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Sentencia CP-139-10 — Registro 2861

Resumen

Se absolvió en primer instancia por el delito de secuestro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."PRIMERO MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL POR VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- A juicio del Censor, el Tribunal de Sentencia ha quebrantado el principio de razón suficiente en el postulado de derivación, al concluir que la prueba presentada al debate era ineficaz dado que ésta había sido obtenida con violación a los derechos humanos de los encartados, de tal manera que no era posible imponer un fallo condenatorio en contra de éstos últimos. El Censor expone fgui sus argumentos basado en cuatro puntos: 1).- si bien es cierto que ninguno de los testigos reconoció la firma que calza el acta de allanamiento del domicilio, no es menos cierto que ésta fue convalidada en el momento procesal oportuno, por el Juzgado de Letras a petición del Ministerio Público y conforme a lo dispuesto en al artículo 212 del Código Procesal Penal.- 2).- No se puso en duda que la diligencia de allanamiento dio como resultado la liberación de la persona plagiada y la captura de las personas responsables.- 3).- El delito de Secuestro es de consumación perpetua (sic), de ahí que mientras subsista la privación de la libertad de la víctima, tal delito se considera en flagrancia, de ahí que existía una causa de urgencia para el ingreso al domicilio sin autorización judicial.- 4).- Se cumplió con los aspectos materiales y formales de la diligencia: i.- Material: en tanto que los agentes de policía actuaron al amparo del artículo 99 de la Constitución de la República y 212 del Código Procesal Penal; ii.- Formal al haberse obtenido la respectiva convalidación.- Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, -porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí-, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Para dar respuesta al presente motivo de casación, es necesario que previamente nos refiramos al allanamiento de morada como diligencia de investigación y los efectos probatorios que puede tener la misma en el marco del proceso penal. El constituyente hondureño consideró la necesidad de proclamar en el artículo 99 de la Constitución la inviolabilidad del domicilio, para salvaguarda del derecho a la intimidad, en ése ámbito especifico. El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal.- Son elementos del Domicilio: A).- Elementos Objetivos: 1).- Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; 2).- Que se impida desde el exterior acceso visual de los espacios internos de la estructura; 3).- Que sea apto para el desarrollo de la vida privada.- B).- Elementos Subjetivos: 1).- Que el espacio físico esté siendo usado –permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; 2).- Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida personal, segregando los mismos a dicho espacio.- En conclusión el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en el, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas.- De este modo, por regla general ningún ingreso o registro en el domicilio podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que lo sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir, que el ingreso a un domicilio debe ser cuando medie el consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de ahí que sea pertinente establecer las diferencias entre un ingreso y/o registro autorizado por el morador, un allanamiento como acto investigativo previamente autorizado por el órgano jurisdiccional y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o en presencia de un delito flagrante: 1).- Ingreso y/o registro Autorizado por el morador: es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora y día, debiendo observarse para su práctica las siguientes reglas: i).- Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; ii).- Que una persona mayor de edad que more en el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; iii).- Hacerse acompañar los Agentes de la Autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; iv).- Sólo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; v).- Que se le permita a uno de los moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no que no se vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; vi).- Los agentes de la autoridad deberán abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo cuando en el transcurso del proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos. vii).- Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio.- 2).- El allanamiento ejecutado por Orden Judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir la orden de allanamiento a alude el artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar en donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 de nuestro Texto Fundamental que el allanamiento, aun con orden judicial deberá iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. El Constituyente consideró que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique a través de sus agentes autorizados judicialmente, en busca de la aplicación de la ley, deberá actuar sin ampararse en la oscuridad de la noche, ergo, deberá actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realizan en aras de la seguridad pública.- El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, haciendo un ejercicio de ponderación entre el principio pro-Societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio. El Órgano Jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, mismo que será ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia territorial en el lugar donde se lleve a cabo. 3).- Finalmente, en cuanto a los allanamientos para evitar la comisión e impunidad de delitos y amparados en un Estado de Necesidad, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa de lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de impedir la comisión o la impunidad de delitos, o para evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Lo anterior es desarrollado en el artículo 212 del Código Procesal Penal. En su primero y segundo párrafo establece que el allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente, pero que tal exigencia no será necesaria cuando no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial de tal manera que el trámite para la obtención de la misma represente un grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1) Ante casos de flagrancia, cuya noción se forma de tres elementos: a.- Inmediatez Temporal, es decir, que se está cometiendo un delito o que haya sido cometido instantes antes; b)Inmediatez Personal: consistente en que el delincuente se encuentre allí en ese momento en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello ofrezca una prueba de su participación en el hecho, y c) Necesidad urgente: de tal modo que la autoridad policial, por las circunstancias concurrentes del caso concreto, se vea impelida a intervenir inmediatamente con el doble fin de poner término a la situación existente impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención del autor de los hechos, necesidad que no existirá cuando la naturaleza de los hechos permita acudir a la Autoridad Judicial para obtener la autorización correspondiente. 2).- Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito; 3).- Para evitar la fuga de un delincuente. Por su parte los párrafos tercero y cuarto del precepto legal antes mencionado prevén que se consideran supuestos comprendidos dentro de las hipótesis señaladas anteriormente: a).- Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales b).- Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; c) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias; d) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes.- La autoridad policial encargada del allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá consignar su negativa de hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediato del Ministerio Público la práctica del allanamiento, cuando no haya sido ordenada por éste, para que sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia.- Delito flagrante en el interior de un domicilio: Especial atención merecen las circunstancias que configuran la flagrancia domiciliaria, (primer motivo de allanamiento de emergencia regulado en el artículo 212 del CPP) entendidos como los casos en donde nos encontramos ante un delito flagrante cometido en el interior de un domicilio.- La calificación de delito flagrante cuando es cometido en público se deriva de la percepción de quienes presencian cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal: 1).- Flagrancia Propia: Art. 175.1 del CPP; 2).- Flagrancia Impropia, conocida como cuasiflagrancia: art. 175.2 CPP; y, 3).- Flagrancia presunta: artículo 175.3 CPP. Como consecuencia de lo anterior es evidente la dificultad que se presenta cuando el delito flagrante es ejecutado en el interior de un domicilio, en tanto que no se cuenta con la “publicidad” que facilita el conocimiento de las mencionadas circunstancias[1], entonces es menester determinar qué condiciones permiten determinar su existencia y que justifiquen emergente y excepcionalmente el ingreso como condición límite al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, esas condiciones son la existencia de evidencia y la urgencia de intervención[2]: 1).- La Evidencia, (cuya acepción en este caso significa certeza de tener el conocimiento de algo) puede adquirirse a través de la percepción o a través del conocimiento: a) La percepción involucra información obtenida por los sentidos, por cuanto estamos hablando de los casos en que los agentes de policía, a través de ventanas o puertas abiertas logran ver la ejecución del delito flagrante en el interior del domicilio, cuando han observado la comisión de un delito en el exterior de la vivienda cuyos partícipes inmediatamente ingresan al domicilio; en el caso previsto en el artículo 212.3 del CPP y en general en los casos en donde los agentes de la autoridad perciban directamente hechos de los que se colige un acto delictivo en flagrancia; b.- Conocimiento adquirido a través de actos de inteligencia policial, informantes, testigos, agentes encubiertos, información obtenida como consecuencia de una intervención telefónica autorizada, prueba en general, que una vez procesada y analizada arrojen evidencia de la existencia de un delito en flagrancia. En este sentido, la mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante no será causa legítima para el ingreso al domicilio. c.- La Urgencia es el segundo elemento que debe de observarse y es la necesidad temporal de intervención de los agentes de la policía, sin la cual no se lograría el objetivo de impedir la comisión de un delito, la detención de los culpables o el aseguramiento de elementos de prueba, implica: i.- Inmediatez entre la obtención de la evidencia y el ingreso al domicilio; y ii.- La entrada al domicilio debe realizarse en un momento en que sea posible alcanzar el objetivo perseguido.- VII.- En el ámbito procesal, la práctica de un allanamiento fuera del marco de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud, así como todo acto de investigación, elemento u objeto de prueba que haya sido obtenida como consecuencia única e inmediata de dicho acto, tal como lo dispone el artículo 200 del Código Procesal Penal, cuando señala que carecerán de eficacia probatoria los actos y hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a los Derechos Humanos de los que Honduras sea parte.- De este modo la ilicitud declarada de un allanamiento produce efectos procesales en cuanto a que éstas actuaciones y todas aquellas que sean consecuencia de las mismas, no podrán ser utilizadas como medios probatorios en el proceso penal contra el acusado, más no imposibilita al Estado de Honduras iniciar y sustentar un proceso penal en contra del acusado, basándose en las actuaciones y medios de prueba que hayan sido practicados y obtenidos lícitamente, sin perjuicio cuando procediere, de la deducción de responsabilidad criminal a las personas que hayan cometido un allanamiento constitutivo de delito. Partiendo de lo expuesto es criterio de esta Sala que el caso bajo examen concurren varias circunstancias que valoradas conjuntamente aportan los elementos de evidencia y de urgencia necesarios para la práctica de un allanamiento de emergencia por delito flagrante en domicilio, ello en aplicación del Principio del Interés Preponderante que se origina ante la colisión entre dos derechos constitucionalmente protegidos: por una parte la intimidad y de éste la inviolabilidad del domicilio y por otra, la tutela de la vida, integridad corporal, la libertad y el patrimonio, seria y gravemente comprometidas por el delito, dándosele prioridad a los segundos, como consecuencia de las circunstancias materiales siguientes: 1).- La naturaleza del delito de Secuestro: mismo que es de carácter grave no solo por lesionar intensa y profundamente la libertad de las personas, sino también por generar un grave riesgo desde su perpetración, para la vida, integridad corporal y el patrimonio, sin menoscabo de las gravísimas secuelas físicas y psicológicas que en muchos casos trascienden a la persona del cautivo para afectar a quienes conforman su entorno familiar, causando al mismo tiempo una grave conmoción y alarma social. No es fortuito que la extensión de la pena para dicha infracción penal se sitúe a partir de los veinte años de reclusión hasta la de privación de la libertad de por vida. 2).- Por otro lado, la característica de ser un delito permanente, lo que supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por el autor. Con dicho mantenimiento se sigue realizando el tipo por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica[3], de tal manera que persistirá el estado de flagrancia durante todo el tiempo en que la persona se encuentre privada de libertad; 2).- Evidencia de la comisión de un delito de Secuestro: De acuerdo a los elementos probatorios aportados al juicio, el Grupo Especializado Anti-Secuestros (GEAS) de la Policía Nacional, tenía elementos suficientes para constatar que estaba ejecutándose un delito de secuestro en perjuicio del Señor V. M. Z., elementos que parten desde la intervención de los agentes J. R. Z. P. y J. L. H. D., como asesores a disposición de la Familia del Ofendido en las negociaciones con los secuestradores; 3).- El Pago del Rescate: A solicitud de los secuestradores la familia de los ofendidos habían pagado rescate en dos ocasiones mediante la entrega de dos cantidades de dinero, sin embargo el Señor V. M. Z., no había sido liberado; y 4).- Conocimiento de la Policía del Lugar donde se encuentra el Ofendido: Señala el testigo J. L. O. S. (F. 51), que un informante señaló el lugar en donde se encontraba retenido el ofendido, y además de que los secuestradores planeaban moverle de lugar[4].- Las circunstancias enumeradas fueron informadas al Tribunal de Sentencia por los testigos, en especial por el antes señalado, resultando para los Juzgadores creíbles y ciertos cada uno de los testimonios (F. 84, 85, 86 y 86v), en consecuencia lo realizado por la autoridad policial obedeció a la emergencia de las circunstancias, encontrándose amparada en sus actuaciones por el artículo 99 primer párrafo de la Constitución de la República, VII.- Si bien es cierto que el Tribunal de Sentencia aduciendo la inobservancia de formalidades legales, esto es por desconocerse la identidad de la persona que firmó el acta de allanamiento y que avaló el contenido de la misma, considera que no fue posible concederle crédito alguno, no es menos cierto que al ser lícito el allanamiento practicado y la realización de otras diligencias como la inspección ocular y la incautación de un arma realizados en la vivienda allanada y en la que se mantenía retenida a la víctima desde hacía dieciséis días, así como también los testimonios rendidos por los agentes que intervinieron directa o indirectamente en las negociaciones, ubicación de la víctima y la operación de rescate, como de los demás testigos de cargo que declaran sobre otros aspectos relativos a la comisión del delito, declaraciones a las que el Tribunal de Sentencia les concede credibilidad, esta Sala considera que el razonamiento del Juzgador de instancia no resulta coherente por ser equívoca, ya que arriba a una conclusión partiendo de un presupuesto erróneo como es el de que el allanamiento de urgencia practicado por el Grupo Especial Anti-Secuestros de la Policía Nacional es ilegal, apoyándose en ese argumento erróneo para negarle crédito a otros medios de prueba, distintos al acta de allanamiento de mérito. De este modo y sin prejuzgar en modo alguno sobre la responsabilidad criminal que el Ministerio Público atribuye a los imputados E. A. L. L., A. M. E. H., A. M. V. P. Y E. G. N. D., esta Sala estima que de haberse valorado las pruebas aportadas durante el juicio oral y público, armónicamente y con apego a las reglas de la sana crítica, el Tribunal A Quo podría haber arribado a una conclusión distinta, por lo es procedente estimar el presente motivo de casación formulado por el ente acusador..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA por excusa justificada del Magistrado JACOBO ANTIONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) ABSOLVIENDO a los Señores E. A. L. L., A. M. E. H., A. M. V. P. Y E. G. N. D. por el delito de SECUESTRO en perjuicio de la libertad y seguridad del señor V. M. Z.3) NO CONDENO a dichos acusados en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por dicho juicio. 3.- NO DECLARO la responsabilidad civil de los acusados.-Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado O. I. E. R., en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público. INTERVIENEN: el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado S. C. A., como parte recurrente, los Abogados M. R. A. E. y A. A. G., como Defensores Públicos de los imputados y recurridos E. A. L. L., A. M. E. H., A. M. V. P., y el Abogado C. D. P., como Defensor Privado del encausado y recurrido E. G. N. D. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Tribunal de Sentencia como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: A eso de las diez con treinta minutos de la noche de la noche, del día dieciocho del mes de Abril del año dos mil Ocho, de una casa situada en el barrio el Parnaso, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, Agentes del Grupo Especial Antisecuestros (GEAS) de Tegucigalpa, con auxilio de la Policía Nacional Preventiva de este lugar, sin orden de juez competente ni control de Agente Fiscal del Ministerio Público y sin la concurrencia de requisito legal alguno; luego de una denuncia que por varios días antes manejaban, allanaron dicha casa de donde recataron al joven V. M. Z., a quién personas no identificadas en este mismo lugar, habían retenido en horas de la noche desde el día dos de Abril del mismo año. SEGUNDO: Derivado de la diligencia en mención, detuvieron a los señores E. A. L. L., A. M. E. H., A. M. V. P. y E. G. N. D., quienes al igual que el señor M. Z. se encontraban en el interior de la dicha vivienda; y para registro de esta diligencia se levantó acta que nadie en juicio se responsabilizó de su única firma ilegible que <> el Sub Comisionado J. L. O. aparece al final de la misma; no constando además, de la asistencia de testigos.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado O. I. E. R., en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público es admisible, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.-EL RECURRENTE ABOGADO O. I. E. R. EN SU CONDICIÓN DE FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, DE LA MANERA SIGUIENTE: ”EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. 1. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.-Resulta, que el fallo que hoy se cuestiona por ésta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados.-En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se desarrollaron como prueba testimonial entre otras, las declaraciones de: V. M. Z. (en su condición de ofendido); A. M. Z. (hermano del secuestrado y persona encargada de negociar con los plagiarios); J. L. O. S. (Sub-Comisario de Policía que dirigió el rescate del ofendido); R. E. R. V. (Técnico de Inspecciones Oculares que participó en la inspección del inmueble donde encontraron a la víctima), J. R. Z. P., J. L. H. y T. M. M. (Agentes Policiales del Grupo GEAS); sí como la prueba documental consistente en el acta de allanamiento, Acta de Inspección Ocular, Acta de Decomiso y Secuestro de un teléfono celular y Acta de Registro Personal, probanza de la cual se desprende lo siguiente: El ofendido V. M. Z., quién rindió su declaración en el debate manifestando entre otras cosas: “Que eso pasó el 2 de abril de 2008, cuando se encontraba con un amigo en la gasolinera shell Siguatepeque, se subió a su carro, llegó al centro de Siguatepeque y luego se fue a su casa, que en el momento que se acercó al carro para meterse, dos hombres armados vienen corriendo hacia él y uno de ellos lo agarró del cuello y le puso una pistola pidiéndole que se callara porque si no lo mataba, lo metieron a otro carro, lo pusieron de rodillas y comenzaron a quitarle todo lo que andaba, le preguntaron cómo se llamaba y le pidieron que les diera el celular de su mamá y el de su hermano, que estuvo dos días en un cuarto y que lo pusieron hablar con el jefe de la organización, que siempre era vigilado por varios hombres, que le pusieron tape en la boca, que fueron catorce días los que estuvo en un baño y que ahí le vendaron los ojos, que habló varias veces con el jefe y con su hermano y que este último le dijo que ya habían pagado y que no sabía porqué no lo soltaban, que uno de esos días le dijeron que le iban a sacar sangre y se la sacaron de las dos manos, lo cambiaron de ropa y le dijeron que no se moviera porque si no lo mataban, que el día sábado que lo liberó la policía, uno de ellos dijo que ese arroz ya se iba a cocinar, que si se arreglaba se iba pero que si llegaba la policía lo iban a matar...”El testigo A. M. Z., (hermano del ofendido) declaró: Que el dos de abril a las once de la noche recibió una llamada de su madre diciéndole que un hombre la había llamado y que tenían a V. y que le pedían un millón de dólares, que al día siguiente lo llamó un hombre que se hizo llamar el pájaro diciéndole que con él iba a tratar, que luego de varias conversaciones lograron bajar la cifra de un millón de lempiras a ciento setenta y cuatro mil lempiras y que luego de pagar esa cantidad, le dicen que eso no es nada, que es basura y le piden cuatro millones, que posteriormente comenzaron a bajarse de cuatro millones llegando a un acuerdo de ochocientos mil lempiras, los cuales fueron entregados, luego lo llaman diciéndole que todo estaba bien que habían contado el dinero y que van a soltar a su hermano. A preguntas de las partes manifestó que cuatro días después del secuestro de su hermano se pagó el primer rescate y le dijeron que eso era una basura, le pidieron cuatro millones y que si no lo iban a matar, que al sexto día se contactó con el grupo Geas y que el primer pago fue en El Carrizal, que Franklin entregó el dinero y la segunda de ochocientos mil lempiras, cree que fue después de la posta del durazno y que lo entregó un amigo de su hermano.-El testigo J. L. O. S. declaró lo siguiente: «Que tuvieron conocimiento que el dos de abril fue secuestrado el señor V. M., se hizo acercamiento con la familia del secuestrado. Que el día 18 de abril la Unidad de Secuestros de Tegucigalpa recibió la información de que en la ciudad de Siguatepeque, en el Barrio el Parzano, se encontraba la persona que había sido secuestrada, que se prepararon los equipos y se coordinó con la Fiscal Patricia Rodríguez, la cual ordenó que se verificara la información, que en el camino él iba haciendo las coordinaciones necesarias en base a la información que se tenía, la descripción era una casa de esquina con serpentinas, se rodeó, ingresaron a la misma, que se tocó varias veces el portón sin que nadie respondiera y que como a las diez se ordenó que entraran los equipos de intervención encontrando a un joven blanco supuestamente hijo del dueño de la casa y luego se encontró en un baño a la persona que se andaba buscando, que estaba atada de pies y manos, estaba barbudo, andaba con un short, con camisa azul y le dijeron que eran de la policía y que capturaron a cuatro personas. A las preguntas de las partes respondió que él dirigió el operativo de rescate de V., que coordinó con el Jefe de la DGIC, que como a las diez y media allanaron la casa, que esta en flagrancia las veinticuatro horas del día porque se trataba de un secuestro, que por la información es que se allanó la vivienda, que no consiguió orden judicial para allanar la casa porque se agrega información que ese día iban a cambiar de casa a la persona, que no siempre en los allanamientos han ido jueces y que dependiendo de las circunstancias es que amerita orden judicial, que no reconoce la firma del acta de allanamiento. El testigo R. E. R. V., (Técnico de EFEC) Declaró: Que en el mes de abril de dos mil ocho, como técnico de inspecciones oculares de la DGIC, fue notificado que debía atender una inspección en el barrio el Parzano, que el Sub Comisario O. le dijo que hiciera la inspección en el lugar, ingresó con el Sub comisario O. y en el cuarto pequeño de un baño estaba un joven amarrado de sus piernas y el abdomen sobre un petate. A las preguntas de las partes contestó que la inspección fue ordenada por el sub Comisario O., que el secuestrado estaba acostado y totalmente atado, la defensa solicitó que se le pusiera a la vista el acta de inspección con la finalidad que reconociera la firma que aparece en ella y la reconoció, también identificó su firma en la cadena de custodia. Los testigos J. R. Z. P., J. L. H. (Asesores en secuestros) Ambos manifestaron que fueron convocados para dar asesoría a la F. M., la cual consiste en dar pautas y técnicas sobre el secuestro en cuanto a cómo deben comportarse con las llamadas, que el objetivo primordial del asesoramiento es rescatar a los secuestrados, que después del operativo ingresaron a la vivienda y que vieron al secuestrado nervioso, que estaba en un baño con un petate, una cobija y una almohada. El testigo T. M. M. R., (Agente DGIC.) Declaró: Que llegaron a las diez de la noche al barrio el Parnazo, la casa estaba con serpentina, que les dijeron que ahí estaba una persona secuestrada, que tocaron la puerta y nadie les respondió, que procedieron a entrar, que capturaron cuatro personas y que en el último cuarto se encontró a V. Z. en calzoneta, barba y hematomas en el cuerpo. De igual manera el ente acusador allegó a la plataforma fáctica, la prueba documental consistente en:1) Acta de Allanamiento practicado en horas de la noche del día dieciocho de abril de dos mil ocho, por Agentes Antisecuestros y Policía Nacional Preventiva, en una casa ubicada en el Barrio El Parnazo de Siguatepeque, lugar de donde se rescató al joven V. M. Z., encontrando y capturando ahí mismo a los responsables de la retención del secuestrado, señores E. A. L., Á. M. E., Á. M. V. y E. G. N. El documento describe las incidencias del acto y adolece de firma responsable del encargado de su ejecución. El Juzgador en el fallo de mérito, al momento de valorar la prueba que antecede, encuentra que lo dicho por los dos primeros testigos, V. y A. M., es creíble porque sus declaraciones refieren los hechos sucedidos entre el dos de abril del año dos mil ocho, al dieciocho del mismo mes y año, pues refieren lo sucedido al primero en su condición de víctima y el segundo como la persona que negoció con los secuestradores. Asimismo, en cuanto a otros testigos (R. E. R. V., J. R. Z. P., J. L. H. D., T. M. M., estimó la Sala Sentenciadora que son creíbles, que no hay duda que participaron en el allanamiento realizado junto al Sub Comisionado L. O., que no se contó con la participación de fiscales o jueces en la operación y que no han firmado documento alguno. La valoración efectuada por el A quo al testigo J. L. O., se resume en que lo dicho por éste testigo es cierto, que el Tribunal en ningún momento pone en duda participó en el operativo o allanamiento realizado, a través del cual se logró la liberación del joven V. M. Z., quien se encontraba secuestrado por un espacio de dieciséis días, pero que el allanamiento realizado del cual se levantó un Acta, no reviste los requisitos necesarios y esenciales para ser considerado como un medio de prueba pertinente, útil y objetivamente confiable, toda vez que el testigo reconoció no haber firmado el acta de allanamiento aludida y que no sabe el Tribunal a quien pertenece o si la persona que firmó participó en el allanamiento. Sumado a ello, sobre el Acta de allanamiento supraindicada, el Tribunal refirió que no se observó los lineamientos que disponen en los artículos 99 de la Constitución de la República y 212 del Código Procesal Penal, ya que la diligencia en mención se realizó sin control jurisdiccional, ni fiscal, que no existió orden de allanamiento emanada por Juez competente, que no comparecieron testigos ajenos a la fuerza policial y que tampoco se acreditó la concurrencia de los requisitos legales establecidos en la ley procesal, que el acta carece de firma de persona responsable y que aparece puesta al pie de la misma el Sub Comisario Osorio, quien se dijo, fue el oficial ejecutor, que nadie compareció al debate a reconocerla como suya, ni siquiera el mismo sub comisionado O. la reconoció, y que por tanto esa prueba se vuelve eficaz e inútil y sobre todo violatorio de derechos individuales consignados en la Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, al detener personas con inobservancia del procedimiento que regula nuestra ley procesal, de tal suerte que los actos derivados de ese allanamiento, también son ineficaces para sostener una sentencia condenatoria contra los enjuiciados. En virtud de lo anterior, debemos señalar que dicha apreciación la consideramos como infracción a la lógica y dentro de la misma al postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, específicamente en el ítem de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que deriva de las pruebas aportadas, que es prueba ineficaz, inútil y violatoria de Derechos Humanos, por lo que no se puede sostener una condena sobre los acusados, razonamiento que quebranta la regla precitada, pues del contenido de las probanzas allegadas al proceso, las cuales al ser contrastados unas con otras, nos conducen a tener por acreditado sin lugar a dudas su participación en el hecho acaecido, probanzas de las cuales se desprende lo siguiente:1. Que si bien es cierto, el Acta de Allanamiento cuestionada, aparece una firma Sub Comisario J. L. O., que no fue reconocida por aquel y que nadie se responsabiliza como suya, no menos cierto es, que se solicitó por parte del Ministerio Público su convalidación ante el Juez de garantías en la Audiencia de declaración de Imputados, petición que fue resuelta favorablemente, cumpliéndose así con lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 212 de nuestra ley procesal. II. Que independientemente de que nadie se responsabilizó de dicha firma no se puede negar que el acta esta firmada, lo cual no consta para que dicho medio de prueba sea declarado ilícito, ineficaz o inútil, pues ni el mismo Tribunal ha puesto en duda en el fallo que se recurre, que la diligencia se practicó dando como resultado la liberación de la persona plagiada y la captura de las personas responsables. III. Que el delito de secuestro es por naturaleza un delito de consumación perpetua, donde su misma configuración típica establece que mientras se tenga en cautiverio a la víctima y se negocia su liberación, se entiende que se está consumando y ante el análisis del tipo penal, resulta más que evidente que en el presente caso nos encontrábamos ante un delito flagrante, razón por la cual, ante la creencia de que el secuestrado se encontraba en dicha vivienda, en el Barrio el Parnazo, esto por sí solo conformaba una situación de “urgencia”, al encontrarse en peligro latente la vida del joven V. M. Z., pues tal como lo refirió el propio ofendido y su hermano, quien era persona que negoció su rescate, los secuestradores amenazaban con quitarle la vida, sino pagaban el rescate. Sumado, a ello, se acreditó que la familia de la víctima primeramente pagó la cantidad de (lps. 174,000.00), a sus plagiarios y no lo soltaron, arguyendo que eso era una basura, posteriormente se pactó con ellos otra cantidad de (lps, 800,000.00) cifra que también fue entregada y tampoco lo liberaron. IV. Que en consonancia con el inciso anterior, para darle la validez a dicha diligencia de allanamiento se cumplió con: a) Aspecto material, al haber operado los agentes policiales bajo los supuestos que establece la Constitución de la República en su artículo 99 y el artículo 212 del Código Procesal Penal, como ser en caso de “urgencia”, con el objeto de evitar daño grave a la persona, circunstancia que acontece en el caso sub judice, por considerar que la vida del joven secuestrado se encontraba en latente e inminente peligro, circunstancias que de igual forma determinan que el delito se mantuviera en flagrancia; b) Aspecto formal, el artículo 212 del texto legal supra mencionado, establece que cuando no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial, una vez practicado el mismo se pondrá en inmediato conocimiento del Juez, para su respectiva convalidación, tal como aconteció en el presente caso, donde una vez realizada la diligencia, fue puesta en inmediato conocimiento del Juez de Letras Penal quien como garante de legalidad, al revisar los presupuestos que dieron lugar a la práctica del mismo procedió a convalidarlo, es decir, le otorgó la validez que el mismo merecía por encontrarse dentro de las excepciones que establece la ley para su práctica sin previa autorización judicial. Al tenor de lo anterior, la prueba de cargo practicada válidamente en el juicio nos conduce a una única y lógica conclusión, que la conducta perpetrada por los encausados se subsume en el delito de SECUESTRO tipificado en el artículo 192 del Código Penal, y que los agentes policiales actuaron bajo los supuestos que establece la Constitución de la República en su artículo 99 y el artículo 212 del Código Procesal Penal, como ser en caso de” flagrancia y urgencia”, con el objeto de evitar daño grave a la persona, circunstancia que a todas luces acontece en el caso sub judice, sin embargo, el Tribunal no lo tomó así violando consecuentemente el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, específicamente en el ítem, de suficiencia tal como ha quedado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”.- III.-SIGUE MANIFESTANDO EL ABOGADO RECURRENTE EN SU:”SEGUNDO MOTIVO: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por adolecer la sentencia de vicios in procedendo, es el que a continuación se transcribe: Artículo 362 numeral 2: “Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. (Lo resaltado es nuestro). En el caso de autos el Tribunal Sentenciador estableció como hechos probados lo siguiente: “PRIMERO: A eso de las diez con treinta minutos de la noche, del día dieciocho de abril del año dos mil ocho, de una casa situada en el Barrio el Parnaso, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, Agentes del Grupo Especial Antisecuestros (GEAS) de Tegucigalpa, con auxilio de la Policía Nacional Preventiva del lugar, sin orden del Juez competente ni control de Agente Fiscal del Ministerio Público y sin la concurrencia de requisito legal alguno, luego de una denuncia que por varios días antes manejaban, allanaron dicha casa de donde rescataron al joven V. M. Z., a quien personas no identificadas en este mismo lugar, habían retenido en horas de la noche desde el día dos de abril del mismo año”. “SEGUNDO: Derivado de la diligencia en mención, detuvieron a los señores E. A. L. L., A. M. E. H., A. M. V. P. Y E. G. N. D., quienes al igual que el señor M. Z. se encontraban en el interior de dicha vivienda; y paro registro de esta diligencia se levantó acta que nadie en juicio se responsabilizó de su única firma ilegible que «por» el Sub Comisionado J. L. O. aparece al final de la misma, no constando además de la asistencia de testigos.” Partiendo de estos hechos declarados probados en la sentencia, se infiere que el Juzgador consideró que de la prueba evacuada en el debate, los imputados, E. A. L. L., A. M. E. H., A. M. V. P. Y E. G. N. D., producto del allanamiento efectuado por el Grupo Especial Antisecuestros (GEAS) de Tegucigalpa, con auxilio de la Policía Nacional Preventiva del lugar, fueron detenidos, pues al igual que el propio ofendido se encontraban en el interior de la vivienda en donde lo mantuvieron en cautiverio. Pero al examinar el fáctum de la sentencia y el alcance de su contenido, como también las probanzas que sirvieron de fundamento al mismo y el basamento jurídico del fallo censurado, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido EXCLUYÓ PRUEBA DE VALOR DECISIVO, como ser el Acta de Allanamiento, por considerar que no hubo una orden de Juez competente ni control de Agente Fiscal del Ministerio Público en la referida diligencia, argumentando además que el allanamiento supraindicado se realizó sin la concurrencia de requisito alguno, sin tomar en cuenta que el delito de secuestro no es un delito de consumación inmediata, sino que su consumación es diferida en el tiempo, ya que se consuma cuando se priva de la libertad y se pide el rescate, pero que seguirá consumándose mientras el ofendido este privado de libertad, y ante el análisis del tipo penal, resulta más que evidente que en el presente caso nos encontrábamos ante un delito flagrante, razón por la cual, ante la creencia de que el secuestrado se encontraba en dicha vivienda, en el Barrio el Parnazo, esto por si solo conformaba una situación de “urgencia”, al encontrarse en peligro latente la vida del joven V. M. Z., pues como ya se refirió en el primer motivo de casación lo secuestradores amenazaban con quitarle la vida, sino pagaban el rescate. En adición a lo anterior, la norma contenida en el artículo 99 Constitucional, prescribe que un domicilio puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Por su parte el segundo párrafo del artículo 212 de nuestra ley adjetiva, que es necesaria la orden escrita del órgano jurisdiccional competente en caso de flagrancia, como ocurre en el caso pro examine, pues por tratarse de un delito de consumación perpetua, donde su misma configuración típica establece que mientras se tenga en cautiverio a la víctima y se negocia su liberación, se entiende que se está consumando. Además se advierte que el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, se detuvo a los inculpados, presentó el respectivo Requerimiento Fiscal por el delito de Secuestro y pidió inmediatamente en la Audiencia de declaración de imputados la respectiva convalidación del allanamiento, explicando las razones que lo determinaron. Por su parte, el Juez de Garantías, Abogado L. D. G. según se desprende del acta relacionada resolvió tener por convalidado el allanamiento efectuado por los elementos del Grupo Especial Antisecuestros y la Dirección General de Investigación Criminal, dándole así cumplimiento a lo ordenado en el artículo precitado.-Por último, para evidenciar que no hubo una ponderación adecuada por la Sala Sentenciadora cuando de vulneración de garantías se trata y que su apreciación es totalmente arbitraria, a manera de ilustración, citamos la sentencia CP1976-2004, de fecha 30 de enero de 2006, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal, en la que se estimó: “... que para la apreciación de una prueba ilícita no solamente basta que el hecho o acto vulnere o lesione un derecho fundamental, sino que aquella vulneración sea de tal magnitud, que sopesada con la obtención de un fin, no se pueda justificar tal sacrificio. En otras palabras los derechos que se ponen en juego deben ser debidamente ponderados por el Juzgador, ya que no se trata de derechos absolutos, sino relativos, y su relatividad está determinada por la obtención de fines lícitos y la protección de otros derechos, principalmente los de la sociedad en general. Así las cosas, en la obtención de un acto de prueba, puede producirse una violación a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio. etc., pero si tal violación no supera la magnitud que implica la protección de otros bienes o derechos de la colectividad, no debe ser considerado dicho acto como ilegítimo”. De todo lo anterior consideramos, que siendo que el A quo tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad y le someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarias o inconsistentes; en el presente caso el Juzgador ha actuado arbitrariamente, al excluir la prueba recibida y citada anteriormente, cuyo contenido es decisivo para la decisión del presente asunto y al haberla excluido el Tribunal, hace que se emita un fallo incorrecto y lejos del esclarecimiento de la verdad, que es el fin del proceso penal. Conforme a lo expuesto se concluye, que nuestra prueba tiene las condiciones de idoneidad para lograr acreditar la pretensión acusatoria, y que al considerarse ineficaz, inútil y sobre todo violatoria de los derechos individuales consignados en la Constitución de la República y de Tratados Internacionales, los sentenciadores recurridos, han incurrido en error in procedendo, pues de haberla apreciado de la manera en que lo hemos expuesto, indiscutiblemente habrían determinado que los encausados son responsables del delito objeto de investigación, tal como se ha dejado demostrado. En consecuencia el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que habiendo excluido él A-quo prueba de valor decisivo, evidencia que en su resolución no fue considerada para fundamentar su fallo respecto ha aquella pues de haber sido así basta hacer una inclusión mental hipotética en el caso que nos ocupa y el fallo hubiese sido diferente. En este sentido y siendo que las pruebas ofertadas, admitidas y evacuadas por el ente acusador generan certeza de culpabilidad respecto a que E. A. L. L., A. M. E. H., A. M. V. P. Y E. G. N. D. son parte de una organización criminal de secuestradores, cuyas aportaciones individuales de participación son especificas al momento de ejecutar un acto ilícito y que en el caso que nos ocupa, estos se encargaban de cuidar al plagiado, lo cual los coloca en posición de coautores; por lo cual estimamos que procede casar la presente sentencia, y que si bien no se efectuó reclamación previa alguna a éste momento, es porque el vicio se produjo en el acto de sentenciar.” .- IV.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, EN FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- El Censor divide su agravio en dos motivos de casación por Quebrantamiento de Forma, con la pretensión de que la sentencia impugnada sea declarada inválida: 1).- Afirma que en la valoración de los medios de prueba que fueron aportados al debate se violentó el sistema de valoración instituido por el Código Procesal Penal, como es el de la sana crítica. 2).- Se excluyó indebidamente del acervo probatorio, el acta de allanamiento a un domicilio, mismo que es de valor decisivo y que acarreó como consecuencia la emisión de una sentencia absolutoria a favor de los acusados.- V.-PRIMERO MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL POR VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- A juicio del Censor, el Tribunal de Sentencia ha quebrantado el principio de razón suficiente en el postulado de derivación, al concluir que la prueba presentada al debate era ineficaz dado que ésta había sido obtenida con violación a los derechos humanos de los encartados, de tal manera que no era posible imponer un fallo condenatorio en contra de éstos últimos. El Censor expone fgui sus argumentos basado en cuatro puntos: 1).- si bien es cierto que ninguno de los testigos reconoció la firma que calza el acta de allanamiento del domicilio, no es menos cierto que ésta fue convalidada en el momento procesal oportuno, por el Juzgado de Letras a petición del Ministerio Público y conforme a lo dispuesto en al artículo 212 del Código Procesal Penal.- 2).- No se puso en duda que la diligencia de allanamiento dio como resultado la liberación de la persona plagiada y la captura de las personas responsables.- 3).- El delito de Secuestro es de consumación perpetua (sic), de ahí que mientras subsista la privación de la libertad de la víctima, tal delito se considera en flagrancia, de ahí que existía una causa de urgencia para el ingreso al domicilio sin autorización judicial.- 4).- Se cumplió con los aspectos materiales y formales de la diligencia: i.- Material: en tanto que los agentes de policía actuaron al amparo del artículo 99 de la Constitución de la República y 212 del Código Procesal Penal; ii.- Formal al haberse obtenido la respectiva convalidación.- Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, -porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí-, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Para dar respuesta al presente motivo de casación, es necesario que previamente nos refiramos al allanamiento de morada como diligencia de investigación y los efectos probatorios que puede tener la misma en el marco del proceso penal. El constituyente hondureño consideró la necesidad de proclamar en el artículo 99 de la Constitución la inviolabilidad del domicilio, para salvaguarda del derecho a la intimidad, en ése ámbito especifico. El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre si y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualiza el artículo 220 del Código Penal.- Son elementos del Domicilio: A).- Elementos Objetivos: 1).- Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; 2).- Que se impida desde el exterior acceso visual de los espacios internos de la estructura; 3).- Que sea apto para el desarrollo de la vida privada.- B).- Elementos Subjetivos: 1).- Que el espacio físico esté siendo usado –permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; 2).- Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida personal, segregando los mismos a dicho espacio.- En conclusión el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en el, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas.- De este modo, por regla general ningún ingreso o registro en el domicilio podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que lo sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir, que el ingreso a un domicilio debe ser cuando medie el consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de ahí que sea pertinente establecer las diferencias entre un ingreso y/o registro autorizado por el morador, un allanamiento como acto investigativo previamente autorizado por el órgano jurisdiccional y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o en presencia de un delito flagrante: 1).- Ingreso y/o registro Autorizado por el morador: es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora y día, debiendo observarse para su práctica las siguientes reglas: i).- Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; ii).- Que una persona mayor de edad que more en el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; iii).- Hacerse acompañar los Agentes de la Autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; iv).- Sólo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; v).- Que se le permita a uno de los moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no que no se vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; vi).- Los agentes de la autoridad deberán abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo cuando en el transcurso del proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos. vii).- Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio.- 2).- El allanamiento ejecutado por Orden Judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir la orden de allanamiento a alude el artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar en donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 de nuestro Texto Fundamental que el allanamiento, aun con orden judicial deberá iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. El Constituyente consideró que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique a través de sus agentes autorizados judicialmente, en busca de la aplicación de la ley, deberá actuar sin ampararse en la oscuridad de la noche, ergo, deberá actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realizan en aras de la seguridad pública.- El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, haciendo un ejercicio de ponderación entre el principio pro-Societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio. El Órgano Jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, mismo que será ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia territorial en el lugar donde se lleve a cabo. 3).- Finalmente, en cuanto a los allanamientos para evitar la comisión e impunidad de delitos y amparados en un Estado de Necesidad, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa de lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de impedir la comisión o la impunidad de delitos, o para evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Lo anterior es desarrollado en el artículo 212 del Código Procesal Penal. En su primero y segundo párrafo establece que el allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente, pero que tal exigencia no será necesaria cuando no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial de tal manera que el trámite para la obtención de la misma represente un grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1) Ante casos de flagrancia, cuya noción se forma de tres elementos: a.- Inmediatez Temporal, es decir, que se está cometiendo un delito o que haya sido cometido instantes antes; b)Inmediatez Personal: consistente en que el delincuente se encuentre allí en ese momento en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello ofrezca una prueba de su participación en el hecho, y c) Necesidad urgente: de tal modo que la autoridad policial, por las circunstancias concurrentes del caso concreto, se vea impelida a intervenir inmediatamente con el doble fin de poner término a la situación existente impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención del autor de los hechos, necesidad que no existirá cuando la naturaleza de los hechos permita acudir a la Autoridad Judicial para obtener la autorización correspondiente. 2).- Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito; 3).- Para evitar la fuga de un delincuente. Por su parte los párrafos tercero y cuarto del precepto legal antes mencionado prevén que se consideran supuestos comprendidos dentro de las hipótesis señaladas anteriormente: a).- Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales b).- Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; c) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias; d) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes.- La autoridad policial encargada del allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá consignar su negativa de hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediato del Ministerio Público la práctica del allanamiento, cuando no haya sido ordenada por éste, para que sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia.- Delito flagrante en el interior de un domicilio: Especial atención merecen las circunstancias que configuran la flagrancia domiciliaria, (primer motivo de allanamiento de emergencia regulado en el artículo 212 del CPP) entendidos como los casos en donde nos encontramos ante un delito flagrante cometido en el interior de un domicilio.- La calificación de delito flagrante cuando es cometido en público se deriva de la percepción de quienes presencian cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal: 1).- Flagrancia Propia: Art. 175.1 del CPP; 2).- Flagrancia Impropia, conocida como cuasiflagrancia: art. 175.2 CPP; y, 3).- Flagrancia presunta: artículo 175.3 CPP. Como consecuencia de lo anterior es evidente la dificultad que se presenta cuando el delito flagrante es ejecutado en el interior de un domicilio, en tanto que no se cuenta con la “publicidad” que facilita el conocimiento de las mencionadas circunstancias[1], entonces es menester determinar qué condiciones permiten determinar su existencia y que justifiquen emergente y excepcionalmente el ingreso como condición límite al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, esas condiciones son la existencia de evidencia y la urgencia de intervención[2]: 1).- La Evidencia, (cuya acepción en este caso significa certeza de tener el conocimiento de algo) puede adquirirse a través de la percepción o a través del conocimiento: a) La percepción involucra información obtenida por los sentidos, por cuanto estamos hablando de los casos en que los agentes de policía, a través de ventanas o puertas abiertas logran ver la ejecución del delito flagrante en el interior del domicilio, cuando han observado la comisión de un delito en el exterior de la vivienda cuyos partícipes inmediatamente ingresan al domicilio; en el caso previsto en el artículo 212.3 del CPP y en general en los casos en donde los agentes de la autoridad perciban directamente hechos de los que se colige un acto delictivo en flagrancia; b.- Conocimiento adquirido a través de actos de inteligencia policial, informantes, testigos, agentes encubiertos, información obtenida como consecuencia de una intervención telefónica autorizada, prueba en general, que una vez procesada y analizada arrojen evidencia de la existencia de un delito en flagrancia. En este sentido, la mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante no será causa legítima para el ingreso al domicilio. c.- La Urgencia es el segundo elemento que debe de observarse y es la necesidad temporal de intervención de los agentes de la policía, sin la cual no se lograría el objetivo de impedir la comisión de un delito, la detención de los culpables o el aseguramiento de elementos de prueba, implica: i.- Inmediatez entre la obtención de la evidencia y el ingreso al domicilio; y ii.- La entrada al domicilio debe realizarse en un momento en que sea posible alcanzar el objetivo perseguido.- VII.- En el ámbito procesal, la práctica de un allanamiento fuera del marco de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud, así como todo acto de investigación, elemento u objeto de prueba que haya sido obtenida como consecuencia única e inmediata de dicho acto, tal como lo dispone el artículo 200 del Código Procesal Penal, cuando señala que carecerán de eficacia probatoria los actos y hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a los Derechos Humanos de los que Honduras sea parte.- De este modo la ilicitud declarada de un allanamiento produce efectos procesales en cuanto a que éstas actuaciones y todas aquellas que sean consecuencia de las mismas, no podrán ser utilizadas como medios probatorios en el proceso penal contra el acusado, más no imposibilita al Estado de Honduras iniciar y sustentar un proceso penal en contra del acusado, basándose en las actuaciones y medios de prueba que hayan sido practicados y obtenidos lícitamente, sin perjuicio cuando procediere, de la deducción de responsabilidad criminal a las personas que hayan cometido un allanamiento constitutivo de delito. Partiendo de lo expuesto es criterio de esta Sala que el caso bajo examen concurren varias circunstancias que valoradas conjuntamente aportan los elementos de evidencia y de urgencia necesarios para la práctica de un allanamiento de emergencia por delito flagrante en domicilio, ello en aplicación del Principio del Interés Preponderante que se origina ante la colisión entre dos derechos constitucionalmente protegidos: por una parte la intimidad y de éste la inviolabilidad del domicilio y por otra, la tutela de la vida, integridad corporal, la libertad y el patrimonio, seria y gravemente comprometidas por el delito, dándosele prioridad a los segundos, como consecuencia de las circunstancias materiales siguientes: 1).- La naturaleza del delito de Secuestro: mismo que es de carácter grave no solo por lesionar intensa y profundamente la libertad de las personas, sino también por generar un grave riesgo desde su perpetración, para la vida, integridad corporal y el patrimonio, sin menoscabo de las gravísimas secuelas físicas y psicológicas que en muchos casos trascienden a la persona del cautivo para afectar a quienes conforman su entorno familiar, causando al mismo tiempo una grave conmoción y alarma social. No es fortuito que la extensión de la pena para dicha infracción penal se sitúe a partir de los veinte años de reclusión hasta la de privación de la libertad de por vida. 2).- Por otro lado, la característica de ser un delito permanente, lo que supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por el autor. Con dicho mantenimiento se sigue realizando el tipo por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica[3], de tal manera que persistirá el estado de flagrancia durante todo el tiempo en que la persona se encuentre privada de libertad; 2).- Evidencia de la comisión de un delito de Secuestro: De acuerdo a los elementos probatorios aportados al juicio, el Grupo Especializado Anti-Secuestros (GEAS) de la Policía Nacional, tenía elementos suficientes para constatar que estaba ejecutándose un delito de secuestro en perjuicio del Señor V. M. Z., elementos que parten desde la intervención de los agentes J. R. Z. P. y J. L. H. D., como asesores a disposición de la Familia del Ofendido en las negociaciones con los secuestradores; 3).- El Pago del Rescate: A solicitud de los secuestradores la familia de los ofendidos habían pagado rescate en dos ocasiones mediante la entrega de dos cantidades de dinero, sin embargo el Señor V. M. Z., no había sido liberado; y 4).- Conocimiento de la Policía del Lugar donde se encuentra el Ofendido: Señala el testigo J. L. O. S. (F. 51), que un informante señaló el lugar en donde se encontraba retenido el ofendido, y además de que los secuestradores planeaban moverle de lugar[4].- Las circunstancias enumeradas fueron informadas al Tribunal de Sentencia por los testigos, en especial por el antes señalado, resultando para los Juzgadores creíbles y ciertos cada uno de los testimonios (F. 84, 85, 86 y 86v), en consecuencia lo realizado por la autoridad policial obedeció a la emergencia de las circunstancias, encontrándose amparada en sus actuaciones por el artículo 99 primer párrafo de la Constitución de la República, VII.- Si bien es cierto que el Tribunal de Sentencia aduciendo la inobservancia de formalidades legales, esto es por desconocerse la identidad de la persona que firmó el acta de allanamiento y que avaló el contenido de la misma, considera que no fue posible concederle crédito alguno, no es menos cierto que al ser lícito el allanamiento practicado y la realización de otras diligencias como la inspección ocular y la incautación de un arma realizados en la vivienda allanada y en la que se mantenía retenida a la víctima desde hacía dieciséis días, así como también los testimonios rendidos por los agentes que intervinieron directa o indirectamente en las negociaciones, ubicación de la víctima y la operación de rescate, como de los demás testigos de cargo que declaran sobre otros aspectos relativos a la comisión del delito, declaraciones a las que el Tribunal de Sentencia les concede credibilidad, esta Sala considera que el razonamiento del Juzgador de instancia no resulta coherente por ser equívoca, ya que arriba a una conclusión partiendo de un presupuesto erróneo como es el de que el allanamiento de urgencia practicado por el Grupo Especial Anti-Secuestros de la Policía Nacional es ilegal, apoyándose en ese argumento erróneo para negarle crédito a otros medios de prueba, distintos al acta de allanamiento de mérito. De este modo y sin prejuzgar en modo alguno sobre la responsabilidad criminal que el Ministerio Público atribuye a los imputados E. A. L. L., A. M. E. H., A. M. V. P. Y E. G. N. D., esta Sala estima que de haberse valorado las pruebas aportadas durante el juicio oral y público, armónicamente y con apego a las reglas de la sana crítica, el Tribunal A Quo podría haber arribado a una conclusión distinta, por lo es procedente estimar el presente motivo de casación formulado por el ente acusador. .- III.- L.- V.-SEGUNDO MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANDO LA EXCLUSION DE PRUEBA DE VALOR DECISIVO; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 362.2, NORMA INFRINGIDA ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- Esta Sala no se pronuncia respecto al segundo motivo de casación en la forma, al haber prosperado el primero de ellos, mismo que ha sido formulado por la Representación del Ministerio Público. POR TANTO.- La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo, interpuesto por la Representación del Ministerio Público.- SEGUNDO: Declarando la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha trece de noviembre de dos mil nueve, Y MANDA.- 1) Que se repita el juicio con Jueces distintos a los que participaron en el debate anulado, 2.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR POR LEY.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada Y. M. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-139-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

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[1] Sobre esta temática resulta ilustrativo lo expuesto por GIMENO SENDRA, cuando señala que uno de los mayores problemas que plantea la entrada policial en domicilio sin previa autorización judicial es el de delimitar los supuestos de delito flagrante. Señala que alguna corriente jurisprudencial parte de una concepción etimológica del término flagrante (del verbo latino “flaglare”” equivalente a “arder o resplandecer como fuego o llama”), lo importante es la percepción sensorial del delito, de tal suerte que, si la comisión del hecho no puede ser vista o presenciada por terceros, no existiría “delito flagrante”; el problema de esta tesis es que, de secundarla, la sociedad quedaría desprotegida al menos en los “delitos permanentes” como son los de tenencia (contra la salud pública o depósitos de armas y explosivos), en los que nunca podría apreciarse la existencia de un delito flagrante( y, por tanto, la policía no podría “motu propio” practicar una entrada….vid. GIMENO SENDRA, VICENTE, en AAVV, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con formularios y jurisprudencia. Sumario Arts. 486 al 648, Editorial Bosch, Barcelona, 2000, pág. 332.

[2]Sobre esta temática: vid. CABEZUDO BAJO, MARIA JOSE, en La inviolabilidad del domicilio y el proceso penal, IUSTEL, Madrid, 2004, pág. 274 y ss.

[3] Vid. en este sentido, MIR PUIG, SANTIAGO, Derecho Penal, Parte General, 6ª Edición, Editorial Reppertor, Barcelona, 2002, pág. 223, VELASQUEZ V., FERNANDO, Derecho Penal, Parte General, COMLIBROS, Medellín, 2009, págs. 634 y 635.

[4] Es de recordar que el delito de secuestro normalmente es ejecutado por grupos criminales estructurados con un reparto de roles entre sus miembros, que les permiten una notable capacidad de movilización y detección de riesgos ante la inminencia de ser descubiertos en el transcurso de una investigación policial. Como lo pone de manifiesto MARTIÑON CANO, en la gran mayoría de los casos el secuestro se comete con la intervención plural de sujetos activos, por tal razón este delito es uno de los prototípicos de las bandas delincuenciales, de tal manera que existen entre otras clasificaciones la siguiente: “…Iniciador: es la persona que facilita los contactos, consigue el vehículo robado, la casa donde se encierra a la víctima, las armas y llega a penetrar el círculo social de ella para conseguir información. Lavaperros: son las personas encargadas de interceptar o levantar a la víctima, movilizarla y entregarla para custodia. Se conocen como los desechables, porque poco les importa su vida o la del secuestrado. Custodios: tienen la tarea de cuidar al secuestrado durante su cautiverio y son normalmente tres personas, una de ellas una mujer que se encarga de alimentar a la víctima…..Negociador: Su tarea es ponerse en contacto con la familia del secuestrado, presionarla psicológicamente, organizar los procedimientos de la entrega del rescate, etc… Otra clasificación sobre la banda delictiva de secuestro la proporciona Jiménez Órnelas, R.A. (citado por MARTIÑON CANO), en el Secuestro: uno de los males sociales del mexicano. En el secuestro. Problemas sociales y jurídicos, UNAM, México D.F., 2002 pág. 25: “Iniciador”: es la persona que suministra la información de la víctima a la banda. “Plantero”: individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo. Grupo de aprehensión o “levante”: delincuentes encargados de aprehender a la víctima y trasladarlo al lugar del cautiverio. Grupo de Vigilancia: se encarga de la vigilancia, cuidado y mantenimiento del secuestrado en el lugar del cautiverio. Negociador: persona o personas encargadas de negociar la liberación de la víctima. También recogen el dinero acordado con la familia del secuestrado.” En otra clasificación similar proporcionada por RAUL A. NIETO y PATRICIO F. FRAIRE CARTAGENA (citados por MARTIÑON CANO), se añaden los “Informantes”: son personas externas a la banda pero que les dan información para evitar ser detenidos, como son los miembros de la policía, los juzgados y la fiscalía- “Encubridores”: son aquellos que no participaron en el secuestro pero ayudan con posterioridad al mismo juntando datos a fin de encubrir a los secuestradores…, vid. MARTIÑON CANO, GILBERTO, en El Delito de Secuestro, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 43-44.