Sentencia CP-208-11 — Registro 2618
Resumen
Se condenó al imputado por el delito de uso de documentos falsos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."A criterio de la Censora, existe un divorcio entre la valoración probatoria realizada por la mayoría del Tribunal y el principio lógico de derivación que compone las reglas de la sana crítica, señalando que se debe a la confusión entre los trámites administrativos y la función notarial, donde en el primero el acusado, como dueño de la inversión que iba a realizar, estaba en la obligación de garantizarse su crédito exigiendo el cumplimiento de requisitos aun cuando para algunos pudiesen ser excesivos como ser el otorgamiento de una escritura pública de garantía hipotecaria y la escritura pública de poder de administración y que las alteraciones que presento el Testimonio de la escritura pública 166 no es responsabilidad del acusado, dado que él no ejerce una función notarial; cuestiona, que la mayoría del Tribunal no haya derivado de la probanza analizada en debate que era imposible considerar con certeza que el acusado J. R. A. N. era responsable del delito de Uso de Documento Falso. II. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. III. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El caso examiné, es a razón de la emisión de una sentencia condenatoria por un delito de Uso de Documento Público Falso, por cuanto la Censora no debió distraerse en su Recurso en situaciones que no gravitan alrededor del tipo penal en cuestión, entonces lo relacionado al préstamo otorgado por el señor J. R. A. N. a favor de la señora D. E. I., así como al estado de dicho préstamo, las garantías otorgadas para asegurar el mismo o la forma de ejecución de éstas resulta irrelevante para la causa, al igual que determinar si existió o no un buen o mal manejo de esa relación mercantil, o si sus participantes lo hicieron de buena o mala fe, así como si de ello resulto o no perjuicio patrimonial para una de las partes; el caso en estudio, se reduce a la existencia o no de un documento que sea de carácter público y que haya sido objeto de falsificación material, si el acusado tenía conocimiento de la falsedad del documento público y finalmente si el acusado a pesar del conocimiento que poseía, hizo uso del documento público falsificado materialmente, de ello derivan las reflexiones siguientes: 1) La Censora en el libelo de su recurso, se manifiesta de acuerdo con el criterio del Tribunal de Sentencia (F. 695), cuando señala que el Testimonio del Instrumento Público número 166 otorgado ante los oficios de la Notaria C. R. en fecha dos de septiembre del año dos mil tres(F. 201 y 220), fue adulterado por instrucciones de la propia notaria autorizante y ejecutado por la Secretaria del acusado J. R. A. N., adicionando y modificando datos que alteraron totalmente su sentido, siendo inscrito gracias a dichas modificaciones en el Registro de la Propiedad en fecha once de abril del 2005, bajo el asiento 80 del Tomo 248 del Libro de Sentencias, este hecho es constitutivo de falsificación material de documentos públicos; 2) En cuanto al conocimiento del acusado sobre la falsedad del Testimonio del Instrumento Público número 166, la mayoría del Tribunal reflexionan que dicho conocimiento está acreditado mediante prueba indiciaria que desglosa en ocho puntos (F. 702v), mismos a los que esta Sala de lo Penal no opone reparo por respetar en su construcción los principios de la lógica; considérese que toda la trama que generó el proceso penal giró alrededor del acusado J. R. A. N., así pues todas las Escrituras Públicas y los Testimonios de éstas fueron confeccionados en la oficina del acusado, dada la relación de confianza de éste con la Notaria C. R., quien fue la persona que ordenó la alteración Instrumento Público No. 166 ya tantas veces mencionado, misma que se ejecutó por la Secretaria del acusado, en la oficina del acusado, además el Poder de Administración fue otorgado al Abogado M. R., como un trámite administrativo “de rutina” dispuesto por el acusado para recuperar los fondos de los prestamos que otorgaba, el Abogado M. R. era socio de trabajo del acusado desde hace bastantes años, suma que la dación en pago hecha por el Abogado M. R. fue precisamente a favor del acusado y además que el acusado es un Profesional del Derecho, con experiencia en el otorgamiento de instrumentos públicos, todo ello sumado permitió concluir al Tribunal de Sentencia que efectivamente el acusado tenía conocimiento de la falsificación material del documento público del que se valió para obtener como pago un bien inmueble propiedad de la señora D. E.; 3) Con la certificación integra del asiento número 10 del tomo 4497 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas, que contiene el Testimonio del Instrumento Público número 26 de fecha treinta y uno de enero del año dos mil cinco (F. 226), otorgado ante la Notaria C. R., por los Abogados M. R. B. y J. R. A. N., permitió que los Juzgadores tuviesen por acreditado que el Abogado M. R. y el acusado, amparados en la información falsificada que se observaba en el Testimonio del Instrumento Público 166 (aun no inscrito para esa fecha), procedieran a celebrar contrato de dación en pago de un bien inmueble a favor del acusado; este Instrumento número 26 fue posteriormente inscrito en el Instituto de la Propiedad bajo asiento número 10 del Tomo 4497 del Registro de la propiedad. En conclusión, no existe de parte de la mayoría del Tribunal de Sentencia violación a las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba, sus razonamientos se encuentran bajo la senda que marca el recto entendimiento humano y por tanto es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala de lo Penal, contrario a lo indicado por La Censora, estima que los hechos declarados probados se ajustan al tipo penal contenido en el artículo 289, en relación al artículo 284.6 del Código Penal, primero por la existencia de un documento público el cual fue objeto de falsificación material y segundo por haber hecho uso de él en el trafico jurídico en perjuicio de la fe pública. En el hecho probado tercero se señala que el acusado J. R. A. N., tuvo conocimiento de las modificaciones que se realizaron al Testimonio de la Escritura Pública Número 166 otorgada ante los oficios de la Notaria C. R., consistentes en entrelinear el nombre de la señora D. E. I. para figurarla como compareciente, agregando además los últimos cuatro dígitos del número de identidad del Abogado M. R. B. y finalmente sustituyendo el nombre de la persona beneficiaría de la compra-venta, originalmente señalada como D. E. I., sustituyéndolo con el nombre de J. R. A. N., contrariando de esta manera lo que contenía la escritura matriz de la cual se originaba el Testimonio en referencia y que señalaba que una señora, sin señalar quien, otorgaba poder al Abogado M. R., para celebrar contrato de compra-venta de un inmueble con la señora D. E. I., por la cantidad de cincuenta mil lempiras. El Hecho Cuarto declarado probado señala que utilizando el testimonio adulterado de la Escritura Pública número 166 el Abogado M. R. B., actuando falsamente en nombre de la señora D. Espinoza I. y el Abogado J. R. A. N., actuando en nombre propio, comparecieron ante la Notaria C. R., otorgando el instrumento público número 26, donde el Abogado M. R. en su condición indicada confirió en dación de pago a favor del acusado J. R. A. N., un bien inmueble propiedad de la señora D. E. I., instrumento público que fue inscrito posteriormente en el Instituto de la Propiedad bajo el asiento número 10 del Tomo 4497 del Registro de la propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. En los dos hechos probados citados se configura el delito de Uso de Documento Público Falso, el acusado junto con el Abogado M. R., quien además es su asociado de trabajo, se valieron de un documento falso a efecto de celebrar una dación en pago de un bien inmueble propiedad de la señora D. E., por lo que la aplicación del artículo 289, en relación al artículo 284.6 del Código Penal, realizada por los Juzgadores se encuentra ajustada a Derecho. Por lo señalado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
S. P 208-2011
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO al señor J. R. A. N., a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de LA FE PUBLICA. 2) CONDENANDO al imputado señor J. R. A. N., a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo que dure la pena. 3) DECLARO la responsabilidad civil de dicho imputado; asimismo, lo declaró responsable de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito del cual es condenado. 4) NO CONDENO en costas procesales, personales, ni gasto ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada MARIA VICTORIA NAVARRETE FLORES, en su condición de Defensora del imputado J. R. A. N. SON PARTES: La Abogada MARÍA VICTORIA NAVARRETE FLORES, en su condición de Apoderada Defensora del señor J. R. A. N., como parte recurrente y el Abogado SALVADOR CUESTAS AREVALO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: En el año dos mil tres, las señoras M. M. G. y D. E. I., se avocaron a las oficinas del Abogado J. R. A. N., ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, a fin de solicitarle un préstamo. En tal virtud, el señor A. N., quien en aquél entonces era prestamista no bancario, decidió analizar la solicitud, procediendo el Abogado M. R. B., quien laboraba junto con el señor A. en el mismo bufete, a realizar una investigación Registral de un inmueble propiedad de la señora D. E. I., luego de lo cual el abogado A. N. procedió a inspeccionar el inmueble en cuestión. SEGUNDO: Luego de ello, en fecha dos de septiembre de dos mil tres, la señora D. E. I. procedió a otorgar una primera hipoteca a favor del abogado J. R. A. N. sobre un inmueble de su propiedad inscrito en el asiento número 214, del folio 411 al 413 del Tomo 276 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, la cual fue autorizada por la notaria C. R., quedando registrada en su protocolo bajo el instrumento número 165. En esa misma fecha, la notaria C. R. procedió a autorizar la escritura pública número 166, de fecha dos de septiembre del año dos mil tres, consistente en un Poder Especial de Representación y Administración, sin embargo, en la escritura matriz no se consignó el nombre de la persona que comparecía, tampoco se consignaron los últimos cuatro números de la tarjeta de identidad del señor M. R. B., quien aparecía como mandatario y se consignó que se autorizaba a éste para realizar una compraventa con la señora D. E. I., por la cantidad de Cincuenta mil lempiras, extendiéndose de igual forma el testimonio. TERCERO: Posteriormente, con el conocimiento del señor A. N. y en la oficina de éste, se procedió a entrelinear en el testimonio de la escritura número 166 el nombre de la señora D. E. I., a quien se colocó como compareciente, se agregaron os cuatro últimos dígitos de la tarjeta de identidad del señor M. R. B. y se estableció que Se autorizaba a éste para realizar una compraventa con el señor J. A. N., contrario a lo que se establecía en la Escritura Matriz en la que se indicaba que era con la señora D. E. I. Estas situaciones no se consignaron en la escritura matriz que obraba en el protocolo de la notaria C. R. CUARTO: Con los agregados anteriormente indicados, en fecha treinta y uno de Enero del año dos mil cinco, el señor M. R. B., actuando en representación de la señora D. E. I., a pesar de que la escritura número 166 no había sido registrada puesto que ésta fue inscrita en e Registro de la Propiedad hasta el once de abril del año dos mil cinco, procedió a realizar junto con el señor J. R. A. N. un contrato de Dación en Pago sobre el inmueble propiedad de la señora D. E. I., descrito en la cláusula primera de estos hechos probados, amparándose para ello el señor M. R. B. en el instrumento No. 166, no obstante que ambos otorgantes tenían conocimiento de los agregados que se habían realizado al escrito de poder y que no se habían consignado en el protocolo de la notario y con el pleno conocimiento de que el Poder de Administración No. 166 indicaba que se autorizaba al señor M. R. B. para que diera en compraventa el inmueble y no para que lo diera en pago. Dicha escritura de Dación en Pago fue autorizada por la notario C. R. y la cual quedó registrada en su protocolo con el número 26, misma que fue inscrita el veinticinco de Julio del año dos mil cinco, quedando registrada la propiedad a nombre del señor J. R. A. N. bajo el asiento número 10 del Tomo 4497 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán.” CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada MARIA VICTORIA NAVARRETE FLORES, en su condición de Apoderada Defensora del señor J. R. A. N., reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. la Abogada recurrente MARIA VICTORIA NAVARRETE FLORES, en su condición de Apoderada Defensora del señor J. R. A. N., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: ”CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO UNICO. Infracción por aplicación indebida del artículo 289 en relación con el 284, en todo su contenido, a excepción del último párrafo, y en relación con el artículo 13, en la parte que a continuación se transcribe: “El delito necesariamente debe ser doloso o culposo.”, los tres del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal, en la parte que a continuación se trascribe; “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley ..., cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal ... de carácter sustantivo,….“ EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Según la teoría general del delito, el elemento básico de todo delito es una acción humana. Resulta que en los hechos que fueron declarados probados en la sentencia recurrida, los que antes han sido trascritos íntegramente y los que aceptó como verdad para los efectos de este recurso, la acción en que se hace consistir el delito de falsificación se contrae, según el ordinal tercero de la declaración de hechos probados, a la siguiente: en la oficina de A. N. se procedió a entrelinear en el testimonio de la escritura número 166 (del Protocolo de la Notaria C. R. el nombre de la señora D. E. I. a quien se colocó, como compareciente, y entrelinearon también los cuatro últimos dígitos de la tarjeta de identidad del señor M. R. B. Pero resulta que quien firmó la escritura matriz fue precisamente la señora E. I., lo cual fue reconocido por ella y por su hija M. M. G., además de que su firma y su huella digital fueron puestas por ella, según prueba pericial evacuada durante el juicio, o sea que al entrelinear el nombre de la señora E. I., lo que se hizo fue superar una omisión atribuible a descuido al momento de escribirse la escritura matriz. Luego, si confrontamos la conducta consistente en ese entrelineamiento, con el artículo 284 del Código Penal, queda claro que tal comportamiento no está comprendido en ninguna de las nueve hipótesis previstas en ese precepto penal. O sea que el comportamiento que se ha relacionado no se subsume en el precepto penal que podría ser el aplicable al caso. Además, hablando del dolo sabemos que consiste en saber lo que se hace y querer hacerlo, es decir, que para que haya dolo debe concurrir conocimiento de lo que se va a hacer y voluntad de hacerlo; ese conocimiento de lo que se va a hacer debe comprender el saber que se trata de un comportamiento prohibido por lo dañoso, y la voluntad debe consistir en la decisión de realizar la acción de que se trata a pesar del conocimiento anteriormente señalado. Tratándose del entrelineamiento en que se hace consistir el delito de falsificación, está claro que no se dan esos elementos subjetivos del dolo, porque no encerraba el propósito de causar daño a ninguna persona. O sea, pues, que de los hechos declarados probados en el fallo que se está impugnando, no resulta que se haya cometido el delito de falsificación de documentos públicos. Y, consecuentemente, no puede hablarse de que el imputado A. N. haya hecho uso de un documento falso. Pero, además, no se declara probado, de manera clara y terminante, en qué momento el señor A. N. hizo uso de documento falso y para qué, sin señalarse de manera expresa, obviamente, cuál es el documento viciado de falsedad del que él hizo supuestamente usó. Tenemos, en conclusión, que en esa declaración de hechos probados no aparece que él haya incurrido en la conducta prevista en el artículo 289 del Código Penal, y, no obstante ello, se le condena dándole aplicación a ese precepto penal; queda claro entonces que, partiendo de los hechos probados en que se funda la sentencia el precepto últimamente citado fue infringido por aplicación indebida, en relación con el 284 del mismo Código en el que se define el delito de falsificación de documentos públicos, y en relación, también con el artículo 13 de mencionado ordenamiento, en la parte que se trascribe en el planteamiento del motivo, en el que se exige La concurrencia de dolo o culpa en todo delito; de la culpa no cabe hablar porque en nuestra legislación no existe la falsificación culposa; e, insistiendo, ya hemos visto que no aparece configurado ese elemento subjetivo del delito, en la declaración de hechos probados que al principio se trascribe. Así se configura plenamente el motivo de casación en el fondo que ha sido objeto de esta explicación.” III. LA ABOGADA RECURRENTE MANIFESTÓ EN SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA LO SIGUIENTE:” MOTIVO PRIMERO. La declaración de hechos probados contenida en La sentencia de que se recurre no es clara ni terminante, en infracción de lo que dispone el artículo 338, regla cuarta, numeral 1, del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral uno, en la última parte, del Código Procesal Penal; en la parte que se lee así: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: ... 1. Que... la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados... no sea clara y terminante...“ EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La claridad de la declaración de hechos probados exige, en primer lugar, que el lenguaje se use con propiedad, vale decir dándole a cada término el sentido correcto, y, en segundo, que siendo una actuación procesal regida por la ley, las palabras sean empleadas en el sentido que corresponde al lenguaje jurídico, sin incluir, obviamente, conceptos jurídicos que impliquen predeterminación del fallo. Por otra parte, para considerar que una declaración de hechos probados es clara, debe estar redactada en una forma tal que sea entendible con la simple lectura solamente de ella, sin ningún esfuerzo y sin que haya necesidad de consultar otros pasajes de la sentencia o del proceso todo; debe ser redactada, pues, de manera que quien la lea comprenda de inmediato, con la mera lectura de la declaración y sin ninguna otra consulta, qué fue lo que ocurrió en cuanto a los hechos que se pretende relacionar en la declaración.-Ahora, en cuanto a la calidad de terminante, que se exige también para la declaración de hechos probados, tenemos que es una categoría que se complementa con la conceptualización de claridad y se integra con la misma. El significado de “terminante”, según el Maestro Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, es el siguiente: “Claro, concluyente, definitivo. Se refiere con frecuencia a las disposiciones legales, contractuales o testamentarias, que no permitan interpretación fuera de la literal ni tergiversación, dado su preciso texto.” De ese concepto, aplicado a la declaración de hechos probados, se desprende, corroborando lo que expuse con respecto a la claridad, que para entender una declaración de hechos probados, no puede salirse del texto de [a misma, sin que quepa otra interpretación que la que resulte de sus propios términos. Se impone, entonces, que veamos, ahora, si la declaración de hechos probados que se contiene en el fallo de que estoy recurriendo, reúne las calidades de claridad y de ser terminante que permita determinar de manera directa, con solo leerla, qué fue lo que realmente acaeció, en una secuencia lógica. Nada de eso es posible. Es indiscutible que tal declaración ni es ni clara ni es terminante. Basta, para demostrarlo con señalar que no se declara probado cuál es el documento del que hizo uso, a sabiendas de su falsedad, el Abogado Abrego Navarrete; ni se declara probado, tampoco en qué momento hizo uso del supuesto documento falso y con qué propósito. Y hay más, en el ordinal tercero de la declaración de hechos probados de la sentencia, donde aparentemente se pretende dar por acreditado el hecho de la falsificación de determinado documento, no se declara probado ningún hecho que pueda subsumirse en alguna de las nueve hipótesis contenidas en el artículo 284 del Código Penal, que es el precepto en que se describen las conductas constitutivas del delito de falsificación de documentos. Por otra parte, en el ordinal cuarto de la declaración de hechos probados arriba trascrita no se declara acreditado de manera clara y terminante que el señor Abrego Navarrete, al realizar determinada acción y a sabiendas, hizo uso de un documento falso. En conclusión, es más que evidente la falta de claridad y de la calidad de terminante, en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida, y con ello se contigua plenamente el motivo de casación en la forma que así terminó de explicar. De haberse hecho una relación clara y terminante, habría saltado a la luz con toda evidencia que en este caso no se ha cometido ningún ilícito penal. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el vicio en qué consiste el motivo, porque éste se produjo en el pronunciamiento mismo de la sentencia que estoy impugnando.” IV. LA ABOGADA RECURRENTE MANIFIESTA EN SU MOTIVO SEGUNDO: “Haber incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica, con inobservancia a su vez de lo dispuesto en los artículos 202, 336 y 338, regla cuarta, numeral 2, del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación en la forma se encuentra comprendido en el artículo 362, preámbulo y numeral 3, del Código Procesal Penal, en la parte que se lee así: “Que... en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Art. 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por su parte, el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Así, el artículo 338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juez sentenciador. “Valoración de la prueba, seguidamente, se expresará las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados. En la fundamentación probatoria, en su fase intelectiva, el juzgador debe explicar porqué un medio de probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada. Sobre esta operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación de esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en su artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica constituye la especie dentro del género conocido como fundamentación. La Honorable Corte Suprema de Justicia, tiene claro que el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, el juzgador no tiene reglas legales que le establece el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: El juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de La causa valorando la eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. ALCANCE DEL RECURSO. El presente recurso va dirigido a que se observe y se establezca la injusta sentencia dictada contra el ciudadano J. R. A. N., por considerarse responsable de la comisión del delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de la FE PUBICA, en tal razón el desarrollo del recurso se dirigirá a realizar una fundada crítica, a la errónea interpretación probatoria que se ha efectuado por la mayoría el Tribunal, de los medios de prueba de cargo, que han servido para obtener dicha sentencia, por lo que, la declaratoria de su inocencia por el delito atribuido según los cargos establecidos en su contra en relación a J. R. A. N., se respeta en esta impugnación. INDICACIÓN DEL VICIO. 1. Dentro de las reglas de la lógica, a las que debe sujetarse el juzgador en la valoración de la prueba, según lo exige los artículos señalados, aparece la característica de la DERIVACION: (Fernando de la Rúa conocido ampliamente por ese Tribunal Supremo). El recurso de casación penal, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual, “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. Para ello la motivación debe ser concordante: A cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se puede inferir aquella. Asimismo, dentro de las reglas lógicas empleadas, se debe observar la nota esencial de Coherencia, según la cual la motivación lógica debe estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, de tal suerte que debe ser no contradictoria, es decir, que no se empleen juicios contrastantes entre si y se anulen. 2. Al pretender obtener del Honorable Tribunal de Casación la revisión de la sentencia por la infracción de los principios lógicos aludidos, resulta de vital importancia que la Sala de lo Penal proceda a realizar un análisis crítico de la valoración de la prueba efectuada por el juzgador recurrido, en tal sentido que en esa labor debe analizar la información proveída de los medios de prueba, que en el presente caso han servido para condenar, y a su vez, partiendo de esa información obtenida, determinar si la misma es suficiente para establecer con certeza (requisito indispensable para emitir sentencia de condena), que el hecho ha ocurrido, y que el procesado ha tenido participación del mismo. En ese ejercicio valorativo que se haga El Tribunal de Alzada deberá tener siempre presente, que en caso que esos medios de prueba dejen entrever la duda sobre los elementos indicados, deberá anularse la sentencia, para que opere el reenvío. PRUEBA QUE HA SERVIDO AL TRIBUNAL PARA CONDENAR. a. Declaración de la señora D. E. I. b. Declaración de la señora M. M. G. c. Certificado de Asiento Registral número 43 del tomo 4108 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas, que corre agregado a folio 212, extendida en 8 de enero del 2008. En el Asiento antes citado se encuentra registrado el Instrumento Público Número 165, autorizado por la Notaria C. R., de fecha 2 de Septiembre del 2003. Comparecieron los señores D. E. I. y J. R. A. N., el objeto del contrato Constitución de una Apertura de Crédito que el señor A. otorgó a la señora E. I. por la suma de Lps.160.000.00, este crédito fue ampliado según Instrumento Público Número 283, en la cantidad de Lps. 80,000.00, más el pago a Banco Lafise por la suma de Lps. 336,081.08. d.-Certificado de Asiento Número 80 del Tomo 248 del Libro de Sentencia, que corre agregado a folio 220, extendido en fecha 8 de enero del año 2008. En dicho asiento se encuentra registrado el Instrumento Número 166, el cual fue extendido el 2 de septiembre del año 2003, autorizado por la Notaria C. R. En el Testimonio de escritura pública no se consignó el compareciente pero hay un entrelineado en el que se lee D. E. I. otorga Poder Especial de Representación y Administración al señor M. R. B. e. Certificación del Asiento número 15 del Tomo 4392 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas, extendida en fecha 8 de enero del 2008, corre agregada a folio 232. En este asiento se encuentra registrado el Instrumento número 283, extendido en fecha 7 de septiembre del año 2004, autorizado por la Notaria C. R. Los comparecientes son D. E. I. y J. R. A. N. El objeto del contrato Ampliación del Crédito por la cantidad de Lps. 80,000.00, el cual se regiría por las mismas condiciones del contrato original.f.-Copia Certificada o Certificación Integra del Asiento Número 10 del Tomo 4497 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas, al cual corre agregada a folio 26. El asiento contiene la Inscripción del Instrumento 26, extendida en fecha 31 de enero del año 2005, autorizada por la Notaria C. R., los comparecientes son M. R. B., quien actúa en su condición de representante de la señora D. E. I., según Poder de Representación y Administración, que se desprende de la Escritura número 166 de fecha 2 de Septiembre del 2003, autorizada por la misma Notaria en donde consta las facultades que tiene para realizar ese acto, inscrita bajo el No. 80 del Tomo 248 del registro de la Propiedad y Mercantil de sentencias de este departamento, asimismo comparece el señor A. N.- g. Dictamen Pericial rendido por Mario Enrique Valladares Ponce. h. Dictamen Pericial rendido por Luis Efrén Tellez Núñez. i. Declaración testifical de la Notaria C. R. j. Declaración Testifical de M. R. B. k.Copia Autenticada del número cuenta 5050000751 que se encuentra a folio 648. Cheque número 661 de fecha 6 de septiembre del 2005, librado contra la cuenta número 5050000751 abierta en BGA a favor de J. R. A. N., dicho cheque extendido a favor de Banco Lafise por la cantidad de L.336,081.08.-1. Dos recibos extendidos por Banco Futuro, que obran a folios 650 y 651. El primero de fecha 6 de septiembre del 2005, en el que se indica que recibió de la señora M. M. G. E. la cantidad de Lps. 280,024.00 en concepto de cancelación total del préstamo No. 610101010805 y el segundo recibo extendido por Banco Lafise en fecha 6 de septiembre del 2005, en el que se indica que se recibió de la señora M. M. G. E. la cantidad de Lps. 268,701.01 y relaciona que el número de préstamo es 61001-01-010805-0. m.-Constancia extendida por Banco Lafise, folio 652 de fecha 6 de septiembre del 2005, indicando que la señora M. M. G. E. mantiene préstamo con dicho Banco identificado con el número 610-101010805 y que a esa fecha adeuda la suma de Lps. 336,081.08 en concepto de capital e intereses. Si se analiza detenidamente la prueba aportada al proceso de forma clara y precisa el Tribunal recurrido en su sentencia, hace una Derivación infundada, por cuanto atribuye responsabilidad del delito de Uso de Documento falso al señor J. R. A. N., atendiendo tal circunstancia en su Hecho Probado Tercero: el cual dice, “que posteriormente con el conocimiento del señor A. N. y en su oficina, se procedió a entrelinear en el Testimonio de la Escritura número 166 el nombre de la señora D. E. I., a quien se colocó como compareciente, se agregan los cuatro dígitos de la tarjeta de identidad del señor M. R. B. y se establece que se autorizaba a éste para realizar una compra venta con el señor A. N., contrario a lo que se establecía en la escritura matriz, en la que se indicaba que era con la señora E. I., estas situaciones no se indicaron en la escritura matriz” y en su Hecho Probado Cuarto: dice: “Con los agregados anteriormente indicados en fecha 31 de enero del año 2005, el señor M. R. B., actuando en representación de la señora D. E. I., a pesar que la escritura Pública número 166 no había sido registrada puesto que fue inscrita en el Registro de la Propiedad hasta el once de abril del 2005, procedió a realizar junto con el señor J. R. A. N. un Contrato de Dación en Pago sobre el inmueble propiedad de la señora D. E. I. “. Esos hechos nos conducen como una verdad real expuesta por el juzgador, que el imputado conocía de las alteraciones del Instrumento Público número 166, aseveraciones que son totalmente contradictorias, por lo siguiente: a. En el Instrumento Público número 165, autorizado por la Notaria C. R., en fecha 2 de septiembre del año 2003, el señor A. N., constituyó un contrato de Apertura de Crédito favor de la señora D. E. I., por la suma de Lps. 160,000.00, estableciéndose en las cláusulas de dicho documento que en caso de mora del deudor, el procedimiento para hacer efectivo la obligación contraída, era por la vía judicial o por trámite extrajudicial, por lo que se firmaron la escritura de Crédito y el Poder Especial de Administración ante la misma Notaria, el mismo día de su autorización. b. El Instrumento público número 166 de fecha 2 de septiembre del año 2003, autorizada por la Notaria R., Poder de Administración, presentaba adulteraciones. c. El testigo M. R. B., declara que los requisitos que exigía la Empresa para otorgar un préstamo hipotecario, era, llevar la fotocopia de la escritura, los recibos de agua, luz eléctrica del inmueble que se pretende dar en garantía, el estado de cuenta de bienes inmuebles, desde el momento que la persona entrega los documentos, se le pone en conocimiento que es requisito indispensable para el otorgamiento del préstamo, que tiene que otorgar Escritura de Hipoteca y al mismo tiempo firmar Poder de Representación a favor de un tercero, que el señor A. no tuvo conocimiento del entrelineado de la escritura de Poder General de Administración y que una vez que califica al cliente para que se le otorgue un préstamo, el señor A. hace inspección del inmueble. De las pruebas expuestas, se deduce que el Tribunal recurrido en su sentencia, confunde los trámites eminentemente administrativos, con la función Notarial, en el trámite administrativo el señor A. N., como dueño de la inversión que iba a realizar, estaba en la obligación de garantizarse su crédito, exigiendo requisitos que algunos pudieran calificarse como excesivos, tales como Escritura Pública de Garantía Hipotecaria y Poder de Administración. Este último a favor de un tercero, la primera conducta atribuida al acusado es distinta a tener conocimiento del uso de un documento falso, por lógica elemental el encausado no pudo tener conocimiento del documento adulterado, cuando es indispensable para llevar a cabo una transacción financiera, exige como uno de los requisitos para otorgar un préstamo, que el garante hipotecario debe firmar a favor de un tercero un Poder de Administración, para que represente al deudor en caso de mora, por tal razón en los dictámenes periciales rendidos por los técnicos señores Mario Enrique Valladares Ponce y Luis Efren Tellez Núñez, a los documentos Instrumentos Públicos Números 165 y 166, en ningún momento aseveran que la firma puesta en dichos documentos por la señora D. E. I., es falsa, pruebas que el Tribunal aprecia, pero al momento de su conclusión, hace derivaciones equivocadas, también se cuestiona que el Documento Poder Especial de Administración a favor de M. R. B., se inscribió en el registro después que había efectuado la Dación en Pago a favor del señor A., la Ley de Notariado de esa fecha daba como válidos todos los actos y contratos realizados por las personas que ostentaba dicho poder y su inscripción era con el único fin de hacer efecto contra terceros y no contra las partes. En cuanto a la responsabilidad Notarial, La ley de Notariado del año 1993, en su artículo 9 nos dice. “Son obligaciones del Notario. lo. Extender los Instrumentos Públicos con arreglo a las prescripciones legales y de acuerdo con las instrucciones que de palabra o por escrito les dieren los otorgantes”, en el Instrumento Público número 165, los señores D. E. I. y J. R. A. N., instruyeron a La Notaria C. R. la constitución de un Contrato de Apertura de Crédito por valor de Lps. 160,000.00 y el otorgamiento de un Poder de Administración a favor de un tercero, ambos documentos, uno de ellos el número 166 presentó adulteraciones, no era responsabilidad de los contratantes, pues ellos no ejercen La función notarial, extremos que son considerados en su análisis por el Tribunal de Sentencia, pero al momento de derivar sus conclusiones hace un análisis equivocado. Es de rescatar el criterio de la Jueza disidente Abogada JOCELYN MARIE DONAIRE FERNANDEZ, integrante del Tribunal recurrido, cuando en su VOTO PARTICULAR, manifiesta “que las declaraciones de los señores M. R. y la Notaria C. R., en conjunto con la prueba aportada ha quedado claro que el documento de poder otorgado al Abogado M. R. fue alterado, pues del contraste de los documentos es posible apreciar que el testimonio del Poder de Administración número 166 tiene información que no estaba originalmente contenida en la Matriz o Instrumento redactado por la Notaria C. R., situación que quedó debidamente explicada a través de los testigos antes mencionados, quienes de manera congruente manifestaron que fue al momento en que el Poder de Administración número 166 presentó problemas para su Registro que se notificó de ello al Abogado M. R. y la Abogada C. R., quienes a su vez de manera verbal y por vía telefónica, autorizó a que se hicieran las enmiendas del Testimonio de Escritura Pública. Asimismo destaca en su VOTO PARTICULAR que para emitir una sentencia condenatoria no basta con establecer la existencia de un hecho típico, sino también tener acreditada la autoría y en ese aspecto, contrario al criterio de la mayoría, la suscrita Juez considera que la prueba no resultó suficiente para establecer al acusado como responsable de USO DE UN DOCUMENTO FALSO regulado a través del artículo 289 del Código Penal por el cual es condenado”. Al respecto cabe destacar que la Ley de Notariado año 1993, establecía, que la información que la Notaría redacta debe ir conforme a la voluntad expresa de la persona otorgante....“ Esos Argumentos fueron expuestos anteriormente en la formalización de este motivo, por lo que consideramos que con estas apreciaciones probatorias, sustentadas en razonamientos basados en la lógica y sentido común, resulta cuestionable que el Tribunal por mayoría de Votos no haya derivado de la probanza analizada en su conjunto que era imposible considerar con certeza que J. R. A. N. como responsable de la comisión del ilícito de USO DE DOCUMENTO FALSO, cuando dicha infracción no ha resultado probada con las características de verdad indubitable que exige la ley para emitir un fallo de condena. Por ello refleja la violación del principio lógico de la DERIVACION, así como la no observancia de las reglas de la Experiencia, y a su vez ha provocado que el Juzgador haya errado en establecer la conclusión positiva de culpabilidad del imputado sobre la realización del delito acusado, puesto que de haberse aplicado debidamente las reglas de la sana crítica, como lo exigen los artículos 202. 336 y 338 del Código Procesal Penal, lo menos que se extrae es la duda sobre la efectiva realización de la infracción, por lo que ha decidido la condena, y sobre la intervención en la misma por parte de aquel, ya que si, según la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, no es posible en el presente caso confiar con CERTEZA en la información que extrae el Tribunal de las pruebas aportadas. Resulta imposible que el Tribunal haya arribado al estado intelectual de CERTEZA, sobre su comprobación e intervención en él por J. R. A. N., que es el único que legítima el dictado de una sentencia condenatoria por dicho delito; y ante esa imposibilidad, en aplicación del artículo 339 Código Procesal Penal, debió absolverle por imperar duda razonable. Por ello, ante la existencia del vicio desarrollado, se hace imperante la anulación de lo resuelto para que opere el reenvío, como único remedio para subsanar el defecto procesal. Como el vicio descrito ha ocurrido en el acto de dictarse la sentencia, no pudo hacerse un reclamo oportuno en contra del mismo”. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA ABOGADA MARÍA VICTORIA NAVARRETE, DEFENSORA PRIVADA EL ACUSADO J. R. A. N., EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, ALEGANDO ERRÓNEA APLICACIÓN 289, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 284 POR INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 13, TODOS DEL CÓDIGO PENAL; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma, se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De lo anterior, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II. La Censora explica a este Tribunal el argumento en que sustenta su Recurso, señalando que resultó probado mediante la prueba pericial que la señora E. I. fue la persona que firmó la escritura matriz (sin señalar cual de ellas) y si se confronta la conducta consistente en ese intrelineamiento (sin indicar que interlineado) con el artículo 284 del Código Penal, queda claro que tal comportamiento no está comprendido en ninguna de las nueve hipótesis previstas; agrega, que el entrelineado en que se sustenta el pronunciamiento condenatorio no constituye elemento subjetivo, es decir dolo, porque el mismo no encerró el propósito de causar daño a ninguna persona; reflexiona que los hechos declarados probados no señalan en qué momento el acusado hizo uso de un documento falso y para qué; concluye, que la declaración de hechos probados no aparece que el acusado haya incurrido en la conducta prevista en el artículo 289 del Código Penal. III. En su desarrollo histórico, la sociedad ha creado signos, señas, claves y registros de manifestaciones humanas a los que ha atribuido un significado de fuerza de verdad y/o legitimidad, y que han permitido entablar y agilizar una serie de relaciones humanas con la confianza necesaria entre las partes interesadas y frente a terceros, esa confianza es la Fe Pública; esos signos, señales, claves y registros de manifestaciones humanas, representan una verdad formal de la que hacen prueba, permitiendo su tráfico entre las relaciones personales al amparo del crédito atribuido a éstos, es pues que sin la fe pública no existiría esa confianza y las relaciones sociales se verían atrofiadas por la falta de credibilidad, generando desconfianza entre los semejantes, incertidumbre, falta de seguridad jurídica y en general desorganización social. La significancia atribuida a los signos, señas, claves y registro de manifestaciones humanas puede derivar de la fe pública social o de la fe pública estatal: la primera tiene su amparo a la buena fe de los individuos en sus relaciones sociales en los que no tiene intervención el Estado, mientras la segunda tiene su amparo ya sea porque el Estado haya autorizado a particulares para dar fe sobre hechos, actos o convenciones realizadas por miembros de la sociedad en pro de sus intereses personales o porque sea el propio Estado el encargado de la elaboración de esos signos, claves, señales y registros de manifestaciones humanas por conducto de sus funcionarios a los que inviste de fe pública por delegación de la ley. Para efecto de proteger la Fe Pública, el legislador ha creado una serie de tipos penales en pro de defensa de éste bien jurídico, a los que agrupa en el título IX del Libro Segundo del Código Penal, entre los cuales se encuentra la Falsificación de Documentos Públicos y el Uso de Documento Falso, contenidos en los artículos 284 y 289 respectivamente, lo que obliga a estudiar quienes son funcionario público, que es un documento, cuando es de carácter público y como puede ser objeto de falsificación; 1) Se consideran funcionario públicos los comprendidos en el artículo 393 del Código Penal; 2) Documento en general es todo aquello en donde queda plasmado una expresión humana, explicando Cuello Calon[1], que para efectos legales deberá de reunir los siguientes elementos: a) Ha de ser Escrito: Confeccionado con caracteres alfabéticos, numéricos o taquigráficos, aptos para expresar el pensamiento humano y que puedan ser explicados e interpretados por otros; b) Ha de estar escrito en cosa mueble; c) Autor Identificado o Identificable; y d) Apto para producir efectos jurídicos; 3) Son documentos públicos aquellos que determina el Código Procesal Civil en su artículo 271[2]; 4) El documento público puede ser adulterado por la falsificación material o por la falsedad ideológica: a) La Falsificación material acontece cuando existiendo de previo un documento público legítimo se procede a alterar el mismo agregando, borrando o cambiando datos contenidos en él, de modo que sufra modificación en su sentido o significado; b) La Falsedad Ideológica puede producirse de dos maneras: i) Por Veracidad: Cuando en la confección del documento público, el funcionario público encargado de su elaboración agrega, omite o tergiversa datos distintos a la realidad, cambiándole el significado o sentido del documento; ii) Por Legitimidad: Cuando el documento que es considerado de carácter público por suponer estar dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil, en realidad haya sido confeccionado por una persona distinta al funcionario público autorizado por la ley. Los conceptos anteriores están comprendidos en el tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos indicando el artículo 284 del Código Penal que “Será sancionado con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1) Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rubrica; 2) Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido; 3) Atribuyendo a las que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho; 4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos; 5) Alterando las fechas y cantidades verdaderas; 6) Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido; 7) Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original; 8) Intercalando indebidamente cualquier escritura en un protocolo, registro o libro oficial; y 9) Destruyendo, mutilando, suprimiendo u ocultando un documento.” Son elementos objetivos del tipo penal en cuestión: a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b) Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras como guardador de la fe pública estatal; c) Objeto material del delito es un documento de carácter público, catalogado así por estar comprendido dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso hacer en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero; d) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, descrito en el tipo penal mediante nueve supuestos de hecho, cada uno constitutivo de un delito independiente: Los supuestos de los numerales 1, 5, 6 y 8 están dentro de las falsificaciones materiales, los supuestos de los numerales 2 y 3 están dentro de la falsedad ideológica, los supuestos de los numerales 4 y 7 pueden ser cometidos de ambas maneras, y el supuesto del numeral 9 en realidad no se ajusta al concepto de falsificación material o falsedad ideológica, sino que implica la destrucción total o parcial de dicho documento, así como su ocultamiento, que se castiga bajo la pena indicada en el artículo 284 del Código Penal; e) La Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción principal de tres (3) a nueve (9) años de reclusión, a la que debe de sumarse la inhabilitación absoluta de dos (2) a diez (10) años cuando se trate de un delito de falsificación material o falsedad ideológica por veracidad de un documento público cuya autoría sea de un funcionario público quien lo haya ejecutado con abuso de su cargo, que no es más que el documento haya sido confeccionado con ocasión del ejercicio del cargo público, conforme lo ordena el artículo 290 del Código Penal. Como acotación adicional debe de mencionarse que es aplicable el artículo 290 del Código Penal al Notario Público quien para efectos penales también es un funcionario público, al realizar una función por delegación del Estado, quien en definitiva es el originario de la fe pública, debiendo ajustar su actuar a las directrices del Estado y someterse a su supervisión, a través de la Contraloría del Notariado del Poder Judicial[3], conclusión que se desprende del artículo 1 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, 2, 3 y 5 del Código del Notariado y 393 del Código Penal. Como elemento subjetivo el tipo penal de falsificación de documentos públicos es el dolo falsario consistente en la conciencia y voluntad de representar como verdadero algo que no lo es (Ver sentencia del 11 de junio del 2009 en Exp 040-2008). Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos: A) Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Compuesto: Ya que describe varios modelos de comportamiento, cada uno capaz de configurar un delito independiente; B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la falsificación de documento público; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal cerrado porque los supuestos de hecho determinan con precisión las circunstancias típicas, de tal manera que las conductas prohibidas se desprende con claridad en los nueve numerales de la norma; C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la fe pública; ii) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. Como delito relacionado a la Falsificación de Documentos Públicos, encontramos el delito de Uso de Documento Público Falso, contenido en el artículo 289 del Código Penal que establece que constituye delito cuando una persona teniendo conocimiento previo de la falsedad de un documento público, hace uso de él en el tráfico jurídico, es pues que para la existencia de este delito debe de concurrir los siguientes requisitos: 1) Existencia previa de un documento público falso, en los términos de los artículos 284 del Código Penal; 2) Que el autor del delito tenga conocimiento previo respecto a la falsedad del documento público (Elemento subjetivo); 3) Que el documento público sea utilizado en el tráfico jurídico inherentes a las relaciones sociales; y 4) Que el autor del uso de documento público falso no haya tenido participación alguna en la falsificación del documento público. IV. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO: La Sala de lo Penal, contrario a lo indicado por La Censora, estima que los hechos declarados probados se ajustan al tipo penal contenido en el artículo 289, en relación al artículo 284.6 del Código Penal, primero por la existencia de un documento público el cual fue objeto de falsificación material y segundo por haber hecho uso de él en el trafico jurídico en perjuicio de la fe pública. En el hecho probado tercero se señala que el acusado J. R. A. N., tuvo conocimiento de las modificaciones que se realizaron al Testimonio de la Escritura Pública Número 166 otorgada ante los oficios de la Notaria C. R., consistentes en entrelinear el nombre de la señora D. E. I. para figurarla como compareciente, agregando además los últimos cuatro dígitos del número de identidad del Abogado M. R. B. y finalmente sustituyendo el nombre de la persona beneficiaría de la compra-venta, originalmente señalada como D. E. I., sustituyéndolo con el nombre de J. R. A. N., contrariando de esta manera lo que contenía la escritura matriz de la cual se originaba el Testimonio en referencia y que señalaba que una señora, sin señalar quien, otorgaba poder al Abogado M. R., para celebrar contrato de compra-venta de un inmueble con la señora D. E. I., por la cantidad de cincuenta mil lempiras. El Hecho Cuarto declarado probado señala que utilizando el testimonio adulterado de la Escritura Pública número 166 el Abogado M. R. B., actuando falsamente en nombre de la señora D. Espinoza I. y el Abogado J. R. A. N., actuando en nombre propio, comparecieron ante la Notaria C. R., otorgando el instrumento público número 26, donde el Abogado M. R. en su condición indicada confirió en dación de pago a favor del acusado J. R. A. N., un bien inmueble propiedad de la señora D. E. I., instrumento público que fue inscrito posteriormente en el Instituto de la Propiedad bajo el asiento número 10 del Tomo 4497 del Registro de la propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán. En los dos hechos probados citados se configura el delito de Uso de Documento Público Falso, el acusado junto con el Abogado M. R., quien además es su asociado de trabajo, se valieron de un documento falso a efecto de celebrar una dación en pago de un bien inmueble propiedad de la señora D. E., por lo que la aplicación del artículo 289, en relación al artículo 284.6 del Código Penal, realizada por los Juzgadores se encuentra ajustada a Derecho. Por lo señalado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA ABOGADA MARÍA VICTORIA NAVARRETE FLORES, A FAVOR DEL ACUSADO J. R. A. N. Y CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL ONCE. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. La recurrente, divide su agravio en dos motivos de casación por Quebrantamiento de Forma, en busca de que la sentencia impugnada sea declarada como invalida: 1) Señala que los hechos declarados probados adolecen de claridad y terminancia; y 2) Indica que la valoración de la prueba fue realizada con violación a las reglas de la sana crítica. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DENUNCIANDO QUE LOS HECHOS PROBADOS NO SON CLAROS NI TERMINANTES. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.1, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 338 REGLA CUARTA NUMERAL PRIMERO, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Indica la recurrente que los hechos declarados probados no cumplen con la exigencia del artículo 338 regla cuarta numeral primero del Código Procesal Penal, debido que en ellos no se determina cual es el documento que hizo uso el acusado, tampoco se declara en qué momento usó tal documento y con qué propósito, tampoco se declara que el acusado hizo uso del documento falso a sabiendas de tal condición. II. Conviene indicar que los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del hecho; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma, que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1) Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato; 2) Requisitos de Fondo: a) Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010, en el Exp 377-2008), “… supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Sentencia de fecha 28 de octubre del 2010, en el Exp 129-2009); b) Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c) Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre del 2010, en el Exp 920-2009). III. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El Factum de la sentencia esta relatado en cuatro hechos probados, los dos últimos contienen la descripción del tipo penal por el cual fue encontrado culpable el acusado. Tal como se señalara en el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el objeto del delito de falsificación lo constituyó el testimonio de la escritura pública número 166 otorgada por la Notaria C. R. en fecha dos de septiembre del año dos mil tres (hecho probado segundo), misma que con conocimiento del acusado fue objeto de adulteración, agregando y sustituyendo datos relevantes que modificaron su sentido (hecho probado tercero), éste documento público falso fue utilizado como instrumento por el acusado y un tercero, para efectos de otorgar otro instrumento público que fue posteriormente inscrito en el Instituto de la Propiedad (hecho probado cuarto); es pues que no existe falta de claridad o terminancia en el factum, los Juzgadores realizaron una construcción clara de los hechos que consideraron probados, redactándolos de manera terminante y coherente. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. A criterio de la Censora, existe un divorcio entre la valoración probatoria realizada por la mayoría del Tribunal y el principio lógico de derivación que compone las reglas de la sana crítica, señalando que se debe a la confusión entre los trámites administrativos y la función notarial, donde en el primero el acusado, como dueño de la inversión que iba a realizar, estaba en la obligación de garantizarse su crédito exigiendo el cumplimiento de requisitos aun cuando para algunos pudiesen ser excesivos como ser el otorgamiento de una escritura pública de garantía hipotecaria y la escritura pública de poder de administración y que las alteraciones que presento el Testimonio de la escritura pública 166 no es responsabilidad del acusado, dado que él no ejerce una función notarial; cuestiona, que la mayoría del Tribunal no haya derivado de la probanza analizada en debate que era imposible considerar con certeza que el acusado J. R. A. N. era responsable del delito de Uso de Documento Falso. II. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. III. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El caso examiné, es a razón de la emisión de una sentencia condenatoria por un delito de Uso de Documento Público Falso, por cuanto la Censora no debió distraerse en su Recurso en situaciones que no gravitan alrededor del tipo penal en cuestión, entonces lo relacionado al préstamo otorgado por el señor J. R. A. N. a favor de la señora D. E. I., así como al estado de dicho préstamo, las garantías otorgadas para asegurar el mismo o la forma de ejecución de éstas resulta irrelevante para la causa, al igual que determinar si existió o no un buen o mal manejo de esa relación mercantil, o si sus participantes lo hicieron de buena o mala fe, así como si de ello resulto o no perjuicio patrimonial para una de las partes; el caso en estudio, se reduce a la existencia o no de un documento que sea de carácter público y que haya sido objeto de falsificación material, si el acusado tenía conocimiento de la falsedad del documento público y finalmente si el acusado a pesar del conocimiento que poseía, hizo uso del documento público falsificado materialmente, de ello derivan las reflexiones siguientes: 1) La Censora en el libelo de su recurso, se manifiesta de acuerdo con el criterio del Tribunal de Sentencia (F. 695), cuando señala que el Testimonio del Instrumento Público número 166 otorgado ante los oficios de la Notaria C. R. en fecha dos de septiembre del año dos mil tres(F. 201 y 220), fue adulterado por instrucciones de la propia notaria autorizante y ejecutado por la Secretaria del acusado J. R. A. N., adicionando y modificando datos que alteraron totalmente su sentido, siendo inscrito gracias a dichas modificaciones en el Registro de la Propiedad en fecha once de abril del 2005, bajo el asiento 80 del Tomo 248 del Libro de Sentencias, este hecho es constitutivo de falsificación material de documentos públicos; 2) En cuanto al conocimiento del acusado sobre la falsedad del Testimonio del Instrumento Público número 166, la mayoría del Tribunal reflexionan que dicho conocimiento está acreditado mediante prueba indiciaria que desglosa en ocho puntos (F. 702v), mismos a los que esta Sala de lo Penal no opone reparo por respetar en su construcción los principios de la lógica; considérese que toda la trama que generó el proceso penal giró alrededor del acusado J. R. A. N., así pues todas las Escrituras Públicas y los Testimonios de éstas fueron confeccionados en la oficina del acusado, dada la relación de confianza de éste con la Notaria C. R., quien fue la persona que ordenó la alteración Instrumento Público No. 166 ya tantas veces mencionado, misma que se ejecutó por la Secretaria del acusado, en la oficina del acusado, además el Poder de Administración fue otorgado al Abogado M. R., como un trámite administrativo “de rutina” dispuesto por el acusado para recuperar los fondos de los prestamos que otorgaba, el Abogado M. R. era socio de trabajo del acusado desde hace bastantes años, suma que la dación en pago hecha por el Abogado M. R. fue precisamente a favor del acusado y además que el acusado es un Profesional del Derecho, con experiencia en el otorgamiento de instrumentos públicos, todo ello sumado permitió concluir al Tribunal de Sentencia que efectivamente el acusado tenía conocimiento de la falsificación material del documento público del que se valió para obtener como pago un bien inmueble propiedad de la señora D. E.; 3) Con la certificación integra del asiento número 10 del tomo 4497 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas, que contiene el Testimonio del Instrumento Público número 26 de fecha treinta y uno de enero del año dos mil cinco (F. 226), otorgado ante la Notaria C. R., por los Abogados M. R. B. y J. R. A. N., permitió que los Juzgadores tuviesen por acreditado que el Abogado M. R. y el acusado, amparados en la información falsificada que se observaba en el Testimonio del Instrumento Público 166 (aun no inscrito para esa fecha), procedieran a celebrar contrato de dación en pago de un bien inmueble a favor del acusado; este Instrumento número 26 fue posteriormente inscrito en el Instituto de la Propiedad bajo asiento número 10 del Tomo 4497 del Registro de la propiedad. En conclusión, no existe de parte de la mayoría del Tribunal de Sentencia violación a las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba, sus razonamientos se encuentran bajo la senda que marca el recto entendimiento humano y por tanto es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por la Abogada MARIA VICTORIA NAVARRETE FLORES, en su condición de Apoderada Defensora del señor J. R. A. N. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada MARIA VICTORIA NAVARRETE FLORES, en su condición de Apoderada Defensora del señor J. R. A. N. TERCERO: Declarando firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: A LA SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PRIMERO: Una vez notificada la presente resolución se devuelvan los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para su inmediata ejecución y SEGUNDO: Se remita certificación de la sentencia del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha 16 de marzo del 2011 y certificación de la presente sentencia emitida en casación, al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras y a la Contraloría del Notariado del Poder Judicial, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud del Abogado SALVADOR CUESTAS AREVALO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-208-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Citado por Diego Diez, Alfredo, en Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen II, Proyecto de Fortalecimiento de la Carrera Judicial de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, Agosto del 2006, Pag, 18.
[2] Entre los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 271 del Código Procesal Penal, están los comprendidos en los artículos 11.60 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 151 del Código Procesal Civil, 23 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, 218 y 229 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 5 del Código del Notariado, 828 del Código de Comercio, entre otros.
[3] Al respecto ver a Fernandez Pantoja, Pilar, en Delito de Falsedad en Documento Público, Oficial y Mercantil, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Marcial Pons, Madrid, España, 1996, pag 100 y ss.