Sentencia CP-22-11 — Registro 2834
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de violación especial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Los motivos expuestos por el censor en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, comparten los mismos argumentos (incluso transcritos algunos de manera idéntica) con los motivos del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional antes ya explicados y resueltos por esta Sala de lo Penal, por lo que un nuevo abordaje solo sería constitutivo de repetición de los criterios y conclusiones ya dados a conocer, de este modo: 1) El primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma fue presentado por el Censor como violación del debido proceso en el primer motivo por Infracción de Precepto Constitucional, concluyendo esta Sala de lo Penal que desde el ámbito legal el Tribunal de Sentencia hizo una correcta aplicación del artículo 311 numerales 1 y 2 como excepción a lo dispuesto en el artículo 310, y ello después de proceder conforme lo ordenan los artículos 327 y 329, todos del Código Procesal Penal. 2) El segundo motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma fue presentado como violación del debido proceso en el segundo motivo por Infracción de Precepto Constitucional, con el agregado de que el Censor arguye que el procedimiento para estampar la tercera firma (Jueza H. V.), no se realizó conforme a la ley, pero obviando señalar la norma o, en su defecto, el procedimiento que a su criterio se debió seguir para ese efecto; al respecto, la Sala de lo Penal, resaltar que la sentencia que se impugna tiene data del 15 de diciembre del 2008, misma fecha en que la Jueza Concurrente señala le fue turnada para su firma, estando ya las firmas de dos de las Juezas de Sentencia, entonces si a folio 115 aparece la mencionada resolución, con esa misma fecha y apreciándose las firmas de todas las Juezas de Sentencia que participaron en el proceso, implica que la Jueza H. V. igualmente estampo su rúbrica en igual fecha, sin que se haya hecho la reserva de desacuerdo en el contenido de la sentencia (motivación o fallo), lo que nos llama hacer eco en lo que este Tribunal de Casación refirió en el segundo motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional resuelto líneas arriba.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, contra la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló 1º. CONDENANDO al imputado G. A. E. C. por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio del menor A. D. C. E., a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN. 2º. CONDENANDO al imputado G. A. E. C. a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. 3º. DECLARÓ la responsabilidad civil de dicho imputado; asimismo, NO CONDENÓ al imputado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma el Abogado A. E. A. R., en su condición de Apoderado Defensor del señor G. A. E. C.. SON PARTES: El Abogado A. E. A. R., en su condición de Defensor Privado del señor G. A. E. C., como parte recurrente y la Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHO PROBADO PRIMERO: El día 9 de diciembre de 2007 el menor A. D. C. E., de nueve años de edad, se encontraba con su madre A. S., sus hermanos y el acusado G. A. E. en su casa de habitación situada en la colonia Vegas del Country de la ciudad de Comayagüela; alrededor de las once la noche el imputado mandó a dormir a los niños, mientras u esposa reposaba en el dormitorio de ambos, el menor A. D. se dirigió al servicio sanitario, siendo seguido por el imputado G. A., quien al llegar cerca del baño, contiguo a la pila, llamó al menor A. D., procediendo a bajarse el zipper del pantalón, se sacó el pene en erección y le dijo al niño que se lo metiera en la boca, lo que el menor así lo hizo; momento en el cual la señora A. S. se levantó y encontró al acusado G. A. en pleno acto de sexo oral con el menor.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II. El Abogado recurrente A. E. A. R., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: ”RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: PRIMER MOTIVO: Lo promueve la violación al artículo 90 de la Constitución de la República.-NORMAS PROCESALES VULNERADAS: El debido proceso se vulnera por inobservancia de lo dispuesto en el artículo 310 y 311 numeral 1) del Código Procesal Penal en relación a la capacidad legal de los menores de edad en los delitos de violación, señalada en el artículo 140 del Código Penal, en especial su presupuesto 1) en cuanto señala a los menores de catorce (14) años. Además, los artículos 327 y 329 del Código Procesal Penal.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El bien jurídico tutelado por la ley en lo delitos sexuales, en el código penal vigente son la libertad e integridad física, psicológica y sexual de las personas, cuyas conductas atentarías se encuentran en el título II de ese cuerpo legal. La libertad sexual es el derecho de la persona para disponer de su cuerpo, en lo erótico, como a bien tenga. Dado el respeto a la dignidad del hombre, es obvio que nadie, cualquiera que sea su raza, sexo, edad, condición social, económica o moral pueda ser sometido sin su consentimiento a relación erótico sexual alguna. Si ello ocurriere, se tiene una ofensa a la libertad sexual, interés necesario a una ordenada convivencia humana. Cuando se habla de integridad sexual se refiere al daño que se puede ocasionar a las personas que corta edad con el trato erótico sexual debido a las repercusiones sicofisiológicas en el desarrollo normal de su función sexual externa. En el caso del Código Penal se sanciona el acceso y el acto sexual con menor de catorce años, ya que se presume que por su falta de capacidad sicofisiológica para ser sujeto perceptivo de las iniciaciones en la actividad sexual repercuten desfavorablemente en el normal desarrollo de su función sexual externa. La antijuricidad de la conducta surge, por su parte, de la violación a la prohibición que la ley establece a través de la norma, y del hecho de mantener relaciones sexuales con una persona que la ley supone incapaz de decidir libremente en esta materia, con compromiso de la situación de indemnidad de que se esta amparado, siendo indiferente para que se estructure la afectación al bien jurídico, que el sujeto pasivo hubiese consentido en el acto, como sucedió en el presente caso, o tenido alguna experiencia anterior en materia sexual. La ley, presume con presunción IURIS ET IURE, que el menor de catorce años no esta en capacidad de decidir ni actuar libremente en materia sexual, por carecer de la madurez requerida para comprender y valorar el sentido del acto, ni en capacidad, por tanto, de expresar libremente el consentimiento en relaciones de esta índole, sea cual fuese su condición personal, o sus conocimientos o experiencias en el campo de la sexualidad.- Se trata de una presunción de derecho y que por tanto no admite prueba el contrario, así: Lo que en ella se presume es la incapacidad del menor de 14 años para determinarse y actuar libremente en el ejercicio de la sexualidad. Esta presunción, es de carácter absoluto: UIRIS ET DE IURE, y no admite, por tanto, prueba en contrario.- La ley ha determinado que hasta esa edad el menor debe estar libre de interferencias en materia sexual, y por eso prohíbe las relaciones de esa índole con ellos.- Significa esto, que al juzgador no le es dado entrar a discutir la presunción de incapacidad para decidir y actuar libremente en materia sexual, que la ley establece en pro de los menores de 14 años con el propósito de protegerlos en su sexualidad, pretextando idoneidad del sujeto para hacerlo, en razón de sus conocimientos o experiencias anteriores en materia sexual, ni apuntalar la ausencia de antijuricidad de la conducta típica, al hecho de haber e1 menor prestado su consentimiento.-Todo lo anterior, demuestra la capacidad legal que establece nuestro Código Penal en cuanto a la capacidad física y sicológica de los menores de catorce años, reitero, desde un punto de vista meramente legal, que es el objetivo para conocer de delitos como el que nos ocupa, cuando se juzga la supuesta violación de un menor de nueve (9) años, que por respeto y en cumplimiento a la norma jurídica especial, no llamaremos por nombre en nuestro escrito. Esa incapacidad física y sicológica, también debe ser apreciada, no como simple sujeto pasivo del delito, sino para determinar la capacidad de la denuncia y veracidad de los testimonios de tales menores de edad; es decir, aquí es importante, el descubrimiento de la verdad a través de las pruebas y evaluaciones físicas y siquiátricas correspondientes, pues surge que en muchas ocasiones, la supuesta víctima no es capaz de conocer la naturaleza de un proceso penal.- Ya entrando específicamente, al caso que nos ocupa y a la vulneración del debido proceso, dispone el artículo 310 del Código Procesal Penal sobre la ORALIDAD DEL JUICIO y que por tanto “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencias que dicte el respectivo Tribunal, serán orales”.-Esa disposición que constituye el pilar fundamental para un juicio justo y con las formalidades que la ley establece no se cumple en el DEBATE ORAL que se instruyó en contra de mí representado, por cuanto consta que ni la supuesta víctima, y menos la supuesta testigo presencial de los hechos, comparecieron al debate del juicio oral y público.-La razón esencial de esa falta de comparecencia, no es más que la falsedad de la acusación, que se desprende del cargo principal que se le hizo a mí representado, que consistía en constantes y repetidas violaciones por la vía anal al menor, de hecho las conclusiones de la fiscalía y transcritas en la sentencia de mérito establecen: “. . .el menor manifiesta que su padrastro G. E. lo obligaba bajo las amenazas de pegarle o encerrarlo, aprovechando cada vez que la madre del menor salía a hacer mandados, le ponía el pene en la boca y le metía el pene en las nalguitas”.-En términos sencillos la declaración inicial de la supuesta víctima relata varios y repetidos actos de violación anal, pero las pruebas forenses no encuentran rastros, señales o vestigios de tales actos contrarios a la libertad sexual de la víctima.- Entonces, el cargo se desecha en esa parte, de la violación anal, pero si se admite como cierto, en cuanto a un hecho que se aleja completamente del supuesto patrón de agresión, que supuestamente había sido la violación cuando la madre salía a hacer mandados.- Para que exista una adecuada condena o en su caso, absolución, de mi representado, se hace necesario la existencia de un juicio oral y público con el testimonio de la supuesta víctima y de la supuesta testigo, lo contrario constituye una vulneración del principio constitucional del debido proceso. En base, a lo dispuesto en el artículo 311 del Código Procesal Penal, que se refiere a las LECTURAS AUTORIZADAS en el JUICIO ORAL Y PUBLICO, se encuentra la legalidad de condenar a un imputado en base a las declaraciones de la víctima y de la testigo de cargo. Se alega la legalidad que sostiene el primer presupuesto del artículo citado, pero resulta que la norma permite esas lecturas siempre y que “RESULTE IMPOSIBLE REPRODUCIR EN EL ACTO DEL JUICIO”, extremo que nunca fue acreditado en el juicio por el Ministerio Público, además que tal imposibilidad no se refiere a la autorización para no llevar al verdadero contradictorio a los principales actores de la prueba que llevan a condenar a un imputado.-El caso de la incomparecencia de un testigo, según la regla del artículo 327 y 329 del Código Procesal Penal ordena que se haga una segunda citación e incluso que sea conducido por la fuerza pública al Tribunal donde se celebra e juicio oral y público, esta garantía o formalidad legal fue inobservada por el Tribunal de Sentencia y de ahí se vulneró la norma constitucional invocada.-Por lo antes expuesto, se sostiene que en el presente caso concreto, se ha violado el artículo 90 constitucional, y por lo tanto, procede declarar con lugar el presente motivo de casación, para los efectos de que la Corte Suprema de Justicia al declarar que ha habido infracción del precepto constitucional invocado case el fallo recurrido y resuelva el caso de acuerdo con la ley aplicable y por ello declare la inocencia de mi representado.” III. continua manifestando el Recurrente en su segundo motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Lo promueve la violación al artículo 90 de la Constitución de la Republica.-NORMAS PROCESALES VULNERADAS: El debido proceso se vulnera por inobservancia de lo dispuesto en el artículo 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Juicio oral y público se realiza los días 28 de noviembre del 2008 y nueve (9) y diez (10) de diciembre del 2008.-Sin embargo, la sentencia de mérito, tiene fecha de quince (15) de diciembre de dos mil nueve.- Pero es hasta, en fecha 15 de abril del 2010 que se notifica la sentencia al apoderado defensor del imputado.- En fecha 23 de marzo del 2010, el Notario A. J. C. P. mediante ACTA NOTARIAL hace constar que en el expediente de mérito no existía sentencia alguna, a manera de ilustración se acompaña el testimonio correspondiente.-En el VOTO CONCURRENTE de la Juez Z. R. H. V. se declara 1o siguiente: “Por otra parte, si hubo deliberación en algún momento acerca de la individualización de la pena a imponer, no se hizo con la presencia de esta Juez, quien hasta el día quince de diciembre a eso de las cinco de la tarde que la Juez Presidente hizo entrega de una copia de la referida sentencia, tuvo la oportunidad de enterarse del contenido de la sentencia, la pena a imponer, y que ya había sido firmada por dos jueces”. Lo señalado por la Juez H. V. representa un hecho incuestionable, no existe deliberación acerca de la pena a imponer y lejos de ello, la sentencia ha sido firmada únicamente por dos jueces, hasta un año después de la celebración del debate, es que formalmente se establece una fecha de sentencia, aunque en los antecedentes procesales, el fallo aparece hasta el mes de abril del corriente año (2010).-Lo acontecido en este proceso, no es más que una violación a las normas procesales contenidas en los artículos 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal. Pero, además es una burla al debido proceso de ley en perjuicio de mí representado. - Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el propio acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.-Por todo lo anterior considero procedente que se declare con lugar el Recurso de Casación en este motivo, casar la sentencia recurrida y en consecuencia declarar la nulidad absoluta de la misma y del debate en que se pronuncio y ordenar que se celebre un nuevo juicio de conformidad con la Ley.” IV. El Abogado Recurrente desarrolló su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: ”PRIMER MOTIVO: La sentencia recurrida se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 preámbulo numeral 2) en relación con el artículo 311 numeral 1), 327 y 329 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En la respectiva audiencia de proposición de pruebas el Ministerio Público, propuso como medio de prueba la declaración testifical de A. S. E. P. y del MENOR DE EDAD supuesta víctima del hecho objeto de juicio.-El Tribunal de Sentencia, admite dichos medios de prueba, para efectos de ilustración se acompaña copia simple de tales documentos.-Al momento del juicio oral y público, el Ministerio Público no lleva a declarar a los testigos de cargo, tampoco se exige la comparecencia de tales testigos y el auxilio de la fuerza pública para que hagan comparecer a los testigos al Tribunal, según las reglas procesales del artículo 327 y 329 del Código Procesal Penal. En su defecto, y aunque tales pruebas no fueron propuestas en la respectiva audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal admite según la primera regla del artículo 311 del Código Procesal Penal, la lectura de los testimonios dados por los testigos en otra sede judicial.-Sobre la base de esos testimonios y según o mejor dicho, exactamente como lo concluye la Fiscalía en su exposición de conclusiones, el Tribunal de Sentencia hace la declaración de los hechos probados.- Se suprimieron de la declaración de hechos probados la realidad de las continuas y repetidas violaciones por la vía anal que supuestamente había sufrido la víctima del delito, y esto es así porque la prueba forense no fue concluyente en cuanto a que existían señales físicas de ese repetido abuso sexual, y esto a pesar que el mismo era sostenido por ambos testigos de cargo.-Ya el artículo 311 del Código Procesal Penal establece qué documentos pueden excepcionalmente ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario; fuera de los señalados en dicho artículo, el mismo dispone que ningún otro documento podrá ser introducido al juicio para su lectura, pero en abierta violación de la ley se permite su lectura de los documentos que luego sirven para determinar los hechos probados del juicio.- La ley es una declaración de la voluntad soberana del pueblo que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite, en consecuencia cuando se incorporaron medios de prueba que no se propusieron oportunamente por la parte acusadora, que tampoco fueron propuestos de conformidad a lo establecido en el artículo 320 párrafo segundo en relación con el artículo 332 del Código Procesal Penal.-Por las razones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, deberá anular la Sentencia Recurrida y los actos realizados de modo irregular y que se ordene la devolución de los antecedentes para que sea sustanciado nuevamente un proceso penal de conformidad con la ley.” V. Sigue manifestando el Abogado Recurrente en su segundo motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma: “La sentencia recurrida adolece de la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 preámbulo y numeral 7) del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Juicio oral y público se realiza los días 28 de noviembre del 2008 y nueve (9) y diez (10) de diciembre del 2008.-Sin embargo, la sentencia de mérito, tiene fecha de quince (15) de diciembre de dos mil nueve.-Pero es hasta, en fecha 15 de abril del 2010 que se notifica la sentencia al apoderado defensor del imputado.-En fecha 23 de marzo del 2010, el Notario A. J. C. P. mediante ACTA NOTARIAL hace constar que en el expediente de merito no existía sentencia alguna, a manera de ilustración se acompaña el testimonio correspondiente.-En el VOTO CONCURRENTE de la Juez Z. R. H. V. se declara lo siguiente:“Por otra parte, si hubo deliberación en algún momento acerca de la individualización de la pena a imponer, no se hizo en presencia de esta juez quien hasta el día quince de diciembre a eso de las cinco de la tarde que la Juez Presidente hizo entrega de una copia de la referida sentencia, tuvo la oportunidad de enterarse del contenido de la sentencia, la pena a imponer, y que ya había sido firmada por dos jueces“.-Lo señalado por la Juez H. V. representa un hecho incuestionable, no existe deliberación acerca de la pena a imponer y lejos de ello, la sentencia ha sido firmada únicamente por dos jueces, hasta un año después de la celebración del debate, es que formalmente se establece una fecha de sentencia, aunque en los antecedentes procesales, el fallo aparece hasta el mes de abril del corriente año (2010).- Aunque formalmente, se firma la sentencia recurrida, esto se hace fuera del procedimiento legal establecido en nuestra norma procesal y constituye un motivo no subsanable, aunque posteriormente, se haya hecho tal acto.- Lo acontecido en este proceso, no es más que una violación a las normas procesales contenidas en los artículos 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal. Pero, además es una burla al debido proceso de ley en perjuicio de mí representado.-Por tal razón solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia revoque y anule la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.-Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el propio acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.-Por todo lo anterior considero procedente que se declare con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en este sentido, casar la sentencia recurrida y en consecuencia declarar la nulidad absoluta de la misma y del debate en que se pronunció y ordenar que se celebre un nuevo juicio de conformidad con la Ley.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL ABOGADO A. E. A. R., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL ACUSADO G. A. E. C.; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. I. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo en la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II. El Censor denuncia que el proceso penal que produjo la sentencia que ahora se impugna, es consecuencia de la violación del Principio del Debido Proceso, por dos motivos concretos: 1) Violación al Debido Proceso por inobservancia de los artículos 310, 311.1, 327 y 329 del Código Procesal Penal; 2) Violación del Principio del Debido Proceso por inobservancia de los artículos 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal. PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. I.- El Censor, apoyado en la vía recursiva que establece el artículo 361 del Código Procesal Penal, audita el proceso concluyendo que el mismo ha desobedecido los postulados que conforman el Debido Proceso, garantía constitucional reconocida en el artículo 90, lo que sostiene en apoyo a dos argumentos: 1) El Censor inicia su libelo reproduciendo brevemente la doctrina que existe de los delitos en contra de la Libertad Sexual y particularmente porque se protege la indemnidad sexual de las personas menores de edad, haciendo relación en cuanto a que el consentimiento dado por los menores de catorce años para la realización de cualquier acto de índole sexual se considera viciado por su falta de desarrollo psicológico, agregando que consecuentemente esta consideración de desarrollo psíquico incompleto debe de realizarse en cuanto a la declaración de los menores de catorce años dadas ante estrados judiciales. Seguidamente el Censor, coteja la declaración del menor ofendido con la pericia Médico Forense, haciendo consideraciones particulares respecto a la valoración hecha por el Tribunal de Sentencia de estos medios de prueba. La Sala de lo Penal, advierte que este argumento ataca el proceso de valoración de dos medios de prueba, de modo que el censor se desborda del Recurso originalmente planteado para presentar alegatos que son propios del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, inoportunos en ocasión a la vía recursiva elegida por él, por ello éste argumento no es tomado en cuenta como aspecto a dilucidar en el presente caso. 2) Cita el Censor, el artículo 310 del Código Procesal Penal, que dispone que las declaraciones del imputado, testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso deberán de hacerse de manera oral, más aqueja que en el caso de autos las declaraciones de los testigos A. D. C. E., menor ofendido y A. S. E. madre del menor, no se apersonaron en la causa a brindar sus testimonios de manera oral, sino que sus dichos fueron indebidamente introducidos por lectura siguiendo lo dispuesto en el artículo 311 del Código Procesal Penal, aún cuando no se satisfizo la exigencia de la norma en cuanto a acreditar la imposibilidad de que aquellos comparecieran al debate; expone el Censor, que ante la incomparecencia de los testigos, se debió proceder conforme disponen los artículos 327 y 329 del Código Procesal Penal, haciendo una segunda citación a los testigos y en caso de negativa, ordenando su conducción por la fuerza pública al estrado judicial; Concluye que al haberse inobservado lo señalado por los artículos 310, 311, 327 y 329 del Código Procesal Penal, se ha dado la espalda al artículo 90 de la Constitución de la República, que informa el Principio del Debido Proceso. La Sala de lo Penal, señala que adecuándose éste segundo argumento a la naturaleza del Recurso de Casación presentado por el Censor es procedente hacer un pronunciamiento de fondo a fin de dar respuesta al cuestionamiento. II- A efecto de verificar la denuncia realizada por el Censor, la Sala de lo Penal, procedió a revisar las actuaciones que constan en la foliada judicial, así pudo apreciar que en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil ocho, se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (F. 61), donde el Ministerio Público propuso los medios de prueba que considero ser el respaldo de la acción penal, entre ellos las declaraciones testificales del niño A. D. C. E., ofendido y la señora A. S. E. madre del menor, los que fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia; dándose inicio a la audiencia de debate en fecha veintiocho de noviembre del mismo año, la Secretaría del Tribunal informó sobre la ausencia de la prueba testifical del Ministerio Público (F. 93), señalando la Fiscal que éstos se harían presente en el transcurso de la audiencia, continuándose así con las solemnidades del debate y posterior la recepción de los medios de prueba, recibiéndose incluso prueba de defensa con la anuencia de la parte (F. 96v), hasta que se llegó el turno de la prueba testifical del Ministerio público (tres testigos), la que aun no se había hecho presente, solicitando la señora Fiscal la suspensión del debate para poder citar nuevamente a los ausentes, citando como fundamento los artículos 312.3, 327 y 329 del Código Procesal Penal, resolviendo ha lugar el Tribunal de Sentencia aún cuando la defensa se opuso por considerar que el debate debía continuarse (F. 101). El día nueve de diciembre se reanuda el debate (F. 101 v), explicando el Ministerio Público que se tenía información que la testigo A. N. se encontraba en la ciudad de La Ceiba, el testigo A. D. C. E. en los Estados Unidos de Norte América y la testigo A. S. E. fue citada nuevamente sin que compareciera, por lo que solicitó la introducción por lectura de la declaración del testigo A. D. C. E. y una nueva suspensión de la audiencia de debate, para traer mediante la fuerza pública a la testigo que si fue citada, calificando ésta petición la Defensa como una pérdida de tiempo la suspensión de la audiencia, solicitando que el debate continuara hasta su terminación, de todo lo cual resolvió el Tribunal de Sentencia reproducir por lectura la declaración del menor A. D. C. E., recibida en la audiencia inicial mediante el protocolo de prueba anticipada y suspender el debate para que la testigo A. S. E., fuese conducida por la fuerza al estrado judicial (F. 102), actuación que se realizó ese mismo día informando una hora después el Ministerio público que la testigo no se encontraba presente en su domicilio, renovando su petición de suspensión de la audiencia de debate para otro día, siendo el criterio de la defensa que la testigo no comparecería aún cuando se le mandase a buscar con la fuerza pública, resolviendo el Tribunal de Sentencia una tercera suspensión con el fin de localizar y conducir por la fuerza a la testigo A. S. E. (F. 102v); reanudada que fue la audiencia del debate, la Fiscal del Ministerio Público indicó que le fue imposible localizar a la testigo A. N. P., por lo que renunciaba a ésta, situación que se repitió con la testigo A. S. E., por lo que solicitó se introdujera por lectura la declaración rendida en la audiencia inicial bajo el protocolo de la prueba anticipada, petición a la que accedió el Tribunal de Sentencia en base al artículo 311.3 del Código Procesal Penal (F. 103). III. Habiéndose señalado al debido proceso penal como el principio violentado, es conveniente indicar que éste se encuentra regulado por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquél que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; sin embargo, el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues, los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal; en otras palabras, el Principio del Debido Proceso envuelve el desarrollo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, uno de ellos es el Principio de Oralidad como la forma por la cual las partes en el proceso penal se comunican entre sí de manera directa mediante la interpretación del lenguaje hablado; la oralidad se articula con otros principios del proceso penal como ser el de audiencia, concentración, inmediación, contradicción y publicidad, los que solo pueden imperar gracias a aquella, es pues, que la oralidad es uno de los elementos esenciales del proceso penal bajo un modelo arquitectónico de audiencias. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; la oralidad no sólo compromete a los actores del proceso, sino que también a todos aquellos sujetos llamados a participar en él, de modo que el artículo 310 del Código Procesal Penal ordena que cuando imputados, testigos, peritos y demás intervengan lo harán como regla general de manera oral. Las excepciones al principio de oralidad las encontramos en el artículo 311, el cual prevé en su numeral 1 la introducción por lectura de aquellos testimonios rendidos previo al juicio bajo el protocolo de prueba anticipada siempre que sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en la audiencia de debate, lo que implica: 1) La Imposibilidad involucra la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; 2) La dificultad extraordinaria de comparecer al debate es cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aún cuando se hayan realizado diligencias para ello. IV. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, ha hecho un examen en cuanto a la legalidad de la decisión del Juzgador de la Instancia de introducir por lectura en el debate las declaraciones de los testigos A. D. C. E. y A. S. E., las que fueron posteriormente valoradas en conjunto con el resto de los medios de prueba, concluyendo que dicha resolución se ajusta a la excepción del principio de oralidad regulado en el artículo 311.1 y 311.2, en correspondencia con el artículo 277, todo después de haberse observado lo regulado en los artículos 327 y 329, todos del Código Procesal Penal, considerando: 1) En relación a la declaración del niño A. D. C. E.: El día catorce de diciembre del año dos mil siete, el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, celebró la audiencia inicial, en donde se escuchó la declaración del niño A. D. C. E., bajo el protocolo de la prueba anticipada (F. 17), en el marco del artículo 277 del Código Procesal Penal; llegada la audiencia de debate, el Ministerio Público informó que el menor se había trasladado a los Estados Unidos de Norte América, presentando para ello la Constancia extendida por Fiscal del Ministerio Público de La Ceiba encargada de la citación de los testigos (F. 90), siendo esta la situación prevista en el artículo 311.1 del Código Procesal Penal, por lo que correctamente el Tribunal de Instancia ordenó la introducción de la declaración del menor mediante la lectura del acta de la audiencia inicial; 2) En relación a la declaración de la señora A. S. E.: Consta a folio 90 que la Receptora del Despacho se trasladó hasta la casa de la testigo para citarla debidamente para su comparecencia al debate, sin que pudiese ser encontrada en el lugar, llegado el día del debate la testigo no compareció aún cuando el Ministerio Público informó que éstos se encargaron de su citación, su ausencia provocó que la audiencia de debate fuese reprogramada en tres ocasiones, dos de las cuales sirvieron para ir a buscar a la acusada a su casa de habitación sin poder ser localizada, ésta situación se ajusta a lo prescrito en el artículo 311.2 del Código Procesal Penal, ya que por una parte se constató que efectivamente que era extremadamente difícil citar a la testigo y por otra parte se justificó la importancia vital de su testimonio en la causa al ser señalada como testigo presencial del hecho que se juzga. Es importante resaltar, que la Defensa que ahora reprocha la introducción por lectura de las declaraciones testificales denunciando que no se hizo esfuerzo para citar personalmente a los testigos e incluso traerlos por la fuerza al estrado judicial, adoptó una postura totalmente diferente en la audiencia de debate, ya que en aquel entonces se opuso a la suspensión de la audiencia que perseguía precisamente citar a los testigos, peticionando que se continuara y terminara la audiencia, resultando contradictorio entonces lo peticionado en el debate con lo peticionado en el Recurso de Casación. En Conclusión, no existe violación al debido proceso al adecuarse la actuación de los Juzgadores en las excepciones previstas en el artículo 311 del Código Procesal Penal, valiendo señalar que el análisis no se extiende sobre la fidelidad de la valoración de los medios de prueba a las reglas de la sana crítica, ya que éste aspecto no era tema del recurso interpuesto por el Censor. En consecuencia, se declara Sin Lugar el primer motivo del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional. SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. I. El Censor, hace un recuento de que en el caso de autos el debate se celebró los días 28 de noviembre, 09 y 10 de diciembre del año dos mil ocho, que en fecha 23 de marzo del año 2010 el Notario A. J. C., levantó acta en el asiento del Tribunal de Sentencia, constatando que en el expediente no estaba agregada aun la sentencia, la cual fue adicionada a la foliada días después fechada al 15 de diciembre del 2009, es decir, con una fecha anterior al día en que realmente fue emitida, indicando además que ésta sentencia fue notificada hasta el 15 de abril del 2010 a la parte defensora, agrega que en el voto disidente la Jueza H. V. afirma que no participó en el proceso de deliberación de la pena concreta y que para el día 15 de diciembre del 2008, le fue turnada una sentencia ya firmada por sus dos compañeras Juezas del Tribunal. A criterio del Censor, lo relacionado es una violación al debido proceso, por inobservancia de los artículos 341, 342, 343 y 344 del Código Procesal Penal. II. Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Ahora bien, siguiendo el reclamo formulado, corresponde centrarnos en la Garantía de Concentración que dicta que la sustanciación del proceso sea en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para efectiva justicia en un plazo razonable (Art. 8 del Código Procesal Penal). La Garantía de Concentración debe de observarse durante todo el proceso penal (Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del Código Procesal Penal), pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio (Art. 306, 312 y 313 del Código Procesal Penal), en especial en la continuidad que debe de existir entre el debate y el fallo, esto es porque como consecuencia del primero, se produce el segundo, de este modo la garantía de concentración permite la viabilidad de la inmediación, (Razón por lo cual el artículo 312 del Código Procesal Penal dispone en números clausus las causas por las cuales de manera excepcional podrá suspenderse una audiencia de debate por un máximo de 15 días). Una vez cerrado el debate, el artículo 335 del Código Procesal Penal, indica que los miembros del Tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuita; en acto de deliberación, indica el artículo 336, los Jueces y Juezas de Sentencia deberán de decidir respecto a: 1) Procedencia de la acción penal y las relacionadas con los incidentes cuya decisión haya sido diferida para la sentencia; 2) Análisis y valoración de los medios de prueba que han presenciado conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 del Código Procesal Penal); 3) Determinación de los hechos probados con base a la prueba analizada; y 4) Análisis sobre la calificación legal del hecho y de las circunstancias que le rodean, incluyendo las causas eximentes de responsabilidad (Art 22 del Código Penal); en caso de pronunciamiento condenatorio, además el Tribunal de Sentencia deberá de decidir sobre: 5) Grado de participación de los imputados (as); 6) Cuando exista más de un delito, determinación respecto al concurso de delitos existente; 7) Determinación de la pena abstracta aplicable, y 8) Pronunciamiento de las medidas cautelares pertinentes. Habiendo llegado los Jueces y Juezas de Sentencia a un acuerdo – por unanimidad o por mayoría - respecto a los puntos enumerados, procederán a instalar audiencia en donde darán a conocer a las personas acusadas y a los Abogados de las partes las decisiones tomadas, en especial los hechos declarados probados y el respectivo pronunciamiento de culpabilidad o absolución de la persona imputada o personas, según corresponda. Si el fallo solo tiene pronunciamientos absolutorios, ordena el artículo 340 que el Tribunal de Sentencia en ese mismo acto deberá de dar a conocer la sentencia respectiva o, por causa complejidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes; entre tanto, si se trata de un pronunciamiento de culpabilidad, señalan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal, se continuara con la segunda fase consistente en la audiencia de determinación de la pena concreta a celebrarse en un plazo no mayor de 30 días y al término de ésta, los jueces y juezas de sentencia deberán de reunirse nuevamente a efecto de deliberar sobre las circunstancias previstas en el artículo 69 del Código Penal, dictando de manera posterior la sentencia ya sea en esa misma fecha o, igualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, en caso de complejidad. III. Regresando al Caso de mérito, conviene hacer un recuento de las actuaciones realizadas en la etapa de juicio: a) 27 de junio de 2008, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa recibe el proceso de parte del Juzgado de Letras Penal de la misma ciudad (F. 45); b) 18 de septiembre del 2008, se celebra la audiencia de proposición de medios de prueba (F. 61); c) 28 de noviembre (F. 93), 09 de diciembre (F. 101v), 12 de diciembre (F. 102v) donde se da por terminado el debate y el Tribunal de Sentencia se retira a deliberar, constituyéndose la audiencia en fecha y 15 de diciembre (F. 106) en donde los Juzgadores señalan que tras deliberar se fijaron los hechos que se consideran probados, leyéndolos a continuación, calificando éstos como delito de violación especial, señalando al acusado como autor responsable del mismo y dando a conocer la pena abstracta a imponer como consecuencia; d) 15 de enero del 2009, se celebra la audiencia de individualización de la pena concreta (F. 107), donde las partes después de hacer sus peticiones son citadas por el Tribunal para el día 28 de enero para la celebración de la audiencia de lectura de sentencia; e) A folio 141 se aprecia el Testimonio del Instrumento público número noventa y tres, de fecha veintitrés de marzo del año dos mil diez, correspondiente al Acta realizada por el Notario A. J. C. P., quien hace constar que en fecha 15 de diciembre del 2009, siendo las 09:00 a.m. se constituyó al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, determinando que en el Expediente (5)183-08, no corría agregada sentencia alguna; f) A folio 115 del Expediente judicial aparece la sentencia definitiva, fechada en 15 de diciembre del 2009; en ella, las Juezas de Sentencia por unanimidad de votos emiten cinco pronunciamientos consignados en la parte resolutiva, entre estos la declaratoria de condena en contra del acusado G. A. E. C. y la pena concreta que éste deberá de cumplir como consecuencia de su responsabilidad en el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL; g) A folio 125 aparece voto concurrente de la Jueza Z. R. H., manifestando su desacuerdo con la pena impuesta por la mayoría del Tribunal, señalando que no existió motivación en la sentencia en cuanto a la cuantía de la pena y que además no participó en la deliberación de dicha cuantía. IV. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Ciertamente en el caso de mérito, existió una indebida dilación por parte del Tribunal de la Instancia en emitir la sentencia correspondiente y su debida notificación, lo cual puede ser abordado desde el ámbito administrativo a cargo de la Inspectoría de Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial, irregularidad que no socava la validez de la sentencia misma, considerando: 1) No existe disolución o diferimiento del acto de deliberación, el Tribunal de Sentencia una vez terminada la audiencia de debate procedió a realizar la deliberación respectiva en cuanto a los puntos que constituían la acción penal y la defensa, resolviendo cada uno de ellos y comunicándolos en su totalidad a las partes en la audiencia de fecha 15 de diciembre del 2008; 2) El censor en el planteamiento de su Recurso, hace saber a éste Tribunal que el 23 de marzo del 2010, el Notario A. J. C., mediante acta notarial, hace constar que en el expediente de mérito no estaba agregada la sentencia (F. 133), argumento que es incompleto e incorrecto, ya que dejó de referir que si bien, el Testimonio del Instrumento Público No. 23 efectivamente fue elaborado en fecha 23 de marzo del 2010, en éste lo que se hace constar es que para las 09:00 a.m. del 15 de diciembre del 2008, aún no estaba agregada la sentencia, no lo que no obsta para que después de esa hora, en esa misma fecha, haya sido efectivamente agregada, según se entiende por la data de la sentencia; 3) El Voto Concurrente de la Jueza Z. R. H. V., adolece de claridad y es además contradictorio con los pronunciamientos de la sentencia donde calza su firma; se entiende por voto disidente a la opinión del Juez o Jueza de un órgano jurisdiccional colegiado que difiere de uno o varios de los puntos resolutivos de un decreto judicial (auto o sentencia), entretanto el Voto Concurrente es aquél en donde el Juez o Jueza de un órgano jurisdiccional colegiado concuerda con los puntos resolutivos de un decreto judicial (auto y sentencia) más no con la motivación que le sustenta. Apreciando la sentencia se observa que en la parte resolutiva se señala que los cinco puntos resolutivos fueron acogidos por unanimidad de votos de las señoras juezas, es decir, no existe manifestación sobre la existencia de disparidad de opinión recaída en alguno de ellos o sobre la motivación que le sustentan; sin embargo, la Jueza H. V. señala que emite voto concurrente, que implica por definición desacuerdo en la motivación, pero a continuación expresa que no está de acuerdo con la pena impuesta al acusado lo cual es una contradicción porque entonces no se trata de una concurrencia, sino de una disidencia que, valga decir, no se hizo constar en la sentencia; además tanto el voto concurrente como el disidente, persiguen dar a conocer cuál es la opinión particular del Juez o Jueza del órgano colegiado jurisdiccional, más en la voto concurrente de la Jueza H. V., no se plantea la motivación que a su criterio era la correcta en el presente caso, tampoco señala cual era el monto de la pena que consideraba correspondía a derecho, simplemente se limita a expresar su desacuerdo, volviendo éste voto falto de claridad y coherencia y por tanto estéril a los fines que persigue el artículo 338 regla séptima del Código Procesal Penal. Por lo expuesto anteriormente, en especial en el numeral 1) anterior, es que ésta Sala de lo Penal declara Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su segundo motivo. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO EL ABOGADO A. E. A. R., APODERADO DEFENSOR PRIVADO DEL SEÑOR G. A. E. C., EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. I. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; Para que esta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. Dos son los motivos que el Censor plantea en su Recurso y que en su opinión le avalan para solicitar que la sentencia impugnada sea declarada invalida, a saber: 1) El haber incorporado en la audiencia de debate un medio de prueba mediante su lectura en violación al Título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal; explica el Censor, que el Ministerio público propuso el medio de prueba testifical consistentes en las declaraciones de A. S. E. P. y A. D. E., pero en la audiencia de debate éstos no se hicieron presentes y sin hacerles una segunda citación u ordenar su conducción por la fuerza pública, como lo señalan los artículos 327 y 329 del Código Procesal Penal, los Juzgadores resolvieron que sus testimonios fuesen introducidos por lectura que luego sirvieron para determinar los hechos declarados probados. 2) La Sentencia recurrida adolece de la firma de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia; explica el Censor, que la Jueza Concurrente H. V., da a conocer que para el día 15 de diciembre del 2009, se le turnó una sentencia que había sido formada ya por dos Juezas, considerando que la firma de la Jueza Concurrente se realiza fuera del procedimiento legal y por lo tanto insubsanable, aunque posteriormente ésta también la haya firmado. EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SUS DOS MOTIVOS NO SON DE RECIBO. Los motivos expuestos por el censor en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, comparten los mismos argumentos (incluso transcritos algunos de manera idéntica) con los motivos del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional antes ya explicados y resueltos por esta Sala de lo Penal, por lo que un nuevo abordaje solo sería constitutivo de repetición de los criterios y conclusiones ya dados a conocer, de este modo: 1) El primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma fue presentado por el Censor como violación del debido proceso en el primer motivo por Infracción de Precepto Constitucional, concluyendo esta Sala de lo Penal que desde el ámbito legal el Tribunal de Sentencia hizo una correcta aplicación del artículo 311 numerales 1 y 2 como excepción a lo dispuesto en el artículo 310, y ello después de proceder conforme lo ordenan los artículos 327 y 329, todos del Código Procesal Penal. 2) El segundo motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma fue presentado como violación del debido proceso en el segundo motivo por Infracción de Precepto Constitucional, con el agregado de que el Censor arguye que el procedimiento para estampar la tercera firma (Jueza H. V.), no se realizó conforme a la ley, pero obviando señalar la norma o, en su defecto, el procedimiento que a su criterio se debió seguir para ese efecto; al respecto, la Sala de lo Penal, resaltar que la sentencia que se impugna tiene data del 15 de diciembre del 2008, misma fecha en que la Jueza Concurrente señala le fue turnada para su firma, estando ya las firmas de dos de las Juezas de Sentencia, entonces si a folio 115 aparece la mencionada resolución, con esa misma fecha y apreciándose las firmas de todas las Juezas de Sentencia que participaron en el proceso, implica que la Jueza H. V. igualmente estampo su rúbrica en igual fecha, sin que se haya hecho la reserva de desacuerdo en el contenido de la sentencia (motivación o fallo), lo que nos llama hacer eco en lo que este Tribunal de Casación refirió en el segundo motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional resuelto líneas arriba. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado A. E. A. R., Defensor Privado del acusado G. A. E. C.. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado A. E. A. R., Defensor Privado del acusado G. A. E. C.. TERCERO: Declarando firme y ejecutable la sentencia de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil nueve (2009), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-22-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”