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Sentencia CP-197-11 — Registro 2893

Resumen

Se absolvió al imputado por el delito de tráfico ilícito de drogas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO ÚNICO, INTERPUESTO POR EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. 1) El recurrente denunció la Violación de los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionándolos con las normas de los Artículos 1.1, 15, 16.1.2.3 de la Ley del Ministerio Público y 25 y 92 del Código Procesal Penal. Explica el censor que el A-quo al emitir un fallo mediante el cual se condena en Costas al Ministerio Público, se vulneró el Debido Proceso ya que al ser representante de la sociedad actúa de Buena Fe y tuvo suficientes motivos para litigar. 2) Esta Sala de lo Penal considera que la esencia del Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional, estriba en la observancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, sabedores que por su propia naturaleza el Derecho Penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese Derecho de Persecución de Infracciones Penales, la gama de Derechos y Garantías que hagan de esa persecución un proceso que se ajusta a las reglas señaladas por la Ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la Dignidad Humana de la persona sometida al ius puniendi. 3) Esta Sala ha establecido en diferentes fallos (Ver Sentencias SP 332-2007, SP 400-2007, SP 98-2009, 187-2010, 136-2011) que deviene obligado a clarificar algunos conceptos a efecto de ir sentando pautas de Jurisprudencia sobre el tema objeto del recurso en el sentido de que, por el Principio Acusatorio el Ministerio Público es protagonista principal y responsable de la dirección, control, de los actos de investigación y el ejercicio de la Acción Penal Pública ante el Órgano Judicial, debiendo orientar sus actividades de conformidad a su Ley Especial, acorde a los Principios de Objetividad, Unidad de Actuaciones y Dependencia Jerárquica. Por su parte al Órgano Jurisdiccional corresponde la Función Constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado, debiendo sujetar sus actuaciones a los Principios de Independencia, Deber de Motivación y Fundamentación de las Resoluciones Judiciales, en la aplicación de las normas abstractas al caso concreto. En su ámbito de competencia funcional, tanto el fiscal como el juez están limitados por el imperio de la ley.- El Artículo 56 del Código Penal, señalado como norma relacionada a la infringida, faculta al Juez o Tribunal a condenar en costas cuando proceda, sin distinguir, ni excluir a ningún sujeto procesal interviniente, sea este público o privado.- Debemos de recordar que las costas son el efecto que sufre la persona natural o jurídica que pierde un juicio, siendo común su condena salvo que demuestre a criterio del juzgador que Litigó con Derecho o Razón; en el orden procesal penal y en los sistemas en donde el monopolio de la Acción Penal le corresponde al Ministerio Público, en la mayoría de los códigos existe una prohibición de condena en costas al acusador, basada en que éste Ente está abstraído de pasiones propias de los ofendidos como ser venganza, motivos particulares y otros tipo de intereses, y que ejercita la Acción Penal basado en un Principio de Objetividad, situación prevista y correcta, sin embargo, en Honduras no existe esta prohibición. 4) Es de advertir que la Doctrina Legal desarrollada hasta el momento sobre el tema y desprendida de las sentencias citadas, deberá de sufrir variaciones como consecuencia de la vigencia del Código Procesal Civil a partir del 01 de Noviembre del año 2010, particularmente por lo preceptuado en los Artículos 61.7, 66 y 219.4. El problema ocurre cuando el fiscal asignado a determinar si presenta un requerimiento fiscal, lo hace de manera arbitraria y temeraria, no ajustado a Derecho, acompañando y evacuando prueba en la Fase Preparatoria e Intermedia, que producen en el Juez el grado de probabilidad suficiente para ordenar el debate, en el entendido que el Ministerio Público al presentar el requerimiento no ha evacuado ni descubierto toda su prueba, sino que solamente la necesaria para provocar en el juez la certeza del delito y la probabilidad positiva como se dijo antes de participación del imputado, cuando no es así la actuación del Ministerio Público deja de ser objetiva y se convierte en temeraria y subjetiva, contrario al papel que debe desempeñar el ente persecutor en un Estado de Derecho”.- Aunque el Ministerio Público, es una Entidad Estatal o de Derecho Público y que por regla general, actúa a favor de los Intereses Generales de la Sociedad, no está en manera exento de que en casos muy concretos, pueda ser condenado en costas, en la parte dispositiva de la sentencia en que se absuelve a un acusado. Esta posibilidad procesal de condena en Costas Personales y Procesales al Ministerio Público a favor de los acusados, solo tendría lugar, cuando se haya puesto de manifiesto una limitación o grave restricción de derechos fundamentales de un acusado, a instancia de un Fiscal del Ministerio Público, como resultado de una acusación infundada, continuada al margen de la legalidad, o ajena a los principios reguladores de la función del ente fiscal de: objetividad, dependencia jerárquica y unidad de actuaciones. Tal caso podría hipotéticamente suceder al presentarse una Acción Penal Pública, con prueba espuria, falsa, ilícita, presentada ante el Órgano Judicial, con el solo fin de perjudicar a un acusado. Se debe de entender que el Ministerio Público, es parte procesal de Buena Fe, que actúa en términos de igualdad de partes, responsable de la dirección técnica de la investigación, del ejercicio de la Acción Penal Pública y de la presentación de la prueba incriminatoria o de cargo, y de la que resulte a favor del acusado, para el descubrimiento de la verdad, en tanto no es un acusador a ultranza. 5) Esta Sala de lo Penal aprecia en el caso subjudice que el Ente Acusador actuó con desidia e irresponsabilidad en cuanto al manejo procesal de la causa incoada a los encausados, si bien inicialmente tuvo motivos razonables para litigar ya que contó con un Dictamen de Reconocimiento Preliminar (F 29 Tomo I) realizado en fecha 16 de noviembre del 2008 extendido por Médico Forense, en el que se estableció que por las características (olor, color) de la hierba decomisada ésta podía ser Droga Marihuana, éste dictamen sirvió para sustentar el Auto de Prisión tal como ocurrió, pero para determinar si habían elementos necesarios para enviar la causa a Juicio Oral, se requería de la prueba científica que confirmara dicha suposición. Esta Sala verificó que en fecha 31 de agosto del 2009, la Dirección de Medicina Forense a través del Laboratorio Toxicológico emitió un Dictamen (F 107 Tomo I) en el que se estableció que la hierba decomisada a los procesados NO ERA DROGA MARIHUANA. Lo sorprendente del caso es que en fecha 17 de noviembre del 2009 por insistencia del Defensor Público de los acusados, se llevó a cabo Audiencia de Revisión de Medida (F 91 Tomo I) mediante la cual expuso al Tribunal de Sentencia, que tenía conocimiento que el resultado del Dictamen Toxicológico practicado a la supuesta hierba decomisada era NEGATIVO y que a pesar que el Ministerio Público lo tenía en su poder desde el 24 de agosto del 2009, no había actuado conforme los principios de objetividad que le obliga la Ley. El Ente Acusador notablemente molesto increpa al Tribunal para que le exija al defensor y explique cómo se enteró del resultado de dicho dictamen si la entrega del mismo era totalmente confidencial, poniendo a disposición del Tribunal en ese acto el Dictamen Toxicológico cuestionado, pero en ningún momento justificó el porqué desde el momento en que se enteró del resultado no realizó ninguna acción a favor de los acusados; el A-quo expresó que era imposible proceder a valorar dicho dictamen sino hasta el momento de la evacuación de la prueba en el momento del debate; el Defensor Público notablemente frustrado solicita el cambio de la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA que venían sufriendo los acusados por más de 1 año en virtud del resultado del laboratorio toxicológico. El Ministerio Público ante tal solicitud de cambio de medida se manifestó en desacuerdo pero aun mas increíblemente es que el Tribunal Sentenciador en total desconocimiento de los Derechos Fundamentales que les asisten a los imputados, resolvió que en virtud que la Defensa no presentó prueba conforme el artículo 188 del Código Procesal Penal y que los acusados estaban acusados por un delito grave como ser Trafico de Drogas, se declaraba sin lugar la solicitud de cambio de medida. El Tribunal al finalizar la audiencia, instó a las partes a renunciar al término de 10 días para presentar recusaciones, excusas y nulidades para así darle mayor celeridad al proceso; aunque la Defensa estuvo de acuerdo, el ente fiscal en una actitud de antojo, se negó a renunciar a dicho termino a pesar que no hizo uso del mismo. 6) Según Acta de Debate, el Juicio Oral y Público (F 110 Tomo I) de los acusados E. F. G. M. y M. G. P. se llevó a cabo en fecha 1 Febrero del 2010, en el cual el Ministerio Público a pesar de conocer el resultado de la prueba toxicológica, Formalizó Acusación y no bastándole con ello, durante la evacuación de los medios de prueba solicitó la suspensión del Juicio en virtud de la no incomparecencia de un testigo y un perito, solicitud que fue denegada por el Tribunal. Al momento de las conclusiones el Ministerio Público pidió se dictara una Sentencia Absolutoria. Resulta evidente para esta Sala de lo Penal, la apatía y poco profesionalismo con el que actuaron no solo los agentes del Ministerio Público sino también los Jueces Sentenciadores, con sus acciones se demuestra el desconocimiento total de lo regulado en el artículo 12 del Código Procesal Penal, referente a la Lealtad con la Justicia. Desde el momento en que se realizó la audiencia de Revisión de Medidas y se tuvo conocimiento del resultado del Dictamen Toxicológico, el A-quo debió cambiar las medidas impuestas a los imputados, era ilógico manifestar que no podía valorar el dictamen toxicológico porque correspondía al momento de la evacuación de prueba en el debate, si precisamente en la audiencia de Revisión de Medidas se propone prueba para acreditar que han desaparecido los presupuestos del Artículo 172, es decir Indicios Suficientes de participación y que el hecho constituya delito, presupuestos que desaparecieron desde que se tuvo conocimiento del resultado del examen toxicológico. Si bien los jueces conocen del resultado del Dictamen Toxicológico hasta la audiencia de Revisión de Medida, resulta aún más temerario que el Ministerio Público lo haya tenido en su poder desde el 24 de agosto del 2009 y no haya solicitado la respectiva Audiencia de Revisión de Medidas para evitar que injustamente los procesados sufrieran la medida cautelar limitativa de la Libertad más dura que contempla nuestra Legislación Procesal, como ser la Prisión Preventiva. 7) En el presente caso considera esta Sala Penal que existió Grave Restricción de Derechos Fundamentales como el Derecho de Defensa, el Estado de Inocencia y el Debido Proceso; ya que las actuaciones del Ente Acusador fueron totalmente ajenos a los Principios de Objetividad e Imparcialidad que debe regir la función fiscal, por tanto desde el momento en que conoció de los resultados del Examen Toxicológico a la hierba decomisada, ya No Litigó con Derecho o Razón, en consecuencia es procedente declarar sin lugar el presente motivo de casación y confirmar en todas y cada una de sus partes la Sentencia recurrida. Ahora bien este Tribunal Ad-quem había dejado por sentado que las costas exigibles al Ministerio Público antes del primero de noviembre del 2010, se extienden a las partidas económicas de Costas Procesales y Otros Gastos del Proceso y no así a las Costas Personales, dado que éstas pudieron haber sido cargo del Estado mediante la representación en juicio por un Defensor Público, lo que fue decisión de la parte litigante 8) En virtud que ha detectado este Tribunal de Casación, posibles actuaciones irregulares en el desempeño de sus acciones por parte de Funcionarios Judiciales y Fiscales que podrían acarrear consecuencias legales para el Estado de Honduras, esta Sala de lo Penal ordena que se remita atenta nota a la Inspectoría General de Tribunales y a la Dirección de Fiscalía, para que investigue la conducta de los Funcionarios Públicos que participaron en la Audiencia de Revisión de Medidas (F 91 Tomo I) y si luego de las respectivas indagaciones se concluye que incurrieron en alguna falta, se les deduzcan la responsabilidad administrativa y/o penal que en Derecho corresponda..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el Veintisiete (27) de junio del año dos mil trece (2013), por medio de la SALA de lo PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual absolvió al señor G. F. G. M., conocido también como E. F. G. M., como autor del supuesto delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada N. J. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: El Abogado S. C. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Publico y como recurrente. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS EN EL JUICIO.- Valorando la prueba practicadas en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: En fecha quince de noviembre del año dos mil ocho a las cuatro con cuarenta minutos de la tarde, el Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal H. N. S. en compañía de otros Agentes de policía, por orden del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía; proceden a ingresar a registrar la vivienda ubicada en el Barrio Los Fuertes del Municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía; sita específicamente en la calle principal del sector conocido como “La Bahía” casa de madera color azul, una cuadra después de la Posta de la Policía Nacional Preventiva; decomisando el Agente S. G. en dicho registro, en una de las habitaciones de la vivienda, una paila de caucho color azul conteniendo en su interior hierba seca. Segundo: Durante el registro realizado en la casa antes descrita y en una habitación distinta en donde estaba la hierba seca, se encontraban los señores M. G. P. y G. F. G., siendo detenidos en ese lugar por la policía. Tercero: En fecha treinta y uno de agosto del año dos mil nueve, la toxicóloga Forense R. J. M., analizó ciento ochenta y seis punto y un gramo hierba seca que se encontraba dentro de una bolsa de papel manila; misma que no resultó ser marihuana”. III.- La recurrente, Abogada N. J. M., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. UNICO MOTIVO: Infracción por violación de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1.1, 15, 16. 1.2.3., de la Ley del Ministerio Público; 25 y 92 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos constitucionales y penales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 90 Constitucional establece: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Del derecho al Debido Proceso deriva el derecho de defensa, encontrándose éste vulnerado respecto de una de las partes intervinientes en juicio, en este caso del Ministerio Público que como representante de los intereses generales de la sociedad, y a través de la facultad delegada por la ley para ejercer la acción penal pública, procedió a incoar proceso penal en contra de los imputados por existir motivo suficiente para litigar, a pesar de ello y de haber participado en el proceso bajo el control jurisdiccional respectivo, fue condenado en Costas por el Tribunal de Sentencia. El artículo 321 Constitucional establece: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. De igual manera se invoca como infringido, en relación el artículo 56 del Código Penal, el cual si bien es cierto fue aplicado por el sentenciador al emitir su fallo, lo hizo de manera indebida, por lo que se considera importante citarlo, aún y cuando el alegato fundamental del presente recurso es la infracción de precepto constitucional suprareferido, por ello se transcribe a continuación: En el presente caso la norma constitucional citada, se ve vulnerada al haber condenado el juzgador al Ministerio Público al pago de costas, puesto que el mismo no podía imponer tal sanción, por el sólo hecho de dictar una sentencia absolutoria a favor del imputado, que dicho sea de paso fue solicitada por el ente acusador en base al panorama fáctico ofertado en el debate, ya que tal circunstancia no siempre está vinculada a la condena de costas que establece la normativa penal y procesal; mucho menos en este juicio, donde contra quien se establece esta sanción, es el ente acusador que realiza el ejercicio de la acción penal no en su propio nombre, sino en representación y defensa de los intereses generales de la sociedad, amparando su actividad en los principios contenidos en los artículos 1.1, 15, 16.1.2.3 de la Ley del Ministerio Público que rigen la labor fiscal, así como 25 y 92 del Código Procesal Penal, normas que han sido citadas en relación. Por otra parte resulta importante señalar, que si bien es cierto el artículo 56 del CP, facultan al Tribunal sentenciador a imponer el pago de costas cuando fuere necesario, tal atribución se ve limitada cuando se trata de acciones promovidas por el Ministerio Público, ya que como se ha suprareferido, actúa como representante de la sociedad y no en su condición de litigante privado, en consecuencia al haber sancionado al ente acusador con el pago de costas procesales personales y los gastos ocasionados en el juicio, el juzgador no sólo está infringiendo el derecho de Defensa social por actuar como Representante de la sociedad en general, sino que también se está excediendo en el ejercicio de sus atribuciones, por desconocer el carácter con que actúan los agentes de Tribunales en el proceso, pues sería diferente en el caso de los acusadores privados, donde el sentenciador puede condenarlos al pago de costas al obtener un sobreseimiento o sentencia absolutoria, amparado en acusaciones caprichosas e infundadas, por el contrario el Ministerio Público jamás podría ser condenado ya que se constituye como parte de buena fe. Se torna importante además, tomar en consideración lo preceptuado en el artículo 303 Constitucional que señala, que la justicia se imparte de manera gratuita por los Tribunales, por tal razón y apegados a dicha norma constitucional, exoneran a los condenados al pago de costas. Este artículo nos lleva a preguntarnos, si la justicia es gratuita en materia penal, para el que resulta condenado por la comisión de un delito, porque no habría de serlo para el Ministerio Público, que al ejercer la acción penal pública no hace más que cumplir con la obligación que le impone la ley, fundamentando sus peticiones en la prueba obtenida mediante las investigaciones. Tal extremo evidencia una vez más que el órgano jurisdiccional violentó el derecho al debido proceso y actuó fuera del marco de la ley al condenar en costas al ente acusador. De conformidad al fáctum de la sentencia impugnada que condujo precisamente a que éste Tribunal absolviese a los enjuiciados G. F. G. M. Y M. G. por el delito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, se evidencia claramente que en la parte Resolutiva del fallo recurrido se han violado los artículos citados como infringidos por falta de aplicación, en virtud de haber condenado en costas al Ministerio Público, a pesar de que éste actúa como parte de buena fe y no en representación propia, sino en función de proteger los intereses de la sociedad. Siendo que el Tribunal dictó sentencia absolutoria tal como lo solicitó el Ministerio Público al momento de emitir las respectivas conclusiones, consideramos que el punto de discusión y que genera la interposición del presente recurso, es solamente la condena en costas materializada en la parte resolutiva de la sentencia, por lo siguiente: En fecha quince de noviembre del año dos mil ocho a las cuatro con cuarenta minutos de la tarde, el agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal H. N. S. en compañía de otros Agentes de policía, por orden del Juzgado Departamental de Roatán, Islas de la Bahía; proceden a ingresar y registrar la vivienda ubicada en el Barrio Los Fuertes del Municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía; sita específicamente en la calle principal del sector conocido como “La Bahía” casa de madera, color azul, una cuadra después de la Posta de la Policía Nacional Preventiva; decomisando el agente S. G. en dicho registro, en una de las habitaciones de la vivienda, una paila de caucho color azul conteniendo en su interior hierba seca. Estos hechos fueron verificados en la etapa preparatoria del proceso, mediante la presentación en audiencia inicial de los documentos consistentes en acta de inspección en el lugar de los hechos, en donde se ubica el lugar donde se encontró la hierba seca, acta de decomiso de la misma, acta de nombramiento del perito J. R. J., acta de aceptación y peritaje preliminar de la cual se deduce que por sus características físicas como ser el olor y color, su contenido es compatible con la droga conocida como Marihuana y que por las cantidades de peso de aproximadamente de una libra, la forma de corte y agrupación es considerada para el tráfico ilícito de drogas. Siendo todos éstos elementos, suficientes indicios para que el Ministerio Público considerase la existencia del ilícito de Tráfico Ilícito de Drogas, existiendo por lo tanto razones suficientes para litigar, sin embargo, al final del juicio el Ministerio Público actuando con la objetividad que lo caracteriza, y al no contar con el sustento probatorio para establecer sin lugar a dudas que los imputados eran responsables del delito por el cual se inició la acción penal, decidió al momento de formular las conclusiones solicitar sentencia absolutoria a favor de los encausados. Fue por ello que, con fundamento en lo anterior, nos encontramos que si bien es cierto la absolución es ajustada a derecho, la parte resolutiva donde se condena en costas evidencia un total desconocimiento de los principios que rigen al Ministerio Público como organismo especializado, encargado de la obligación ineludible de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública. Ya que la Ley del Ministerio Público en su artículo 1.1 dispone que uno de los principales fines y objetivos del Ministerio Público es representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley mediante el ejercicio de la acción penal pública. (Artículo 1.2). En ese mismo orden de ideas, el artículo 6 de la misma ley orgánica prescribe que el Ministerio Público tendrá el ejercicio ineludible y de oficio de la acción penal pública; normas legales que deben ser leídas e interpretadas en función del principio general contenido en el artículo 15 donde se dispone que el Ministerio Público, en todo caso, se constituirá en el juicio como parte de buena fe; efectivamente, buena fe quiere decir buena intención en el ejercicio o promoción de la acción penal, pero en estos como en cualquier otro proceso penal; lo trascendente a efectos decisorios es que el Tribunal es independiente para decidir la consecuente absolución o condena del enjuiciado, sin dejar de tomar en consideración a la hora de decidir sobre las costas, lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal y lo establecido en todos los preceptos antes indicados citados en relación. Conforme al mencionado artículo 56 del Código Penal, no en todos los casos en que se absuelva procede la condena en costas, sin embargo como se ha venido señalando en la explicación del presente recurso, el juzgador desconoció tal circunstancia, siendo por eso que en el presente caso se presenta la violación del artículo 90 y 321 constitucional que comprende el Principio de Legalidad así como el límite a los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, en este caso al órgano jurisdiccional. Asimismo no hay discusión que en juicio, las probanzas aportadas desvanecieron sin lugar a dudas los hechos imputados, pero no podemos desconocer que sí hay evidencia de que el Fiscal tuvo elementos de investigación que lo conducían a promover la acción penal, en ese sentido también es atinente a la discusión sobre condena en costas lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal donde se ratifica que el ejercicio de la acción pública le corresponde al Ministerio Público, y además, confirmando dicho mandato, en el artículo 92 de ese mismo ordenamiento procesal, todo lo anterior respetando, como es lógico, el principio de objetividad en el ejercicio de sus funciones. El sentido de la infracción por falta de aplicación de los artículos 90 y 321 Constitucional denunciados, se produce cuando el juzgador entiende que necesariamente debe condenarse al Ministerio Público por existir sentencia absolutoria, cuando todo el resto del ordenamiento legal, tanto de orden sustantivo como procesal, nos orientan a que el Ministerio Público actúa como parte de buena fe y de que entre sus fines y principios se encuentra el ejercicio ineludible y de oficio de la acción penal pública. Conforme a lo expuesto, si el Tribunal hubiera realizado juicios valorativos en forma concordante con el ordenamiento de referencia, indefectiblemente hubiese llegado a la conclusión de que no era procedente la condena en costas, y así lo habría declarado en la sentencia ahora impugnada, de la manera en que se ha dejado establecido. Por otra parte, el juzgador al resolver en el numeral sexto de la fundamentación jurídica, la condena en costas al Ministerio Público, establece que de igual forma el Juez de la etapa preparatoria e intermedia admitió y tramitó un proceso sin acreditarse que la hierba seca decomisada se tratase de droga, con lo anterior está reconociendo la obligación del órgano jurisdiccional de actuar como contralor de legalidad en el proceso, siendo una de sus funciones, establecer en cada una de sus etapas, si concurren suficientes elementos de prueba que permitan mantener un auto de prisión, sobre todo en la etapa intermedia, donde el Juez de Letras, sería quien debería evitar que trascendieran a juicio oral, causas sin fundamento alguno, en consecuencia, resulta improcedente pretender condenar en costas al ente acusador, por haber actuado con objetividad al solicitar se dictara una sentencia absolutoria, como si hubiera actuado sin ningún control jurisdiccional. Es importante indicar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal refiere en relación a las costas que: “si se imponen al acusador se adopta un criterio subjetivo; haber obrado con temeridad o mala fe”. De igual manera la jurisprudencia Española viene identificando la temeridad o mala fe con los supuestos en la pretensión ejercitada carece de toda consistencia y es patente esa ausencia de fundamento (vid. STSS 14 de Junio del 2000; 11 de Marzo de 1998; 15 de Enero de 1997. [1]. Por tanto, el Ministerio público, deja claro que la infracción denunciada es por falta de aplicación de los preceptos Constitucionales citados, expresando además, que la aplicación pretendida es naturalmente la de que absuelva al Ministerio Público del pago de las costas del presente juicio, tal y como se ha dejado demostrado en el presente recurso”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU MOTIVO ÚNICO, INTERPUESTO POR EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. 1) El recurrente denunció la Violación de los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionándolos con las normas de los Artículos 1.1, 15, 16.1.2.3 de la Ley del Ministerio Público y 25 y 92 del Código Procesal Penal. Explica el censor que el A-quo al emitir un fallo mediante el cual se condena en Costas al Ministerio Público, se vulneró el Debido Proceso ya que al ser representante de la sociedad actúa de Buena Fe y tuvo suficientes motivos para litigar. 2) Esta Sala de lo Penal considera que la esencia del Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional, estriba en la observancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, sabedores que por su propia naturaleza el Derecho Penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese Derecho de Persecución de Infracciones Penales, la gama de Derechos y Garantías que hagan de esa persecución un proceso que se ajusta a las reglas señaladas por la Ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la Dignidad Humana de la persona sometida al ius puniendi. 3) Esta Sala ha establecido en diferentes fallos (Ver Sentencias SP 332-2007, SP 400-2007, SP 98-2009, 187-2010, 136-2011) que deviene obligado a clarificar algunos conceptos a efecto de ir sentando pautas de Jurisprudencia sobre el tema objeto del recurso en el sentido de que, por el Principio Acusatorio el Ministerio Público es protagonista principal y responsable de la dirección, control, de los actos de investigación y el ejercicio de la Acción Penal Pública ante el Órgano Judicial, debiendo orientar sus actividades de conformidad a su Ley Especial, acorde a los Principios de Objetividad, Unidad de Actuaciones y Dependencia Jerárquica. Por su parte al Órgano Jurisdiccional corresponde la Función Constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado, debiendo sujetar sus actuaciones a los Principios de Independencia, Deber de Motivación y Fundamentación de las Resoluciones Judiciales, en la aplicación de las normas abstractas al caso concreto. En su ámbito de competencia funcional, tanto el fiscal como el juez están limitados por el imperio de la ley.- El Artículo 56 del Código Penal, señalado como norma relacionada a la infringida, faculta al Juez o Tribunal a condenar en costas cuando proceda, sin distinguir, ni excluir a ningún sujeto procesal interviniente, sea este público o privado.- Debemos de recordar que las costas son el efecto que sufre la persona natural o jurídica que pierde un juicio, siendo común su condena salvo que demuestre a criterio del juzgador que Litigó con Derecho o Razón; en el orden procesal penal y en los sistemas en donde el monopolio de la Acción Penal le corresponde al Ministerio Público, en la mayoría de los códigos existe una prohibición de condena en costas al acusador, basada en que éste Ente está abstraído de pasiones propias de los ofendidos como ser venganza, motivos particulares y otros tipo de intereses, y que ejercita la Acción Penal basado en un Principio de Objetividad, situación prevista y correcta, sin embargo, en Honduras no existe esta prohibición. 4) Es de advertir que la Doctrina Legal desarrollada hasta el momento sobre el tema y desprendida de las sentencias citadas, deberá de sufrir variaciones como consecuencia de la vigencia del Código Procesal Civil a partir del 01 de Noviembre del año 2010, particularmente por lo preceptuado en los Artículos 61.7, 66 y 219.4. El problema ocurre cuando el fiscal asignado a determinar si presenta un requerimiento fiscal, lo hace de manera arbitraria y temeraria, no ajustado a Derecho, acompañando y evacuando prueba en la Fase Preparatoria e Intermedia, que producen en el Juez el grado de probabilidad suficiente para ordenar el debate, en el entendido que el Ministerio Público al presentar el requerimiento no ha evacuado ni descubierto toda su prueba, sino que solamente la necesaria para provocar en el juez la certeza del delito y la probabilidad positiva como se dijo antes de participación del imputado, cuando no es así la actuación del Ministerio Público deja de ser objetiva y se convierte en temeraria y subjetiva, contrario al papel que debe desempeñar el ente persecutor en un Estado de Derecho”.- Aunque el Ministerio Público, es una Entidad Estatal o de Derecho Público y que por regla general, actúa a favor de los Intereses Generales de la Sociedad, no está en manera exento de que en casos muy concretos, pueda ser condenado en costas, en la parte dispositiva de la sentencia en que se absuelve a un acusado. Esta posibilidad procesal de condena en Costas Personales y Procesales al Ministerio Público a favor de los acusados, solo tendría lugar, cuando se haya puesto de manifiesto una limitación o grave restricción de derechos fundamentales de un acusado, a instancia de un Fiscal del Ministerio Público, como resultado de una acusación infundada, continuada al margen de la legalidad, o ajena a los principios reguladores de la función del ente fiscal de: objetividad, dependencia jerárquica y unidad de actuaciones. Tal caso podría hipotéticamente suceder al presentarse una Acción Penal Pública, con prueba espuria, falsa, ilícita, presentada ante el Órgano Judicial, con el solo fin de perjudicar a un acusado. Se debe de entender que el Ministerio Público, es parte procesal de Buena Fe, que actúa en términos de igualdad de partes, responsable de la dirección técnica de la investigación, del ejercicio de la Acción Penal Pública y de la presentación de la prueba incriminatoria o de cargo, y de la que resulte a favor del acusado, para el descubrimiento de la verdad, en tanto no es un acusador a ultranza. 5) Esta Sala de lo Penal aprecia en el caso subjudice que el Ente Acusador actuó con desidia e irresponsabilidad en cuanto al manejo procesal de la causa incoada a los encausados, si bien inicialmente tuvo motivos razonables para litigar ya que contó con un Dictamen de Reconocimiento Preliminar (F 29 Tomo I) realizado en fecha 16 de noviembre del 2008 extendido por Médico Forense, en el que se estableció que por las características (olor, color) de la hierba decomisada ésta podía ser Droga Marihuana, éste dictamen sirvió para sustentar el Auto de Prisión tal como ocurrió, pero para determinar si habían elementos necesarios para enviar la causa a Juicio Oral, se requería de la prueba científica que confirmara dicha suposición. Esta Sala verificó que en fecha 31 de agosto del 2009, la Dirección de Medicina Forense a través del Laboratorio Toxicológico emitió un Dictamen (F 107 Tomo I) en el que se estableció que la hierba decomisada a los procesados NO ERA DROGA MARIHUANA. Lo sorprendente del caso es que en fecha 17 de noviembre del 2009 por insistencia del Defensor Público de los acusados, se llevó a cabo Audiencia de Revisión de Medida (F 91 Tomo I) mediante la cual expuso al Tribunal de Sentencia, que tenía conocimiento que el resultado del Dictamen Toxicológico practicado a la supuesta hierba decomisada era NEGATIVO y que a pesar que el Ministerio Público lo tenía en su poder desde el 24 de agosto del 2009, no había actuado conforme los principios de objetividad que le obliga la Ley. El Ente Acusador notablemente molesto increpa al Tribunal para que le exija al defensor y explique cómo se enteró del resultado de dicho dictamen si la entrega del mismo era totalmente confidencial, poniendo a disposición del Tribunal en ese acto el Dictamen Toxicológico cuestionado, pero en ningún momento justificó el porqué desde el momento en que se enteró del resultado no realizó ninguna acción a favor de los acusados; el A-quo expresó que era imposible proceder a valorar dicho dictamen sino hasta el momento de la evacuación de la prueba en el momento del debate; el Defensor Público notablemente frustrado solicita el cambio de la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA que venían sufriendo los acusados por más de 1 año en virtud del resultado del laboratorio toxicológico. El Ministerio Público ante tal solicitud de cambio de medida se manifestó en desacuerdo pero aun mas increíblemente es que el Tribunal Sentenciador en total desconocimiento de los Derechos Fundamentales que les asisten a los imputados, resolvió que en virtud que la Defensa no presentó prueba conforme el artículo 188 del Código Procesal Penal y que los acusados estaban acusados por un delito grave como ser Trafico de Drogas, se declaraba sin lugar la solicitud de cambio de medida. El Tribunal al finalizar la audiencia, instó a las partes a renunciar al término de 10 días para presentar recusaciones, excusas y nulidades para así darle mayor celeridad al proceso; aunque la Defensa estuvo de acuerdo, el ente fiscal en una actitud de antojo, se negó a renunciar a dicho termino a pesar que no hizo uso del mismo. 6) Según Acta de Debate, el Juicio Oral y Público (F 110 Tomo I) de los acusados E. F. G. M. y M. G. P. se llevó a cabo en fecha 1 Febrero del 2010, en el cual el Ministerio Público a pesar de conocer el resultado de la prueba toxicológica, Formalizó Acusación y no bastándole con ello, durante la evacuación de los medios de prueba solicitó la suspensión del Juicio en virtud de la no incomparecencia de un testigo y un perito, solicitud que fue denegada por el Tribunal. Al momento de las conclusiones el Ministerio Público pidió se dictara una Sentencia Absolutoria. Resulta evidente para esta Sala de lo Penal, la apatía y poco profesionalismo con el que actuaron no solo los agentes del Ministerio Público sino también los Jueces Sentenciadores, con sus acciones se demuestra el desconocimiento total de lo regulado en el artículo 12 del Código Procesal Penal, referente a la Lealtad con la Justicia. Desde el momento en que se realizó la audiencia de Revisión de Medidas y se tuvo conocimiento del resultado del Dictamen Toxicológico, el A-quo debió cambiar las medidas impuestas a los imputados, era ilógico manifestar que no podía valorar el dictamen toxicológico porque correspondía al momento de la evacuación de prueba en el debate, si precisamente en la audiencia de Revisión de Medidas se propone prueba para acreditar que han desaparecido los presupuestos del Artículo 172, es decir Indicios Suficientes de participación y que el hecho constituya delito, presupuestos que desaparecieron desde que se tuvo conocimiento del resultado del examen toxicológico. Si bien los jueces conocen del resultado del Dictamen Toxicológico hasta la audiencia de Revisión de Medida, resulta aún más temerario que el Ministerio Público lo haya tenido en su poder desde el 24 de agosto del 2009 y no haya solicitado la respectiva Audiencia de Revisión de Medidas para evitar que injustamente los procesados sufrieran la medida cautelar limitativa de la Libertad más dura que contempla nuestra Legislación Procesal, como ser la Prisión Preventiva. 7) En el presente caso considera esta Sala Penal que existió Grave Restricción de Derechos Fundamentales como el Derecho de Defensa, el Estado de Inocencia y el Debido Proceso; ya que las actuaciones del Ente Acusador fueron totalmente ajenos a los Principios de Objetividad e Imparcialidad que debe regir la función fiscal, por tanto desde el momento en que conoció de los resultados del Examen Toxicológico a la hierba decomisada, ya No Litigó con Derecho o Razón, en consecuencia es procedente declarar sin lugar el presente motivo de casación y confirmar en todas y cada una de sus partes la Sentencia recurrida. Ahora bien este Tribunal Ad-quem había dejado por sentado que las costas exigibles al Ministerio Público antes del primero de noviembre del 2010, se extienden a las partidas económicas de Costas Procesales y Otros Gastos del Proceso y no así a las Costas Personales, dado que éstas pudieron haber sido cargo del Estado mediante la representación en juicio por un Defensor Público, lo que fue decisión de la parte litigante 8) En virtud que ha detectado este Tribunal de Casación, posibles actuaciones irregulares en el desempeño de sus acciones por parte de Funcionarios Judiciales y Fiscales que podrían acarrear consecuencias legales para el Estado de Honduras, esta Sala de lo Penal ordena que se remita atenta nota a la Inspectoría General de Tribunales y a la Dirección de Fiscalía, para que investigue la conducta de los Funcionarios Públicos que participaron en la Audiencia de Revisión de Medidas (F 91 Tomo I) y si luego de las respectivas indagaciones se concluye que incurrieron en alguna falta, se les deduzcan la responsabilidad administrativa y/o penal que en Derecho corresponda. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados, 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 12, 172, 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR, el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el representante del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara firme y Ejecutable la Sentencia de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO. – NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-197-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Derecho Procesal Penal, Andrés de la Oliva Santos, 6ª. Ed, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Pág.. 827