Sentencia CP-15-11 — Registro 2832
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de detención ilegal, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
II.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA, DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 32 Y 333 NUMERALES 1 Y 3 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. 1) El Censor considera que conforme al relato de hechos probados y la valoración de la prueba, el Tribunal de Instancia reconoció que el imputado N. D. G. S., al momento de detener al señor D. R. R., actuó bajo el amparo de la ley, en tanto que al requerirle para que presentara su documento de identificación, éste no portaba su tarjeta de identidad tal como lo establece la Ley de Policía y Convivencia Social, por lo que el ahora imputado estaba facultado para trasladarlo a la Posta Policial del Barrio Belén, de tal manera que el Juez de Conciliación le juzgara por la falta cometida y determinara la multa a imponer. Sin embargo, el juzgador erróneamente separó la detención del ofendido en dos momentos: primero la captura realizada en la Tercera Avenida de Comayagüela y segundo cuando ya se encontraba detenido en la posta policial antes mencionada, olvidándose que la detención calificada de ilegal por el Tribunal de Sentencia se ejecutó en un solo momento y por ende constituye una sola acción ajustada a Derecho. A criterio del Censor, el Juzgador calificó equivocadamente como una vejación la manifestación que se atribuye al encausado “ahí les mando esta princesita”, sin que se hubiere acreditado en juicio que el hoy encartado la haya vertido; de tal manera que no se han logrado probar los elementos objetivos del delito de Detención Ilegal. Finalmente el recurrente solicitó subsidiariamente que la Sala de lo Penal declarara la la nulidad de la sentencia por falta de correlación o congruencia entre la sentencia y la acusación; asimismo porque el Tribunal no era competente para pronunciarse sobre la responsabilidad civil sino que debió sujetarse a lo que establece el artículo 338 del Código Procesal Penal. 2) Esta Sala considera pertinente recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en el que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) El Censor al exponer su recurso, redacta sus propios Hechos Probados, los cuales resultan sustancialmente diferentes a los que conforman el relato fáctico contenido en la sentencia recurrida, inobservando con ello el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados que obliga respetar el cuado fáctico que el Tribunal ha establecido en la sentencia. Tal principio es reconocido expresamente en el artículo 360 del Código Procesal Penal donde se prevé que …”habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observado en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal…” Por su parte, el Articulo 369 párrafo tercero del Código Procesal Penal, establece que: “La Corte, en ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados”. Al tenor de las disposiciones legales antes citadas no resultan procedentes los cuestionamientos realizador por el Censor respecto a los hechos probados, como tampoco lo es la inclusión en su recurso de unos sucesos que no fueron los declarados como probados por el Tribunal de Instancia. 4) Esta Sala observa que parte del recurso formulado por el Censor se ha basado en argumentaciones referentes a que no existió suficiente prueba de cargo para acreditar que el señor N. D. G. S. haya cometido el delito de Detención Ilegal, en tanto que la sentencia recurrida se basó únicamente en la declaración rendida por el supuesto ofendido; así como también de que no se le concedió credibilidad a la prueba aportada por la Defensa del imputado, concluyendo que no se valoró la prueba de forma correcta. Esta Sala considera pertinente señalar que por tratarse de un recurso donde se alega la violación y/o infracción de normas sustantivas, este Tribunal de Casación debe limitarse a confrontar los hechos declarados probados, con las normas penales invocadas por el Juzgador de Instancia para subsumir el comportamiento del procesado N. D. G. S. en el tipo penal cuya comisión se le ha venido atribuyendo. Si el Censor pretendía cuestionar la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal A-quo, debió formular otro motivo de casación mediante el cual expusiera los que a su juicio constituyen los razonamientos incorrectos del juzgador, y por tanto utilizar el cauce procesal que ofrece un recurso de casación en la forma. 5) El recurrente considera que no se ha logrado acreditar en juicio los elementos objetivos del delito tipificado en el artículo 333 No. 3) del Código Procesal Penal, pues el hecho de que el encartado al momento de llevar al ofendido hacia la celda de detención expresara “allí les mando esta princesita”, nunca se probó, amén de que en cualquier caso tampoco puede catalogarse tal expresión como una vejación. Según el relato de hechos probados y en la misma fundamentación jurídica de la Sentencia, el Tribunal considera que el imputado N. D. G. Sosa actuó correctamente al detener al ciudadano D. R. R. V., en virtud que éste no portaba su tarjeta de identidad, y por tanto en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 45 párrafo segundo de la Ley de Policía y Convivencia Social donde se establece que “la autoridad policial podrá requerir a las personas que se identifiquen; en caso contrario, podrán a su costa conducirlo a su vivienda o a sus oficinas inmediatas para el solo efecto de precisar su identidad”. De este modo, esta Sala estima que en tal comportamiento no se aprecia la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito tipificado en el artículo 333 No. 1) del Código Penal donde se sanciona al funcionario o empleado público que “detenga o incomunique ilegalmente a una persona”. Continuando con la lectura del relato de hechos probados se constata que una vez detenido el señor R. V., el Agente de Policía y ahora imputado N. D. G. S. conociendo la condición de homosexual del ofendido lo introdujo a la celda de detención para varones expresando a viva voz “ahí les mando a esta princesita”. El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua define a la VEJACIÓN como un Maltrato o humillación, vejamen, burla, sátira festiva, de ahí que la expresión homofóbica[1], es decir, discriminatoria por la orientación sexual de la víctima, proferida por el encartado, como antes se dijo a viva voz y momentos antes de ingresar al ofendido en una celda para varones, además de comportar una lesión a su integridad síquica y moral puso en riesgo su integridad física, siendo de tal intensidad que constituye un comportamiento subsumible en el tipo penal descrito por el artículo 333 No. 3) del Código Penal que sanciona a quien haga víctima de vejaciones a las personas confiadas a su custodia. 6) El Censor en el último apartado de su recurso, solicita “Subsidiariamente Nulidad de la Sentencia” alegado que existe incongruencia entre el cuadro fáctico fijado por el Tribunal y la acusación formalizada por el Ministerio Público. Por otro lado arguye que no es competencia del Tribunal de Sentencia pronunciarse sobre la responsabilidad civil del acusado. Frente a tales argumentos debemos hacer dos acotaciones: a) Si la intención del reclamante era la denuncia de incongruencia entre la acusación y la sentencia, ya el artículo 362 numeral 6) del Código Procesal Penal establece un motivo de casación especifico para atacar dicho vicio, de ahí que la solicitud para que se declare una nulidad “subsidiaria” no es el cauce procesal adecuado para que esta Sala aborde el estudio en torno a la debida correlación entre la acusación y la sentencia. El Título V del Capítulo I del Código Procesal Penal establece las normas a las que estará sujeta la nulidad, sus alcances, causas y momento procesal para solicitarlas; de ahí que la solicitud de nulidad “subsidiaria” por los motivos apuntados, formulada en la interposición del recurso de casación, no es el momento procesal oportuno ni la vía adecuada para solicitar a esta Sala que revise la supuesta falta de congruencia entre la acusación y el fallo. En todo caso vale decir, y en atención al principio de Tutela Judicial Efectiva que implícitamente recoge el artículo 1 de nuestra Constitución, que en el caso súbjudice no se aprecia tal incongruencia, pues tanto los hechos como el tipo penal por el cual ha resultado condenado el imputado fueron objeto de debate entre las partes y objeto de acusación por el Ministerio Público, respectivamente. b) En cuanto al alegato de que procede la nulidad del fallo, porque el Tribunal de Sentencia se pronunció en torno a la responsabilidad civil del imputado sin tener facultades para ello; debemos recordar lo previsto en el artículo 338, regla cuarta numeral 3) del Código Procesal Penal, en el acápite Fundamentación Jurídica, donde se establece que : “En párrafos también separados y numerados se consignarán de forma clara, sucinta y precisa…. los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil”. En consecuencia los Jueces de Sentencia están facultados para pronunciarse, naturalmente en términos muy generales, acerca de la responsabilidad civil que deriva del hecho criminoso[2], en tanto en cuanto que es el Juez de Ejecución quien conocerá de la demanda para deducir la responsabilidad civil ex delicto al tenor de lo establecido en el artículo 432 del Código Procesal Penal.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó al señor N. D. G. S., a la pena de TRES (3) AÑOS TRES (3) MESES de reclusión, y al pago de una multa de CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.50,000.00), como autor del delito de DETENCIÓN ILEGAL, en perjuicio de D. R. R. V., más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL y se declara responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados.- Interpusieron el Recurso de Casación por Infracción de Ley, los Abogados J. P. A. G. y R. E. A. R., actuando en su condición de Apoderados Defensores del señor N. D. G. S..- SON PARTES: La Abogada R. E. A. R. en su condición de Apoderada Defensora del imputado, como recurrente; y la Abogada D. R. en su calidad de Agente de Tribunales del Ministerio Público como recurrida. DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS PRIMERO: En fecha dieciocho de marzo del año dos mil siete el señor D. R. R. V., con orientación homosexual, se encontraba a eso de las tres madrugada en la tercera avenida de Comayagüela, acompañado de una dama, esperando un servicio de taxi, cuando en esos instantes se aproximó la patrulla Rpm 21 al mando del Clase 1 N. D. G. S. quien al verlos les solicitó identificación y también que le permitieran un registro personal. En esos instantes el señor D. R. R. se identificó aduciendo pertenecer a una organización gay denominada Arco-iris y que trabajaba con derechos humanos, resistiéndose a ser registrado, por lo que los agentes de la policía procedieron a detenerlo, a lo cual el señor D. R. R. también se opuso, soltándosele de los agentes cada vez que éstos pretendían sujetarlo y transportarlo a la patrulla, siendo así como finalmente fue subido a la mencionada patrulla en compañía de otro individuo a la Cuarta Estación Policial ubicada en el Barrio Belén de Comayagüela para su registro e ingreso a las celdas policiales. SEGUNDO: Durante los trámites correspondientes, el policía Clase I G. condujo al señor D. R. R. a los separos policiales, y teniendo conocimiento de la condición de preferencia sexual del señor D. R. R. condujo a éste hasta las celdas de varones, manifestándoles a los ahí presentes “ahí les mando a esta princesita”, sometiendo con ello al señor D. R. R. a actos de lesión psicológica y moral, asimismo poniendo en riesgo su integridad física por su preferencia sexual”. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- Los recurrentes, Abogados J. P. A. G. y R. E. A. R., formalizaron su recurso de casación de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley sustantiva por la violación al artículo 333, Numeral 1 y 2 del Código Penal Vigente. SEGUNDO MOTIVO: Infracción al artículo 32 del Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo Primero del Código Procesal Vigente. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Precepto Penal citado como infringido por aplicación indebida textualmente dice: Artículo 333 NUMERALES 1,2 que establecen: Se aplicará la pena de reclusión de tres a cinco años y una multa de cincuenta mil (Lps.50.000.00) a cien mil lempiras (Lps.100.000.00) al funcionario o empleado público que 1.- Detenga o incomunique ilegalmente a una persona o no le de inmediato cumplimiento al mandato de exhibición personal expedido por autoridad competente.- 2.- Haga víctima de vejaciones o apremios ilegales a las personas confiadas a su custodia y 3.- Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado, el Tribunal de Sentencia después de practicadas y valoradas las pruebas en el juicio oral estableció su verdad material fundamentada en lo siguiente: HECHOS PROBADOS PRIMERO: El día 18 de marzo del año 2007, aproximadamente a las dos de la madrugada a inmediaciones de la Primera y Tercera avenida de Comayagüela exactamente en el semáforo que se encuentra frente al Establecimiento que ocupaba el restaurante de comidas rápidas BIGOS los policías N. D. G. S., W. G. L., D. I. C. A., W. C. E. Y W. J. R. E. , e asignados en ese entonces al Distrito Policial Comando Móvil ubicado en la Col. Torocagua de la Ciudad de Comayagüela, realizaba un patrullaje de rutina en la RPM-21, cuando observaron que esquina opuesta al restaurante descrito anteriormente BIGOS se encontraban un grupo de personas ingeridas de bebidas alcohólicas escandalizando en vía pública razón que motivó a los policías antes descritos a requerirlas en legal y debida forma en aplicación a lo que establece la norma legal vigente denominada Ley Policía y Convivencia Social, al llegar al lugar pudieron constatar que efectivamente se encontraban en señor D. R. R., la señora B. R., y el señor P. P., pudiendo observar que el señor D. R. se encontraba en medio de la calle sosteniendo en una de sus manos un envase de vidrio (con las características distintivas de una Cerveza Imperial) donde los policías procedieron a pedir sus respectivas identificaciones personales (tarjeta de Identidad) a lo cual la señora B. R. accedió mostrándola a los policías éstos al verificar la misma (Tarjeta de Identidad) la señora abordó un taxi y se retiró del lugar no así el señor D. R. que en todo momento se mostró renuente a colaborar con los agentes policiales, manifestando que era funcionario del Ministerio Público y que trabajaba en la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos y que ningún Chepo muerto de hambre basura y que nadie lo iba a detener observando, una reacción alterada y violenta ya que se encontraba bajo el efecto del alcohol fue así que los agentes del orden hicieron uso de la fuerza necesaria intentando reducirlo a la impotencia ya que la zona es considerada de alto riesgo, oponiéndose constantemente a subirse a la unidad policial ya que su contextura física es corpulenta, fuerte, lanzando contra la humanidad de los policías insultos verbales, puñetazos y patadas, posteriormente de un lugar cercano salieron dos hombres y una joven quienes manifestaban que el señor D. R. era el presidente de la Asociación “ARCOIRIS” uno de los masculinos iba con faja en mano y de forma violenta y agresiva con la intención de pegarle en la cara al policía D. E. C. Á. con la hebilla fue en esos momentos que intervino el conductor de la RPM-21 W. L. y entre los dos lograron quitarle a la faja y subiéndolo a la unidad policial, posteriormente entre todos los integrantes de la patrulla por la magnitud altamente agresivo en que se encontraba, logrando así reducirlo a la impotencia al señor D. R. negándose en todo momento a que le fueran colocadas los aros de presión (chachas) siendo trasladado a la antigua Cuarta Estación Policial donde funciona actualmente el Distrito Policial M1-5 donde funciona los Juzgados de Conciliación los que son encargados del manejo y control de los detenidos por las faltas establecidas en la Ley de Policía Convivencia Social. SEGUNDO: Una vez puestos en el lugar que legalmente se encuentra destinados para detener de manera preventiva a las personas que por delitos o faltas son detenidos para solo efectos de ponerlos a la orden de la autoridad competente para deducirle la responsabilidad que legalmente corresponde fueron recibidos por el agente policial que se encontraba de turno en la guardia Atención al policía de nombre J. C. M. quien procedió a registrarlos en el Libro que para tal efecto lleva dicha unidad policial para el registro y control de las personas detenidas, pidiéndole al detenido D. R. R. V. y a su acompañante sus generales de Ley y su sexo MASCULINO ya que por su forma de vestir y contextura física denotaba que era HOMBRE, trasladándolo a las celdas o separos policiales el policía L. quien era el encargado de introducir y de sacar a los detenidos a las celdas destinadas para los hombres finalizando así la acción del policía N. D. G. S. a poner al señor D. R. R. bajo cuidado y custodia del personal policial que se encontraba de turno en dicha unidad policial, para seguir el procedimiento administrativo que para tal efecto realiza los Juzgados de Conciliación para el tratamiento de dicha falta, retirándose el policía N. G. S. del lugar y continuando su labor policial. TERCERO: El honorable Tribunal de sentencias de Tegucigalpa, da como probado el hecho que el policía N. G. S. condujo a las celdas al señor D. R. R. y que le expresó palabras despectivas manifestándoles frases, como hay les mando a esa princesita y poner en riesgo su integridad física hechos que fueron ya ventilados y juzgados por el Juez de primera instancia, ya que lograron ser desvirtuados o desvanecidos ante el juez competente, hechos éstos que no son objetos de Juicio Oral y Público en la presente causa teniendo el carácter de cosa juzgada. DESARROLLO DEL RECURSO DE CASACIÓN 1.- De la declaración de los hechos probados, de la valoración de la prueba, los cuales han sido tenido como una verdad incuestionable por el Tribunal de Sentencia se reconoce que el encausado N. D. G. S., actuó amparado por las circunstancias establecidas en el artículo 293 de la Constitución de la República en la cual establece que la policía Nacional tiene como adjetivo fundamental la prevención control y combate del delito así como mantener el orden público entre otros así mismo por lo establecido en los artículo 45 de la Ley de Policía y convivencia ciudadana, la cual establece que todo los ciudadanos de nacionalidad hondureña mayores de 18 años deberán portar obligatoriamente en documento de identificación emitido por el Registro Nacional de las Personas. La autoridad de policía podrá requerir a las personas para que se identifiquen en caso contrario podrán conducirlo a su vivienda o a sus oficinas inmediatas para solo efecto de precisar su identidad, y el artículo 101 las personas que fueren encontradas ebrios escandalizando en las plazas calles u otros lugares públicos o molestar en público o privado a un tercero serán conducidos a la estación de policías y sufrirán la multa que les imponga el juez competente, ES ASI QUE NO SE CUMPLE CON EL PRECEPTO JURÍDICO QUE ES MOTIVO DEL PRESENTE RECURSO DE CASACIÓN YA QUE EL TRIBUNAL RECONOCE EXPRESAMENTE QUE EL POLICÍA N. D. G. S., ACTUÓ AMPARADO YA QUE ESTABA FACULTADO PARA REQUERIR AL OFENDIDO Y A LAS PERSONAS CON LAS CUALES EL SE ENCONTRABA, CON EL FIN DE REQUERIR LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EN VISTA DE ENCONTRARSE A ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA Y EN UNA ZONA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA CATALOGADA USUALMENTE PELIGROSA.- ES DECIR QUE SI ALGUNO DE ELLOS NO PORTABA IDENTIFICACIÓN ESTABA FACULTADO PARA TRASLADARLO HASTA LA ESTACIÓN POLICIAL, Siendo del criterio esta defensa que en dicha sentencia existe contradicción manifiesta ya que el tribunal separa los momentos en donde el policía está autorizado y facultado para llevar a cabo la detención y en el momento que el detenido en este caso la víctima se encuentra ya en la instalación policial, no cumpliéndose así los elementos del tipo penal invocado por el tribunal de sentencia, olvidándose de que la acción suscitada constituye un solo hecho y no dos momentos distintos tal como lo aprecia el honorable tribunal de sentencia “lo subrayado es nuestro”. 2.- El Tribunal Sentenciador hace suyos los hechos que no han sido probados en juicio manifestando que el elemento objetivo de la sentencia acreditado en el juicio es el de que policía N. D. G. S., es autor directo del ilícito de la detención ilegal por ser este funcionario público y que es la persona que ha realizado alguna acción u omisión constituyente de delito no tomando valor a las declaraciones brindadas por los testigos ofrecidos como medio de prueba donde quedó claramente establecido que al momento de ser trasladados las personas por la condición de la falta establecida en la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana al separo policial quedan bajo la custodia de la persona encargada de la oficina de atención al ciudadano y son los encargados de revisar en las condiciones que llegan los mismos así como de ingresarlas a las celdas para su posterior tratamiento que está a cargo de los Jueces de conciliación con que cuenta la Policía Nacional Preventiva asimismo el Tribunal Juzgador ha tomado como verdad única la manifestada por el señor D. R. R. V. quien ha manifestado que el policía G. S. lo introdujo a la celdas y que en forma despectiva manifestó que “allí les mando esa princesita” catalogándolo así como un autor directo, Calificando la dicha aseveración como vejaciones que no fue comprobada ni ratificada por ningún testigo ni autoridades encargadas del manejo de los detenidos ya que en todo momento dicho tribunal se parcializó en la declaración de la víctima restando en todo momento falta de credibilidad a nuestro representado. Aduciendo que el funcionario policial tenía que haberse dado cuenta de la preferencia sexual del ofendido y defiende la hipótesis de que el policía G. S. lo introdujo a la celda equivocada habiendo una especial para este tipo de personas de preferencia sexual HACIENDO EL TRIBUNAL UN DESCREDITO TOTAL AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL MANEJO DE DETENIDOS Y QUE DE LA DECLARACIÓN TESTIFICAL DEL POLICÍA JULIO CRUZ MARTÍNEZ QUE QUIEN LO INTRODUJO A LAS CELDAS FUE EL POLICÍA LAÍNEZ ENCARGADO PARA TAL EFECTO, NO PROBANDO LA EXISTENCIA DE LAS VEJACIONES A LAS QUE HACE MENCIÓN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA EN SU MOTIVACIÓN, VALORANDO ESTE COMO ELEMENTOS SUBJETIVO EL HECHO DE QUE EL POLICÍA N. G. S., sabía de la existencia de unas instalaciones adecuadas para la guardia y custodia de las personas con orientación homosexual, asimismo la supuesta expresión vertida al momento de introducirlo a las celdas hecho que no fue probado ya que el tribunal se inclinó a lo declarado por la víctima en el juicio, tomando como probado que fue objeto de atentado a la integridad física, psíquica y moral en perjuicio de D. R. R., ya que los mismos no son objeto del juicio. Esta defensa es del criterio que el tribunal no valoró en su conjunto la prueba aportada y evacuada en juicio oral y público apartándose en todo momento de la realidad de los hechos ya que las declaraciones testificales ofertadas por ésta fueron contundentes en sus declaraciones al establecer quien fue el encargado de recibir al detenido (Víctima) extremo éste que en ningún momento fue probado durante el desarrollo del juicio. “lo subrayado es nuestro”. Haremos énfasis en el precepto legal aplicado indebidamente al no efectuarse una valoración objetiva de la prueba científica y de los elementos establecidos para que se dé un delito de Detención Ilegal mal fundamentado por el tribunal juzgador ya que extrañamente para éste parece suficiente que el policía N. D. G. S., al momento de realizar la detención de la víctima estaba en la obligación de saber la preferencia sexual del ofendido, hecho que para esta defensa es inconcebible ya que con la declaración de los testigos y del mismo ofendido quien manifiesta de viva voz al momento ser requerido por los elementos policiales, opuso resistencia al requerimiento policial, dándose un forcejeo entre ellos acción esta que el ambiente normal es una acción propia de un HOMBRE o sea de una persona de sexo MASCULINO, ratificándose esto con la declaración del policía J. C. M., quien fue la persona que lo recibió en la oficina de atención al ciudadano en las instalaciones de la antigua cuarta estación policial ubicada en el barrio Belén de Comayagüela, quien al momento de ser entrevistado lucía vestimenta masculina, proporcionó nombre completo, número de identidad y al preguntarle su sexo éste contestó que era del sexo masculino, el policía no está en la obligación de conocer la inclinación sexual de los detenidos ya que la de éste no era notoria a simple vista, por su tono de voz, contextura física y forma de vestir. Es de relevancia pronunciarnos en esta ocasión sobre que el tipo penal invocado por el tribunal en su sentencia ya que no reúne los elementos legales de la anti-juricidad de la acción realizada por el policía N. D. G. S., imprimiéndole el tribunal juzgador un tinte preferencial al caso que nos ocupa, contraviniendo y lesionando así lo establecido por Constitución de la República que todos somos iguales ante la Ley.- No cumpliéndose los elementos de que está compuesta la acción los cuales son: Manifestación de voluntad, resultado y relación de la causalidad entendiéndose por el término “Voluntad” término que alude a la voluntad de realizar determinada acción y no la de producir determinado resultado. El Tribunal Sentenciador por unanimidad de votos falló condenando por el delito de DETENCIÓN ILEGAL al policía N. D. G. S., a una pena de tres (3) años, (3) meses, como pena principal y la inhabilitación especial e interdicción civil como pena accesoria durante el tiempo que dure la pena principal, así como al pago de una multa de LPS.50.000.00 (CINCUENTA MIL LEMPIRAS), como pena aparejada a la pena principal, toma como suyo el hecho de que el resultado de la acción de trasladar en calidad de detenido al señor D. R. R., a las instalaciones policiales por infringir unas normas plasmadas en La Ley de policía y Convivencia Social.- llevaba implícita la manifestación de voluntad del policía G. S., de actuar en apego a las atribuciones y autoridad dada por ley a él cómo policía, entonces su actuar es lícito y no ilícito como ha sido asumido por el tribunal juzgador, por lo contrario se aleja a lo dispuesto según la doctrina legal en cuanto al Resultado y a la relación de causalidad o nexo causal definiéndose el primero como el cambio en el mundo externo causado por la manifestación de voluntad o la no mutación de ese mundo externo por la acción esperada y que no se ejecuta “Todo delito necesita un resultado” y la relación de causalidad jurídico penal es establecer si existe o no vínculo entre la manifestación de voluntad del autor y el resultado o sea en establecer si el resultado puede considerarse producido por la manifestación de su voluntad.- Extrañamente el Tribunal de Sentencia concluyó que bastó que el Policía G. S., llevara detenido al señor D. R. R., quien se encontraba irrumpiendo el orden público a las instalaciones policiales trae consigo el resultado del menosprecio, tratos degradantes y no darle un trato especial por su orientación sexual. Cuando la Doctrina se refiere al término de culpabilidad en el sentido psicológico establece que la relación existe entre el autor y el hechor es decir que es algo que sólo existe en el autor y que se agota en esa relación interna (Psicológica) entre el autor y su acción. La Doctrina Normativa de la Culpabilidad dice que no basta con nexo psicológico entre el mundo afectivo del autor y el resultado típico, sino que por el juicio formulado por el mundo circundante de que el autor se ha comportado contrariamente a su deber aun cuando podría exigirse de él en su situación ser fiel a la ley, concluiremos entonces en que la culpabilidad es algo que está en la cabeza del autor, SUBSIDIARIAMENTE, NULIDAD DE LA SENTENCIA Artículo 337 del Código Procesal Penal “Congruencia de la Sentencia con la acusación”. La Sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura juicio o en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni calificar los hechos en perjuicio del Acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. La sentencia del Tribunal no guarda con la formulación de la acusación del Ministerio Público, la Congruencia que señala el artículo 337 antes descritos porque no consta que el Órgano acusador en la formulación de su acusación, haya producido el ilícito de DETENCIÓN ILEGAL, EL TRIBUNAL hizo suyo los hechos que no fueron probados, razón por la cual al no existir congruencia entre la sentencia y la acusación formulado por el ente acusador la misma debe ser anulada subsidiariamente asimismo no competen al Tribunal juzgador pronunciarse sobre la responsabilidad civil para la compensación e indemnización de daños y perjuicio causados por el delito al que se condena al señor N. D. G. S., sino que debe sujetar su sentencia a lo dispuesto en el artículo 338 del Código Procesal”. III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY INTERPUESTO POR LA DEFENSA, DENUNCIANDO LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 32 Y 333 NUMERALES 1 Y 3 DEL CÓDIGO PENAL. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. 1) El Censor considera que conforme al relato de hechos probados y la valoración de la prueba, el Tribunal de Instancia reconoció que el imputado N. D. G. S., al momento de detener al señor D. R. R., actuó bajo el amparo de la ley, en tanto que al requerirle para que presentara su documento de identificación, éste no portaba su tarjeta de identidad tal como lo establece la Ley de Policía y Convivencia Social, por lo que el ahora imputado estaba facultado para trasladarlo a la Posta Policial del Barrio Belén, de tal manera que el Juez de Conciliación le juzgara por la falta cometida y determinara la multa a imponer. Sin embargo, el juzgador erróneamente separó la detención del ofendido en dos momentos: primero la captura realizada en la Tercera Avenida de Comayagüela y segundo cuando ya se encontraba detenido en la posta policial antes mencionada, olvidándose que la detención calificada de ilegal por el Tribunal de Sentencia se ejecutó en un solo momento y por ende constituye una sola acción ajustada a Derecho. A criterio del Censor, el Juzgador calificó equivocadamente como una vejación la manifestación que se atribuye al encausado “ahí les mando esta princesita”, sin que se hubiere acreditado en juicio que el hoy encartado la haya vertido; de tal manera que no se han logrado probar los elementos objetivos del delito de Detención Ilegal. Finalmente el recurrente solicitó subsidiariamente que la Sala de lo Penal declarara la la nulidad de la sentencia por falta de correlación o congruencia entre la sentencia y la acusación; asimismo porque el Tribunal no era competente para pronunciarse sobre la responsabilidad civil sino que debió sujetarse a lo que establece el artículo 338 del Código Procesal Penal. 2) Esta Sala considera pertinente recordar, que a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad, la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en el que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. 3) El Censor al exponer su recurso, redacta sus propios Hechos Probados, los cuales resultan sustancialmente diferentes a los que conforman el relato fáctico contenido en la sentencia recurrida, inobservando con ello el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados que obliga respetar el cuado fáctico que el Tribunal ha establecido en la sentencia. Tal principio es reconocido expresamente en el artículo 360 del Código Procesal Penal donde se prevé que …”habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observado en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal…” Por su parte, el Articulo 369 párrafo tercero del Código Procesal Penal, establece que: “La Corte, en ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados”. Al tenor de las disposiciones legales antes citadas no resultan procedentes los cuestionamientos realizador por el Censor respecto a los hechos probados, como tampoco lo es la inclusión en su recurso de unos sucesos que no fueron los declarados como probados por el Tribunal de Instancia. 4) Esta Sala observa que parte del recurso formulado por el Censor se ha basado en argumentaciones referentes a que no existió suficiente prueba de cargo para acreditar que el señor N. D. G. S. haya cometido el delito de Detención Ilegal, en tanto que la sentencia recurrida se basó únicamente en la declaración rendida por el supuesto ofendido; así como también de que no se le concedió credibilidad a la prueba aportada por la Defensa del imputado, concluyendo que no se valoró la prueba de forma correcta. Esta Sala considera pertinente señalar que por tratarse de un recurso donde se alega la violación y/o infracción de normas sustantivas, este Tribunal de Casación debe limitarse a confrontar los hechos declarados probados, con las normas penales invocadas por el Juzgador de Instancia para subsumir el comportamiento del procesado N. D. G. S. en el tipo penal cuya comisión se le ha venido atribuyendo. Si el Censor pretendía cuestionar la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal A-quo, debió formular otro motivo de casación mediante el cual expusiera los que a su juicio constituyen los razonamientos incorrectos del juzgador, y por tanto utilizar el cauce procesal que ofrece un recurso de casación en la forma. 5) El recurrente considera que no se ha logrado acreditar en juicio los elementos objetivos del delito tipificado en el artículo 333 No. 3) del Código Procesal Penal, pues el hecho de que el encartado al momento de llevar al ofendido hacia la celda de detención expresara “allí les mando esta princesita”, nunca se probó, amén de que en cualquier caso tampoco puede catalogarse tal expresión como una vejación. Según el relato de hechos probados y en la misma fundamentación jurídica de la Sentencia, el Tribunal considera que el imputado N. D. G. Sosa actuó correctamente al detener al ciudadano D. R. R. V., en virtud que éste no portaba su tarjeta de identidad, y por tanto en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 45 párrafo segundo de la Ley de Policía y Convivencia Social donde se establece que “la autoridad policial podrá requerir a las personas que se identifiquen; en caso contrario, podrán a su costa conducirlo a su vivienda o a sus oficinas inmediatas para el solo efecto de precisar su identidad”. De este modo, esta Sala estima que en tal comportamiento no se aprecia la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito tipificado en el artículo 333 No. 1) del Código Penal donde se sanciona al funcionario o empleado público que “detenga o incomunique ilegalmente a una persona”. Continuando con la lectura del relato de hechos probados se constata que una vez detenido el señor R. V., el Agente de Policía y ahora imputado N. D. G. S. conociendo la condición de homosexual del ofendido lo introdujo a la celda de detención para varones expresando a viva voz “ahí les mando a esta princesita”. El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua define a la VEJACIÓN como un Maltrato o humillación, vejamen, burla, sátira festiva, de ahí que la expresión homofóbica[1], es decir, discriminatoria por la orientación sexual de la víctima, proferida por el encartado, como antes se dijo a viva voz y momentos antes de ingresar al ofendido en una celda para varones, además de comportar una lesión a su integridad síquica y moral puso en riesgo su integridad física, siendo de tal intensidad que constituye un comportamiento subsumible en el tipo penal descrito por el artículo 333 No. 3) del Código Penal que sanciona a quien haga víctima de vejaciones a las personas confiadas a su custodia. 6) El Censor en el último apartado de su recurso, solicita “Subsidiariamente Nulidad de la Sentencia” alegado que existe incongruencia entre el cuadro fáctico fijado por el Tribunal y la acusación formalizada por el Ministerio Público. Por otro lado arguye que no es competencia del Tribunal de Sentencia pronunciarse sobre la responsabilidad civil del acusado. Frente a tales argumentos debemos hacer dos acotaciones: a) Si la intención del reclamante era la denuncia de incongruencia entre la acusación y la sentencia, ya el artículo 362 numeral 6) del Código Procesal Penal establece un motivo de casación especifico para atacar dicho vicio, de ahí que la solicitud para que se declare una nulidad “subsidiaria” no es el cauce procesal adecuado para que esta Sala aborde el estudio en torno a la debida correlación entre la acusación y la sentencia. El Título V del Capítulo I del Código Procesal Penal establece las normas a las que estará sujeta la nulidad, sus alcances, causas y momento procesal para solicitarlas; de ahí que la solicitud de nulidad “subsidiaria” por los motivos apuntados, formulada en la interposición del recurso de casación, no es el momento procesal oportuno ni la vía adecuada para solicitar a esta Sala que revise la supuesta falta de congruencia entre la acusación y el fallo. En todo caso vale decir, y en atención al principio de Tutela Judicial Efectiva que implícitamente recoge el artículo 1 de nuestra Constitución, que en el caso súbjudice no se aprecia tal incongruencia, pues tanto los hechos como el tipo penal por el cual ha resultado condenado el imputado fueron objeto de debate entre las partes y objeto de acusación por el Ministerio Público, respectivamente. b) En cuanto al alegato de que procede la nulidad del fallo, porque el Tribunal de Sentencia se pronunció en torno a la responsabilidad civil del imputado sin tener facultades para ello; debemos recordar lo previsto en el artículo 338, regla cuarta numeral 3) del Código Procesal Penal, en el acápite Fundamentación Jurídica, donde se establece que : “En párrafos también separados y numerados se consignarán de forma clara, sucinta y precisa…. los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil”. En consecuencia los Jueces de Sentencia están facultados para pronunciarse, naturalmente en términos muy generales, acerca de la responsabilidad civil que deriva del hecho criminoso[2], en tanto en cuanto que es el Juez de Ejecución quien conocerá de la demanda para deducir la responsabilidad civil ex delicto al tenor de lo establecido en el artículo 432 del Código Procesal Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32 y 105 del Código Penal; 338, 359, 360, 369 y 432 del Código Procesal Penal. FALLA: I.- Declarando NO HA LUGAR el recurso de casación por INFRACCIÓN DE LEY en sus DOS MOTIVOS, interpuesto por los Abogados J. P. A. G. y R. E. A. R., a favor del imputado N. D. G. S.. II.- Declarando improcedente la solicitud de nulidad subsidiaria de la sentencia formulada por la parte recurrente.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- REDACTÓ EL MAGISTRADO CÁLIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida a solicitud del Abogado J. F. O. D., en su condición de Jefe de la División Jurídica de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-15-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El Diccionario de la Real Academia Española en su 22ª Edición, define la homofobia como “aversión obsesiva hacia las personas homosexuales”
[2] Sobre esta cuestión Vid. FERNANDEZ ENTRALGO, JESUS, en AAVV, La sentencia en el nuevo proceso penal, Cuadernos de Estudios Judiciales “RAFAEL ALVARADO MANZANO”, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, pág. 139.