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Sentencia CP-137-10 — Registro 2610

Resumen

Se condenó al imputado en primer instancia por el delito de apropiación indebida. Declarando Sin Lugar en segunda instancia el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El Tribunal de Casación, ha examinado el hecho probado contenido en la sentencia impugnada, mismo al que se le puede reprochar la simplicidad del relato, pero que es suficiente para describir los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de apropiación indebida, imputable al señor L. F. G. G. Indica el hecho probado, que en el año 2007, el acusado se desempeñaba como empleado de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., como encargado de la ruta “Detalle-Uno”, de la Ciudad de Tegucigalpa, y que durante varias fechas en ese año, utilizó sin ninguna autorización, documentos de soporte de la Sucursal “Tres Valles”, para realizar su liquidación de su Ruta “Detalle-Uno”, lo que le permitió quedarse con el producto que amparaba aquella documentación, producto valorado por SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.681,325.00), causándole así perjuicio patrimonial a la Empresa que era su empleador; en este relato se identifican los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal: a) La relación previa existente entre el sujeto activo y sujeto pasivo: el acusado era empleado de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., como vendedor de la ruta Detalle-Uno; b) Posesión de bienes muebles por parte del Sujeto Activo: El acusado L. G. estaba encargado de la venta del producto en la Ruta Detalle Uno, fijada para la Ciudad de Tegucigalpa, de la cual presentaba liquidación; c) Apropiación Indebida del Bien Mueble: El acusado se quedaba con el producto destinado a la venta, para ello procedió a utilizar documentos correspondientes a la Sucursal Tres Valles, para hacer una falsa liquidación de su ruta Detalle-Uno; d) Perjuicio patrimonial: El producto que falsamente reportó como vendido el acusado y que en realidad conservó para sí, tenía un valor total de L.681,325.00, y por tanto fue esa misma cantidad que dejó de percibir la empresa, causándole perjuicio patrimonial; como consecuencia del perjuicio patrimonial, que en el ámbito jurídico implica la lesión al bien jurídico protegido, corresponde la aplicación del artículo 242.8 del Código Penal, sin que sea aplicable en éste caso el artículo 2-C del mismo cuerpo legal. En el Libelo del Recurso, los Censores aceptaron que efectivamente la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., resultó con perjuicio patrimonial, pero señalaron que este perjuicio se produjo desde el año 1998, año en que el acusado aún no se desempeñaba como empleado y que el uso de documentación en la liquidación de la Ruta Detalle-Uno, perteneciente a la Sucursal Tres Valles, era signo de que los responsables tenían paso al departamento de contabilidad, al que no podía acceder el acusado, argumentos que no son procedente en un Recurso de Casación Penal por Infracción de Ley en primer término porque son propios de la instancia al formular la teoría del caso a los Juzgadores encargados de examinar la prueba y en segundo término porque la responsabilidad de terceros es independiente a la que tiene el acusado en los hechos, tómese en cuenta que la Empresa perjudicada señaló que el perjuicio patrimonial causado en su perjuicio ascendía a más de DOCE MILLONES DE LEMPIRAS, de los que CUATRO MILLONES eran responsabilidad del acusado, más la parte acusadora sólo pudo acreditar TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS, por lo que el hecho que personas hubiese hecho ese tipo de acciones antes que el acusado no es eximente de responsabilidad, el Tribunal de Sentencia en el hecho declarado probado ha individualizado la responsabilidad personal del señor L. F. G., derivada de sus acciones. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivo

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

El juicio penal, debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues, éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formas tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. Los Censores afirman, que ha existido la violación de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de los medios de prueba plasmada en la sentencia impugnada; advierten que la prueba documental no fue valorada de manera conjunta y armónica con la prueba producida en juicio, ya que la valoración hecha por los Jueces de dicha prueba documental fue que el acusado tenía responsabilidad en el delito imputado; puntualizan que la prueba documental erróneamente valorada es: 1) Informe del Departamento de Auditoría enviado al Director Ejecutivo de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.; 2) Informe enviado por L. O. L. a la Abogada Edith Rodriguez; 3) Informe enviado por Auditoría Interna de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.; 4) Constancia emitida por el Gerente de Recursos Humanos de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A., DE C.V., del señor G. G. y 5) Constancia emitida por el Gerente de Recursos Humanos de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., del señor D. S. V. Los Censores, reproducen nuevamente el alegato que efectivamente la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., sufrió un perjuicio económico, pero que no quedó acreditado que éste haya sido provocado por el acusado, en virtud de que la Ruta Detalle-Uno que él atendía, venía siendo utilizada desde 1998 para cometer este tipo de acciones ilícitas. III. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La protesta de los Censores en cuanto a que la prueba documental, no fue valorada en conjunto con la demás prueba del debate es errónea, así constatado por esta Sala de lo Penal al apreciar que en el numeral segundo de la valoración probatoria de la sentencia (F. 384) los Juzgadores se dan a la tarea de motivar descriptivamente los cinco medios de prueba documentales citados por los censores, para luego realizar una valoración conjunta de éstos. Los Censores, deben de considerar que si bien la prueba testifical ha sido valorada como creíbles por los Juzgadores (F. 383.v) ha sido la prueba documental la que provocó certeza en el Tribunal respecto a la responsabilidad del acusado, en especial el informe del Departamento de Auditoría de fecha 12 de junio del 2007 (F. 29). En contexto existe correspondencia entre la Constancia de Recursos Humanos de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., y la declaración del acusado L. F. G. G., (F. 373), quien señala que era empleado de la empresa ofendida, encargado de la venta al por menor de sacos de azúcar, siendo sus obligaciones reportarse al inicio de cada día a la Bodega en donde le cargaban el camión con sacos de Azúcar, mismos que iba a vender a la ruta Asignada, los clientes al hacer la orden de producto hacían los pagos en las cuentas bancarias de la empresa o mediante Cheque al acusado, para luego el dejarles el producto, explica que al final del día se dirigía a la Bodega y devolvía los sacos de azúcar que no había podido vender durante la jornada y luego iba donde la cajera a realizar la liquidación de las ventas hechas, la cajera cuadraba las ventas con los cheques y depósitos. Los Testigos E. M. F., L. O. L. R. y N. H. A., explicaron que la Empresa ofendida tiene varias rutas de ventas y puntos de Venta, que el hecho fraudulento se dio en el punto de Venta “Tres Valles” en Canta Ranas y en la Ruta de Venta “Detalle-Uno” en Tegucigalpa, asignada al acusado, explicó que en el Punto de Venta “Tres Valles” no hay vendedores, sino que los compradores directamente realizan las compras y se les entrega el producto, que en ese punto hay una sucursal bancaria de BAMER, pero que era común que en la misma se fuera el sistema, por lo que los clientes pagaban el producto con cheques, mismos que eran depositados cuando venía el sistema o eran mandados a depositar a la Ciudad de Tegucigalpa, esos recibos de depósito servían para realizar la liquidación de las ventas en el Punto de Venta “Tres Valles”, pero que se detectó que hubo un duplicado de depósitos, porque las liquidaciones de la Ruta Detalle-Uno, se realizaron con copias de los depósitos bancarios que también sirvieron para hacer la liquidación del punto de Venta “Tres Valles”, de modo que una persona asignada al punto de Venta de “Tres Valles”, facilitaba los cheques de pago al acusado L. G., quien hacía los depósitos en la Ciudad de Tegucigalpa, con copia de esos depósitos el acusado realizaba su liquidación, posteriormente el acusado daba una copia del depósito a la persona en “Tres Valles”, quien también hacía la liquidación correspondiente de ese punto de venta, ésto permitía que el acusado pudiese sacar producto de la bodega, los sacos de azúcar, liquidando su valor con depósitos que correspondían al punto de Venta de “Tres Valles”, permitiéndole de ésta forma quedarse con el producto, en otras palabras un solo depósito bancario respaldaba fraudulentamente dos ventas diferentes, una hecha en Tres Valles y otra en Tegucigalpa de la Ruta Detalle-Uno, cuando debería de haber respaldado una sola venta. El testigo E. M., (F. 373v) explicó que en “Tres Valles” no hay vendedores, por lo que ningún vendedor podría hacer liquidaciones con depósitos que pertenezcan a ese punto de venta, más aún así el Informe del Departamento de Auditoria que corre a partir de folio 29, permitió a los Juzgadores (F. 384) concluir que el acusado L. F. G., los días dos y dieciséis de febrero, dos y dieciséis de marzo, dos y veinte de abril del año dos mil siete, realizó liquidación de ventas de la Ruta Detalle-Uno, con copias de depósitos en una cuenta de ahorro de la Empresa ofendida en el Banco Mercantil (Bamer) que eran correspondientes a ventas realizadas en la Sucursal CISA-Tres Valles. Por lo relacionado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo

Sentencia

S. P 137-2010

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados: JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO; dicta sentencia conociendo del RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY y POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de octubre de dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual CONDENÓ a: L. F. G. G., como autor responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio de LA EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S. A DE C. V., a la pena principal de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN, MÁS UNA MULTA DE SESENTA Y OCHO MIL, CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS.68,132.50); más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. Interpusieron el Recurso de Casación los Abogados MARLON DUARTE AMADOR y DARLIN ISRAEL TURCIOS, actuando en su condición de Apoderados Defensores. SON PARTES: El Abogado DARLIN ISRAEL TURCIOS, en su condición de Defensor Privado del acusado L. F. G. G., como parte recurrente y los Abogados ROXANA LUCILA CASTRO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y FREDY GERARDO MEJIA BU, en su condición de Acusador Privado, ambos en como parte recurrida. HECHOS PROBADOS ÚNICO: En varias fechas del año dos mil siete, el señor L. F. G. G., durante fue empleado de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIEROS S.A. DE C. V., utilizó sin ninguna autorización de sus superiores, los documentos de soporte de la sucursal Tres Valles, ubicada en Cantarranas, para hacer su liquidación en la ruta detalle uno en Tegucigalpa, quedándose con el producto amparado en dichos documentos, causándole un perjuicio a dicha empresa por la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, TRECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS (LPS. 681,325.00)”. CONSIDERANDO I. El Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II. Los recurrentes Abogados MARLON DUARTE AMADOR Y DARLIN ISRAEL TURCIOS, en su condición de Defensores Privados, formalizaron su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. a) PRIMER MOTIVO: Aplicación indebida del Artículo 242 Numeral 8 del Código Penal vigente. a.1) PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal que establece: “Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de Doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deban ser observadas para la aplicación de la ley penal (. . .).” a.2) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: Honorable Tribunal de Casación Penal, el Artículo o disposición de carácter sustantivo, cuya aplicación es indebida es el Artículo 242 N° 8 del Código Penal, en su redacción original, y que establece lo siguiente: “Incurrirá en las penas del Artículo anterior. 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8) Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido” La declaración de probados constituye el cimiento o piedra angular de toda sentencia penal, pues en ellos, el Tribunal juzgador recae un hecho histórico, acontecido con anterioridad, y que es el objeto del juicio penal. En ese cuadro fáctico, el Tribunal de Sentencia narra la verdad real e histórica, estimando de manera clara y terminante cuáles son los hechos que estimó probados, conforma a los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. De esa verdad incuestionable, que la constituye la declaración de hechos probados, se derivarán las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de la Ley Penal Sustantiva. En otras palabras, para que no exista violación a norma penal de naturaleza sustantiva, por falta de aplicación o aplicación indebida, los hechos probados deben describir todas y cada una de las acciones típicas o conductas prohibidas por la norma penal sustantiva. Pues bien, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en la sentencia de fecha 12 de Octubre del año 2009 que ahora se recurre, declaró como hechos probados los siguientes: “UNICO: En varias fechas del año dos mil siete, el señor L. F. G. G., durante fue empleado de la empresa CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C. V. utilizó sin ninguna autorización de sus superiores, los documentos de soporte de la sucursal Tres Valles, ubicada en Cantarranas, para hacer su liquidación en la ruta detalle uno en Tegucigalpa, quedándose con el producto amparado en dichos documentos, causándole un perjuicio a dicha empresa por la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS (LPS. 681,325.00).” Pues bien, Honorable Sala de Casación Penal, del análisis detenido de la declaración del hecho único probado, que es verdad incuestionable, y para los efectos de este recurso son intangibles, llegaremos a la conclusión que el Honorable Tribunal de Sentencia aplicó incorrectamente la disposición penal sustantiva que contiene y describe el delito de Apropiación Indebida. En la anterior declaración del hecho probado se puede constatar con una claridad diáfana la falta de culpabilidad del acusado L. F. G. G., es decir, su clara inocencia, ya que la participación que se le atribuye en los hechos no configura el delito por el que se le condenó. En otras palabras, las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de Apropiación Indebida, no fueron probadas en el juicio oral, por ende, el Tribunal de Sentencias no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico. Para atribuirle responsabilidad penal a una persona, habrá de constatarse si ésta ha ejecutado acciones u omisiones que puedan subsumirse en un concreto tipo penal, y que no obstante, encontrarse comprendida en el tipo penal, el imputado no ha participado como autor o cómplice de las mismas. En el presente caso la participación que el acusado tiene, según los hechos probados, no es constitutiva de delito, como lo veremos a continuación. En este sentido, si disgregamos el tipo penal de Apropiación Indebida del Artículo 242 N° 8 del Código Penal, en sus elementos objetivos y subjetivos que conforman dicho ilícito y lo contrastamos con las acciones que plasma el Tribunal sentenciador en el hecho probado, se llegará a una realidad palmaria, que el sentenciador aplicó indebidamente el referido Artículo del Código Penal en relación a mi representado señor L. F. G. G., y lo condenó por unos hechos en los cuales no se logró demostrar su culpabilidad. El Delito de Apropiación Indebida, esencialmente, es un delito que consiste en quedarse con las cosas ajenas, violando el deber jurídico de entregarlas o devolverlas; por esta razón PETROCELLI ha creído ver en este delito una ofensa al derecho personal. Pero Carrara y con él, la mayor parte de la doctrina moderna, afirman con razón, que es el derecho real de dominio el lesionado. Una primera acción típica del delito de Apropiación Indebida requiere para su configuración que el sujeto activo en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiese recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido; de igual forma, la redacción del Artículo 242 N° 8 del Código Penal para tipificar el Apropiación Indebida, enmarca que en dicha acción no debe existir engaño para obtener la cosa que se recibe por un título lícito, lo que nos pondría ante un delito de estafa, que no es el presente caso. Esta acción típica o elemento objetivo del delito, sin lugar a dudas se encuentra perfilada en el factum por que resulta ser una verdad incuestionable que la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V. recibió un perjuicio económico; ahora, el Tribunal Sentenciador se priva de ver todo el contexto en que se venía dando estos hechos, ya que como quedó demostrado en el juicio, la empresa CENTRAL DE INGENIOS, S.A DE C.V. venía sufriendo un perjuicio económico desde el año 1998 el cual a la fecha había alcanzado un monto de más de 12 millones de Lempiras tal como consta en el expediente de mérito. Por otro lado, el Tribunal Sentenciador se limita a considerar que con una simple liquidación se puede estar causando un perjuicio económico, sin tomar en cuenta que el presente delito se configura mediante operaciones contables realizadas únicamente dentro de la empresa, lugar donde nuestro representado no tenía ningún acceso, sea directa o indirectamente y que la ruta detalla uno atendida por nuestro representado ERA UTILIZADA Y venía siendo utilizada por personal contable dentro de la empresa para realizar el tipo de operaciones i1ícitas que como repetimos, se venía realizando desde el año 1998 cuando nuestro representado todavía no era empleado de la empresa CENTRAL DE INGENIOS, S.A DE C.V.; cabe señalar que esta ruta era utilizada y venía siendo utilizada por ser la más lucrativa comparadas con las otras rutas; por otro lado, se puede decir que aún existiendo por parte del señor G. G. una posesión, directa o indirecta, inmediata o mediata, del azúcar que distribuía, dicho señor carecía de la posibilidad de disponer de forma alguna del sistema contable de la empresa, donde se soportaban efectivamente estos acción valores. Como se apreciará con toda claridad, en los mismos hechos probados, se concluye que nuestro representado L. F. G. G., realizaba su trabajo en la ruta detalle uno, que era la que tenía a su cargo, destacándose el hecho que el único hecho probado, no se deja claro cómo era que nuestro representado supuestamente se quedó con más de Seiscientos Mil Lempiras, perjudicando supuestamente de esta forma a la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS, S. A. DE C. V. Finalmente, el elemento subjetivo del tipo de Apropiación Indebida, el Tribunal Sentenciador debió describir y concretarlo en el hecho probado, no en la fundamentación jurídica del fallo, como aparece que el Tribunal lo hace para justificar su decisión de condenar al señor G. G. Como podrá apreciar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, nuestro cliente ha sido condenado sobre la base de unos hechos donde no se logró determinar su culpabilidad, es decir, al ser confrontados con el tipo penal que se le aplica, como en efecto así lo hemos demostrado, dichos hechos se venían realizando desde mucho antes que el señor G. G. fuera empleado de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V. Y que la ruta detalle uno atendida por nuestro representado, venía siendo utilizada por personal contable de la misma empresa para realizar este tipo de transacciones por ser la ruta mas lucrativa donde este tipo de operaciones sería muy difícil de detectar, por lo que la Sala Sentenciadora, aplicó indebidamente el Artículo 242 N°8 del Código Penal. a.3) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Al no plasmarse en la declaración de hechos probados por la Sala Sentenciadora, las acciones típicas o conductas objetivas, ni los elementos subjetivos del tipo, así como todo el contexto de los hechos relacionados; nuestro defendido no ha incurrido en ninguna responsabilidad penal, pues esos hechos no pueden subsumirse o adecuarse a lo dispuesto por el Artículo 242 N° 8 del Código Penal. En otras palabras, lo que se pide es que se interprete que en esos hechos probados la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS, S. A DE C. V. sufrió un perjuicio económico, dicho perjuicio no quedó debidamente acreditado que haya sido cometido por el señor L. F. G. G., en virtud que la ruta detalle uno que él atendía, venía siendo utilizada desde 1998 para cometer este tipo de acciones, ya que desde ese año hasta la fecha, la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS, S.A DE C.V venía sufriendo detrimento en su patrimonio, lo que da a entender que el señor L. F. G. G. también fue utilizado por personal contable interno de la empresa para realizar este tipo de acciones; que así como en el presente caso nuestro representado fue una victima de esa acciones fraudulentas que se realizaban dentro de la empresa por personal contable, asimismo pudo haber sido cualquier otra persona que en ese contexto, estuviera atendiendo al ruta detalle uno”. III. Continúan manifestando los recurrentes en su: “b) SEGUNDO MOTIVO Falta de aplicación del artículo 2-C del Código penal, en su redacción vigente. b.1) PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal, el cual establece: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal (...). b.2) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: El Artículo 2-C del Código Penal en su redacción actualmente vigente dispone que: “No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la Ley penal”. Como se ha explicado en el primer motivo de este recurso de casación, en los hechos declarados probados por la Sala Sentenciadora en la sentencia que se recurre, no se le atribuye a nuestro defendido L. F. G. G., conductas o comportamientos que puedan ser considerados objetivamente como constitutivos del delito de Apropiación Indebida. Por esta razón debió absolvérsele de toda responsabilidad penal, al no haberlo hecho así el Tribunal dejó de aplicar el antes invocado Artículo 2-C del Código Penal, siendo esta una infracción grave a la ley penal de carácter sustantivo. b.3) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Igual que en el motivo anterior de este recurso, al no plasmarse en la declaración de hechos probados por la Sala Sentenciadora, las acciones típicas o conductas objetivas, ni los elementos subjetivos del tipo, la acción de mi defendido no puede ser considerada o adecuarse a lo dispuesto por el Artículo 242 N°8 del Código Penal. En otras palabras, lo que se pide es que se aplique lo dispuesto por el Artículo 2-C del Código Penal, en su redacción actualmente vigente, pues no puede imponerse pena alguna sino se ha lesionado o puesto en peligro efectivo un bien jurídico protegido, ya que la conducta de mi defendido fue enmarcada dentro del ámbito legal, debidamente declarada probado por la Sala Sentenciadora. Aplicando la ley penal sustantiva de manera correcta, mi defendido, indefectiblemente debe ser declarado no culpable por ese máximo tribunal de justicia, por ende, dictarse sentencia absolutoria a su favor”. V. Los recurrentes Abogados Marlon Duarte Amador y Darlin Israel Turcios, desarrollaron su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. a) ÚNICO MOTIVO: La Sentencia recurrida, “en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”; a.1) PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 Numeral 3 del Código Procesal Penal que establece: “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1)... 2)... 3)Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica (...). a.2) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. De conformidad con el Artículo 202 del Código Procesal Penal, el Sistema de Valoración autorizado es el de la SANA CRÍTICA Y la estructura de la sentencia es definitiva, en relación con lo estipulado en el Artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia, es el juicio de valor emitido por el sentenciador; dicha sentencia debe contener una exposición precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, el cual se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria dividida en descriptiva e intelectiva. La primera, implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto, los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba, por la reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, su valor probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debió decidir en sentencia, la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea la fundamentación intelectiva. En ese apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además por qué un elemento de prueba u otro, le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por la violación de las reglas de la Sana Crítica. Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano, es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son LAS DE LA EXPERIENCIA, LA PSICOLOGÍA Y LA LÓGICA. Las de la Experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, por la que debe de partirse, de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la psicología se refieren a que el ejercicio intelectivo del juzgador, que deben guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia, manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones que deben guardar adecuada correlación entre ellas) verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficientes (los elementos bases de las conclusiones valorativas que deben ser aptas para producir razonablemente y convencimiento cierto del suceso que se juzga) De conformidad a lo anterior consta en autos el medio de prueba documental consistente en 1) Informe del departamento de auditoría enviado al director ejecutivo de la empresa Central de Ingenios, S.A. DE C.v; 2) Informe enviado por L. O. L. a la Abogada Edith Rodríguez; 3) Informe enviado por auditoría interna de la empresa Central de Ingenios, S.A. DE C.v; 4) Constancia emitida por el Gerente de Recursos Humanos de empresa Central de Ingenios, S.A DE C.V. del señor G. G.; y, 5) Constancia emitida por el Gerente de Recursos Humanos de empresa Central de Ingenios, S.A DE C.V. del señor D. S. V.: no obstante, dicha prueba no fue valorada de forma conjunta y armónica con toda la prueba producida en el juicio, ya que la convicción errónea a que llega el Tribunal Sentenciador al pretender hacer una valoración conjunta respecto a toda esta documentación fue en que con la misma se logró acreditar que el señor L. F. G. G., defraudó a la empresa Central de Ingenios, S.A DE C.V., y da por probado que los mismos coinciden con la declaración de los testigos; en este sentido manifestamos que respetamos la valoración que el Tribunal Sentenciador haga de la declaración testifical, ya que en virtud del principio de inmediación, es dicho Tribunal quien tiene contacto directo con todas las pruebas practicadas en el acto del juicio, no obstante, dicha valoración no pude ni debe concluir criterio que nos permitan valoraciones arbitrarias o erróneas; ya que como podrá apreciar la Sala de Casación, el Tribunal de Sentencia, no deja notar razonablemente qué lo lleva a dar como probado que en la forma de darse los hechos, como era que el señor G. G. realizaba la supuesta duplicidad de depósitos bancarios; no consideró el Tribunal Sentenciador que existe en autos un co-imputado D. A. S. V., quien era el contador de la empresa Central de Ingenios, S.A DE C.v. y quien en su momento aceptó que era él quien hacia las operaciones de duplicidad de soporte de ventas en la ruta detalle uno, y que el señor L. F. G. G., no tenía nada que ver en el presente caso, tal declaración fue rendida por el señor S. V. en audiencia de imputado, y rechazado antojadizamente a la defensa al ser propuesto que se incorporara por lectura al debate; reiteramos el hecho que no estamos cuestionando la valoración que el Tribunal de Sentencia haya hecho de la declaración de los testigos, ya que como se dejó dicho anteriormente, en, virtud del principio de inmediación, es dicho Tribunal quien tiene contacto directo con todas las pruebas practicadas en el acto del juicio; lo que se pretende es hacer notar al Tribunal de Casación, que el Tribunal de Sentencia no valoró de conformidad a las reglas de la sana crítica, los medios de prueba documentales, ya que sobre dicha prueba (documental) el Tribunal de Casación, si puede apreciarla con la misma inmediación que el Tribunal Sentenciador, ya que consta de forma indeleble en autos. a.3) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Que constando en la prueba documental, la empresa CENTRAL DE INGENIOS, S.A DE C.V. sufrió un perjuicio económico, dicho perjuicio no quedó debidamente acreditado que haya sido cometido por el señor L. F. G. G., en virtud que la ruta detalle uno que él atendía, venía siendo utilizada desde 1998 para cometer este tipo de acciones, ya que desde ese año hasta la fecha, la empresa CENTRAL DE INGENIOS, venía sufriendo detrimento en su patrimonio, lo que da a entender que el señor L. F. G. G. también fue utilizado por personal contable interno de la empresa, específicamente el señor D. A. S. V. para realizar este tipo de acciones, ya que era este señor quien contablemente soportaba y hacía la duplicidad contable de depósitos. a.4) HECHOS CONSTITUTIVOS DEL MOTIVO El presente motivo está constituido por el hecho de que existiendo documentación que acredita que la empresa CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V. desde el año 1998 venía sufriendo perjuicio en su patrimonio, y que dichas operaciones de duplicidad de depósitos se venía realizando desde mucho antes que el señor L. F. G. formara parte del personal de la empresa perjudicada, y que dichas operaciones se podía realizar únicamente de forma contable por el señor D. A. S. V. y que la ruta detalle uno era utilizada para este tipo de operaciones por ser la más lucrativa por lo que sería difícil notar este tipo de operaciones contables; se llegó a una convicción errónea por parte del Tribunal respecto a que el señor G. G., estaba defraudando a la empresa CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V. a.5) RECLAMO REALIZADO PARA SUBSANAR EL VICIO SEÑALADO En virtud de la naturaleza del hecho en que ocurre el vicio que se reclama, no es posible realizar un reclamo que lleve consigo el propósito de subsanarlo, mas que, el presente recurso”. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA, INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS MARLON DUARTE AMADOR y DARLIN ISRAEL TURCIOS APODERADOS DEFENSORES PRIVADOS DEL ACUSADO L. F. G. G., DENUNCIANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 242.8 Y LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 2-C, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL; PRECEPTO AUTORIZANTE ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que: “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando DADOS LOS HECHOS QUE SE DECLAREN PROBADOS en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo Resaltado es Nuestro). Así pues, son dos los elementos del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: A) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Tribunal de Sentencia, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y de los cuales los Juzgadores han podido apreciar de manera directa, colocándolos en una posición exclusiva de valoración. Por ello, el artículo 369 del Código de Procesal Panal, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos declarados probados, lo que se conoce como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados en Casación. El Recurso de Casación por Infracción de Ley deberá de tener como base los hechos probados, sin pretender la inclusión o exclusión de ninguna de sus partes. B) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: i) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; ii) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; iii) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; iv) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y v) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. La Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia a partir de los hechos declarados probados; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). II. Los Censores, protestan en contra de la Sentencia impugnada, al considerar que la misma contiene un vicio in iudicando, al haberse infringido normas de carácter sustantivo penal, planteando dos motivos por infracción de ley, los que sustentan en suma bajo un mismo argumento, por ello corresponde resolver los mismos en un solo pronunciamiento casacional: A) En su primer motivo explican los Censores que el Tribunal de Sentencia ha aplicado indebidamente el artículo 242.8 del Código Penal que contiene el tipo penal de Apropiación Indebida, ya que los hechos declarados probados no le atribuyen al acusado hechos que constituyan delito, agregan que lo que se increpa al acusado se venía realizando desde hace mucho en la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C. V., aún antes de que L. F. G. G. se desempeñara como empleado, aseguran que ha sido el personal contable quienes realizaron las transacciones atípicas en la Ruta asignada al acusado, por ser la más lucrativa y por tanto donde sería más difícil detectar dichos movimientos contables. A su criterio, el Tribunal de Sentencia, se limita a considerar que con una simple liquidación se puede estar causando perjuicio económico, sin tomar en cuenta que el delito imputado se configura mediante operaciones contables realizadas únicamente dentro de la empresa lugar al que no tenía acceso el acusado; señalan, que efectivamente la CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., sufrió un perjuicio económico pero no quedo debidamente acreditado que éste haya sido producido por el acusado, porque la ruta ”Detalle-1”, asignada a él había estado siendo utilizada desde 1998 para cometer ese tipo de acciones. B) En su segundo motivo los Censores además señalan que ha existido una inobservancia del artículo 2-C del Código Penal que recoge el Principio de Lesividad, ya que conforme el hecho declarado probado no se le atribuye al acusado comportamientos que puedan ser considerados como delito, por esa razón al no absolverlo, se dejó de aplicar la norma penal señalada. III. Dando respuesta a los Censores es importante señalar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por Propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Apropiación Indebida, definido en el artículo 242.8 del Código Penal formulando reproche a “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido”. La apropiación indebida es una figura penal que se encuentra en zona fronteriza con la estafa, Hurto y la malversación de caudales públicos, pero con elementos muy particulares y bien diferenciados: En el delito de apropiación indebida la posesión de la cosa mueble es lícita, germinada de una relación previa entre el sujeto activo y pasivo, surgiendo después en el primero el ánimo de distraerla subrepticiamente a un fin distinto al que originalmente se había dispuesto, por ello, difiere del delito de hurto en no mediar sustracción, de la estafa por la ausencia de engaño previo a la posesión y de la malversación de caudales por la naturaleza privada del bien mueble y el hecho de que el sujeto activo no es un servidor público, en la apropiación indebida lo que existe es la distracción ilegítima de un bien mueble privado que ya se posee legítimamente, pudiendo darse la apropiación del sujeto activo o de un tercero, aunque ello no es obligatorio, “…la lesión al patrimonio se fundamenta en el posterior abuso de confianza derivado de la ruptura del título por virtud del cual se poseía la cosa…”[1]. El sujeto activo de la apropiación indebida debe estar, por tanto, en posesión de la cosa apropiada, dándose en este tipo de delito una mutación de posesión lícita en una ilícita. Constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo puede ser cualquier persona, a excepción del titular del bien mueble; 2) Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona que esté en el uso, goce o dominio del objeto del delito; 3) Objeto material del delito es el “bien mueble”, entendiéndose como bien mueble lo señalado por el artículo 601 Código Penal, los animales incluidos. El bien mueble debe de estar en posesión del sujeto activo por causa lícita, como ser: Aparecería (Art. 1750 del Código Civil), Arrendamiento de bienes muebles (Art. 1681 y 1683 del Código Civil), Comodato (Art. 1920 del Código Civil), compra-venta con reserva de dominio (Art. 781 del Código de Comercio), Deposito (Art. 1939 del Código Civil), Mandato (Art. 1888 del Código Civil), Prenda con desplazamiento, Préstamo de Uso (Art. 1919 del Código Civil), Transporte (Art. 1780 del Código Civil), contrato estimatorio (Art. 826 del Código de Comercio), etc., además el título de posesión debe acarrear la obligación de devolver el bien mueble o el de destinarlo a un propósito especifico; 4) Conducta criminosa definida por dos verbos rectores: i) Distraer: Destinar el bien mueble a un fin distinto al que originalmente estaba proyectado y para lo cual le fue dado al sujeto activo, siempre que el nuevo destino imposibilite la devolución de la cosa; ii) Apropiarse: Pasar por propio el bien mueble, disponiendo de él tal como lo haría el verdadero dueño o facilitar para que un tercero lo haga; en realidad la apropiación es una forma de distraer el bien mueble, nada más que en este caso concurre el animus lucrandi; 5) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser realizada de cualquier forma, siendo las más comunes: i) El engaño, como intento de aparentar que el bien mueble fue destinado al fin al cual se había presupuestado cuando en realidad no ha sido así; y ii) Negar haber recibido el bien mueble. Por otra parte, constituye elemento subjetivo del tipo el dolo y el animus rem sibi habendi: 1) El dolo conformado por el conocimiento de estar en posesión de un bien mueble ajeno, de estarlo distrayendo a un fin distinto al concebido por la persona natural o jurídica que le cedió dicha posesión y la voluntad de querer hacerlo; 2) El animus rem sibi habendi que significa el ánimo de disponer el bien como si fuese dueño de éste. Son las características del tipo penal de Apropiación Indebida: A). Según Su Estructura: i) Tipo Penal Básico al describir un modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales; ii) Tipo Penal Compuesto al describir dos modelos de comportamiento, cada uno de ellos capaz de conformar una conducta típica distinta (Distraer o apropiarse); B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante la distracción o el apoderamiento del bien mueble ajeno por parte del sujeto activo; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal Cerrado ya que los supuestos de hecho están determinados con precisión, de tal forma que las conductas prohibidas se desprende con precisión del tipo penal; C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Propiedad Privada de los bienes muebles; ii) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. IV. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Tribunal de Casación, ha examinado el hecho probado contenido en la sentencia impugnada, mismo al que se le puede reprochar la simplicidad del relato, pero que es suficiente para describir los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de apropiación indebida, imputable al señor L. F. G. G. Indica el hecho probado, que en el año 2007, el acusado se desempeñaba como empleado de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., como encargado de la ruta “Detalle-Uno”, de la Ciudad de Tegucigalpa, y que durante varias fechas en ese año, utilizó sin ninguna autorización, documentos de soporte de la Sucursal “Tres Valles”, para realizar su liquidación de su Ruta “Detalle-Uno”, lo que le permitió quedarse con el producto que amparaba aquella documentación, producto valorado por SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.681,325.00), causándole así perjuicio patrimonial a la Empresa que era su empleador; en este relato se identifican los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal: a) La relación previa existente entre el sujeto activo y sujeto pasivo: el acusado era empleado de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., como vendedor de la ruta Detalle-Uno; b) Posesión de bienes muebles por parte del Sujeto Activo: El acusado L. G. estaba encargado de la venta del producto en la Ruta Detalle Uno, fijada para la Ciudad de Tegucigalpa, de la cual presentaba liquidación; c) Apropiación Indebida del Bien Mueble: El acusado se quedaba con el producto destinado a la venta, para ello procedió a utilizar documentos correspondientes a la Sucursal Tres Valles, para hacer una falsa liquidación de su ruta Detalle-Uno; d) Perjuicio patrimonial: El producto que falsamente reportó como vendido el acusado y que en realidad conservó para sí, tenía un valor total de L.681,325.00, y por tanto fue esa misma cantidad que dejó de percibir la empresa, causándole perjuicio patrimonial; como consecuencia del perjuicio patrimonial, que en el ámbito jurídico implica la lesión al bien jurídico protegido, corresponde la aplicación del artículo 242.8 del Código Penal, sin que sea aplicable en éste caso el artículo 2-C del mismo cuerpo legal. En el Libelo del Recurso, los Censores aceptaron que efectivamente la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., resultó con perjuicio patrimonial, pero señalaron que este perjuicio se produjo desde el año 1998, año en que el acusado aún no se desempeñaba como empleado y que el uso de documentación en la liquidación de la Ruta Detalle-Uno, perteneciente a la Sucursal Tres Valles, era signo de que los responsables tenían paso al departamento de contabilidad, al que no podía acceder el acusado, argumentos que no son procedente en un Recurso de Casación Penal por Infracción de Ley en primer término porque son propios de la instancia al formular la teoría del caso a los Juzgadores encargados de examinar la prueba y en segundo término porque la responsabilidad de terceros es independiente a la que tiene el acusado en los hechos, tómese en cuenta que la Empresa perjudicada señaló que el perjuicio patrimonial causado en su perjuicio ascendía a más de DOCE MILLONES DE LEMPIRAS, de los que CUATRO MILLONES eran responsabilidad del acusado, más la parte acusadora sólo pudo acreditar TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS, por lo que el hecho que personas hubiese hecho ese tipo de acciones antes que el acusado no es eximente de responsabilidad, el Tribunal de Sentencia en el hecho declarado probado ha individualizado la responsabilidad personal del señor L. F. G., derivada de sus acciones. Por lo expuesto, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LOS ABOGADOS MARLON DUARTE AMADOR y DARLIN ISRAEL TURCIOS APODERADOS DEFENSORES PRIVADOS DEL ACUSADO L. F. G. G., DENUNCIANDO VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA VALORACIÓN PROBATORIA; PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3, NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. I. El juicio penal, debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues, éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formas tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. II. Los Censores afirman, que ha existido la violación de las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de los medios de prueba plasmada en la sentencia impugnada; advierten que la prueba documental no fue valorada de manera conjunta y armónica con la prueba producida en juicio, ya que la valoración hecha por los Jueces de dicha prueba documental fue que el acusado tenía responsabilidad en el delito imputado; puntualizan que la prueba documental erróneamente valorada es: 1) Informe del Departamento de Auditoría enviado al Director Ejecutivo de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.; 2) Informe enviado por L. O. L. a la Abogada Edith Rodriguez; 3) Informe enviado por Auditoría Interna de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.; 4) Constancia emitida por el Gerente de Recursos Humanos de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A., DE C.V., del señor G. G. y 5) Constancia emitida por el Gerente de Recursos Humanos de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., del señor D. S. V. Los Censores, reproducen nuevamente el alegato que efectivamente la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., sufrió un perjuicio económico, pero que no quedó acreditado que éste haya sido provocado por el acusado, en virtud de que la Ruta Detalle-Uno que él atendía, venía siendo utilizada desde 1998 para cometer este tipo de acciones ilícitas. III. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La protesta de los Censores en cuanto a que la prueba documental, no fue valorada en conjunto con la demás prueba del debate es errónea, así constatado por esta Sala de lo Penal al apreciar que en el numeral segundo de la valoración probatoria de la sentencia (F. 384) los Juzgadores se dan a la tarea de motivar descriptivamente los cinco medios de prueba documentales citados por los censores, para luego realizar una valoración conjunta de éstos. Los Censores, deben de considerar que si bien la prueba testifical ha sido valorada como creíbles por los Juzgadores (F. 383.v) ha sido la prueba documental la que provocó certeza en el Tribunal respecto a la responsabilidad del acusado, en especial el informe del Departamento de Auditoría de fecha 12 de junio del 2007 (F. 29). En contexto existe correspondencia entre la Constancia de Recursos Humanos de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V., y la declaración del acusado L. F. G. G., (F. 373), quien señala que era empleado de la empresa ofendida, encargado de la venta al por menor de sacos de azúcar, siendo sus obligaciones reportarse al inicio de cada día a la Bodega en donde le cargaban el camión con sacos de Azúcar, mismos que iba a vender a la ruta Asignada, los clientes al hacer la orden de producto hacían los pagos en las cuentas bancarias de la empresa o mediante Cheque al acusado, para luego el dejarles el producto, explica que al final del día se dirigía a la Bodega y devolvía los sacos de azúcar que no había podido vender durante la jornada y luego iba donde la cajera a realizar la liquidación de las ventas hechas, la cajera cuadraba las ventas con los cheques y depósitos. Los Testigos E. M. F., L. O. L. R. y N. H. A., explicaron que la Empresa ofendida tiene varias rutas de ventas y puntos de Venta, que el hecho fraudulento se dio en el punto de Venta “Tres Valles” en Canta Ranas y en la Ruta de Venta “Detalle-Uno” en Tegucigalpa, asignada al acusado, explicó que en el Punto de Venta “Tres Valles” no hay vendedores, sino que los compradores directamente realizan las compras y se les entrega el producto, que en ese punto hay una sucursal bancaria de BAMER, pero que era común que en la misma se fuera el sistema, por lo que los clientes pagaban el producto con cheques, mismos que eran depositados cuando venía el sistema o eran mandados a depositar a la Ciudad de Tegucigalpa, esos recibos de depósito servían para realizar la liquidación de las ventas en el Punto de Venta “Tres Valles”, pero que se detectó que hubo un duplicado de depósitos, porque las liquidaciones de la Ruta Detalle-Uno, se realizaron con copias de los depósitos bancarios que también sirvieron para hacer la liquidación del punto de Venta “Tres Valles”, de modo que una persona asignada al punto de Venta de “Tres Valles”, facilitaba los cheques de pago al acusado L. G., quien hacía los depósitos en la Ciudad de Tegucigalpa, con copia de esos depósitos el acusado realizaba su liquidación, posteriormente el acusado daba una copia del depósito a la persona en “Tres Valles”, quien también hacía la liquidación correspondiente de ese punto de venta, ésto permitía que el acusado pudiese sacar producto de la bodega, los sacos de azúcar, liquidando su valor con depósitos que correspondían al punto de Venta de “Tres Valles”, permitiéndole de ésta forma quedarse con el producto, en otras palabras un solo depósito bancario respaldaba fraudulentamente dos ventas diferentes, una hecha en Tres Valles y otra en Tegucigalpa de la Ruta Detalle-Uno, cuando debería de haber respaldado una sola venta. El testigo E. M., (F. 373v) explicó que en “Tres Valles” no hay vendedores, por lo que ningún vendedor podría hacer liquidaciones con depósitos que pertenezcan a ese punto de venta, más aún así el Informe del Departamento de Auditoria que corre a partir de folio 29, permitió a los Juzgadores (F. 384) concluir que el acusado L. F. G., los días dos y dieciséis de febrero, dos y dieciséis de marzo, dos y veinte de abril del año dos mil siete, realizó liquidación de ventas de la Ruta Detalle-Uno, con copias de depósitos en una cuenta de ahorro de la Empresa ofendida en el Banco Mercantil (Bamer) que eran correspondientes a ventas realizadas en la Sucursal CISA-Tres Valles. Por lo relacionado, es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO. La Corte Suprema de Justicia, EN NOMBRE DE LA REPULICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados MARLON DUARTE AMADOR Y DARLIN ISRAEL TURCIOS, en su condición de Apoderados Defensores Privados del señor L. F. G. G.; SEGUNDO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, interpuesto por los Abogados MARLON DUARTE AMADOR Y DARLIN ISRAEL TURCIOS, actuando en su condición antes indicada; TERCERO: Declarando firme y ejecutable la sentencia de fecha doce de octubre del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la cual declara la responsabilidad penal del señor L. F. G. G., por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio de la EMPRESA CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C. V. Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: EL MAGISTRADO CALIX HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud de la Abogada TANIA JEANNETTE FIALLOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-137-2010.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Véase. De Diego Diez, Alfredo, Manual de Derecho Penal, Corte Suprema de Justicia de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, 2006, Pag 189.