Sentencia CP-175-11 — Registro 2872
Resumen
Se condenó al imputadoen primer instancia por el delito de robo agravado. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...El Recurso es de Recibo: La Sala de lo Penal tras examinar la sentencia impugnada y el acta de debate que le genera ha arribado a la conclusión que la actividad probatoria practicada en la audiencia de debate no tuvo la fuerza para superar el Estado de Inocencia del Acusado, ésta prueba no fue cualitativa ni cuantitativamente suficiente y por tanto no constituye apoyo válido para un pronunciamiento condenatorio, además de que de ella se hizo una valoración contraria a la Derivación Lógica que exige Las Reglas de la Sana Crítica: a. los Juzgadores señalan que el poco tiempo que medio entre el despojo de las pertenencias de las personas del bus y el momento en que fue detenido el acusado, permiten determinar su participación en el hecho (F. 154v), sin especificar los intervalos de tiempo a evaluar y la fuente de esa información, dado que ninguna de las personas que se conducían en el bus llegaron a declarar a la audiencia judicial; No se tiene prueba que informe datos importantes sobre las personas que obligaron a los pasajeros del bus a entregar sus objetos personales, como el lugar en donde abordaron el bus, dirección donde se da el asalto, ¿los asaltantes bajaron al mismo tiempo del bus?, ¿dónde estaba el taxi cuando bajaron los asaltantes?, ¿los asaltantes abordaron de inmediato el taxi o hablaron primero con el chofer?, ¿el conductor del taxi estaba fuera o dentro del vehículo al momento en que lo abordaron los asaltantes?, ¿el lugar de la calle donde abordaron el taxi los asaltantes?, entre otros datos que pudiesen permitir determinar una colusión entre el Acusado y los que se señalan haber asaltado el bus; b. El Tribunal de Sentencia acertadamente determina que el lugar donde se encontró la mochila con varios objetos dentro del taxi -la cajuela- hace recaer en el Acusado, quien es el conductor del vehículo, indicio de participación, ya que las máximas de la experiencia señalan que éste debió guardar o permitir a terceros guardar la mochila en dicho lugar, pero éste indicio no pudo ser concatenado de manera necesaria con otros indicios de cargo, por lo tanto su sola existencia no basta para quebrantar el Estado de Inocencia del Acusado; c. Constituye única prueba de cargo para determinar la responsabilidad del Acusado E. R. Á., la declaración testifical del Policía Preventivo J. B., quien declara que después de ser notificado por pasajeros de un Bus que realizaba servicio de transporte Urbano, dio persecución a un vehículo taxi hasta darle alcance en la entrada de la Colonia 23 de la Lima, Departamento de Cortés, donde aprehendió al acusado, conduciéndolo junto con el vehículo hasta la posta policial, lugar donde se observó una mochila en la cajuela con varios objetos personales de otras personas (F. 105v); Este Testigo no hace prueba de lo que ocurrió en el interior del Bus de Transporte minutos antes de su intervención, tampoco respecto a la identidad de los sujetos pasivos o activos del delito; El Testigo reporta que ante él se interpuso una denuncia de robo, pero adolece de prueba que informe como exactamente éste hecho ocurrió o quiénes lo hayan ejecutado; y, a. El A-quo identifica al Acusado como co-autor, encargado de aportar al plan delictivo un medio de transporte que asegurara su ejecución y agotamiento, indicio de carácter anfibológico, al anteponerse la declaración del Acusado quien señala haber dado el servicio de transporte a cuatro personas que al verse perseguidos por agentes de policía le obligaron a no detener la marcha hasta llegar hasta la Colonia 23 de La Lima, en donde salieron en veloz carrera, quedándose en el vehículo el Acusado, relato que aporta una explicación alterna razonable y factible socavando la fuerza de la teoría de una coautoría; Se concluye que no existe en el presente caso una sola teoría explicativa que ocurrió (Teoría Acusatoria), sino que además convive una segunda teoría (Teoría de Defensa), no permitiendo derivar certeza entre una y otra..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de Junio del año dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de enero del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual condenó al señor E. R. Á. R., a la pena de ONCE (11) AÑOS UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS DE RECLUSIÓN, como autor del delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de A. A. V. F., V. R. R. H., E. V. V., E. R. A. U., M. G. M. P. Y OTROS, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada V. E. F., actuando en su condición de Defensora Pública del señor E. R. Á. R.. SON PARTES: Los Abogados M. R. A. E. y A. A. G., Defensores Públicos del acusado E. R. Á. R., en su condición de Recurrentes y la Abogada Y. M. M. L., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO.- El miércoles cuatro de febrero del dos mil nueve, en horas de la tarde, en las inmediaciones del lugar conocido como Cazanave, cuatro personas que viajaban en un autobús de colectivo de la empresa de transporte TUPSA, que procedía de El Progreso, departamento de Yoro y se dirigía hacia la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, despojaron al cobrador y al resto de los pasajeros se sus bienes personales y dinero. SEGUNDO.- Posteriormente, en el bulevar que conduce de San Pedro Sula, Cortés, a la ciudad de Progreso, Yoro, exactamente en la intersección de los desvíos a la colonia Filadelfia y el campo Guaruma, el agente de Policía G. B. L., observó que un taxi color blanco, que se conducía de El Progreso hacia San Pedro Sula, cruzó la vía con el semáforo en rojo; en ese mismo momento, se paró también el autobús antes descrito, desde cuyo interior varias personas llamaron al agente Policial y le indicaron que en el taxi que pasó la señal en rojo se transportaban las personas que momentos antes los habían despojados de sus pertenencias; en respuesta, el agente policial y su compañero, quienes se conducían en una motocicleta iniciaron la persecución del taxi, haciéndole señal de parada a la cual, hicieron caso omiso sus ocupantes y por el contrario siguieron su marcha apresuradamente por el bulevar que conduce a la Lima, desviándose luego, hacia la colonia Veintitrés de Septiembre, donde únicamente capturaron al señor E. R. Á. R., conductor del taxi en referencia y al efectuarse un registro, encontraron en el baúl del taxi una mochila azul con el logotipo Tabacalera Hondureña impresa en su parte externa y en su interior, los objetos de los que había sido despojados los pasajeros del autobús supra indicado”. CONSIDERANDO I.— El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.— La recurrente, Abogada V. E. F., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO), en relación con los Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas entre otras disposiciones señalan que: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y que ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. SEGUNDO: El juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor E. R. Á. R., por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO en perjuicio de A. A. V., V. R. R. H. Y OTROS infringe gravemente el fundamental derecho a la presunción de inocencia que le asiste al imputado por mandato constitucional. TERCERO: El vicio se produce, porque el Juzgador inobservó las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba de cargo, al arribar a una conclusión de culpabilidad que carece de un nexo racional entre ella y los elementos de prueba utilizados para alcanzarla, tal como puede apreciarse en el apartado VALORACIÓN DE LA PRUEBA del fallo recurrido, en donde el Juzgador en el numeral PRIMERO valora la exigua prueba testifical de cargo, consistente exclusivamente en la declaración de un único testigo, siendo este el señor J. B. L. cuyo conocimiento de los hechos, según su propia declaración, está limitado a que él, como miembro de la Policía Nacional, intervino, junto con otro compañero, en la captura del imputado luego que, supuestamente, los ofendidos les habrían denunciado el hecho, sin embargo, el Juzgador refiere que con su testimonio se demuestra la forma de cómo sucedieron los hechos que se subsumen en el tipo penal de Robo Agravado Consumado; conclusión que a todas luces violenta las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, pues los acontecimientos que se narran en el primer hecho probado, como ser, el acto de despojar de sus bienes al cobrador y a los pasajeros de un vehículo de transporte público que se trasladaban desde El Progreso, Yoro hacia San Pedro Sula, Cortés, no tienen sustento en lo declarado por el policía J. B. L., ya que éste, como antes se dijo, refiere en su declaración haberse enterado del hecho después de que el mismo se había consumado. CUARTO: El quebranto al fundamental derecho a la presunción de inocencia del que goza el imputado se produce, porque en el desarrollo del debate se hizo evidente una insuficiencia probatoria, pues a pesar que se denunció que en el hecho investigado resultaron afectados varios individuos, sin embargo, durante el juicio ninguna persona compareció a rendir su declaración como ofendido; lo cual imposibilita establecer la existencia real de una víctima directa, tampoco se pudo individualizar los bienes y en un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia exige, que cualquier condena penal debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza absoluta de la existencia del delito y de la identidad del delincuente; exigencia que no cumple en el presente caso en el que la prueba de cargo que incide decisivamente en el pronunciamiento condenatorio lo constituye la declaración de un único testigo, el señor J. B. L., con la agravante de que no es un testigo presencial de los hechos sino que toma conocimiento de los mismos posterior a su ocurrencia, constituyendo en tales condiciones únicamente un indicio contingente sin cualidades determinantes que den certeza absoluta de la ocurrencia del hecho y la participación que en él se le atribuye al imputado. QUINTO: De lo precedentemente expuesto concluimos que en la presente causa se han infringido las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, al extraer un cargo delictuoso de una prueba que no reúne los requisitos de certeza necesarios para constituirse en una prueba de cargo válida, vulnerando con ello el fundamental derecho a la presunción de inocencia del señor E. R. Á. R., y si bien es cierto que previo a la captura del imputado este conduciendo un vehículo de transporte público, tipo Taxi, no atendió la indicación de detener la marcha que le hicieron miembros de la Policía Nacional y que al momento de efectuarle un registro al vehículo que conducía fueron encontrados en su interior bienes que supuestamente pertenecían a los ofendidos, sin embargo, al momento de rendir su declaración como imputado el señor E. R. Á. R. da razones apropiadas del porqué de su comportamiento, siendo ello que él, como prestador de un servicio público de transporte, acarrea en su automotor a toda persona que solicita de sus servicios y es por ello que el día de los hechos fue contratado por cuatro personas para hacerles un viaje a determinado lugar y por un precio convenido, pasajeros que al percatarse de la presencia policial obligan al imputado, bajo amenazas, a no detener la marcha del vehículo hasta que logran llegar a un lugar fuera del alcance policial donde finalmente abandonan el vehículo y se retiran apresuradamente del sitio dejando en el interior del vehículo los bienes antes referidos, hechos estos que por si solos no demuestran inequívocamente que el imputado haya tenido participación en el atraco denunciado, como equivocadamente lo razona el juzgador, máxime cuando ninguno de los supuestos ofendidos lo ha señalado como uno de los atracadores, aparte que se acreditó la legalidad con que andaba trabajando en su vehículo de transporte público y quien interviene en un hecho como el denunciado normalmente utilizan vehículos robados para evitar proporcionar datos con los que los puedan identificar y menos utilizar un transporte público que por sus distintivos es más fácil de reconocer, lo que evidencia la equivocación del Juzgador. PRETENSIÓN IMPUGNATIVA Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso en el que sin desarrollar una rigurosa valoración probatoria se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad de la parte resolutiva del fallo impugnado y en su lugar el dictado directo de una sentencia absolutoria a favor del señor E. R. Á. R., por el hecho real y evidente de una insuficiencia probatoria”. III.—RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSORA PÚBLICA V. E. F., A FAVOR DEL ACUSADO E. R. A. R..- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; NORMA QUE SE DENUNCIA INFRINGIDA: ARTÍCULOS 89 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 202 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I.— El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la Ley Procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2] (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. II.— La Censora aprecia que el pronunciamiento de condena hecho por el Tribunal de Sentencia en la resolución que ahora se impugna vía casación, ha violentado el Principio de Inocencia de su Representado, al carecer el proceso de prueba mínima considerable para quebrantar aquel principio, prueba que además su criterio fue valorada en divorcio con las Reglas de la Sana Critica, específicamente contraviniendo el Principio Lógico de Derivación al construir el primer hecho probado como conclusión sin que exista prueba del que se desprenda; La Censora solicita como consecuencia se dicte una sentencia absolutoria a favor de su Representado. III.— En el Recurso se denuncia la violación de dos principios fundamentales, como ser El Debido Proceso y El Principio de Defensa, más la Censora apoya todo su discurso recursivo en éste segundo, por lo que la Sala de lo Penal hará examen de la sentencia venida en casación en tras luz con éste. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su Artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la Persona Humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con El Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su Estado Material de Inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.- Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de Mayo del 2011, en el Exp 304-2010).- En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el Artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.- (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). IV.— De la Procedencia del Recurso.- El Recurso es de Recibo: La Sala de lo Penal tras examinar la sentencia impugnada y el acta de debate que le genera ha arribado a la conclusión que la actividad probatoria practicada en la audiencia de debate no tuvo la fuerza para superar el Estado de Inocencia del Acusado, ésta prueba no fue cualitativa ni cuantitativamente suficiente y por tanto no constituye apoyo válido para un pronunciamiento condenatorio, además de que de ella se hizo una valoración contraria a la Derivación Lógica que exige Las Reglas de la Sana Crítica: a. Los Juzgadores señalan que el poco tiempo que medio entre el despojo de las pertenencias de las personas del bus y el momento en que fue detenido el acusado, permiten determinar su participación en el hecho (F. 154v), sin especificar los intervalos de tiempo a evaluar y la fuente de esa información, dado que ninguna de las personas que se conducían en el bus llegaron a declarar a la audiencia judicial; No se tiene prueba que informe datos importantes sobre las personas que obligaron a los pasajeros del bus a entregar sus objetos personales, como el lugar en donde abordaron el bus, dirección donde se da el asalto, ¿los asaltantes bajaron al mismo tiempo del bus?, ¿dónde estaba el taxi cuando bajaron los asaltantes?, ¿los asaltantes abordaron de inmediato el taxi o hablaron primero con el chofer?, ¿el conductor del taxi estaba fuera o dentro del vehículo al momento en que lo abordaron los asaltantes?, ¿el lugar de la calle donde abordaron el taxi los asaltantes?, entre otros datos que pudiesen permitir determinar una colusión entre el Acusado y los que se señalan haber asaltado el bus; b. El Tribunal de Sentencia acertadamente determina que el lugar donde se encontró la mochila con varios objetos dentro del taxi -la cajuela- hace recaer en el Acusado, quien es el conductor del vehículo, indicio de participación, ya que las máximas de la experiencia señalan que éste debió guardar o permitir a terceros guardar la mochila en dicho lugar, pero éste indicio no pudo ser concatenado de manera necesaria con otros indicios de cargo, por lo tanto su sola existencia no basta para quebrantar el Estado de Inocencia del Acusado; c. Constituye única prueba de cargo para determinar la responsabilidad del Acusado E. R. Á., la declaración testifical del Policía Preventivo J. B., quien declara que después de ser notificado por pasajeros de un Bus que realizaba servicio de transporte Urbano, dio persecución a un vehículo taxi hasta darle alcance en la entrada de la Colonia 23 de la Lima, Departamento de Cortés, donde aprehendió al acusado, conduciéndolo junto con el vehículo hasta la posta policial, lugar donde se observó una mochila en la cajuela con varios objetos personales de otras personas (F. 105v); Este Testigo no hace prueba de lo que ocurrió en el interior del Bus de Transporte minutos antes de su intervención, tampoco respecto a la identidad de los sujetos pasivos o activos del delito; El Testigo reporta que ante él se interpuso una denuncia de robo, pero adolece de prueba que informe como exactamente éste hecho ocurrió o quiénes lo hayan ejecutado; y, a. El A-quo identifica al Acusado como co-autor, encargado de aportar al plan delictivo un medio de transporte que asegurara su ejecución y agotamiento, indicio de carácter anfibológico, al anteponerse la declaración del Acusado quien señala haber dado el servicio de transporte a cuatro personas que al verse perseguidos por agentes de policía le obligaron a no detener la marcha hasta llegar hasta la Colonia 23 de La Lima, en donde salieron en veloz carrera, quedándose en el vehículo el Acusado, relato que aporta una explicación alterna razonable y factible socavando la fuerza de la teoría de una coautoría; Se concluye que no existe en el presente caso una sola teoría explicativa que ocurrió (Teoría Acusatoria), sino que además convive una segunda teoría (Teoría de Defensa), no permitiendo derivar certeza entre una y otra. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública del acusado E. R. Á. R...- SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se Casa la Sentencia y se anula el fallo recurrido de fecha trece (13) de Enero del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; y MANDA: Que con Certificación del Presente fallo y los antecedentes, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de Sentencia de origen, para que se repita la audiencia de Juicio Oral y Público con Jueces diferentes a los que intervinieron en la sentencia anulada. MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-175-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ÁNGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”