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Sentencia CP-151-11 — Registro 10018

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Falsificación de Documentos Privados en perjuicio de la Fe pública, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

".... Esta Sala observa que el Censor de la sentencia impugnada centra su reproche recursivo en un análisis detallado, de la valoración realizada por el Tribunal de instancia sobre la prueba consistente en las declaraciones de los testigos I. L. H. H. (ofendida); D. T. O. (Esposo de la ofendida); y S. C. L. P. (Agente de investigación de delitos financieros), así como en el rechazo injustificado por parte del Juzgador del medio de prueba numero uno de Inspección, propuesta por la defensa, por estimar de no fueron apreciados en toda su dimensión y fuerza probatoria, es decir, en los aspectos que favorecían a los acusados. Esta Sala considera que el Censor de la sentencia impugnada, ataca el fallo por violación a las reglas de la sana crítica, expresando lo que a su entender debió el Juzgador haber considerado, pero olvida indicar concretamente la regla de la sana crítica, es decir, de la lógica, la psicología o las máximas de la experiencia, que a su juicio no han sido observadas por el Juzgador y el efecto que dicha inobservancia ha tenido en el resultado del proceso en el que se condena a sus patrocinados, defecto en la técnica recursiva que no corresponde subsanar de oficio a esta Sala. Finalmente este Tribunal observa que el recurrente, incorpora a este motivo un alegato consistente en que el Juzgador de instancia rechazó en la audiencia de proposición de pruebas, un medio de prueba de inspección; a su entender relevante para la defensa de los imputados, es decir, una prueba que no formó parte de las legalmente incorporadas al proceso, y por lo tanto no susceptible de ser valorada por el órgano jurisdiccional al momento de deliberar y emitir su veredicto. Esta Sala considera que si bien el defecto alegado por el Censor podría haber sido planteado como un motivo por Quebrantamiento de forma, lo cierto es que no resulta procedente atacarlo por el cauce procesal invocado, ya que como antes lo dijimos no fue una prueba admitida a juicio por el Juzgador. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de noviembre de mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula; Departamento de Cortés, mediante la cual Absolvió a los señores L. M. T. Y J. A. A. M., por su supuesta participación en el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS en perjuicio de la FE PÚBLICA y Condenó a los señores L. M. T. y J. A. A. M., a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ESTAFA en perjuicio de I. L. H. H., mas las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado A. H. H., actuando en su condición de Apoderado Defensor de los imputados L. M. T. y J. A. A. M..- SON PARTES: El Abogado A. H. H., Apoderado Defensor de los acusados L. M. T. y J. A. A. M., como parte recurrente; y la Abogada C. M. P., en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probados, los hechos siguientes: PRIMERO: El señor J. A. A. M. y su esposa L. M. T., hicieron creer a la señora I. H. H., que eran dueños de un terreno ubicado en la colonia Villa Florencia, lote G, bloque 25 de este municipio de San Pedro Sula, Cortés, con una extensión superficial de ciento ocho punto cuarenta y dos metros cuadrados (108.42 mts2) equivalente a ciento cincuenta y cinco punto cincuenta varas cuadradas (155.50 vrs2), con las siguientes colindancias: al Norte : con lote del cual se desmembró; al Sur: con D. C.; al Este: colinda con pasaje; al Oeste: con lote del cual se desmembra; mismo que le ofrecieron en venta junto con sus mejoras por la cantidad de trescientos veinte mil lempiras exactos (Lps. 320,000.00) precio que fue aceptado y de esta manera convinieron celebrar en fecha 21 de Noviembre del año 2003, un contrato de Promesa de venta. SEGUNDO: La señora I. H. H., pagó en varias cuotas, a los señores L. M. T. y J. A. A. M., la cantidad de doscientos cuarenta y ocho mil Lempiras (Lps. 248,000.00), decidiendo la señora H., no continuar realizando dichos pagos, al tener conocimiento que el dueño del terreno supuestamente comprado por ella, era en realidad del señor J. H. S. P., el cual obtuvo mediante compra que hizo al Instituto de Previsión Militar en fecha 14 de Febrero del año 2004, por lo que ante tal situación y para evitar más problemas derivados del dominio o propiedad del lote, en fecha 11 de Septiembre del año 2008, el señor S. dio en venta el lote junto con sus mejoras a la señora I. L. H. H. mediante el pago de cien mil Lempiras (Lps.100,000.00), otorgándose mediante escritura pública de compre venta, título de propiedad a favor de la señora H”. III.- El recurrente Abogado A. H. H., formalizó su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional e Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL La sentencia impugnada viola el precepto constitucional que salvaguarda el principio de libertad contemplado en las garantías individuales (articulo 98 de la Constitución de la Republica). PRECEPTO AUTORIZANTE El precepto autorizante de este motivo de casación es el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. MOTIVO PRIMERO: Nuestra Constitución política en el artículo 98, prescribe, en su contenido protector de los derechos individuales el principio de libertad, consagrado, en las declaraciones de la misma ley fundamental, que declara, la persona es libre al nacer. Bajo este principio, nadie, podrá ser conculcado ni menguada su libertad, amen, de que se aplique la excepción que es cuando la persona libre delinque mediante un hecho o acto que no esta permitido por la ley positiva del país, es entonces que comete con ese acto o hecho un delito o falta. Esta excepción, o pena de delito trae como concomitancia al hecho delictivo una pena impuesta por un órgano de jurisdicción competente, utilizando toda la solemnidad de rigor que exige la norma adjetiva vigente a aplicar al caso concreto. De lo anterior es fácil comprender que la norma constitucional establecida en el artículo en cuestión es protectora general del principio de libertad, todo el universo del género humano en el país. Consecuencialmente la norma penal que se aplica al caso particular debe tener su génesis en un hecho o acto que infrinja una ley gubernamental o tipificada en el Código Penal. Empero si el acto o hecho esta permitido por una ley sustantiva y positiva en el país ya no puede ser, ese hecho o acto particular constitutivo de delito o falta, por cuanto el Estado avala y permite tal hecho o acto legitimo y legalmente permitido en el derecho sustantivo positivo. También es un hecho efectivamente cierto que la Constitución prescribe “Que nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere... ni impedido ejecutarlo lo que la ley no prohíbe”, con ello la carta magna garantiza el principio de contratación a las personas en el país, de las cosas que están libres de contratación. En el caso que nos ocupa de la sentencia de Marras, el Tribunal Sentenciador en la parte de los hechos probados expone en el hecho primero “Que el señor J. A. y su esposa L. M. T., hicieron creer a la señora I. L. H. H., que eran dueños de un terreno ubicado en la Colonia Villa Florencia de San Pedro Sula, determinado como el lote “G” bloque 25… utilizando un contrato de promesa de venta del referido lote de terreno”, en el mismo fallo en el hecho segundo probado afirma que “La señora I. L. H. H., pagó en varias cuotas a los señores L. M. T. y J. A. A. M., la cantidad de doscientos cuarenta y ocho mil lempiras (Lps.248,000.00)… diciendo la señora I. H. en su declaración que decidió no continuar realizando dichos pagos al tener conocimiento que el dueño del terreno supuestamente comprado por ella, era en realidad del señor J. H. S. P., el cual obtuvo mediante compra que hizo al Instituto de Previsión Militar en fecha catorce de Febrero del año dos mil cuatro”. De lo declarado anteriormente por la señora I. L. H. H., obsérvese Honorable Corte que el señor S. compró un año después del contrato celebrado por la señora L. M. T. y la señora I. L. H. H. que corre a folio quince (15) de autos, en donde se determina que el contrato aludido es un acto mercantil en virtud de que mis representados están legalmente constituidos como comerciante individual, tal como se acredita en autos, bajo el instrumento numero mil quinientos veintidós, autorizado en escritura pública, por el fedatario público Don Pedro Rendón Pineda, en la ciudad de San Pedro Sula, a los seis días del mes de Junio de mil novecientos noventa, escritura que corre a folio treinta y cuatro (34) su fotostática debidamente autenticada, suscrito entre las partes, el cual el Honorable Tribunal Sentenciador, soslayó, en su sentencia, en la parte de fundamentación jurídica, en el primer fundamento, determina “Que el delito de estafa se estructura alrededor de los elementos objetivos y subjetivos siguientes: A. A. M., actuaron de manera voluntaria y directa con la resolución delictiva fingiéndose dueños de un bien inmueble celebrando contrato privado de promesa de venta sobre un terreno y construcción de una casa de habitación con la finalidad de obtener un provecho propio equivalentes a doscientos cuarenta y ocho mil lempiras, monto del cual dispusieron producto del desplazamiento patrimonial que realizó la señora I. L. H. H. defraudándole en provecho de los acusados”. Es de precisar que el contrato únicamente lo firmo L. M. T. y no su esposo J. A. A. . como lo expresa la sentencia recurrida. De lo anterior se interpreta con facilidad meridiana que el Honorable Tribunal de Sentencias en sus fundamentos jurídicos sustentados, en los hechos probados de la misma sentencia. Es ostensiblemente cierto, que omitieron lo dispuesto en el artículo 770 del Código de Comercio vigente, en el que establece textualmente “La venta de la cosa ajena es valida y obliga al vendedor a adquirirla para entregarla al comprador, este adquirirá la propiedad cuando el vendedor, la obtenga del titular. Mientras el comprador no adquiera la cosa podrá exigir la resolución del contrato que el comprador que, en el momento de celebrarlo, ignoraba que aquella no era del vendedor. Este responderá de los daños y perjuicios y reembolsara a el comprador todos los gastos necesarios y útiles que hubiera hecho, y, si procedió de mala fe, incluso los voluptuarios”. De lo anterior es concluyente que el contrato suscrito entre la señora L. M. T. y la señora I. L. H. H., no constituye delito alguno ni falta por cuanto la ley permite celebrar este tipo de contratos en materia mercantil, y el incumplimiento de la prestación de una de las partes, debe, reclamarse, por la vía correcta del derecho positivo vigente jurisdiccional, no por el fuero del derecho penal, dado, que el derecho penal su principal fin es determinar los delitos, penas y sancionar, al delincuente que infrinja, con un hecho o acto constitutivo de delito o pena, a la que se impondrán penas de privación de libertad o medidas de libertad. No le corresponde, resolver, asuntos de incumplimiento de obligaciones de los particulares, que provengan de un acto mercantil o civil, tal es el caso particular que nos ocupa, en la sentencia de Marras, es obvio que el honorable Tribunal Sentenciador en el presente fallo esta aplicando un artículo del Código Penal, violentando, con ello, lo preceptuado en el artículo 98 de la Constitución de la República, en virtud de no existir delito o falta en el acto contractual que suscribieron las partes en el presente caso; por cuanto, el artículo 98 de la Constitución de la República prescribe, de manera expresa “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa, por obligaciones que no provengan del delito o falta”, en el presente fallo se ha violentado esta garantía Constitucional y los derechos individuales que tienen las personas para contratar siempre que aquellas sean permitidas por nuestra legislación sustantiva y positiva. Por ello la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante circular numero seis de fecha tres de Mayo del dos mil uno, remitió el oficio numero 1386 S.C.S.J. 2001, y en uso de sus facultades que le confiere la ley acordó, delimitar las facultades jurisdiccionales de los Juzgados del área Penal, a efecto, de que no disminuyan ni se conculquen las garantías y derechos individuales comprendidos en el artículo 98 ya mencionado de la Constitución, en el que se protege el principio de libertad del hombre ya que este principio solo puede ser arrebatado, tergiversado, cuando provenga de un delito o falta, y como ya lo desarrollamos anteriormente mis representados hoy condenados no cometieron delito ni falta alguna. Si no que generaron un acto meramente mercantil al amparo del articulo 770 del Código de Comercio En consecuencia, todo acto permitido, por la ley, no puede constituir delito o falta, como ya lo expresamos no se pueden aplicar leyes ni disposiciones del Estado o de cualquier orden que regule el ejercicio de las garantías constitucionales, todo hondureño tiene el derecho supremo y libertad constitucional de hacer “Lo que no perjudique a otro, y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe”. En el presente caso la ley permite esta particularidad contractual, en los negocios de orden civil o mercantil dado, que no lo prohíbe, por tanto, no puede cometer delito ni falta, en el caso de incumplimiento de una prestación particular, frente a otro particular, en el que ambas partes buscan prestaciones reciprocas, que le reporten utilidades frente a un acto contractual, que se buscan mutuas partes beneficio, por ello, tendrá la persona que cumplió expedito y libre el fuero civil jurisdiccional competente, para exigir lo no cumplido por la otra parte que cumplió, y reclamar el resarcimiento de los daños, perjuicios y lucro cesado o dejado de percibir. Y hacerlo mediante el procedimiento del fuero penal como si fuera un acto ilícito, consecuencialmente va a generar una falta o pena, injusta, sin lógica y razón jurídica”. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS L. M. T. Y J. A. A. M. DENUNCIANDO LA VULNERACIÓN DEL ARTICULO 98 DEL TEXTO FUNDAMENTAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor argumenta que el artículo 98 de la Constitución de la República reconoce la libertad como un derecho, en virtud del cual toda persona es libre al nacer por lo que no podrá ser conculcada esa libertad, salvo por la comisión de un delito o falta. Afirma que si el acto que se le imputa a los acusados L. M. T. Y J. A. A. M. está permitido por la ley, es un acto legítimo. Recuerda que al tenor de lo prescrito por el artículo 70 de la Constitución: “..nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito... ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe”, por lo que la Constitución también garantiza la libertad de contratación. Considera que del factum de la sentencia impugnada se desprende que el contrato suscrito entre la acusada L. M. T. y la señora I. L. H. H., es un acto de naturaleza mercantil. Asimismo considera que el Juzgador de instancia debió aplicar lo dispuesto en el Artículo 770 del Código de Comercio. El recurrente sostiene que la ley permite celebrar este tipo de contratos en materia mercantil, y que el incumplimiento de la prestación de una de las partes, debe, reclamarse, no por el fuero penal, sino por la vía mercantil o civil. Reprocha que el Tribunal A Quo haya aplicado el Código Penal, violentando, con ello, lo preceptuado en el Artículo 98 de la Constitución de la República, donde se prevé que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa, por obligaciones que no provengan del delito o falta”. Asimismo, censura que el Tribunal de instancia haya ignorado la Circular de la Corte Suprema de Justicia No.6, de fecha 3 de Mayo de 2001, contenida en oficio No.1386-SCSJ-2001, que acuerda delimitar las facultades de los Juzgados competentes en materia penal, de tal manera que éstos no resuelvan asuntos que han de ser conocidos por la jurisdicción civil. Por lo que concluye que, todo acto permitido por la ley, no puede constituir delito o falta, y en este caso el contrato suscrito entre las partes es un acto de naturaleza mercantil, de tal manera que el incumplimiento del mismo ha debido ser reclamado por la vía civil y no como erróneamente se ha hecho ante la jurisdicción penal. La Sala considera pertinente recordar, que esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, mas el recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el Recurrente debe echar mano de este tipo de recurso cuando no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores.- La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como son las sentencias.- El Censor indica que el A Quo ha tenido por probado que en la ciudad de San Pedro Sula, en fecha 21 de noviembre de 2003, la encausada L. M. T. y la señora I. L. H. H., suscriben un contrato privado de promesa de venta (folio 55 del proceso) de un lote de terreno con mejoras en construcción, valorado en trescientos veinte mil lempiras (L.320.000.00). Asimismo, que en dicho documento privado, la acusada L. M. T., comparece como poseedora y legitima propietaria del mencionado inmueble, por lo que la segunda le entrega a la primera, un vehículo automotor en traspaso valorado en cien mil lempiras, y se compromete a pagar cien mil lempiras el 30 de diciembre de 2003, y el resto ciento veinte mil lempiras, el 28 de febrero de 2004, y pagado el valor del inmueble, la primera se compromete a extender a la segunda, el título traslaticio de dominio o escritura a su favor. De los hechos probados, también se constata que la ofendida pagó a los señores L. M. T. y al señor J. A. A. M., la cantidad total de doscientos cuarenta y ocho mil Lempiras (Lps. 248,000.00), decidiendo la segunda, no continuar realizando los pagos pendientes, al conocer que el verdadero dueño del terreno era el señor J. H. S. P.. Por lo que para evitar más problemas, en fecha 11 de Septiembre de 2008, el señor S. dio en venta el lote y las mejoras a la señora I. L. H. H., por cien mil Lempiras (Lps.100,000.00), otorgándose la escritura pública respectiva. Esta Sala estima que con la prueba aportada al debate bajo la inmediación del Juzgador de instancia y con observancia de los principios de oralidad, publicidad y contradicción se acreditó más allá de toda duda razonable que la suscripción de un contrato de promesa de venta del inmueble, fue el ardid o medio engañoso utilizado por los encausados para provocar a la señora I. L. H. H., un perjuicio patrimonial injusto, en virtud de que al suscribir la acusada L. M. T. el mencionado contrato, no era poseedora, ni legitima propietaria del inmueble, por lo carecía de la facultad legal para otorgar a favor de la ofendida, la escritura pública de tradición de dominio a su favor. De tal manera que a sabiendas de lo anterior, los acusados L. M. T. Y J. A. A. M., procedieron a recibir pagos por parte de la ofendida, en especie (un vehículo automotor) y en numerario; hasta por un monto de Doscientos cuarenta y ocho mil Lempiras (Lps. 248,000.00), y por otra parte, siendo que la imputada L. M. R. no era la propietaria del inmueble ofrecido en venta, la señora I. L. H. tuvo que erogar una fuerte suma de dinero en concepto de pago por el terreno antes indicado a favor de un tercero, lo que provocó una disposición patrimonial no prevista al celebrar al contrato en virtud del engaño de que fue víctima, y que sin duda le acarreó en una relación causa-efecto un perjuicio de carácter patrimonial. En el caso que ahora nos ocupa el engaño típico consiste en la simulación del sujeto activo que se atribuye ficticiamente la propiedad de un inmueble o la titularidad de un derecho real, que conlleva facultad de disposición patrimonial sobre el mismo que no le pertenece. El engaño existe como ficción de titularidad dominical o de un poder de disposición, y subsiguiente perjuicio. El recurrente hace alusión aquí al artículo 770 del Código de Comercio, que regulando el contrato de compraventa mercantil establece que la venta de cosa ajena es válida, y que por ende el conflicto intersubjetivo aquí planteado debió ser conocido por la jurisdicción civil. Al respecto cabe señalar que es necesario distinguir dos planos: a) el penal, conforme al cual si bien existe un contrato precedente y celebrado entre las partes, sea este de naturaleza civil o mercantil, puede atribuirse a una de ellas la comisión de un delito cuando mediando engaño ha inducido a la otra para que suscriba el mismo y realice un desplazamiento patrimonial, defraudándole en provecho propio o ajeno, b) el civil: La cuantificación de las obligaciones civiles o mercantiles de reparación o indemnización que se derivan del incumplimiento doloso de ese contrato, competencia propia del Juez de Ejecución, quien para tales efectos deberá aplicar disposiciones de carácter civil o mercantil que regulan una determinada materia. Como lo explica MUÑOZ CONDE, el Derecho penal no es el único instrumento sancionatorio del Ordenamiento jurídico, de tal manera que prácticamente todas las ramas del Derecho poseen sus propias sanciones que se aplican en caso de incumplimiento de sus normas, agregando que algunas de estas sanciones pueden derivarse de la comisión de un delito planteándose entonces el problema de si pueden coexistir con las penales propiamente dichas, cuestión que ha de responderse afirmativamente en la medida que las sanciones no penales tengan un finalidad y una función distinta a las penales[1]. Si bien es cierto que el artículo 98 de nuestro Texto Fundamental garantiza que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa, por obligaciones que no provengan del delito o falta”;en el presente caso, no se ha infringido la norma constitucional de reproche, en virtud de que más allá de toda duda razonable se ha acreditado que los encausados han incurrido en la comisión de un hecho tipificado como delito, es decir, el de estafa y por ende la privación de libertad que comporta la imposición de la pena de reclusión que como una consecuencia jurídica de sus actos le ha sido impuesta por el Tribunal de Instancia, no constituye una vulneración del precepto constitucional invocado como tampoco del Auto Acordado señalado por el Censor. Por todas las razones anteriormente expuestas procede desestimar el motivo de casación invocado por el recurrente. IV.- El recurrente desarrolló su Recurso de casación de la siguiente manera: “CASACION POR INFRACCION DE LEY: “Violación por la no aplicación de la norma sustantiva comprendida en Artículo 14 y 21 del Código Penal, que dispone textualmente lo siguiente: artículo 14 (Delito consumado) “El delito es consumado cuando en el concurran todos los elementos de tipificación legal”, artículo 21 (Caso fortuito eximente) “No hay delito si, con ocasión de realizar un acto lícito con la debida diligencia el autor causa un mal por mero accidente”. Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO PRIMER MOTIVO: El artículo 14 del Código Penal, define textualmente al tenor de su letra como debe apreciarse el delito en su realización o consumación como tal, y por lo tanto, el delito, debe tener subsumido en el mismo, todo los presupuestos legitimadores del mismo, y es deber ineludible que se observen todos los elementos para su tipificación legal, para la concurrencia del delito como tal, de tal manera que tiene que ser condición, sin la cual, no debe, de concurrir, el delito cuando falte un elemento esencial, para su configuración. Si estos elementos no se identifican claramente, no puede conformarse el delito, como un cuerpo integral, completo, en su composición de sus elementos que deben encontrarse articulados a un cuerpo pleno del delito. De la esencia del artículo precitado se concluye que es una norma protectora de la forma de configuración del delito. De esta manera se desarrolla en el y su espíritu el principio de legalidad comprendido en el artículo 90 de la Constitución Política de la República; que eleva a nivel de derecho fundamental “Nadie puede ser juzgado… con las formalidades, derechos y garantías, que la ley establece”. Este precepto nos indica plenamente que para tipificar el delito, el órgano jurisdiccional sancionador, para aplicar una pena tiene que tener determinados e identificados los presupuestos legitimadores del DELITO CONSUMADO, en un hecho o acto que sea constitutivo del delito. En la sentencia recurrida, que dictó el Tribunal sentenciador condena a mis defendidos, aun cuando en los hechos probados, no se encuentra ningún hecho probado, que la señora L. M. T. y J. A. A. M., hayan obtenido un lucro personal para ellos o para terceras personas. De lo anterior de los hechos probados en la sentencia no se determina, que el lucro esta probado, por cuanto, en la declaración de la ofendida supuesta estafada, ella, misma declara que. “Terminaron de construir la casa en el año 2006 mis defendido, sin entregar la escritura”… mis defendidos es nuestro. Siendo que para ese momento ya solo les debían Lps.70,000.00, según la declaración de I. L. H., como ofendida supuesta, asimismo en la declaración de su esposo D. T. O., declara que le entregaron la casa a su hija, y que la señora I. H., adeuda setenta mil lempiras (L.70,000.00) y que compro el terreno según escritura por el valor de cien mil lempiras (L.100,000.00). De lo anterior se aprecia que AMBAS PARTES ESTÁN MOROSOS y que no hay lucro en el contrato de parte de mis defendidos. Por lo tanto falta el ELEMENTO LUCRO, para el presupuesto legitimador de la estafa, al contrario sentido el valor plusválico de la casa, que obtuvo, la señora I. L., se constituye como utilidad del contrato ya mencionado. En consecuencia, mis defendidos al entregar la casa que habían construido, con el dinero que habían percibido del contrato, no tuvieron ningún beneficio ni lucro para ellos. SEGUNDO MOTIVO: El artículo 21 del Código Penal (caso fortuito. Eximente) “No hay delito si, con ocasión de realizar un acto lícito con la debida diligencia, el autor causa un mal por mero accidente”. De lo prescrito en el artículo citado, se concluye, que no existe delito, al realizar un acto lícito, con la debida diligencia, el autor de un hecho o un acto, causado, por mero accidente un mal que tiene solución o enmienda, no existe dolo, mala intención, no hay planificación ni concierto con ninguna persona, no puede haber, delito en estos casos, donde no se puede identificar el dolo, no es posible determinarlo, por cuanto es un acto o hecho producto de unas voluntades, sino que es involuntario los alcances del mismo. Por lo tanto estamos frente a un caso fortuito en tal acto jurídico, porque es un acto no esperado, que se realizó, por circunstancias y consecuencias, que no se pueden prevenir, para evitarlas, dada la naturaleza del desarrollo de las mismas, el acto contractual firmado entre las partes que ya conocemos, no están al alcance de la planificación, para evitar sus consecuencias que terminan en las fatalidades, que no dependen, mas que de un acto condenado, para traer alcances no esperados, se desarrollan sin precisarlos o desearlos por los actores materiales del mismo. En el caso que nos ocupa de la sentencia de mérito es producto de un acto mercantil que sus proyecciones económicas se fueron del alcance de ambas partes. Veamos: a) La señora I. L. H., incumplió con la parte económica pactada en el contrato que tenía que cumplir en el término de tres meses y siete días la entrega de la totalidad del contrato, sin embargo, no lo pago y esta en mora a la fecha y determinó de manera unilateral no continuar pagando lo pactado. b) La señora L. M. T., no cumplió con la prestación que le correspondía, al no poder entregar el terreno en el tiempo que habían pactado, hasta la fecha actual de la sentencia; c) de los dos incisos anteriores se determina que ambas partes, se mantienen en mora, a la fecha de la sentencia. De los tres incisos se concluye que las partes se mantiene en mora no por la voluntad de ellos, sino por las circunstancias, que se desarrollaron en el tiempo, que se habían obligado a cumplir con el CONTRATO OBJETO DE ESTA SENTENCIA, que se llego a una resolución injusta al no tener ninguno de ellos motivos de dolo, para producir de un acto mercantil lucro o beneficio, para una de las partes, sino a contrario sentido, ambas, partes, obtuvieron pérdidas, por cuanto el tiempo que trascurrió y no se cumplió lo pactado, trajo como consecuencia una sentencia injusta, únicamente, para los señores hoy condenados. Aun, cuando el impacto de los costos en la construcción de la casa, que se determina en los hechos probados con la declaración de los testigos, que ellos entregaron a la señora I. L., les trajo costos mayores de los que percibieron de la supuesta perjudicada; ya que ella, disponía de la casa usufructuando la misma desde el año dos mil seis, la hija de ella habitaba la casa, sin embargo, procedió el Ministerio Público a presentar requerimiento, por estafa al Juzgado Penal, por medio de la Fiscalía de los Delitos de Estafa contra los hoy condenados por el valor de doscientos cincuenta mil lempiras (L.250,000.00), según el plan de requerimiento, en su hecho primero y el segundo la señora I. L. H. debe setenta mil lempiras (L.70,000.00). En este motivo se concluye, con un simple análisis, que la sentencia se contradice al declarar, como hechos probados, un delito, que no existe, por cuanto es generado, por un acto contractual lícito, que suscribieron las partes, en consecuencia, no puede, haber delito, ya que ambas partes, AUN SE ENCUENTRAN EN MORA y ninguna de las partes en cuestión, obtuvo lucro alguno del acto contractual, sin embargo, en los hechos probados, de la sentencia recurrida establece como hecho cierto, que al valorar la prueba, aportada al juicio, se determino, que mis defendidos se habían lucrado del acto contractual licito supramencionado. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS L. M. T. Y J. A. A. M., DENUNCIANDO LA FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 14 Y 21 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor recuerda que al tenor de lo prescrito por el Artículo 14 del Código Penal, el delito se considerará consumado solamente cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal. También alude a la garantía genérica del debido proceso que consagra el Artículo 90 de la Constitución Política donde se establece que “Nadie puede ser juzgado sino… con las formalidades, derechos y garantías, que la ley establece”. El Censor reprocha que la sentencia recurrida condena a L. M. T. y J. A. A. M., a pesar de que en el hecho declarado probado no consta que hayan obtenido un lucro personal para ellos o a favor de un tercero, por lo que falta el elemento del lucro, como elemento típico de la estafa. Afirma también en un “segundo motivo” que el Artículo 21 del Código Penal, manda que: “No hay delito si, con ocasión de realizar un acto lícito con la debida diligencia, el autor causa un mal por mero accidente”. Considera que en este caso, se ha provocado un mal que tiene solución o enmienda, no hubo dolo, mala intención, planificación, ni concierto con ninguna persona para cometer un delito, por lo que cabe la aplicación de la figura del caso fortuito, en tanto en cuanto que el conflicto entre las partes se deriva de un acto contractual mercantil firmado e incumplido por ambas partes. Esta Sala de lo Penal considera pertinente recordar que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El delito de ESTAFA se define al tenor de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal como la conducta de “quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. De este modo, el tipo penal de estafa, exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) Conducta engañosa: esta consiste en una simulación o disimulación capaz de inducir a error a una o varias personas. Puede consistir tanto en la afirmación de hechos falsos como en la simulación o desfiguración de los verdaderos. Ejemplo de lo primero: la atribución de influencia que no se tiene o de bienes inexistentes, de lo segundo: la defraudación en la calidad de una cosa, b) Disposición patrimonial: el engañado a consecuencia del error debe realizar una disposición patrimonial, es decir, la entrega de una cosa o la prestación de un servicio, lo mismo da que consista en un hacer (realizar un pago) que un omitir (renunciar a un crédito); c) La disposición patrimonial del engañado debe haber producido un perjuicio en el engañado o en un tercero. Este perjuicio es de carácter patrimonial; d) En cuanto al elemento subjetivo: el tipo penal requiere un ánimo de lucro, es decir, el autor del engaño debe perseguir un provecho propio o ajeno. Del relato fáctico se desprende que la simulación en la titularidad dominical sobre un bien inmueble fue el ardid o medio engañoso utilizado por los encausados para inducir a la señora I. L. H. H. a que lo firmase y realizara un desplazamiento patrimonial injusto a favor de los procesados, toda vez que la acusada L. M. T., suscribió el referido contrato a sabiendas de que no era poseedora, ni legitima propietaria del inmueble, por lo que carecía de la facultad legal para otorgar a favor de la ofendida, la escritura pública de tradición de dominio. Asimismo, fue declarado probado por el Juzgador de instancia, que los acusados L. M. T. Y J. A. A. M., efectivamente se lucraron al recibir varios pagos por parte de la ofendida, hasta por un monto de Doscientos cuarenta y ocho mil Lempiras (Lps. 248,000.00), cesando aquellos cuando fue de conocimiento de la ofendida y su esposo que el legitimo propietario del inmueble era un tercero, a quien finalmente tuvo que comprar el referido inmueble mediante una fuerte erogación de dinero[2], de ahí que esta Sala no encuentra ningún error de subsunción que dé lugar al vicio denunciado por el Censor. Tampoco, estima la Sala que el Juzgador de instancia haya infringido por falta de aplicación el artículo 21 del Código Penal, por resultar obvio que del relato fáctico no se desprende que se haya producido un caso fortuito, es decir que por un acto realizado por los acusados con la debida diligencia hubieran causado un mal, (es decir un perjuicio patrimonial a la víctima) por mero accidente[3]. Por lo anteriormente expuesto, es procedente desestimar el motivo de casación invocado por el recurrente. V.- El recurrente desarrolló su Recurso de casación de la siguiente manera: “CASACION POR QUEBRANTEMIENTO DE FORMA: “La Sentencia impugnada viola las normas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE El Precepto que autoriza este motivo de casación es el artículo 362 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE LOS MOTIVOS PRIMERO MOTIVO: El Tribunal de Sentencia como órgano autorizado no aprecio la prueba y la fuerza de la misma, en la sentencia recurrida de fecha ocho de Noviembre del dos mil diez, en la que condena a mis representados: L. M. T. Y J. A. M., a purgar una pena de seis años de reclusión en la penitenciaría de San Pedro Sula, Cortés, y una multa a pagar al estado de Honduras la cantidad de veinticuatro mil ochocientos lempiras (L.24,800.00), las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conocidos los alcances de la sentencia supramencionada, por cuanto, en la prueba llegada a la causa, el Órgano Juzgador violento, el precepto de inviolabilidad del derecho a la defensa. El cual debe ser protegido sagradamente e inviolable, tal como lo prescribe el artículo 14 párrafo tercero del Código Procesal Penal, al prescribir: Párrafo Primero… párrafo segundo… párrafo tercero “Los Órganos encargados de la persecución penal estarán obligados a hacer valer con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que la eximan de ella, la extingan o la atenúen”. Al no valorar el órgano sentenciador las fuerzas de la prueba, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, comprendidos en el artículo precitado, en los hechos probados de la sentencia relacionada. Nos damos cuenta con facilidad que tales hechos los describimos a continuación de la sentencia no fueron valorados con el mismo celo, los hechos que eximen de responsabilidad a mis representados. HECHO PROBADO PRIMERO DE LA SENTENCIA RECURRIDA: “El señor J. A. A. M. y su esposa L. M. T., hicieron creer a la señora I. H. H. que eran dueños de un terreno ubicado en la Colonia Villa Florencia, lote G, bloque 25 de esta municipio de San Pedro Sula, Cortes, con una extensión superficial de ciento ocho punto cuarenta y dos metros cuadrados (108.42 Mts²), equivalentes a ciento cincuenta y cinco punto cincuenta varas cuadradas (155.50 Vrs²), con las siguientes colindancias: Al Norte, con lote del cual se desmembró; Al Sur, con D. C.; Al Este, con pasaje; AL Oeste, con lote del cual se desmembra; mismo que le ofrecieron en venta junto con sus mejoras por la cantidad de trescientos veinte mil lempiras exactos (L.320,000.00), precio que fue aceptado y de esta manera convinieron celebrar en fecha veintiuno de Noviembre del año dos mil tres, un contrato de promesa de venta”. HECHO PROBADO NUMERO DOS DE LA MISMA SENTENCIA: “La señora I. H. H. pago en varios cuotas, a los señores J. A. A. M. y L. M. T., la cantidad de doscientos cuarenta y ocho mil lempiras (L.248,000.00), decidiendo la señora H., no continuar realizando dichos pagos, al tener conocimiento, que el dueño del terreno supuestamente comprado, por ella, era en realidad del señor J. H. S. P., el cual obtuvo, mediante, compra que hizo al Instituto de Previsión Militar, en fecha catorce de Febrero, del año dos mil cuatro, por lo que ante, tal situación y para evitar mas problemas derivados del dominio o propiedad del lote, en fecha once de Septiembre del año dos mil ocho, el señor S. dio en venta el lote junto con sus mejoras a la señora I. L. H. H., mediante el pago de cien mil limpias (L.100,000.00), otorgándose mediante escritura pública de compra venta, título de propiedad a favor de la señora H.”. De lo anterior se tiene como hecho probado que el señor J. A. A. M. y su esposa L. M. T., hicieron creer a la señora I. L. H. H. que eran dueños de un terreno, en la colonia Villa Florencia de San Pedro Sula, como lo señalan en los hechos probados y que pactaron con los señores la cantidad de trescientos veinte mil lempiras (L.320,000.00), estos hechos probados el Tribunal de Sentencia, expresa: que fueron “Valorados conjuntamente conforme a las reglas de la sana crítica”. De las pruebas practicadas en juicio que los llevo a las conclusiones, de los hechos probados, sin embargo, esto no esta jurídicamente ajustados a la verdad, de las pruebas surgidas de los testigos, como mas adelante miraremos lo expuesto en las declaraciones de los testigos, tanto que en la declaración del primer testigo y adjudicada. El testigo “A”: Perjudicada: I. L. H. H., en su declaración expresa en su condición de ofendida… “Que ella y su esposo el señor D. T. O., tenían interés en comprar una casa y vieron el periódico varios anuncios entre los cuales se encontraba uno de venta de terreno, comunicándose vía teléfono con los señores J. A. A. M. y L. M. T., quienes dijeron ser los propietarios de los terrenos; en Noviembre del dos mil tres, acordaron una cita en la cual negociaron y el precio que ellos le daban suscribiendo un contrato de promesa de venta, por la cantidad de trescientos veinte mil lempiras (L. 320,000.00) por el terreno y la casa, dando un vehículo como prima, el cual fue valorado en cien mil lempiras, el cual traspasaron a nombre del L. M.. Explicó que entregaron a los imputados la cantidad en efectivo de doscientos cincuenta mil lempiras (L.250,000.00) en diferentes pagos hechos a partir del año dos mil tres, sin que les entregara la escritura de propiedad, por lo que en varias ocasiones le llamaron al señor J. A., para que resolvieran el problema, pero no les daba respuesta… uno de los empleados de J. A. A. M. y L. M. T., les manifestó que ellos no eran dueños de ese terreno, siendo que para ese momento ya solo les debían setenta mil lempiras (L.70,000.00) y al saber que no eran los dueños, ya que su hija investigó en el registro de la propiedad, que en verdad, el terreno pertenecía a otra persona; en el dos mil siete… por lo que llegaron al acuerdo que les entregarían las escritura… posteriormente el dueño de la propiedad el señor S. llegaba a exigirles que desocuparan la casa…. A continuación declaración del testigo “B”: D. T. O., esposo de la señora I. H. H., quien manifestó entre otras cosas, “por lo que hicieron trato entregándole a J. A. A. M. y L. M. T., varios abonos en efectivo, un carro marca Nissan, año 1997 de prima inclusive, hasta llegar a la cantidad de doscientos cincuenta mil lempiras (L.250,000.00) los pagos los hicieron a los dos…, posteriormente le entregaron la casa a su hijo… Declaración del testigo “C”: S. C. L. P.: quien declara lo siguiente… “quien en el año dos mil cinco, fungía como agente de investigación en el área de delitos financieros… debiendo solamente setenta mil lempiras (L.70,000.00) la señora I. H., refiere la testigo que como parte de la investigación tomó declaración testifical a la señora I. H., realizó inspección ocular a la vivienda…. De estos hechos Probados, de la sentencia el Tribunal Juzgador argumenta: que fueron valorados conjuntamente y conforme los criterios de la sana crítica, de las pruebas practicadas en juicio que los llevo a las conclusiones de los hechos probados. Sin embargo, estos hechos desarrollados en las declaraciones de los testigos: A, B y C, de la señora ofendida y su esposo, y la agente de investigación de delitos financieros de la declaración del esposo solo, se toma en consideración los hechos probados, las cantidades de dinero que la señora I. L. H. y su esposo entregaron a los señores J. A. A. M. y L. M. T., no obstante, en los hechos probados no se expresa como hecho probado la entrega de la casa, a la señora ofendida I. L. H. H., por parte de mis defendidos: J. A. A. M. y L. M. T.. Al omitir este hecho de la entrega de la casa se esta apreciando la prueba testifical ya descrita y señalada sin los criterios de la sana crítica. En ella se observa en la causa que el Tribunal Sentenciador: a) no estimó un hecho probado, la entrega de la casa, b) la señora I. L. H., continúa en mora del Contrato supramencionado. MOTIVO SEGUNDO: DEL ACTA DE PROPOSICIÓN DE PRUEBA en la parte de la preparación del debate del juicio oral y público, el Tribunal Sentenciador, rechazo el medio de prueba numero uno, a la parte defensora que constituía medio de prueba numero uno inspeccional, para probar lo siguiente: a) Si la obra hecha en el inmueble estaba terminada; b) Quién vive actualmente en ella; de lo anterior se desprende que el Tribunal de manera injustificada denegó la prueba en el acta de proposición de pruebas de fecha diez de Marzo del año dos mil diez, en donde la parte defensora de los imputados propusieron como prueba, admitiéndole solamente el medio de prueba numero uno y dos y RECHAZARON LA PRUEBA DE INSPECCIÓN AL LUGAR DONDE ESTA CONSTRUIDA LA CASA, y que según el Tribunal sentenciador es objeto de estafa, el mismo Tribunal en esa ocasión expuso, que tal medio de prueba era desproporcional: aún, cuando, era proporcional y daba luces al Tribunal, para establecer la verdad, que la casa construida, por mis defendidos, estaba ocupada o habitada, por los supuestos perjudicados en el delito de estafa, y ellos habitaban la casa desde el año dos mil seis, usufructuando la misma tal como lo declara la misma señora I. L. H. H. y su esposo D. T. O., en su declaración de testigos. No obstante, a ello la señora I. L., declara que interpusieron una denuncia en el Ministerio Público el año dos mil siete, aun cuando disfrutaban de la casa, que mis defendidos les habían construido, con el dinero, que ellos habían entregado; de lo anterior se desprende que mis defendidos no se beneficiaron de la cantidad de dinero entregado sino que lo invirtieron en la construcción de la casa, que entregaron aun cuando la señora I. L., les adeudaba la suma de setenta mil lempiras. Es evidente como ya lo dijimos anteriormente en los hechos probados de la sentencia en cuestión, el Tribunal Sentenciador solo, da como hechos, probados: a) el dinero que entrega la señora I. L. H. H., b) no se establece la cantidad de setenta mil lempiras, que aun a la fecha adeuda la misma señora. Como lo declara ella misma, en su declaración de testigo “A” en la misma valoración de la prueba, de la sentencia recurrida. Así también lo declaran la testigo “C” que inspeccionó la casa. De lo anterior se colige con facilidad y sin esfuerzo alguno que el órgano sentenciador no aprecio la prueba, EN LA JUSTA DIMENSIÓN DE LOS ALCANCES Y CRITERIOS DE LA SANA CRÍTICA, perjudicando con ello a los imputados y violentando la norma comprendida, en el artículo precitado del Código de Procesal Penal, aun cuando estaban obligados y era deber ineludible su aplicación, que mas favorezca al imputado, por lo que debe de emitirse una sentencia nueva modificando el fallo hoy recurrido, por cuanto, el Tribunal al apreciar estos elementos expresados y apreciados en la prueba, en su justa dimensión jurídica, al amparo de los criterios de la sana crítica soslayaron elementos importantes de la prueba que favorecían a los hoy condenados, a) no se aprecio que ellos entregaron, UNA CASA EN EL DOS MIL SEIS, a los supuestamente defraudados y que a la fecha usufructúan habitándola, b) que la casa fue construida, por los hoy condenados con el dinero que recibieron, para la entrega del bien inmueble, por el valor de doscientos cuarenta y ocho mil lempiras (L.248,000.00), por lo tanto no hay fraude, c) que la señora I. L. H., incumplió de manera unilateral el contrato de promesa de venta, al no pagar los setenta mil lempiras, por investigaciones que ella misma realizó, por medio de su hija, sin embargo nunca pidió la rescisión del contrato ante Tribunal competente, tal como lo establece el fuero civil. Al no eximir el Tribunal sentenciador a los imputados el delito de estafa, se violenta la norma adjetiva comprendida en el artículo 14 párrafo tercero de Código Procesal Penal. Por lo que se recurre a este órgano supremo a efecto de que se haga la enmienda de la sentencia de acuerdo a un mejor criterio jurídico, de la prueba evacuada y la no evacuada, a fin de que no se ejecute una sentencia injusta, contradictoria y antijurídica, por la mala apreciación de la prueba y teniendo como hechos probados, solamente los hechos y dicho que favorecen al perjudicado, y no a los imputados, quebrantando de manera flagrante la norma adjetiva en cuestión, violando con ello el ordenamiento jurídico procesal. ALCANCES QUE SE PRETENDEN CON EL PRESENTE RECURSO 1.- Que el presente Recurso de casación, por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, se deje en libertad a los sentenciados, por no haber, cometido el delito, que se les imputa en la sentencia y los dejen en libertad con la revocatoria de la sentencia. 2.- Que la Honorable Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia, de fecha ocho de Noviembre del año dos mil diez, en virtud de que la misma viola normas sustantivas, que no se aplicaron y que habiéndose aplicado no existe delito alguno. 3.- Que en el primer motivo de Recurso de quebrantamiento de forma la Honorable Corte Suprema de Justicia, enmiende la sentencia en la que se valore la prueba de igual forma y se ordene la realización de un nuevo juicio ante distinto Tribunal Sentenciador, evacuando la prueba que no evacuó siendo: pertinente, proporcional y útil al juicio”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTEMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS L. M. T. Y J. A. A. M., ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- El Censor reprocha que el A Quo no ha valorado la prueba del juicio conforme a las reglas de la sana crítica. Considera que la sentencia impugnada no está ajustada a la verdad, derivada de la prueba, porque dadas las declaraciones de los testigos I. L. H. H.(ofendida); D. T. O. (Esposo de la ofendida); y, S. C. L. P. (Agente de investigación de delitos financieros), el A Quo solo acredita las cantidades de dinero que la señora I. L. H. y su esposo entregaron a los acusados J. A. A. M. y L. M. T., pero no la entrega de la casa a la ofendida I. L. H. H., por parte de los acusados, ni que esta se encuentra en mora de acuerdo a los términos estipulados en el contrato antes mencionado. Por otro lado, el recurrente afirma que en el Acta de la Audiencia de Proposición de Pruebas el Juzgador de Instancia rechazó injustificadamente el medio de prueba numero uno de Inspección, propuesto por la defensa, arguyendo erróneamente que era desproporcionado de tal manera que solamente admitió los medios de prueba numero uno y dos. Señala que la señora I. L. H. disfrutaba del uso de la casa, luego de le hicieran entrega de la misma los imputados, quienes invirtieron el dinero proporcionado por la supuesta ofendida en la edificación de la vivienda, por lo que a su criterio no se desprende que los acusados hayan obtenido beneficios por la cantidad de dinero entregada, y mas bien el Censor destaca que la señora H. les adeudaba la suma de setenta mil lempiras. Por lo que concluye que el Juzgador de instancia no valoró la prueba, en su justa dimensión conforme a la reglas de la sana crítica y por tanto lo hizo en detrimento de los derechos de los encausados Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[4], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Esta Sala observa que el Censor de la sentencia impugnada centra su reproche recursivo en un análisis detallado, de la valoración realizada por el Tribunal de instancia sobre la prueba consistente en las declaraciones de los testigos I. L. H. H. (ofendida); D. T. O. (Esposo de la ofendida); y S. C. L. P. (Agente de investigación de delitos financieros), así como en el rechazo injustificado por parte del Juzgador del medio de prueba numero uno de Inspección, propuesta por la defensa, por estimar de no fueron apreciados en toda su dimensión y fuerza probatoria, es decir, en los aspectos que favorecían a los acusados. Esta Sala considera que el Censor de la sentencia impugnada, ataca el fallo por violación a las reglas de la sana crítica, expresando lo que a su entender debió el Juzgador haber considerado, pero olvida indicar concretamente la regla de la sana crítica, es decir, de la lógica, la psicología o las máximas de la experiencia, que a su juicio no han sido observadas por el Juzgador y el efecto que dicha inobservancia ha tenido en el resultado del proceso en el que se condena a sus patrocinados, defecto en la técnica recursiva que no corresponde subsanar de oficio a esta Sala. Finalmente este Tribunal observa que el recurrente, incorpora a este motivo un alegato consistente en que el Juzgador de instancia rechazó en la audiencia de proposición de pruebas, un medio de prueba de inspección; a su entender relevante para la defensa de los imputados, es decir, una prueba que no formó parte de las legalmente incorporadas al proceso, y por lo tanto no susceptible de ser valorada por el órgano jurisdiccional al momento de deliberar y emitir su veredicto. Esta Sala considera que si bien el defecto alegado por el Censor podría haber sido planteado como un motivo por Quebrantamiento de forma, lo cierto es que no resulta procedente atacarlo por el cauce procesal invocado, ya que como antes lo dijimos no fue una prueba admitida a juicio por el Juzgador. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desestima el motivo de casación invocado por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 360 y 362 No. 3) del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el recurso de casación por Infracción de Precepto constitucional, en su motivo único; de Infracción de Ley sustantiva, en su motivo único; y de Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuestos por el recurrente en su condición de Apoderado Defensor de los acusados L. M. T. y J. A. A. M., contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho de noviembre de dos mil diez.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud del Abogado S. C. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-151-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, en Derecho Penal, Parte General, 3ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, págs. 81-82. Con referencias al Derecho español, el citado penalista expresa que “así por ejemplo, el propio Código penal regula en sus arts. 109 y ss. la responsabilidad civil derivada del delito, que puede coexistir perfectamente con la penal. Igual sucede con las sanciones laborales de despido por haber cometido el trabajador un delito en el desempeño de su oficio; y, en general, con todas las sanciones no penales que afectan a ámbitos distintos del penal propiamente dicho. Así, por ejemplo, un futbolista puede ser sancionado penalmente, por haber lesionado gravemente a un compañero, por un delito de lesiones, y con la suspensión federativa profesional para jugar varios partidos. La segunda sanción, la federativa, tiene un ámbito y una función completamente distintos a los de la sanción penal, que sólo puede imponer el tribunal penal correspondiente…”

[2] Sobre este punto resulta de interés y por vía de ilustración lo expuesto por CHOCLAN MONTALVO cuando señala que “..la compensación económica o equivalencia de las prestaciones (perspectiva objetiva estricta) no excluye sin más el perjuicio típico…por tanto es posible un perjuicio patrimonial sin una disminución monetariamente evaluable si se ha frustrado la finalidad pretendida por el sujeto con su disposición patrimonial. Piénsese por ejemplo, en el adquirente de un bien inmueble que desea la adjudicación de determinado inmueble por la proximidad al centro de trabajo y que en atención a tal finalidad ha accedido a su adquisición, y que posteriormente recibe del promotor una vivienda en un lugar completamente alejado, incluso fuera de la misma ciudad comprometida, pero que económicamente responde al mismo valor monetario o incluso superior. Excluir en estos supuestos la estafa, cuando el promotor desde el inicio conocía la imposibilidad de construir en el lugar estipulado, no se aviene al tipo penal de estafa y conduce a soluciones político criminalmente inaceptables…..vid. CHOCLAN MONTALVO, JOSE ANTONIO, en El Delito de Estafa, 2ª Edición, Editorial Bosch, Barcelona, 2009, pág. 71 y ss.

[3] Como lo explica CUELLO CALON, son requisitos necesarios para la existencia del caso fortuito: …”a) que el acto ejecutado no sea ilícito; b) que se haya ejecutado con la diligencia debida, esto es, empleando las precauciones racionales que no omiten los hombres prudentes y cautelosos; c) que a pesar de ello resulte el mal por mero accidente material no imputable ni a dolo ni a culpa…”, más adelante ejemplifica expresando que “…..aquí está incluida la exención de pena para los que en juegos y deportes (fútbol, rugby, boxeo, etc..) causen la muerte o lesiones, pero es condición precisa que se haya obrado con la debida prudencia y cautela, lo cual sólo tiene lugar cuando se observan las reglas del juego o deporte y éstas son lícitas. En caso de imprudencia o infracción de aquellas reglas, puede existir un delito imputable a culpa y hasta un delito doloso si se descubre intención criminal…”, vid. CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho Penal, Tomo I, Vol. II, 18ª Edición, Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1981, págs. 560-562.

[4] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.