procedía de una transacción lícita como ser la compra-venta del referido vehículo Mazda realizada el mismo día en que se produjo la detención de los imputados, hecho que la defensa pretendió probar mediante prueba documental consistente en “Traspaso de un vehículo automotor de fecha 9 de mayo del año 2009”. Sin embargo en relación a esta coartada, el Tribunal en su motivación fáctica omite la valoración intelectiva de la prueba destinada a probarla, limitándose a mera descripción, sin valorarla: “...la firma de Jacobo Peña, quien ha negado en el juicio oral haberla puesto en dicho traspaso del Mazda, Año 2004, Color Azul, Placa PBN 3146 supuestamente vendido el 09.05.2009 a Melvin Alexander Fúnez Pavón”.(Párr. 2, Pág. 9, Sentencia) Resulta que los imputados sostienen haber sido comisionistas o intermediarios entre José Jacobo Peña Mata (vendedor) y Melvin Alexander Funez Pavón (comprador), presentando copia autenticada del traspaso supuestamente firmado por el primero y que los imputados habrían entregado al segundo, pero el supuesto vendedor es claro y terminante en sostener “que él no lo hizo ese traspaso, esa firma no es de él” (Acta de Debate Pág. 29, renglón 13). El tribunal en relación a dicha prueba, de la coartada de la defensa, si afirmó que “Con la fotocopia el documento de traspaso de un vehículo visible a folio 59 la defensa no logra acreditar que José Jacobo Mata Peña sea la persona que haya firmado el traspaso original esto debido a que la fotocopia de dicho traspaso es auténtica por haberla tenido a la vista el notario Alberto Reconco Venegas pero a dicho Notario no le consta que sea la firma de Jacobo Peña, quien ha negado en el juicio oral haberla puesto en dicho traspaso del …“(Párr. 2, Pág. 9, Sentencia). En esta motivación donde deslegitima la prueba de la defensa por tratarse de una fotocopia, el sentenciador muestra el hecho que el vendedor haya desmentido a los imputados como un hecho periférico, que no le mereció valoración intelectiva, sin embargo, con ello infringe la obligación de fundamentar debidamente el fallo, valorando las pruebas practicadas en juicio, mas aún cuando se trata de prueba esencial en la tesis de alguna de las partes, como en el presente caso lo es la prueba que acredita el supuesto origen lícito del dinero incautado, en consecuencia las motivaciones fácticas son insuficientes y procede casar la sentencia, ordenando el reenvío. Reclamación Hecha para Subsanar el vicio Al producirse el Quebrantamiento de Forma en el acto mismo de dictarse la sentencia, no se ha realizado reclamación previa alguna para enmendar el vicio, salvo la interposición del presente recurso, por ser éste el único momento procesal en que ha sido posible hacerlo”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA CONTIENE MOTIVACIONES FÁCTICAS INSUFICIENTES. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente cuestiona que el Tribunal de instancia ha omitido realizar la valoración intelectiva de la prueba documental, consistente en el: “Traspaso de un vehículo automotor, del 9 de mayo del año 2009”, limitándose a su mera descripción, añadiendo someramente que aparece consignada: “...la firma de Jacobo Peña, quien ha negado en el juicio oral haberla puesto en dicho traspaso del Mazda, Año 2004, Color Azul, Placa PBN 3146, supuestamente vendido el 09.05.2009 a Melvin Alexander Fúnez Pavón”.(Párr. 2, Pág. 9, Sentencia). Señala el recurrente, que los imputados sostienen haber sido comisionistas o intermediarios entre José Jacobo Peña Mata (vendedor) y Melvin Alexander Fúnez Pavón (comprador), presentando para tales efectos copia autenticada del traspaso supuestamente firmado por el primero y que los imputados habrían entregado al segundo, sin embargo, el supuesto vendedor es claro y terminante en sostener “que él no lo hizo ese traspaso, esa firma no es de él” (Acta de Debate Pág. 29, renglón 13). El A Quo, expresó que: “Con la fotocopia el documento de traspaso de un vehículo visible a folio 59 la defensa no logra acreditar que José Jacobo Mata Peña sea la persona que haya firmado el traspaso original esto debido a que la fotocopia de dicho traspaso es auténtica por haberla tenido a la vista el Notario Alberto Reconco Venegas, pero a dicho Notario no le consta que sea la firma de Jacobo Peña, quien ha negado en el juicio oral haberla puesto en dicho traspaso …“(Párr. 2, Pág. 9, Sentencia). El Censor considera que con ello, el Juzgador de instancia ha infringido la obligación de fundamentar debidamente el fallo, en el proceso de valorar las pruebas practicadas en juicio, con mucha más razón sí se trata de prueba esencial, en tanto en cuanto que se trata de la prueba que la Defensa ha presentado para acreditar el supuesto origen lícito del dinero incautado ($14,000.00), concluyendo que las motivaciones fácticas de la sentencia recurrida son insuficientes y que por ende resulta procedente casar la sentencia ordenando el reenvío de la causa. Esta Sala de Casación Penal, ha reiterado que: “la fundamentación comprende tres partes: a) la declaración (o fijación) de los hechos probados; b) la valoración de la prueba (o fundamentación fáctica); y c) la fundamentación jurídica. La fijación de los hechos probados fundamenta el fallo en cuanto concreta el objeto de la valoración jurídica. La motivación en sentido estricto, se desglosa de la motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el tribunal hace de lo sucedido, expresando las pruebas en que se basa y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si prefiere, de la subsunción típica del hecho enjuiciado. Lo anterior, no es sino la concreción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 141 del Código Procesal Penal, y de lo establecido por el segundo y tercer párrafo del mismo precepto para todas las resoluciones judiciales[1]. El cuadro fáctico de la sentencia se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida a su vez en descriptiva e intelectiva. La primera comporta para el Tribunal, describir el contenido del elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe externar en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. En el caso bajo examen, el A Quo omite aplicar las normas del correcto entendimiento humano en la valoración de la prueba documental, consistente en el Traspaso de un vehículo automotor, del 9 de mayo del año 2009, no obstante que habiendo comparecido el señor JOSÉ JACOBO MATA PEÑA a la sala de juicio, (Acta de debate: folios No. 637 vuelto y 638 del proceso) negó haber puesto su firma en el documento de traspaso del Mazda[2], Año 2004, Color Azul, Placa PBN 3146, supuestamente vendido el día 9 de mayo de 2009 al señor Melvin Alexander Fúnez Pavón, es decir el mismo día en que los acusados fueron detenidos con el dinero incautado, por lo que la sentencia recurrida efectivamente contiene razones fácticas insuficientes para conceder credibilidad a la prueba en cuestión, habida cuenta que el testigo JOSE JACOBO MATA PEÑA, supuesto vendedor del vehículo, declara en la sala de juicio, que vendió el automotor tantas veces mencionado el 20 de diciembre de 2007 al señor Reinaldo Bustillo Montoya, por la cantidad de doscientos mil lempiras, que no conoce a Diego Mejía, Ramón López, ni a Melvin Pavón, y que la firma que calza el documento de “traspaso” no es la suya, aunque si coincide su número de identidad, y que él no realizó dicho traspaso (Acta de Debate: folios No. 637 vuelto y 638 del proceso). En conclusión, el Juzgador omite valorar tal prueba documental, en conjunto con la declaración del testigo nominado JOSE JACOBO MATA PEÑA, lo que conduce a que la sentencia quede huérfana de una motivación fáctica suficiente, con incidencia en la motivación jurídica y en el fallo, por tratarse de la prueba con que la defensa de los imputados pretende acreditar el origen lícito del dinero incautado. Por todas las razones anteriormente expuestas y sin perjuicio del principio-derecho a la presunción de inocencia que gozan los encartados, esta Sala declara con lugar el motivo de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por el Censor. IV.- Continúa manifestando el recurrente en su: “SEGUNDO MOTIVO INVOCADO: “Violación de las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de la Prueba” Precepto Autorizante: Artículo 362 No. 3 del Código Procesal Penal Exposición del Motivo de Casación: En la misma línea seguida en la omisión de motivación suficiente referida en el motivo anterior, la sentencia en su considerando décimo de la valoración de la prueba concluye: “Siendo evidente que José Augusto Salinas Chirinos y Josué Manuel Hernández se dedican como comisionistas en el negocio de compraventa de vehículos resulta altamente probable que el dinero incautado se corresponde con el pago que debían hacer a la persona que se les dio en consignación el vehículo antes reseñado.” (Lo remarcado es nuestro). Fácilmente puede apreciarse que esta conclusión parte de premisas falsas, o a lo menos producto de una coartada de la defensa que se vió desvirtuada desde lo interno de la misma, cuando el suscriptor del documento acreditativo (del origen del dinero) presentado por la defensa rechaza su originalidad, en consecuencia quedan careciendo de sustento probatoria, aseveraciones como: 1. que tenían que hacer un pago (los imputados), 2. qué existe una persona que les dio en consignación un vehículo, porque ni lo uno ni lo otro puede apoyarse en la prueba evacuada en juicio, por lo que esta conclusión exculpatoria violenta la ley de veracidad, integrante de la lógica como regla de la sana crítica. Igualmente en relación a esta violación lógica en la motivación, tenemos que agregar que habiendo fracasado la acreditación de la coartada de la defensa, cuando es desmentida por el supuesto firmante del documento que amparaba la compra venta del vehículo Mazda, queda careciendo de relevancia cualquier referencia al mismo, como que dicho vehículo tantas veces mencionado en el juicio tenga o no un valor proporcional al monto incautado, ya que objetivamente no existe prueba alguna que pueda vincular dicho vehículo a los hechos investigados y mucho menos como causa legal de la suma de dinero incautada. Por lo que la referencia al mismo es fútil, la importancia dispensada a la mera existencia de un vehículo es injustificada y la derivación de conclusiones del mismo, como lo hace el sentenciador a efectos exculpatorios, implica sustentar la motivación en inferencias falsas. Como bien señala el Tribunal, “el delito de lavado de activos por regla general esta vinculado a lo que se ha venido denominando como criminalidad organizada y por ende resulta complejo para la autoridad acreditar con pruebas directas la autoría de este delito” (Quinto párrafo, Pág. 6, Sentencia) por lo que como continúa señalando el Tribunal suele acudirse a pruebas indiciarías, como en el presente caso, donde el Tribunal si consideró como indicios de la no justificación de la posesión de la suma incautada los siguientes: 1. saldos precarios en cuentas bancarias que sugieren falta de capital del que pudieran originarse utilidades justificativas de dicha suma, 2) ningún establecimiento comercial registrado a su favor operando al momento del decomiso, 3) Ausencia declaraciones y pago de impuestos sobre la renta (Considerando Décimo Segundo, Pág. 10 de la Sentencia). Por supuesto que hay mas indicios, pero queremos subrayar el que la defensa presenta como coartada que la suma incautada provino de una transacción lícita documentada mediante un traspaso del vehículo en referencia, cuyo suscriptor en la misma audiencia de debate negó su originalidad, es decir, dice que él no lo ha firmado, con lo cual se muestra la inconsistencia de la coartada de la defensa, manteniéndose la falta de justificación económica legal de la procedencia de los catorce mil dólares incautados, misma que el sentenciador en principio reconoce acreditada por indicios, pero rápidamente estima desvirtuada por los siguientes contraindicios: “1. José Augusto esta formalmente constituido y registrado como comerciante individual para la compraventa de vehículos entre otros actos de lícito comercio 2. los $14,000.00 dólares representan al tipo de cambio 19.02 lempiras por dólar, la cantidad de L. 266,280 lempiras el cual es compatible con el valor del Mazda según los traspasos registrados en la DEI. 3. Se acreditó por medio de pruebas testifícales que ambos procesados compran y venden vehículos como comisionistas.” Hay que tener presente que a partir de la coartada presentada en debate por los imputados y su defensa, es decir que ambos imputados acababan de efectuar la venta de un vehículo - sirviendo ellos como intermediarios en tal compra venta- y que el dinero que se les decomisó provenía de dicha transacción, el contraindicio uno y tres tienen una importancia menor, siendo lo relevante si era cierto o no el origen del dinero aducido por los imputados y su defensa, en cuyo sentido estaría el contraindicio número dos, claro solo en caso que se hubiese acreditado el vínculo de dicho vehículo en la transacción referida, sin embargo el intento de acreditarlo mediante un traspaso la compra venta de dicho vehículo, como atrás lo hemos dejado plasmado lejos de favorecer la tesis de la defensa, se tradujo en un indicio de la falsedad de su coartada. En consecuencia consideramos que los indicios sobre la incapacidad de justificación legal de los catorce mil dólares antes referidos, a lo cual se suma el claro indicio de falsedad de la coartada de la defensa a que también nos hemos referido, no podía sino que llevar a concluir que JOSE MANUEL HERNANDEZ CORRALES y JOSE AUGUSTO SALINAS CHIRINOS fueron encontrados en posesión de una suma de dinero cuya procedencia no pudieron legalmente justificarla; en consecuencia sostenemos que con su fallo, en sentido distinto el Tribunal violentó el Principio de Razón Suficiente que integra la Regla Lógica de Derivación, ocasionando agravio porque esa falta de justificación económica legal de conformidad al artículo 3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos configura el delito de Lavado de Activos, siendo procedente casar la sentencia y ordenar el reenvío. Reclamación Hecha para Subsanar el vicio Al producirse el Quebrantamiento de Forma en el acto mismo de dictarse la sentencia, no se ha realizado reclamación previa alguna para enmendar el vicio, salvo la interposición del presente recurso, por ser éste el único momento procesal en que ha sido posible hacerlo”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANDO LA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo, en virtud de haber prosperado el primer motivo de casación por Quebrantamiento de Forma que antecede.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando con lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo, casando la sentencia impugnada. 2) Declarando la nulidad parcial de la sentencia de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia, de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, y del debate en que se pronunció, en la parte que absuelve a los encausados JOSE MANUEL HERNANDEZ CORRALES y JOSE AUGUSTO SALINAS CHIRINOS, de generales conocidas por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; manteniéndose incólume en lo que concierne a la sentencia condenatoria dictada contra los imputados JOSE MANUEL HERNANDEZ CORRALES y JOSE AUGUSTO SALINAS CHIRINOS, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; Y MANDA: 1) Que se repita el debate, contra los encausados JOSE MANUEL HERNANDEZ CORRALES y JOSE AUGUSTO SALINAS CHIRINOS, respecto al delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado. 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.

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  • FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-225-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. La Sentencia en el Nuevo Proceso Penal”. Jesús Fernández Entralgo. Ricardo de Prada Solaesa y Francisco Gutiérrez López. Tomo 6. Páginas 79 y 80.

[2] Vid. folios 61-88 del proceso.