Sentencia CP-213-10 — Registro 2619
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados por el delito de robo, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que el Ministerio Público ha denunciado la infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de documento auténtico, instituyendo como precepto autorizante el artículo 412 numeral 2 del Código de Procedimientos Penales. Expone el recurrente que el Ad-Quem ha confirmado una sentencia decretada por el A-quo, teniendo como argumento que si bien las pruebas aportadas en el proceso, acreditan el indicio racional de que el imputado R. J. H. R. era autor o partícipe en la falsificación de documentos investigados; pero esos indicios no son suficientes para poder decretar una sentencia condenatoria en su contra, ya que no se logró probar efectivamente que R. J. fue la persona que despojó de su vehículo a la ofendida G. M. F.; consideración que es resaltada en ambos fallos judiciales (primera y segunda instancia). Según el reclamante al revisar el andamiaje probatoria que conforma el proceso de mérito y al confrontarlas objetivamente se puede desprender la equivocación del sentenciador al concluir la inexistencia de plena prueba sobre la responsabilidad del acusado en el delito de ROBO DE VEHÍCULO, yerro que se traduce en un error de hecho en la apreciación de la prueba, misma que recae en el documento auténtico consistente en la Certificación (en papel sellado) extendida por el Jefe de la Sección de Placas de la Dirección Regional de Tránsito (F330) de la ciudad de San Pedro Sula, de fecha once (11) de agosto del mil novecientos noventa y cuatro (1994) mediante la cual se certifica que la señora G. F. DE M. es propietaria de un vehículo Marca Toyota, tipo turismo, modelo 1989, color marrón; afirma el reclamante que de su simple lectura y al relacionarlo con la prueba testifical y documental, se acredita que efectivamente R. J. H. fue la persona que despojó de su vehículo a la ofendida G. M. F.; de haberse apreciado de forma correcta este documento auténtico el Ad-Quem habría revocado la sentencia absolutoria y dictado la condena que corresponde. CONSIDERANDO: Esta Sala de lo Penal, analiza detenidamente los argumentos del censor y concluye que si bien corre agregado a folio 330 la certificación del Jefe de la Sección de Placas de la Dirección de Tránsito de la ciudad San Pedro Sula, con esto no se demuestra el yerro del juzgador en establecer, que no es posible acreditar que el señor R. J. H. haya despojado de su vehículo a la señora G. M. F., es decir, no visualizamos con este documento cuales fueron las acciones ejecutadas por el imputado para apoderarse del automotor de la ofendida utilizando violencia o intimidación para lograrlo. Aún y cuando se confronte dicho documento con el peritaje de INTERPOL (F 4 y 5) mediante el cual se acreditó que en efecto el vehículo marca Toyota turismo año 1989 presentaba irregularidades en las numeraciones de chasis y motor, así como con las declaraciones testificales de L. S. A. (f46) L. E. B. (F47) y O. A. G. (F47) quienes fueron los agentes policiales que se personaron en el Yonker Bermejo, encontrando varios vehículos cuyos chasis y motores se encontraban alterados; no se puede colegir de estos medios probatorios, la responsabilidad penal del imputado en el delito de ROBO DEL VEHÍCULO a la señora G. M. F., ya que por el solo hecho de encontrarse el encartado en el Yonker que fuese allanado por la policía y manifestar que el vehículo cuya legalidad se cuestionaba era de su madre, no significa que también haya tenido algún grado de participación en el despojo del vehículo a la víctima. CONSIDERANDO: Que el documento denominado por el recurrente como “auténtico” y que fuera presentado ante Juez competente por la propia ofendida G. M. F. R. (F 71), fue sometido a una prueba pericial en el cual se le han encontrado irregularidades de “Borraduras Físicas y Alteraciones” según lo dictaminó la Dirección de Medicina Forense, mediante el Dictamen Criminalístico del Laboratorio de Documentología (F 279 al 326), en el que se establece, en su apartado denominado “Resultados y Conclusiones”, en el Resultado N°1, inciso 1, que: En la CERTIFICACIÓN, la cual se encuentra extendida en medio (1/2) pliego de papel sellado de primera clase, número 2833522, observándose en el anverso del mismo que en la línea número (9) donde se lee “LIVIANO” antes estaba escrita la palabra “FUERZA-M…, la cual fue borrada para escribir la palabra antes descrita, también en la línea número (14) donde se lee “once”, la cual está escrita en manuscritos, antes estaba escrita la palabra “cinco”, la cual no fue borrada completamente. Ante tal situación ésta Sala de lo Penal, pone en tela de juicio la autenticidad del referido documento, porque no basta que el mismo este extendido por autoridad pública competente, sino que además debe cumplir con las formalidades mínimas para catalogarlo como tal, ya que no es posible señalar como auténtico un documento que presenta irregularidades. CONSIDERANDO: Que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Ad-Quem cumple con los requisitos de claridad, motivación y precisión que exige la ley, sin evidenciar en ella la falta de apreciación de pruebas que le hayan hecho incurrir en infracción de ley por error de hecho, todo lo contrario los razonamientos y conclusiones a los que arribó el sentenciador fueron correctos y acertados, por lo que es procedente desestimar este único motivo de casación.."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Penales, art. 416, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
S.P 213-2010
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA las sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de marzo de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha cinco de agosto de dos mil diez, por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS; actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en relación a la causa instruida en fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho; ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Criminal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Licenciado JAVIER LEOPOLDO FLORES MILLA; actuando en su condición de Juez Regional de Policía del Core 2, de la Fuerza de Seguridad Pública, contra los señores R. J. H. R., C. A. R. H., J. A. C. (ALIAS PANGOLA), J. C. A., A. A. A., P. E. L. T., por suponerlos responsables del delito de ROBO en perjuicio de la señora G. M. F. R. conocida como G. M. F. A. O G. M. F. DE M. y otras. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante al cual falló: “PRIMERO: DECLARÓ SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la agente de la Fiscalía del Ministerio Público, Abogada DUNIA MARIA MARTINEZ PALACIOS. SEGUNDO: CONFIRMÓ la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de quince de agosto del año dos mil cinco, mediante la cual absuelve de toda responsabilidad al encausado R. J. H. R., de generales conocidas, en el proceso que se le instruyó por el delito de ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de G. M. F. R. también conocida como G. M. F. A. O G. M. F. DE M.”. CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A quo, quien los redactó de la siguiente forma: “UNICO: Que en fecha ocho de mayo del año mil novecientos noventa y ocho, fue capturado por elementos de la Policía Nacional Preventiva el señor R. J. H. R. y remitido al Juzgado de Letras Tercero de lo Criminal para ser sometido al proceso penal iniciado por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de G. M. F.”. CONSIDERANDO: Que en fecha cinco de agosto de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, de generales citadas y en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: “II. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. ÚNICO MOTIVO: "Infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de documento auténtico” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el Juzgador; siendo que los mismos para efecto de este tipo de remedios impugnativos deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles. Sin embargo como una excepción a la regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo en materia penal, el error de hecho en la apreciación de la prueba, si éste parte de un acto o documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otras pruebas. Que el Ad-Quem, en la sentencia recurrida, confirma la sentencia absolutoria decretada por el A-quo a favor del procesado R. J. H. R., estableciendo en el considerando décimo del fallo proferido 1o siguiente “A folios del 279 al 336 inclusive de la primera pieza, aparece el Dictamen Criminalístico del Laboratorio de Documentología del Ministerio Público, que fuera recibido en el Tribunal A-quo el quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, conteniendo un informe del estudio Grafoscópico analítico realizado en documentos antagónicos cuestionados por una parte con los que la ofendida G. M. F. R. pretende acreditar la propiedad del vehículo objeto del contradictorio; y por otra parte los documentos con los cuales se pretende establecer la pertenencia del mismo vehículo a favor de otra persona; conceptos que el sentenciador según la sentencia recurrida, le sirvieron para acreditar el haberse cometido un ilícito, llegándose a conformar el indicio racional de que el imputado R. J. H. R. era autor o partícipe en la falsificación de los documentos investigados; pero según criterio del A-quo “...esos indicios no son suficientes para poder decretar una sentencia condenatoria en contra del mismo ya que no se logró probar efectivamente que R. J. H. fue la persona que despojó de su vehículo a G. M. F..” En ambos fallos jurisdiccionales (tanto el de primera como el de segunda instancia) resalta la consideración judicial de que se acreditó, aunque no se precise en el hecho probado, que el hecho enjuiciado constituye una actividad delictiva, conclusión a la que se aborda con la prueba que se evacuó en la tramitación del proceso, misma que informa que el vehículo objeto del proceso se encontraba en un yonker, donde estaba siendo cambiado de color (considerando tercero del fallo impugnado), que él mismo no tenía los números de serie que 1o identificaban más que en dos sitios (peritaje realizado por INTERPOL, contenido a Folio 4), 1o que fue suficiente para determinar que él mismo es propiedad de la ofendida (considerandos cuatro y quinto de la sentencia impetrada), siendo todas estas conclusiones del Tribunal. El factor que determinó la absolución del procesado, según 1º estima la Corte Juzgadora en el considerando décimo del fallo recurrido, es el hecho de que ninguna de las pruebas logra establecer que el procesado haya sido la persona que despojó a la víctima de la posesión sobre el objeto del delito; aunado a ello, en el considerando décimo de la sentencia emitida por el A-quo, se sostiene que el accionar del sindicado ha sido realizada con buena fe: Son estos aspectos los que constituyen la apreciación errónea del Sentenciador, lo que referiremos más adelante. Es importante señalar que la utilización del Recurso de Casación por Infracción de Ley, bajo la modalidad del alegato de error de hecho en la apreciación de la prueba, es menester que la utilización de la vía recursiva se realice bajo determinados parámetros, mismos que se prescriben en el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. Según la referida norma es preciso que el argumento de casación se apoye en la existencia de un medio probatorio que tenga el carácter de documento o acto auténtico y que además su sola existencia haga evidente la equivocación en la óptica plasmada por el juzgador en el fallo. En el caso sub judice al revisar el andamiaje probatorio que conforma el proceso de mérito, las cuales al confrontarlas objetivamente se desprende la equivocación del sentenciador al señalar, en el fallo impugnado, la inexistencia de plena prueba sobre la responsabilidad del encausado, equivocación que versa en un error de hecho en la apreciación de la prueba misma que recae en el acto o documento auténtico consistente en: 1) Certificación del Jefe de la sección de Placas de la Dirección Regional de Tránsito (ver folio 330), de fecha once de Agosto de 1994, a través de la cual hace constar que en dicha dependencia se encuentra la inscripción del vehículo marca Toyota, tipo turismo, modelo 1989, serie JT2AE92E7K0152582, color marrón, a nombre de G. F. DE M., con dirección en la Colonia Jardines del Valle, cuarta calle "B", número 38; registro de vehículo que para ese entonces como ente encargado era la Dirección Regional de Tránsito. Para los efectos de establecer si el documento que se invoca contiene el carácter de acto o documento auténtico éste debe revestirse de dos requisitos esenciales a saber: 1) extrínseco: como aquel autorizado por Funcionario Público en el ejercicio de sus funciones; 2)intrínsico: el cual lo constituye una verdad inacatable; circunstancia que igualmente concurre al estar plenamente acreditado que los archivos de registros de vehículos, se encuentra la inscripción del vehículo con las características supramencionadas y a nombre de la señora G. F. DE M. Como podrís observar honorables magistrados la existencia del documento auténtico acredita sin lugar a dudas que la señora G. F. de M. registró en la dependencia encargada para ese efecto como se su propiedad el vehículo marca Toyota, tipo turismo, modelo 1989, liviano, color marrón con serie Número JT2AE92E7K0152582, características éstas que resultaron congruentes con el peritaje realizado por el Técnico Rigoberto Aguilar de la Policía Internacional (INTERPOL), el cual como señalamos anteriormente, es un extremo que la Judicatura dio por acreditado, y a través del cual pudo verificar lo siguiente: que el vehículo proceso de investigación presenta irregularidades en sus numeraciones de serie de chasis, motor, desperfectos de pintura y otros, se confirmó que dicho vehículo presentó alteraciones en su serie de chasis, ubicada en la parte delantera frente al motor, que el vehículo posee numeraciones secretas en viñetas de seguridad, ubicadas en diferentes sitios del mismo, habiéndosele sustraído casi su mayoría, sin embargo dos de las mismas ubicadas en un lugar no tan visible, se pudo determinar la serie original, procedencia y color de vehículo siendo estas las siguientes: Marca Toyota, tipo turismo, color rojo, serie JT2AE92ETK0l52582, Motor 4A- 7764616, modelo 1989. Así mismo y como coadyuvante, a dicho acto o documento auténtico se encuentran otras probanzas, que si bien es cierto no tienen la calidad antes indicada, si ayudan al esclarecimiento de los hechos, en tanto que proporcionan información tenida por veraz de parte de la judicatura, las cuales consisten en las declaraciones de los testigos L. S. A. M. (F.461, L. E. B. (F.47) y O. A. G. (F.47v), quienes fueron contestes en expresar que al llegar a Yonker Bermejo encontraron en dicho lugar dos vehículos los cuales estaban siendo alterados en su chasis y serie, que al vehículo Toyota Corolla del cual verificaron en la oficina de INTERPOL que tenía reporte de robo, le estaban trabajando en el cambio de color; constando en autos a folio 327, denuncia número 2151-98 interpuesta en la Dirección de Investigación Criminal de fecha veintiséis de marzo de 1998, por la señora G. M. F. a través de la cual puso en conocimiento el Robo de un vehículo marca toyota, tipo turismo, color marrón, año 1989. Si bien es cierto el Ad-quem quien confirmó la sentencia proferida por el A-quo, es del criterio que no se logró probar que efectivamente R. J. H. fue la persona que despojó de su vehículo a G. M. F., de la simple lectura del documento auténtico, conjugado con los extremos que la Judicatura tiene por confirmados, se logró acreditar que las características establecidas en el peritaje realizado por el perito Rigoberto Aguilar de la Policía Internacional INTERPOL, resultaron congruentes con las características del vehículo que el Jefe de la Sección de Placas de la Dirección Regional de Tránsito, certificó como registrado en dicha dependencia a nombre de la señora G. F. de M.. Asimismo, el procesado R. J. H.z fue encontrado en el Yonker Bermejo en el momento que llegó la autoridad policial, y quien reclamó como de su propiedad el vehículo que estaba siendo objeto de cambio de color, el cual y tal como se acreditó con el respectivo peritaje presentaba también adulteraciones en su número de chasis, siendo presentados al proceso por parte de su defensa documentos de propiedad, pero de un vehículo marca toyota, tipo turismo, año 1988, color gris metálico, serie AE92-0030768; como podréis observar honorables magistrados en el caso que nos ocupa, resulta más que evidente que el procesado R. J. H., sí tuvo participación en los hechos ocurridos, considerando que é1 estaba presente en el momento que le estaban haciendo cambio de color al vehículo, el cual dicho sea de paso le habían lijado su número de chasis, que evidencia que no se trataba del mismo vehículo sobre el cual presentó documentos de propiedad, aunado al hecho que le estaban cambiando al mismo color del vehículo descrito en dichos documentos, y él sabía eso ya que el color se 1o estaban cambiando, es decir, no era posible que el color referido en dichos documentos fuere diferente al que exhibía el vehículo y se estime que el imputado actuaba de buena fe, máxime cuando se esfuerza por indicar que sólo eran cambios en pequeños sectores del automotor, sin embargo él mismo estaba con alteraciones en los números de serie, por 1o que aún y cuando la ofendida, dueña del vehículo no logró identificar a las personas que la despojaron del mismo, sí se encontró al procesado en el mismo lugar donde fue encontrado dicho automotor y en el momento que estaba siendo objeto de adulteración, 1o que determina un grado de responsabilidad penal del imputado. Como consecuencia dicho documento auténtico resulta idóneo, único e insustituible para la emisión de la declaración de verdad que contiene, ante lo cual el Juzgador, debió brindarle su justo valor, y conducirlo a una conclusión diferente a la que arribó. Conforme 1o anterior se hace referencia a la existencia de suficiente prueba útil para condenar al procesado: las declaraciones testificales de las personas que encontraron al imputado en forma in fraganti en el Yonker Bermejo, lugar en el cual fue encontrado un vehículo al cual le estaban realizando modificaciones de serie, procedencia y color del vehículo, lográndose constatar sus características originales. Si la Corte Sentenciadora hubiera apreciado correctamente este documento auténtico, ya que el mismo, de haber sido considerado en conjunto con los extremos que tuvo por acreditados, habría promovido la revocación de la sentencia absolutoria dictada a favor del imputado R. J. H. R. por el delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de G. M. F. R., y al no haberlo hecho así, queda evidenciado el Error de Hecho en la apreciación de la prueba en que incurrió al momento de dictar sentencia, pues se trata de documento auténtico emitido por Funcionario Público en el pleno ejercicio de sus funciones que no fueron desvirtuados por ninguna prueba en contrario y que entran en pugna franca, directa e irreconciliable con la apreciación del Adquem, pues por sí mismo constituyen una prueba contundente de la participación del encausado en el delito por el cual se le enjuició, dejando claro que existe un error de apreciación cuando la judicatura dice que existe buena fe del sindicado y que no se acreditó ningún grado de responsabilidad, cuando indiscutiblemente sucedió lo contrario”. CONSIDERANDO: Que mediante auto de fecha seis de agosto de dos mil diez, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, por lo que se omitió el traslado de los autos a la Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del Recurso de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que la formalización del Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo reúne todos los requisitos legales, por lo que es procedente su admisión, debiendo oportunamente dictar sentencia sobre la procedencia o improcedencia del mismo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 1) y 2), 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, 919 No. 2), 921 del Código de Procedimientos Comunes de 1906; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar HA LUGAR LA ADMISIÓN al Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor R. J. H. R.Z, contra la sentencia absolutoria dictada a su favor en fecha veintinueve de abril del dos mil diez pronunciada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula Cortés. Y MANDA: Que oportunamente se dicte la sentencia sobre la procedencia o improcedencia del único motivo de casación. Redactó EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiún días del mes de marzo de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha cinco de agosto de dos mil diez, por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, mayor de edad, hondureño y de este domicilio; actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en relación a la causa instruida en fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho; ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Criminal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Licenciado JAVIER LEOPOLDO FLORES MILLA, mayor de edad, casado, hondureño, del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, actuando en su condición de Juez Regional de Policía del Core 2, de la Fuerza de Seguridad Pública, contra los señores R. J. H. R., C. A. R. H., J. A. C. (ALIAS PANGOLA), J. C. A., A. A. A., P.O E. L. T., por suponerlos responsables del delito de ROBO en perjuicio de la señora G. M. F. R. conocida como G. M. F. A. o G. M. F. de M. y otras. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante al cual falló: “PRIMERO: DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la agente de la Fiscalía del Ministerio Público, Abogada DUNIA MARIA MARTINEZ PALACIOS. SEGUNDO: CONFIRMÓ la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de quince de agosto del año dos mil cinco, mediante la cual absuelve de toda responsabilidad al encausado R. J. H. R., de generales conocidas, en el proceso que se le instruyó por el delito de Robo de Vehículo en perjuicio de G. M. F. R., también conocida como G. M. F. A. O G. M. F. DE M.”. CONSIDERANDO: Que en sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, aceptó los hechos estimados y declarados probados por el A-quo, quien los redactó de la siguiente forma: “UNICO: Que en fecha ocho de Mayo del año mil novecientos noventa y ocho fue capturado por elementos de la Policía Nacional Preventiva el señor R. J. H. R. y remitido al Juzgado de Letras Tercero de lo Criminal para ser sometido al proceso penal iniciado por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de G. M. F.”. CONSIDERANDO: Que en fecha cinco de agosto de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, de generales citadas y en su condición aludida, formalizando su Recurso de Casación de la siguiente manera: “II EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. ÚNICO MOTIVO: "Infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de documento auténtico” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el Recurso de Casación por Infracción de Ley, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el Juzgador; siendo que los mismos para efecto de este tipo de remedios impugnativos deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles. Sin embargo como una excepción a la regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la casación de fondo en materia penal, el error de hecho en la apreciación de la prueba, si éste parte de un acto o documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otras pruebas. Que el Ad-Quem, en la sentencia recurrida, confirma la sentencia absolutoria decretada por el A-quo a favor del procesado R. J. H. R., estableciendo en el considerando décimo del fallo proferido 1o siguiente “A folios del 279 al 336 inclusive de la primera pieza, aparece el Dictamen Criminalístico del Laboratorio de Documentología del Ministerio Público, que fuera recibido en el Tribunal A-quo el quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, conteniendo un informe del estudio Grafoscópico analítico realizado en documentos antagónicos cuestionados por una parte con los que la ofendida G. M. F. pretende acreditar la propiedad del vehículo objeto del contradictorio; y por otra parte los documentos con los cuales se pretende establecer la pertenencia del mismo vehículo a favor de otra persona; conceptos que el sentenciador según la sentencia recurrida, le sirvieron para acreditar el haberse cometido un ilícito, llegándose a conformar el indicio racional de que el imputado R. J. H. R. era autor o partícipe en la falsificación de los documentos investigados; pero según criterio del A-quo “...esos indicios no son suficientes para poder decretar una sentencia condenatoria en contra del mismo ya que no se logró probar efectivamente que R. J. H. fue la persona que despojó de su vehículo a G. M. F..” En ambos fallos jurisdiccionales (tanto el de primera como el de segunda instancia) resalta la consideración judicial de que se acreditó, aunque no se precise en el hecho probado, que el hecho enjuiciado constituye una actividad delictiva, conclusión a la que se aborda con la prueba que se evacuó en la tramitación del proceso, misma que informa que el vehículo objeto del proceso se encontraba en un yonker, donde estaba siendo cambiado de color (considerando tercero del fallo impugnado), que él mismo no tenía los números de serie que 1o identificaban más que en dos sitios (peritaje realizado por INTERPOL, contenido a Folio 4), 1o que fue suficiente para determinar que él mismo es propiedad de la ofendida (considerandos cuatro y quinto de la sentencia impetrada), siendo todas estas conclusiones del Tribunal. El factor que determinó la absolución del procesado, según 1º estima la Corte Juzgadora en el considerando décimo del fallo recurrido, es el hecho de que ninguna de las pruebas logra establecer que el procesado haya sido la persona que despojó a la víctima de la posesión sobre el objeto del delito; aunado a ello, en el considerando décimo de la sentencia emitida por el A-quo, se sostiene que el accionar del sindicado ha sido realizada con buena fe: Son estos aspectos los que constituyen la apreciación errónea del Sentenciador, lo que referiremos más adelante. Es importante señalar que la utilización del recurso de Casación por Infracción de Ley, bajo la modalidad del alegato de error de hecho en la apreciación de la prueba, es menester que la utilización de la vía recursiva se realice bajo determinados parámetros, mismos que se prescriben en el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales. Según la referida norma es preciso que el argumento de casación se apoye en la existencia de un medio probatorio que tenga el carácter de documento o acto auténtico y que además su sola existencia haga evidente la equivocación en la óptica plasmada por el juzgador en el fallo. En el caso sub judice al revisar el andamiaje probatorio que conforma el proceso de mérito, las cuales al confrontarlas objetivamente se desprende la equivocación del sentenciador al señalar, en el fallo impugnado, la inexistencia de plena prueba sobre la responsabilidad del encausado, equivocación que versa en un error de hecho en la apreciación de la prueba misma que recae en el acto o documento auténtico consistente en: 1) Certificación del Jefe de la sección de Placas de la Dirección Regional de Tránsito (ver folio 330), de fecha once de Agosto de 1994, a través de la cual hace constar que en dicha dependencia se encuentra la inscripción del vehículo marca Toyota, tipo turismo, modelo 1989, serie JT2AE92E7K0152582, color marrón, a nombre de G. F. de M., con dirección en la Colonia Jardines del Valle, cuarta calle “B”, número 38; registro de vehículo que para ese entonces como ente encargado era la Dirección Regional de Tránsito. Para los efectos de establecer si el documento que se invoca contiene el carácter de acto o documento auténtico éste debe revestirse de dos requisitos esenciales a saber: 1) extrínseco: como aquel autorizado por Funcionario Público en el ejercicio de sus funciones; 2)intrínsico: el cual lo constituye una verdad inacatable; circunstancia que igualmente concurre al estar plenamente acreditado que los archivos de registros de vehículos, se encuentra la inscripción del vehículo con las características supra-mencionadas y a nombre de la señora G. F. de M.. Como podrís observar honorables magistrados la existencia del documento auténtico acredita sin lugar a dudas que la señora G. F. de M. registró en la dependencia encargada para ese efecto como se su propiedad el vehículo marca Toyota, tipo turismo, modelo 1989, liviano, color marrón con serie Número JT2AE92E7K0152582, características éstas que resultaron congruentes con el peritaje realizado por el Técnico Rigoberto Aguilar de la Policía Internacional (INTERPOL), el cual como señalamos anteriormente, es un extremo que la Judicatura dio por acreditado, y a través del cual pudo verificar lo siguiente: que el vehículo proceso de investigación presenta irregularidades en sus numeraciones de serie de chasis, motor, desperfectos de pintura y otros, se confirmó que dicho vehículo presentó alteraciones en su serie de chasis, ubicada en la parte delantera frente al motor, que el vehículo posee numeraciones secretas en viñetas de seguridad, ubicadas en diferentes sitios del mismo, habiéndosele sustraído casi su mayoría, sin embargo dos de las mismas ubicadas en un lugar no tan visible, se pudo determinar la serie original, procedencia y color de vehículo siendo estas las siguientes: Marca Toyota, tipo turismo, color rojo, serie JT2AE92ETK0l52582, Motor 4A- 7764616, modelo 1989. Así mismo y como coadyuvante, a dicho acto o documento auténtico se encuentran otras probanzas, que si bien es cierto no tienen la calidad antes indicada, si ayudan al esclarecimiento de los hechos, en tanto que proporcionan información tenida por veraz de parte de la judicatura, las cuales consisten en las declaraciones de los testigos L. S. A. M. (F.461, L. E. B. (F.47) y O. A. G. (F.47v), quienes fueron contestes en expresar que al llegar a Yonker Bermejo encontraron en dicho lugar dos vehículos los cuales estaban siendo alterados en su chasis y serie, que al vehículo Toyota Corolla del cual verificaron en la oficina de INTERPOL que tenía reporte de robo, le estaban trabajando en el cambio de color; constando en autos a folio 327, denuncia número 2151-98 interpuesta en la Dirección de Investigación Criminal de fecha veintiséis de marzo de 1998, por la señora G. M. F. a través de la cual puso en conocimiento el Robo de un vehículo marca toyota, tipo turismo, color marrón, año 1989. Si bien es cierto el Ad-quem quien confirmó la sentencia proferida por el A-quo, es del criterio que no se logró probar que efectivamente R. J. H. fue la persona que despojó de su vehículo a G. M. F., de la simple lectura del documento auténtico, conjugado con los extremos que la Judicatura tiene por confirmados, se logró acreditar que las características establecidas en el peritaje realizado por el perito Rigoberto Aguilar de la Policía Internacional INTERPOL, resultaron congruentes con las características del vehículo que el Jefe de la Sección de Placas de la Dirección Regional de Tránsito, certificó como registrado en dicha dependencia a nombre de la señora G. F. de M.. Asimismo el procesado R. J. H. fue encontrado en el Yonker Bermejo en el momento que llegó la autoridad policial, y quien reclamó como de su propiedad el vehículo que estaba siendo objeto de cambio de color, el cual y tal como se acreditó con el respectivo peritaje presentaba también adulteraciones en su número de chasis, siendo presentados al proceso por parte de su defensa documentos de propiedad, pero de un vehículo marca toyota, tipo turismo, año 1988, color gris metálico, serie AE92-0030768; como podréis observar honorables magistrados en el caso que nos ocupa, resulta más que evidente que el procesado R. J. H., sí tuvo participación en los hechos ocurridos, considerando que é1 estaba presente en el momento que le estaban haciendo cambio de color al vehículo, el cual dicho sea de paso le habían lijado su número de chasis, que evidencia que no se trataba del mismo vehículo sobre el cual presentó documentos de propiedad, aunado al hecho que le estaban cambiando al mismo color del vehículo descrito en dichos documentos, y él sabía eso ya que el color se 1o estaban cambiando, es decir, no era posible que el color referido en dichos documentos fuere diferente al que exhibía el vehículo y se estime que el imputado actuaba de buena fe, máxime cuando se esfuerza por indicar que sólo eran cambios en pequeños sectores del automotor, sin embargo él mismo estaba con alteraciones en los números de serie, por 1o que aún y cuando la ofendida, dueña del vehículo no logró identificar a las personas que la despojaron del mismo, sí se encontró al procesado en el mismo lugar donde fue encontrado dicho automotor y en el momento que estaba siendo objeto de adulteración, 1o que determina un grado de responsabilidad penal del imputado. Como consecuencia dicho documento auténtico resulta idóneo, único e insustituible para la emisión de la declaración de verdad que contiene, ante lo cual el Juzgador, debió brindarle su justo valor, y conducirlo a una conclusión diferente a la que arribó. Conforme 1o anterior se hace referencia a la existencia de suficiente prueba útil para condenar al procesado: las declaraciones testificales de las personas que encontraron al imputado en forma in fraganti en el Yonker Bermejo, lugar en el cual fue encontrado un vehículo al cual le estaban realizando modificaciones de serie, procedencia y color del vehículo, lográndose constatar sus características originales. Si la Corte Sentenciadora hubiera apreciado correctamente este documento auténtico, ya que el mismo, de haber sido considerado en conjunto con los extremos que tuvo por acreditados, habría promovido la revocación de la sentencia absolutoria dictada a favor del imputado R. J. H. R. por el delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de G. M. F. R., y al no haberlo hecho así, queda evidenciado el Error de Hecho en la apreciación de la prueba en que incurrió al momento de dictar sentencia, pues se trata de documento auténtico emitido por Funcionario Público en el pleno ejercicio de sus funciones que no fueron desvirtuados por ninguna prueba en contrario y que entran en pugna franca, directa e irreconciliable con la apreciación del Ad-Quem, pues por sí mismo constituyen una prueba contundente de la participación del encausado en el delito por el cual se le enjuició, dejando claro que existe un error de apreciación cuando la judicatura dice que existe buena fe del sindicado y que no se acreditó ningún grado de responsabilidad, cuando indiscutiblemente sucedió lo contrario”. CONSIDERANDO: Que mediante auto de fecha seis de agosto de dos mil diez, este Tribunal de Justicia, tuvo por formalizado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, por lo que se omitió el traslado de los autos a la Fiscal del Despacho para que emitiera dictamen. CONSIDERANDO: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que reunidos los requisitos de ley se pronunció sentencia admitiendo el Recurso de Casación en su único motivo. CONSIDERANDO: Que el Ministerio Público ha denunciado la infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de la prueba que resulta de documento auténtico, instituyendo como precepto autorizante el artículo 412 numeral 2 del Código de Procedimientos Penales. Expone el recurrente que el Ad-Quem ha confirmado una sentencia decretada por el A-quo, teniendo como argumento que si bien las pruebas aportadas en el proceso, acreditan el indicio racional de que el imputado R. J. H. R. era autor o partícipe en la falsificación de documentos investigados; pero esos indicios no son suficientes para poder decretar una sentencia condenatoria en su contra, ya que no se logró probar efectivamente que R. J. fue la persona que despojó de su vehículo a la ofendida G. M. F.; consideración que es resaltada en ambos fallos judiciales (primera y segunda instancia). Según el reclamante al revisar el andamiaje probatoria que conforma el proceso de mérito y al confrontarlas objetivamente se puede desprender la equivocación del sentenciador al concluir la inexistencia de plena prueba sobre la responsabilidad del acusado en el delito de ROBO DE VEHÍCULO, yerro que se traduce en un error de hecho en la apreciación de la prueba, misma que recae en el documento auténtico consistente en la Certificación (en papel sellado) extendida por el Jefe de la Sección de Placas de la Dirección Regional de Tránsito (F330) de la ciudad de San Pedro Sula, de fecha once (11) de agosto del mil novecientos noventa y cuatro (1994) mediante la cual se certifica que la señora G. F. DE M. es propietaria de un vehículo Marca Toyota, tipo turismo, modelo 1989, color marrón; afirma el reclamante que de su simple lectura y al relacionarlo con la prueba testifical y documental, se acredita que efectivamente R. J. H. fue la persona que despojó de su vehículo a la ofendida G. M. F.; de haberse apreciado de forma correcta este documento auténtico el Ad-Quem habría revocado la sentencia absolutoria y dictado la condena que corresponde. CONSIDERANDO: Esta Sala de lo Penal, analiza detenidamente los argumentos del censor y concluye que si bien corre agregado a folio 330 la certificación del Jefe de la Sección de Placas de la Dirección de Tránsito de la ciudad San Pedro Sula, con esto no se demuestra el yerro del juzgador en establecer, que no es posible acreditar que el señor R. J. H. haya despojado de su vehículo a la señora G. M. F., es decir, no visualizamos con este documento cuales fueron las acciones ejecutadas por el imputado para apoderarse del automotor de la ofendida utilizando violencia o intimidación para lograrlo. Aún y cuando se confronte dicho documento con el peritaje de INTERPOL (F 4 y 5) mediante el cual se acreditó que en efecto el vehículo marca Toyota turismo año 1989 presentaba irregularidades en las numeraciones de chasis y motor, así como con las declaraciones testificales de L. S. A. (f46) L. E. B. (F47) y O. A. G. (F47) quienes fueron los agentes policiales que se personaron en el Yonker Bermejo, encontrando varios vehículos cuyos chasis y motores se encontraban alterados; no se puede colegir de estos medios probatorios, la responsabilidad penal del imputado en el delito de ROBO DEL VEHÍCULO a la señora G. M. F., ya que por el solo hecho de encontrarse el encartado en el Yonker que fuese allanado por la policía y manifestar que el vehículo cuya legalidad se cuestionaba era de su madre, no significa que también haya tenido algún grado de participación en el despojo del vehículo a la víctima. CONSIDERANDO: Que el documento denominado por el recurrente como “auténtico” y que fuera presentado ante Juez competente por la propia ofendida G. M. F. R. (F 71), fue sometido a una prueba pericial en el cual se le han encontrado irregularidades de “Borraduras Físicas y Alteraciones” según lo dictaminó la Dirección de Medicina Forense, mediante el Dictamen Criminalístico del Laboratorio de Documentología (F 279 al 326), en el que se establece, en su apartado denominado “Resultados y Conclusiones”, en el Resultado N°1, inciso 1, que: En la CERTIFICACIÓN, la cual se encuentra extendida en medio (1/2) pliego de papel sellado de primera clase, número 2833522, observándose en el anverso del mismo que en la línea número (9) donde se lee “LIVIANO” antes estaba escrita la palabra “FUERZA-M…, la cual fue borrada para escribir la palabra antes descrita, también en la línea número (14) donde se lee “once”, la cual está escrita en manuscritos, antes estaba escrita la palabra “cinco”, la cual no fue borrada completamente. Ante tal situación ésta Sala de lo Penal, pone en tela de juicio la autenticidad del referido documento, porque no basta que el mismo este extendido por autoridad pública competente, sino que además debe cumplir con las formalidades mínimas para catalogarlo como tal, ya que no es posible señalar como auténtico un documento que presenta irregularidades. CONSIDERANDO: Que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Ad-Quem cumple con los requisitos de claridad, motivación y precisión que exige la ley, sin evidenciar en ella la falta de apreciación de pruebas que le hayan hecho incurrir en infracción de ley por error de hecho, todo lo contrario los razonamientos y conclusiones a los que arribó el sentenciador fueron correctos y acertados, por lo que es procedente desestimar este único motivo de casación. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 410, 411, 412 numeral 2), 418, 420 del Código de Procedimientos Penales; 915, del Código de Procedimientos Comunes de 1906; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; FALLA: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida al señor R. J. H. R., contra la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que una vez notificado el presente Fallo, se remitan los antecedentes al Tribunal de origen con certificación de la primera y segunda sentencia, para que proceda conforme a derecho. Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada TANIA JEANNETTE FIALLOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil trece.- Certificación de las sentencias de fechas cuatro y veintiuno de marzo del año dos mil trece, recaídas en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-213-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL