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Sentencia CP-176-11 — Registro 14404

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"....- CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO PEDRO JOSE REYES FLORES, ARGUYENDO QUE LA DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS CONTENIDA EN LA SENTENCIA RECURRIDA NO ES CLARA NI TERMINANTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que la claridad de la declaración de hechos probados exige que el lenguaje se use con propiedad y que las palabras sean utilizadas sin incluir conceptos jurídicos que impliquen predeterminación del fallo. Considera que una declaración de hechos probados es clara cuando puede ser entendible con una simple lectura, sin que tenga que consultarse otros pasajes de la sentencia o del proceso. También exige que la declaración de hechos probados sea terminante. Señala que el significado de “terminante” según el maestro Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, es: “Claro, concluyente, definitivo. Se refiere con frecuencia a las disposiciones legales, contractuales o testamentarias, que no permitan interpretación fuera de la literal ni tergiversación, dado su preciso texto”. Estima que en atención a lo anteriormente expuesto resulta indiscutible que la declaración de los hechos probados contenida en la sentencia no es clara ni terminante. El vicio procesal denunciado por el Censor se origina cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando el Juzgador incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris”[1]. En el caso bajo examen esta Sala observa que la declaración de hechos declarados probados contenida en la sentencia impugnada, no es confusa, dubitativa o imprecisa, sino que por el contrario es suficientemente clara, conclusiva, imperativa, terminante y categórica. Del factum de la sentencia se desprende que el acusado PEDRO REYES FLORES, fue la persona que el día de los hechos discutió con el señor JOSE ESPINAL MOLINA, sacó un arma de fuego, misma que portaba en la cintura, con la que disparó tres veces sobre la humanidad del señor JOSE ESPINAL MOLINA, quien cayó boca abajo inerte, dándose a la fuga en el mismo vehículo que conducía. Esta Sala estima que el relato fáctico de la sentencia impugnada describe los hechos relevantes y la relación causal que existe entre la conducta del imputado con la consecuencia o resultado lesivo que consiste en la muerte del señor JOSE ESPINAL MOLINA. Por lo anteriormente expuesto, se declara sin lugar el motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por el recurrente. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...

SEGUNDO MOTIVO: En la Sentencia se excluyó o dejó de considerarse prueba de descargo de valor decisivo, inaplicando así lo dispuesto en el artículo 110 del Código Procesal Penal, en la parte que literalmente dice: “El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral segundo, parte última del Código Procesal Penal, según el texto que transcribo a continuación: “El recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:….. 2.- Que excluya o deje de considerar prueba de valor decisivo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La prueba de valor decisivo, que fue descartada por el tribunal Sentenciador, consiste en la lograda mediante declaraciones de los testigos de la parte defensora, que lastimosamente son de escasa escolaridad y uno de ellos lastimosamente incluso es familiar de mi representado, ellos como es lógico ante la posición intimidante y hasta prepotente de los sentenciadores abonado a la presencia del señor Fiscal, provocó que fuesen traicionados por los nervios y lógicamente como no son testigos de los llamados de línea y tampoco fueron objeto de una preparación o adoctrinamiento por parte de la defensa con la intención de que soportaran una serie de preguntas tendientes a que no se pusiesen nerviosos y que sus respuestas fuesen del todo contestes, ahora bien en lo medular que es acreditar que ambos testigos estuvieron acompañando a mi representado el día y hora en que se le atribuye el hecho criminoso, en eso si fueron contestes y contundentes, lastimosamente el criterio inquisidor de los Juzgadores es más fuerte que cualquier serie de pruebas de descargo que pueda aportar el mejor equipo de defensa del país y ante eso es difícil de competir, pareciese que la defensa tuvo enfrente no a un Fiscal, sino que a cuatro (4) señores Fiscales, prueba de ellos es el interrogatorio formulado por los Jueces, en otros sistemas (países) los Juzgadores se forman su criterio con el interrogatorio que realiza tanto la Fiscalía y el Acusador Privado en su caso y el interrogatorio de la parte defensora, pero en este caso las preguntas que ellos realizaron perfectamente se pudiesen objetar, pero eso solo provoca más animadversión para la parte Defensora tal y como sucedió al final el acta de la audiencia del juicio oral es evidencia inobjetable que los Juzgadores realizaron un interrogatorio incriminatorio tendiente a provocar otra más de sus sentencias condenatorias, mismas que al parecer para ellos reviste de mucho orgullo al parecer. La doctrina establece que cualquier pregunta realizada por los Juzgadores, evidenciara una posición a favor o EN CONTRA del encartado, ahora bien en el presente caso el interés fue evidente la posición inquisidora, siendo en consecuencia lo procedente abstenerse y formar su criterio únicamente con la prueba ofertada y evacuada por las partes, no por los Jueces. CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO PEDRO JOSE REYES FLORES ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA IMPUGNADA EXCLUYO O DEJO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 2) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que constituye prueba de valor decisivo, las declaraciones rendidas por los testigos de descargo, ambos con escasa escolaridad y uno de ellos familiar del acusado, quienes sufrieron la presión intimidante y prepotente de los Jueces y del Fiscal, de tal manera que fueron traicionados por los nervios, sin embargo no existen elementos de juicio para expresar que son testigos de “línea”, ni que fueron objeto de adoctrinamiento para que sus respuestas fuesen coincidentes. Estima que en lo medular ambos testigos fueron contestes al asegurar que acompañaron al imputado el día y hora en que se produjo el hecho criminoso pero en un lugar distinto donde se produjo aquel, sin embargo, resiente que con el criterio inquisidor de los Juzgadores ha resultado difícil competir. Reprocha que cualquier pregunta realizada por los Jueces debe observar el principio de imparcialidad, y que en el caso bajo examen el interés de los Jueces fue evidente a favor de la pretensión del ente acusador, de ahí que lo correcto hubiese sido que se abstuvieran de preguntar y formar su criterio únicamente con la prueba ofertada y evacuada a instancia de las partes. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el motivo de casación tratándose de la exclusión o falta de consideración de prueba con valor decisivo “resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo o simplemente se menciona excluyéndola sin ningún razonamiento), o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella) siendo decisiva para decretar la absolución o condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o si el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso, amparado en el numeral siguiente, es decir, si en su ponderación no se han observado las reglas de la sana crítica”.[2] Consta en la sentencia recurrida (folios 145 frente y vuelto) que el A Quo ha valorado la prueba propuesta por la Defensa consistente en las declaraciones rendidas por los testigos JOSE LEONARDO REYES FLORES y ANGEL LEONCIO PALMA MARTEL, arguyendo que en las mismas se advierten incoherencias y contradicciones que generan la desconfianza de los Juzgadores, concluyendo que las mismas no son veraces y que por otro lado no fueron útiles para esclarecer lo ocurrido y que por el contrario han evidenciado la intención de exculpar al imputado faltando a la verdad, a pesar de las advertencias de falso testimonio y sus consecuencias. Por todo ello, esta Sala considera que en el caso bajo examen no se ha producido la exclusión indebida ni falta de consideración de prueba, en virtud de no concurrir ninguna de las dos hipótesis anteriormente expuestas, en tanto +

6 a la omisión de toda referencia a ella, por lo anteriormente expuesto, el motivo de casación invocado por el recurrente debe ser desestimado. TERCER MOTIVO: En el cuerpo de la Sentencia, específicamente ..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO PEDRO JOSE REYES FLORES, POR ESTIMAR QUE EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente argumenta que la prueba de cargo que consiste en las declaraciones testificales rendidas por las señoras YELBA OYUELA ANDINO y SUAMY CONCEPCION QUIROZ LAINEZ, la primera suegra de la segunda, evidencia los vínculos de parentesco entre ellas y su interés común por declarar en perjuicio del acusado, motivadas por el hecho que este compró un “sitio de agua”, que en ocasiones utilizaban dichas damas. Reprocha que las mencionadas testigos entran en contradicciones puntuales, por lo que concluye que ninguna de las testigos manifestó haber visto al señor DANY REYES, único supuesto testigo de cargo propuesto por el Ministerio Público, quien no declaró en la causa. Reprocha que las testigos de cargo aseguran que los tres (3) disparos fueron provocados por el acusado a corta distancia, pero el dictamen de autopsia establece que los disparos fueron hechos a larga distancia, asimismo que la trayectoria de los disparos conforme a dicha pericia es distinta a la que resulta de los dichos de tales testigos. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso bajo examen, el Censor ataca el fallo por violación de las reglas de la sana crítica, concentrando su esfuerzo recursivo en ponderar, con alegatos de instancia, el valor probatorio que el A Quo ha concedido a la prueba de cargo, constituida por las declaraciones de las señoras YELBA OYUELA ANDINO y SUAMY CONCEPCION QUIROZ LAINEZ; no obstante, olvida indicar la regla o reglas de la sana crítica, es decir, de la lógica, la psicología o máximas de la experiencia que habrían sido inobservadas por el Juzgador y el efecto que ello habría tenido en la decisión final, esto es en la sentencia condenatoria dictada contra el encausado PEDRO JOSE REYES FLORES, defecto en la técnica recursiva que no corresponde subsanar de oficio a este Tribunal. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala resuelve declarar sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente..."

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Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, mediante la cual condenó al señor PEDRO JOSE REYES FLORES, como autor responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio del señor JOSE ESPINAL MOLINA conocido como “Chepito”; a la pena de QUINCE (15) años de reclusión; más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL; por el tiempo que dure la condena principal; asimismo declara la responsabilidad civil.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, actuando en su condición de Apoderado Defensor del señor PEDRO JOSE REYES FLORES.- SON PARTES: el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, Apoderado Defensor del acusado PEDRO JOSE REYES FLORES, como parte recurrente; y la Abogada YESSENIA MARIA MARQUEZ LOBO, representante del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo.

II.- “HECHOS PROBADOS.- Analizados y valorados los distintos medios probatorios utilizados por las partes procesales durante la audiencia de debate, este Tribunal declara probado lo siguiente: PRIMERO: En fecha catorce (14) de Mayo del año dos mil tres, entre la una y cuarenta y cinco minutos (1:45) a una y cincuenta minutos (1:50) de la tarde en la comunidad de Los Limones, Jurisdicción del Municipio de Pespire, Departamento de Choluteca, en las proximidades de la Gasolinera ubicada en el lugar; con dirección hacia el Sur transitaba a pie el señor José Espinal Molina conocido con el sobrenombre de “Chepito”, al lado izquierdo sobre la calzada de la carretera que conduce a la ciudad de Tegucigalpa al Sur del País; en el mismo sector y en su vehículo automotor color gris-azul; Marca Toyota, Tipo Pick up, se conducía el señor Pedro José Reyes Flores; en la misma dirección que el señor José Espinal (hacia el sur), ubicándose en el carril derecho de la carretera; quien al ver a José Espinal Molina, cruzó la calzada con su automotor, hasta ubicársele enfrente, impidiéndole el paso. SEGUNDO: Desde su Vehículo Pedro José Reyes Flores discutió con el señor José Espinal Molina, y bajándose del mismo, sacando un arma de fuego, la cual portaba en la cintura; disparó por tres ocasiones sobre la humanidad del señor José Espinal Molina, quien cayó boca abajo inerte; dándose a la fuga el señor Pedro Reyes Flores en el mismo vehículo en que se conducía, tomando la carretera con rumbo Norte. TERCERO: Los hallazgos encontrados en la Humanidad del señor José Espinal Molina según la Autopsia practicada consisten en dos (2) heridas por proyectil de arma de fuego; ubicadas: 1) En espalda, 2) Sobre el ojo izquierdo. Ambas sin orificio de salida. Recuperándose ambos proyectiles; estableciéndose causa de muerte: Acumulación de sangre en la cavidad toráxica (Hemotórax). Encontrándose otras lesiones como: Excoriación en la cara y hombro izquierdo”. III.- El recurrente, Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “CASACION POR VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: La sentencia recurrida en su conjunto, a criterio de la Defensa vulnera Principios y Garantías Constitucionales, específicamente lo relacionado con el Derecho de Defensa, el Debido Proceso, el Derecho a ser considerado inocente hasta que no haya un fallo condenatorio firme entre otros.- Artículo 80, 90 de la Constitución de la República de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 361 que establece que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Precepto Constitucional, será suficiente para fundamentarlo, la infracción del concepto Constitucional. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es criterio de la Defensa que en el presente caso, la valoración errónea de la prueba en su conjunto no fue la correcta, ello debido a que para los Juzgadores es más fácil Condenar a un Inocente, que Absolver a un supuesto culpable, vulnerándose con ello el Derecho de Defensa, el Debido Proceso y el derecho a ser considerado inocente mientras no se haya declarado culpable con sentencia condenatoria firme, de la lectura de la Sentencia podrán observar que mi representado a lo largo del proceso se ha sometido a la Justicia Hondureña y gozaba de medidas cautelares, mismas que fueron respaldadas con una Fianza Hipotecaria que perfectamente podría seguir siendo un respaldo entre tanto la Honorable Corte Suprema de Justicia conozca del presente Recurso. La valoración de los testigos de descargo por parte de los Juzgadores, pareciese que fue hecha por el Ministerio Público y no por tres profesionales supuestamente imparciales, ello es deplorable pero cierto, por el contrario a los testigos del Ministerio Público los considera casi celestiales. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO PEDRO JOSE REYES FLORES, ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN CONTR DE ESTE ÚLTIMO HA VULNERADO EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DEFENSA, EL PRINCIPIO-DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA GARANTÍA GENÉRICA DEL DEBIDO PROCESO, CONSAGRADOS RESPECTIVAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 82, 89 Y 90 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que el Tribunal el A Quo ha valorado erróneamente la prueba evacuada en juicio, lo que trae consigo la vulneración del derecho fundamental de defensa, el principio-derecho a la presunción de inocencia y la garantía genérica del debido proceso en perjuicio del acusado PEDRO JOSE REYES FLORES. Señala que en el transcurso del proceso el imputado ha gozado de la medida cautelar de caución hipotecaria. El recurrente cuestiona fundamentalmente la valoración de las declaraciones rendidas por los testigos de cargo aduciendo que parecieran ser elaboradas por el Ministerio Público y por Jueces carentes de imparcialidad, de tal manera que se les concede credibilidad como se de seres celestiales se tratase.- Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el Derecho de Defensa es inviolable, mismo que tiene estrecha vinculación con el principio-derecho a la Presunción de inocencia que a su vez forma parte de la garantía genérica del debido proceso, conforme a la cual todo imputado tiene derecho a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, en un juicio en el que se observen las formalidades, derechos y garantías establecidas en la ley. Del derecho de defensa derivan los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho asiste al acusado por intermedio de su abogado defensor, a proponer medios de prueba, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, comporta que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos en sus derechos. Corresponde a al Ministerio Público, la carga de la prueba a efecto de desvanecer la presunción de inocencia del imputado, con respeto irrestricto a las normas del debido proceso, es decir, con la observancia de las formalidades, derechos y garantías, establecidas en la ley a favor del imputado. Esta Sala considera que la base argumentativa del recurrente, sobre la cual hace descansar la presunta vulneración al acusado de los derechos fundamentales antes referidos, está cimentada en vicios o defectos de forma, particularmente en la valoración de la prueba de los testigos de cargo, propuestos por el representante del Ministerio Público, como de los testigos de descargo, nominados por la defensa. Esta Sala considera, que el recurrente ha omitido argumentar sobre las razones que una supuesta valoración errónea de la prueba de testigos ha incidido en la vulneración de los derechos fundamentales cuya violación denuncia, defecto que no corresponde subsanar de oficio a este Tribunal de Casación, lo que conduce a la desestimación del presente motivo. PRECEPTO IV.- Continúa manifestando el recurrente en su: RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal, que a la letra dice: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente Capítulo, comete el delito de Homicidio Simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (29) años de reclusión”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal”. EXPLICACION DEL MOTIVO: Según la teoría General del Delito, el elemento básico de todo delito es una acción humana.- Resulta que en los hechos que fueron declarados como probados en la Sentencia recurrida, los que han sido transcritos íntegramente en los párrafos anteriores, la acción que se atribuye a mi representado es que supuestamente fue quien le diera muerte al señor JOSE ESPINAL MOLINA, pero en esa narración de tres hechos probados, no se establece a través de que medio de prueba llegaron a ese convencimiento, me imagino que los Juzgadores no consideraron importante concatenar a esos supuestos hechos probados con la persona de mi representado y prefirieron dejar a la imaginación el fallo ahora impugnado.- Lo peor es que esa Sentencia fue objeto de una espera cercana a los ocho (8) meses y fue analizada y releída una y otra vez por los tres Juzgadores antes de que pudiéramos tenerla a la vista ya previo a navidad del año pasado. La muerte del señor JOSE ESPINAL evidentemente es un hecho probado, ahora bien no se ha logrado acreditar en autos con grado de CERTEZA, quien o quienes son el o los responsables de tal ilícito, las testigos de cargo ha quedado evidenciado que tienen un interés marcado y que no fueron contestes en varios puntos y en algunos puntos fueron debidamente aleccionados para decir exactamente lo mismo. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO PEDRO JOSE REYES FLORES DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor argumenta que en los hechos declarados probados, la acción que se atribuye al acusado es que supuestamente fue éste quien dio muerte al señor JOSE ESPINAL MOLINA. Reprocha que en esa narración de hechos probados, no se establece a través de que medio de prueba los Juzgadores arribaron a ese convencimiento. Estima que la muerte del señor JOSE ESPINAL se recoge en el relato fáctico, pero que no se ha logrado acreditar con certeza, quien o quienes fueron los responsables de tal resultado típico, en virtud de que los testigos de cargo manifestaron un interés marcado a favor de la acusación, no fueron contestes en varios puntos y en algunos extremos de su testimonio fueron evidentemente aleccionados para coincidir en lo mismo. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en el que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso bajo examen, del relato fáctico se desprende que el imputado PEDRO JOSE REYES disparó el arma de fuego que portaba causando la muerte del señor JOSE ESPINAL MOLINA, de ahí que su comportamiento es subsumible en el delito de homicidio tipificado en el artículo 116 del Código Penal. Por otro lado esta Sala considera oportuno recordar que través del recurso de casación por infracción de ley no es posible valorar si los testigos de cargo han tenido o no interés para perjudicar o beneficiar al acusado, tampoco si fueron o no contestes en sus dichos o si han faltado total o parcialmente a la verdad, en virtud de tratarse de un defecto procesal, que en todo caso, ha debido denunciarse a través de los cauces propios del recurso de casación por quebrantamiento de forma. Por lo anteriormente expuesto, el presente motivo invocado por el Censor debe ser desestimado. CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO PRIMERO: La declaración de hechos probados contenida en la Sentencia que se recurre no es clara y terminante, y específicamente lo que titulan como VALORACION, en infracción de lo que dispone el artículo 338, regla cuarta, numeral 1, del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral uno, en la última parte del Código Procesal Penal en la parte que se lee así: “El recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:… que la declaración de los hechos que el Tribunal estime probados, no sea CLARA y TERMINANTE…”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La claridad de la declaración de los hechos probados exige, en primer lugar, que el lenguaje se use con propiedad, vale decir dándole a cada término el sentido correcto y en segundo lugar, que siendo una actuación procesal regida por la ley, las palabras sean empleadas en el sentido que corresponde al lenguaje jurídico, sin incluir, obviamente conceptos jurídicos que impliquen PREDETERMINACION DEL FALLO.- Por otra parte, para considerar que una declaración de hechos probados es CLARA, debe estar redactada en una forma tal que sea entendible con la simple lectura de ella, sin ningún esfuerzo y sin que tenga que consultarse otros pasajes de la Sentencia o del proceso todo; debe ser redactada pues, de manera que quien la lea comprenda de inmediato, con la mera lectura de la declaración y sin ninguna otra consulta, que fue lo que ocurrió en cuanto a los hechos que se pretenden relacionar en la declaración. Ahora, en cuanto a la calidad de TERMINANTE, que se exige también para la declaración de hechos probados, tenemos que es una categoría que se complementa con la conceptualización de CLARIDAD y se integra con la misma.- El significado de “TERMINANTE” según el maestro Cabanellas en su diccionario de Derecho Usual, es el siguiente: “Claro, concluyente, definitivo. Se refiere con frecuencia a las disposiciones legales, contractuales o testamentarias, que no permitan interpretación fuera de la literal ni tergiversación, dado su preciso texto”. De ese concepto, aplicado a la declaración de hechos probados, se desprende, corroborando lo que expuse con respecto a la claridad, que para entender una declaración de hechos probados, no puede salirse del texto de la misma, sin que quepa otra interpretación que la que resulte de sus propios términos.- Se impone entonces, que veamos ahora, si la declaración de hechos probados que se contiene en el fallo de que estoy recurriendo, reúne las calidades de CLARIDAD y de ser TERMINANTE que permita determinar de manera directa, con solo leerla, que fue lo que realmente acaeció, en una secuencia lógica.- Nada de eso es posible.- Es indiscutible que tal declaración no es CLARA, ni es TERMINANTE.- CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO PEDRO JOSE REYES FLORES, ARGUYENDO QUE LA DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS CONTENIDA EN LA SENTENCIA RECURRIDA NO ES CLARA NI TERMINANTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 1) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que la claridad de la declaración de hechos probados exige que el lenguaje se use con propiedad y que las palabras sean utilizadas sin incluir conceptos jurídicos que impliquen predeterminación del fallo. Considera que una declaración de hechos probados es clara cuando puede ser entendible con una simple lectura, sin que tenga que consultarse otros pasajes de la sentencia o del proceso. También exige que la declaración de hechos probados sea terminante. Señala que el significado de “terminante” según el maestro Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, es: “Claro, concluyente, definitivo. Se refiere con frecuencia a las disposiciones legales, contractuales o testamentarias, que no permitan interpretación fuera de la literal ni tergiversación, dado su preciso texto”. Estima que en atención a lo anteriormente expuesto resulta indiscutible que la declaración de los hechos probados contenida en la sentencia no es clara ni terminante. El vicio procesal denunciado por el Censor se origina cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando el Juzgador incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris”[1]. En el caso bajo examen esta Sala observa que la declaración de hechos declarados probados contenida en la sentencia impugnada, no es confusa, dubitativa o imprecisa, sino que por el contrario es suficientemente clara, conclusiva, imperativa, terminante y categórica. Del factum de la sentencia se desprende que el acusado PEDRO REYES FLORES, fue la persona que el día de los hechos discutió con el señor JOSE ESPINAL MOLINA, sacó un arma de fuego, misma que portaba en la cintura, con la que disparó tres veces sobre la humanidad del señor JOSE ESPINAL MOLINA, quien cayó boca abajo inerte, dándose a la fuga en el mismo vehículo que conducía. Esta Sala estima que el relato fáctico de la sentencia impugnada describe los hechos relevantes y la relación causal que existe entre la conducta del imputado con la consecuencia o resultado lesivo que consiste en la muerte del señor JOSE ESPINAL MOLINA. Por lo anteriormente expuesto, se declara sin lugar el motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por el recurrente. SEGUNDO MOTIVO: En la Sentencia se excluyó o dejó de considerarse prueba de descargo de valor decisivo, inaplicando así lo dispuesto en el artículo 110 del Código Procesal Penal, en la parte que literalmente dice: “El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, preámbulo y numeral segundo, parte última del Código Procesal Penal, según el texto que transcribo a continuación: “El recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:….. 2.- Que excluya o deje de considerar prueba de valor decisivo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La prueba de valor decisivo, que fue descartada por el tribunal Sentenciador, consiste en la lograda mediante declaraciones de los testigos de la parte defensora, que lastimosamente son de escasa escolaridad y uno de ellos lastimosamente incluso es familiar de mi representado, ellos como es lógico ante la posición intimidante y hasta prepotente de los sentenciadores abonado a la presencia del señor Fiscal, provocó que fuesen traicionados por los nervios y lógicamente como no son testigos de los llamados de línea y tampoco fueron objeto de una preparación o adoctrinamiento por parte de la defensa con la intención de que soportaran una serie de preguntas tendientes a que no se pusiesen nerviosos y que sus respuestas fuesen del todo contestes, ahora bien en lo medular que es acreditar que ambos testigos estuvieron acompañando a mi representado el día y hora en que se le atribuye el hecho criminoso, en eso si fueron contestes y contundentes, lastimosamente el criterio inquisidor de los Juzgadores es más fuerte que cualquier serie de pruebas de descargo que pueda aportar el mejor equipo de defensa del país y ante eso es difícil de competir, pareciese que la defensa tuvo enfrente no a un Fiscal, sino que a cuatro (4) señores Fiscales, prueba de ellos es el interrogatorio formulado por los Jueces, en otros sistemas (países) los Juzgadores se forman su criterio con el interrogatorio que realiza tanto la Fiscalía y el Acusador Privado en su caso y el interrogatorio de la parte defensora, pero en este caso las preguntas que ellos realizaron perfectamente se pudiesen objetar, pero eso solo provoca más animadversión para la parte Defensora tal y como sucedió al final el acta de la audiencia del juicio oral es evidencia inobjetable que los Juzgadores realizaron un interrogatorio incriminatorio tendiente a provocar otra más de sus sentencias condenatorias, mismas que al parecer para ellos reviste de mucho orgullo al parecer. La doctrina establece que cualquier pregunta realizada por los Juzgadores, evidenciara una posición a favor o EN CONTRA del encartado, ahora bien en el presente caso el interés fue evidente la posición inquisidora, siendo en consecuencia lo procedente abstenerse y formar su criterio únicamente con la prueba ofertada y evacuada por las partes, no por los Jueces. CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO PEDRO JOSE REYES FLORES ARGUYENDO QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA IMPUGNADA EXCLUYO O DEJO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 2) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor arguye que constituye prueba de valor decisivo, las declaraciones rendidas por los testigos de descargo, ambos con escasa escolaridad y uno de ellos familiar del acusado, quienes sufrieron la presión intimidante y prepotente de los Jueces y del Fiscal, de tal manera que fueron traicionados por los nervios, sin embargo no existen elementos de juicio para expresar que son testigos de “línea”, ni que fueron objeto de adoctrinamiento para que sus respuestas fuesen coincidentes. Estima que en lo medular ambos testigos fueron contestes al asegurar que acompañaron al imputado el día y hora en que se produjo el hecho criminoso pero en un lugar distinto donde se produjo aquel, sin embargo, resiente que con el criterio inquisidor de los Juzgadores ha resultado difícil competir. Reprocha que cualquier pregunta realizada por los Jueces debe observar el principio de imparcialidad, y que en el caso bajo examen el interés de los Jueces fue evidente a favor de la pretensión del ente acusador, de ahí que lo correcto hubiese sido que se abstuvieran de preguntar y formar su criterio únicamente con la prueba ofertada y evacuada a instancia de las partes. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que el motivo de casación tratándose de la exclusión o falta de consideración de prueba con valor decisivo “resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo o simplemente se menciona excluyéndola sin ningún razonamiento), o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella) siendo decisiva para decretar la absolución o condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o si el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso, amparado en el numeral siguiente, es decir, si en su ponderación no se han observado las reglas de la sana crítica”.[2] Consta en la sentencia recurrida (folios 145 frente y vuelto) que el A Quo ha valorado la prueba propuesta por la Defensa consistente en las declaraciones rendidas por los testigos JOSE LEONARDO REYES FLORES y ANGEL LEONCIO PALMA MARTEL, arguyendo que en las mismas se advierten incoherencias y contradicciones que generan la desconfianza de los Juzgadores, concluyendo que las mismas no son veraces y que por otro lado no fueron útiles para esclarecer lo ocurrido y que por el contrario han evidenciado la intención de exculpar al imputado faltando a la verdad, a pesar de las advertencias de falso testimonio y sus consecuencias. Por todo ello, esta Sala considera que en el caso bajo examen no se ha producido la exclusión indebida ni falta de consideración de prueba, en virtud de no concurrir ninguna de las dos hipótesis anteriormente expuestas, en tanto que la prueba en referencia no ha sido tachada de ilícita sin serlo, ni estamos frente a la omisión de toda referencia a ella, por lo anteriormente expuesto, el motivo de casación invocado por el recurrente debe ser desestimado. TERCER MOTIVO: En el cuerpo de la Sentencia, específicamente en la VALORACION, que emiten de los Testigos de Descargo, dándole valor únicamente a los testigos de Cargo, no se observan las reglas de la sana crítica, en infracción a lo que dispone el artículo 202 y 339 que se refiere a la DUDA RAZONABLE ambos del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, que en parte conducente establece: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o CONTRADICTORIAS o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la SANA CRITICA.- EXPLICACION DEL MOTIVO: Para la Defensa del señor PEDRO JOSE REYES FLORES, reviste de importancia de evidenciar una posición incorrecta de los Juzgadores, ya que la prueba de cargo supuestamente incriminatoria, lo constituye la declaración de las señoras YELBA OYUELA ANDINO y SUAMY CONCEPCION QUIROZ LAINEZ, quienes dicho sea de paso viven en la misma casa debido a que la primera es la Suegra de la segunda, pero curiosamente no lo dijeron clara y abiertamente en la audiencia, fue solo ante las interrogantes de la defensa que se logró evidenciar el parentesco entre ellas y que el interés entre otros por declarar en contra de mi representado, lo constituye el hecho de que mi representado compró un sitio de agua, mismo que en ocasiones utilizaban dichas damas; adicionalmente enumerare algunas contradicciones puntuales de dichas testigos como ser: SUAMY CONCEPCION QUIROZ LAINEZ estableció. 1.- Estaba en mi casa y tendiendo un pantalón en el barandal. 2.- Estaba a una distancia de 30 a 40 metros del lugar de los hechos. 3.- Pedro se conducía en un carro color GRIS AZULADO. 4.- Escuchó tres disparos. 5.- Únicamente la separaba el jardín y el cruce de la calle del lugar de los hechos. 6.- No había nadie más cerca, solo su SUEGRA que estaba curiosamente en la misma casa. 7.- Le infirió un disparo en el ojo y en el PECHO. 8.- Que no miró a DANY REYES, persona que el Ministerio Público propuso en el Requerimiento como único supuesto testigo de los hechos, mismo que no llevaron al juicio oral y público. YELBA OYUELA SANDINO estableció. 1.- Ocurrió a 30 metros de distancia, se encontraba en el jardín barriendo. 2.- El vehículo de PEDRO es de color BEIGE AZULADO. 3.- JOSE ESPINAL MOLINA, siempre portaba un MACHETE. 4.- Tenían problemas por un bajadero de AGUA que compró PEDRO y estaba cercándolo. 5.- Escuché 3 disparos. 6.- No observé el arma. 7.- Un disparo fue en la ESPALDA y el otro en el OJO IZQUIERDO. 8.- Era un día claro cuando ocurrió el hecho. Ninguna de las dos testigos manifestó haber visto al señor DANY REYES, persona a la cual el Ministerio Público en su Requerimiento Fiscal (F1), propone como el único supuesto testigo de cargo, importante es destacar que este Testigo nunca declaró en la presente causa, es más según la declaración inicial de ellas prácticamente se encontraban a la par, pero ninguna miró a la otra y mucho menos a otras personas. Las testigos aseguran que esos supuestos tres (3) disparos fueron provocados por mi representado a corta distancia, pero el dictamen de autopsia establece que los disparos fueron hechos a larga distancia, abonado a que establece la trayectoria de los disparos, mismas que son contrarias a esas posiciones de los disparos aseverados por la SUEGRA y la NUERA respectivamente”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO PEDRO JOSE REYES FLORES, POR ESTIMAR QUE EN EL PROCESO DE VALORACION DE LA PRUEBA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente argumenta que la prueba de cargo que consiste en las declaraciones testificales rendidas por las señoras YELBA OYUELA ANDINO y SUAMY CONCEPCION QUIROZ LAINEZ, la primera suegra de la segunda, evidencia los vínculos de parentesco entre ellas y su interés común por declarar en perjuicio del acusado, motivadas por el hecho que este compró un “sitio de agua”, que en ocasiones utilizaban dichas damas. Reprocha que las mencionadas testigos entran en contradicciones puntuales, por lo que concluye que ninguna de las testigos manifestó haber visto al señor DANY REYES, único supuesto testigo de cargo propuesto por el Ministerio Público, quien no declaró en la causa. Reprocha que las testigos de cargo aseguran que los tres (3) disparos fueron provocados por el acusado a corta distancia, pero el dictamen de autopsia establece que los disparos fueron hechos a larga distancia, asimismo que la trayectoria de los disparos conforme a dicha pericia es distinta a la que resulta de los dichos de tales testigos. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el caso bajo examen, el Censor ataca el fallo por violación de las reglas de la sana crítica, concentrando su esfuerzo recursivo en ponderar, con alegatos de instancia, el valor probatorio que el A Quo ha concedido a la prueba de cargo, constituida por las declaraciones de las señoras YELBA OYUELA ANDINO y SUAMY CONCEPCION QUIROZ LAINEZ; no obstante, olvida indicar la regla o reglas de la sana crítica, es decir, de la lógica, la psicología o máximas de la experiencia que habrían sido inobservadas por el Juzgador y el efecto que ello habría tenido en la decisión final, esto es en la sentencia condenatoria dictada contra el encausado PEDRO JOSE REYES FLORES, defecto en la técnica recursiva que no corresponde subsanar de oficio a este Tribunal. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala resuelve declarar sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 360, 361, 362.1, 2) y 3) del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando SIN lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su motivo único; de Infracción de Ley Sustantiva, en su motivo único; y de Quebrantamiento de forma, en sus tres motivos, invocado por el Apoderado Defensor del acusado PEDRO JOSE REYES FLORES, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-176-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. en este sentido: LUZON CUESTA, JOSE MARIA: “El Recurso de Casación”. 2ª Edición, Editorial Colex, Madrid, 2000, Página 140.

[2] Vid. Angel Llorente Fernández de la Reguera / Rixi Moncada Godoy, en Los Recursos. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Tomo 7. Página 120.