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Sentencia CP-154-11 — Registro 2867

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de homicidio y portación ilegal de armas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."RECURSO DE CASACIÓN DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANDO LA EXCLUSION DE PRUEBA CON VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 2) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor señala que con la prueba evacuada en juicio se acreditó que el encartado portaba una arma de fuego comercial, sin contar con el permiso de la autoridad competente, concretamente con la prueba documental de la defensa, consistente en la CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL JEFE DEL REGISTRO BALÍSTICO NACIONAL DE ARMAS, de la oficina departamental de la ciudad de San Pedro Sula. Argumenta que el razonamiento del Juzgador fundado en que no era exigible al acusado el permiso de portación de arma de fuego, por considerar que la dependencia competente para otorgar dicho documento no estaba en funciones en la fecha de la detención del acusado, no es motivo suficiente para autorizar al encausado a llevar consigo el arma de fuego, toda vez que no existe ordenanza emanada de autoridad competente, que permita a los ciudadanos portar armas de fuego, sin el permiso respectivo, ante la inoperancia de la Oficina de Registro Balístico. Cuestiona el razonamiento del Juzgador, sobre el valor concedido al medio de prueba documental antes referido, excluyendo el correcto sentido del mismo que resulta de valor decisivo en el el proceso. Concluye que tal razonamiento impide al Juzgador tipificar el hecho conforme a lo dispuesto en el Artículo 332-B del Código Penal, como un delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, siendo un delito de mera actividad, en el que basta para su consumación que el sujeto activo posea un arma de fuego sin contar con el permiso de la autoridad competente. Esta Sala considera necesario recordar, que el artículo 362 No. 2) del Código Procesal Penal contiene dos hipótesis: a) cuando la sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones suficientes de esa decisión o la considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio comporta de ese modo la infracción de varios artículos del Código Procesal Penal: I) Del artículo 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción como producto de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba, II) del artículo 336, que señala que el Tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto, y III) del artículo 338 sección cuarta, numeral 2) que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. De esta manera, el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de pronunciarse sobre la fuerza de convicción que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el Juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o si el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso, amparado en el numeral siguiente, es decir, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana crítica[1]”.Cabe añadir a lo antes expuesto, que no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración de la prueba), sino que es necesario que la misma sea de valor decisivo. Ello comporta efectuar una operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso el recurso prosperará, si de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del juez, junto con las restantes, las conclusiones habrían sido distintas. Esta Sala observa que en la sentencia impugnada, inciso quinto, valoración de la prueba (folio 106 vuelto del Proceso), el Tribunal de instancia desarrolla la fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba documental de reproche, y que al valorarla concluye que “…se da por acreditado que el 17 de junio de 2009,fecha en que fue detenido y encontrado el acusado en posesión de un arma de fuego tipo revólver, calibre 3.57mm, pavón niquelado, marca Taurus, serie HK10345, el Registro Balístico no estaba habilitado para extender los permisos de portación correspondientes, de ahí que el acusado, no tenía la posibilidad material de obtener el mismo, consecuentemente, no le era exigible la portación de ese documento”. Visto lo anterior, esta Sala considera que no se trata en este caso de una exclusión de prueba, por no concurrir ninguna de las hipótesis anteriormente expuestas, ya que la prueba de mérito no ha sido declarada ilícita sin serlo, ni estamos ante una omisión de toda referencia a la misma, sino que por el contrario, estamos frente a una prueba documental, que ha sido valorada y apreciada por el Juzgador, tal y como consta en la sentencia impugnada. Asimismo, esta Sala estima que por la vía de casación elegida por el recurrente no es posible que este Tribunal proceda a ponderar el verdadero alcance o sentido del medio de prueba de reproche, en tanto que los defectos o vicios de la sentencia, en la valoración de la prueba, dentro de los términos expuestos por el Censor, solo pueden ser objeto de estudio por la vía de un Motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, esto es, por violación de las reglas de la sana crítica, lo que no ha ocurrido en caso bajo examen. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Absolvió al señor E. B. M. V., del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor G. A. C. G. y del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. R. A. L., actuando en su condición de Representante del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada C. M. P., Agente de Tribunales del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado M. R. A.R E., Defensor Público del acusado E. B. M. V., como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS Este Tribunal de Sentencia, valorando las pruebas practicadas en juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El diecisiete de junio del dos mil nueve, a eso de la una con treinta minutos de la tarde, el señor G. A. C. G., se encontraba tomándose un refresco en el puesto de ventas del señor I. O. M., situado frente a la gasolinera Shell, en la segunda avenida, ocho y nueve calle del barrio Medina, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, cuando llegó una persona desconocida, quien haciendo uso de un arma de fuego, le infirió al señor C. G., dos disparos que le causaron la muerte. SEGUNDO: Minutos después, el señor E. B. M. V., fue detenido en un negocio de aseo de vehículos denominado “El Profe” localizado en la quince calle del barrio Cabañas de esta ciudad, quien al practicarle un registro personal, le encontraron un arma de fuego tipo revólver, calibre 3.57mm, pavón niquelado, marca taurus, serie HK103451, con seis proyectiles sin percutir, de la cual no portaba el permiso correspondiente, un vehículo tipo turismo, color rojo, marca Dodge Neón, placa No. PCG 0717 y documentos de carácter personal”. III.- El recurrente, Abogado J. R. A. L., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Exclusión de Prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 2) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Juzgador resolvió dictar una sentencia absolutoria a favor de E. B. M. V., por los delitos por los cuales se le acusa; razonando en cuanto al delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, que si bien el procesado poseía una arma de fuego tipo comercial, al momento de su detención no portaba un permiso de portación de la misma emitido por autoridad competente como lo exige la Ley; siendo que no fue posible para él obtenerlo, dado que el Registro Balístico Nacional que es el ente competente para emitir el referido permiso, por razones administrativas no se encontraba funcionando en fecha 17 de Junio del 2009, día en el que el imputado fue detenido y encontrado en posesión de un arma de fuego tipo revolver, calibre 3.57mm, pavón niquelado, marca Taurus, serie HK10345 y le fue decomisada por la Policía Nacional; acreditándose tal circunstancia mediante una constancia autenticada, extendida por el Jefe de Registro Balístico Nacional de Armas de la Oficina Departamental de la ciudad de San Pedro Sula, la cual establece que desde el 01 de abril del 2008, no se estaban realizando trámites de registro de armas, traspasos de renovaciones de carné para la portación de armas de fuego; asimismo se suspendió la venta de citas en el Banco autorizado para tal fin, en virtud de que la empresa que emitía los carné se le venció el contrato suscrito con el Estado, restableciéndose los trámites a partir del día lunes veintidós de junio de dos mil nueve. Por lo anterior el Juzgador estimó que siendo que la función de registrar armas de fuego, es un servicio especializado y supervisado por el Estado por razones de seguridad pública, por lo que al no estar habilitado el Registro Balístico para extender los permisos de portación correspondientes, de ahí que el acusado, no tenía la posibilidad material de obtener el mismo, consecuentemente, no le era exigible la portación de ese documento. Sin embargo cabe señalar que resulta obvio que con la prueba evacuada en juicio oral y público se acreditó que el acusado portaba una arma de fuego sin contar con la autorización de la autoridad competente para ello; lo que se acreditó con la misma prueba documental aportada por la defensa, consistente en una constancia extendida por el Jefe del Registro Balístico Nacional de Armas de oficina departamental de la ciudad de San Pedro Sula, ya antes señalado y ha sido la posición del Ministerio Público desde la génesis del presente proceso; que la circunstancia de que la Oficina competente para otorgar el documento que autoriza la portación de armas a la fecha en que se suscitaron los hechos enjuiciados no se encontraba en funciones por las razones descritas en la constancia, ello no es motivo suficiente para que entonces el encausado portase el arma de fuego que le fue decomisada, pues no existe ninguna ordenanza emanada de autoridad competente, que autorice a cualquier ciudadano a portar armas de fuego sin el debido permiso correspondiente ante la inoperancia de la Oficina de Registro Balístico, indistintamente por las razones que sea y mientras ello no suceda, no puede entonces presumirse la falta de conocimiento de que existe la prohibición legal que es de público conocimiento como ser “el portar armas de fuego aunque sea comercial sin el correspondiente permiso. Es por ello que el Tribunal de Sentencia, al razonar el alcance del contenido del medio de prueba documental consistente en la Constancia emitida por el Jefe del Registro Balístico Nacional de Armas de la oficina departamental de la ciudad de San Pedro Sula en la manera en que lo hizo; excluyo el correcto sentido de dicho medio de prueba el cual resulta de valor decisivo en el proceso; pues si tomamos la literalidad del artículo 332-B del Código Penal, el cual tipifica el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, advertimos que el A quo ha incurrido en el vicio señalado, dado que el delito de Portación Ilegal de Armas, es un delito cuya característica respecto a su comisión se encuentra dentro de los delitos de mera actividad, en el cual basta que la persona posea un arma de fuego sin contar con el permiso de la autoridad competente, para que este se considere consumado; por tanto resulta que el fallo emitido por el A quo indudablemente debe ser corregido por Vuestra Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Aclaramos que no habíamos realizado reclamo previo para subsanar el vicio invocado, en virtud que este se produce en el acto mismo de sentenciar”. RECURSO DE CASACIÓN DE QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANDO LA EXCLUSION DE PRUEBA CON VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 2) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor señala que con la prueba evacuada en juicio se acreditó que el encartado portaba una arma de fuego comercial, sin contar con el permiso de la autoridad competente, concretamente con la prueba documental de la defensa, consistente en la CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL JEFE DEL REGISTRO BALÍSTICO NACIONAL DE ARMAS, de la oficina departamental de la ciudad de San Pedro Sula. Argumenta que el razonamiento del Juzgador fundado en que no era exigible al acusado el permiso de portación de arma de fuego, por considerar que la dependencia competente para otorgar dicho documento no estaba en funciones en la fecha de la detención del acusado, no es motivo suficiente para autorizar al encausado a llevar consigo el arma de fuego, toda vez que no existe ordenanza emanada de autoridad competente, que permita a los ciudadanos portar armas de fuego, sin el permiso respectivo, ante la inoperancia de la Oficina de Registro Balístico. Cuestiona el razonamiento del Juzgador, sobre el valor concedido al medio de prueba documental antes referido, excluyendo el correcto sentido del mismo que resulta de valor decisivo en el el proceso. Concluye que tal razonamiento impide al Juzgador tipificar el hecho conforme a lo dispuesto en el Artículo 332-B del Código Penal, como un delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, siendo un delito de mera actividad, en el que basta para su consumación que el sujeto activo posea un arma de fuego sin contar con el permiso de la autoridad competente. Esta Sala considera necesario recordar, que el artículo 362 No. 2) del Código Procesal Penal contiene dos hipótesis: a) cuando la sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones suficientes de esa decisión o la considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio comporta de ese modo la infracción de varios artículos del Código Procesal Penal: I) Del artículo 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción como producto de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba, II) del artículo 336, que señala que el Tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto, y III) del artículo 338 sección cuarta, numeral 2) que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. De esta manera, el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de pronunciarse sobre la fuerza de convicción que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el Juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o si el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuere desacertadamente, en uno u otro caso, habrá de rechazarse el motivo, sin perjuicio de que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso, amparado en el numeral siguiente, es decir, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana crítica[1]”.Cabe añadir a lo antes expuesto, que no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración de la prueba), sino que es necesario que la misma sea de valor decisivo. Ello comporta efectuar una operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso el recurso prosperará, si de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del juez, junto con las restantes, las conclusiones habrían sido distintas. Esta Sala observa que en la sentencia impugnada, inciso quinto, valoración de la prueba (folio 106 vuelto del Proceso), el Tribunal de instancia desarrolla la fundamentación descriptiva e intelectiva de la prueba documental de reproche, y que al valorarla concluye que “…se da por acreditado que el 17 de junio de 2009,fecha en que fue detenido y encontrado el acusado en posesión de un arma de fuego tipo revólver, calibre 3.57mm, pavón niquelado, marca Taurus, serie HK10345, el Registro Balístico no estaba habilitado para extender los permisos de portación correspondientes, de ahí que el acusado, no tenía la posibilidad material de obtener el mismo, consecuentemente, no le era exigible la portación de ese documento”. Visto lo anterior, esta Sala considera que no se trata en este caso de una exclusión de prueba, por no concurrir ninguna de las hipótesis anteriormente expuestas, ya que la prueba de mérito no ha sido declarada ilícita sin serlo, ni estamos ante una omisión de toda referencia a la misma, sino que por el contrario, estamos frente a una prueba documental, que ha sido valorada y apreciada por el Juzgador, tal y como consta en la sentencia impugnada. Asimismo, esta Sala estima que por la vía de casación elegida por el recurrente no es posible que este Tribunal proceda a ponderar el verdadero alcance o sentido del medio de prueba de reproche, en tanto que los defectos o vicios de la sentencia, en la valoración de la prueba, dentro de los términos expuestos por el Censor, solo pueden ser objeto de estudio por la vía de un Motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, esto es, por violación de las reglas de la sana crítica, lo que no ha ocurrido en caso bajo examen. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 362 No. 2) párrafo in fine del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando SIN lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de forma, en su único motivo, invocado por la Representación del Ministerio Público, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta de noviembre de dos mil diez. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.-NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada Y. M. M. L., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-154-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Los Recursos. Angel Llorente Fernández de la Reguera / Rixi Moncada Godoy. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Tomo 7. Página 120.