Sentencia CP-162-10 — Registro 3372
Resumen
Se condenó al imputado en primer instancia por delito de tráfico de drogas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCARTADA S. L. S. G., ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA EN SU CONTRA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que en el presente caso el A Quo ha violado las reglas de la sana crítica, concretamente la ley lógica de derivación, por considerar que la sentencia impugnada no está provista de razonamientos provenientes de elementos congruentes, verdaderos y suficientes. Concretamente reprocha la valoración de la prueba testifical, Pericial y Documental de cargo incorporada al Juicio, por considerar que no es concluyente, ni determinante para alcanzar una sentencia condenatoria en contra de la Acusada S. L. S. G., por un delito de Tráfico Ilícito de Drogas. En el mismo motivo de Casación, el recurrente incorpora otros alegatos de la manera siguiente: 1) Los hechos probados de la sentencia no son contundentes para condenar a la acusada; 2) Violación al Debido Proceso, por valoración de prueba consistente en: Actas de decomiso e Incineración de la evidencia, y de Inspección, con infracción del Derecho de Defensa; y, 3) Por violación de la Norma Sustantiva, dispuesta en el artículo 350 del Código Procesal Penal, referente a la Prohibición de no reforma en perjuicio de la acusada, por considerar que la sentencia impugnada ha agravado la condición jurídica de la encartada. Esta Sala de lo Penal estima que para mayor claridad y precisión, el recurrente debió formular los alegatos que fundan diversos motivos de manera separada, de tal modo que cumpliera con lo dispuesto por el artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal[1]. No obstante el defecto recursivo antes apuntado, esta Sala observa que el núcleo del alegato de casación formulado por el Censor, radica esencialmente en un defecto relativo a la valoración de la prueba, por violación de las reglas de la sana crítica, específicamente de la lógica de derivación. Esta Sala considera pertinente recordar, que la estructura de la sentencia está definida en el artículo 338 del Código Procesal Penal, donde se establece que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como relato fáctico y sobre la cual se realiza un ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar el contenido esencial de los medios probatorios recibidos en el debate. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe valorar en sentencia la credibilidad de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado, el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Así por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Las reglas de la psicología están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de instancia en el caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Podría ser que diga el tribunal, que no le cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas, lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Pedro. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). El censor de la sentencia impugnada cuestiona el valor probatorio concedido por el Juzgador de instancia a la prueba de cargo consistente en la prueba testifical, Pericial y Documental incorporada al Juicio. Estima que el Juzgador carece de elementos congruentes, verdaderos y suficientes para condenar, en tanto que que la prueba de cargo de reproche, no es determinante ni concluyente para condenar a la Acusada S. L. S. G., por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe alcanzar un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo. Sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[2] Para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Un ejemplo puede contribuir a aclarar lo que se acaba de decir. Es una máxima de experiencia, o regla de vida, que nadie vende nada por debajo de su valor, sino por encima del precio de costo, con la finalidad de obtener un margen de ganancia. Sólo si concurre una razón de necesidad, o un afán de liberalidad, o cualquier otra causa razonable, se vende un objeto por debajo de su precio. Si alguien vende una cosa por debajo de su valor, sin justificación alguna, existe una razón para sospechar acerca de que el objeto que se trata de vender así no tiene un origen claro, y que probablemente es delictivo. Porque toda venta se hace para obtener el contravalor del objeto vendido, y en el ejemplo propuesto el vendedor sólo obtiene un valor inferior. Esto indica que un precio tan bajo no sólo favorece económicamente al comprador, sino también al vendedor (nadie da nada gratis, salvo causa justificada), para quien todo ese precio es beneficio, toda vez que no ha pagado nada por adquirirlo, a menos que se expliquen las razones de su proceder. Esta máxima de la experiencia permite fundamentar una norma de presunción, en la que el hecho básico es la adquisición de la cosa a precio vil, y el hecho presunto es el conocimiento de la ilícita procedencia de tal objeto. Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre el indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Volviendo al ejemplo planteado líneas arriba, la norma de presunción queda enunciada de la siguiente manera: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es muy probable (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Más exactamente, el enunciado de la presunción es: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es normal (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Para conocer porque es normal o muy probable tal conocimiento habrá que ir al contenido de la máxima de la experiencia, que constituye el fundamento de tal presunción. Si la presunción abstracta establece el enlace entre el hecho básico y el presunto con la expresión “es normal” o “es muy probable”, en la presunción concreta el “es normal” se sustituye por el “es cierto”, una vez que se ha producido el proceso de depuración de la presunción abstracta. Así, a modo de ejemplo, quien posee varias papelinas de droga, junto con una balanza de precisión para pesar cantidades inferiores a un gramo, y además tiene glucosa para mezclar la droga y obtener más dosis, también papelitos preparados para confeccionar las papelinas, se presume que se dedica a la venta de drogas. Porque es máxima de la experiencia que los vendedores de drogas suelen actuar así, o sea, “es normal” o “es muy probable”, que con todos esos indicios su actividad sea la de vender drogas, a menos que justifique cumplidamente porque posee todos esos objetos. Si no logra tal justificación, el “es normal” se convierte en “es cierto”, y se convierte en prueba plena. En definitiva las máximas de la experiencia cumplen una doble función: fundamentan la creación de una norma de presunción, y sirven de indicador para valorar la racionalidad del enlace entre el hecho básico y el hecho presunto[3]. Esta Sala estima que con la prueba de cargo incorporada y reproducida en juicio, valorada tanto en la base fáctica como jurídica de la sentencia impugnada, el Juzgador efectivamente ha logrado concluir más allá de toda duda razonable, que la acusada S. L. S. G. y el co-acusado D. R. D. M., fueron sorprendidos por la Autoridad de Policía en posesión de 571 paquetes, ubicados en el interior de un furgón a la vez situado en el patio de su casa de habitación, sita en la Aldea de El Tablón, de Santa Cruz de Yojoa, y de 76 paquetes más, encontrados en el interior de la vivienda de ambos, en la habitación de la acusada compartida con su marido, que de acuerdo al dictamen del Laboratorio Químico Toxicológico tienen un peso de seiscientos noventa y nueve punto cincuenta kilos de Cocaína. Por otro lado también se produjo el hallazgo de una balanza digital con sistema de medida en gramos. Esta Sala estima que de las reglas de la sana crítica, en especial de la lógica, en su postulado de derivación, se infiere la participación de la encausada S. L. S. G. en el ilícito por el cual se le condena, es decir en la posesión ilícita de drogas preordenada o destinada al tráfico. Que la prueba de cargo de reproche, es legítima y suficientemente confiable, para fundar el fallo condenatorio. Finalmente cabe referirse a dos cuestiones planteadas por el Censor. En primer lugar alega que en un juicio precedente, la encartada S. L. S. G. había sido condenada por el delito de facilitación del local para el tráfico de drogas (artículo 22), ilícito que lleva aparejada una pena más leve que la prevista para el tráfico ilícito propiamente dicho (art. 18), y que al dictarse una sentencia condenatoria contra la acusada por este último delito en el juicio de reenvío, se ha producido una violación de derechos fundamentales de naturaleza peyorativa o en su perjuicio que debe ser enmendada. Una lectura detenida de los antecedentes revela que la procesada S. L. S. G. efectivamente fue condenada en un primer juicio por el delito de facilitación del local para el tráfico ilícito de drogas, pero no es menos cierto que tal veredicto fue impugnado por la Representación del Ministerio Público, alegando la vulneración de las reglas de la sana crítica, en tanto que consideraba que de los elementos probatorios incorporados al juicio, analizados con apego a las máximas de la experiencia, se infería racionalmente que debía condenarse a la señora S. L. S. G. por el delito de tráfico ilícito de drogas y no por el de mera facilitación de local. De este modo, es que en sentencia del 28 de abril de 2008[4] la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público ordenado la nulidad parcial del primer juicio y ordenando la celebración de uno nuevo en el que se ha emitido un fallo condenatorio en los términos antes apuntados, de ahí que esta Sala considera que no cabe entrar en el análisis de la supuesta reforma peyorativa alegada por el Censor, en tanto que la misma, por las circunstancias anteriormente señaladas carece de un asidero jurídico. En segundo lugar, la parte recurrente alega que tras el hallazgo de la droga incautada por las autoridades policiales, la encartada S. L. S. G., no huyó del lugar pudiendo hacerlo, lo que pone en evidencia su inocencia. A criterio de esta Sala, si bien es cierto que la acusada antes mencionada no huyó del lugar tras el descubrimiento de la gran cantidad de droga en su casa de habitación, no es menos cierto que de la sentencia impugnada se desprende que el contingente policial no resultaba suficiente para garantizar el traslado seguro de cinco acusados más a las dependencias policiales, y que la señora S. L. S. G. se quedó al cuidado de sus dos pequeños hijos, de tal manera que aún en el caso de que tal circunstancia pudiera ser estimada en su favor, frente a ella se erigen otras, como son el hallazgo de una gran cantidad de drogas ubicadas en un furgón, a su vez situado en el patio de su casa de habitación, más el hallazgo de otra cantidad de drogas guardadas en bolsas y una balanza de precisión, encontradas en su habitación compartida con su marido, que se constituyen en elementos indiciarios suficientes que concatenados entre sí nos llevan a la conclusión fundada y más allá de toda duda razonable, que la imputada es responsable de la posesión ilícita de drogas preordenada al tráfico, delito por el cual ha resultado finalmente condenada. Por lo anteriormente expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero de dos mil trece, por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Condenó a los señores S. L. S. G. y D. R. D. M., como autores responsables del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE UN MILLON DE LEMPIRAS (LPS 1,000.000.) RESPECTIVAMENTE, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Interpuso el Recurso de Casación la Abogada J. J. S., actuando en su condición de Defensora Pública de la encartada S. L. S. y la Abogada T. J. F. R., Representante del Ministerio Público.- SON PARTES: Los Abogados A. A. G. y M. R. A. E., Defensores Públicos de la acusada S. L. S., como parte recurrente; y la Abogada R. L. C., Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- HECHOS PROBADOS: Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: El veintinueve de marzo, del año dos mil cuatro, aproximadamente a las cuatro de la tarde, agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), llegaron a la casa de habitación de los señores S. L. S. G. y D. R. D. M., ubicada en la aldea el Tablón, Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, con el fin de investigar la procedencia de un furgón que en ese momento se encontraba estacionado dentro del solar de dicha vivienda, pues, coincidentemente habían recibido varias denuncias relacionadas con la sustracción de furgones contentivo s de mercadería en esa zona del país; sin embargo, al acercarse, y llamar al portón de dicha propiedad, no recibieron respuesta alguna, por lo cual, decidieron retirarse y regresar al día siguiente. SEGUNDO: El treinta de marzo de dos mil cuatro, a eso de las nueve de la mañana, los agentes de la dirección General de investigación Criminal, llegaron nuevamente al lugar antes indicado, siendo atendidos por la señora S. L. S. G., a quien le informaron del propósito de su vista, después de lo cual, les autorizó por escrito el ingreso a la vivienda, observando que en el patio de la misma, se encontraban seis vehículos, entre ellos un contenedor con su respectivo cabezal. En el mismo solar, miembros del contingente policial ubicaron al señor D. R. D. M., preguntándole sobre la procedencia de los vehículos, simultáneamente, otros miembros del equipo se acercaron al contenedor, donde localizaron cuatro personas trabajando en un compartimiento falso colocado en el fondo del mismo, dentro del cual encontraron 571 paquetes de cocaína, envueltos en plástico y cinta adhesiva transparente. TERCERO: Una vez efectuado lo anterior, los agentes procedieron a detener a las cuatro personas antes referidas y a trasladarlas a la posta policial de La Barca, dejando en la casa a la señora S. L. S. G. junto a sus dos pequeños hijos, pues no contaban con suficiente personal para custodiarla. Al regresar al lugar, los agentes solicitaron refuerzos a la Policía nacional preventiva e informaron al Ministerio Público de lo acontecido. En seguida, realizaron una inspección al interior de la vivienda, contando siempre con la anuencia de la señora S. L. S. G., encontrando en el dormitorio, que ésta compartía con el señor D. R. D. M., 76 paquetes envueltos en plástico y cinta adhesiva, 84 envoltorios de plástico, una bolsa color negro, todos conteniendo polvo blanco, una balanza digital con sistema de medidas en gramos. CUARTO: Al concluir las diligencias correspondientes, el laboratorio químico toxicológico del Ministerio Público, después de realizar los análisis correspondientes, constató que los paquetes encontrados en el interior del furgón ascendieron a 571 y que sumados a los 76 que se hallaron al interior de la vivienda ascienden a 647 paquetes en total, con un peso de seiscientos noventa y cinco mil ciento sesenta y cuatro punto ocho gramos (695,164.8 gramos) y lo demás con un peso de cuatro mil trescientos cuarenta punto cinco gramos (4.340. 5) puesto, haciendo un total de seiscientos noventa y nueve punto cincuenta (699.50) kilos de cocaína”. III.- La recurrente, abogada J. J. S., en su condición de Defensora Pública de la señora S. L. S., desarrolló su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Por inobservancia a las reglas de la sana crítica.de la Luz NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el Artículo 336 y 338 regla 4 NO.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: La norma procesal que se invoca como infringidas el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no confiable y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica. En este caso que nos ocupa precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta ultima ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de la imputada, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a la imputada no proviene de elementos verdaderos ni suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad por "TRAFICO ILÍCITO DE DROGA" por parte de mi defendida. Es así que el tribunal de sentencia a discutido y valorado las cuestiones fácticas de acuerdo a los criterios de la sana critica y tomado como referencia los hechos configurados como verdad jurídica, lo mismo sucede en la valoración de la prueba donde hemos concluido que estos hechos estimados y declarados probados no son contundentes para condenar a mi representada, para el caso entre otras cosas en el hecho primero manifiesta que llegaron a la casa de habitación de la Señora S. L. S. G. ubicada en la Aldea El Tablón, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, en el hecho segundo que fueron atendidos por la señora S. L. S. a quien le informaron el propósito de la visita, autorizándoles esta por escrito el ingreso a la vivienda, en el hecho tercero dice que los agentes procedieron a detener a cuatro personas y a trasladarlas a la posta Policial de la Barca, dejando en la casa a la señora S. L. S. G., junto a sus dos pequeños hijos, pues no contaban con suficiente personal para custodiarla, siempre en el mismo hecho tercero dice el Tribunal que los agentes en seguida realizaron una inspección al interior de la vivienda, contando siempre con la anuencia de la señora S. L. S. G., podemos observar que estos hechos probados corroboran lo dicho por el testigo de cargo el técnico H. H. manifestando que la señora S. L. S. se había quedado sola en la casa, la lógica nos dice que si ella hubiera tenido conocimiento de la evidencias encontradas en la casa de habitación, ella hubiera huido, en el entendido que de saberlo significaba ir detenida por el delito de tráfico, más sin embargo ella siempre estuvo anuente a colaborar con la policía cuando estos llegaban a su casa de habitación, asimismo siempre estuvo dispuesta a someterse al proceso, pues ella consideraba que no tenia nada que ver con lo sucedido. Honorables Magistrados, no comprendo del porque el Tribunal sentenciador al momento de valorar la prueba en base a las reglas de la sana critica no tomo en cuenta la situación particular de S. L. para eximirla de toda responsabilidad, consideramos ilógico que una persona que este involucrada en un trafico, colabore en todo con la policía, es mas dejándola sola en su casa de habitación sin custodio y la misma no se escape, con el riesgo a que en cualquier momento sea capturada por la policía, entendemos que lo lógico era que esta huyera del lugar evadiendo su responsabilidad, si en verdad la tenia por estar traficando con droga en su casa, mas sin embargo el tribunal sentenciador no valoro tal situación. Curiosamente en el juicio Oral y publico se dieron varias circunstancias violatorias del debido proceso, así: 1) El hecho que en el acta de allanamiento se establece que en el mismo participaron los fiscales C. A. y E. R., más sin embargo al final del acta firman las personas que estuvieron presentes en el lugar, pero no constan las firmas de los agentes fiscales, violentándose a todas luces lo preceptuado en el artículo 212 párrafo final. 2) En el juicio Oral se incorporaron por lectura las actas de decomiso, pero nunca se acredito en el juicio la existencia real de la evidencia decomisada, sumado a esto el hecho de no someter dichas evidencias a la parte defensora, violentándose de esta manera el principio de contradicción; 3) Otro acto violatorio al debido proceso acaecido en el la debate consistió en la incineración e inspección, en vista que tal diligencia se practico como prueba anticipada, pero sin la presencia del representante de los imputados; 4) Por último para la inspección e incineración de la droga de manera inconstitucional se efectuó el nombramiento de un defensor público a los imputados a pesar de que los mismos ya contaban con un defensor privado, aduciéndose que por la premura no había sido posible la notificación de la defensa, sorprendentemente se violenta el derecho de defensa según lo establecido en el artículo 277 del Código Procesal penal al no constar en el expediente de mérito ninguna diligencia de citación a las partes para la comparecencia a la inspección e incineración. Para finalizar Honorables Magistrados el Tribunal sentenciador infringió la norma sustantiva tipificada en el artículo 350 del Código Procesal penal que dice: "Asuntos sobre los que debe recaer la sentencia y sus alcances. Prohibición de reforma peyorativa (non reformatio in pejus). La sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente, y siempre que no agrave lo pretendido por ésta, ante el órgano judicial que dicto la resolución recurrida. En el caso que nos ocupa la defensa de la imputada S. L. S. con anterioridad a esta sentencia recurrida, interpuso recurso de casación por infracción de Ley sustantiva y por Violación de Precepto Constitucional contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal sentenciador Sala Segunda de fecha 22 de noviembre de 2005, por haberla considerado culpable y autora del delito de Facilitación de Local, fallo con el cual la defensa en aquella oportunidad no estuvo de acuerdo procediendo a recurrir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia interponiendo el recurso antes indicado, recurso que fue declarado con lugar a favor de mi representada ordenando la Sala Penal mediante reenvío que se volviera a repetir el debate con tribunal distinto, asumiendo el caso la misma sala segunda del tribunal de Sentencias de San Pedro Sula con jueces distintos a los primeros, Tribunal este que infringió como se dijo antes el artículo 350 del Código Procesal Penal en vista que modifico la resolución impugnada en perjuicio de la imputada S. L. S. agravándole el delito que inicialmente era por facilitación de local para el trafico de Drogas a condenarla en el ente acusador, mas sin embargo la sala segunda le agravó lo pretendido por esta que era quedar libre de toda responsabilidad, condenándola por el delito de Tráfico. Todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la forma y circunstancias reales para conocer la verdad o adquirir más conocimiento sobre ello.- Por todo ello tal razonamiento violenta las reglas de la sana crítica, por lo que la prueba testifical pericial y documental de cargo en el caso de mi representada la señora S. L. S. la consideramos como no determinante y concluyente para tener una certeza que nos permita emitir una sentencia objetiva como debe ser y que sea una prueba confiable como para condenar por Tráfico de Droga a una persona, por lo que todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio. Los autores JOSE MANUEL ARROYO Y ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS, en su libro LOGICA JURIDICA Y MOTIVACION DE LA SENTENCIA PENAL, unidad VI página 136 pié de página 121, afirman: "Debe de recordarse que en la estructura de la sentencia, la aplicación de aquellas reglas tiene lugar al momento de analizar las pruebas y por ello, a los efectos de fundamentar las resoluciones no basta con que el tribunal inserte la afirmación genérica de que su decisión se efectuó de exteriorizar su discurso razones lógicas y conforme con la experiencia y la psicológica". Por lo que claramente podréis analizar, Honorables Magistrados que en la sentencia recurrida, al momento de hacerse la valoración intelectiva se violenta la regla de la lógica, estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación en vista que el juzgador no toma en cuenta aspectos importantes depuestos por testigos de cargo, además le da valor probatorio a prueba documental y pericial de cargo no existente ni concluyente”. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA ENCARTADA S. L. S. G., ARGUYENDO QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA EN SU CONTRA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que en el presente caso el A Quo ha violado las reglas de la sana crítica, concretamente la ley lógica de derivación, por considerar que la sentencia impugnada no está provista de razonamientos provenientes de elementos congruentes, verdaderos y suficientes. Concretamente reprocha la valoración de la prueba testifical, Pericial y Documental de cargo incorporada al Juicio, por considerar que no es concluyente, ni determinante para alcanzar una sentencia condenatoria en contra de la Acusada S. L. S. G., por un delito de Tráfico Ilícito de Drogas. En el mismo motivo de Casación, el recurrente incorpora otros alegatos de la manera siguiente: 1) Los hechos probados de la sentencia no son contundentes para condenar a la acusada; 2) Violación al Debido Proceso, por valoración de prueba consistente en: Actas de decomiso e Incineración de la evidencia, y de Inspección, con infracción del Derecho de Defensa; y, 3) Por violación de la Norma Sustantiva, dispuesta en el artículo 350 del Código Procesal Penal, referente a la Prohibición de no reforma en perjuicio de la acusada, por considerar que la sentencia impugnada ha agravado la condición jurídica de la encartada. Esta Sala de lo Penal estima que para mayor claridad y precisión, el recurrente debió formular los alegatos que fundan diversos motivos de manera separada, de tal modo que cumpliera con lo dispuesto por el artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal[1]. No obstante el defecto recursivo antes apuntado, esta Sala observa que el núcleo del alegato de casación formulado por el Censor, radica esencialmente en un defecto relativo a la valoración de la prueba, por violación de las reglas de la sana crítica, específicamente de la lógica de derivación. Esta Sala considera pertinente recordar, que la estructura de la sentencia está definida en el artículo 338 del Código Procesal Penal, donde se establece que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como relato fáctico y sobre la cual se realiza un ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar el contenido esencial de los medios probatorios recibidos en el debate. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe valorar en sentencia la credibilidad de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado, el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Así por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Las reglas de la psicología están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de instancia en el caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Podría ser que diga el tribunal, que no le cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas, lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Pedro. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). El censor de la sentencia impugnada cuestiona el valor probatorio concedido por el Juzgador de instancia a la prueba de cargo consistente en la prueba testifical, Pericial y Documental incorporada al Juicio. Estima que el Juzgador carece de elementos congruentes, verdaderos y suficientes para condenar, en tanto que que la prueba de cargo de reproche, no es determinante ni concluyente para condenar a la Acusada S. L. S. G., por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia de condena, el Juez debe alcanzar un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo. Sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[2] Para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Un ejemplo puede contribuir a aclarar lo que se acaba de decir. Es una máxima de experiencia, o regla de vida, que nadie vende nada por debajo de su valor, sino por encima del precio de costo, con la finalidad de obtener un margen de ganancia. Sólo si concurre una razón de necesidad, o un afán de liberalidad, o cualquier otra causa razonable, se vende un objeto por debajo de su precio. Si alguien vende una cosa por debajo de su valor, sin justificación alguna, existe una razón para sospechar acerca de que el objeto que se trata de vender así no tiene un origen claro, y que probablemente es delictivo. Porque toda venta se hace para obtener el contravalor del objeto vendido, y en el ejemplo propuesto el vendedor sólo obtiene un valor inferior. Esto indica que un precio tan bajo no sólo favorece económicamente al comprador, sino también al vendedor (nadie da nada gratis, salvo causa justificada), para quien todo ese precio es beneficio, toda vez que no ha pagado nada por adquirirlo, a menos que se expliquen las razones de su proceder. Esta máxima de la experiencia permite fundamentar una norma de presunción, en la que el hecho básico es la adquisición de la cosa a precio vil, y el hecho presunto es el conocimiento de la ilícita procedencia de tal objeto. Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre el indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Volviendo al ejemplo planteado líneas arriba, la norma de presunción queda enunciada de la siguiente manera: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es muy probable (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Más exactamente, el enunciado de la presunción es: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es normal (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Para conocer porque es normal o muy probable tal conocimiento habrá que ir al contenido de la máxima de la experiencia, que constituye el fundamento de tal presunción. Si la presunción abstracta establece el enlace entre el hecho básico y el presunto con la expresión “es normal” o “es muy probable”, en la presunción concreta el “es normal” se sustituye por el “es cierto”, una vez que se ha producido el proceso de depuración de la presunción abstracta. Así, a modo de ejemplo, quien posee varias papelinas de droga, junto con una balanza de precisión para pesar cantidades inferiores a un gramo, y además tiene glucosa para mezclar la droga y obtener más dosis, también papelitos preparados para confeccionar las papelinas, se presume que se dedica a la venta de drogas. Porque es máxima de la experiencia que los vendedores de drogas suelen actuar así, o sea, “es normal” o “es muy probable”, que con todos esos indicios su actividad sea la de vender drogas, a menos que justifique cumplidamente porque posee todos esos objetos. Si no logra tal justificación, el “es normal” se convierte en “es cierto”, y se convierte en prueba plena. En definitiva las máximas de la experiencia cumplen una doble función: fundamentan la creación de una norma de presunción, y sirven de indicador para valorar la racionalidad del enlace entre el hecho básico y el hecho presunto[3]. Esta Sala estima que con la prueba de cargo incorporada y reproducida en juicio, valorada tanto en la base fáctica como jurídica de la sentencia impugnada, el Juzgador efectivamente ha logrado concluir más allá de toda duda razonable, que la acusada S. L. S. G. y el co-acusado D. R. D. M., fueron sorprendidos por la Autoridad de Policía en posesión de 571 paquetes, ubicados en el interior de un furgón a la vez situado en el patio de su casa de habitación, sita en la Aldea de El Tablón, de Santa Cruz de Yojoa, y de 76 paquetes más, encontrados en el interior de la vivienda de ambos, en la habitación de la acusada compartida con su marido, que de acuerdo al dictamen del Laboratorio Químico Toxicológico tienen un peso de seiscientos noventa y nueve punto cincuenta kilos de Cocaína. Por otro lado también se produjo el hallazgo de una balanza digital con sistema de medida en gramos. Esta Sala estima que de las reglas de la sana crítica, en especial de la lógica, en su postulado de derivación, se infiere la participación de la encausada S. L. S. G. en el ilícito por el cual se le condena, es decir en la posesión ilícita de drogas preordenada o destinada al tráfico. Que la prueba de cargo de reproche, es legítima y suficientemente confiable, para fundar el fallo condenatorio. Finalmente cabe referirse a dos cuestiones planteadas por el Censor. En primer lugar alega que en un juicio precedente, la encartada S. L. S. G. había sido condenada por el delito de facilitación del local para el tráfico de drogas (artículo 22), ilícito que lleva aparejada una pena más leve que la prevista para el tráfico ilícito propiamente dicho (art. 18), y que al dictarse una sentencia condenatoria contra la acusada por este último delito en el juicio de reenvío, se ha producido una violación de derechos fundamentales de naturaleza peyorativa o en su perjuicio que debe ser enmendada. Una lectura detenida de los antecedentes revela que la procesada S. L. S. G. efectivamente fue condenada en un primer juicio por el delito de facilitación del local para el tráfico ilícito de drogas, pero no es menos cierto que tal veredicto fue impugnado por la Representación del Ministerio Público, alegando la vulneración de las reglas de la sana crítica, en tanto que consideraba que de los elementos probatorios incorporados al juicio, analizados con apego a las máximas de la experiencia, se infería racionalmente que debía condenarse a la señora S. L. S. G. por el delito de tráfico ilícito de drogas y no por el de mera facilitación de local. De este modo, es que en sentencia del 28 de abril de 2008[4] la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público ordenado la nulidad parcial del primer juicio y ordenando la celebración de uno nuevo en el que se ha emitido un fallo condenatorio en los términos antes apuntados, de ahí que esta Sala considera que no cabe entrar en el análisis de la supuesta reforma peyorativa alegada por el Censor, en tanto que la misma, por las circunstancias anteriormente señaladas carece de un asidero jurídico. En segundo lugar, la parte recurrente alega que tras el hallazgo de la droga incautada por las autoridades policiales, la encartada S. L. S. G., no huyó del lugar pudiendo hacerlo, lo que pone en evidencia su inocencia. A criterio de esta Sala, si bien es cierto que la acusada antes mencionada no huyó del lugar tras el descubrimiento de la gran cantidad de droga en su casa de habitación, no es menos cierto que de la sentencia impugnada se desprende que el contingente policial no resultaba suficiente para garantizar el traslado seguro de cinco acusados más a las dependencias policiales, y que la señora S. L. S. G. se quedó al cuidado de sus dos pequeños hijos, de tal manera que aún en el caso de que tal circunstancia pudiera ser estimada en su favor, frente a ella se erigen otras, como son el hallazgo de una gran cantidad de drogas ubicadas en un furgón, a su vez situado en el patio de su casa de habitación, más el hallazgo de otra cantidad de drogas guardadas en bolsas y una balanza de precisión, encontradas en su habitación compartida con su marido, que se constituyen en elementos indiciarios suficientes que concatenados entre sí nos llevan a la conclusión fundada y más allá de toda duda razonable, que la imputada es responsable de la posesión ilícita de drogas preordenada al tráfico, delito por el cual ha resultado finalmente condenada. Por lo anteriormente expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por la defensa de la Acusada S. L. S. G., contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.162=2010.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] El artículo 363 párrafo segundo del Código Procesal Penal establece que “el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo”.
[2] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 619.
[3] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 643-646.
[4] Vid. Folios No. 316 al 331.