Sentencia CP-17-11 — Registro 2833
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de actos de lujuria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO EL DERECHO A LA DEFENSA CONSAGRADO EN EL ARTICULO 82 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente esgrime que la sentencia impugnada se ha dictado con violación del Derecho Constitucional de Defensa. Arguye que el derecho de defensa no es exclusivo del imputado sino de todo sujeto procesal, incluyendo a la víctima y por ende al Acusador Privado y/o al Ministerio Público. Reprocha que tanto la verdad material, como la libertad probatoria han sido ignoradas por el Juzgador en el debate, y por tanto se ha vulnerado el derecho de defensa que asiste al ente acusador, ya que el Tribunal de instancia no ha permitido que se incorporen al debate mediante lectura, las declaraciones de los testigos rendidas en la etapa preparatoria del proceso, a pesar de resultar imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en juicio; toda vez que las declaraciones rendidas en audiencia inicial, por la ofendida K. M. S., menor de edad, y por la madre de ésta, la señora N. Y. B. R., no fueron incorporadas mediante lectura, por causas ajenas a la voluntad de la Fiscalía en tanto que resultó imposible citarlas para tal efecto, todo ello a a pesar de ser del conocimiento del propio órgano judicial, que coincidieron la Receptora del Despacho y el Ministerio Público sin previo acuerdo al mismo lugar, cuando se hacían gestiones para la ubicación de las testigos en la dirección que habían proporcionado para efectos de citación, lo cual se hizo constar en el debate y en el acta que registra tales diligencias, inobservancia del artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal que se produjo no obstante que el Ministerio Público interpuso oportunamente el recurso de reposición. Esta Sala de lo Penal, considera que es regla de juicio que los testigos, una vez citados y emplazados en legal y debida forma por el funcionario respectivo del órgano jurisdiccional, comparezcan personalmente a la audiencia de juicio oral y público, a rendir sus respectivos testimonios, en observancia de los principios de oralidad, inmediación y contradicción de los actos del debate. No obstante, el Artículo 311.2 del Código Procesal Penal permite incorporar mediante lectura: “…los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral…”. Por lo anterior, para introducir por lectura las declaraciones de los testigos rendidas en la audiencia inicial, como ocurre en el caso de autos, basta acreditar fehacientemente al Juzgador, la causa que impide o hace extraordinariamente difícil hacer comparecer a los testigos a la audiencia de juicio. En el presente caso, se trata de la victima de un delito de Actos de Lujuria Agravados, la menor K. M. S., y de la madre de esta, la señora N. Y. B. R., las que no se hicieron presentes a declarar al debate, debido a que no pudieron ser citadas en legal y debida forma por el funcionario Receptor del despacho, ni por gestiones independientes del ente acusador, en la dirección proporcionada al Juzgador para tal efecto. Del acta de debate que obra de folio 90 al 92 del proceso, se hace referencia a las diligencias practicadas por el Receptor del despacho (vid también Folio No. 88) y el Ministerio Público para citar a las mencionadas testigos, sin resultado positivo, de las que se deduce que no se encontraban presentes en el lugar señalado como su domicilio, al momento de la realización del juicio oral y público, inclusive tras la suspensión del mismo solicitada por el Ministerio Público. Consta también de autos, a folio 92 del proceso, que el A Quo ha denegado el recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía, en contra de la resolución denegatoria, para la incorporación mediante lectura autorizada de las declaraciones de las mencionadas testigos de cargo, por considerar el Juzgador que la Fiscalía no justificó la causa extraordinaria de imposibilidad para lograr su comparecencia. A criterio de esta Sala, por medio del acta de citación extendida por un funcionario con fe pública, se ha acreditado de forma fehaciente la causa que hizo extraordinariamente difícil la comparecencia y reproducción en juicio de las declaraciones de la menor K. M. S., y de la madre de ésta, la señora N. Y. B. R. Este Tribunal mantiene la línea jurisprudencial orientada a establecer que el ingreso de este tipo de lecturas autorizadas es de carácter excepcional, y que al no permitir la lectura de las declaraciones de testigos rendidas en la audiencia inicial, una vez acreditada al Juzgador la causa de grave dificultad o imposibilidad de su comparecencia en juicio, no solamente se vulnera el artículo 311 No 2) del Código Procesal Penal, sino que también el el derecho fundamental a la defensa y la garantía genérica del debido proceso que consagran respectivamente, los artículos 82 y 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna[3]. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara con lugar el presente motivo de casación
Legislación citada
- Código Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 311 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió al señor B. O. Z., del delito de ACTOS DE LUJURIA, en perjuicio de la menor K. M. S. B..- Interpuso el Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada K. L. M. P., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público.- SON PARTES: la Abogada D. R., en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado L. E. M. C., Apoderado Defensor del acusado B. O. Z., como parte recurrida.- CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- UNICO: En el año dos mil nueve, la joven Catherine Mariela Salgado Berríos contando con once años de edad, fue evaluada tanto física como siquiátrica y psicológicamente, presentando daño de importancia psiquiátrica y una excoriación en el antebrazo derecho”. III.- La recurrente, Abogada K. L. M. P., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción por violación del artículo 82 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8, 14, 198,199, 202 y 311 numeral 2) del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Los preceptos constitucionales y procesales citados como infringidos por violación textualmente prescriben: El Precepto Constitucional nominado como vulnerado en el presente proceso en su parte conducente dice: Art.82. “El Derecho de Defensa es inviolable.-...” De Nuestro Código Procesal Penal: Artículo 14: Inviolabilidad del derecho a la defensa. “El derecho de defensa es inviolable…” Artículo 8: Finalidad del proceso. “La finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal”. Artículo 198: “Finalidad de los medios de prueba. La finalidad de los medios de prueba es el esclarecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código”[1]. Artículo 199: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no este expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables….”[2] Artículo 202: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. El artículo 311: Lecturas Autorizadas. “Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que hará el Secretario: 1).... 2) Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral: 3)....4) .... 5)...... (Lo subrayado es nuestro). Partiendo de las normas supraindicadas, el Derecho de Defensa fue concebido como una necesidad de solución a las constantes vejaciones de las que eran objeto las personas sometidas al proceso penal, específicamente a la imposibilidad material en la que se encontraba el procesado para hacer valer su versión sobre los hechos que se enjuiciaban. Tal Derecho, además de constituirse como un prerrogativa a favor de su titular, también se proyecta como una garantía al procurar la protección de otros derechos otorgados a las personas intervinientes en los procesos, como el de igualdad de armas, derecho a recurrir, etc. Si bien el derecho de defensa, en apariencia se concibe como de exclusiva utilización de las personas imputadas por la comisión de un delito, al instituirse como una de las muchas limitantes en las que se puede atrincherar el indiciado ante los abusos de un Estado como órgano represor; lo cierto, es que tal derecho no es del patrimonio privilegiado del enjuiciado, sino de todo aquel sujeto que intervenga en la realización del proceso. Es así, que si considerásemos que el Derecho de Defensa no puede ser alegado por el Ministerio Público, estaríamos cayendo en un gran error que implicaría injusticias de gran incidencia. Lo anterior queda fielmente plasmado en el artículo 82 de la Constitución de la República y el 14 del Código Procesal Penal, cuando al momento de instituir el Derecho de Defensa no lo limitan al uso único de las personas sometidas a proceso, entendiéndose que es un derecho que le asiste tanto al imputado (Defensor) como a la víctima (Acusador Privado y/o Ministerio Público), es más, el artículo constitucional no lo encasilla al proceso penal, de tal suerte que es un derecho que rige en todo tipo de procesamiento jurídico, sin importar la materia que se trate; además la referida norma, desarrolla inmediatamente el Derecho de Libre Acceso a los Tribunales, dejando establecido el vínculo entre el Derecho de Defensa y su efectividad al permitirle a cualquiera el acceso a los Tribunales para hacer valer sus derechos, o en otras palabras, para defender su derecho; tratando de resumir de manera sencilla el Derecho de Defensa, tal vez terminaríamos indicando que es la facultad que se le otorga a las partes para que puedan defender su derecho de la agresión que dicen sufrir de la contraparte, es decir “el imputado defiende su libertad, mientras que la víctima defiende su derecho a la justicia”. Partiendo de esa idea es que se logra entender, como es que el Derecho de Defensa se viene a establecer como la cuna y abrevadero de otros derechos y garantías constituidos por principios, entre ellos: El Principio de Verdad Material (cuya explicación se encuentra contenido en el artículo 198 del Código Procesal Penal); así como también el Principio de Libertad Probatoria (el cual se comprende en el texto del artículo 199 de la misma norma penal adjetiva en comento). Son precisamente estos dos principios contenidos en las normas referidas, los que fueron inadvertidos por el A quo al momento de evacuarse el debate, en consecuencia se vulneró el derecho de defensa que como antes citamos también le corresponde al ente acusador, ya que nuestra norma procesal penal permite que en el acto del debate se puedan incorporar mediante lectura los testimonios recibidos durante la etapa preparatoria del proceso, cuando éstos resulten imposibles o extraordinariamente difícil su reproducción en el juicio oral y público. Lo anterior aplicado al caso que nos ocupa se evidencia, porque el Juzgador no admitió incorporar al juicio mediante su lectura, las declaraciones rendidas en audiencia inicial por la ofendida K. M. S. quien es menor de edad, así como tampoco la de su madre N. Y. B. R., quienes por causas ajenas a la voluntad de este acusador no asistieron a rendir personalmente su deposición ante el Tribunal de Sentencia, en virtud que resultó imposible citarlas para tal efecto; circunstancia que fue del propio conocimiento del órgano jurisdiccional ya que incluso junto con la Receptora del Despacho, miembros del Ministerio Público de manera independiente concurrieron en el mismo lugar y momento en que se andaba tras la ubicación de las testigos en referencia en la dirección que ellas habían informado para efectos de citación; lo cual se hizo constar en el debate y así se consigna en el acta que registra lo ocurrido en el debate. Habiendo suscitado lo precedido y ante la negativa del Juzgador a la petición de este ente acusador, aún habiéndose interpuesto la vía impugnativa de reposición, en el cual explicamos que la ausencia en el debate de las testigos en comento no es a causa de la apatía de quien las propuso, sino que se origina por causas que se encuentran fuera de nuestro alcance, como ser nuestra imposibilidad de mantener incólume el domicilio de los testigos y que en los casos que estos deciden su movilidad, de que ellos se abstengan de notificarlo, lo cual sucedió en el caso en concreto y así le quedó claro al Tribunal. Partiendo de la ausencia de las testigos en referencia y siendo que en el debate se evacuó prueba pericial que resultó contundente a la finalidad del proceso, pero que esta carecía de la ratificación de su emisor primario como ser la víctima y ante la ausencia de ésta en el debate, resultaba vital a nuestra pretensión y más que nada para que se permitiese que reluciere toda la verdad del hecho investigado, pues no se pudo llegar a ella precisamente por la indefensión que generó el mismo Tribunal de Sentencia con su decisión; olvidando éste que nuestra misma legislación permite la vigencia del Principio de Libertad Probatoria contenido en el Art.199 del Código Procesal Penal, que establece que las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba, siempre y cuando estos sean objetivamente confiables; exigencia ésta que le corresponde a nuestra pretensión, pues las declaraciones que se pretenden incorporar fueron rendidas bajo todas las formalidades que exige nuestra ley, como ser: ante un juez de garantías, fue objeto del contradictorio de las partes y le aplica la excepción del Art. 311 numeral 2) en cuanto a la inmediación ante el Tribunal de Sentencia; sin embargo ello no imposibilita para que una vez en el caso de haber sido éstas admitidas, pudieran dichos medios de prueba ser valorados de manera armónica con el resto del material probatorio y que sólo después de ello, entonces si el Juzgador toma una decisión respecto si aquellas merecen o no credibilidad para lograr la convicción respecto al fallo a emitir. Son esas razones por las que sostenemos, que al inadmitirse la prueba en referencia se ha impedido llegar a determinar la verdad del suceso enjuiciado, lo que indiscutiblemente ha provocado una injusticia, porque a una de las partes se le ha privado la posibilidad de acreditar su versión, es decir de defender su derecho y por consiguiente se está violando el Derecho de Defensa y obviamente se generó una evidente ventaja a favor de la parte contraria. Es por ello que para cumplir con lo dispuesto en el artículo 363 del Código Procesal Penal , el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto constitucional infringido, está orientada a que esa Honorable Sala de lo Penal, case el fallo impugnado pues resulta evidente la infracción al debido proceso a través del quebranto al derecho de defensa, en ese sentido solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas una vez que el presente recurso sea declarado con lugar”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO EL DERECHO A LA DEFENSA CONSAGRADO EN EL ARTICULO 82 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El recurrente esgrime que la sentencia impugnada se ha dictado con violación del Derecho Constitucional de Defensa. Arguye que el derecho de defensa no es exclusivo del imputado sino de todo sujeto procesal, incluyendo a la víctima y por ende al Acusador Privado y/o al Ministerio Público. Reprocha que tanto la verdad material, como la libertad probatoria han sido ignoradas por el Juzgador en el debate, y por tanto se ha vulnerado el derecho de defensa que asiste al ente acusador, ya que el Tribunal de instancia no ha permitido que se incorporen al debate mediante lectura, las declaraciones de los testigos rendidas en la etapa preparatoria del proceso, a pesar de resultar imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en juicio; toda vez que las declaraciones rendidas en audiencia inicial, por la ofendida K. M. S., menor de edad, y por la madre de ésta, la señora N. Y. B. R., no fueron incorporadas mediante lectura, por causas ajenas a la voluntad de la Fiscalía en tanto que resultó imposible citarlas para tal efecto, todo ello a a pesar de ser del conocimiento del propio órgano judicial, que coincidieron la Receptora del Despacho y el Ministerio Público sin previo acuerdo al mismo lugar, cuando se hacían gestiones para la ubicación de las testigos en la dirección que habían proporcionado para efectos de citación, lo cual se hizo constar en el debate y en el acta que registra tales diligencias, inobservancia del artículo 311 No. 2) del Código Procesal Penal que se produjo no obstante que el Ministerio Público interpuso oportunamente el recurso de reposición. Esta Sala de lo Penal, considera que es regla de juicio que los testigos, una vez citados y emplazados en legal y debida forma por el funcionario respectivo del órgano jurisdiccional, comparezcan personalmente a la audiencia de juicio oral y público, a rendir sus respectivos testimonios, en observancia de los principios de oralidad, inmediación y contradicción de los actos del debate. No obstante, el Artículo 311.2 del Código Procesal Penal permite incorporar mediante lectura: “…los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral…”. Por lo anterior, para introducir por lectura las declaraciones de los testigos rendidas en la audiencia inicial, como ocurre en el caso de autos, basta acreditar fehacientemente al Juzgador, la causa que impide o hace extraordinariamente difícil hacer comparecer a los testigos a la audiencia de juicio. En el presente caso, se trata de la victima de un delito de Actos de Lujuria Agravados, la menor K. M. S., y de la madre de esta, la señora N. Y. B. R., las que no se hicieron presentes a declarar al debate, debido a que no pudieron ser citadas en legal y debida forma por el funcionario Receptor del despacho, ni por gestiones independientes del ente acusador, en la dirección proporcionada al Juzgador para tal efecto. Del acta de debate que obra de folio 90 al 92 del proceso, se hace referencia a las diligencias practicadas por el Receptor del despacho (vid también Folio No. 88) y el Ministerio Público para citar a las mencionadas testigos, sin resultado positivo, de las que se deduce que no se encontraban presentes en el lugar señalado como su domicilio, al momento de la realización del juicio oral y público, inclusive tras la suspensión del mismo solicitada por el Ministerio Público. Consta también de autos, a folio 92 del proceso, que el A Quo ha denegado el recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía, en contra de la resolución denegatoria, para la incorporación mediante lectura autorizada de las declaraciones de las mencionadas testigos de cargo, por considerar el Juzgador que la Fiscalía no justificó la causa extraordinaria de imposibilidad para lograr su comparecencia. A criterio de esta Sala, por medio del acta de citación extendida por un funcionario con fe pública, se ha acreditado de forma fehaciente la causa que hizo extraordinariamente difícil la comparecencia y reproducción en juicio de las declaraciones de la menor K. M. S., y de la madre de ésta, la señora N. Y. B. R. Este Tribunal mantiene la línea jurisprudencial orientada a establecer que el ingreso de este tipo de lecturas autorizadas es de carácter excepcional, y que al no permitir la lectura de las declaraciones de testigos rendidas en la audiencia inicial, una vez acreditada al Juzgador la causa de grave dificultad o imposibilidad de su comparecencia en juicio, no solamente se vulnera el artículo 311 No 2) del Código Procesal Penal, sino que también el el derecho fundamental a la defensa y la garantía genérica del debido proceso que consagran respectivamente, los artículos 82 y 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna[3]. Por todas las razones anteriormente expuestas se declara con lugar el presente motivo de casación. IV.- La recurrente desarrolló su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: “Falta de consideración de prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Basándonos en el principio de libertad probatoria que rige en el sistema acusatorio, donde los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio; sin embargo en el caso sub judice el vicio se presenta, porque el Tribunal dejó de admitir en la audiencia de debate la incorporación mediante su lectura de las declaraciones que en audiencia inicial rindiera la ofendida y su madre, en cuyas deposiciones narran los hechos ahora investigados y acreditan que efectivamente el imputado es el autor de los mismos. En ese sentido ante la negativa del A quo respecto a la incorporación de los medios de prueba en comento, se infringió el artículo 199 del Código Procesal Penal que establece que los hechos y circunstancias relacionadas con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; y estos medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación, asimismo si resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Partiendo de lo anterior, es evidente que la pretensión del Ministerio Público se vio vedada con la decisión tomada por el Juzgador, pues es claro y así quedó evidenciado, que al momento de sustanciarse el debate resultó imposible hacer llegar personalmente tanto a la ofendida como a la madre de ésta a la Sala del Tribunal a efecto que rindiesen su respectiva declaración, por circunstancias que se alejan de la competencia del propio ente acusador, como ser el que la dirección ofrecida por las testigos en referencia haya sido errónea, lo cual se acreditó en el juicio ya que ni los miembros del Ministerio Público ni la Receptora del Despacho pudieron dar con su paradero para citarlas. Siendo por ello que la única manera de poder brindar al Tribunal una versión de los hechos era a través de la incorporación mediante lectura de las declaraciones que las supraindicadas testigos habían ofrecido en audiencia inicial; declaración ésta que fue ofrecida bajo todas las formalidades exigidas en nuestra norma procesal penal para su validez. Por otro lado este medio de prueba se torna vital para dar sustento al demás andamiaje probatorio como ser la prueba pericial evacuada en juicio que resultó ser contundente con la pretensión del Ministerio Público; es decir que dicha probanza se considera de valor decisivo, ya que al incurrir al juicio mediante inclusión hipotética, la cual consiste en incluir la prueba no considerada junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas, es decir indudablemente el resultado hubiese sido una sentencia condenatoria. Habiéndose presentado el oportuno reclamo ante el A quo al momento de evacuarse la audiencia de juicio oral y público por lo antes expuesto y ante la negativa de procedencia de nuestra solicitud, misma que es justa y apegada a derecho, en razón de ello invocamos ante Vosotros, que se declare con lugar el presente motivo de casación y en consecuencia se case el fallo impugnado”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTRPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA DEJADO DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 2) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala no se pronuncia sobre el presente motivo, en razón de haber prosperado el que por infracción de precepto constitucional ha formulado la representación del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 8,14, 198,199, 202 y 311.2 y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Representación del Ministerio Público, 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, y del debate en que se pronuncio, que absuelve al señor B. O. Z. por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de K. M. S. B.; Y MANDA: Que se repita el debate, con jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud de la Abogada K. M. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-17-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Dicho precepto explica el Principio de Verdad material.
[2] Explica el Principio de Libertad Probatoria
[3] Vid. el tratamiento de este problema con referencias al Derecho Comparado (español): MAGRO SERVET, VICENTE, en Guía de Problemas Prácticos y soluciones del juicio oral, LA LEY, 2ª Edición, Mayo de 2009, págs. 346-347.