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Sentencia CP-200-14 — Registro 8958

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casacion por infracción de precepto constitucional, y se dicta sentencia condenatoria contra del acusado por del delito de violación especial.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Esta Sala de lo Penal invierte el orden de los motivos de casación para con ello resolver el recurso en el fondo. Esta Sala observa que el censor del fallo que se impugna por la vía del Infracción de Precepto Constitucional, artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. Esta Sala observa que al valorar el A Quo la prueba testifical de las declaraciones de los testigos H. E. F. M., ofendida y N. S. F. M., madre de dicha ofendida, presentadas por la Fiscal del Ministerio Público, el juzgador deriva la concurrencia de un “error de tipo” con carácter de invencible, a favor del encartado, pero sin haber sido acreditada su existencia con la presentación de otras pruebas que permitan sostener objetivamente su concurrencia. De la prueba agregada al juicio esta Sala deriva que el imputado S. O. C. R. es un hombre comprometido por estar casado con otra señora, el cual mediante engañó logra que la ofendida crea que se encuentra en planes de divorcio y que por ello se haría cargo de ella. El DICTAMEN MÉDICO refleja que existió una relación sexual, situación admitida por las partes. Con el CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO establece que la ofendida contaba con la edad de trece (13) años. Esta Sala considera que un “error de tipo”, solo se produce cuando se ha probado la existencia de indebida apreciación de alguno de los elementos objetivos constitutivos del tipo penal, en este caso del tipo penal de Violación Especial, en perjuicio de una menor de catorce años, error sobre un elemento objetivo del tipo penal, que en este caso esta vinculado a tener acceso carnal, aún de forma consentida, con una mujer menor de catorce años. En resumen, para que proceda un “error de tipo”, es indispensable que se hayan probado, la concurrencia de los requisitos siguientes: 1) Que objetivamente el acusado actuó bajo una equivocada apreciación respecto de alguno de los elementos objetivos del tipo penal; 2) Que el error recaiga sobre un elemento esencial de la existencia del delito; 3) Que el error esencial sea invencible, es decir que ni actuando con la debida diligencia el acusado habría podido evitarlo. En el presente caso, el recurrente señala que el error recae sobre el elemento objetivo del tipo penal de violación especial, consistente en la edad de la ofendida. Esta Sala aprecia que la menor, al declarar refiere que las relaciones sexuales sostenidas con el acusado S. O. C. R. fueron consentidas, y que ella se dijo al acusado que tenía 16 años de edad, cuando en realidad tenía 13. De los medios de prueba testificales resulta que la menor H. E. F. M., acompañada de la madre de esta N. S. F. M. denuncian al acusado S. O. C. R. ante las autoridades competentes por el delito de Violación Especial. Que el acusado en una persona casada quien enamora a una niña menor de edad, bajo engaño o promesa de divorciarse de su esposa para hacerse cargo de ella, persona de mayor edad y experiencia que la ofendida, y gracias a ello sostiene relaciones sexuales intimas consentidas no obstante la apariencia de de la ofendida de una niña menor de catorce años de edad. En el presente, el error de tipo se basa en la falsa apreciación por parte del acusado de que la ofendida tiene dieciséis y no trece años de edad, sin embargo, no fue probado en juicio que el acusado haya realizado acción alguna para comprobar la verdadera edad de la menor, además de no haber sido un hecho controvertido en juicio que el acusado y la menor hayan sostenido relaciones sexuales vía vaginal de forma consentidas, hecho corroborado mediante el medio de prueba pericial consistente en DICTAMEN MÉDICO practicado a la menor que refleja que existió una relación sexual; y prueba documental consistente en el CERTIFICADO DE ACTA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO de la menor, que acredita que al momento de los hechos tenía trece años de edad. Por lo anterior, esta Sala concluye que en el presente caso al absolver al acusado S. O. C. R. tipo penal de Violación Especial, en perjuicio de una menor de catorce años, mediando la concurrencia de un error de tipo respecto al conocimiento del acusado sobre la edad real de la menor, sin prueba suficiente para ello, el A Quo ha efectivamente ha incurrido en infracción del Precepto Constitucional, contenido en el artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, por lo que procede declarar con lugar el motivo de casación, invocado por el recurrente. 2) Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de Casación de Quebrantamiento de forma, por violación de las reglas de la Sana critica, en virtud de haber prosperado el anterior motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, invocado por el recurrente"

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Penal invierte el orden de los motivos de casación para con ello resolver el recurso en el fondo. Esta Sala observa que el censor del fallo que se impugna por la vía del Infracción de Precepto Constitucional, artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. Esta Sala observa que al valorar el A Quo la prueba testifical de las declaraciones de los testigos H. E. F. M., ofendida y N. S. F. M., madre de dicha ofendida, presentadas por la Fiscal del Ministerio Público, el juzgador deriva la concurrencia de un “error de tipo” con carácter de invencible, a favor del encartado, pero sin haber sido acreditada su existencia con la presentación de otras pruebas que permitan sostener objetivamente su concurrencia. De la prueba agregada al juicio esta Sala deriva que el imputado S. O. C. R. es un hombre comprometido por estar casado con otra señora, el cual mediante engañó logra que la ofendida crea que se encuentra en planes de divorcio y que por ello se haría cargo de ella. El DICTAMEN MÉDICO refleja que existió una relación sexual, situación admitida por las partes. Con el CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO establece que la ofendida contaba con la edad de trece (13) años. Esta Sala considera que un “error de tipo”, solo se produce cuando se ha probado la existencia de indebida apreciación de alguno de los elementos objetivos constitutivos del tipo penal, en este caso del tipo penal de Violación Especial, en perjuicio de una menor de catorce años, error sobre un elemento objetivo del tipo penal, que en este caso esta vinculado a tener acceso carnal, aún de forma consentida, con una mujer menor de catorce años. En resumen, para que proceda un “error de tipo”, es indispensable que se hayan probado, la concurrencia de los requisitos siguientes: 1) Que objetivamente el acusado actuó bajo una equivocada apreciación respecto de alguno de los elementos objetivos del tipo penal; 2) Que el error recaiga sobre un elemento esencial de la existencia del delito; 3) Que el error esencial sea invencible, es decir que ni actuando con la debida diligencia el acusado habría podido evitarlo. En el presente caso, el recurrente señala que el error recae sobre el elemento objetivo del tipo penal de violación especial, consistente en la edad de la ofendida. Esta Sala aprecia que la menor, al declarar refiere que las relaciones sexuales sostenidas con el acusado S. O. C. R. fueron consentidas, y que ella se dijo al acusado que tenía 16 años de edad, cuando en realidad tenía 13. De los medios de prueba testificales resulta que la menor H. E. F. M., acompañada de la madre de esta N. S. F. M. denuncian al acusado S. O. C. R. ante las autoridades competentes por el delito de Violación Especial. Que el acusado en una persona casada quien enamora a una niña menor de edad, bajo engaño o promesa de divorciarse de su esposa para hacerse cargo de ella, persona de mayor edad y experiencia que la ofendida, y gracias a ello sostiene relaciones sexuales intimas consentidas no obstante la apariencia de de la ofendida de una niña menor de catorce años de edad. En el presente, el error de tipo se basa en la falsa apreciación por parte del acusado de que la ofendida tiene dieciséis y no trece años de edad, sin embargo, no fue probado en juicio que el acusado haya realizado acción alguna para comprobar la verdadera edad de la menor, además de no haber sido un hecho controvertido en juicio que el acusado y la menor hayan sostenido relaciones sexuales vía vaginal de forma consentidas, hecho corroborado mediante el medio de prueba pericial consistente en DICTAMEN MÉDICO practicado a la menor que refleja que existió una relación sexual; y prueba documental consistente en el CERTIFICADO DE ACTA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO de la menor, que acredita que al momento de los hechos tenía trece años de edad. Por lo anterior, esta Sala concluye que en el presente caso al absolver al acusado S. O. C. R. tipo penal de Violación Especial, en perjuicio de una menor de catorce años, mediando la concurrencia de un error de tipo respecto al conocimiento del acusado sobre la edad real de la menor, sin prueba suficiente para ello, el A Quo ha efectivamente ha incurrido en infracción del Precepto Constitucional, contenido en el artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, por lo que procede declarar con lugar el motivo de casación, invocado por el recurrente. 2) Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de Casación de Quebrantamiento de forma, por violación de las reglas de la Sana critica, en virtud de haber prosperado el anterior motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, invocado por el recurrente."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 124 (Rango Constitucional)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 141, Literal ch (Jerarquía Ordinaria)
  • Declaración de los Derechos del Niño, art. 2, Principio 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los MAGISTRADOS RAFAEL BUSTILLO ROMERO, quien actúa como Coordinador, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA Y JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, la siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-200-2014 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual absolvió al señor S. O. C. R., del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la joven H. E. F. M.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada A. G. Z. F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada A. G. Z. F., Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. II. HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo con los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probado el hecho único siguiente: UNICO: En fecha quince de junio del año dos mil doce, se le dio detención al señor S. O. C. R., a raíz de una denuncia por el supuesto delito de violación especial, en perjuicio de la menor H. E. F. M., la cual fue impuesta por la madre de ésta, la señora N. S. F. M., siendo puesto al a orden de la autoridad competente.”. III. ADMISIBILIDAD El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. IV. RECURSO DE CASACIÓN “La recurrente, Abogada A. G. Z. F., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIONDE LOS MOTIVOS I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA UNICO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria por el delito de Violación Especial lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De manera sucinta los miembros del Tribunal de Sentencia al valorar la prueba estimaron para emitir el fallo que ahora impugnamos: Que de acuerdo a la prueba evacuada consistente en la evaluación física y testifical, no se tiene por acreditado que al momento de suceder el hecho relacionado, el acusado conociese la edad de la menor; es decir, que el acusado no conocía un elemento esencial del tipo de violación, el cual según nuestra norma penal en su artículo 140 numeral 1), consiste en el acceso carnal con una persona menor de 14 años. Que lo anterior constituye la existencia de un “error”, mismo que se produce cuando la persona tiene una falsa representación de la realidad, pudiendo ser en el caso de merito, un “error de tipo” que sucede cuando el actor desconoce alguno de los elementos objetivos del tipo penal, por ejemplo: la minoría de edad de la víctima, como sucede en la presente causa; por lo que este desconocimiento repercute en la tipicidad, porque excluye el dolo, y que si bien es cierto con alguna diligencia de su parte el acusado pudo haber superado el error, puesto que el mismo error es vencible, no es menos cierto que la ausencia de esta diligencia no lo convierte en un autor doloso de los hechos, sino en uno imprudente, pero el tipo penal de violación no es de los que admite su comisión culposa, por tanto no se le puede atribuir al acusado bajo ningún título, corresponde por tanto la emisión de una sentencia absolutoria a su favor. Y es precisamente sobre ésta valoración de la prueba es que se centra nuestro reproche recursivo, pues aplicando las reglas del recto entendimiento humano, específicamente el Postulado de Derivación, en su apartado de Razón Suficiente, en su característica de, valga la redundancia, suficiencia estimamos que la probanza allegada al juicio resultó ser suficiente y contundente para establecer tanto la concurrencia del delito por el cual el Ministerio Público vino gestionando desde su génesis el presente proceso, así como la autoría del procesado sin que le favorezca a éste ninguna causa de exculpación; estamos en desacuerdo con el fallo emitido, exponemos de manera clara y precisa en que nos fundamentamos al momento de valorar la prueba practicada en la audiencia de juicio oral y público, por las razones siguientes: • Ese Tribunal ha reiterado en fallos emitidos, que en los delitos contra la libertad sexual dado que su concurrencia no suele suceder en presencia de testigos, la declaración de la víctima exige una cuidadosa y prudente valoración, ponderando su credibilidad en relación con todos los factores, subjetivos y objetivos que concurran en la causa para dotarlos de credibilidad como prueba de cargo, tales como: ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusado-víctima, que pudieran conducir a la deducción de la concurrencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial estriba. Que en el presente caso, dicha valoración se exige respecto de la víctima en cuanto a la existencia de un propósito de favorecerlo, la menor ha manifestado que ella le dijo (al imputado) que tenía dieciséis (16) años, que lo amaba y que no quería perderlo, este tipo de relación entre imputado-víctima incide directamente en la credibilidad de la joven, quien al igual que su madre la testigo N. S. F. M., ha declarado que su hija le manifestó que por celos lo había acusado, porque lo. vio con otra muchacha, con lo que desde un primer momento la víctima denotó su interés de beneficiar con su dicho al indiciado; asimismo, refirió que el certificado de acta de nacimiento de H. no coincide con la verdadera edad, porque al nacer, el papá de la menor no le ayudó a registrarla y al morir éste, consiguió su cédula y logró registrarla cuando ya tenía dos (2) años cumplidos, con esta versión da a entender que su hija no tiene trece (13) años sino quince pero sus dichos no fueron corroborados mediante otra prueba, ejemplo registralmente, argumento utilizado por la defensa para sostener la postura de la existencia de un error de tipo; por lo que a nuestro criterio ello sólo responde a encaminar una estrategia de defensa para lograr la exculpación del imputado en la presente acusación. • El Tribunal Sentenciador, optó por aceptar la deposición de la víctima y su madre, dando así, valor a estas declaraciones, respecto a la concurrencia de un error de tipo a favor del encartado, otorgándole el carácter de invencible; a nuestro criterio, en el caso de mérito, debió aplicarse lo que establece la jurisprudencia española, que enfatiza que dada la dificultad de determinar la existencia del error, por pertenecer éste a lo más íntimo de la conciencia de cada individuo, por tanto, para afirmar su existencia no basta su mera alegación, sino que deberá probarse, tanto en su existencia, como en su carácter invencible, y que necesita de otros elementos probatorios que le sirvan de apoyo y le permitan sostener desde un punto de vista objetivo su concurrencia; tornando en consideración las condiciones del sujeto activo, en relación con las que podría considerarse el hombre promedio, combinando así los criterios subjetivo y objetivo, partiendo de la naturaleza del delito que se afirma cometido. • En el caso de mérito, de la prueba se deriva que el imputado estaba casado y que engañó a la victima diciéndole que estaba en planes de divorcio, que estaría con ella para cuidarla y respetarla, y ella (niña) le creyó todo; el dictamen médico únicamente refleja que existió una relación sexual (situación ésta, admitida por las partes), asimismo, con el certificado de acta de nacimiento establece que la ofendida contaba con la edad de trece (13) años, y siendo éste un documento con las garantías de legalidad al ser extendido por una entidad pública autorizada para ello, no existen razones para dudar de su contenido; y además de la conducta asumida por el imputado en cuanto a su estado legal (casado), ésta posición de asegurar que la menor ofendida (13 años) le mintió respecto a su edad, es una estrategia de exculpación, por lo que la prueba en su conjunto hacen inaplicable la apreciación del Juzgador respecto a la concurrencia del error en el tipo. • No obstante lo anterior, en el hipotético y lejano caso, de que concurriese el error en mención, tampoco el Juzgador estimó, si dicho error pudo ser ó no vencible por parte del acusado, lo cual a nuestro criterio, si se pudo superar, precisamente por las razones señaladas en el párrafo anterior, y además de éstas, muy bien quedó igualmente establecido que el acusado estaba casado y de su abismal diferencia de edades (38 y 13), coino tampoco el acusado se abocó a la madre de la niña; que en todo caso de haberlo realizado hubiese dado sustento a la versión de la defensa de que la relación con la niña, fue con su consentimiento y que fue ésta la que mintió respecto a la edad afirmando que contaba con dieciséis (16) años, todo indica que el señor S. O. C. R., sostuvo relaciones sexuales con la niña H. E. F. M., con el único propósito de satisfacer su apetencia sexual, aprovechándose de que él es un adulto plenamente capaz y la víctima, era una niña de tan sólo trece (13) años de edad, misma que resulta muy escasa para tener la capacidad de discernir; de lo que se infiere que su relación con ella no era con la mejor de las intenciones, ya que en estos casos, un acercamiento a la casa con la anuencia de la madre de la niña era lo esperado, lo cual dado a su evidente intención dolosa no sucedería jamás. Con lo anteriormente señalado, queda plenamente demostrado la inobservancia de las reglas de la Sana Crítica por parte del Sentenciador al momento de valorar la prueba y emitir un fallo incorrecto; es así, que si el Juzgador hubiese apegado la Sentencia a la regla lógica de la Derivación en su postulado de Razón Suficiente en su característica de Suficiencia y de las Máximas de la Experiencia, al armonizar la prueba en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho, por cuanto la prueba de descargo basada únicamente en la declaración de la niña-víctima y específicamente en la respuesta de que ella le mintió al acusado respecto a que su verdadera edad superaba los 14 años, cuando ella inició relaciones sexuales con el imputado, esto no resulta suficiente para desacreditar los extremos que refleja la totalidad de la prueba de cargo, de que los hechos no pudieron haber ocurrido de manera distinta que la descrita en la formalización de la acusación. Es así, que, por nuestra parte debernos agregar, que la respuesta antes mencionada y citada por la ofendida, el resto de su deposición refleja el grado de inmadurez de la víctima; asimismo, la declaración de la señora N. F. (madre de la niña) declaró, que ella interpuso la denuncia en contra del acusado, porque ella se dio cuenta de la relación entre el imputado y su hija, porque ella le comentó que S. tuvo relaciones con ella y luego le dijo que por celos lo había acusado, porque lo vio con otra muchacha, que en un inicio le dijo que la relación había sido a la fuerza, se denota en ella (testigo) el desconocimiento de lo establecido en la ley respecto a las relaciones sexuales con menores de catorce años, y que obviamente no tiene la intención de causar daños al imputado, mas bien se observa el deseo de exculparlo. Es por ello, que el A quo vulneró las máximas de la experiencia las cuales son aquellas que conoce el hombre común y que nos permiten establecer que el supuesto error argumentado, resultaba evidentemente vencible por parte del procesado, pues tal y como se refirió con anterioridad, el inculpado es una persona que sabía sin lugar a dudas que la víctima era menor de edad por su apariencia fisica, siendo evidente la diferencia de edad existente entre ambos. Es así que instamos a Vosotros Magistrados que se le dé la oportunidad al Ministerio Publico en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupó; haciendo la aclaración que el vicio iii procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar”. II. Continúa manifestando la recurrente en su recurso de casación: “II.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: UNICO MOTIVO: Infracción por violación del artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Los preceptos Constitucionales de Niñez e Internacionales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 124, Constitucional en su parte conducente dice: “Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.- (…)” El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: (...) ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños.- (...)” Por su parte, el precepto Internacional enmarcado en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” Las condiciones de vulnerabilidad del grupo social que conforma a los niños ha sido una de las razones que ha motivado la creación, tanto internacional como interna, de un conjunto normativo que procure la protección de ese grupo social. Pero la satisfacción de esa exigencia no se agota con la sola creación de un conjunto normativo que regule esos escenarios, es evidente que toda creación de normas implica, para la implementación de su efectividad, un respeto irrestricto a aquellas disposiciones. Esa exigencia nos lleva hasta el hecho de que los organismos estatales, sin importar que Poder del Estado emanen, tienen la obligación de tornar sus resoluciones en apego a aquellos preceptos que pretenden garantizar los derechos de los niños. En el presente caso, la resolución emitida por el Tribunal Sentenciador se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los niños, y es así, en tanto que las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, se encuentra afectadas al ser disminuidas al extremo de darle visos de legalidad a una vulneración de los derechos del niño ofendido en la presente causa, generando una apariencia de anulación de los derechos que le asisten, específicamente al derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, como parece que sucede en el presente caso al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos del niño y por consiguiente dejando al desamparo de cualquier protección estatal los derechos específicos de la niña H. E. F. M. Es evidente entonces que en el caso en estudio se está privando de protección a la niña y aún más, generando un ambiente de crueldad, en tanto que se permite una situación en la cual se hace burla del derecho de los niños y se le ha instrumentado para efectos de burlar esa cobertura. La referida protección se expande a varios ámbitos de la vida de la niña, desde el ámbito físico, ya que evidentemente dicha niña fue sometida a abuso sexual, mediante el aprovechamiento de parte de su abusador de la inmadurez cognoscitiva propia de su edad (13 años), lo cual sin lugar a dudas despliega en la personalidad psicológica de la niña en un futuro, aunado al continúo sometimiento a la práctica de reiteradas relaciones sexuales, sin contar ella con la madurez psicológica necesaria para abordar su sexualidad, exculpando al acusado de su responsabilidad penal. Es así, que con el presente fallo que ahora impugnamos, se evidencia como el Estado a través del Tribunal de Sentencia Jugador de la causa de mérito ha colocado a la niña H. E. F. M., en condición de riesgo social, al declarar inocente al acusado, pues ha quedado impune los hechos de los cuales el andamiaje probatorio nos dice que es responsable; también el Estado le falla a la víctima, por su condición de ser una niña, en lo que teóricamente le garantiza la Constitución de la República; todo ello únicamente porque la infanta al momento de rendir su declaración ante la autoridad competente, manifestó: Que ella le mintió al acusado respecto a su edad, para no perderlo porque lo amaba” circunstancia ésta que no tuvo ningún ápice de certeza al no existir ningún medio de prueba que corroborara lo depuesto por la niña, y aún más que de la misma declaración de la ofendida, resulta obvio que la apreciación de la edad por parte del acusado, era visiblemente y sencilla de advertir y superar, por las razones que muy bien fueron apreciadas anteriormente. Lo que hace desembocar en que por parte del mismo Estado se genere, una falta de protección de los ambientes mínimos que dispongan los medios que permitan el desarrollo físico, moral, espiritual y social saludables, formales y dignos a la niña. Y para efectos de ilustración nos permitimos transcribir lo que al respecto señala el jurista Juan Busto Ramírez[1]: “...se estima que debe protegerse el libre desarrollo sexual del menor en relación a los mayores, dadas las interferencias que puede sufrir por parle de éstos en cuanto a la estimación de la significación de SUS actos. Se trata pues de una circunstancia objetiva que debe ser considerada dentro de los presupuestos del desarrollo de SU capacidad de actuación”. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la Corte Suprema de Justicia decrete que se ha conformado un inobservancia de la obligación estatal de proteger a la niña H. E. F. M., de todo tipo de desamparo ante el abuso sexual del que fue objeto, que se materializa en haberse permitido que la niña sea sometida a un ambiente en el cual se pervierte su personalidad (específicamente en lo que respecta a su vida sexual) afectando el desarrollo psicológico y su sano juicio, y que decir de su implicaciones físicas (cuerpo que no ha terminado de desarrollarse y por consiguiente no apto para ser objeto de accesos carnales. Así las cosas, se afirma que el Sentenciador, con su decisión jurídica, ha producido en consecuencia la Infracción del Precepto Constitucional que contiene el Derecho de los Niños a ser Protegido (artículo 124), relacionado con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, mismos que deben ser enmendados a través del fallo que resuelva el presente motivo de casación.”. V. FUNDAMENTACION JURIDICA 1) Al respecto del Recurso de Casación por INFRACCIÓN DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[2] 2) Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana critica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[3]. VI. RESUMEN 1) INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 141 LITERAL CH) DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y DEL PRINCIPIO 2 DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El artículo 124 Constitucional en su parte conducente dice: “Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata”. El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños.”El Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, dispone: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. Considera que la resolución del A Quo se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los niños, a las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, que se encuentra disminuidas al dar visos de legalidad a una vulneración de los derechos del niño, generando una apariencia de anulación de los derechos, específicamente al derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos del niño y dejando al desamparo la protección estatal los derechos de la niña H. E. F. M.. En el caso de estudio se hace burla del derecho de los niños y se evidencia como el Estado a través del A Quo ha colocado a la niña H. E. F. M., en condición de riesgo social al declarar inocente al acusado, pues ha quedado impune los hechos de los cuales el andamiaje probatorio dice que es responsable, debido a que al momento de rendir su declaración ante la autoridad competente, la niña manifestó: Que ella le mintió al acusado respecto a su edad, para no perderlo porque lo amaba”, resultando obvio la apreciación de la edad de la niña por parte del acusado. 2) QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. VALORACION DE PRUEBA INOBSERVANDO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. Reprocha el recurrente que el A Quo concluya que de acuerdo a la prueba evacuada de evaluación física y testifical, no se tenga por acreditado que al momento del hecho el acusado conociese la edad de la menor, considere la existencia de un “error”, que se produce cuando la persona tiene falsa representación de la realidad, pudiendo ser un “error de tipo” cuando el actor desconoce un elemento objetivo del tipo penal, en este caso, la minoría de edad de la víctima, desconocimiento que repercute en la tipicidad y excluye el dolo. Que con alguna diligencia el acusado pudo haber superado el error, por ser un error vencible, y que la ausencia de esta diligencia no lo convierte en autor doloso, sino imprudente. Sobre ésta valoración de la prueba es que el recurrente centra el reproche recursivo, al no aplicar el Juzgador las reglas de la sana crítica, postulado de derivación, en su apartado de razón suficiente, característica de suficiencia, por estimar que las pruebas allegadas al juicio son suficientes y contundentes para establecer la concurrencia del delito, así como la autoría del procesado, sin que le favorezca ninguna causa de exculpación. Que la menor H. E. F. M. ha manifestado que ella le dijo al imputado que tenía dieciséis (16) años, que lo amaba y que no quería perderlo, este tipo de relación entre imputado-víctima incide directamente en la credibilidad de la joven, quien al igual que su madre la testigo N. S. F. M., ha declarado que su hija le manifestó que por celos lo había acusado, porque lo. vio con otra muchacha, con lo que desde un primer momento la víctima denotó su interés de beneficiar al indiciado, y al decir que el certificado de acta de nacimiento de Heymi no coincide con la verdadera edad, porque al nacer, el papá de la menor no le ayudó a registrarla y al morir éste, consiguió su cédula y logró registrarla cuando ya tenía dos (2) años cumplidos, versión con la que da a entender que su hija no tiene trece (13) años sino quince, pero sus dichos no fueron corroborados mediante otra prueba. Estima que el A Quo optó por aceptar la deposición de la víctima y su madre, dando valor a estas declaraciones respecto a la concurrencia de un error de tipo a favor del encartado, otorgándole el carácter de invencible. A criterio del recurrente, el A Quo debió aplicarse lo que establece la jurisprudencia española, que enfatiza la dificultad de determinar la existencia del error por pertenecer a lo más íntimo de la conciencia de cada individuo, y al afirmar que para establecer su existencia no basta su mera alegación, sino que debe probarse en su existencia, como en su carácter invencible, y necesita de otros elementos probatorios que le sirvan de apoyo y le permitan sostener desde un punto de vista objetivo, su concurrencia. Estima el recurrente que de la prueba se deriva que el imputado estaba casado y que engañó a la victima diciéndole que estaba en planes de divorcio, que estaría con ella para cuidarla y respetarla, y que la niña le creyó todo. El DICTAMEN MÉDICO refleja que existió una relación sexual, situación admitida por las partes. Con el CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO establece que la ofendida contaba con la edad de trece (13) años. Asimismo, el A Quo también vulneró las MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA que permiten establecer que el supuesto error resultaba vencible por parte del procesado, pues es una persona que sabía que la víctima era menor de edad dada su apariencia física. VII. DECISIÓN 1) Esta Sala de lo Penal invierte el orden de los motivos de casación para con ello resolver el recurso en el fondo. Esta Sala observa que el censor del fallo que se impugna por la vía del Infracción de Precepto Constitucional, artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. Esta Sala observa que al valorar el A Quo la prueba testifical de las declaraciones de los testigos H. E. F. M., ofendida y N. S. F. M., madre de dicha ofendida, presentadas por la Fiscal del Ministerio Público, el juzgador deriva la concurrencia de un “error de tipo” con carácter de invencible, a favor del encartado, pero sin haber sido acreditada su existencia con la presentación de otras pruebas que permitan sostener objetivamente su concurrencia. De la prueba agregada al juicio esta Sala deriva que el imputado S. O. C. R. es un hombre comprometido por estar casado con otra señora, el cual mediante engañó logra que la ofendida crea que se encuentra en planes de divorcio y que por ello se haría cargo de ella. El DICTAMEN MÉDICO refleja que existió una relación sexual, situación admitida por las partes. Con el CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO establece que la ofendida contaba con la edad de trece (13) años. Esta Sala considera que un “error de tipo”, solo se produce cuando se ha probado la existencia de indebida apreciación de alguno de los elementos objetivos constitutivos del tipo penal, en este caso del tipo penal de Violación Especial, en perjuicio de una menor de catorce años, error sobre un elemento objetivo del tipo penal, que en este caso esta vinculado a tener acceso carnal, aún de forma consentida, con una mujer menor de catorce años. En resumen, para que proceda un “error de tipo”, es indispensable que se hayan probado, la concurrencia de los requisitos siguientes: 1) Que objetivamente el acusado actuó bajo una equivocada apreciación respecto de alguno de los elementos objetivos del tipo penal; 2) Que el error recaiga sobre un elemento esencial de la existencia del delito; 3) Que el error esencial sea invencible, es decir que ni actuando con la debida diligencia el acusado habría podido evitarlo. En el presente caso, el recurrente señala que el error recae sobre el elemento objetivo del tipo penal de violación especial, consistente en la edad de la ofendida. Esta Sala aprecia que la menor, al declarar refiere que las relaciones sexuales sostenidas con el acusado S. O. C. R. fueron consentidas, y que ella se dijo al acusado que tenía 16 años de edad, cuando en realidad tenía 13. De los medios de prueba testificales resulta que la menor H. E. F. M., acompañada de la madre de esta N. S. F. M. denuncian al acusado S. O. C. R. ante las autoridades competentes por el delito de Violación Especial. Que el acusado en una persona casada quien enamora a una niña menor de edad, bajo engaño o promesa de divorciarse de su esposa para hacerse cargo de ella, persona de mayor edad y experiencia que la ofendida, y gracias a ello sostiene relaciones sexuales intimas consentidas no obstante la apariencia de de la ofendida de una niña menor de catorce años de edad. En el presente, el error de tipo se basa en la falsa apreciación por parte del acusado de que la ofendida tiene dieciséis y no trece años de edad, sin embargo, no fue probado en juicio que el acusado haya realizado acción alguna para comprobar la verdadera edad de la menor, además de no haber sido un hecho controvertido en juicio que el acusado y la menor hayan sostenido relaciones sexuales vía vaginal de forma consentidas, hecho corroborado mediante el medio de prueba pericial consistente en DICTAMEN MÉDICO practicado a la menor que refleja que existió una relación sexual; y prueba documental consistente en el CERTIFICADO DE ACTA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO de la menor, que acredita que al momento de los hechos tenía trece años de edad. Por lo anterior, esta Sala concluye que en el presente caso al absolver al acusado S. O. C. R. tipo penal de Violación Especial, en perjuicio de una menor de catorce años, mediando la concurrencia de un error de tipo respecto al conocimiento del acusado sobre la edad real de la menor, sin prueba suficiente para ello, el A Quo ha efectivamente ha incurrido en infracción del Precepto Constitucional, contenido en el artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, por lo que procede declarar con lugar el motivo de casación, invocado por el recurrente. 2) Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo de Casación de Quebrantamiento de forma, por violación de las reglas de la Sana critica, en virtud de haber prosperado el anterior motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, invocado por el recurrente. VIII. RESOLUCIÓN POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 362.3 del Código Procesal Penal FALLA: 1) Declarar CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada A. G. Z. F., Fiscal del Ministerio Público, y casa la sentencia impugnada; 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- 3) Y en lugar de la sentencia anulada, dicta SENTENCIA CONDENATORIA contra del acusado señor S. O. C. R., del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la menor H. E. F. M., por el que fue acusado, y le impone la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN, que deberá cumplir en la penitenciaria nacional que designe la autoridad penitenciaria competente, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL mientras dure su condena. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de abril de dos mil dieciocho.- Certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-200-2014.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

[1] Bustos Ramírez, Juan. Manuel de Derecho Penal. Segunda Edición, 1991. Página 119

[2] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narvaez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Paginas 31 y 32.

[3] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005