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Sentencia CP-187-11 — Registro 2616

Resumen

Se absolvió en primer instancia al imputado por el delito de homicidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 90, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El artículo 361 del Código Procesal Penal, introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II. En análisis del Recurso interpuesto, la Censora desarrolla dos motivos denunciando la violación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90: Principio de Inviolabilidad de la Defensa y del Debido Proceso respectivamente, ambas normas relacionadas a la actividad procesal y de observancia obligatoria por el órgano jurisdiccional. La Censora, en su Recurso alega que se ha violentado el debido proceso y el derecho de defensa de la ofendida M. E. M., considerando que aún cuando haya fallecido, ésta tiene el derecho de que se castigue a la persona culpable de su muerte, indica que la violación de las garantías se produce debido a que el Tribunal de Sentencia no valoró adecuadamente el dictamen de autopsia practicado al cuerpo de la ofendida en donde claramente se señala que la manera de muerte es homicida. III. Esta Sala, considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Respecto al Derecho de Defensa esta Sala de lo Penal ha señalado que: “...uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German). De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); además esta Sala de lo Penal, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). Pero además, el derecho de defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, por lo que los derechos de igualdad, audiencia, presentación de pruebas, contradicción e impugnación también le son inherentes a su participación en el proceso. IV. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A criterio de esta Sala de lo Penal, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para el Ministerio Público de realizar actos procesales en defensa de los intereses generales de la sociedad, como la presentación de argumentos, presentación de prueba, contradicción, audiencia, presentación de peticiones y de Recursos; La recurrente señala, que se ha violentado el derecho de defensa de la persona fallecida al no haberse condenado a la acusada como responsable de su muerte, más éste alegato es por demás improcedente, la persona fallecida no puede ejercer el derecho de defensa en el proceso, sino que es el Ministerio Público quien lo hace como defensor de los intereses sociales que incluyen los de las víctimas del delito y que se resumen en el interés de investigación y castigo de aquellas personas que hayan infringido la ley penal provocando lesiones a bienes jurídicos protegidos. Por el contrario, el reclamo formulado por el Ministerio Público radica en el razonamiento externado por el Tribunal de Sentencia en la valoración del medio de prueba pericial de autopsia, alegando que como consecuencia de esa errónea valoración se deriva el fallo condenatorio, alegato que no tiene relación con la garantía constitucional de inviolabilidad del debido proceso o del derivado derecho de defensa que se denuncian como inobservados, debido a que éste alegato es propio de otro tipo de Recurso de Casación, habiendo incurrido la Impugnante en una formulación equivoca del Recurso para plasmar su alegato referente a la valoración del referido medio

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 90, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El artículo 361 del Código Procesal Penal, introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II. En análisis del Recurso interpuesto, la Censora desarrolla dos motivos denunciando la violación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90: Principio de Inviolabilidad de la Defensa y del Debido Proceso respectivamente, ambas normas relacionadas a la actividad procesal y de observancia obligatoria por el órgano jurisdiccional. La Censora, en su Recurso alega que se ha violentado el debido proceso y el derecho de defensa de la ofendida M. E. M., considerando que aún cuando haya fallecido, ésta tiene el derecho de que se castigue a la persona culpable de su muerte, indica que la violación de las garantías se produce debido a que el Tribunal de Sentencia no valoró adecuadamente el dictamen de autopsia practicado al cuerpo de la ofendida en donde claramente se señala que la manera de muerte es homicida. III. Esta Sala, considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Respecto al Derecho de Defensa esta Sala de lo Penal ha señalado que: “...uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German). De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); además esta Sala de lo Penal, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). Pero además, el derecho de defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, por lo que los derechos de igualdad, audiencia, presentación de pruebas, contradicción e impugnación también le son inherentes a su participación en el proceso. IV. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A criterio de esta Sala de lo Penal, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para el Ministerio Público de realizar actos procesales en defensa de los intereses generales de la sociedad, como la presentación de argumentos, presentación de prueba, contradicción, audiencia, presentación de peticiones y de Recursos; La recurrente señala, que se ha violentado el derecho de defensa de la persona fallecida al no haberse condenado a la acusada como responsable de su muerte, más éste alegato es por demás improcedente, la persona fallecida no puede ejercer el derecho de defensa en el proceso, sino que es el Ministerio Público quien lo hace como defensor de los intereses sociales que incluyen los de las víctimas del delito y que se resumen en el interés de investigación y castigo de aquellas personas que hayan infringido la ley penal provocando lesiones a bienes jurídicos protegidos. Por el contrario, el reclamo formulado por el Ministerio Público radica en el razonamiento externado por el Tribunal de Sentencia en la valoración del medio de prueba pericial de autopsia, alegando que como consecuencia de esa errónea valoración se deriva el fallo condenatorio, alegato que no tiene relación con la garantía constitucional de inviolabilidad del debido proceso o del derivado derecho de defensa que se denuncian como inobservados, debido a que éste alegato es propio de otro tipo de Recurso de Casación, habiendo incurrido la Impugnante en una formulación equivoca del Recurso para plasmar su alegato referente a la valoración del referido medio. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. TERCERO: Declarando firme y ejecutable la sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida.

Legislación citada

Sentencia

S. P 187-2011

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual ABSOLVIÓ a la señora J. S. H., de toda responsabilidad por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de la señora M. E. M. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada JASMIN AYALA VARELA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado SALVADOR CUESTAS AREVALO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado PEDRO ANASTASIO CASTELLON GARCÍA, en su condición de Apoderado Defensor Privado de la señora J. S. H., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Antes del veintiuno de agosto del año dos mil ocho, J. S. H., se traslada a vivir a un apartamento alquilado por D. I. R., propiedad del señor O. D. C. B., construcción de concreto, color amarillo, en la planta alta de la edificación de dos niveles, ubicado en la carretera que conduce de la comunidad de Coxen Hole a la comunidad de West End, en el municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, cerca de la Gasolinera Woodrs; dicho apartamento está conformado de una sala, cocina, un baño y dos dormitorios, de las cuales J. S. H., ocupaba la habitación que se encuentra ubicada con vista a la carretera y D. I. R. ocupaba el dormitorio ubicado en la parte posterior del edificio de apartamentos con vista al Mar. SEGUNDO: En fecha veintiuno de agosto del año dos mil ocho, en torno a las ocho de la noche, J. S. H., llega al bar denominado “Purple Turtle” donde ingiere bebidas alcohólicas, más tarde, a eso de las diez y treinta de la noche llega hasta ese lugar D. I. R. en compañía de M. E. M. y otras personas, D. I. R. le presenta a su compañera de apartamento J. S. H. a M. E. M., momentos después D. y M. y sus acompañantes se separan de J. S. H. y se ubican en otro lugar del bar. TERCERO: Cerca de la media noche de ese mismo día, J. S. H. busca a D. I. R. y le pregunta si regresan juntos a casa, al no obtener respuesta de este, se retira del lugar con dirección al apartamento e ingresa a su dormitorio; momentos después llega al apartamento D. I. R. en compañía de M. E. M. CUARTO: Cerca de las tres de la mañana del día siguiente, veintidós de agosto, J. S. H., escucha un ruido que la despierta, y como tenía necesidad de hacer uso del sanitario sale de su dormitorio, percatándose de que la puerta del baño se encontraba cerrada y observa a D. I. R. parado en la puerta del dormitorio de éste, indicándole que M. E. M., se encuentra en el interior del baño; momentos después, la puerta del baño se abre y M. E. cae al piso boca abajo frente a ellos, por lo que D. I. R. la auxilia ayudado por J. S. H.; minutos después M. E. mejora su salud, por lo que J. S. H., va al baño, se retira a su habitación y se duerme; sin que se lograra determinar lo que aconteció en dicho apartamento entre las tres de la madrugada y las seis de la mañana. QUINTO: A eso de las seis de la mañana del día veintidós de agosto, J. S. H. se despierta por las llamadas de auxilio D. I. R., y al acercarse al dormitorio de éste observa a M. E. M. desnuda en la cama boca arriba, respirando con dificultad y observa también eses fecales sobre la cama; D. I. R. le pide que busque ayuda, J. S. H. sale y toca la puerta del apartamento de al lado, donde viven O. D. C. B. y C. E. W. L.; baja y toca la puerta de una clínica Médica en el mismo edificio y, al no obtener respuesta, cruza la carretera y pide ayuda en la Gasolinera Woodrs. SEXTO: A su regreso al apartamento J. S. H. observa a M. E. M. ya, en el piso, cubierta con una sábana, y a D. I. R., dándole respiración boca a boca y maniobras de primeros auxilios; luego D. I. R. y O. D. llevan a M. E. M., a la paila de un vehículo y la colocan sobre un colchón, y junto a J. S. H. la trasladan al Hospital de Roatán, ubicado en la comunidad de Coxen Hole, en busca de asistencia médica. SÉPTIMO: Aproximadamente a las seis y veinticinco minutos de la mañana, es ingresada M. E. M., al Hospital de Roatán, donde es atendida por el doctor Aldo Xavier Betanco Peña, quién le abre expediente clínico y le practica maniobras de Resucitación Cardio-Pulmonar, intento de entubación y aplicación de suero, para después declarar muerta a M. E. M.; cuya muerte se produjo por daño agudo del cerebro secundario a traumatismo con objeto romo contundente, presentando además un síndrome asfíctico”. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, reúnen los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismos. II. La recurrente, Abogada JASMIN AYALA VARELA formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO INVOCADO: “Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 116 del Código Penal” PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL PRIMER MOTIVO:“Artículo 116: Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión” El Tribunal sentenciador al momento de valorar las probanzas incorporadas al juicio, estimó como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: Antes del veintiuno de agosto del año dos mil ocho, J. S. H., se traslada a vivir a un apartamento alquilado por D. I. R., propiedad del señor O. D. C. B., construcción de concreto, color amarillo, en la planta alta de la edificación de dos niveles, ubicado en la carretera que conduce de la comunidad de Coxen Hole a la comunidad de West End, en el municipio de Roatan, Departamento de Islas de la Bahía, cerca de la Gasolinera Woodrs; dicho apartamento está conformado de una sala, cocina, un baño y dos dormitorios, de las cuales J. S. H., ocupaba la habitación que se encuentra ubicada con vista a la carretera y D. I. R. ocupaba el dormitorio ubicado en la parte posterior del edificio de apartamentos con vista al Mar. SEGUNDO: En fecha veintiuno de agosto del año dos mil ocho, en torno a las ocho de la noche, J. S. H., llega al bar denominado “Purple Turtle” donde ingiere bebidas alcohólicas, mas tarde, a eso de las diez y treinta de la noche llega hasta ese lugar D. I. R. en compañía de M. E. M., y otras personas. D. I. R. le presenta a su compañera de apartamento J. S. H. a M. E. M., momentos después D. y M. y sus acompañantes, se separan de J. S. H. y se ubican en otro lugar del bar. TERCERO: Cerca de la media noche de ese misma día, J. S. H. busca a D. I. R. y le pregunta si regresan juntos a casa, al no obtener respuesta de este, se retira del lugar con dirección al apartamento e ingresa a su dormitorio; momentos después llega al apartamento D. I. R. en compañía de M. E. M. CUARTO: Cerca de las tres de la mañana del día siguiente, veintidós de agosto, J. S. H. escucha un ruido que la despierta, y como tenía necesidad de hacer uso del sanitario sale de su dormitorio, percatándose de que la puerta del baño se encontraba cerrada y observa a D. I. R. parado en la puerta del dormitorio de éste, indicándole que M. E. M., se encuentra en el interior del baño; momentos después, la puerta del baño se abre y M. E. cae al piso boca abajo frente a ellos, por lo que D. I. R. la auxilia ayudado por J. S. H.; minutos después M. E. mejora su salud, por lo que J. S. H., va al baño, se retira a su habitación y se duerme; sin que se lograra determinar lo que aconteció en dicho apartamento entre las tres de la madrugada y las seis de la mañana. QUINTO: A eso de las seis de la mañana del día veintidós de agosto, J. S. H. se despierta por las llamadas de auxilio D. I. R., y al acercarse al dormitorio de éste observa a M. E. M. desnuda en la cama boca arriba, respirando con dificultad y observa también eses fecales sobre la cama; D. I. R. le pide que busque ayuda, J. S. H. sale y toca la puerta del apartamento de al lado, donde vive O. D. C. B. y C. E. W. L.; baja y toca la puerta de una clínica Médica en el mismo edificio y, al no obtener respuesta, cruza la carretera y pide ayuda en la Gasolinera Woodrs. SEXTO: A su regreso al apartamento J. S. H. observa a M. E. M. ya, en el piso, cubierta con una sabana, y a D. I. R., dándole respiración boca a boca y maniobras de primeros auxilios; luego D. I. R. y O. D. llevan a M. E. M., a la paila de un vehículo y la colocan sobre un colchón, y junto a J. S. H. la trasladan al Hospital de Roatan, ubicado en la comunidad de Coxen Hole, en busca de asistencia médica. SEPTIMO: Aproximadamente a las seis y veinticinco minutos de la mañana, es ingresada M. E. M., al Hospital de Roatán, donde es atendida por el doctor Aldo Xavier Betanco Peña, quien le abre expediente clínico y le práctica maniobras de Resucitación Cardio-Pulmonar, intento de entubación y aplicación de suero, para después declarar muerta a M. E. M., cuya muerte se produjo por daño agudo del cerebro secundario a traumatismo con objeto romo contundente, presentando además un síndrome asfíctico. (Lo entrelineado es nuestro). De lo anterior se desprende, que en la declaración de Hechos Probados, mismos que se fundamentan o sustentan en la declaración que rindiera la acusada en el juicio, el Juzgador dio por acreditado que la muerte de la Joven M. E. M., fue producto de un daño agudo del cerebro secundario a traumatismo con objeto romo contundente, presentando además un síndrome asfíctico. A título ilustrativo resulta de trascendencia señalar que tal aseveración se desprende de la pericia consistente en el dictamen de autopsia practicado a la occisa, mediante la cual se establece asimismo que desde el punto de vista médico legal, la manera de muerte es Homicida, sin embargo a pesar de ello, no declara la culpabilidad de la Imputada. Es de considerar Honorable Magistrados que el Tribunal de Sentencia determinó absolver a la acusada J. S. H. del delito de Homicidio Simple en perjuicio de M. E. M., evidenciándose una falta de aplicación del artículo 116 del Código Penal, pues resulta claro que según la declaración de hechos probados, que la protagonista principal de los mismos lo constituye la acusada, por lo que no puede desconocer el Tribunal en ningún momento la presencia de ésta en la escena del crimen, donde declara asimismo como probado la manera de muerte de la occisa, circunstancia ésta que se desprende de la pericia forense, que también establece que siempre de manera explicativa sin respetar los requisitos doctrinarios legales y jurisprudenciales de este sendero recursivo “Los múltiples traumas sufridos pudieron haber sido causados por un mismo individuo, pero no es posible descartar la participación de mas individuos en el mismo hecho”. Cabe señalar que del factum se desprende que la imputada observó a eso de las seis de la mañana a la ahora occisa con vida, pues al acercarse al dormitorio donde ésta se encontraba, miró que ella respiraba con dificultad; aspecto éste que concuerda con uno de los hallazgos encontrados en el cuerpo de la víctima al momento de practicársele la autopsia como ser un síndrome asfíctico. Si bien es cierto, el factum es claro al señalar que la imputada salió en busca de ayuda, lo cierto es, que dicha acción se realizó cuando la occisa se encontraba ya sin vida, considerando el hallazgo establecido por la autopsia que a la víctima se le produjo un daño agudo en el cerebro secundario a traumatismo con objeto romo contundente. Habiéndose demostrado efectivamente que el juzgador incurrió en falta de aplicación del articulo 116 del Código Penal, al desprenderse del factum sin duda alguna, que la muerte de la occisa M. E. M., fue lógicamente causado por la Imputada, ya que se desprende del propio factum que ésta estuvo presente en la escena del hecho, asimismo estableció las incidencias suscitadas dentro de su apartamento, y a pesar que su relato encuentra coincidencia en ciertos aspectos con la pericia forense, lo cierto es, que en la parte resolutiva de la sentencia se dispuso absolver a la enjuiciada pese a que el cuadro fáctico consignó como verdad intangible que la víctima presentó un daño cerebral producido por objeto romo (golpe) (del cual la imputada no se refirió a pesar de haber estado cerca de la occisa) aspectos que determinan sin lugar a dudas su participación en los hechos. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada”. III. Continúa manifestando la recurrente: “DE LA INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL SEGUNDO MOTIVO: “Falta de aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 82 de dicha carta magna en relación a los artículos 4 y 13 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el presente caso el Ministerio Público presento como medio de prueba tanto Documental como pericial, el dictamen de Autopsia que se le practicara a la ofendida el cual lo realizó la perito forense Doctora Heybee Yesenia Caballero, destacándose hallazgos de importancia como así quedo también plenamente establecida la cusa de muerte, siendo esta “Las equimosis presentes en el antebrazo izquierdo y la región palmar de mano derecha son compatibles con lesiones de defensa. La fractura coronal del diente incisivo central superior izquierdo se produjo como consecuencia de un trauma directo a nivel de boca. Los múltiples traumas sufridos pudieron haber sido causados por un mismo individuo, pero no es posible descartar la participación de mas individuos en el mismo hecho. Es de suma importancia destacar la participación del Perito Consultor del Ministerio Público, doctor Amilcar Rodas, quien invoca plenamente con las conclusiones de la experticia supra indicada, manifestando que efectivamente la causa de muerte de la occisa fue daño agudo al cerebro secundario a traumatismo con objeto romo contundente, presentando además un síndrome asfíctico, Los múltiples traumas sufridos pudieron haber sido causados por un mismo individuo, pero no es posible descartar la participación de más individuos en el mismo hecho y que desde el punto de vista medico legal, la manera de muerte es Homicida. El juzgador al establecer en su valoración de prueba “Que el informe Pericial practicado no constituye una verdadera prueba, por haberse realizado sin las garantías de fiabilidad, pues resulta confuso al indicar criterios distintos que resultan excluyentes uno de otro”. Esta afirmación dada por el juzgador es refutada científicamente por el consultor del Ministerio Público al haber establecido este en el desarrollo del juicio “Que ambos dictámenes se describen iguales lesiones y la manera de muerte en ambos dictámenes es homicida, y que se desarrolla de forma mas pronta y acortante las conclusiones en el comentario medico legal definitivo. Ante tal andamiaje probatorio contundente y científico, el juzgador violentó el debido proceso y el Derecho de Defensa que estipula nuestra Carta Magna, en este caso concreto al derecho de la difunta M. E. M., que aunque ya no este presente, tiene derecho a que se castigue a la culpable de haberle causado la muerte. Como resultado de lo anteriormente expuesto, es evidente la violación al derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República al establecer que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; de igual forma en el proceso penal las garantías se relacionan con quien ha resultado víctima de la comisión de un delito, a quien se considera con derecho a la Tutela Judicial Efectiva, es decir, un proceso con todas las garantías y a la defensa, consagrando entre otros, los citados principios de contradicción e igualdad, garantizando el libre acceso de las partes al proceso, en defensa de derechos e intereses legítimos. Dentro de tales garantías encontramos “El Derecho a la igualdad de armas procesales” (regulado en el artículo 13 del Código Procesal Penal) el cual se entiende tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico I. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir, tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”. Sin embargo, resulta claro que el Tribunal de Sentencia con su decisión de absolver a la encausada ha violentado el principio constitucional del Debido Proceso, y consecuentemente el Derecho de Defensa no valorar el dictamen de autopsia en el cual se establece claramente que la manera de muerte de M. E. M., desde el punto de vista medico legal, es Homicida, y que en el hecho pudieron haber participado mas de dos personas, el juzgador ha violentado el principio constitucional del debido proceso, como así también el Derecho a Defensa. Lo anteriormente expuesto queda finalmente recogido en el artículo 82 de la Constitución de la República, cuando al momento de instituir el Derecho de Defensa no lo limitan de uso de las personas sometidas a proceso, entendiéndose que es un derecho que le asiste tanto al imputado (Defensor) como a la víctima (Acusador Privado y/o Ministerio Público). Siendo que “el Derecho de Defensa es inviolable” el cual ha sido instituido como un pilar fundamental en todo proceso, y al no valorarse el dictamen de autopsia realizado a la ofendida, circunstancia que ha causado perjuicio y que se ve reflejada en la sentencia absolutoria, por lo que solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de las facultades que le han sido delegadas por la ley que le permitan correctamente perseguir su finalidad”. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, ALEGANDO INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b) Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: 1) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; 2) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; 3) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; 4) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal y 5) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí, que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II. La recurrente indica, que ha existido una infracción in iudicando debido a la falta de aplicación del artículo 116 del Código Penal que contiene el tipo penal de Homicidio; señala, que El dictamen de la autopsia legal practicado a la ofendida establece que la manera de muerte es de carácter homicida; indica que la protagonista principal de los hechos probados descritos por el Tribunal de Sentencia es la acusada, a quien ubica en la escena del crimen, declarando además como probado la muerte de la ofendida; concluye que el Juzgador de la Instancia incurrió en la falta de aplicación de la norma sustantiva porque del factum se desprende sin duda que la muerte de la señora M. E. M. fue causado por la acusada, ya que estuvo presente en la escena del hecho. III. Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal indica, que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1) junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La Vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio. El Delito de Homicidio Simple: El delito de Homicidio protege la vida independiente como bien jurídico protegido, está tipificado en el artículo 116 que indica “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. Son los elementos objetivos del tipo penal: a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b) Sujeto Pasivo: podrá ser cualquier persona diferente a: i) Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii) Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y iii) Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; c) Objeto material del delito es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe de ser un ser humano ya nacido y que además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar que dicho de otra manera implica privar de la vida; d) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de Asesinato; e) La Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, misma que se cualifica cuando al momento del delito el sujeto pasivo estuviese realizando sus funciones como autoridad judicial, policial, miembro del Ministerio Público o funcionario o empleado de un establecimiento penal. Como elemento subjetivo el tipo penal de Homicidio Simple es el dolo específico de matar (animus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio Simple: A) Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. IV. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO: La Sala de lo Penal, no está de acuerdo con el criterio en que la Censora sustenta su Recurso, quien sostiene se ha inaplicado la norma sustantiva que contiene el tipo penal de Homicidio, debido a que el Tribunal de la Instancia declara probado: primero que la muerte de la ofendida M. E. M. fue provocada por traumatismo con objeto romo contundente que le ocasionó daño agudo del cerebro y, segundo que la acusada J. S. H. se encontraba en el lugar de los hechos, aspectos que no se subsumen en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestión y por tanto insuficiente para declarar la responsabilidad penal de la acusada, la recurrente debe de considerar y debe saber, que el tipo penal de Homicidio determina la responsabilidad penal de quien de muerte a otra persona, circunstancia que no se encuentra descrita en los hechos declarados probados, es decir, que en éstos no se describe que la acusada haya realizado alguna acción u omisión que tuviese como consecuencia la pérdida de la vida de la ofendida, en ninguno de los siete apartados se indica que haya sido la señora J. S. H. quien hubiese ejercido violencia en contra de la señora M. E. M., con la intención de privarle la vida. El hecho de que se declare probado que la acusada se encontraba en la misma vivienda donde se dio la muerte de la ofendida, no constituye una circunstancia que permita señalar o indicar la vinculación de la acusada como autora del delito imputado. La Censora además, hace también acopio al dictamen de autopsia de Medicina Forense, cuya perito Heybee Yesenia Caballero fue de la opinión que la estrangulación se pudo realizar por un individuo pero que no se descarta la participación de dos personas (F. 414), calificando la manera de muerte como Homicida, concluyendo la Recurrente que ello también es fundamento para declarar con lugar el Recurso, más la Censora olvida que éste argumento está orientado a valorar de manera individual el medio de prueba referido con desconocimiento de lo fijado en los hechos declarados probados, lo que compromete el principio de Intangibilidad de los Hechos probados explicado líneas atrás, pilar del Recurso de Casación por Infracción de Ley Penal Sustantiva que ha interpuesto la misma recurrente. Como consecuencia, la Sala de lo Penal determina, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación planteado en su único motivo, dado que al confrontar los hechos declarados probados con la norma penal que se denuncia como inobservada, se concluye que en el factum no se identifican los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal de homicidio por el cual se entablo acción penal en contra de la acusada. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, DENUNCIANDO INOBSERVANCIA DE LOS ARTÍCULOS 90, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El artículo 361 del Código Procesal Penal, introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede vincularse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II. En análisis del Recurso interpuesto, la Censora desarrolla dos motivos denunciando la violación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90: Principio de Inviolabilidad de la Defensa y del Debido Proceso respectivamente, ambas normas relacionadas a la actividad procesal y de observancia obligatoria por el órgano jurisdiccional. La Censora, en su Recurso alega que se ha violentado el debido proceso y el derecho de defensa de la ofendida M. E. M., considerando que aún cuando haya fallecido, ésta tiene el derecho de que se castigue a la persona culpable de su muerte, indica que la violación de las garantías se produce debido a que el Tribunal de Sentencia no valoró adecuadamente el dictamen de autopsia practicado al cuerpo de la ofendida en donde claramente se señala que la manera de muerte es homicida. III. Esta Sala, considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Respecto al Derecho de Defensa esta Sala de lo Penal ha señalado que: “...uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German). De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); además esta Sala de lo Penal, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). Pero además, el derecho de defensa también le asiste al Ministerio Público, acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe de garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, por lo que los derechos de igualdad, audiencia, presentación de pruebas, contradicción e impugnación también le son inherentes a su participación en el proceso. IV. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A criterio de esta Sala de lo Penal, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para el Ministerio Público de realizar actos procesales en defensa de los intereses generales de la sociedad, como la presentación de argumentos, presentación de prueba, contradicción, audiencia, presentación de peticiones y de Recursos; La recurrente señala, que se ha violentado el derecho de defensa de la persona fallecida al no haberse condenado a la acusada como responsable de su muerte, más éste alegato es por demás improcedente, la persona fallecida no puede ejercer el derecho de defensa en el proceso, sino que es el Ministerio Público quien lo hace como defensor de los intereses sociales que incluyen los de las víctimas del delito y que se resumen en el interés de investigación y castigo de aquellas personas que hayan infringido la ley penal provocando lesiones a bienes jurídicos protegidos. Por el contrario, el reclamo formulado por el Ministerio Público radica en el razonamiento externado por el Tribunal de Sentencia en la valoración del medio de prueba pericial de autopsia, alegando que como consecuencia de esa errónea valoración se deriva el fallo condenatorio, alegato que no tiene relación con la garantía constitucional de inviolabilidad del debido proceso o del derivado derecho de defensa que se denuncian como inobservados, debido a que éste alegato es propio de otro tipo de Recurso de Casación, habiendo incurrido la Impugnante en una formulación equivoca del Recurso para plasmar su alegato referente a la valoración del referido medio. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. TERCERO: Declarando firme y ejecutable la sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud del Abogado SALVADOR CUESTAS AREVALO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha quince de abril del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-187-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase. El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Véase. Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ANGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto.”