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Sentencia CP-161-10 — Registro 3371

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de secuestro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA PUBLICA, A FAVOR DEL ACUSADO T. C. M. EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.3, NORMA INFRINGIDA 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues, éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. La Defensa Pública, en un planteamiento muy bien dirigido, denuncia que los Juzgadores han violentado el principio lógico de derivación que integra las reglas de la sana crítica respecto a las conclusiones de que el acusado T. C. M., conocido también como C. C., participó en los hechos y por tanto considera que respecto a éste, la sentencia debe de ser declarada inválida. La Censora determina, que su reclamo es en dos aspectos puntuales: 1) Numeral Primero del apartado de Valoración de la Prueba, los Juzgadores señalan que el acusado C. M. fue una de las tres personas quienes interceptaron y privaron de libertad al menor ofendido O. A. R. P., ello derivado de la declaración e éste y del que en ese momento le acompañaba, el señor C. E. A., más ésta conclusión no pudo haber sido derivada de dichas declaraciones debido a que ambos deponentes relacionan que no pudieron ver los rostros de las personas que los interceptaron y que por tanto no pueden reconocer a sus captores; y 2) En la Sentencia, el Tribunal Instancia determina que el acusado T. C. M., también conocido como C. C., junto con otros dos imputados, en fecha 11 de agosto del 2006, repartieron el dinero que se pagó como “rescate”, a cambio de la libertad del menor ofendido. Afirma la Censora, que esta conclusión fue derivada de las declaraciones de los Testigos C. J. Z. y E. E. C., quienes en ese tiempo eran Agentes de Investigación y quienes de manera referencial comentaron lo que en la etapa de investigación habían escuchado de la señora S. M. (compañera de hogar del acusado D. Q.) y de la acusada E. Q., más nuevamente esta conclusión es incorrecta debido a que precisamente los testigos son referenciales y además porque se hizo presente al debate la señora S. M., en su calidad de testigo protegido clave M-12, quien no refirió nada de lo que supuestamente había comentado a los Agentes de Investigación, por lo que es imposible extraer un criterio de culpabilidad a partir de dos declaraciones de testigos de referencia. III. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias, en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. El Recurso es de recibo. El Tribunal de Casación, en revisión de los razonamientos expuestos por los Juzgadores que les permitieron arribar a las conclusión de la participación del acusado T. C. M. también conocido como C. C., en los hechos imputados, determina que ha existido un quebrantamiento a las reglas de la sana crítica, por cuanto ésta conclusión no puede ser derivada de los elementos probatorios reproducidos en la audiencia de debate. El Tribunal de Sentencia señala en su resolución que fueron dos las participaciones que tuvo el acusado C. M., en los hechos: Interceptar y privar de libertad al menor ofendido O. A. R. P. y posteriormente recibir y repartir a otros acusados el pago ilegítimo por la libertad del ofendido, exponen que cada una de estas dos participaciones tiene su respaldo probatorio, los que se analizan a continuación: PRIMERO: En el hecho probado primero de la sentencia, se establece que en fecha cuatro de agosto del año dos mil seis, siendo las siete de la mañana el menor O. A. R. P., de ese entonces diez años y el señor C. E. O., fueron interceptados y privados de libertad por tres personas, entre ellos el señor T. C. M. también conocido como C. C.. Los Juzgadores señalan que esta conclusión se deriva de las declaraciones del menor ofendido O. A. R. Y C. E. A., y de “prueba testifical y documental que más adelante se analiza” (F. 560), más esto es erróneo por cuanto el niño R., al momento de su declaración (f. 455 v.) identificó a sus captores como tres personas de sexo masculino, uno de ellos (el que iba conduciendo el taxi donde fue introducido), como corte de pelo a la plancha, con cicatriz en la cara, trigueño y fornido, las otras dos personas como delgadas y que al ingresar al taxi le vendaron los ojos, además al ser preguntado si logró ver a sus agresores contestó que no, es pues que estas características físicas no logran individualizar al acusado T. C. M. también conocido como C. C., como aquél que ese día bajó del taxi con un arma de fuego para subir al menor al vehículo mediante intimidación. Por otra parte, el testigo C. E. O. (F. 456v.) en lo concerniente a la identificación de las personas que lo interceptaron fue reticente, contestando en dos ocasiones que “no tenía nada que decir en cuanto a eso”. El testigo E. E. C., agente de policía (F. 461), indicó que tuvo conocimiento T. C. M. conocido también como C. C., participó en la captura y manejó negociaciones y que se había constatado su participación (F. 461 v), más no puntualizó como tuvo ese conocimiento o como había constatado dicha participación. Finalmente, no existe prueba documental como lo afirma el Tribunal A-quo (F. 560) que determine que el acusado C. M. haya sido una de las tres personas que privó de la libertad al menor ofendido el día cuatro de agosto. SEGUNDO: En el hecho declarado probado cuarto, el Tribunal de Sentencia señala que en fecha once de agosto del 2006, en la Colonia Canahuati del Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, el acusado T. C. M. conocido también como C. C., junto con dos personas más se repartía el dinero que les fue entregado a cambio de la libertad del menor O. A. R. P.; esta conclusión se desprende de las declaraciones testificales de los Agentes R. Y. A. M. y C. J. Z. (F. 562), más nuevamente los Juzgadores incurren en una violación al principio lógico de derivación, por cuanto estas declaraciones no permiten arribar a tal conclusión; examinando la declaración del Agente de Policía R. Y. A. M. (F. 20), indica que durante las investigaciones llegaron a casa de N. (D. Q.), y que estaba presente la esposa (S. M. o M-12), la que “dijo que quería hablar de ese caso porque el esposo no tenía nada que ver, dijo que había llegado A., A. y C., que habían llegado con una bolsa plástica en una cajita y que la habían sacado del cuarto… que escuchó cuando decían que a E., que era la que cuidaba al niño le iban a dar 12 mil lempiras, que C. [T. C.] después de que repartieron el dinero se quedó dormido….” además el testigo refirió que se habían enterado de la repartición del dinero mediante informantes que se tienen en los sectores. El Agente de Policía C. J. Z. (F. 462.) indicó efectivamente que durante las investigaciones “la esposa de N.”, refiriéndose a la señora S. M., esposa de D. Q., le había comentado que su esposo no estaba involucrado y que “el día anterior había llegado C. [T. C. M. también conocido como C. C.], A. y J. S. Q. repartiendo el dinero que estaba en la cajita verde… y que E. cuidaba al niño”. Estos dos testigos (R. Y. A. M. y C. J. Z.) indican que la señora S. M., les comentó que el acusado T. C. M. también conocido como C. C., junto con dos personas más, repartieron el dinero obtenido a cambio de la libertad del ofendido, más no se puede concluir con ello que el hecho comentado efectivamente haya acaecido, principalmente porque cuando fue llamada la señora S. M. a declarar, bajo la modalidad de testigo Protegido M-12, no reprodujo lo que le había dicho a los investigadores, ni ninguna de las partes consultó al respecto, por ello, los testigos R. Y. A. M. y C. J. Z., son referenciales respecto a hechos que no puede ser tomado en consideración como lo ordena el artículo 199 último párrafo del Código Procesal Penal. También el testigo C. J. Z. indicó haber recibido la declaración de la acusada E. Q. de manera verbal, quien le indicó que ni su esposo (el co-imputado B. R.) ni ella estaban involucrados en los hechos, sino que en el asunto tenía que ver C., refiriéndose al T. C. M. también conocido como C. C., lo que sirvió para dirigir las investigaciones, pero que no aporta los elementos necesarios al proceso penal para concluir derivativamente la participación del acusado. En conclusión, existe en contra del acusado T. C. M. también conocido como C. C., la referencia que realiza el testigo C. J. Z., a lo que en los primeros momentos de las investigaciones le dijo la acusada E. Q., sobre su supuesta participación, dado que la referencia que hace éste testigo y el testigo R. Y. A. M., respecto a lo que dijo la señora S. M., no puede ser considerado por las razones explicadas, tampoco ninguno de los otros testigos se refirió al acusado C. M., ni le fue a éste decomisado ningún elemento de convicción culpatorio, por ello, la conclusión del Tribunal de Sentencia de que existe certeza en relación a la participación y culpabilidad del acusado C. M., entra en colisión con el principio lógico de derivación.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete días del mes de mayo del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual CONDENO a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS de reclusión a los señores: D. Q. Z., A. Q. Z., E. E. Q. Z., J. S. Q., L. A. S. C., B. I. R., J. A. Z. y T. C. M., conocido también como C. C.; como autores responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio del menor O. A. R. P.. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada A. M. D., actuando en su condición de Defensora Pública del señor T. C. M., conocido también como C. C. SON PARTES: El Abogado R. L. S., en su condición de Defensor Público del acusado T. C. M., conocido también como C. C., como parte recurrente y la Abogada Y. M. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS PRIMERO: El viernes cuatro de agosto de dos mil seis, a eso de las siete de la mañana, el menor O. A. R. P., en compañía de su cuñado C. E. O., se dirigían a la escuela donde el primero cursaba sus estudios primarios y cuando transitaban a inmediaciones del supermercado Tres Marías, en la aldea Dos Caminos, Villanueva Cortés, fueron interceptados por L. A. S. C., T. C. M. y J. S. Q., conocido también como A. Q., quienes se transportaban en un carro marca Toyota Tercel, color blanco, con número de registro de taxi 1826, placa AAD7307, modelo 1987, conducido por el primero, mientras que los dos últimos haciendo uso de sus armas de fuego, obligaron al menor y a su acompañante, a subirse al taxi, vendándole los ojos y llevándoselos consigo. Diez minutos después, aproximadamente y a inmediaciones de la empresa PRONORSA, situada en Villanueva, Cortés, bajaron del vehículo al joven C. E. O., llevándose únicamente al menor O. A. R. P., con rumbo desconocido y en horas de la noche de la misma fecha lo trasladaron hasta un apartamento situado en el barrio Corozal de la Aldea El Calán, Villanueva, Cortés, ubicado contiguo a la casa donde convivían B. I. R. y su compañera de hogar E. E. Q. Z., permaneciendo en ese lugar hasta el doce del mes y año referido, donde era alimentado por E. Q. Z. y vigilado por A. Q. Z. y B. I. R. L. SEGUNDO: El mismo día 4 de agosto de 2006, en horas de la tarde, la madre del menor O. A. R. P., recibió una llamada telefónica, indicándole que debía de entregar la cantidad de cinco millones de lempiras, si quería volver a ver a su hijo. Los hechos antes descritos fueron puestos en conocimiento de la autoridad policial, quienes asignaron un agente especial en la casa de los padres del menor, con el propósito de asesorar a éstos y realizar las diligencias investigativas correspondientes. TERCERO: A partir de la fecha antes indicada, las personas que tenían en su poder al menor O. A. R. P., realizaron varias llamadas telefónicas a la casa de éste, las cuales fueron atendidas por su padre S. R., fue así que el once de agosto de dos mil seis, el señor R. llegó a un acuerdo económico con éstos, acordando, la entrega de DOSCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS (Lps.280,000.00), en billetes de denominación de quinientos lempiras, los cuales fueron envueltos en un paquete y dejados en esa misma fecha (11 de agosto de 2006), entre las nueve y diez de la noche, en el kilómetro 23 de la autopista que de esta ciudad de San Pedro Sula, conduce a Puerto Cortés, por el señor N. H. B., Director de la escuela donde el menor cursaba sus estudios primarios, previo a ello, el agente de investigación asignado a la casa de los padres del menor, levantó el acta en la cual hizo constar la serie de cada uno de los billetes en mención. CUARTO: En la misma fecha de entrega del dinero y a eso de las once de la noche el señor L. A. S. C., a bordo de un vehículo automotor, marca Toyota Tercel, color blanco, con registro de taxi número 1826, placa AAD7307, modelo 1987, llegó hasta el lugar donde el señor N. H. B., había dejado el dinero producto del rescate del menor, fue en ese momento que una persona vestida con una camiseta de tirantes, salió de entre los matorrales, tomó el paquete conteniendo el dinero, se subió al vehículo conducido por L. A. S. y ambos se marcharon en dirección a Bijao, Choloma, Cortés, precisamente a la colonia Canahuati, a un cuarto alquilado por J. A. Z., donde, además convivían D. Q. Z. y su esposa S. M., en dicho lugar, los señores T. C. M., A. Q. Z. y J. S. Q., se repartieron el dinero entregado a cambio de la libertad del niño O. A. R. P.. QUINTO: El doce de marzo de dos mil seis, los agentes de la Policía Nacional, una vez asegurados que el menor O. A. R. P., se encontraba en libertad se trasladaron hasta el apartamento que alquilaba J. A. Z., situado en la Colonia Canahuati, Choloma, Cortés, donde, además convivían D. Q. Z. y su esposa S. M. y al realizar un registro personal, le encontraron al señor D. Q. Z., dos billetes de quinientos lempiras, que coincidían con la serie de los billetes entregados por el rescate del menor, asimismo, cuarenta y cuatro billetes de quinientos lempiras cada uno, encontrados en un gavetero que se hallaba en el interior de la habitación, cuyas series, eran coincidentes con el dinero entregado por el rescate de los cuales, adujo el señor J. A. Z., ser su propietario. SEXTO: El trece de agosto de dos mil seis, agentes de investigación, condujeron al menor O. A. R. P., a una vivienda propiedad del señor I. V., ubicada en el barrio Corozal, aldea, El Calán, Villanueva, Cortés y después de obtener la autorización del señor R. A. V. R., en su condición de encargado de la habitación, ingresaron a la misma, la cual se hallaba con sus puertas abiertas, reconociendo el niño A. R. P., que dicha casa, era el lugar donde permaneció privado de la libertad, asimismo, que un colchón y una pana plástica que se hallaban en su interior, eran los objetos que utilizaba para dormir y hacer sus necesidades fisiológicas durante estuvo en cautiverio”. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. La recurrente, Abogada A. M. D., formalizó su Recurso de Casación de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION. SU MOTIVO UNICO: Haber incurrido el sentenciador en inobservancia a las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por su parte el artículo 336 del mismo cuerpo legal señala: “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y , en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados” (lo resaltado es nuestro). Conforme a la declaración de hechos probados que constituye el cimiento de toda sentencia penal, ya que en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, podremos concluir que el sentenciador adjudica a nuestro representado T. C. M. dos acciones específicas en relación a los hechos investigados; la primera de estas acciones se localiza en el numeral primero de los HECHOS PROBADOS el tribunal expresa: “El viernes cuatro de agosto del dos mil seis, a esos de las siete de la mañana, el menor O. A. R. P., en compañía de cuñado C. E. O., se dirigían a la escuela donde el primero cursaba sus estudios primarios y cuando transitaban a inmediaciones del supermercado Tres Marías, en la aldea Dos Caminos, Villanueva, Cortés, fueron interceptados por L. A. S. C., T. C. M. y J. S. Q., conocido también como A. Q., quienes se transportaban en un carro marca Toyota tercel, color blanco, con número de registro de taxi 1826, placa AAD7307, modelo 1987, conducido por el primero, mientras los dos últimos, haciendo uso de armas de fuego, obligaron al menor y a su acompañante, a subirse al taxi, vendándole los ojos y llevándoselo consigo…” Y la Segunda acción que el Tribunal otorga a nuestro patrocinado se encuentran en el numeral cuarto de los sucesos probados, que expresan: “En la misma fecha de entrega del dinero a eso de las once de la noche, el señor L. A. S. C., a bordo de un vehículo automotor marca Toyota tercel, color blanco, con número de registro de taxi 1826, placa AAD7307, modelo 1987, llegó hasta el lugar el señor N. H. B. había dejado el dinero producto del rescate del menor, fue en ese momento que una persona vestida con una camiseta de tirantes, salió de entre los matorrales, tomó el paquete conteniendo el dinero, se subió al vehículo conducido por L. A. S. y ambos se marcharon en dirección a Bijao, Choloma, Cortés, precisamente a la colonia Canahuati, a un cuarto alquilado por J. A. Z., donde además convivían D. Q. Z. y su esposa S. M. y en dicho lugar, los señores T. C. M., A. Q. Z. y J. S. Q., se repartieron el dinero entregado a cambio de la libertad del niño O. A. R. P.”. Conforme a esta declaración de hechos probados y a estas dos acciones específicas concedidas como participación a nuestro representado T. C. M., es que las pruebas evacuadas en juicio y razonadas pro el Tribunal en la sentencia, deben concluir en condena para el imputado, sin embargo, en el caso subjudice no se concluye así, debido que al analizar la sentencia recurrida, las pruebas presentadas en contra de nuestro encausado y la valoración que de ellas realiza el Tribunal, podremos llegar concluir que los sentenciadores violentan la regla de la lógica en su postulado de la derivación, debido a que según las pruebas presentadas en juicio y razonadas por los Juzgadores, no se puede derivar en condena para nuestro representado. El primer reclamo recae en lo que establece el Tribunal Sentenciador en el acápite VALORACION DE LA PRUEBA en su numeral PRIMERO último párrafo, respecto de la declaración del ofendido O. A. R. y de su acompañante el día de los hechos C. E. A., los sentenciadores razonan diciendo: “… El Tribunal encuentra en el relato de los hechos realizado por los testigos antes mencionados, todas las condiciones de veracidad, ya que las mismas resultan complementarias entre sí, concatenando los hechos de manera natural. La credibilidad otorgada a los testigos en mención además deriva de la firmeza con que exponen sus conocimientos a partir de la vivienda propia, por se las personas, que justamente cuando se aprestaban a llegar al centro educativo donde el menor O. A. R. P., cursaba sus estudios primarios, fueron retenidos y obligados a subir a un taxi con número de registro 1826, el cual de acuerdo a la prueba testifical y documental que adelante se analiza, era conducido por el señor L. A. S., siendo acompañado por T. C. M. y J. S. Q., conocido también, como A. Q.…” En este primero punto el Tribunal inobserva las reglas de la sana crítica, ya que si leemos en el acta de debate, referente a las declaraciones de los testigos en referencia (O. R. y C. A.) ambos afirman que en ningún momento pudieron observar los rostros de las personas que los habían interceptado y que no podrían reconocer a nadie de sus captores, en ese sentido, el razonamiento del Tribunal no se deriva de las pruebas ya que afirman que se dan por probados circunstancias que no se derivan de las pruebas, confirmando la inobservancia que se hace a la lógica en su postulado de la derivación. En ese mismo apartado el Tribunal afirma que esas pruebas (Declaración testifical de O. R. y C. A.) más otras personas que se analizan más adelante en la sentencia acreditan la responsabilidad de nuestro patrocinado los hechos probados, pero al analizar cuáles son esas otras pruebas que valoradas en conjunta llevaron al sentenciador a la condena de nuestro patrocinado, podremos descubrir que el sentenciado igualmente violenta la regla de la lógica ya referida. Nuestro segundo reclamo se ubica en la VALORACION DE LA PRUEBA numeral TERCERO de la sentencia, donde hace referencia a las deposiciones de los testigos C. J. Z. V., E. E. C., J. R. S., N. R. G. P. Y G. A. M. M., pero para los efectos legales de este recurso y en vista que los únicos testigos que hacen referencia a nuestro representado es C. J. Z. Y E. E. C., será en base a los razonamientos que realiza el Tribunal de estos testigos, es que recae nuestro reclamo. Al efecto el testigo C. J. Z. declaró en audiencia de juicio oral y público diciendo (línea 24, página 9, numeral tercero de la sentencia) al Tribunal, “…asimismo, S. M., las esposa de D.; les manifestó que la noche anterior, es decir el 10 de agosto, C., refiriéndose a T. C. M., A. Q. Y J. S. Q., se habían repartido el dinero que E. Q., le daba la comida al menor secuestrado… Asimismo, declaró el oficial Z. V., que la acusada E. Q. les manifestó que los responsables del secuestro eran D., A. Y C. (T. C. M.). Por su parte el testigo E. E. C. declara al Tribunal lo siguiente: (Numeral tercero, página 10, segundo párrafo del fallo recurrido): “…Manifestó, que mediante la información recabada por los diferentes equipos de investigación y por la información ofrecida por S. M. esposa de D. Q., se logró determinar que L. A. S., fue la persona que conducía el taxi en el cual secuestraron y luego recogieron el dinero entregado por el rescate, que en el rapto del ofendido además del señor S., también participaron T. C. M. Y J. S. Q., conocido también como A. Q.…” En relación a estas dos deposiciones, que son testigos referenciales, el tribunal razona de la siguiente manera (numeral tercero de la valoración de la prueba, página 11, segundo párrafo, línea 27) “…Asimismo, los agentes de investigación, aportaron prueba referencial, que les fue ofrecida espontáneamente por la entonces compañera de hogar del imputado D. Q. Z., la joven S. M., quien expresó, que los otros imputados, A. Q. Z., B. I. R., E. Q., T. C. M. Y J. S. Q., tuvieron participación en los hechos, en el caso de los tres primeros en labores de cuidado y alimentación del niño en tanto que los dos restantes en la aprehensión del ofendido, y que inclusive, el 11 de agosto de 2006, en horas de la noche, llegaron hasta el apartamento de C. refiriéndose a T. C. M., A. Q. Y J. S. Q. y se repartieron el dinero del rescate, además los condujo a un cuarto donde mantuvieron privado de la libertad al menor, apartamento que fue reconocido por el menor como el lugar donde los retuvieron contra su voluntad, aspectos que nos conduce a determinar fuera de toda duda, que la información ofrecida por la testigo a los agentes policiales era veraz, por cuanto fue constatada pro otros actos de investigación y que indefectiblemente nos lleva a concluir sobre la participación de dichos acusados en el hecho a ellos reprochado…” Evidentemente el Tribunal infringe la regla de la lógica en su postulado de la derivación, porque con las declaraciones de estos dos testigos referenciales, es imposible determinar la culpabilidad de nuestro representado T. C. M., estos agentes de investigación son simples declarantes referenciales, que al presentarse a declarar en juicio la señora S. M. su testimonio pierde fuerza o credibilidad, tal como lo afirma el artículo 199 del Código Procesal Penal en su párrafo último: “… Existiendo testigos presenciales y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia”. En ese orden de ideas analicemos la deposición de la testigo S. M., a quien el tribunal le otorgó protección y el Ministerio Público la identificó con la clave M-12, relato y valoración que aparecen en la sentencia recurrida en su numeral CUARTO de la valoración de la prueba de la referida sentencia: “ El Ministerio Público hizo comparecer a la testigo protegida identificada con la clave M-12, quien manifestó que era la compañera de hogar del acusado D. Q., que vivía en Bijao, Choloma, cuando llegaron los policías y un fiscal. Un policía que se llama R., le dijo que si cooperaba la soltarían, le preguntaron si D. tenía más familiares, ella les mencionó a J. A., que trabajaba en el presidio de Puerto Cortés y era quien alquilaba el cuarto y donde además, vivía J. S. Q.. Los policías manifestaron que buscaban unos mareros, no sabe porque detuvieron a D. y a J. A. Z.”. En resumen esta declaración que plasma el Tribunal en la sentencia recurrida y que rindió la señora S. M. identificada con la clave M-12, como podremos corroborar Honorables Magistrados Casacionistas, en ningún momento la testigo hace referencia a lo que supuestamente les manifestó voluntariamente a los testigos y agentes de investigación C. J. Z. Y E. E. C. y mucho menos el fiscal que se encontraba en el juicio utilizó su interrogatorio para aclarar dichas aseveraciones, en tal sentido y tomando como base lo estipulado en el artículo 199 del Código Procesal Penal, la deposición de esta testigo no podrá ser discutida por testigos referenciales, es decir lo dicho los agentes no fue confirmado por la fuente de esta información, es decir la testigo M-12 y afirma: “El tribunal aprecia, que pese a que la testigo fue propuesta por el Ministerio Público sus versiones van dirigidas a poner de manifiesto que desconoce las circunstancias por las cuales se detuvo a su ex esposo D. Q. Z. y al señor A. Z., sin embargo, advertimos que fue justamente por las manifestaciones, que éstos no podría soslayar y que finalmente fueron corroboradas con datos objetivos, lo cual nos conduce a determinar, que la versión narrada por la testigo a los policías, es verídica y que ese proceder, no implica auto incriminación, en virtud que la aludida, en ningún momento le atribuyó responsabilidad en los hechos, a la persona que en ese momento era su compañero de hogar, es decir el señor D. Q. Z., y en todo caso, la culpabilidad del acusado en mención, se sustenta en el hecho de haberle encontrado en su poder parte del dinero entregado por el rescate y no de las manifestaciones que ésta ofreció a los policías”.El tribunal razona diciendo que aunque la testigo no hizo referencia a lo que supuestamente dijo a los policías, la versión que ella dijo a los agentes es verídica, evidentemente el Tribunal realiza un juicio de valor erróneo aplicando de forma incorrecta la regla de la lógica, ¿Cómo puede decretar como válida una narración que en primero lugar no se encuentra plasmada en ningún documento y mucho menos no fue corroborada por la testigo en el juicio? ¿Entonces, cómo queda el artículo 199 del Código Procesal Penal último párrafo? Simplemente el Tribunal lo desecha y da por acreditados hechos en que ningún momento aseveró la testigo S. M. De igual forma los sentenciadores afirman que existen pruebas corroborativas con datos objetivos para dar por CREIBLE la versión que supuestamente dio la testigo M-12 a los policías Z. y E., sin embargo, esas pruebas corroborativas no existen para nuestro patrocinado T. C. M. porque tal como lo dice el Tribunal, a los otros co-imputado se les encontró dinero seriado que se utilizó para el rescate del menor ofendido y a nuestro representado T. C. no se le encontró ninguna evidencia que lo ligue con los hechos o que corrobore la supuesta narración de la testigo M-12 a los agentes de investigación. En ese orden de ideas, el Tribunal sentenciador, está condenando a nuestro representado T. C. M. con la declaración de dos testigos referenciales cuyos testimonios no pueden tomarse en cuenta si contamos con la testigo presencial y directa en los hechos, llega a juicio y no refrenda lo manifestado por los agentes Z. Y E., en ese sentido el Tribunal a infringido gravemente la lógica en su postulación de la derivación, debido a que con estas pruebas no se puede llegar a la certeza de condena, ya que en el caso de nuestro representado C. M. sólo existen rumores e indicios que no fueron corroborados, confirmados o acreditados por algún otro medio de prueba que ligara a mi representado con los hechos acusados, lo que si se puede derivar del desarrollo de las pruebas en relación al imputado T. C. M., es DUDA RAZONABLE lo que se traduce en absolución total de responsabilidad. En conclusión diremos que en el caso de nuestro representado T. C. M., las declaraciones de los testigos C. J. Z. Y E. E. C. no fue verificado por otras pruebas, en el caso de T. él no era el que alquilaba la casa donde supuestamente tuvieron el menor, no se le encontró dinero seriado que se utilizó para el rescate, y el vehículo que le decomisaron no tenía ninguna relación con los hechos acusados tal como lo afirma el Tribunal en su sentencia en el numeral Quinto de la Valoración de la Prueba inciso 12. En consecuencia el Tribunal sentenciador ha violentado las reglas de la sana crítica específicamente la LOGICA en su postulado de la derivación, ya que con las pruebas presentadas en el juicio oral y público el Tribunal no puede derivar la culpabilidad de mi representado en los hechos a él acusados, razón por la cual es procedente anular el presente juicio y llevar a cabo un nuevo debate donde el nuevo sentenciador si observe correctamente las reglas de la sana crítica, por lo que solicitamos sea declarado con lugar el presente recurso. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO. Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, sólo es posible la subsanación de éste a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA PUBLICA, A FAVOR DEL ACUSADO T. C. M. EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.3, NORMA INFRINGIDA 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues, éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. La Defensa Pública, en un planteamiento muy bien dirigido, denuncia que los Juzgadores han violentado el principio lógico de derivación que integra las reglas de la sana crítica respecto a las conclusiones de que el acusado T. C. M., conocido también como C. C., participó en los hechos y por tanto considera que respecto a éste, la sentencia debe de ser declarada inválida. La Censora determina, que su reclamo es en dos aspectos puntuales: 1) Numeral Primero del apartado de Valoración de la Prueba, los Juzgadores señalan que el acusado C. M. fue una de las tres personas quienes interceptaron y privaron de libertad al menor ofendido O. A. R. P., ello derivado de la declaración e éste y del que en ese momento le acompañaba, el señor C. E. A., más ésta conclusión no pudo haber sido derivada de dichas declaraciones debido a que ambos deponentes relacionan que no pudieron ver los rostros de las personas que los interceptaron y que por tanto no pueden reconocer a sus captores; y 2) En la Sentencia, el Tribunal Instancia determina que el acusado T. C. M., también conocido como C. C., junto con otros dos imputados, en fecha 11 de agosto del 2006, repartieron el dinero que se pagó como “rescate”, a cambio de la libertad del menor ofendido. Afirma la Censora, que esta conclusión fue derivada de las declaraciones de los Testigos C. J. Z. y E. E. C., quienes en ese tiempo eran Agentes de Investigación y quienes de manera referencial comentaron lo que en la etapa de investigación habían escuchado de la señora S. M. (compañera de hogar del acusado D. Q.) y de la acusada E. Q., más nuevamente esta conclusión es incorrecta debido a que precisamente los testigos son referenciales y además porque se hizo presente al debate la señora S. M., en su calidad de testigo protegido clave M-12, quien no refirió nada de lo que supuestamente había comentado a los Agentes de Investigación, por lo que es imposible extraer un criterio de culpabilidad a partir de dos declaraciones de testigos de referencia. III. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp 385-09). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Intima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe de observar el Juzgador Penal Hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En cuanto a la Sana Crítica como Sistema de Valoración de la Prueba, esta Sala ha señalado que en “…la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común…” (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala Penal en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011, que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aún cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias, en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; la coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. El Recurso es de recibo. El Tribunal de Casación, en revisión de los razonamientos expuestos por los Juzgadores que les permitieron arribar a las conclusión de la participación del acusado T. C. M. también conocido como C. C., en los hechos imputados, determina que ha existido un quebrantamiento a las reglas de la sana crítica, por cuanto ésta conclusión no puede ser derivada de los elementos probatorios reproducidos en la audiencia de debate. El Tribunal de Sentencia señala en su resolución que fueron dos las participaciones que tuvo el acusado C. M., en los hechos: Interceptar y privar de libertad al menor ofendido O. A. R. P. y posteriormente recibir y repartir a otros acusados el pago ilegítimo por la libertad del ofendido, exponen que cada una de estas dos participaciones tiene su respaldo probatorio, los que se analizan a continuación: PRIMERO: En el hecho probado primero de la sentencia, se establece que en fecha cuatro de agosto del año dos mil seis, siendo las siete de la mañana el menor O. A. R. P., de ese entonces diez años y el señor C. E. O., fueron interceptados y privados de libertad por tres personas, entre ellos el señor T. C. M. también conocido como C. C.. Los Juzgadores señalan que esta conclusión se deriva de las declaraciones del menor ofendido O. A. R. Y C. E. A., y de “prueba testifical y documental que más adelante se analiza” (F. 560), más esto es erróneo por cuanto el niño R., al momento de su declaración (f. 455 v.) identificó a sus captores como tres personas de sexo masculino, uno de ellos (el que iba conduciendo el taxi donde fue introducido), como corte de pelo a la plancha, con cicatriz en la cara, trigueño y fornido, las otras dos personas como delgadas y que al ingresar al taxi le vendaron los ojos, además al ser preguntado si logró ver a sus agresores contestó que no, es pues que estas características físicas no logran individualizar al acusado T. C. M. también conocido como C. C., como aquél que ese día bajó del taxi con un arma de fuego para subir al menor al vehículo mediante intimidación. Por otra parte, el testigo C. E. O. (F. 456v.) en lo concerniente a la identificación de las personas que lo interceptaron fue reticente, contestando en dos ocasiones que “no tenía nada que decir en cuanto a eso”. El testigo E. E. C., agente de policía (F. 461), indicó que tuvo conocimiento T. C. M. conocido también como C. C., participó en la captura y manejó negociaciones y que se había constatado su participación (F. 461 v), más no puntualizó como tuvo ese conocimiento o como había constatado dicha participación. Finalmente, no existe prueba documental como lo afirma el Tribunal A-quo (F. 560) que determine que el acusado C. M. haya sido una de las tres personas que privó de la libertad al menor ofendido el día cuatro de agosto. SEGUNDO: En el hecho declarado probado cuarto, el Tribunal de Sentencia señala que en fecha once de agosto del 2006, en la Colonia Canahuati del Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, el acusado T. C. M. conocido también como C. C., junto con dos personas más se repartía el dinero que les fue entregado a cambio de la libertad del menor O. A. R. P.; esta conclusión se desprende de las declaraciones testificales de los Agentes R. Y. A. M. y C. J. Z. (F. 562), más nuevamente los Juzgadores incurren en una violación al principio lógico de derivación, por cuanto estas declaraciones no permiten arribar a tal conclusión; examinando la declaración del Agente de Policía R. Y. A. M. (F. 20), indica que durante las investigaciones llegaron a casa de N. (D. Q.), y que estaba presente la esposa (S. M. o M-12), la que “dijo que quería hablar de ese caso porque el esposo no tenía nada que ver, dijo que había llegado A., A. y C., que habían llegado con una bolsa plástica en una cajita y que la habían sacado del cuarto… que escuchó cuando decían que a E., que era la que cuidaba al niño le iban a dar 12 mil lempiras, que C. [T. C.] después de que repartieron el dinero se quedó dormido….” además el testigo refirió que se habían enterado de la repartición del dinero mediante informantes que se tienen en los sectores. El Agente de Policía C. J. Z. (F. 462.) indicó efectivamente que durante las investigaciones “la esposa de N.”, refiriéndose a la señora S. M., esposa de D. Q., le había comentado que su esposo no estaba involucrado y que “el día anterior había llegado C. [T. C. M. también conocido como C. C.], A. y J. S. Q. repartiendo el dinero que estaba en la cajita verde… y que E. cuidaba al niño”. Estos dos testigos (R. Y. A. M. y C. J. Z.) indican que la señora S. M., les comentó que el acusado T. C. M. también conocido como C. C., junto con dos personas más, repartieron el dinero obtenido a cambio de la libertad del ofendido, más no se puede concluir con ello que el hecho comentado efectivamente haya acaecido, principalmente porque cuando fue llamada la señora S. M. a declarar, bajo la modalidad de testigo Protegido M-12, no reprodujo lo que le había dicho a los investigadores, ni ninguna de las partes consultó al respecto, por ello, los testigos R. Y. A. M. y C. J. Z., son referenciales respecto a hechos que no puede ser tomado en consideración como lo ordena el artículo 199 último párrafo del Código Procesal Penal. También el testigo C. J. Z. indicó haber recibido la declaración de la acusada E. Q. de manera verbal, quien le indicó que ni su esposo (el co-imputado B. R.) ni ella estaban involucrados en los hechos, sino que en el asunto tenía que ver C., refiriéndose al T. C. M. también conocido como C. C., lo que sirvió para dirigir las investigaciones, pero que no aporta los elementos necesarios al proceso penal para concluir derivativamente la participación del acusado. En conclusión, existe en contra del acusado T. C. M. también conocido como C. C., la referencia que realiza el testigo C. J. Z., a lo que en los primeros momentos de las investigaciones le dijo la acusada E. Q., sobre su supuesta participación, dado que la referencia que hace éste testigo y el testigo R. Y. A. M., respecto a lo que dijo la señora S. M., no puede ser considerado por las razones explicadas, tampoco ninguno de los otros testigos se refirió al acusado C. M., ni le fue a éste decomisado ningún elemento de convicción culpatorio, por ello, la conclusión del Tribunal de Sentencia de que existe certeza en relación a la participación y culpabilidad del acusado C. M., entra en colisión con el principio lógico de derivación. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal. FALLA: Declarando CON lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública, en consecuencia: PRIMERO: Se declara la nulidad de la sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo y la audiencia de debate que le origina de fecha veintitrés (23) de marzo, ambos del año dos mil nueve (2009), en todo y cuanto a lo que se refiere al acusado T. C. M. también conocido como C. C.; SEGUNDO: Dejar subsistente y por firme el acta de debate de fecha veintitrés (23) de marzo y la sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo, ambas del año dos mil nueve, así como ejecutable lo resuelto, en todo y cuanto se refiere a los acusados D. Q. Z., A. Q. Z., E. E. Q. Z., J. S. Q., L. A. S. C., B. I. R. Y J. A. Z. Y MANDA. PRIMERO: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, proceda a celebrar un nuevo debate en el presente caso, en el cual deberán de participar Jueces de Sentencia distintos a los que concurrieron a emitir la sentencia de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil nueve; SEGUNDO: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece.- Certificación de la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.161=2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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