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Sentencia CP-210-11 — Registro 2874

Resumen

Se condenó en primer instancia por el delito de apropiación indebida y abuso de autoridad. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...La Sala de lo penal, ha reiterado que: “El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales mas abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer una exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquellas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública”. (Véase sentencia expediente 56-2009 de fecha veintiséis de agosto del año dos mil nueve). En el caso examiné, es fundamental de acuerdo con el cuadro fáctico plasmado, analizar si se cumplen los elementos objetivos normativos del tipo penal de Abuso de Autoridad. En el presente caso quedo acreditado en los hechos probados, que la acusada A. I. R. M., fungiendo en el cargo de contadora del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola “BANADESA”, agencia de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, autorizó el pago de tres cheques a su hermano J. M. R., por la totalidad de ochenta mil lempiras (L. 80,000.00), a sabiendas de que dicha cuenta carecía de fondos suficientes, persona que dispuso del dinero mencionado en favor de terceros, sobregirando la cuenta sin tener facultades para ello, obviando además registrar en los controles respectivos realizar los débitos de la cuenta del señor M. R., no siendo reflejados los pagos realizados. La Sala determina, que esta conducta no es subsumible en el tipo penal de Abuso de Autoridad, consignada en el artículo 349.3, del Código Penal, ya que de los hechos probados redactados por el A-quo, no es posible desprender cual es el acto que omitió, rehusó o retardó la imputada y que claramente estuviese establecido, debía ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, siendo, que como ya se dijo, la acusada como empleada pública en el cargo de contadora del Banco BANADESA, autorizó a su propio hermano el sobregiro de una cuenta, a sabiendas que dicha cuenta no contaba con los fondos suficientes, y no siendo registrados los pagos realizados; es por ello, que la conducta de la acusada plasmada en los hechos probados no es posible subsumirla en el tipo penal de Abuso de Autoridad, ya que no esta claramente establecido en el cuadro fáctico y de forma precisa cual es el acto que la acusada debía ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, y que fue omitido, rehusado o retardado, en consecuencia de lo anterior,

esta Sala considera, que los jueces han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, y han invocado una norma sustantiva ajena a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, (Abuso de Autoridad), de tal forma que se aprecia la incongruencia entre factum de la sentencia y la norma penal que se asigna; por lo que procede declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo, debiendo absolverse a la acusada por este delito.

DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. El recurrente alega que el A-quo incurre en aplicación indebida del Artículo 242 numeral 8 del Código Penal, porque en los hechos probados se puede constatar con una claridad diáfana la falta de culpabilidad de la acusada A. I. R. M., es decir, su clara inocencia, ya que la participación que se le atribuye en los hechos no configura el delito por el que se le condenó y las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de Cooperación Necesaria del delito de Apropiación Indebida, no fueron probadas en el juicio oral, por ende, el Tribunal de Sentencia no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico, ya que en, la redacción del Artículo 242 N° 8 del Código Penal para tipificar el Apropiación Indebida, enmarca que en dicha acción no debe existir engaño para obtener la cosa que se recibe por un título lícito, lo que nos pondría ante un delito de estafa, que no es el presente caso, porque con la prueba allegada al proceso no se acreditó que la imputada se haya apropiado para si de alguna cantidad de dinero...” no pudiéndose hablar de una cooperación en este delito ya que como quedó plasmado, el delito de Apropiación Indebida es un delito de acción personal (“Quien en perjuicio de otro..”) que requiere la autoría directa. II. Para esta Sala, según el cuadro fáctico, la imputada no se apropio de manera directa y para si, de la cantidad de ochenta mil lempiras (L. 80,000.00), pero es la acusada la que al autorizar el pago de tres cheques que suman la cantidad mencionada, careciendo de fondos la cuenta, facilitó que a su hermano le fueran pagados dichos cheques, apropiándose este último del dinero que pertenece a BANADESA, es así que la acusada en perjuicio del banco BANADESA distrae dinero que recibió en administración como la contadora de la agencia bancaria mencionada en el factum, con la obligación de entregar y devolver, distracción del bien mueble (dinero) que se materializa cuando la acusada le da un destino distinto al efectivo que administraba, al autorizar el pago a favor de su hermano de cheques que carecían de los fondos suficientes, por la cantidad de ochenta mil lempiras (L. 80,000.00), siendo correcto subsumir la conducta de la acusada en el delito de Apropiación Indebida en perjuicio de la entidad bancaria denominada BANADESA, pero no en el grado de participación de cooperadora necesaria como lo hace el A-quo sino como autora de delito mencionado, al ser la acusada A. I. R. M., la que tomó parte directa en la ejecución del hecho, ya que a sabiendas de la falta de provisión de fondos suficientes en la cuenta de su hermano, le autorizó el pago de cheques por las cantidades ya mencionadas, causando perjuicio a la entidad bancaria. III. A la conducta de la acusada es procedente además aplicarle la “agravante genérica” consignada en el artículo 27.9 del Código Penal, “prevalecerse del carácter público que tenga el culpable”, porque la acusada siendo empleada pública de una entidad bancaria Estatal, y fungiendo en el cargo de Contadora, distrajo dinero que había recibido en administración y con la obligación de ser devuelto, utilizando las ventajas de su cargo para ejecutar el ilícito con mayor facilidad; incurriendo en los elementos objetivos, normativos y descriptivos del tipo penal de “apropiación indebida”, el cual no es un delito cometido propiamente solo por “funcionarios o empleados públicos”. “La circunstancia de prevalerse del carácter público que tenga el culpable exige tres elementos: a) la cualidad de funcionario público o de encargado de un servicio público; b) el abuso de poderes o deberes inherentes a tal condición; c) la finalidad de utilizar las ventajas del cargo para ejecutar el delito mas fácilmente o con menor riesgo”. (Véase. MIR PUIG, Santiago; Derecho Penal Parte General, 8 va edición, 2 da reimpresión, editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires, 2009, p. 626). IV. Al proceder el primero de los motivos de casación interpuestos por la defensa, se ordena la absolución por el delito de Abuso de Autoridad, desapareciendo el concurso de delitos calificado por el A-quo, quedando únicamente la calificación del delito de Apropiación Indebida, reformándose el fallo en cuanto a la pena de multa que le fue impuesta en la sentencia de primera instancia la que debe tasarse conforme al diez (10%) por ciento del valor defraudado, en este caso ochenta mil lempiras (L. 80,000.00) por lo que la multa a imponerse deberá ser de ocho mil lempiras (L. 8,000.00) y la pena de reclusión abstracta estará comprendida de cuatro a siete años; por lo que es procedente aplicarle a la acusada la pena mínima aumentada en seis meses, por la agravante genérica ya mencionada. En consecuencia de lo anterior procede declarar Con Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo modificándose la forma de participación de la acusada. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. El recurrente argumenta que los juzgadores incurrieron además en falta de aplicación del artículo 2-C del Código penal, en su redacción vigente “no podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la Ley penal” y lo que se pide es que se aplique lo dispuesto por el Artículo 2-C del Código Penal, en su redacción actualmente vigente, pues no puede imponerse pena alguna sino se ha lesionado o puesto en peligro efectivo un bien jurídico protegido, ya que la conducta de su defendida fue enmarcada dentro del ámbito legal, debidamente declarada probada por la Sala Sentenciadora. II. No lleva razón el recurrente en el alegato del presente motivo, ya que de acuerdo con las conductas plasmadas en lo hechos probados, se puede desprender de las mismas, la lesión de los bienes jurídicos “Administración Pública”, por la comisión del delito de Abuso de Autoridad, del cual la Sala, se ha pronunciado al resolver el recurso presentado y si bien se ha considerado no concurre el mismo, si se da la lesión contra el bien jurídico “La Propiedad”, por la comisión del delito de Apropiación Indebida, es por ello, que las penas impuestas y la que subsiste en el presente caso en la sentencia recurrida son como consecuencia de la lesión a bienes jurídico penalmente protegidos, (principio de lesividad); por lo tanto, procede declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su tercer motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de febrero del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual CONDENÓ a la señora A. I. R. M. como AUTORA DIRECTA del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y se le CONDENA como COOPERADORA NECESARIA del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA realizado por terceros en perjuicio del BANCO BANADESA, DELITOS EN CONCURSO MEDIAL, a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN; se le CONDENÓ a la acusada A. I. R. M. a la pena principal de MULTA DE DIEZ MIL LEMPIRAS (LPS. 10,000.00); asimismo, se le condena a la señora A. I. R. M. como cooperadora necesaria del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA a la pena principal de INHABILITACION ESPECIAL por el doble del tiempo que dure su condena principal de reclusión es decir por DOCE (12) AÑOS DE INHABILITACIÓN; y se le condenó a la acusada A. I. R. M., como consecuencia de la condena de reclusión por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD y APROPIACIÓN INDEBIDA a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. Interpuso el Recur., actuando en su condición de Apoderado Defensor de la señora A. I. R. M. SON PARTES: El Abogado H. O. D. M. actuando en su condición de Apoderado Defensor de la señora A. I. R. M., como parte recurrente; y K. M. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Desde mediados del año 2002 hasta el veintiocho de noviembre del año 2003, los señores J. A. S. A. y A. I. R. M. laboraron en el Banco BANADESA de la Agencia de Talanga, el primero en el cargo de Gerente General y la segunda en el cargo de Contadora, teniendo ambos la facultad de autorizar el pago de cheques. SEGUNDO: En razón de ello, la señora A.I. R. M., en fechas catorce de Agosto, quince de Agosto y dieciocho de Agosto, todas del año dos mil tres, procedió a autorizar los cheques No.91, 92, 93, los dos primeros por la cantidad de veinticinco mil lempiras y el tercero por la cantidad de treinta mil lempiras, librados contra la cuenta de cheques No. 0211017517 del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, cuyo titular era el señor J. M. R., hermano de la señora I. R., los cuales fueron pagados en efectivo en la agencia del Banco BANADESA de la ciudad de Talanga. Dicha autorización fue realizada por la señora A. R., a sabiendas de que la cuenta en referencia carecía de fondos para cubrir tales montos, ocasionando con esta acción que el señor J. M. R. obtuviera la cantidad de Ochenta Mil Lempiras que pertenecían al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, ya que le permitió a éste que dispusiera de dichos dineros a favor de los señores A. M. y A. R., siendo ambos padres de la señora I. R., lo cual no hubiese sido posible sin contar con la autorización de la referida señora A. I. R. M. y sobregirando la cuenta bancaria sin tener facultad para ello. TERCERO: Asimismo la señora A. I., en su condición de contadora obvió registrar en los controles respectivos y realizar los débitos de la cuenta bancaria del señor J. M. R. sobre los movimientos realizados en dicha cuenta bancaria, a fin de que no se reflejaran en la misma los pagos realizados. CONSIDERANDO Los Recursos de Casación por Infracción de Ley, interpuestos por la defensa privada, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. PRIMER MOTIVO. “Aplicación indebida del Artículo 349 Numeral 3 del Código Penal vigente”. PRECEPTO AUTORIZANTE. “El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal que establece: Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de Doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deban ser observada para la aplicación de la ley penal”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Honorable Tribunal de Casación Penal, el Artículo o disposición de carácter sustantivo, cuya aplicación es indebida es el Artículo 349 N° 1 del Código Penal, en su redacción original, y que establece lo siguiente: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales.” Como ya se ha manifestado, la declaración de hechos probados constituye el cimiento o piedra angular de toda sentencia penal, pues en ellos, el Tribunal juzgador recrea un hecho histórico, acontecido con anterioridad, y que es el objeto del juicio penal. En ese cuadro fáctico, el Tribunal de Sentencia narra la verdad real e histórica, estimando de manera clara y terminante cuáles son los hechos que estimó probados, conforme a los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. De esa verdad incuestionable, que la constituye la declaración de hechos probados, se derivarán las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de la Ley Penal Sustantiva. En otras palabras, para que no exista violación a norma penal de naturaleza sustantiva, por falta de aplicación o aplicación indebida, los hechos probados deben describir todas y cada una de las acciones típicas o conductas prohibidas por la norma penal sustantiva. Pues bien, honorable Sala de Casación Penal, del análisis detenido de la declaración de los Primero, Segundo y Tercero probado, que es verdad incuestionable, y para los efectos de este recurso son intangibles, llegaremos a la conclusión que el Honorable Tribunal de Sentencia aplicó incorrectamente la disposición penal sustantiva respecto al delito de abuso de autoridad. En las anteriores declaraciones de los hechos probados se puede constatar con una claridad diáfana la falta de culpabilidad de la acusada A. I. R. M., es decir, su clara inocencia, ya que la participación que se le atribuye en los hechos no configura el delito por el que se le condenó. En otras palabras, las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de abuso de autoridad, no fueron probadas en el juicio oral, por ende, el Tribunal de Sentencias no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico. Para atribuirle responsabilidad penal a una persona, habrá de constatarse si ésta ha ejecutado acciones u omisiones que puedan subsumirse en un concreto tipo penal, y que no obstante, encontrarse comprendida en el tipo penal, el imputado no ha participado como autor o cómplice de las mismas. En el presente caso la participación que la acusada tiene, según los hechos probados, no es constitutiva de delito, como lo veremos a continuación. El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función, pero de tal forma que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce; en el presente caso, la conducta de mi representada A. I. R. M. no puede considerarse como abuso de autoridad, en virtud que en ningún momento el Tribunal Sentenciador puedo determinar en su Sentencia Condenatoria, que mi representada haya obrado de tal forma con la intensión dolosa de satisfacer un interés personal. Conforme lo anterior, el Tribunal Sentenciado condena a mi representada sin poder determinarse claramente la conducta “reprochable” que se le está atribuyéndosele, ya que por un lado hace referencia a “dar el debido cumplimiento a ordenes administrativas” y por otro lado, hace referencia a la “omisión....de algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo.” Como podrá apreciar este Alto Tribunal de Casación, resulta difícil saber en qué argumento basó su Sentencia Condenatoria el Tribunal. Una primera acción típica del delito de abuso de autoridad requiere para su configuración que el sujeto activo realice una acción de tal forma que la misma vaya orientada a satisfacer una interés personal; en el caso que nos ocupa, si bien se logró determinar que una persona logró obtener un beneficio, no es menos cierto, que ese beneficio no fue obtenido de forma personal por mi representada A. I. R. M., requisito indispensable para poder configurarse el delito de Abuso de Autoridad; por lo que dándose así los hechos, estaríamos eventualmente ante cualquier otra acción típica, pero en ningún momento en el tipo penal de abuso de autoridad. Finalmente, observe este Tribunal de Casación, que el elemento subjetivo del tipo de abuso de autoridad, el Tribunal Sentenciador debió describir y concretarlo de forma clara en los hechos probados, no en la fundamentación jurídica del fallo, como aparece que el Tribunal lo hace para justificar su decisión de condenar a mi defendida; ya que resulta difícil determinar la conducta “reprochable” que se le está atribuyó a mi representada en la Sentencia impugnada, ya que por un lado se hace referencia a “dar el debido cumplimiento a ordenes administrativas” y por otro lado, hace referencia a la “omisión....de algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo.” como ya se mención anteriormente. Como podrá apreciar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mi cliente ha sido condenada sobre la base de unos hechos donde no se logró determinar su culpabilidad, es decir, al ser confrontados con el tipo penal que se le aplica, como en efecto así lo hemos demostrado, dichos hechos se existieron, pero no se logró determinar la culpabilidad de mi representada A. I. R. en la comisión del mismo, ya que como se dieron los mismos y al no lograr determinarse la satisfacción de un interés personal de mi representada en la supuesta conducta reprochable que se le atribuye en la sentencia impugnada, podría estar ante cualquier otra conducta típica, menos el de abuso de autoridad, por lo que la Sala Sentenciadora, aplicó indebidamente el Artículo 349 N° 1 del Código Penal. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Al no plasmarse en la declaración de hechos probados por la Sala Sentenciadora, las acciones típicas o conductas objetivas, ni los elementos subjetivos del tipo, así como todo el contexto de los hechos relacionados; mi defendida no ha incurrido en ninguna responsabilidad penal, pues esos hechos no pueden subsumirse o adecuarse a lo dispuesto por el Artículo 349 N° 1 del Código Penal. En otras palabras, lo que se pide es que se interprete que si bien se logró determinar que una persona logró obtener un beneficio, no es menos cierto, que ese beneficio no fue obtenido de forma personal por mi representada A. I. R. M., requisito indispensable para poder configurarse el delito de Abuso de Autoridad; por lo que dándose así los hechos, estaríamos eventualmente ante cualquier otra acción típica, pero en ningún momento en el tipo penal de abuso de autoridad. III. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. SEGUNDO MOTIVO. “Aplicación indebida del Artículo 242 Numeral 8 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal que establece: “Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de Doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deban ser observada para la aplicación de la ley penal (...,)”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Honorable Tribunal de Casación Penal, el Artículo o disposición de carácter sustantivo, cuya aplicación es indebida es el Artículo 242 N° 8 del Código Penal, en su redacción original, y que establece lo siguiente: “Incurrirá en las penas del Artículo anterior. 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8) Quien en perjuicio de otro de apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido”. La declaración de hechos probados constituye el cimiento o piedra angular de toda sentencia penal, pues en ellos, el Tribunal juzgador recrea un hecho histórico, acontecido con anterioridad, y que es el objeto del juicio penal. En ese cuadro fáctico, el Tribunal de Sentencia narra la verdad real e histórica, estimando de manera clara y terminante cuáles son los hechos que estimó probados, conforme a los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. De esa verdad incuestionable, que la constituye la declaración de hechos probados, se derivarán las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de la Ley Penal Sustantiva. En otras palabras, para que no exista violación a norma penal de naturaleza sustantiva, por falta de aplicación o aplicación indebida, los hechos probados deben describir todas y cada una de las acciones típicas o conductas prohibidas por la norma penal sustantiva. Pues bien, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en la sentencia de fecha 8 de Febrero del año 2011 que ahorra se recurre, aplicó incorrectamente la disposición penal sustantiva respecto a la Cooperación Necesaria que contiene y describe el delito de Apropiación Indebida. En las anteriores declaraciones de los hechos probados se puede constatar con una claridad diáfana la falta de culpabilidad de la acusada A. I. R. M., es decir, su clara inocencia, ya que la participación que se le atribuye en los hechos no configura el delito por el que se le condenó. En otras palabras, las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de Cooperación Necesaria del delito de Apropiación Indebida, no fueron probadas en el juicio oral, por ende, el Tribunal de Sentencias no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico. Para atribuirle responsabilidad penal a una persona, habrá de constatarse si ésta ha ejecutado acciones u omisiones que puedan subsumirse en un concreto tipo penal, y que no obstante, encontrarse comprendida en el tipo penal, el imputado no ha participado como autor o cómplice de las mismas, o como condena en el presente caso el Tribunal de Sentencia, como Cooperación Necesaria. En el presente caso la participación que la acusada tiene, según los hechos probados, no es constitutiva de delito, como lo veremos a continuación. En este sentido, si disgregamos el tipo penal de Cooperación Necesaria del delito de Apropiación Indebida del Artículo 242 N° 8 del Código Penal, en sus elementos objetivos y subjetivos que conforman dicho ilícito y lo contrastamos con las acciones que plasma el Tribunal sentenciador en sus hechos probados, se llegará a una realidad palmaria, que el sentenciador aplicó indebidamente el referido Artículo del Código Penal en relación a mi representada señora A. I. R. M., y la condenó por unos hechos en los cuales no se logró demostrar su culpabilidad. Conforme a lo anterior, el Delito de Apropiación Indebida, esencialmente, consiste en quedarse con las cosas ajenas, violando el deber jurídico de entregarlas o devolverlas; por esta razón PETROCELLI ha creído ver en este delito una ofensa al derecho personal. Pero Carrara y con él, la mayor parte de la doctrina moderna, afirman con razón, que es el derecho real de dominio el lesionado. Una primera acción típica del delito de Apropiación Indebida requiere para su configuración que el sujeto activo en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiese recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido; de igual forma, la redacción del Artículo 242 N° 8 del Código Penal para tipificar el Apropiación Indebida, enmarca que en dicha acción no debe existir engaño para obtener la cosa que se recibe por un título lícito, lo que nos pondría ante un delito de estafa, que no es el presente caso. En este mismo orden de ideas, la tipificación del Delito de Apropiación Indebida que señala el Artículo 242 N° 8 del Código Penal, exige que el perjuicio que se le ha causado a otro haya sido realizado directamente por la persona (“Quien en perjuicio de otro..”); y en este sentido al establecer el propio Tribunal Sentenciador que “de la prueba allegada al proceso no se acreditó que la señora A. I. R. se haya apropiado para si de alguna cantidad de dinero...” no se puede hablar de una cooperación en este Delito ya que como quedó plasmado, el Delito de Apropiación Indebida es un delito de acción personal (“Quien en perjuicio de otro..”) que requiere la autoría directa; muchas son las teorías esgrimidas para diferenciar la autoría directa de la cooperación necesaria o de la mera complicidad, tales como la de la “conditio sine qua non”, la del “dominio del hecho” o la de las “aportaciones necesarias para el resultado” pero como se demostrará, todas ellas exigen sin embargo un grado más o menos amplio de consenso. Todas ellas parten de un concierto previo que incluso puede devenir después en las denominadas participaciones adhesivas que surgen “subsequens”, tras la iniciación y durante el desarrollo del “iter criminis” circunstancias ésta que en el caso que nos ocupa, no fueron acreditadas ni demostradas en el juicio. Esta acción típica o elemento objetivo del delito, sin lugar a dudas se encuentra perfilada en el factum por que resulta ser una verdad incuestionable que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) recibió un como el propio Tribunal Sentenciador pudo concluir que a allegada al proceso no se acreditó que la señora A. l. R. se haya apropiado para si de alguna cantidad de dinero...” se priva de ver todo el contexto en que se venía dando estos hechos, ya que como quedó demostrado en el juicio, BANADESA sufrió un perjuicio económico, pero no se acredito que el referido perjuicio puede atribuírsele a mi representada A. I. R., que como recalcamos, el propio Tribunal Sentenciador, lo determinó en su Sentencia Condenatoria de fecha 8 de Febrero del 2011. Como se apreciará con toda claridad, en los mismos hechos probados, se concluye que si bien, existió un perjuicio económico, éste no fue a título de autor directo (el único tipo de autoría que acepta este delito) de mi representada A. I. R.; por lo que no puede ser condenada mi defendida como Cooperadora Necesaria en un delito de autoría directa o propia. Finalmente, el elemento subjetivo del tipo de Cooperación Necesaria del Delito de Apropiación Indebida, el Tribunal Sentenciador debió describir y concretarlo en los hechos probados, no en la fundamentación jurídica del fallo, como aparece que el Tribunal lo hace para justificar su decisión de condenar a mi defendida. Como podrá apreciar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mi cliente ha sido condenada sobre la base de unos hechos donde no se logró determinar su culpabilidad, es decir, al ser confrontados con el tipo penal que se le aplica, como en efecto así lo hemos demostrado, dichos hechos se existieron pero no se logró determinar la culpabilidad de mi representada A. I. R. en la comisión del mismo, por lo que la Sala Sentenciadora, aplicó indebidamente el Artículo 242 N° 8 del Código Penal. b.3) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Al no plasmarse en la declaración de hechos probados por la Sala Sentenciadora, las acciones típicas o conductas objetivas, ni los elementos subjetivos del tipo, así como todo el contexto de los hechos relacionados; mi defendido no ha incurrido en ninguna responsabilidad penal, pues esos hechos no pueden subsumirse o adecuarse a lo dispuesto por el Artículo 242 N° 8 del Código Penal. En otras palabras, lo que se pide es que se interprete que en esos hechos probados el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) sufrió un perjuicio económico, dicho perjuicio no quedó debidamente acreditado que haya sido cometido por la señora A. I. R., en virtud de no haberse aportado prueba suficientes que demostrara lo contrario en el transcurso del presente juicio. IV. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. TERCER MOTIVO. “Falta de aplicación del artículo 2-C del Código penal, en su redacción vigente”. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal, el cual establece: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El Artículo 2-C del Código Penal en su redacción actualmente vigente dispone que: “No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la Ley penal”. Como se ha explicado en el primero y segundo motivo de este recurso de casación, en los hechos declarados probados por la Sala Sentenciadora en la sentencia que se recurre, no se le atribuye a mi defendida A. I. R., conductas o comportamientos que puedan ser considerados objetivamente como constitutivos del Delito de Abuso de Autoridad ni de Cooperación Necesaria del delito de Apropiación Indebida. Por esta razón debió absolvérsele de toda responsabilidad penal, al no haberlo hecho así el Tribunal dejó de aplicar el antes invocado Artículo 2-C del Código Penal, siendo esta una infracción grave a la ley penal de carácter sustantivo. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Igual que en el motivo anterior de este recurso, al no plasmarse en la declaración de hechos probados por la Sala Sentenciadora, las acciones típicas o conductas objetivas, ni los elementos subjetivos del tipo, la acción de mi defendida no puede ser considerada o adecuarse a lo dispuesto por los Artículos 349 N° 1 y 242 N°8 del Código Penal. En otras palabras, lo que se pide es que se aplique lo dispuesto por el Artículo 2-C del Código Penal, en su redacción actualmente vigente, pues no puede imponerse pena alguna sino se ha lesionado o puesto en peligro efectivo un bien jurídico protegido, ya que la conducta de mi defendida fue enmarcada dentro del ámbito legal, debidamente declarada probado por la Sala Sentenciadora. Aplicando la ley penal sustantiva de manera correcta, mi defendida, indefectiblemente debe ser declarada no culpable por ese máximo tribunal de justicia, por ende, dictarse sentencia absolutoria a su favor. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. El recurrente plantea en su recurso, que los sentenciadores incurrieron en Aplicación indebida del Artículo 349 Numeral 3 del Código Penal vigente, y que las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de abuso de autoridad, no fueron probadas en el juicio oral, por ende el Tribunal de Sentencias no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico, ya que el abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función, pero de tal forma que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce. Aduce también el recurrente que la conducta de la acusada A. I. R. M., no puede considerarse como abuso de autoridad, en virtud que en ningún momento el Tribunal Sentenciador pudo determinar en su Sentencia Condenatoria, que haya obrado de tal forma con la intensión dolosa de satisfacer un interés personal; el elemento subjetivo del tipo de abuso de autoridad, el Tribunal Sentenciador debió describirlo y concretarlo de forma clara en los hechos probados, no en la fundamentación jurídica del fallo, como aparece que el Tribunal lo hace para justificar su decisión de condenar, ya que resulta difícil determinar la conducta reprochable que se le atribuyó en la sentencia impugnada, por un lado se hace referencia a “dar el debido cumplimiento a ordenes administrativas” y por otro lado, hace referencia a la “omisión.... de algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo”. II. La Sala de lo Penal, ha realizado un análisis de los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales resultan inalterables en Casación, confrontándolos con la norma penal sustantiva aplicada por el Tribunal A-quo, que se refiere al tipo penal de “Abuso de Autoridad”, y que el impetrante argumenta que el juzgador no debió calificar de dicha forma. “La Aplicación Indebida” es una especie de Casación por Infracción de Ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados. III. La Sala de lo penal, ha reiterado que: “El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales mas abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer una exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquellas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública”. (Véase sentencia expediente 56-2009 de fecha veintiséis de agosto del año dos mil nueve). En el caso examiné, es fundamental de acuerdo con el cuadro fáctico plasmado, analizar si se cumplen los elementos objetivos normativos del tipo penal de Abuso de Autoridad. En el presente caso quedo acreditado en los hechos probados, que la acusada A. I. R. M., fungiendo en el cargo de contadora del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola “BANADESA”, agencia de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, autorizó el pago de tres cheques a su hermano J. M. R., por la totalidad de ochenta mil lempiras (L. 80,000.00), a sabiendas de que dicha cuenta carecía de fondos suficientes, persona que dispuso del dinero mencionado en favor de terceros, sobregirando la cuenta sin tener facultades para ello, obviando además registrar en los controles respectivos realizar los débitos de la cuenta del señor M. R., no siendo reflejados los pagos realizados. La Sala determina, que esta conducta no es subsumible en el tipo penal de Abuso de Autoridad, consignada en el artículo 349.3, del Código Penal, ya que de los hechos probados redactados por el A-quo, no es posible desprender cual es el acto que omitió, rehusó o retardó la imputada y que claramente estuviese establecido, debía ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, siendo, que como ya se dijo, la acusada como empleada pública en el cargo de contadora del Banco BANADESA, autorizó a su propio hermano el sobregiro de una cuenta, a sabiendas que dicha cuenta no contaba con los fondos suficientes, y no siendo registrados los pagos realizados; es por ello, que la conducta de la acusada plasmada en los hechos probados no es posible subsumirla en el tipo penal de Abuso de Autoridad, ya que no esta claramente establecido en el cuadro fáctico y de forma precisa cual es el acto que la acusada debía ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, y que fue omitido, rehusado o retardado, en consecuencia de lo anterior, esta Sala considera, que los jueces han omitido la ley aplicable a la causa que se falla, y han invocado una norma sustantiva ajena a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, (Abuso de Autoridad), de tal forma que se aprecia la incongruencia entre factum de la sentencia y la norma penal que se asigna; por lo que procede declarar Con Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo, debiendo absolverse a la acusada por este delito. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. I. El recurrente alega que el A-quo incurre en aplicación indebida del Artículo 242 numeral 8 del Código Penal, porque en los hechos probados se puede constatar con una claridad diáfana la falta de culpabilidad de la acusada A. I. R. M., es decir, su clara inocencia, ya que la participación que se le atribuye en los hechos no configura el delito por el que se le condenó y las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de Cooperación Necesaria del delito de Apropiación Indebida, no fueron probadas en el juicio oral, por ende, el Tribunal de Sentencia no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico, ya que en, la redacción del Artículo 242 N° 8 del Código Penal para tipificar el Apropiación Indebida, enmarca que en dicha acción no debe existir engaño para obtener la cosa que se recibe por un título lícito, lo que nos pondría ante un delito de estafa, que no es el presente caso, porque con la prueba allegada al proceso no se acreditó que la imputada se haya apropiado para si de alguna cantidad de dinero...” no pudiéndose hablar de una cooperación en este delito ya que como quedó plasmado, el delito de Apropiación Indebida es un delito de acción personal (“Quien en perjuicio de otro..”) que requiere la autoría directa. II. Para esta Sala, según el cuadro fáctico, la imputada no se apropio de manera directa y para si, de la cantidad de ochenta mil lempiras (L. 80,000.00), pero es la acusada la que al autorizar el pago de tres cheques que suman la cantidad mencionada, careciendo de fondos la cuenta, facilitó que a su hermano le fueran pagados dichos cheques, apropiándose este último del dinero que pertenece a BANADESA, es así que la acusada en perjuicio del banco BANADESA distrae dinero que recibió en administración como la contadora de la agencia bancaria mencionada en el factum, con la obligación de entregar y devolver, distracción del bien mueble (dinero) que se materializa cuando la acusada le da un destino distinto al efectivo que administraba, al autorizar el pago a favor de su hermano de cheques que carecían de los fondos suficientes, por la cantidad de ochenta mil lempiras (L. 80,000.00), siendo correcto subsumir la conducta de la acusada en el delito de Apropiación Indebida en perjuicio de la entidad bancaria denominada BANADESA, pero no en el grado de participación de cooperadora necesaria como lo hace el A-quo sino como autora de delito mencionado, al ser la acusada A. I. R. M., la que tomó parte directa en la ejecución del hecho, ya que a sabiendas de la falta de provisión de fondos suficientes en la cuenta de su hermano, le autorizó el pago de cheques por las cantidades ya mencionadas, causando perjuicio a la entidad bancaria. III. A la conducta de la acusada es procedente además aplicarle la “agravante genérica” consignada en el artículo 27.9 del Código Penal, “prevalecerse del carácter público que tenga el culpable”, porque la acusada siendo empleada pública de una entidad bancaria Estatal, y fungiendo en el cargo de Contadora, distrajo dinero que había recibido en administración y con la obligación de ser devuelto, utilizando las ventajas de su cargo para ejecutar el ilícito con mayor facilidad; incurriendo en los elementos objetivos, normativos y descriptivos del tipo penal de “apropiación indebida”, el cual no es un delito cometido propiamente solo por “funcionarios o empleados públicos”. “La circunstancia de prevalerse del carácter público que tenga el culpable exige tres elementos: a) la cualidad de funcionario público o de encargado de un servicio público; b) el abuso de poderes o deberes inherentes a tal condición; c) la finalidad de utilizar las ventajas del cargo para ejecutar el delito mas fácilmente o con menor riesgo”. (Véase. MIR PUIG, Santiago; Derecho Penal Parte General, 8 va edición, 2 da reimpresión, editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires, 2009, p. 626). IV. Al proceder el primero de los motivos de casación interpuestos por la defensa, se ordena la absolución por el delito de Abuso de Autoridad, desapareciendo el concurso de delitos calificado por el A-quo, quedando únicamente la calificación del delito de Apropiación Indebida, reformándose el fallo en cuanto a la pena de multa que le fue impuesta en la sentencia de primera instancia la que debe tasarse conforme al diez (10%) por ciento del valor defraudado, en este caso ochenta mil lempiras (L. 80,000.00) por lo que la multa a imponerse deberá ser de ocho mil lempiras (L. 8,000.00) y la pena de reclusión abstracta estará comprendida de cuatro a siete años; por lo que es procedente aplicarle a la acusada la pena mínima aumentada en seis meses, por la agravante genérica ya mencionada. En consecuencia de lo anterior procede declarar Con Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo modificándose la forma de participación de la acusada. DE LA PROCEDENCIA SOBRE EL TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA. El recurrente argumenta que los juzgadores incurrieron además en falta de aplicación del artículo 2-C del Código penal, en su redacción vigente “no podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la Ley penal” y lo que se pide es que se aplique lo dispuesto por el Artículo 2-C del Código Penal, en su redacción actualmente vigente, pues no puede imponerse pena alguna sino se ha lesionado o puesto en peligro efectivo un bien jurídico protegido, ya que la conducta de su defendida fue enmarcada dentro del ámbito legal, debidamente declarada probada por la Sala Sentenciadora. II. No lleva razón el recurrente en el alegato del presente motivo, ya que de acuerdo con las conductas plasmadas en lo hechos probados, se puede desprender de las mismas, la lesión de los bienes jurídicos “Administración Pública”, por la comisión del delito de Abuso de Autoridad, del cual la Sala, se ha pronunciado al resolver el recurso presentado y si bien se ha considerado no concurre el mismo, si se da la lesión contra el bien jurídico “La Propiedad”, por la comisión del delito de Apropiación Indebida, es por ello, que las penas impuestas y la que subsiste en el presente caso en la sentencia recurrida son como consecuencia de la lesión a bienes jurídico penalmente protegidos, (principio de lesividad); por lo tanto, procede declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su tercer motivo. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 14, 242.8, 349.1.2, del Código Penal; 350, 359, 360, y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR el Recurso de Casación por infracción de Ley en su primer motivo, invocado por el abogado H. O. D. M., actuando en su condición de Apoderado Defensor de la señora A. I. R. M., a quien se le siguió proceso por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: SE ABSUELVE de toda responsabilidad penal a la señora A. I. R. M. por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. TERCERO: Declara CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo motivo, invocado por el Abogado H. O. D. M., actuando en su condición de Apoderado Defensor de la señora A. I. R. M., a quien se le siguió proceso por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio del BANCO BANADESA. CUARTO: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA de la siguiente manera: SE DECLARA LA CULPABILIDAD de la señora A. I. R. M., y se le CONDENA por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio del BANCO BANADESA, a la pena de CUATRO (4) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, la cual deberá cumplir en el Centro Femenino de Adaptación (CEFAS), ubicado en la aldea de Támara, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; así como a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, declarándose además la Responsabilidad Civil de la condenada por este delito; así mismo, se le condena a la PENA DE MULTA de OCHO MIL LEMPIRAS (L. 8,000.00), la cual deberá enterarse ante la Tesorería General de la República, o en la entidad bancaria privada autorizada para tal efecto; quedando incólume el resto de la Sentencia dictada en primera instancia. QUINTO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su tercer motivo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-210-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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