Sentencia CP-139-11 — Registro 3368
Resumen
Se absolvió al imputado en primer instancia por el delito de violación especial. Se resolvió en segunda instancia No Ha Lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... El Motivo no es de recibo. Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba testifical, centrándose el debate en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho; valoración que deberá de realizarse tomando en cuenta: 1) El desarrollo intelectual y social de la víctima (desafortunadamente es recurrente que en los delitos de violación especial la víctima sea de baja escolaridad, mínimo desarrollo social y ausente conciencia de autodeterminación, condiciones que son igualmente compartidas con su núcleo familiar); 2) La persistencia en el tiempo del relato incriminatorio de la víctima; 3) La relación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo (en especial las relaciones de prevalimiento); 4) Los aspectos derivados de la inmediación: Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), principios de la lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las máximas de la experiencia (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano), (al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010). V. En el caso examiné, los Juzgadores concluyeron que la falta de prueba suficiente que apoyara la tesis acusatoria no dio lugar a destruir el estado material de inocencia del acusado. 1) La declaración de la señora K. Y. M., establece la fecha en que habló con su menor hijo sobre unos supuestos accesos sexuales indebidos, hace referencia de lo dicho por el menor, todo ello, teniendo como preámbulo haber descubierto a dos niños vecinos, a los que identificó como J. y D., practicar actos sexuales indebidos; la testigo M. no es testigo presencial de los hechos atinentes a su hijo, sino que hace referencia de ellos, como bien lo indica el Tribunal de Sentencia, reproduciendo lo que aquél le comentó; 2) El Dictamen Psicológico practicado al menor Ofendido, rendido en Juicio por la Licenciada S. P., en la audiencia de debate de manera oral (F. 22), fue calificado por los Juzgadores como contradictorio y poco fiable, debido a que fue producto de una sola entrevista y porque el estado emocional encontrado en el menor puede ser resultado de variadas situaciones, no precisamente de un abuso sexual, los Juzgadores explican que la perito se contradijo cuando hacía su defensa del dictamen, señalando que el menor se encontraba ansioso para luego indicar que no lo estaba, indicando que no había timidez y posteriormente indicando que sí; 3) El Tribunal de Sentencia tuvo la oportunidad de escuchar la versión del niño señalado como ofendido, cuya declaración comparó con la rendida por su madre, concluyendo que son contradictorias en cuanto a que la señora K. M. asegura que las identidades de los niños que estaban en su casa el 28 de Junio del 2009, sosteniendo actos sexuales indebidos delante de su hijo, eran J. y D., entretanto el menor B. M. indica que no conoce a esos niños y que no son sus amigos. Además el Tribunal de Sentencia indica que la declaración del menor igualmente se contradice con el Dictamen Médico Forense, cuando el niño indica haber sido objeto de actos sexuales por su tío en tres ocasiones, pero el Examen Médico no revela un daño en el ano que coincida con estos hechos; con relación a éste punto, el Tribunal de Casación indica, que no se plasma en la sentencia, ni en el acta respectiva, si el menor al señalar que fueron tres ocasiones, se refiere a actos de sexo oral al que dice haber sido obligado, a los actos de tocamiento (introducción de dedos en el ano) o a penetración vía anal (introducción del pene del acusado en el ano del menor). Es importante señalar que en el presente caso la declaración de K. Y. M. y el Dictamen Médico Forense, no aportan elementos incriminatorios, restando así como única prueba del proceso la declaración del menor B. A. M. M. y el Dictamen Psicológico, de los que el Tribunal de Sentencia tuvo la inmediación debida para poder valorarlos en todo su contexto, plasmando sus conclusiones en la sentencia que se examina, conclusiones que no riñen con el principio lógico de derivación, ya que son producto de un razonamiento coherente ceñido al recto entendimiento humano, con independencia de la justicia en las conclusiones arribadas..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...El Recurso no es de Recibo: 1) La Recurrente expone la violación de un Precepto Constitucional (Art. 124) y la de un Precepto con Rango Constitucional (Art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño), los que vincula con una norma secundaria (Art. 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia), mismas que si bien son de aplicación directa y ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; como se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. 2) En el presente caso, el Estado de Honduras inicio investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito en perjuicio de un menor de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activo un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que mantiene el estado de inocencia de la persona acusada debido a que a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue insuficiente para demostrar lo contrario, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación es que se produjo el proceso penal que nos ocupa, más la tesis acusatoria no puede imponerse cuando no tenga medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del conjunto de derechos igualmente constitucionales que le asisten al acusado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: RAÚL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO en su calidad de Coordinador, JACOBO CALIX HERNANDEZ y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO; dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la Sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual ABSOLVIO al señor S. M. A., del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio del menor B. A. M. M.. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada C. Z. D., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado M. R. A., en su condición de Defensor Público del señor S. M. A., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS PRIO: El día lunes veintiocho de junio del año dos mil nueve, entre las ocho y nueve de la noche, en la casa de habitación de la señora K. Y. M. A. ubicada en la colonia las Mercedes, calle principal, frente a la Iglesia de Dios de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, su hijo B. A. M. M., de siete años, se encontraba jugando en un cuarto de su casa con los niños de nombre J. y D., y al percatarse que los niños guardaban silencio decidió ir a observarlos sin hacer ruido y miró que el niño J. le estaba dando besitos en los testículos al niño Daniel quien tenía la calzoneta a mitad de la pierna, mientras su hijo se encontraba jugando en el suelo de la misma habitación. SEGUNDO: El día treinta de Junio del mismo año dos mil nueve, el niño B. A. M. M. presentó siguientes hallazgos: hiperemia, con laceración no sangrante a las 1.5 y 11 horas del reloj, Tono del esfínter conservado, sin lesiones paragenitales, ni extragenitales, sin determinarse qué produjo dicho hallazgos”.- CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. La recurrente Abogada C. Z. D., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN 1. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal y de manera específica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; transgrediendo la regla de la Razón Suficiente en su elemento de la Derivación en su característica de Suficiencia, en la manera que a continuación desarrollamos: Para el Juzgador la prueba aportada al debate fue escasa, no logrando con ella demostrar la acción realizada por el acusado, el grado de participación que éste tuvo en el hecho, pues únicamente se evacuó la propia declaración de la víctima, la cual carece de respaldo probatorio. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera la Sana Crítica; es por ello que para evitar la impunidad en este caso, se toma de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, revisen el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de La Ceiba al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de las reglas fundamentales de la lógica en los apartados supraindicados, así como las reglas de la psicología y experiencia común; para lo cual desglosamos la prueba de la siguiente manera: Expone el Tribunal en la sentencia de mérito, específicamente en la sección de la valoración probatoria, “que la versión del menor ofendido, no tiene respaldo probatorio, es decir no existe prueba que refuerce su dicho y haga creíble su versión, demostrando coherencia y precisión en su relato, dado que es su madre la señora K. Y. M. A. es la que deja en evidentemente contradicción, al manifestar que éste se encontraba en un cuarto de su casa de habitación, jugando con dos niños amigos de mis niños, J. de trece años y D. de nueve años, quienes son sus vecinos, sin embargo el testigo en referencia dijo que J. y D. no son sus amigos y que no los conoce, y que con quien se encontraba era con J. y F., extremo que no fue confirmado por su madre quien fue a quien le dio su primer versión de los hechos ocurridos, posteriormente afirma que nunca ha jugado con ellos, dejando entrever la falta de coherencia en su relato, si bien es cierto la referencia que hace B. A. M. M., de haber sufrido una posible penetración vía anal, se demuestra con el dictamen que rindió la médico general A. G. P. C., quien llevó a cabo la evaluación física, el treinta de junio del dos mil nueve, encontrando “hiperemia con laceración no sangrante a la 1, 6 y 11 horas del reloj, sin descartar la fricción e intento de penetración por cuerpo u objeto romo”, esta evaluación física no es determinante porque no afirma ni niega una penetración por cuerpo u objeto romo por vía anal, asimismo establece otras circunstancias como consecuencia de tal hallazgo”. En lo que respecta a la declaración de la señora K. Y. M. A. (madre del ofendido), el Juzgador estimó, “que no le puede dar credibilidad a su relato debido a que varios aspectos relevantes no pueden ser corroborados por otros medios de prueba, tal como que fue su hermano (acusado) el que abusó de su hijo (menor ofendido) ya que no se proporcionó ninguna evidencia al respecto y su versión se contradice con la de su hijo (B.)”. (Lo encerrado entre paréntesis es nuestro). Y del dictamen Psicológico apreció, “que tampoco aporta elemento que pueda vincular al acusado, más bien carece de objetividad al establecer que el niño se mostró atento a la entrevista, no percibió ansiedad, ni timidez y luego dice que si observó dichas características; mismas que descartó el propio Tribunal, quien observó al momento de la declaración del menor ofendido, una soltura de palabra, pues no apreció pausa en su deposición o deseos por no querer hablar del tema, tampoco le observó distraído para decir que el niño mostrase se pudiesen decir que el niño abusado tenga problemas a largo plazo”. El Ministerio Público en su condición de garante de legalidad estima, que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; y que a continuación procedemos a evidenciar lo inobservado por el Juzgador de la prueba en relación, y que indudablemente no puede dar otro resultado más que la existencia del delito por el cual se acusó y que el procesado es el autor material del mismo. (Extraído de la propia sentencia) El menor (ofendido) B. A. M. M., al deponer en el debate fue claro y contundente en precisar “que un día él estaba durmiendo en su cuarto, S. (su tío) me abrazó, su dedo me lo metió en el ano, el pene en mi nalga y en mi boca.... Dormía con S. en el mismo cuarto, en la misma cama… El pene en la boca mía....era grande y me lo metió así (se mete el dedo en la boca) S....no me lo hizo otra persona, tres (3) veces… cuando mi mamá estaba dormida… él me dijo que si le contaba a alguien que me iba a pasar algo… yo le dije a mi mamá… me dijo que si yo le decía a mi mamá me iba a pasar algo por donde pupo (el pene)....El pene mío lo tocaba....una vez el pene (se mete el dedo en la boca) yo le dije lo que me hizo él.... porque ella se asustó, porque a ella le extraña que yo este haciendo cosas malas yo no estaba haciendo....si (sabe que mentir es malo...si está diciendo la verdad) porque se hubiera enojado, solo porque no sabía lo que estaba pasando con S. lo que me hizo él cuando ella estaba dormida… S. se iba para otra parte.... Me llevaba bien, me llevaba a calar nos divertíamos es grande y peludo....no me tenía agarrado, me tapaba la boca cuando me acostaba temprano… todo es verdad me lo metía duro, me dolía, quería llorar, pero no lloré, por donde hago pupo”. De esta declaración, no se observa contradicción alguna; más bien podemos apreciar Honorables Magistrados, que si tomamos en consideración el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos (año 2009) cuando el menor contaba con tan sólo siete (7) años de edad, y el momento de evacuarse el presente debate (2011) ha transcurrido casi dos años y ello sin tomar en cuenta desde cuando el menor había venido siendo objeto de abuso sexual; y pese a ello el ofendido ha mantenido incólume su versión de los hechos, quedando como tales: Que fue objeto de abuso sexual (penetración oral de pene; fricción entre sus nalgas del pene, penetración de dedo en su ano). Que el autor de dichos abusos fue su tío S. Que los hechos sucedieron en su casa de habitación, en donde él (menor ofendido) compartía habitación con su agresor. Que su tío lo amenazó para que él no contara, lo que aquél le hacia. Dejó plenamente establecido que ninguna otra persona lo hizo objeto de dichos abusos a excepción de su tío. Que él (menor ofendido) no ha mentido al Tribunal. Que el agresor y la víctima se llevaban bien, pues incluso lo llevaba a calar (caminar, pasear, etc.). Es por todo lo anterior, que no dudamos que la versión del ofendido esté provista de credibilidad y que así la haya dicho ante el Tribunal, pues a la misma le competen las características que la propia jurisprudencia[1], ha establecido para tal efecto como ser: 1. Ausencia de incredibilidad subjetiva derivadas de las relaciones procesado — víctima, que pudieran conducir a la deducción de la concurrencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivos de certidumbre en la convicción judicial demanda; circunstancia ésta que en el caso de autos le es aplicable a la víctima, pues él mismo en su deposición rendida en Estrado y ante el Tribunal, fue claro en manifestar que él se llevaba bien con Saúl (procesado) pues incluso éste lo llevaba a Calar y juntos se divertían, en tal sentido se descarta que exista algún móvil en el ofendido que haga que su testimonio no sea verídico. 2. Verosimilitud, dado que el testimonio-con mayor razón al tratarse de un perjudicado—debe estar rodeado de de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria; esto en el caso de mérito se presenta en que el testimonio de la víctima es plenamente cotejable con la pericia física y psicológica que le fuesen practicadas y debidamente ratificadas en el juicio por los peritos forenses, pruebas éstas que en conjunto forman esa aptitud probatoria que exige la jurisprudencia. Y 3. Persistencia en la incriminación que ha de ser prolongada en el tiempo. Este requisito se contempla tal como antes señalamos en acápites anteriores, en donde la víctima tenía sólo siete años de edad al momento de la ocurrencia de los hechos y su relato ha sido y permanecido inalterable durante todo éste tiempo, tanto en que fue objeto de abuso sexual, como también de que el autor material de ello era su tío S. M. A. Por otro lado, nuestra jurisprudencia ya se ha pronunciado que en los casos como el presente y sobre todo en materia de menores, resulta casi siempre imposible la existencia de testigos presénciales del hecho dada la naturaleza propia del delito, en el cual prima que el abusador se asegure de la privacidad del momento en que ejecuta el hecho, por ende se cuenta únicamente con la declaración de la propia víctima a efecto de acreditar la autoría del hecho, y de otros medios de prueba para acreditar la existencia en sí del delito; y esto así lo establece contundente la Sala de lo Penal, a través del fallo de fecha 13 de diciembre de 2004 contenido en el expediente No.120-04, al indicar que: “El juzgador no solo se ha limitado a valorar el testimonio de la víctima para destruir la presunción de inocencia de los imputados, sino que ha estimado otras pruebas como ser: la pericial consistente en la evaluación médica y las pruebas indiciarias representadas por...”. Estimación ésta que es aplicable al caso de mérito de manera total, por cuanto además de la declaración del menor, también se cuenta con otras probanzas que dan credibilidad a lo manifestado por aquel, de la manera que en que seguimos exponiéndolo. De la valoración del Tribunal a la declaración de la señora K. Y. M. A., se advierte que le restó credibilidad por estimar que con ella no se acredita la participación del acusado; ante ésta apreciación debemos decir, que si bien la deponente es una testigo de referencia del hecho en sí, ello no constituye un factor de descrédito a lo expresado por ésta, por cuanto lo que expresa ante el Tribunal fue de su conocimiento a través de la narración que le hiciere su propio hijo (víctima), así mismo ella es la primera persona que apreció personalmente la actitud con que su hijo le narré los hechos suscitados, y el porque ella no tuvo motivo alguno de dudar de aquella versión, sino por el contrario, buscó el auxilio de los encargados a investigar el hecho y verificar silo que su hijo le narró era cierto o no; resultando de esto que las diligencias investigativas afines (pericias física y psicológica) a buscar la verdad de los hechos, dieron resultados positivos que confirman lo dicho por el menor ofendido; por cuanto entonces en la aplicación de la regla de razón suficiente, se hace patente como la deposición de la testigo es además de coincidente con la del menor ofendido, también lo es con la demás probanza; por otro lado, dado que el agresor se encuentra dentro del mismo núcleo familiar consanguíneo de la testigo, encontramos al testimonio de la testigo, le corresponden las mismas características de credibilidad que le exige la jurisprudencia a la declaración de la víctima y que anteriormente hemos señalado y que al respecto regula el parágrafo primero del articulo 330 del Código Procesal Penal. En cuanto a las Pericias (Física y Psicológica): Dictamen Físico. Tal como lo señala el propio Sentenciador en el segundo de los hechos que estimó probados, el menor ofendido al momento de ser evaluado presentó: “hiperemia con laceración no sangrante a la 1, 6 y 11 horas del reloj, sin descartar la fricción e intento de penetración por cuerpo u objeto romo” esta evaluación física no es determinante porque no afirma ni niega una penetración por cuerpo u objeto romo por vía anal, asimismo establece otras circunstancias como consecuencia de tal hallazgo”; sin embargo el Juzgador si bien le otorga credibilidad al contenido del mismo, no obstante le descarta como prueba de cargo, en virtud que según él, de con dicha pericia no se confirma que la víctima haya sido penetrada aunque no se descarta la fricción, en tal sentido no puede ser cierto que el menor afirme que fue varias veces penetrado, cuando de la pericia no se evidencia tal circunstancia, a parte de ello pese a que los pliegues del esfínter presentan las laceraciones e hiperemia con coloración rojiza pero no sangrante, si bien pudo ser ocasionado por un objeto romo, también ello pudo ser provocado por estreñimiento por heces duras. De ésta valoración inferimos que entonces para el Juzgador ni siquiera quedó acreditado el delito en sí, pues éste medio de prueba obviamente no es para acreditar participación; sin embargo dicha valoración es totalmente reprochable, primero, porque la pericia es completa y contundente en su contenido, dado que de ella se deriva que la víctima al momento de su evaluación, presenta evidencia juris tantum, de que el menor si bien no fue penetrado vía anal, al menor si hubo fricciones en dirección a esa finalidad y que la misma fue provocada por un cuerpo u objeto romo; y segundo, no existe prueba alguna dentro del proceso que haga siquiera suponer que las lesiones encontradas en el evaluado fuesen a consecuencia de otras circunstancias (estreñimiento por heces muy duras) que no sean las del objeto de investigación, por cuanto estos hechos si tienen probanza que lo respaldan a contrario sensu de la duda injustificada del Juzgador que no tiene fundamento alguno por cuanto no se incorporó en el debate ningún expediente o diagnostico clínico del menor que reflejase lo estimado por el A quo, en por ello que al valorar la prueba de la manera en que lo hizo, también transgredió la regla lógica en su característica de veracidad. Por otro lado cabe advertir, que la pericia en relación es coherente con el relato de la víctima, por cuanto él fue claro y preciso al exponer que fue objeto de sexo oral, es decir, “su tío le penetraba su pene por la boca”, y que además “su tío le ponía su pene entre sus nalgas” y “que su tío le metía el dedo en el ano”; partiendo de lo anterior resulta claro que del sexo oral que el agresor obligaba a la víctima a mantener no habrá evidencia física alguna que lo acredite, pero de los demás abusos silo hay y perfectamente se plasman en el dictamen físico; no obstante tanto el sexo oral, como los actos de lujuria del cual el menor fue objeto si se reflejan en la evaluación física, pero ambas circunstancias (sexo oral y actos de lujuria) son confirmadas a través de la pericia psicológica practicada a la víctima. Dictamen Psicológico. En este medio de prueba las conclusiones son provistas de toda credibilidad y contundencia, ya que el perito en audiencia de debate refirió: “Que los cambios que el niño muestra son los que muestra cualquier niño abusado, que los síntomas que el niño presenta están orientados a un abuso sexual, que no puede ser producto de su Imaginación, pues él tuvo que haber vivido ese momento, porque a la edad de siete años, su conocimiento o madurez sexual no se le permite”; asimismo entre los efectos que del hecho se derivan en el menor están: En B. se da un fenómeno que Invade la mentalidad del niño, ya que no está preparado y en la adolescencia esto puede repercutir, a corto plazo él podría intentar hacer lo mismo con otros niños de su edad, cuando él esté más grande en relación con personas que estén por debajo de él jerárquicamente hablando además se advierten daños orgánicos, en tanto que el niño mostró ansiedad y una conducta retraída con algunos rasgos de timidez, y lo que está demostrando es que ha habido un cambio que algo le está afectando, porque se siente diferente a los demás”. Conjeturando lo antes expuesto con la valoración de la que fue objeto esta probanza, es interesante acotar lo expresado por el autor José Cafferata Nores, en su obra “La Prueba en el Proceso Penal”[2], que en relación al descrédito valorativo de las pericias refiere: “Para expresar que el dictamen pericial no vincula al Tribunal, se ha dicho comúnmente que el juez es peritos peritorum. Para ello no significa que la ley crea en la omnisciencia del juez. Tan sólo le confiere el poder (y el deber) de someter a su crítica las conclusiones periciales… La irregularidad del trámite de las operaciones periciales, la ausencia o deficiencia de los fundamentos, la falta de claridad, precisión o lógica de las conclusiones, o su contradicción con hechos notorios, normas de experiencia u otras pruebas de la causa, permitirán al tribunal no seguir el dictamen. Empero, en tales supuestos no podrá disponer sin más su descalificación probatoria, pues al versar sobre pruebas que no pueden ser descubiertas ni valoradas sin el auxilio de conocimientos especializados, el tribunal no podrá suplir perse la intervención pericial. En consecuencia, en estos casos deberá intentar, previamente, la aclaración o ampliación del dictamen, o bien ordenar una nueva pericia. La prescindencia lisa y llana de la pericia, sin extremar los recaudos podría configurar una hipótesis de arbitrariedad en la selección o en la valoración de la prueba, capaz de causar la anulación de la sentencia”. En síntesis como se puede apreciar Honorables Magistrados, de la probanza antes relacionada se demostró, que la víctima no sólo presenta daños físicos y Psicológicos a corto plazo, sino también a largo plazo como producto de los abusos sexuales de los cuales fue objeto. En consecuencia y en este orden de resultados de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que tanto testimonios son congruentes, precisos y claros, pues estos dichos constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, además de que esta prueba fue legalmente incorporada, al ser analizada de manera conjunta con los restantes medios probatorios es decir la científica, conducentes todas ellas a da inexorable conclusión que el imputado si perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual esta constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de ellas pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, en virtud que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar que: el enjuiciado tocó y abuso sexualmente (vía oral) a la víctima, quien es menor de 14 años de edad y que además de ello, el menor ofendido fue sometido a constantes amenazas de causarle grave daño a cambio de su silencio respecto a lo que le estaba pasando; cumpliendo estos hechos, con los elementos de los delitos tipificados en los artículos 140, en su tercer párrafo, numeral 1); y 141 ambos del Código Penal, es decir que estamos ante un delito de Violación Especial consumado (sexo oral) en donde se subsumen los elementos de los actos de lujuria (tocamientos y penetración de otros miembros del cuerpo distinto al órgano sexual del agresor). Prueba de la pésima valoración del Tribunal de Sentencia, se refleja también con sólo darle lectura al primero de los hechos que estimó probados en el fallo, en donde el contenido del mismo es precisamente lo depuesto por la señora K. Y. M. A. (madre del ofendido), y en la sección de la valoración de la prueba el mismo Juzgador le resta credibilidad a su declaración; y con ésto no es que pretendamos decir que lo depuesto por la testigo sea falso, sino por el contrario, solamente lo advertimos como una evidente inobservancia de las reglas valorativas de la prueba que citamos como infringidas; pues el hecho que narra el fáctum en relación, efectivamente fue, lo que dio pie a que la testigo se percatara que algo en su hijo andaba mal, ello con independencia de confusión de los nombres de los niños que se encontraban realizando actos de naturaleza sexual, no obstante sin lugar a dudas ésto fue lo que generó el inicio de la presente investigación. En consecuencia la Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia”.- III.- Continúa manifestando la recurrente en su Recurso de Casación.- “II.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: SEGUNDO MOTIVO: Infracción por violación del artículo 124 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos constitucionales de niñez e internacionales citados como infringidos por violación textualmente dicen: El artículo 124 Constitucional en su parte conducente dice: “Todo niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata (...)”. El artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe: “Un menor se encontrará en situación de abandono o peligro cuando: [...] ch) Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual las ofensas al pudor; las exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitos, casas de prostitución u otros sitios inapropiados; al acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños.- (...)”. Por su parte, el precepto internacional enmarcado en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño dispone: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” Las condiciones de vulnerabilidad del grupo social que conforma a los niños ha sido una de las razones que ha motivado la creación, tanto internacional como interna, de un conjunto normativo que procure la protección de ese grupo social. Pero la satisfacción de esa exigencia no se agota con la sola creación de un conjunto normativo que regule esas situaciones, es evidente que toda creación de normas implica, para la implementación de su efectividad, un respeto irrestricto a aquellas disposiciones. Esa exigencia nos lleva hasta el hecho de que los organismos estatales, sin importar de qué Poder del Estado emanen, tienen la obligación de tomar sus resoluciones en apego a aquellos preceptos que pretenden garantizar los derechos de los niños. En el presente caso, la resolución emitida por el Tribunal Sentenciador se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los menores, y es así, en tanto que las exigencias mínimas de moralidad de la actividad estatal, se encuentra afectadas al ser disminuidas al extremo de darle visos de legalidad a una vulneración de los derechos del niño ofendido en la presente causa, generando una apariencia de anulación de los derechos que le asisten, específicamente al derecho de ser protegidos de todo abuso sexual, como parece que sucede en el presente caso al no procurarse la sanción del responsable de una vulneración en los derechos del niño y por consiguiente dejando al desamparo de cualquier protección estatal los derechos específicos del menor B. A. M. M. Es evidente entonces que en el caso en estudio se está privando de protección al menor y generando un ambiente de crueldad, en tanto que se permite una situación en la cual se hace burla del derecho de los menores y se le ha instrumentado para efectos de burlar esa cobertura. La referida protección se expande a varios ámbitos de la vida del menor, desde el ámbito físico, ya que evidentemente dicho menor fue sometido a tratos depravantes sexualmente hablando, que sin lugar a dudas despliega en la personalidad psicológica de la niño, un futuro sometimiento al sexo pervertido, tal como lo describe la pericia psicológica que se aportó al debate, ya que éste medio de prueba va mas allá que todos los demás, pues nos evidencia el real efecto que ha producido el fallo impugnado como ser: Que el Estado a través de los reiterados fallos del Tribunal de Sentencia de La Ceiba en materia de menores[3] ha colocado en este caso específico al menor B. A. M. M., en condición de riesgo social, al declarar inocente al acusado, pues ha quedado impune los hechos de los cuales el andamiaje probatorio nos dice que es responsable; también el Estado le falla a la víctima por su condición de ser una niño, en lo que teóricamente le garantiza la Constitución de la República; todo ello únicamente porque el menor al momento de rendir su declaración ante los excelentísimos miembros del Tribunal de Sentencia, “mostró soltura de palabra, no apreciando aquellos, pausas en su deposición o deseos por no querer hablar del tema, como tampoco le observaron distraído”, actitud ésta que para los Sentenciadores resultó no coherente con un niño que ha sido abusado sexualmente, tal como lo establece la pericia psicológica incorporada al proceso; estimación ésta que a nuestro criterio es totalmente subjetiva e infundada, pues los resultados de la armónica concatenación de la prueba del proceso en su conjunto dicen otra cosa. Lo que hace desembocar en que por parte del mismo Estado se genere, una falta de protección de los ambientes mínimos que dispongan los medios que permitan el desarrollo físico, moral espiritual y social saludables, formales y dignos al menor. Para efectos de ilustración nos permitimos transcribir lo que al respecto señala el jurista Juan Busto Ramírez[4]. “…se estima que debe protegerse el libre desarrollo sexual del menor en relación a los mayores, dadas las interferencias que puede sufrir por parte de éstos en cuanto a la estimación de la significación de sus actos. Se trata pues de una circunstancia objetiva que debe ser considerada dentro de los presupuestos del desarrollo de su capacidad de actuación”. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la Corte Suprema de Justicia decrete que se ha conformado un inobservancia de la obligación estatal de proteger al menor B. A. M. M., de todo tipo de desamparo ante el abuso sexual del que fue objeto, que se materializa en haberse permitido que el menor sea sometido a un ambiente en el cual se pervierte su personalidad (específicamente en lo que respecta a su vida sexual) afectando el desarrollo psicológico y su sano juicio, y que decir de su implicaciones físicas (cuerpo que no ha terminado de desarrollarse y por consiguiente no apto para esa vida sexual). Así las cosas se afirma que el sentenciador, con su decisión jurídica, ha producido en consecuencia la Infracción del Precepto Constitucional que contiene el Derecho de los Niños a ser Protegido (artículo 124), relacionado con el artículo 141 literal ch) del Código de la Niñez y Adolescencia, así como el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, mismos que deben ser enmendados a través del fallo que resuelva el presente motivo de casación”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA; PRECEPTO AUTORIZANTE 362.2, NORMA INFRINGIDA 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues, éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. El Ministerio Público señala que el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración de los medio de prueba reproducidos en debate, como ser la declaración de la señora K. Y. M. A., (Madre del Ofendido) del niño B. A. M. M. (Ofendido), Dictamen Psicológico y Dictamen Físico, se ha violentado el principio lógico de Derivación, que es componente de las reglas de la Sana Crítica. Para el Recurrente gracias a la errónea valoración, es que el Tribunal de Sentencia pudo llegar al fallo donde concluyó que existe falta de prueba para declarar la responsabilidad del acusado en los hechos, ya que con una correcta auscultación la conclusión a derivar no podía ser otra que el señalamiento de la responsabilidad penal. III. La Corte Suprema de Justicia, a lo largo de la historia jurisprudencia, ha señalado en innumerables ocasiones que desborda el control casacional valorar los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica, para luego comparar dicha valoración con la hecha por el Tribunal de Instancia y así decidir conforme a la coincidencia o no de criterios, el Tribunal de Casación no constituye una segunda instancia y por tanto le está vedado por ley usurpar las funciones que corresponden exclusivamente al Tribunal de Sentencia en cuanto al proceso de valoración de la prueba como destino; ahora bien, el control casacional, por medio del Recurso por Quebrantamiento de Forma autorizado por el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, autoriza a controlar el proceso de razonamiento para valorar la prueba, dicho de manera profana, puede controlar el camino que siguió el Tribunal de Sentencia en el proceso de razonamiento valorativo a efecto de examinar si el mismo transitó dentro de las reglas de la sana crítica, con independencia del destino al que se haya llegado, es pues que en este proceso no es tarea del Tribunal de Casación determinar la justicia de la conclusión valorativa a la que llegaron los Juzgadores, sino que si el razonamiento que se utilizó como instrumento para ello es conforme a las reglas de la sana crítica por ser éste el sistema que ordena la ley observar, de modo que aún cuando el Tribunal de Casación no comparta el criterio del Tribunal de Sentencia en cuanto a la conclusión a la que arribó respecto a la valoración de un medio de prueba, si dicha valoración no riñe con los postulados de la sana crítica habrá pasado el examen de legalidad casacional y la sentencia deberá de ser considerada como válida. Lo anterior es debido a una razón muy simple: los principios que rigen el debate no pueden reproducirse en toda su magnitud en el proceso de casación, por ello el nuevo modelo procesal penal que impera desde el año 2002, aumentó el número de juzgadores en materia penal de uno a tres, a efecto de minimizar el error judicial. Estos juzgadores en conjunto poseen instrumentos exclusivos de valoración como ser: la concentración, contradicción e inmediación, que les permite estar frente a la prueba como ninguna otra autoridad judicial y por tanto les posibilita valorarla de manera única y exclusiva, restando al control casacional verificar que en dicha valoración, sea cual sea que haya sido, haya respetado la legalidad al ser fiel con reglas que agrupa la sana crítica que es el sistema de valoración de prueba que autoriza la ley procesal. IV. El Motivo no es de recibo. Ciertamente los delitos en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual se caracterizan por su generalizada falta de medio de prueba testifical, centrándose el debate en la declaración de la víctima y en su valoración por parte de los Juzgadores (en especial cuando éste es el único medio para identificar a la persona responsable), misma que debe de realizarse de manera conjunta con la demás prueba que se aporte, ya sea prueba directa o prueba indirecta (indiciaria), la que puede referir sobre aspectos anteriores, relativos o posteriores al hecho; valoración que deberá de realizarse tomando en cuenta: 1) El desarrollo intelectual y social de la víctima (desafortunadamente es recurrente que en los delitos de violación especial la víctima sea de baja escolaridad, mínimo desarrollo social y ausente conciencia de autodeterminación, condiciones que son igualmente compartidas con su núcleo familiar); 2) La persistencia en el tiempo del relato incriminatorio de la víctima; 3) La relación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo (en especial las relaciones de prevalimiento); 4) Los aspectos derivados de la inmediación: Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), principios de la lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las máximas de la experiencia (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano), (al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp 060-2010). V. En el caso examiné, los Juzgadores concluyeron que la falta de prueba suficiente que apoyara la tesis acusatoria no dio lugar a destruir el estado material de inocencia del acusado. 1) La declaración de la señora K. Y. M., establece la fecha en que habló con su menor hijo sobre unos supuestos accesos sexuales indebidos, hace referencia de lo dicho por el menor, todo ello, teniendo como preámbulo haber descubierto a dos niños vecinos, a los que identificó como J. y D., practicar actos sexuales indebidos; la testigo M. no es testigo presencial de los hechos atinentes a su hijo, sino que hace referencia de ellos, como bien lo indica el Tribunal de Sentencia, reproduciendo lo que aquél le comentó; 2) El Dictamen Psicológico practicado al menor Ofendido, rendido en Juicio por la Licenciada S. P., en la audiencia de debate de manera oral (F. 22), fue calificado por los Juzgadores como contradictorio y poco fiable, debido a que fue producto de una sola entrevista y porque el estado emocional encontrado en el menor puede ser resultado de variadas situaciones, no precisamente de un abuso sexual, los Juzgadores explican que la perito se contradijo cuando hacía su defensa del dictamen, señalando que el menor se encontraba ansioso para luego indicar que no lo estaba, indicando que no había timidez y posteriormente indicando que sí; 3) El Tribunal de Sentencia tuvo la oportunidad de escuchar la versión del niño señalado como ofendido, cuya declaración comparó con la rendida por su madre, concluyendo que son contradictorias en cuanto a que la señora K. M. asegura que las identidades de los niños que estaban en su casa el 28 de Junio del 2009, sosteniendo actos sexuales indebidos delante de su hijo, eran J. y D., entretanto el menor B. M. indica que no conoce a esos niños y que no son sus amigos. Además el Tribunal de Sentencia indica que la declaración del menor igualmente se contradice con el Dictamen Médico Forense, cuando el niño indica haber sido objeto de actos sexuales por su tío en tres ocasiones, pero el Examen Médico no revela un daño en el ano que coincida con estos hechos; con relación a éste punto, el Tribunal de Casación indica, que no se plasma en la sentencia, ni en el acta respectiva, si el menor al señalar que fueron tres ocasiones, se refiere a actos de sexo oral al que dice haber sido obligado, a los actos de tocamiento (introducción de dedos en el ano) o a penetración vía anal (introducción del pene del acusado en el ano del menor). Es importante señalar que en el presente caso la declaración de K. Y. M. y el Dictamen Médico Forense, no aportan elementos incriminatorios, restando así como única prueba del proceso la declaración del menor B. A. M. M. y el Dictamen Psicológico, de los que el Tribunal de Sentencia tuvo la inmediación debida para poder valorarlos en todo su contexto, plasmando sus conclusiones en la sentencia que se examina, conclusiones que no riñen con el principio lógico de derivación, ya que son producto de un razonamiento coherente ceñido al recto entendimiento humano, con independencia de la justicia en las conclusiones arribadas. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DENUNCIANDO VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN AL PRINCIPIO 2 DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ARTÍCULO 141.CH DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Esta tipología es la más amplia de las que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe de denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, esto es debido a que si bien, la normativa Procesal Penal establece la infracción de precepto Constitucional como motivo de casación, las normas Constitucionales susceptibles de ser examinadas son aquellas referentes a derechos fundamentales, que guarden relación con el derecho penal o las formas del juicio, en consecuencia, deberá intentarse el Recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectas producto de la persecución penal. En una buena técnica, se debe optar a esta Vía Recursiva cuando no sea posible denunciar el vicio a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores. La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias. II. Considera la Censora, que la sentencia que se impugna se alza como una puerta abierta al irrespeto de los derechos de los niños y las niñas, al haber el Estado de Honduras privado de protección al menor ofendido como consecuencia de que el Tribunal de Sentencia no reconoció la responsabilidad penal del acusado, transgrediendo así el artículo 124 de la Constitución de la República, Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y artículo 141.ch del Código de la Niñez y de la Adolescencia. III. La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidad en su resolución 1386 (XIV) del 20 de noviembre de 1959, recoge el Principio 2 que reza: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”, por su parte el artículo 124 de la Constitución de la República indica: “Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.” Y finalmente el artículo 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia determina que “Un menor se encontrara en situación de abandono o peligro cuando: a).-… b).-… c).-… Ch). Sea objeto de acciones u omisiones que tiendan a pervertir su personalidad, tales como promover o facilitar la prostitución o cualquier otra forma de abuso sexual; las ofensas al pudor; las exhibiciones sexuales impropias; la exposición de desnudos que ofendan la decencia pública; el alcoholismo habitual y excesivo; el uso, consumo y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la práctica de juegos prohibidos o violentos; la entrada a garitos, casas de prostitución u otros sitios inapropiados; el acoso sexual; las incitaciones deshonestas o corruptoras, incluso aquellas que se manifiestan por medio de preguntas y proposiciones irrespetuosas y, en general, todas las incitaciones que afecten el desarrollo psicológico, la dignidad, la autoestima y el sano juicio de los niños….” IV. El Recurso no es de Recibo: 1) La Recurrente expone la violación de un Precepto Constitucional (Art. 124) y la de un Precepto con Rango Constitucional (Art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño), los que vincula con una norma secundaria (Art. 141.ch del Código de la Niñez y la Adolescencia), mismas que si bien son de aplicación directa y ineludible observancia, además de ser valiosos principios, no constituyen normas vinculadas del derecho penal o del proceso penal que den paso a la revisión del mismo; como se explica líneas atrás, no toda norma constitucional que se considere violentada podrá fundamentar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, sino solo aquellas que al ser normas informadoras del derecho penal o el derecho procesal, inciden directamente en el resultado emitido en la sentencia. 2) En el presente caso, el Estado de Honduras inicio investigación criminal en contra de una persona adulta, a la que se le presumió responsable de un delito en perjuicio de un menor de edad, investigaciones que dieron paso a una acción penal pública, que activo un proceso penal hasta la emisión de la sentencia respectiva, misma que mantiene el estado de inocencia de la persona acusada debido a que a criterio del Tribunal de Sentencia, la prueba fue insuficiente para demostrar lo contrario, ello no implica abandono de parte del Estado de Honduras de su obligación de protección, por el contrario en aras de cumplir con dicha obligación es que se produjo el proceso penal que nos ocupa, más la tesis acusatoria no puede imponerse cuando no tenga medios de prueba que le apuntalen, en perjuicio del conjunto de derechos igualmente constitucionales que le asisten al acusado. POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO.- RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO CALIX HERNÁNDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece.- Certificación de la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. S.P.139=2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
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[1] Tribunal Supremo Español STS de 05 de abril, 26 de mayo y 05 de junio de 1992, 12 de febrero y 20 de noviembre del 1996.
[2] Cafferata Nores, José. La Prueba en el Proceso Penal. 3ª edición. Ediciones Desalma. Buenos Aires, Argentina 1998. Pág.85.
[3] Caso muy similar al presente, cuyo juzgamiento estuvo a cargo del mismo Tribunal de Sentencia de La Ceiba y cuyo estado actual es que se encuentra Pendiente de resolución en casación: Exp.0101-2009-00213 contra: Ángel Obdulio Reyes Alvarenga, por el delito de Violación Especial, Proxenetismo y Amenazas a Muerte, en perjuicio de la menor R. J. R. V..
[4] Bustos Ramírez, Juan. Manual de Derecho Penal. Segunda Edición, 1991. Página 119