Sentencia CP-177-11 — Registro 14405
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio y Allanamiento de Morada, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 5) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente señala que en la etapa incidental del debate, el Ministerio Publico, con fundamento en el artículo 311.1 del Código Procesal Penal, propuso como medio de prueba de cargo la Certificación del la Audiencia Inicial, celebrada en el curso de la acción penal incoada contra el coimputado JOSE SANTIAGO VILLANUEVA RAMOS, a lo cual accedió en A Quo, no con fundamento el Artículo 311.1, sino en base al artículo 311.2 del mismo texto legal, lo que considera una arbitrariedad por oponerse a los principios de oralidad e inmediación, y por considerar que la audiencia había tenido lugar en el proceso únicamente contra el coimputado VILLANUEVA RAMOS, y no en contra del procesado SERGIO RIVERA RIVERA que aún no había sido habido. La Defensa señala que el artículo 311.1 del CPP exige la concurrencia de presupuestos legitimadores, para no violentar la Garantía del Debido Proceso, que consiste en acreditar la imposibilidad de reproducir la prueba en el acto del juicio, lo que no ha sucedido en el caso bajo examen puesto que no consta que se hayan realizado las diligencias necesarias para localizar y citar a los testigos KAREN DALENI Y GERSON DAVID, ambos de apellidos GUERRERO ACOSTA, y por ende que resultaba imposible traerlos a la presencia del Juzgador de instancia. Reprocha la pobre motivación con la que el A Quo resolvió el Recurso de Reposición de la Defensa, al momento de oponerse a la admisibilidad de dicha prueba e incorporarla al debate mediante lectura autorizada, fundado en el Informe rendido por la Receptora del Despacho. Concluye que a pesar de que a contrario sensu el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, permite la incorporación al juicio de medios de prueba, mediante lectura autorizada, en este caso, su incorporación se hizo con violación a las normas contenidas en el Título IV, Libro Segundo del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que en este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del proceso como lo es el juicio oral y público, de tal manera que estas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa del procedimiento: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase del juicio, sino que se refiere a la vulneración de una norma de tal incidencia, que su violación afecte sustancialmente al proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el juicio oral están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. El vicio será de estimar cuando se trate de una violación de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir las que desarrollan los principios antes apuntados, como por ejemplo, no permitir a una de las partes el ejercicio de su derecho a interrogar los testigos de su contendor, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Penal, y con ello se afectarían los principios de contradicción y defensa. Más no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado, a efecto de que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del Código Procesal Penal en relación al numeral 6) del artículo 346 del mismo texto legal. En consecuencia deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía[1] Esta Sala de lo Penal considera oportuno recordar, que con arreglo a lo previsto en el artículo 311 No. 1) y 2) del Código Procesal Penal, la lectura de testimonios recibidos antes del debate resulta procedente: primero, cuando se hayan recibido conforme al procedimiento establecido para la prueba anticipada, y resulte imposible su reproducción en juicio; y segundo, cuando hayan sido practicadas en la etapa preparatoria, y sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral. Lo dispuesto en el artículo 311 del Código Procesal penal, es justamente la excepción a la regla de oralidad e inmediación de la prueba, que exige la comparecencia de los testigos para rendir sus declaraciones en la sala de juicio, en presencia de los Jueces que integran el tribunal y de las partes intervinientes. No obstante, el espíritu de las normas preinsertas, es justamente que sin menoscabo del derecho de defensa, se evite la impunidad de los delitos, y se preserve la fuente de prueba, asegurando el descubrimiento de la verdad real o material. En el presente caso, el Juzgador ha admitido y valorado prueba incorporada mediante lectura autorizada, consistente en la Certificación del la Audiencia Inicial, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil siete, en el curso de la acción penal promovida contra coimputado, es decir acusado en el mismo proceso, el señor JOSE SANTIAGO VILLANUEVA RAMOS, (folio 51 al 53 del proceso, primera pieza), acta que incorpora las declaraciones de los testigos KAREN DALENI Y GERSON DAVID, ambos de apellidos GUERRERO ACOSTA. Consta en el acta de la audiencia de juicio oral y público (folio 33 vuelto del proceso), que la Receptora del Despacho ha rendido un informe explicando que no le fue posible localizar y citar a los testigos mencionados, para asegurar su comparecencia en juicio, después de desplazarse al lugar fijado para su domicilio, con lo que se acreditó al órgano jurisdiccional, que si se llevaron a cabo las gestiones necesarias para su ubicación, no siendo posible al funcionario judicial dar con su paradero. Esta Sala considera la circunstancia bajo examen es una de las que justifica, por la vía del artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal, la incorporación mediante lectura al juicio de las declaraciones de testigos rendidas en la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral al margen o con independencia de que las mismas se hayan vertido en la audiencia inicial celebrada en el curso de la misma acción penal incoada contra el señor JOSE SANTIAGO VILLANUEVA RAMOS, cuando el coimputado y por lo tanto sujeto al mismo proceso penal, el señor SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA aún no había sido capturado y por lo tanto habido. Por las razones anteriormente expuestas, el motivo de casación invocado por el Censor debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.5 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA ARGUYEND QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor argumenta que el Juzgador de instancia ha inobservado el postulado de derivación en la valoración de las declaraciones rendidas por testigos en la Audiencia Inicial, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil siete, por considerar que tales testimonios no fueron rendidos contra el acusado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, y por ende sus dichos surten efectos incriminatorios en su contra, habida cuenta que tal prueba no se incorporó al debate atendiendo a lo previsto para la citación y comparecencia de testigos en los artículos 230 y 233 del Código Procesal Penal. Considera que de esta prueba no se derivan elementos auténticos, carece de valor y fuerza probatoria y viola derechos fundamentales del acusado garantizados en el artículo 90 de la Constitución de la República. Considera que el sentenciador formó su convicción con las declaraciones rendidas contra el coimputado arriba mencionado y no contra el acusado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, cuando por lógica, los dichos de los testigos iban dirigidos única y exclusivamente contra aquél y no contra el encartado RIVERA RIVERA, ya que en aquel momento no había sido habido. Por otro lado, el Censor alega que los testigos tendieron a incriminar al primer imputado, y que si bien mencionan a SERGIO RIVERA, considera imprescindible su comparencia, para que con la inmediación del Tribunal digan si el SERGIO RIVERA al que aluden, es o no el acusado. Esta Sala considera pertinente recordar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso que ahora nos ocupa, esta Sala reitera que el Juzgador ha incorporado por lectura al juicio, en legal y debida forma, es decir, conforme lo establecido en el artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal, las declaraciones de los testigos en mención, contenidas en el acta de la audiencia inicial, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil siete, (folio 51 del proceso, primera pieza), por estimar razonablemente que no fue posible localizar a dichos testigos en el lugar de su domicilio, declaraciones de cargo que contienen suficientes elementos para identificar entre otros al encartado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, como la persona que el día de los hechos ingresó sin autorización a la vivienda de la misma declarante, Karen Guerrero, y que provocó la muerte violenta del ahora occiso Juan Alberto Membreño Galo, a consecuencia de varias heridas causadas con proyectiles de arma de fuego; declaraciones que han sido valoradas conjunta y armónicamente con las demás pruebas incorporadas al conforme a las reglas de la sana critica, concretamente de la regla de la derivación, propia de la lógica, en tanto en cuanto que las razones vertidas en la motivación factica y jurídica, son congruentes, verdaderas y suficientes para deducir la participación culpable y a título de autor, del acusado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA en los hechos sometidos a juzgamiento. En consecuencia esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA DENUNCIANDO LA VULNERACION DE LA GARANTIA GENERICA DEL DEBIDO PROCESO CONSGRADA EN EL ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. – PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente cita el artículo 90 de la Norma Fundamental donde se establece que: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” y el Artículo 230 del Código Procesal Penal, donde se prevé que: “Las personas que deban comparecer como testigos serán citadas por el órgano jurisdiccional conforme a lo establecido en este Código”, señalando que el A Quo debió agotar las diligencias para ubicar a los testigos. Reprocha también que conforme al Artículo 238 del Código Procesal Penal es obligación de los testigos informar al tribunal sobre el cambio de su domicilio, de tal manera que si la Receptora del Despacho no los encontró en la casa que alquilaban en 2007, debían haberse agotado todas las diligencias que fueran necesarias en orden a su localización. El Censor señala que no se demostró en juicio que los testigos estuvieran fuera del país, ni que se haya realizado su búsqueda en el municipio de Esquías, Comayagua, de donde son originarios. Cuestiona que la policía no hiciera ninguna diligencia para su localización y que tampoco la Receptora identificó a los vecinos que le dijeron que no era posible ubicarlos. Por todo ello estima que lo expresado por el Tribunal y consignado en el Acta del debate: “..lo que hace presumir de manera taxativa que dichas personas no se pueden localizar bajo ninguna forma…” es insostenible desde el punto de vista probatorio, por no haberse realizado ninguna diligencia encaminada a la consecución de tal fin, de tal forma que lo procedente era la suspensión del debate en atención a lo prescrito por el artículo 312 No. 3) del Código Procesal Penal, y ordenar diligencias de localización, y solamente agotadas estas últimas sin resultado alguno, recurrir a la incorporación por lectura. Esta Sala considera pertinente recordar que el artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. El cauce procesal elegido para fundar el presente motivo es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, respecto a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[3]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial y la tutela efectiva de los derechos y garantías fundamentales.- Esta Sala congruente con lo expresado al resolver los anteriores motivos de casación, considera pertinente recordar que la Receptora del Despacho rindió al Tribunal de instancia un informe refiriendo que no fue posible localizar y citar a los testigos de cargo para asegurar su comparecencia en juicio, después de desplazarse al lugar fijado como su domicilio, con lo cual se acreditó que se llevaron a cabo las gestiones suficientes orientadas a ese efecto, no siendo posible al funcionario judicial y ministro de fe pública dar con su paradero. Asimismo, consta de autos (folios 51 al 53 del proceso) en acta de la audiencia inicial incorporada por lectura autorizada al juicio, en la que obran las declaraciones de los testigos de cargo KAREN DALENI Y GERSON DAVID, ambos de apellidos GUERRERO ACOSTA, celebrada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil siete, que las mismas contienen elementos congruentes, verosímiles y suficientes para alcanzar la certeza de que el imputado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA es responsable a título de autor de los hechos delictivos que se le atribuyen. Esta Sala considera que que al haberse las diligencia pertinentes orientadas a localizar y citar a los testigos para comparecer a juicio, y tras ello ponerse de manifiesto que resultaba imposible o extraordinariamente difícil su presencia, no era procedente ordenar en forma indefinida la suspensión del debate, sino continuar con el ya iniciado hasta su completa terminación, tal como ha sucedido en el caso de autos, con lo cual esta Sala estima que el Juzgador de instancia, al haber requerido el informe del receptor y haber concluido que no fue posible localizar al los mencionados testigos, no se ha incurrido en infracción alguna del precepto constitucional de reproche..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador por ley, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, , dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual condenó al señor SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, a la pena de DIECISIETE (17) años de reclusión como autor del delito de HOMICIDIO y a la pena de SEIS (6) MESES por el delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, más las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL; en perjuicio del señor JUAN ALBERTO MEMBREÑO GALO y de la propiedad de KAREN DENELI GUERRERO ACOSTA; asimismo se declara responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado ELVIN TREJO SOTO, actuando en su condición de Apoderado Defensor del imputado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA.- SON PARTES: el Abogado ELVIN TREJO SOTO, Apoderado Defensor del acusado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, como parte recurrente; y la Abogada MIRIAM EMILDA GARCIA, Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHO PROBADO.- Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: El día veinticinco (25) de agosto del año dos mil siete (2007), siendo aproximadamente las siete de la noche, en la Colonia Víctor Chávez de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mientras la joven Karen Daneli Guerrero se encontraba en su casa de habitación en compañía de su novio el joven Juan Alberto Membreño y dos hermanos más, ingresa a dicha vivienda sin ninguna autorización el señor SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, portando un arma de fuego, y luego de sostener una discusión previa, le asesta nueve impactos de bala al joven Alberto Membreño, que le ocasionaron su muerte en el Hospital Evangélico de la misma ciudad”. III.- El recurrente, Abogado ELVIN TREJO SOTO, formalizó su recurso de casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: Infracción, por aplicación indebida del artículo 36, párrafo primero del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Aquo, al momento de proferir el fallo y condenar al imputado, infringe la ley por aplicar indebidamente el artículo 36 párrafo primero del Código Penal, el que literalmente manda; Las disposiciones del artículo anterior no se aplicaran en el caso de que un solo hecho constituya dos o mas delitos o cuando uno de ellos sea medios necesario para cometer el otro”, por lo que no procedía acumular los delitos como acciones independientes; siendo evidente que ante el caso de autos, si hipotéticamente el imputado hubiese cometido los delitos atribuidos, estaríamos ante un “concurso ideal de delitos”, el cual se da cuando una sola acción constituye o da lugar a dos o más delitos, o cuando uno de éstos sea medio necesario para cometer el otro; En el primer caso se habla de un “concurso ideal impropio u homogéneo” (una acción y dos o mas delitos) y en el segundo caso, de un “concurso ideal impropio heterogéneo”, (dos o mas acciones que dan lugar a dos o mas delitos cuando uno de estos sea medio necesario para cometer el otro), por lo tanto, si alguien ingresa a una vivienda con el ánimo de robar, necesariamente para consumir la acción debe ingresar automáticamente a la misma, por lo cual seria impropio hablar de dos acciones diferentes al tenor de lo establecido en el artículo antes citado, al igual de lo acontecido ante el caso subjudice, a quien o quienes cometieron el delito de HOMICIDIO, es imposible atribuirles el delito de ALLANAMIENTO, si para cometer el mismo, había que ingresar necesariamente a la vivienda; demostrándose así plenamente el error del Tribunal Sentenciador en el caso que nos ocupa. El interés práctico de la cuestión estriba sobre todo en la medida de la pena a imponer, en base al principio de la Unidad de la Pena, debiéndose aplicar ante el caso de mérito el Principio de Absorción, para quien o quienes hayan cometido el delito. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor argumenta que el Tribunal de instancia al momento de proferir el fallo y condenar al imputado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, por los delitos de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JUAN ALBERTO MEMBREÑO GALO y de ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de la propiedad de KAREN DENELI GUERRERO ACOSTA, ha infringido la ley al aplicar indebidamente el artículo 36, párrafo primero del Código Penal, el que literalmente dice: “Las disposiciones del artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos o mas delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro”. Esgrime que en el caso bajo examen, para los efectos de imponer la pena no procedía acumular los delitos como acciones independientes, ya que si hipotéticamente el imputado hubiese cometido los delitos que se le atribuyen, estaríamos ante un “concurso ideal de delitos”, es decir, cuando una sola acción constituye o da lugar a dos o más delitos o cuando uno de éstos sea medio necesario para cometer el otro. Explica que a quien o quienes cometieron el delito de HOMICIDIO que ahora se juzga, no es procedente imponerles una pena por el delito de ALLANAMIENTO, ya que para cometer el mismo, había que ingresar necesariamente a la vivienda. Concluye que el Tribunal de instancia ha debido aplicar el principio de Unidad de la Pena y de Absorción, para quien o quienes hayan cometido el delito contra la vida antes apuntado. En el caso bajo examen el Censor alega que se ha infringido por aplicación indebida el Artículo 36, párrafo primero del Código Penal, que literalmente dice: “Las disposiciones del artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos o mas delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro”, precepto legal donde seguidamente se prevé que “En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte.”. El reclamo presentado por el Censor no es procedente por las siguientes razones: a) el Tribunal de instancia no aplicó el artículo 36 párrafo primero del Código Penal relativo al concurso ideal, sino que la figura del concurso real prevista por el artículo 35 del mismo texto punitivo, por ende no puede hablarse de una “aplicación indebida” del artículo 36 como lo denuncia el recurrente; b) el artículo 350 del Código Procesal Penal establece la prohibición de reforma peyorativa o de “non Reformatio in Peius”, cuando dice que “la sentencia que resuelva un recurso…sólo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente”.., de este modo si este Tribunal de Casación se apoyara en el previsto por el primer párrafo del artículo 36 del Código Penal se vería obligado a la aplicación del aumento de la pena en un cuarto sobre la base del delito más grave, en este caso el homicidio simple, lo que iría en evidente perjuicio del reo, único impugnante en esta sede, pues aumentaría la sanción ya impuesta por el Tribunal de instancia, amén de que el artículo 37 párrafo último prevé por remisión, que la aplicación de las reglas del concurso ideal no se aplicarán cuando le resulte más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Para ser más precisos, si se aplicará la figura del concurso ideal como lo pretende el Censor, y si partimos del caso hipotético de que se hubiese impuesto la pena mínima del homicidio de quince años aumentada en una cuarta parte, ello arrojaría una pena de reclusión de 18 años 9 meses, lo que superaría la de 17 años 6 meses que le fuera impuesta por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque. Por todas las razones anteriormente expuestas el motivo invocado por el casacionista debe ser desestimado. IV.- Continúa manifestando el Recurrente en su: “EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Por la inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 362 numeral 2), del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: En la etapa incidental del debate, invocando como preceptos los artículos 311.1 y 320 del Código Procesal Penal, el Ministerio Publico propone como medio de prueba contra de mi defendido, la Certificación del la Audiencia Inicial de fecha 31 de Agosto del año 2007, celebrada ante el Juzgado de Letras de Siguatepeque, Comayagua, contra el coimputado JOSE SANTIAGO VILLANUEVA RAMOS, a lo cual accedió en Tribunal Sentenciador, pero no en fundamento al artículo 311.1 como lo peticionó el Ministerio Público, sino en base al artículo 311.2, ambos del Código Procesal Penal, lo cual, independientemente de la fundamentación legal, constituye una arbitrariedad colosal, ya que la susodicha audiencia en ningún momento se había celebrado en contra el encausado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, sino en contra del primer imputado, por lo tanto, en ese momento procesal oportuno, los dichos o hechos narrados por los testigos, tienden exclusivamente y de una forma directa a incriminar al primer imputado; por lo que es inaudito, que el tribunal sentenciador argumente o sostenga, que los principios de; oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación que rigen en el proceso penal, prevalecieron en el juzgamiento del Señor SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, cuando ni siquiera había sido habido; es mas, sabemos que esos Principios solo pueden adquirir vigencia plena en el juicio oral y público o debate, por lo que no entendemos la posición del Tribunal como garante la Constitución de la República y demás leyes; en lo único que acertó el Tribunal Sentenciador es en el sentido que en base al artículo 88 párrafo tercero de la Constitución de la República; “Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente”, pero, en relación al primer imputado que fue contra la cual se rindió, y en ningún caso o bajo ninguna circunstancia en contra del Señor SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, contra el cual no fue rendida ya que ni siquiera había sido habido. Que conste. No obstante lo anterior, cuando el artículo 311 del Código Procesal Penal, permite la incorporación de al juicio de ciertas diligencias evacuadas en las etapas previas al debate, lo permite de manera excepcional, y en el caso de autos fue al revés, ya que se admitió de manera general, porque total y absolutamente todos los testigos propuestos fueron admitidos en la misma, ya que de los tres (3) que propuso el ministerio Publico, renunció a la declaración del Señor JAIRO GEDALIAS GUERRERO ACOSTA. Aunado a lo anterior, cuando el artículo 311.1 del Código citado y en el cual el Ministerio Público fundamentó su petición de introducir al debate la lectura de la Audiencia Inicial antes dicha, esta norma exige la concurrencia de ciertos presupuestos legitimadores, para no violentar así la Garantía del Debido Proceso, contenida en el artículo 90 de nuestra Constitución, exigiendo como conditio sine qua non; “la imposibilidad de reproducirse en el acto del juicio”, y en autos no se encuentran evacuadas las diligencias necesarias hacia la consecución de tal fin, porque en ningún momento está acreditado que hayan realizado las diligencias necesarias para localizar y citar a los testigos KAREN DALENI Y GERSON DAVID, ambos de apellidos GUERRERO ACOSTA, para llegar a la errónea conclusión por parte del Tribunal que resulta imposibles traerlos a su presencia. Si vemos la pobre motivación con la que el Tribunal Sentenciador resolvió el Recurso de Reposición de la Defensa Técnica del enjuiciado, al momento de oponerse a la admisibilidad de ese medio de prueba e incorporarlo al debate mediante lectura autorizada; el Tribunal dijo; “estimamos que es imposible traer los testigos, por contar con un Informe de la Receptora, Ministro de Fe Pública, por delegación de la ley que por versiones de los vecinos los testigos no se pueden localizar de ninguna forma ” aunque lo que expuso como motivo el Ministerio Publico para no contar con la presencia de éstos, fue la de que estaban fuera del país, contrario al Informe rendido por la Receptora, quien dijo que fue por versiones de los vecinos, sin que siquiera identifique plenamente a uno de éstos, de todo lo cual, se concluye: 1.- El Ministerio Público no le acreditó al Tribunal con medios de pruebas indubitados, que los testigos estaban en el exterior, como para tener por sentado su dicho. 2.- La Receptora del Despacho no constata en su supuesto Informe la identidad plena de quienes son esos supuestos testigos con nombre y número de identidad que le dijeron que era imposible localizar a los mismos. 3.- Si de autos se constata que la casa donde ocurrió el hecho era rentada en aquél entonces pos los testigos, no necesariamente habría que esperar que aun los tuviesen su domicilio en la misma, por lo cual debió buscárseles en otro lado y propiamente en su municipio de origen. 4.- De la misma Certificación de la Audiencia Inicial de fecha 31 de Agosto de 2007, se colige, que ambos testigos son oriundos del Municipio de Esquías, Comayagua, con Código 0304, y no existe en autos comunicación librada al Juez de Paz de aquel municipio pidiéndole citar a los testigos, o a la Municipalidad, extendiendo Constancia de Vecindad de los mismos, para determinar su domicilio, o que la Receptora se haya personado a la casa de los padres de los testigos a citarles. 5.- El artículo 230 del Código Procesal Penal establece que los testigos deben ser citados, y si en autos no existe copia de cedula de citación alguna, de que dicha diligencia se haya practicado, la pregunta es; ¿Dónde está el debido proceso como garantía fundamental a ser observada en todo juicio. 6.- Es más el artículo 233 del Código antes citado, prevé que para el caso de que un testigo que haya sido citado no quiera concurrir a la presencia judicial, existe la posibilidad de hacerlo comparecer haciendo uso incluso, de la fuerza publica, procedimiento que tampoco se a agotado en el caso de merito, por lo tanto el debido proceso a desparecido en el caso subjudice, y el Tribunal solo pretendió quitarse un expediente mas a como diera lugar. 7.- En síntesis el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, prevé también la viabilidad del presente recurso, por haberse incorporado al juicio medios de pruebas mediante lectura autorizada, en violación a las normas contenidas en el Título IV, Libro Segundo del precitado Código, y el artículo 311 forma parte integrante de dicho Título, y debe observarse. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ENCARTADO SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 5) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente señala que en la etapa incidental del debate, el Ministerio Publico, con fundamento en el artículo 311.1 del Código Procesal Penal, propuso como medio de prueba de cargo la Certificación del la Audiencia Inicial, celebrada en el curso de la acción penal incoada contra el coimputado JOSE SANTIAGO VILLANUEVA RAMOS, a lo cual accedió en A Quo, no con fundamento el Artículo 311.1, sino en base al artículo 311.2 del mismo texto legal, lo que considera una arbitrariedad por oponerse a los principios de oralidad e inmediación, y por considerar que la audiencia había tenido lugar en el proceso únicamente contra el coimputado VILLANUEVA RAMOS, y no en contra del procesado SERGIO RIVERA RIVERA que aún no había sido habido. La Defensa señala que el artículo 311.1 del CPP exige la concurrencia de presupuestos legitimadores, para no violentar la Garantía del Debido Proceso, que consiste en acreditar la imposibilidad de reproducir la prueba en el acto del juicio, lo que no ha sucedido en el caso bajo examen puesto que no consta que se hayan realizado las diligencias necesarias para localizar y citar a los testigos KAREN DALENI Y GERSON DAVID, ambos de apellidos GUERRERO ACOSTA, y por ende que resultaba imposible traerlos a la presencia del Juzgador de instancia. Reprocha la pobre motivación con la que el A Quo resolvió el Recurso de Reposición de la Defensa, al momento de oponerse a la admisibilidad de dicha prueba e incorporarla al debate mediante lectura autorizada, fundado en el Informe rendido por la Receptora del Despacho. Concluye que a pesar de que a contrario sensu el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, permite la incorporación al juicio de medios de prueba, mediante lectura autorizada, en este caso, su incorporación se hizo con violación a las normas contenidas en el Título IV, Libro Segundo del Código Procesal Penal. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que en este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del proceso como lo es el juicio oral y público, de tal manera que estas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa del procedimiento: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase del juicio, sino que se refiere a la vulneración de una norma de tal incidencia, que su violación afecte sustancialmente al proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el juicio oral están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. El vicio será de estimar cuando se trate de una violación de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir las que desarrollan los principios antes apuntados, como por ejemplo, no permitir a una de las partes el ejercicio de su derecho a interrogar los testigos de su contendor, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 330 del Código Procesal Penal, y con ello se afectarían los principios de contradicción y defensa. Más no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado, a efecto de que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del Código Procesal Penal en relación al numeral 6) del artículo 346 del mismo texto legal. En consecuencia deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía[1] Esta Sala de lo Penal considera oportuno recordar, que con arreglo a lo previsto en el artículo 311 No. 1) y 2) del Código Procesal Penal, la lectura de testimonios recibidos antes del debate resulta procedente: primero, cuando se hayan recibido conforme al procedimiento establecido para la prueba anticipada, y resulte imposible su reproducción en juicio; y segundo, cuando hayan sido practicadas en la etapa preparatoria, y sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral. Lo dispuesto en el artículo 311 del Código Procesal penal, es justamente la excepción a la regla de oralidad e inmediación de la prueba, que exige la comparecencia de los testigos para rendir sus declaraciones en la sala de juicio, en presencia de los Jueces que integran el tribunal y de las partes intervinientes. No obstante, el espíritu de las normas preinsertas, es justamente que sin menoscabo del derecho de defensa, se evite la impunidad de los delitos, y se preserve la fuente de prueba, asegurando el descubrimiento de la verdad real o material. En el presente caso, el Juzgador ha admitido y valorado prueba incorporada mediante lectura autorizada, consistente en la Certificación del la Audiencia Inicial, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil siete, en el curso de la acción penal promovida contra coimputado, es decir acusado en el mismo proceso, el señor JOSE SANTIAGO VILLANUEVA RAMOS, (folio 51 al 53 del proceso, primera pieza), acta que incorpora las declaraciones de los testigos KAREN DALENI Y GERSON DAVID, ambos de apellidos GUERRERO ACOSTA. Consta en el acta de la audiencia de juicio oral y público (folio 33 vuelto del proceso), que la Receptora del Despacho ha rendido un informe explicando que no le fue posible localizar y citar a los testigos mencionados, para asegurar su comparecencia en juicio, después de desplazarse al lugar fijado para su domicilio, con lo que se acreditó al órgano jurisdiccional, que si se llevaron a cabo las gestiones necesarias para su ubicación, no siendo posible al funcionario judicial dar con su paradero. Esta Sala considera la circunstancia bajo examen es una de las que justifica, por la vía del artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal, la incorporación mediante lectura al juicio de las declaraciones de testigos rendidas en la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral al margen o con independencia de que las mismas se hayan vertido en la audiencia inicial celebrada en el curso de la misma acción penal incoada contra el señor JOSE SANTIAGO VILLANUEVA RAMOS, cuando el coimputado y por lo tanto sujeto al mismo proceso penal, el señor SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA aún no había sido capturado y por lo tanto habido. Por las razones anteriormente expuestas, el motivo de casación invocado por el Censor debe ser desestimado. SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el Tribunal sentenciador en la valoración de la prueba, Las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 362 numeral 3), del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: De conformidad con el artículo 202 del Código Procesal Penal; “Las pruebas serán valoradas con arreglo a las reglas de la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, lo anterior en relación a lo establecido en el artículo 336 párrafo primero de precitado Código. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de instancia. Es de sumo conocimiento que las reglas a que nos referimos están integradas por las de la experiencia, psicología y la lógica, y nos referiremos a estas últimas por considerar que fueron estas las que no utilizó acertadamente el sentenciador; Las reglas de la lógica implican que en el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos), y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad), La coherencia manda la aplicación de los Principios de identidad, contradicción y tercero excluido. Y ello es así, porque la derivación desprendida de las reglas de la Lógica, como parte integrante de las de la sana crítica, induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe de derivar de elementos auténticos); siendo aquí donde se denota el grave error del Tribunal Sentenciador, ya que la declaración rendida por los testigos en la Audiencia Inicial del 31 de Agosto de 2007, no fue rendida contra mi representado, por lo tanto, sus dichos no son vinculante contra éste, y al no haberse incorporado al debate la misma previo al agotamiento del procedimiento exigido en los artículos 230 y 233 del Código Procesal Penal, carece de autenticidad, por ende, el razonamiento del sentenciador no deriva de elementos auténticos sino ilegítimos, por ende prescinde de todo valor y fuerza probatoria, porque además se lleva de encuentro derechos fundamentales constitucionalmente garantizados, garantizados a favor del enjuiciado al tenor de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Expuesto lo anterior, esta defensa encuentra violatoria del sistema de valoración de la prueba proclamado por el Código Procesal Penal, la sentencia impugnada, porque el sentenciador formó su convicción de las declaraciones rendidas contra el primer imputado y no contra mi representado, cuando por lógica, los dichos de los testigos iban dirigidos única y exclusivamente contra aquél y no contra mi defendido ya que en aquel momento no había ni siquiera habida y por ende no estaba siendo juzgado, aunado a que jamás existió inmediación como principio, puesto que en aquella audiencia, los testigos tendieron a incriminar la primer imputado y si bien es cierto mencionan a un tal SERGIO RIVERA, mi representado responde al nombre de SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, por lo que se vuelve imprescindible la comparencia de éstos, para que con la inmediación del Tribunal digan si el SERGIO RIVERA al que aluden es o no mi representado”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA ARGUYEND QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor argumenta que el Juzgador de instancia ha inobservado el postulado de derivación en la valoración de las declaraciones rendidas por testigos en la Audiencia Inicial, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil siete, por considerar que tales testimonios no fueron rendidos contra el acusado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, y por ende sus dichos surten efectos incriminatorios en su contra, habida cuenta que tal prueba no se incorporó al debate atendiendo a lo previsto para la citación y comparecencia de testigos en los artículos 230 y 233 del Código Procesal Penal. Considera que de esta prueba no se derivan elementos auténticos, carece de valor y fuerza probatoria y viola derechos fundamentales del acusado garantizados en el artículo 90 de la Constitución de la República. Considera que el sentenciador formó su convicción con las declaraciones rendidas contra el coimputado arriba mencionado y no contra el acusado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, cuando por lógica, los dichos de los testigos iban dirigidos única y exclusivamente contra aquél y no contra el encartado RIVERA RIVERA, ya que en aquel momento no había sido habido. Por otro lado, el Censor alega que los testigos tendieron a incriminar al primer imputado, y que si bien mencionan a SERGIO RIVERA, considera imprescindible su comparencia, para que con la inmediación del Tribunal digan si el SERGIO RIVERA al que aluden, es o no el acusado. Esta Sala considera pertinente recordar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso que ahora nos ocupa, esta Sala reitera que el Juzgador ha incorporado por lectura al juicio, en legal y debida forma, es decir, conforme lo establecido en el artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal, las declaraciones de los testigos en mención, contenidas en el acta de la audiencia inicial, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil siete, (folio 51 del proceso, primera pieza), por estimar razonablemente que no fue posible localizar a dichos testigos en el lugar de su domicilio, declaraciones de cargo que contienen suficientes elementos para identificar entre otros al encartado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, como la persona que el día de los hechos ingresó sin autorización a la vivienda de la misma declarante, Karen Guerrero, y que provocó la muerte violenta del ahora occiso Juan Alberto Membreño Galo, a consecuencia de varias heridas causadas con proyectiles de arma de fuego; declaraciones que han sido valoradas conjunta y armónicamente con las demás pruebas incorporadas al conforme a las reglas de la sana critica, concretamente de la regla de la derivación, propia de la lógica, en tanto en cuanto que las razones vertidas en la motivación factica y jurídica, son congruentes, verdaderas y suficientes para deducir la participación culpable y a título de autor, del acusado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA en los hechos sometidos a juzgamiento. En consecuencia esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. V.- Continúa manifestado el Recurrente en el siguiente: “MOTIVO DE CASACION POR VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. UNICO: Vulneración de la Garantía al Debido Proceso, comprendida en el artículo 90, de la Constitución de la República, en relación al artículo 230 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido dentro del artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Establece el artículo 90 de nuestra Norma Fundamental que; “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” por su parte, el artículo 230 del Código Procesal Penal, prevé que; “Las personas que deban comparecer como testigos serán citadas por el órgano jurisdiccional conforme a lo establecido en este Código” (lo subrayado y en negrita es nuestro); ello implica que hay que agotar diligencias para ubicarlos, incluso el artículo 238 del Código Procesal Penal establece la obligación de los testigos de informar al tribunal cambios en sus domicilios, por lo tanto si la Receptora no los encontró en la casa que alquilaban en el 2007, debió haber recurrido al Ministerio Público, quien por la iniciativa que le concede el artículo 279 del precitado Código éste debió agotar todas las vías o diligencias necesarias para su localización, además está acreditado en autos, que no se demostró que estén fuera del país como lo dijo la Fiscal, y por si fuera poco está acreditado que no los fueron a buscar al municipio donde dijeron eran originarios en la Audiencia Inicial del 31 de Agosto de 2007, (Esquías, Comayagua), y está acreditado que la policía no hizo ninguna diligencia para su localización, también que la Receptora no identificó a los supuestos vecinos que le dijeron que era imposible localizarlos, por lo tanto la expresión que motiva la resolución del Tribunal Sentenciador en el Acta del juicio oral y público, de que; “ … lo que hace presumir de manera taxativa que dichas personas no se pueden localizar bajo ninguna forma…” es utópica pos ser un argumento que es total y absolutamente insostenible desde el punto de vista probatorio, por no haberse hecho ninguna diligencia creíble encaminada a la consecución de tal fin (citar en legal y debida forma a los testigos); por lo tanto, en base al artículo 312, numeral 3) del Código Procesal Penal, lo que procedía era la suspensión del debate; y ordenar las prácticas de todas las diligencias posibles, y una vez agotadas, recurrir a lo establecido en el artículo 311.1 del precitado código; por lo que al declarase con lugar el presente recurso debe ordenarse la celebración de un nuevo juicio con otro Tribunal que este dispuesto a agotar todas las diligencias anteriormente señaladas, y no violentar así el derecho fundamental antes referido. Finalmente, el Tribunal no puede desconocer que conforme al artículo 1 del Código Procesal Penal; “Ninguna persona puede ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haber sido probado los hechos en un juicio oral y publico, llevado a cabo conforme a PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA…. Y EL PRESENTE LOS CODIGO…”, (lo entre comillas, mayúscula, negrita y puntos suspensivos son nuestros), y esos principios no son más que; Debido Proceso (artículo 90 de la Constitución), Contradicción (artículo 4 del Código Procesal Penal), Concentración (artículo 306 del Código Procesal Penal), Publicidad, (artículo 308 del Código Procesal Penal, Oralidad ( artículo 310 del Código Procesal Penal), y sobre todo el de Inmediación, de la cual pudo tener el Juzgado de Letras de Siguatepeque, Comayagua, con respecto a lo que declararon en contra del coimputado JOSE SANTIAGO VILLANUEVA RAMOS, pero la Inmediación como Principio debe ser del Tribunal de Sentencia con respecto al enjuiciado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA razones por las cuales a lo efectuado por el Tribunal Sentenciador, le es aplicable el artículo 321 del la Constitución de la República, el cual manda; “ Los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” por lo que solicitamos la admisibilidad del presente recurso, y se ordene lo que en derecho corresponde, y adquiera así vigencia plena, el artículo primero de la Ley del Pueblo, de que Honduras es un Estado de Derecho y que el proceso penal no es inquisitivo”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA DENUNCIANDO LA VULNERACION DE LA GARANTIA GENERICA DEL DEBIDO PROCESO CONSGRADA EN EL ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. – PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente cita el artículo 90 de la Norma Fundamental donde se establece que: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” y el Artículo 230 del Código Procesal Penal, donde se prevé que: “Las personas que deban comparecer como testigos serán citadas por el órgano jurisdiccional conforme a lo establecido en este Código”, señalando que el A Quo debió agotar las diligencias para ubicar a los testigos. Reprocha también que conforme al Artículo 238 del Código Procesal Penal es obligación de los testigos informar al tribunal sobre el cambio de su domicilio, de tal manera que si la Receptora del Despacho no los encontró en la casa que alquilaban en 2007, debían haberse agotado todas las diligencias que fueran necesarias en orden a su localización. El Censor señala que no se demostró en juicio que los testigos estuvieran fuera del país, ni que se haya realizado su búsqueda en el municipio de Esquías, Comayagua, de donde son originarios. Cuestiona que la policía no hiciera ninguna diligencia para su localización y que tampoco la Receptora identificó a los vecinos que le dijeron que no era posible ubicarlos. Por todo ello estima que lo expresado por el Tribunal y consignado en el Acta del debate: “..lo que hace presumir de manera taxativa que dichas personas no se pueden localizar bajo ninguna forma…” es insostenible desde el punto de vista probatorio, por no haberse realizado ninguna diligencia encaminada a la consecución de tal fin, de tal forma que lo procedente era la suspensión del debate en atención a lo prescrito por el artículo 312 No. 3) del Código Procesal Penal, y ordenar diligencias de localización, y solamente agotadas estas últimas sin resultado alguno, recurrir a la incorporación por lectura. Esta Sala considera pertinente recordar que el artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. El cauce procesal elegido para fundar el presente motivo es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica, el peticionario debe echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, respecto a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[3]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial y la tutela efectiva de los derechos y garantías fundamentales.- Esta Sala congruente con lo expresado al resolver los anteriores motivos de casación, considera pertinente recordar que la Receptora del Despacho rindió al Tribunal de instancia un informe refiriendo que no fue posible localizar y citar a los testigos de cargo para asegurar su comparecencia en juicio, después de desplazarse al lugar fijado como su domicilio, con lo cual se acreditó que se llevaron a cabo las gestiones suficientes orientadas a ese efecto, no siendo posible al funcionario judicial y ministro de fe pública dar con su paradero. Asimismo, consta de autos (folios 51 al 53 del proceso) en acta de la audiencia inicial incorporada por lectura autorizada al juicio, en la que obran las declaraciones de los testigos de cargo KAREN DALENI Y GERSON DAVID, ambos de apellidos GUERRERO ACOSTA, celebrada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil siete, que las mismas contienen elementos congruentes, verosímiles y suficientes para alcanzar la certeza de que el imputado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA es responsable a título de autor de los hechos delictivos que se le atribuyen. Esta Sala considera que que al haberse las diligencia pertinentes orientadas a localizar y citar a los testigos para comparecer a juicio, y tras ello ponerse de manifiesto que resultaba imposible o extraordinariamente difícil su presencia, no era procedente ordenar en forma indefinida la suspensión del debate, sino continuar con el ya iniciado hasta su completa terminación, tal como ha sucedido en el caso de autos, con lo cual esta Sala estima que el Juzgador de instancia, al haber requerido el informe del receptor y haber concluido que no fue posible localizar al los mencionados testigos, no se ha incurrido en infracción alguna del precepto constitucional de reproche. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361, 362.2 y 3 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando SIN lugar el recurso de casación por Infracción de Ley Sustantiva, en su motivo único; Quebrantamiento de forma, en sus dos motivos, y por Infracción de Precepto Constitucional, en su motivo único; invocado por el Apoderado Defensor del acusado SERGIO ADAMIN RIVERA RIVERA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha cuatro de febrero de dos mil once. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR POR LEY.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-177-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. en este sentido: LOPEZ ZUNIGA, EDUARDO JAIR / FERNANDEZ ENTRALGO, JESUS, en AAVV, Derecho Procesal Penal de Honduras, Manual Teórico-Práctico, LITICOM, Tegucigalpa, 2004, págs. 601-602.
[2] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior.
[3] Vid en este sentido: LLORENTE FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”