Sentencia CP-187-10 — Registro 2615
Resumen
En primer instancia se absolvió por el delito de robo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 1) El Recurrente interpuso Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional alegando la infracción del Artículo 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 56 del Código Penal; 1.1, 15, 16.1.2.3 de la Ley del Ministerio Público; 25 y 92 del Código Procesal Penal; y consignó como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. El Recurrente centró su reproche, en el hecho que en la Parte Resolutiva del Fallo que se impugna, el Tribunal A-quo condenó en costas al Ministerio Público, a pesar de que actuó de buena fe y en representación de los intereses de la Sociedad. Esta Sala de lo Penal considera que la esencia del Motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, estriba en la inobservancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, sabedores que por su propia naturaleza el Derecho Penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado; y en consecuencia, necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la Ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al ius puniendi. 2) Esta Sala ha establecido en diferentes fallos (Ver Sentencias SP 332-2007, SP 400-2007, SP 98-2009) que deviene obligada a clarificar algunos conceptos a efecto de ir sentando pautas de Jurisprudencia sobre el tema objeto del Recurso, en el sentido de que, por el Principio Acusatorio, el Ministerio Público es protagonista principal, responsable de la dirección y control de los actos de investigación y del ejercicio de la acción penal pública ante el órgano judicial, debiendo orientar sus actividades de conformidad a su Ley Especial, acorde a los principios de Objetividad, Unidad de Actuaciones y Dependencia Jerárquica. Por su parte al órgano jurisdiccional corresponde la función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado, debiendo sujetar sus actuaciones a los principios de independencia, deber de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, en la aplicación de las normas abstractas al caso concreto. En su ámbito de competencia funcional, tanto el fiscal como el juez están limitados por el imperio de la Ley. El Artículo 56 del Código Penal, señalado como norma relacionada a la infringida, faculta al Juez o Tribunal a condenar en costas cuando proceda, sin distinguir, ni excluir a ningún sujeto procesal interviniente, sea este público o privado. Debemos recordar que las costas son el efecto que sufre la persona natural o jurídica que pierde un juicio, siendo común su condena salvo que demuestre a criterio del juzgador que litigó con derecho o razón; en el orden Procesal Penal y en los sistemas donde el monopolio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público, en la mayoría de los códigos existe una prohibición de condena en costas al acusador, basada en que éste ente está abstraído de pasiones propias de los ofendidos como ser venganza, motivos particulares y otros tipo de intereses, además de que ejercita la acción penal basado en un Principio de Objetividad, situación prevista y correcta; sin embargo, en Honduras no existe esta prohibición. El problema ocurre cuando el fiscal asignado a determinar si presenta un requerimiento fiscal, lo hace de manera arbitraria y temeraria, no ajustado a Derecho, acompañando y evacuando prueba en la fase preparatoria e intermedia, que produzca en el juez el grado de probabilidad suficiente para ordenar el debate, en el entendido de que el Ministerio Público, al presentar el requerimiento, no ha evacuado ni descubierto toda su prueba, sino que solamente la necesaria para provocar en el juez la certeza del delito y la probabilidad positiva, como se dijo antes, de participación del imputado, cuando no es así la actuación del Ministerio Público deja de ser objetiva y se convierte en temeraria y subjetiva, contrario al papel que debe desempeñar el ente persecutor en un Estado de Derecho. Aunque el Ministerio Público, es una Entidad Estatal o de Derecho Público y que por regla general, actúa a favor de los intereses generales de la Sociedad, no está en manera alguna exento de que en casos muy concretos pueda ser condenado en costas en la parte dispositiva de la sentencia que absuelve a un acusado. Esta posibilidad procesal de condena en costas personales y procesales al Ministerio Público a favor de los acusados, solo tendría lugar, cuando se haya puesto de manifiesto una limitación o grave restricción de derechos fundamentales de un acusado, a instancia de un Fiscal del Ministerio Público, como resultado de una acusación infundada, continuada al margen de la legalidad o ajena a los principios reguladores de la función del ente fiscal: Objetividad, Dependencia Jerárquica y Unidad de Actuaciones. Tal caso podría hipotéticamente suceder al presentarse ante el órgano judicial una acción penal pública, con prueba espuria, falsa o ilícita, con el sólo fin de perjudicar a un acusado. Se debe entender que el Ministerio Público es Parte Procesal de buena fe, que actúa en términos de igualdad de partes, responsable de la dirección técnica de la investigación, del ejercicio de la acción penal pública, de la presentación de la prueba incriminatoria o de cargo y de la que resulte a favor del acusado, para el descubrimiento de la verdad, en tanto no es un acusador a ultranza. 3) Esta Sala de lo Penal aprecia en el caso subjúdice, que el Fiscal del Ministerio Público asignado al juicio no ha actuado de mala fe, presentando requerimiento, formalizando acusación o instando el juicio. Tampoco encuentra que haya actuado al margen de los deberes propios de su cargo al solicitar en sus conclusiones que se dictara una Sentencia Absolutoria a favor del Acusado. Esta Sala de lo Penal observa que el Fiscal formalizó acusación al inicio del debate, por considerar la existencia de una “causa probable” contra el Imputado; y la incomparecencia de los testigos protegidos A y Z al debate, a pesar de haber evacuado los medios probatorios documentales, lo llevan al convencimiento de solicitar en sus Conclusiones una sentencia absolutoria, de manera que esta decisión no descansa en un capricho o negligencia del Agente Fiscal, sino en la imposibilidad de contar con las pruebas idóneas para sustentar su acusación, en este caso los testigos protegidos, constituyéndose en la prueba vital sin la cual las pretensiones fiscales se vieron truncadas. 4) Si bien es sabido que se puede dar la peculiaridad que un vicio de juicio o de actividad procesal, puede ser atacado bien por Infracción de Precepto Constitucional o por Infracción de Ley o de Normativa que pudiera dar lugar a casación en la forma, lo cierto es que para acceder por Precepto Constitucional, resulta necesario invocar preceptos de derechos fundamentales y a partir de ahí buscar la relación con las normas secundarias que capitalizan dicha infracción. Sin embargo el precepto elegido por el impetrante pudiera dar lugar a admitir que los tribunales no tienen facultades expresas para condenar en costas al Ministerio Público, lo que si puede llegar a suceder como lo ha dejado explicado esta Sala, en virtud de que el Artículo 321 Constitucional regula aquellos casos en que el servidor público actúa sin estar facultado por la Ley, no aquellos supuestos en que estando expresamente facultado, actúa bajo apreciación errónea de la norma que lo faculta; no obstante, al relacionar el Precepto Constitucional directamente con un precepto de carácter sustantivo que también se acusa como infringido (artículo 56 del Código Penal), esta Sala entra a conocer el Recurso por virtud del Precepto Penal y de la Remisión Constitucional; por tanto, en el caso sometido a juzgamiento procede el motivo de casación interpuesto por violación a la norma constitucional del Artículo 321 de nuestra Carta Magna. En consecuencia es procedente declarar con lugar el Único motivo de casación, revocar el fallo condenatorio emitido por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; y dictar un nuevo fallo mediante la cual se absuelva del pago de Costas al Ente Acusador. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados, 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal; 56 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el representante del Ministerio Público, en relación al Precepto Penal; en consecuencia, casa la sentencia. SEGUNDO: Absuelve al Ministerio Público del pago de las costas procesales y gastos ocasionados por el juicio, dejando incólume el resto del pronunciamiento de Primera Instancia por no haber sido objeto de este Recurso. Y MANDA: Que con certificación de este fallo, se remitan las diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes...."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 351 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SP 187-2010
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día veinticinco (25) de abril del año dos mil trece (2013), por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de febrero de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Comayagua, mediante la cual Absolvió a C. A. C. G., como autor responsable del delito de ROBO, en perjuicio de DISTRIBUIDORA RAYOVAC. Interpuso el Recurso de Casación el Abogado JULIO CESAR GARCIA MURILLO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada DIANA RODRIGUEZ como Fiscal del Ministerio Publico, en su condición de recurrente y el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES en su condición de Defensor Privado del Señor C. A. C. G., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: PRIMERO: Que el día 17 de diciembre del año 2003, empleados de la empresa Distribuidora de Rayovac de Honduras, se conducía por el sector conocido como el Tejar Aguantequerique, Departamento de La Paz, distribuyendo productos rayovac, en un vehículo color azul, marca ISUZU, placa número P-AM5955, tipo camión”.CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El recurrente, Abogado Julio Cesar García Murillo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. ÚNICO MOTIVO: Infracción por violación del artículo 321 de la Constitución de la República, en relación con el 56 del Código Penal; los artículos 1.1, 15, 16.1.2.3, de la Ley del Ministerio Público; 25 y 92 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos constitucionales y penales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 321 Constitucional establece: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. De igual manera se invoca como infringido en relación, el artículo 56 del Código Penal, el cual si bien es cierto fue aplicado por el sentenciador al emitir su fallo, lo hizo de manera indebida, por lo que se considera importante citarlo, aún y cuando el alegato fundamental del presente recurso es la infracción de precepto constitucional supra-referido, por ello se transcribe a continuación: Artículo 56 del Código Penal: “En los casos en que PROCEDIERE imponer el pago de costas, se comprenderán tanto las procesales como las personales, y además los gastos ocasionados por el juicio y que no se incluyan en las costas los cuales se tasarán en la misma forma que aquéllas”. En el presente caso, la norma constitucional citada, se ve vulnerada al haber condenado el juzgador al Ministerio Público al pago de costas, puesto que el mismo no podía imponer tal sanción, por el sólo hecho de dictar una sentencia absolutoria a favor del imputado, ya que tal circunstancia no siempre está vinculada a la condena de costas que establece la normativa penal y procesal; mucho menos en este juicio, donde contra quien se establece esta sanción, es el ente acusador que realiza el ejercicio de la acción penal no en su propio nombre, sino en representación y defensa de los intereses de la sociedad, amparando su actividad en los principios contenidos en la Ley del Ministerio Público que rigen la labor fiscal, como son los artículos 1.1, 15, 16.1.2.3, de la Ley del Ministerio Público y 25 Y 92 del Código Procesal Penal, normas que han sido citadas en relación. Por otra parte resulta importante señalar, que si bien es cierto el artículo 56 del CP, faculta al Tribunal sentenciador a imponer el pago de costas cuando fuere necesaria, tal atribución se ve limitada cuando se trata de acciones promovidas por el Ministerio Público, ya que como se ha supra-referido, actúa como representante de la sociedad y no en su condición de litigante privado, en consecuencia, al haber sancionado al ente acusador con el pago de costas procesales, el juzgador se está excediendo en el ejercicio de sus atribuciones, por desconocer el carácter con que actúan los agentes de Tribunales en el proceso, pues sería diferente en el caso de los acusadores privados, donde el sentenciador puede condenarlos al pago de costas al obtener un sobreseimiento o sentencia absolutoria, amparado en acusaciones caprichosas e infundadas, por el contrario, el Ministerio Público jamás podría ser condenado ya que se constituye como parte de buena fe. Se torna importante además, tomar en consideración lo preceptuado en el artículo 303 Constitucional que señala, que la justicia se imparte de manera gratuita por los Tribunales, por tal razón y apegados a dicha norma constitucional, exoneran a los condenados al pago de costas. Este artículo nos lleva a preguntarnos, si la justicia es gratuita en materia penal, para el que resulta condenado por la comisión de un delito, porque no habría de serlo para el Ministerio Público, que al ejercer la acción penal pública no hace más que cumplir con la obligación que le impone la ley, fundamentando sus peticiones en la prueba obtenida mediante las investigaciones. Tal extremo evidencia una vez más, que el órgano jurisdiccional actuó fuera del marco de la ley al condenar en costas al ente acusador. De conformidad al factum de la sentencia impugnada que condujo precisamente a que éste Tribunal absolviese al enjuiciado C. A. C. G. por el delito de ROBO, en perjuicio de La Empresa Distribuidora RAYOVAC, se evidencia claramente que en la parte Resolutiva del fallo recurrido se han violado los artículos citados como infringidos por falta de aplicación, en virtud de haber condenado en costas al Ministerio Público, a pesar de que éste actúa como parte de buena fe y no en representación propia, sino en función de proteger los intereses de la sociedad. Siendo que el Tribunal dictó sentencia absolutoria y con la cual estamos de acuerdo, consideramos que el punto de discusión y que genera la interposición del presente recurso, es solamente la condena en costas materializada en la parte resolutiva de la sentencia, por lo siguiente: Si bien es cierto en el debate no se logró acreditar por parte del Ministerio Público, la existencia del ilícito penal atribuido al acusado, como tampoco la responsabilidad del mismo, no es menos cierto, que si lo había hecho en la etapa preparatoria del proceso, mediante la misma prueba que había sido propuesta para evacuarse en la audiencia de debate de juicio oral y público, pues de lo contrario, no habría pasado el filtro procesal de las etapas anteriores al debate, como ser la audiencia inicial y la preliminar, por cuanto el Juez de garantías en esa etapa procesal, hubiese dictado un sobreseimiento definitivo o cuando menos provisional y no un auto de apertura a juicio, si no hubiesen existido todos los elementos suficientes para que el Ministerio Público considerase la existencia del ilícito de Robo, ya que existían razones suficientes para litigar, sin embargo al momento de evacuarse el juicio oral, concurren circunstancias que están fuera del control del ente acusador, como ser la no comparecencia de los testigos, quienes son pieza claves, para lograr la pretensión acusatoria, pese a que el mismo Ministerio Público, hizo todos los esfuerzos necesarios para su localización, siendo ello imposible[1], aún y cuando la citación de testigos le compete únicamente al órgano jurisdiccional. Es decir, el Ministerio Público no ha avalado de manera alguna la impunidad ni en éste, ni en ningún otro caso, por lo que actuando bajo el principio de objetividad[2], estimó que no concurrían elementos de prueba suficientes para establecer sin lugar a dudas que el imputado era responsable del delito por el cual se inició la acción penal, por lo que decidió al momento de formular las conclusiones solicitar sentencia absolutoria a favor del encausado; ello no porque ésta fuera la pretensión del ente acusador, sino porque la no evacuación de la prueba en el debate, estuvo fuera de su alcance, como explicamos anteriormente. Tal omisión se debe a circunstancias que no dependen de nuestra voluntad y, con fundamento en lo anterior, nos encontramos ante una absolución ajustada a derecho y a petitoria del mismo ente acusador; siendo la parte resolutiva en donde se nos condena en costas, evidenciando él A quo un total desconocimiento de los principios que rigen al Ministerio Público como organismo especializado, encargado de la obligación ineludible de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública. La Ley del Ministerio Público en su artículo 1.1 dispone, que uno de los principales fines y objetivos del Ministerio Público es representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley mediante el ejercicio de la acción penal pública. (Artículo 1.2). En ése mismo orden de ideas, el artículo 6 de la misma ley orgánica prescribe que el Ministerio Público tendrá el ejercicio ineludible y de oficio de la acción penal pública; normas legales que deben ser leídas e interpretadas en función del principio general contenido en el artículo 15 donde se dispone que el Ministerio Público, en todo caso, se constituirá en el juicio como parte de buena fe; y efectivamente, buena fe quiere decir buena intención en el ejercicio o promoción de la acción penal, pero en estos como en cualquier otro proceso penal; lo trascendente a efectos decisorios es que el Tribunal es independiente para decidir la consecuente absolución o condena del enjuiciado, sin dejar de tomar en consideración a la hora de decidir sobre las costas, lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal y lo establecido en todos los preceptos antes indicados citados en relación. Conforme al mencionado artículo 56 del Código Penal, no en todos los casos en que se absuelva procede la condena en costas, sin embargo como se ha venido señalando en la explicación del presente recurso, el juzgador desconoció tal circunstancia, siendo por eso que en el presente caso se presenta la violación del artículo 321 constitucional que comprende el principio de legalidad y que establece un límite a los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, en este caso al órgano jurisdiccional. Asimismo, no hay discusión que después de lo debatido en juicio, los cargos por Robo se desvanecieron, pero sí hay evidencia de que el Fiscal tuvo elementos de investigación que lo conducían a promover la acción penal, en ése sentido también es atinente a la discusión sobre condena en costas lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal donde se ratifica que el ejercicio de la acción pública le corresponde al Ministerio Público, y además, confirmando dicho mandato, en el artículo 92 de ése mismo ordenamiento procesal, todo lo anterior respetando, como es lógico, el principio de objetividad en el ejercicio de sus funciones. Constituyéndose el sentido de la infracción por falta de aplicación del artículo 321 Constitucional denunciada, que se produce cuando el juzgador entiende que necesariamente debe condenarse al Ministerio Público por existir sentencia absolutoria, cuando todo el resto del ordenamiento legal, tanto de orden sustantivo como procesal, nos orientan a que el Ministerio Público actúa como parte de buena fe y de que entre sus fines y principios se encuentra el ejercicio ineludible y de oficio de la acción penal pública. Conforme a lo expuesto, si el Tribunal hubiera realizado juicios valorativos en forma concordante con la normativa de referencia, indefectiblemente hubiese llegado a la conclusión de que no era procedente la condena en costas, y así lo habría declarado en la sentencia ahora impugnada, de la manera en que se ha dejado establecido. Por otra parte, el juzgador al resolver en el numeral tercero de la fundamentación jurídica, la condena en costas al Ministerio Público, acepta que entre las funciones del ente acusador, está la de intervenir ante los Tribunales de Justicia para alcanzar sus fines propuestos y establecidos en su ley orgánica; por lo que de manera tácita admite que éste tuvo suficientes razones para incoar la acción penal, por lo tanto está reconociendo la obligación del órgano jurisdiccional de actuar como contralor de legalidad en el proceso, siendo una de sus funciones, establecer en cada una de sus etapas, si concurren suficientes elementos de prueba que permitan mantener un auto de prisión, sobre todo en la etapa intermedia, donde el Juez de Letras, sería quien debería evitar que trascendieran a juicio oral, causas sin fundamento alguno, De manera que en el caso subjudice, tanto el órgano jurisdiccional en todas sus etapas, como el Ministerio Público, consideraron que existía la probanza necesaria para elevar el proceso a juicio, en consecuencia, resulta improcedente pretender condenar en costas al ente acusador, por haber actuado con objetividad al solicitar se dictara una sentencia absolutoria, como si hubiera actuado sin ningún control jurisdiccional. Es importante indicar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal refiere en relación a las costas que: “si se imponen al acusador se adopta un criterio subjetivo; haber obrado con temeridad o mala fe”. De igual manera la jurisprudencia Española viene identificando la temeridad o mala fe con los supuestos en que la pretensión ejercitada carece de toda consistencia y es patente esa ausencia de fundamento (vid. STSS 14 de Junio del 2000; 11 de Marzo de 1998; 15 de Enero de 1997[3]). Por tanto, el Ministerio Público, deja claro que la infracción denunciada es por falta de aplicación del precepto Constitucional citado, expresando además, que la aplicación pretendida es naturalmente la de que absuelva al Ministerio Público del pago de las costas del presente juicio, tal y como se ha dejado demostrado en el presente recurso”. III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 1) El Recurrente interpuso Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional alegando la infracción del Artículo 321 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 56 del Código Penal; 1.1, 15, 16.1.2.3 de la Ley del Ministerio Público; 25 y 92 del Código Procesal Penal; y consignó como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. El Recurrente centró su reproche, en el hecho que en la Parte Resolutiva del Fallo que se impugna, el Tribunal A-quo condenó en costas al Ministerio Público, a pesar de que actuó de buena fe y en representación de los intereses de la Sociedad. Esta Sala de lo Penal considera que la esencia del Motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, estriba en la inobservancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, sabedores que por su propia naturaleza el Derecho Penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado; y en consecuencia, necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, la gama de derechos y garantías que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la Ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la dignidad humana de la persona sometida al ius puniendi. 2) Esta Sala ha establecido en diferentes fallos (Ver Sentencias SP 332-2007, SP 400-2007, SP 98-2009) que deviene obligada a clarificar algunos conceptos a efecto de ir sentando pautas de Jurisprudencia sobre el tema objeto del Recurso, en el sentido de que, por el Principio Acusatorio, el Ministerio Público es protagonista principal, responsable de la dirección y control de los actos de investigación y del ejercicio de la acción penal pública ante el órgano judicial, debiendo orientar sus actividades de conformidad a su Ley Especial, acorde a los principios de Objetividad, Unidad de Actuaciones y Dependencia Jerárquica. Por su parte al órgano jurisdiccional corresponde la función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado, debiendo sujetar sus actuaciones a los principios de independencia, deber de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, en la aplicación de las normas abstractas al caso concreto. En su ámbito de competencia funcional, tanto el fiscal como el juez están limitados por el imperio de la Ley. El Artículo 56 del Código Penal, señalado como norma relacionada a la infringida, faculta al Juez o Tribunal a condenar en costas cuando proceda, sin distinguir, ni excluir a ningún sujeto procesal interviniente, sea este público o privado. Debemos recordar que las costas son el efecto que sufre la persona natural o jurídica que pierde un juicio, siendo común su condena salvo que demuestre a criterio del juzgador que litigó con derecho o razón; en el orden Procesal Penal y en los sistemas donde el monopolio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público, en la mayoría de los códigos existe una prohibición de condena en costas al acusador, basada en que éste ente está abstraído de pasiones propias de los ofendidos como ser venganza, motivos particulares y otros tipo de intereses, además de que ejercita la acción penal basado en un Principio de Objetividad, situación prevista y correcta; sin embargo, en Honduras no existe esta prohibición. El problema ocurre cuando el fiscal asignado a determinar si presenta un requerimiento fiscal, lo hace de manera arbitraria y temeraria, no ajustado a Derecho, acompañando y evacuando prueba en la fase preparatoria e intermedia, que produzca en el juez el grado de probabilidad suficiente para ordenar el debate, en el entendido de que el Ministerio Público, al presentar el requerimiento, no ha evacuado ni descubierto toda su prueba, sino que solamente la necesaria para provocar en el juez la certeza del delito y la probabilidad positiva, como se dijo antes, de participación del imputado, cuando no es así la actuación del Ministerio Público deja de ser objetiva y se convierte en temeraria y subjetiva, contrario al papel que debe desempeñar el ente persecutor en un Estado de Derecho. Aunque el Ministerio Público, es una Entidad Estatal o de Derecho Público y que por regla general, actúa a favor de los intereses generales de la Sociedad, no está en manera alguna exento de que en casos muy concretos pueda ser condenado en costas en la parte dispositiva de la sentencia que absuelve a un acusado. Esta posibilidad procesal de condena en costas personales y procesales al Ministerio Público a favor de los acusados, solo tendría lugar, cuando se haya puesto de manifiesto una limitación o grave restricción de derechos fundamentales de un acusado, a instancia de un Fiscal del Ministerio Público, como resultado de una acusación infundada, continuada al margen de la legalidad o ajena a los principios reguladores de la función del ente fiscal: Objetividad, Dependencia Jerárquica y Unidad de Actuaciones. Tal caso podría hipotéticamente suceder al presentarse ante el órgano judicial una acción penal pública, con prueba espuria, falsa o ilícita, con el sólo fin de perjudicar a un acusado. Se debe entender que el Ministerio Público es Parte Procesal de buena fe, que actúa en términos de igualdad de partes, responsable de la dirección técnica de la investigación, del ejercicio de la acción penal pública, de la presentación de la prueba incriminatoria o de cargo y de la que resulte a favor del acusado, para el descubrimiento de la verdad, en tanto no es un acusador a ultranza. 3) Esta Sala de lo Penal aprecia en el caso subjúdice, que el Fiscal del Ministerio Público asignado al juicio no ha actuado de mala fe, presentando requerimiento, formalizando acusación o instando el juicio. Tampoco encuentra que haya actuado al margen de los deberes propios de su cargo al solicitar en sus conclusiones que se dictara una Sentencia Absolutoria a favor del Acusado. Esta Sala de lo Penal observa que el Fiscal formalizó acusación al inicio del debate, por considerar la existencia de una “causa probable” contra el Imputado; y la incomparecencia de los testigos protegidos A y Z al debate, a pesar de haber evacuado los medios probatorios documentales, lo llevan al convencimiento de solicitar en sus Conclusiones una sentencia absolutoria, de manera que esta decisión no descansa en un capricho o negligencia del Agente Fiscal, sino en la imposibilidad de contar con las pruebas idóneas para sustentar su acusación, en este caso los testigos protegidos, constituyéndose en la prueba vital sin la cual las pretensiones fiscales se vieron truncadas. 4) Si bien es sabido que se puede dar la peculiaridad que un vicio de juicio o de actividad procesal, puede ser atacado bien por Infracción de Precepto Constitucional o por Infracción de Ley o de Normativa que pudiera dar lugar a casación en la forma, lo cierto es que para acceder por Precepto Constitucional, resulta necesario invocar preceptos de derechos fundamentales y a partir de ahí buscar la relación con las normas secundarias que capitalizan dicha infracción. Sin embargo el precepto elegido por el impetrante pudiera dar lugar a admitir que los tribunales no tienen facultades expresas para condenar en costas al Ministerio Público, lo que si puede llegar a suceder como lo ha dejado explicado esta Sala, en virtud de que el Artículo 321 Constitucional regula aquellos casos en que el servidor público actúa sin estar facultado por la Ley, no aquellos supuestos en que estando expresamente facultado, actúa bajo apreciación errónea de la norma que lo faculta; no obstante, al relacionar el Precepto Constitucional directamente con un precepto de carácter sustantivo que también se acusa como infringido (artículo 56 del Código Penal), esta Sala entra a conocer el Recurso por virtud del Precepto Penal y de la Remisión Constitucional; por tanto, en el caso sometido a juzgamiento procede el motivo de casación interpuesto por violación a la norma constitucional del Artículo 321 de nuestra Carta Magna. En consecuencia es procedente declarar con lugar el Único motivo de casación, revocar el fallo condenatorio emitido por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; y dictar un nuevo fallo mediante la cual se absuelva del pago de Costas al Ente Acusador. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados, 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal; 56 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el representante del Ministerio Público, en relación al Precepto Penal; en consecuencia, casa la sentencia. SEGUNDO: Absuelve al Ministerio Público del pago de las costas procesales y gastos ocasionados por el juicio, dejando incólume el resto del pronunciamiento de Primera Instancia por no haber sido objeto de este Recurso. Y MANDA: Que con certificación de este fallo, se remitan las diligencias al tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. REDACTÓ EL MAGISTRADO MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.– FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-187-2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] En cumplimiento del artículo 327 y 328 del Código Procesal Penal.
[2] Artículo 93 del Código Procesal Penal.
[3] Derecho Procesal Penal, Andrés de la Oliva Santos, 6ª. Ed, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Pág... 827.